1. La sentencia que dictó el Tribunal Supremo el pasado 30 de mayo sobre la naturaleza rústica de los terrenos de la
Fundación Hija de Pepe Reyes inició en Badajoz un debate sobre los criterios de recaudación del IBI que se ha
extendido ya por toda España. En apenas cuatro meses, la resolución ha provocado una reacción en cadena por
ayuntamientos de todo el país.
La primera en hacerse eco fue la Defensora del Pueblo. Soledad Becerril preguntó a mediados de junio a la Secretaría de Estado
de Hacienda cómo iba a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al
contenido de lo estipulado por el alto tribunal.
La institución ya emitió un informe en 2012 sobre la necesidad de acomodar la valoración catastral al principio de capacidad
económica real y aprovechó el procedimiento judicial de la fundación pacense para insistir en el cambio de criterio.
Para Becerril, valorar con fines tributarios un inmueble por encima de su valor de mercado «supone gravar una
riqueza ficticia o inexistente». La defensa del nuevo criterio de la Defensora del Pueblo sirvió para que otras ciudades también se lo
plantearan, y ante la posible avalancha de reclamaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitió una

2. circular a principios de agost