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Actividad nro 3.

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Efectos del acto administrativo

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Actividad nro 3.

  1. 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICERECTORADO ACADÉMICO FACULTAD EN CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS ESCUELA DE DERECHO NUCLEO_PORTUGUESA ESTUDIANTE: RODRIGUEZ ABRIL CI: 25035898 En la actualidad, surge la necesidad de buscar el conocimiento teórico y práctico de la materia de derecho administrativo, nos situamos en la conveniencia de estudiar los efectos administrativos, a fin de sentar las bases de los que se procederá a efectuar en el ejercicio de la profesión. Aunado, a esto es necesario aplicar dichos conocimientos primordiales a un caso concreto en especifico, según lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, sus recursos, cuándo intentarlo, cómo intentarlo, entre otros aspectos. En primer lugar, tenemos la notificación de los actos administrativos que afecten a los derechos e intereses de las personas interesadas se notificarán a estas en los siguientes términos: - Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. - Deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa. - Deberá contener también la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro tipo de recurso que estimen procedente. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o cuando se interponga el recurso procedente.
  2. 2. Debe señalarse, que la publicación del acto administrativo, serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciados por el órgano competente. La publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en los siguientes casos: - Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a una sola persona interesada es insuficiente para garantizar la notificación a todas, debiendo ser la publicación, en este último caso, adicional a la notificación efectuada. - Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. Cabe destacar también, la ejecutividad de los actos administrativos, que es aquella virtud de la cual, los actos administrativos definitivamente firme, es decir, los agotaron la vía administrativa producen los efectos perseguidos por su emanación. La ejecutividad es la idoneidad del acto administrativo para obtener el objetivo para el cual ha sido dictado. La ejecutividad propiamente dicha esta constituida por la condición especial de estos actos cuya eficacia implica actuaciones de operaciones materiales de ser cumplidos por el propio órgano que lo dictó o por cualquier otro órgano actuante dentro de la esfera administrativa. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece expresamente la ejecutividad de los actos administrativos por cuanto de su redacción se evidencia que la misma es la condición propia de los actos de ejecución. Y la ejecutoriedad no es mas que aquel principio que implica una cualidad mas especifica, ella es igualmente una condición relativa de eficacia del acto, pero solo de los actos, capaces de incidir en la esfera jurídica de los particulares imponiéndole cargos tanto reales como personales, de hacer, de dar o abstenerse. Lo relevante de la ejecutoriedad es que la administración puede obtener el cumplimiento del ordenado aún en contra de la voluntad del administrado y sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales, así lo establece el articulo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La disposición anterior se complementa con la necesidad de la efectiva notificación del acto y este efecto el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
  3. 3. La ley establece los medios a través de los cuales se hace efectiva la ejecución distinguiendo los siguientes casos: - Si la carga interpuesta es una prestación de hacer susceptible de ejecución indirecta, la administración procede a efectuarla bien por si misma o bien designando un tercero y cargará los gastos y costas al obligado. - Si se trata de una carga personal que no admite la sustitución del obligado por un tercero, la ley establece como medio la llamada coacción indirecta mediante multas. Por otra parte, En la Revisión de Oficio, este tipo de Recurso la Administración Tributaria se reserva en todo momento para corregir sus actos, para subsanar todos los vicios de que adolezcan. Los procedimientos de Revisión de Oficio, al igual que los Recursos Administrativos, forman parte de los denominados Procedimientos de Segundo Grado. La diferencia fundamental con respecto a los Recursos Administrativos, es que en estos casos, la Revisión procede "motu proprío", es decir, sin necesidad de requerimiento de los particulares. En estos casos la Administración, ejerce un conjunto de potestades que ponen de manifiesto el principio de autotutela, es decir, la posibilidad de la administración de controlar, no sólo la legalidad sino la oportunidad o conveniencia de sus actos en virtud de los intereses generales que le corresponde tutelar. Para concluir, como a manera de reflexión, es oportuno resaltar, que la administración pública tiende a cometer faltas que a rango general o individualizado afecta el entorno de la esfera jurídica de cada uno de nosotros. Sin embargo a través de los recursos, que la misma administración nos otorgó en las leyes y reglamentos, es posible que ejerzamos nuestro derecho a la defensa consagrado en la Carta Fundamental.

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