Ensayo de manuela de agostino
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Ensayo de manuela de agostino Ensayo de manuela de agostino Document Transcript

  • Primer Concurso de Ensayos sobre Ejecución Penal 2012La vigencia del derecho de defensa en los procedimientos de sancionesdisciplinarias en el ámbito carcelario provincial Por Manuela de Agostino Abstract El presente ensayo pretende indagar acerca de la vigencia del derecho de defensa en losprocedimientos de sanciones disciplinarias en el ámbito carcelario de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se intentarán determinar los alcances de esta garantía constitucional, para luegoadentrarnos en la cuestión particular que aquí nos ocupa, su vigencia en los procedimientos deimposición de sanciones disciplinarias en el ámbito administrativo en el marco de la ley de ejecuciónpenal bonaerense, y la necesidad de que la misma se concrete de manera efectiva de acuerdo a losestándares que impone el sistema internacional de derechos humanos.
  • Como punto de partida, es preciso recordar que el pronunciamiento de la Corte Suprema deJusticia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane”1 permitió la consolidación de que las garantías delegalidad y judicialidad deben ser plenamente extendidas al ámbito ejecutivo –penal, como faseindudablemente integrante del debido proceso exigido constitucionalmente. A partir de este reconocimiento jurisprudencial de tutela judicial efectiva en las diversas etapasdel proceso penal, se impone necesariamente el respeto durante el encierro, de los derechosfundamentales, así como de los principios y garantías judiciales2. Huelga aclarar, que tal afirmación no sólo alcanza al título ejecutivo de la medida judicialprivativa de la libertad sino también a aquellas decisiones de tipo administrativo, máxime a tenor de losprocesos de imposición de sanciones disciplinarias en la medida que implican una modificación en lascondiciones de detención de tal entidad que requieren sin lugar a dudas que su aplicación se enmarqueen un proceso celosamente respetuoso de los principios del Derecho Penal con jerarquía constitucional3. La realización de dichos principios conlleva necesariamente a garantizar el derecho de defensaen juicio como expresión determinante de ese modelo de enjuiciamiento (Maier, 1996), en el marco dela etapa ejecutiva y en concreto, en relación a la aplicación del tipo de medidas de índole sancionatorioque se adopten en los establecimientos penitenciarios. De aquí en adelante, intentaremos desentrañar un problema fundamental del sistema deimposición de sanciones por infracción a las normas de disciplina vigentes en el ámbito carcelario de laprovincia de Buenos Aires, cual es el real estado de indefensión en que se encuentra el interno durante lasustanciación del procedimiento.1 CSJN, Fallos, 327-388, sent. 09-03-2004.2 Saumell (2008) nos recuerda que si bien en “Romero Cacharone” la Corte Suprema fue contundente en suposición sobre el alcance de la vigencia irreductible del principio de legalidad y judicialidad durante la ejecuciónpenal, el caso “Dessy” (Fallos 318:1894) fue antesala a esta doctrina donde se expresó que “El ingreso a unaprisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la ConstituciónNacional…los prisioneros son, no obstante ello, personas titulares de todos los derechos constitucionales, salvolas libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos losrequerimientos del debido proceso”.3 CSJN, cit., del voto del juez Fayt. 2
  • Entendemos que la relevancia de la cuestión se vincula a que las privaciones de derechos dadasen el cumplimiento o ejecución de las sanciones disciplinarias no se distinguen en el aspecto externo deuna pena –en especial la sanción de aislamiento ‘en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamentelas condiciones de detención’-, por lo que bien podrían denominarse “penas dentro de la pena”4. Si bien resulta claro que normativamente, el derecho de defensa en juicio, se erige en unagarantía de raigambre constitucional a partir del contenido del art. 18 de la Carta Magna, ysupraconstitucional de conformidad a lo establecido en los artículos 26 DADDH; 11.1 DUDH; 8.1 y 2CADH y 14.1 y 3 PIDCP; y aun cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho enreiteradas ocasiones que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales dela libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derechode defensa -el cual debe ser cierto, asegurándose la efectiva y sustancial asistencia por parte del abogadodefensor-5, en los procedimientos de imposición de sanciones disciplinarias, se verifican innumerablesvulneraciones a esta garantía. Al problematizar sobre el tema, Rivera Beiras afirma que el reconocimiento del derecho dedefensa propio de un “Estado social y democrático de derecho” ha de suponer que el interno puedacontar con asesoramiento letrado gratuito durante todo el cumplimiento de la pena, y agrega que si bienes cierto que en el ámbito de la ejecución penal no es perceptiva la intervención del abogado –hasta lainterposición del recurso de apelación- la complejidad de numerosas cuestiones en materia de índolepenitenciaria (en la que aparecen normas reguladoras de procedimientos administrativos previos a losrecursos ante la jurisdicción) puede provocar indefensión en la persona que carezca de un efectivoasesoramiento letrado. (cit., 2007:248). Y ello se verifica en la práctica cotidiana penitenciaria, aun cuando desde la doctrina y lajurisprudencia, así como desde organismos convencionales de carácter internacional, se han ido4 Esto es lo que Martín Turtl denomina “el problema dentro del problema”, al analizar el sistema de sancionesdisciplinarias en la Ley Nacional de Ejecución Penal n° 24.660 versus las garantías constitucionales (2012).5 Fallos: 304:1886; 308:1557. 3
  • delineando pautas de actuación, motivado ello en que "al hablarse de "justo proceso" se piensa en elprocedimiento como un todo, incluso en la instrucción (investigación) así como en la fase ejecutiva, yaque no tendría sentido enaltecer las cualidades de un proceso ideal que comporta los vicios de unainvestigación ilegalmente realizada o los abusos de una ejecución de condena arbitrariamenteimplementada" (Santana Lanfredi). Concretamente, con plena aplicabilidad a los casos de encarcelamiento preventivo se hasostenido que "...El derecho de defensa es una de las garantías fundamentales del proceso penal en unEstado de Derecho y sería absurdo suprimirlo o restringirlo precisamente en la etapa procesal donde lacoacción estatal se manifiesta de manera más violenta (...) esta característica del proceso penal quejustifica una atención especial del derecho de defensa se mantiene y es incluso más evidente durante laejecución de una pena privativa de libertad, ya que el interno de un centro carcelario se encuentra en unestado de mayor indefensión frente a la coacción estatal..." (Salt, 1999: 208). En la misma línea argumentativa, se ha sostenido que "si bien es cierto que la ley ha diseñado unprocedimiento administrativo para la imposición de la sanción disciplinaria, no lo es menos que eseprocedimiento administrativo está inserto dentro de una etapa del proceso penal". (Cesano, 2002:60). En esta línea de pensamiento, sostiene Bombini6 que el derecho de defensa debe serineludiblemente garantizado y promovido en fase ejecutiva como relevante herramienta para revertir laestructural vulneración de derechos fundamentales de la persona, agregando que para garantizar estederecho, el de ser oído y el principio de correlación, se dispone la obligación de informar al interno de lainfracción que se le imputa. Asimismo, se ha dicho que "...Para la aplicación del correctivo debe seguirse necesariamente unprocedimiento, cuya finalidad es impedir que se vulneren las garantías del imputado...exigiéndose elcumplimiento de ciertos actos formales destinados a asegurar el derecho de defensa del interno..." (de laFuente y ot., 2011: 57).6 “Balance y perspectivas de la ejecución de la pena privativa de la libertad en la provincia de Buenos Aires”329, 337 en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Año IX – Número 17. Ed. Ad- Hoc: Bs. As., 2004. 4
  • Por otra parte, desde la jurisprudencia de los tribunales argentinos, también se ha afirmado que elproceso administrativo disciplinario se debe adecuar a las normas del proceso penal y sobre todo, en elámbito carcelario debido a que el riesgo de la vulneración de los derechos y garantías genera un dañomás patente debido al estado de indefensión de los internos. En el sentido indicado, nuevamente resulta pertinente traer a colación el voto del ministro Fayten el precedente “Romero Cacharane”, quien afirmó que “se trata del castigo de mayor gravedad delsistema sancionador penitenciario e implica –a diferencia de otros- no sólo un claro empeoramiento enlas condiciones de ejecución de la condena, afectando todo el sistema de derechos del interno (alteracióncualitativa de la pena), sino que repercute necesariamente en el régimen de progresividad penitenciario(alteración cuantitativa de la pena)7 En este orden de ideas, y siguiendo la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la Nación enel fallo prealudido se ha dicho “…teniendo en cuenta que la naturaleza misma del correctivo aplicado-separación del área de convivencia o aislamiento-, por sí sola, constituye una verdadera sanción, uncastigo, una intensificación del rigor del encierro carcelario, la mayor de las sanciones en el sistema"punitivo" penitenciario, deben aplicarse al régimen sancionador tanto los principios del derecho penalsustantivo (legalidad, tipicidad, irretroactividad de la ley y proporcionalidad), como las garantías delderecho procesal penal con el fin de hacer efectivo y suficiente el "control judicial", asegurando la plenavigencia de los principios de legalidad y razonabilidad en las decisiones administrativas de contenidopunitivo. Ya hemos dicho que esto implica la entrada al ámbito ejecutivo de derechos fundamentales ysus garantías, como son el derecho de defensa (material y técnica), con la consiguiente posibilidad depresentar pruebas y descargos, el derecho a ser oído, y obtener una resolución fundada; el estado deinocencia, el "in dubio pro reo", la publicidad del procedimiento y la imposibilidad de un bis inidem…” 87 Véase infra, notas 1 y 3.8 Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Dpto. Judicial Mar del Plata, Sala I, causa n° 18.818;“Chociananowicz", sent. del 08/02/2011. 5
  • Finalmente, la necesidad de que se priorice y garantice en contextos de encierro la posibilidad decontar con una defensa técnica eficaz, se desprende de normativa internacional específica. En este sentido, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a travésde la Resolución 1/08, “Principios y buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas deLibertad en las Américas”, ha dejado sentado que “Las sanciones disciplinarias que se adopten en loslugares de privación de libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetas acontrol judicial y no podrán convenir las normas de derecho internacional de derechos humanos”(Principio XXII, Régimen disciplinario, ap. 1. Sanciones disciplinarias), agregándose al respecto que “Ladeterminación de las sanciones o medidas disciplinarias y el control de su ejecución estarán a cargo delas autoridades competentes, quienes actuarán en toda circunstancia conforme los principios del debidoproceso legal, respetando los derechos humanos y las garantías básicas de las personas privadas delibertad, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos” (idem anterior, ap. 2.Debido proceso legal). Por otro lado, el art. 30 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 9 dispone que“…2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sinque se le haya permitido previamente presentar su defensa…” La cuestión en la provincia de Buenos Aires Sobre el tópico en tratamiento, y en el ámbito normativo de la provincia de Buenos Aires, lareforma a la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, introducida por la Ley n° 14.296 10 constituye unsignificativo avance.9 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.10 B.O. de la Provincia de Buenos Aires, del 08/09/2011. 6
  • En efecto, en el cuerpo normativo anteriormente vigente –Ley n° 12.256 11- no existía previsiónalguna que contemplara la intervención del defensor del interno, vale decir, una asistencia letrada quepermita hacer efectivo el derecho de defensa, asesorando debidamente acerca de las implicancias de lainfracción disciplinaria atribuida o sobre las distintas alternativas fácticas y/o jurídicas del caso. A pesar del vacío legal, la jurisprudencia provincial, iba reconociendo paulatinamente lanecesidad de salvaguardar este derecho constitucional en los procedimientos sancionatorios vinculados ala comisión de infracciones administrativas en el ámbito carcelario. De esta manera, no sólo se hacíahincapié en la necesidad de una reforma legislativa que estableciera un procedimiento respetuoso delsistema constitucional de derechos y garantías 12, sino también se procedía a nulificar los actosadministrativos estatales que disponían sanciones disciplinarias aún en desmedro del art. 18 de laConstitución Nacional. En esta línea, resulta interesante la sentencia del Juzgado de Garantías n° 5 del DepartamentoJudicial Mar del Plata, de fecha 30-05-2008 en “Incidente de apelación de sanción disciplinaria en causan° 123”, pues allí, encontrándose vigente en la materia el texto según Ley n° 12.256 se consagró unreconocimiento judicial a la vigencia de la garantía de defensa en los procedimientos administrativos deimposición de sanciones disciplinarias “…Que en tal sentido, resulta atinado para la totalidad de loscasos de internos que se encuentren a disposición de este Juzgado de Garantías, establecer que en elmarco del trámite previsto por la legislación provincial, la información de la infracción imputada, la de laoportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el jefe ofuncionario responsable antes de proceder a dictar resolución, edictada por el artículo 53 de la citada ley,sea impuesta en forma conjunta al letrado defensor del nombrado o bien a la Defensoría GeneralDepartamental, a través del área respectiva…”11 B.O. de la Provincia de Buenos Aires, del 25 al 29/1/1999.12 Véase: “Incidente de apelación de sanción disciplinaria en causa n° 2.271”, sent. del 19/10/2010, Juzgado deGarantías n° 5 Dpto. Judicial Mar del Plata. 7
  • A su vez y en relación al desarrollo jurisprudencial al que se hiciera alusión, resulta pertinentetraer a colación lo considerado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal delDepartamento Judicial Mar del Plata, al afirmar que “…se transita en la actualidad un momento en elque se ha dado una suerte de “salto de calidad” en el tratamiento de cuestiones como la aquí ventilada.Esto así por cuanto se ha venido por vía pretoriana delineando un estándar tendiente a evitar que elejercicio del poder administrativo sancionador se concrete presidido por un marco mínimo deracionalidad republicana, garantizando un adecuado respeto de las garantías constitucionales, enparticular, procurando se efectivice el derecho de defensa desde el momento inicial de la imputacióncontravencional…” 13 Ahora bien, el nuevo texto legal, coherente con la pretensión de dotar de las garantías judicialesmínimas a la faz de ejecución de la pena establecida por el máximo tribunal nacional 14 se destaca poracentuar tal judicialización, al proponerse como uno de sus ejes esenciales 15 “la taxatividad legal y elcontrol jurisdiccional efectivo sobre sanciones disciplinarias a internos así como caducidad registral delos antecedentes sancionatorios”16. En cuanto al tópico que abordamos, es preciso destacar la relevancia que tienen principalmentelas modificaciones introducidas en los artículos 49 y 53 del cuerpo normativo citado. Sendas normas consagran –directa e indirectamente- la intervención de la defensa en elprocedimiento disciplinario. En efecto, la primera de ellas, establece que “…Previo a disponer laejecución de la sanción deberá disponerse la revisión médica del interno y comunicarse directamente lamedida al Juez interviniente, quien notificará al abogado defensor…”.13 Causa nro. 19.833 “Goñi Cocha”, sent. del 06/09/2011 de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación yGarantías en lo Penal del Dpto. Judicial Mar del Plata. En este sentido véase también: causa n° 19.792 “Ibañez”,sent. del 19/08/11.14 Cfr. Romero Cacharane.15 Si bien la ley modifica numerosos artículos de la Ley n° 12.256, vinculados al tema en estudio en particular y adiversos aspectos de la fase ejecutiva del proceso penal, los mismos resultan ajenos al presente ensayo, puesmerecerían un estudio específico.16 Véanse los fundamentos de la norma, disponibles en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-14296.html 8
  • Por su parte, el art. 53 dispone que “El interno deberá ser informado de la infracción que se leimputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por eljefe o funcionario responsable antes de proceder a dictar resolución, la que en todos los casos seráfundada y dictada en el plazo máximo de dos (2) días. También se le hará saber su derecho de requerirasesoramiento legal.” De este modo, si bien el citado artículo pone en cabeza del interno idénticas facultades a las yaregladas en vigencia de la ley n° 12.256, impone al Servicio Penitenciario la obligación de anoticiar alinterno acerca de su derecho a solicitar asistencia letrada. Empero, si bien la reforma constituye un avance en aras a garantizar la salvaguarda de lavigencia del derecho de defensa en los procedimientos administrativos de imposición de sancionesdisciplinarias a internos privados de su libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; lo cierto esque la normativa no deja en claro si la intervención del abogado defensor ha de procurarse en ocasión deanoticiar al imputado de la sanción impuesta o bien al momento de notificarle la transgresión que sepresume ha cometido. En efecto, el art. 49 dispone que el juez interviniente debe notificar al abogado defensor –unavez que ha tomado conocimiento por intermedio del personal penitenciario-; mas, ello debe ocurrir concarácter previo a que se ejecute la sanción. Esta disposición, nos llevaría a pensar que la mentada intervención letrada debería procurarseuna vez dictada la sanción aunque con anterioridad a su efectiva aplicación. A idéntica interpretación, arribamos al analizar los fundamentos legislativos del texto legal, decuya lectura surge que “…se dispone la comunicación inmediata al Juez y al Defensor de todas lassanciones impuestas a fin de asegurar el derecho impugnativo…” No obstante ello, tal y como se indicara, el art. 53 enuncia todos los derechos que posee elinterno –a ser informado de la sanción que se le imputa, a tener oportunidad de presentar descargos, aofrecer prueba y a hacer recibido en audiencia por el funcionario responsable – los cuales puede ejercer 9
  • antes de proceder a dictar resolución. A su vez, en el mismo párrafo señala que se le deberá hacer saberal interno el derecho a requerir asesoramiento legal. Desde este prisma, teniendo en consideración que las facultades que se mencionan integran lagarantía de defensa, y que esta sólo se cumple cuando se verifica en un doble aspecto: el material –otorgar la posibilidad de ejercerlas- y el técnico –con el asesoramiento de un abogado defensor-, es dablesostener que la notificación al letrado correspondiente ha de procurarse de manera concomitante a lanotificación al interno de la falta que se estima ha cometido.17 Lo apuntado, lejos de erigirse en una mera disquisición en cuanto a la oportunidad temporal enla que ha de otorgarse intervención al abogado defensor, posee vital trascendencia en relación a losalcances y límites de la actuación que podrá desplegar el profesional letrado. En efecto, en el primer supuesto podrá intervenir única y exclusivamente con el objeto deprocurar la revisión judicial mediante la interposición de un recurso de apelación ante el juezcompetente. Sin embargo, este control de legalidad del acto que se efectúa desde la jurisdicción no resultasuficiente a efectos de proteger al interno del estado de indefensión en que se encuentra durante lasustanciación del proceso; ello así, pues este examen jurisdiccional sólo impacta en los efectos mediatosde la sanción -repercutiendo necesariamente en el régimen de progresividad penitenciario-, la cual ya hasido en la mayoría de los casos compurgada al tiempo de la intervención. En cambio, en el segundo supuesto, el abogado defensor podrá asesorar al detenido conanterioridad a la imposición de la sanción, elaborando una adecuada estrategia defensista y haciendo uso17 Así, "...la garantía que estamos analizando abarca no sólo la defensa material sino también la técnica...",entendida ésta última como "...la actividad que desarrolla el abogado defensor, elaborando la estrategiadefensiva, proponiendo, controlando y participando en la producción de las pruebas, alegando sobre los hechos osobre el derecho aplicable...en este sentido, el derecho de defensa también comprende la facultad irrenunciableque tiene todo imputado de elegir un defensor de su confianza que lo asista desde el primer momento de lapersecución penal (arts. 8.2. d y e, CADH, y 14.3 PIDCP), garantizando la libre y privada comunicación deaquel y permitiéndole contar con efectivo asesoramiento, consejo y asistencia profesional..." (de la Fuente y ot.,cit: 79). 10
  • de una amplia gama de facultades, que se traducen en diversas posibilidades de actuación de aquél parapropio beneficio del interno, y que funciona, al igual que otras garantías, como límite a los medios deque puede valerse el Estado en la utilización de su poder de persecución. Por amplias facultades entendemos la intervención en el descargo, informándole acerca de suderecho a ser oído18 y a negarse a declarar, aconsejándole que lo haga cuando las circunstancias a sucriterio lo ameriten o que se abstenga de hacerlo; pidiendo a las autoridades penitenciarias que se corrijael acta en cuanto no consigne fielmente lo expresado por el imputado y sugiriendo la formulación depreguntas, pero también la posibilidad de ofrecer pruebas y de participar en el diligenciamiento de talesmedidas probatorias, controlando su producción. Asimismo, podrá exponer su propia valoración acerca de los hechos y el derecho que estimaaplicable y peticionar para que se atiendan con fundamento la totalidad de las razones fácticas yjurídicas alegadas. Vale decir, garantizar al encartado la posibilidad de ejercer activamente su defensa material,necesariamente "se integra también con la actividad desarrollada por un abogado, que lo aconsejará,elaborará la estrategia defensiva y propondrá pruebas, controlará y participará en su producción y en lasde cargo que ofrezca el acusador, argumentará sobre su eficacia conviccional, discutirá elencuadramiento jurídico de los hechos que se le imputan a su defendido y la sanción que se le pretendaimponer, y podrá recurrir en su interés" (Cafferatta Nores, 2007). En esta dirección argumentativa, resulta de sumo interés destacar la construcción doctrinaria encuanto a la composición dual del Derecho de Defensa en juicio. Así, se ha apuntado que ésta garantíasupone "...la defensa activa y la defensa pasiva. La primera implica la posibilidad que tiene todoimputado para proporcionar su versión de los hechos (negar su existencia o su participación , invocar18 En relación a este derecho, cabe traer a colación el Principio 30.2 del “Conjunto de Principios para laProtección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” adoptados por laAsamblea General de la ONU, mediante Resolución 43/173 del 09 de diciembre de 1988, que establece que “Lapersona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que se tomen medidas disciplinarias. Tendráderecho a someter tales medidas a autoridades superiores para su examen.” 11
  • circunstancias atenuantes o excluyentes de la responsabilidad), ofrecer, controlar y alegar sobre el méritode la prueba, efectuar argumentaciones jurídicas para rechazar la imputación...y recurrir las decisionesjurisdiccionales que lo perjudiquen. Con la defensa pasiva se alude al derecho que tiene todo imputadode no defenderse, es decir, no desarrollar ninguna de aquellas actividades. sin que dicha omisión puedaser considerada una presunción de culpabilidad en su contra. Aún con las limitaciones propias de unsumario administrativo, es claro que se debe permitir al interno actuar en ambos sentidos..." (de laFuente y ot, cit., : 76). Entendemos que para que el derecho a ser oído no sea una declaración irrealizable en la práctica,la persona imputada debe tener acceso al conocimiento de la imputación que en su contra se dirige(Colombo y Ercolini, 1999: 163)19. Siguiendo a estos autores, consideramos que el derecho a ser informado 20 es un componenteineludible de la garantía de defensa en juicio, en la medida que constituye un presupuesto lógico –ycronológico- del derecho a ser oído y que se cumple mediante la puesta en conocimiento de laimputación, exteriorizada en forma correcta y que lo que se hace conocer debe componerse de una“noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho” atribuido, así como del detalle de todas lasevidencias probatorias que hasta el momento se hallen reunidas y a los fundamentos en que se basaaquella conjetura afirmada (cit., 155; 166).19 Al respecto debe recordarse que -siguiendo a Julio Maier- la base esencial del derecho a defenderse reposa enla posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación (y sus pruebas). Quenadie puede defenderse de algo que no conoce y por ello es tan importante este hacer saber al imputado de esaacusación, que -para posibilitar esa defensa- debe ser correctamente formulada (detallada, clara, no alcanzandocon la mera mención el nomen iuris asignado a hecho).20 El derecho a ser informado de la imputación se encuentra contenido en distintas normas de las convencionesinternacionales incluidas en nuestra Constitución -art. 75 inc. 22-: XXVI DADDH; 10 y 11.1 DUDH; 14.1 y14.3 PIDCP; 7.4, 8 y 8.2 CADH. 12
  • Desde ya, adelantamos que propiciamos la segunda interpretación explicitada, única que luceconciliadora con la garantía de defensa en juicio, resulta coherente con nuestro sistema de enjuiciamientoprocesal penal y se ajusta a los estándares internacionales21. Entendemos que la facultad del imputado de contar con asistencia letrada en el marco de unprocedimiento administrativo de índole sancionatoria empieza a correr tan pronto como el interno essujeto pasivo de una de las infracciones tipificadas en la normativa vigente y que el principioconstitucional que declara que el inculpado debe disponer del tiempo y los medios adecuados para lapreparación de su defensa, transforma en ilegítima cualquier práctica que impida en tiempo y formahacer efectivo aquel derecho de defensa constitucionalmente tutelado. De esta manera, más allá del déficit normativo evidenciado consideramos que a los fines degarantizar la actividad letrada descripta, resulta presupuesto indispensable la notificación fehaciente alabogado que, en el caso concreto y al momento de la imposición de la sanción, ejerza el cargo dedefensor. Así, en la medida que las autoridades jurisdiccionales impongan a los funcionariospenitenciarios correspondientes la obligación de cumplir dicha manda al momento de notificarle lainfracción que se presume ha cometido el interno, se logrará instaurar un procedimiento estandarizadoque en el marco de lo previsto por la normativa respectiva resulte respetuoso de la garantía constitucionalen cuestión; y que por otro lado, evite en lo futuro, la fulminación de actos administrativos queimpongan medidas disciplinarias con la sanción procesal de nulidad por vulneración a estas garantíasfundamentales. A modo de colofón21 Véanse al respecto los Fundamentos de la Ley n° 14.296, en los cuales se establece que “El presente proyecto,en este sentido, no sólo propone la adecuación a los estándares nacionales de todos los institutos relacionadoscon la extensión, consistencia y modalidad de cumplimiento de las penas privativas de la libertad sino que,además, retomando una importante iniciativa previa de la propia legislatura, en la que confluye también eltrabajo y aporte de diversas instituciones y organismos vinculados a la materia, se integran al texto una serie depostulados y principios que aseguran criterios de interpretación y aplicación notoriamente superadores de losvigentes” 13
  • Entendemos que frente al poder estatal y la complejidad de las decisiones adoptadas por laadministración penitenciaria, surge la importancia que los detenidos cuenten con una defensa técnica enla etapa de ejecución, no solo durante los incidentes sino también cuando la autoridad administrativa lesimpone sanciones disciplinarias. El derecho de defensa es una de las garantías fundamentales del proceso penal en un Estado deDerecho y sería absurdo suprimirlo o restringirlo precisamente en la etapa procesal donde la coacciónestatal se manifiesta de manera más violenta; contrariamente, debiendo los órganos jurisdiccionalesimpartir directivas precisas al ámbito administrativo, a fin de procurarse que el mismo se ejerzaefectivamente en su doble faz, -defensa material y técnica-., con la intervención de un abogado defensorque tenga la posibilidad de cuestionar, producir y/o ofrecer prueba durante el procedimientoadministrativo y antes de que se le imponga la sanción, pues el defenderse de un hecho que tieneconsecuencias legales implica un conocimiento especial en la materia.. Por esta vía, no sólo se le otorgará al texto legal el sentido constitucionalmente adecuado, sinotambién se logrará un rol activo del Poder Judicial en la vigilancia de la realidad carcelaria con el objetode hacer efectivo a nivel ejecutivo un plexo de garantías de similar contenido al diseñado legal yconstitucionalmente por el sistema de enjuiciamiento penal bonaerense, de acuerdo a las directricessentadas por el Máximo Tribunal en “Romero Cacharane”, haciendo especial hincapié en la vigenciadel principio de judicialidad. . 14
  • Bibliografía BOMBINI, G. (2004) “Balance y perspectivas de la ejecución de la pena privativa de la libertad en la provincia de Buenos Aires” en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Año IX – Número 17 (301-375). Buenos Aires: AD-HOC. CAFFERATTA NORES, J. (2007) “Proceso Penal y Derechos Humanos”, 2da. Edición actualizada. Buenos Aires: CELS. CESANO, J.D. (2002) “Un estudio sobre las sanciones disciplinarias". Córdoba: Alveroni. COLOMBO, M.L. – ERCOLINI, J.D. (1999) “El derecho a ser informado de la imputación” en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Año V – Número 9 (141-201). Buenos Aires: AD-HOC. MAIER, JBJ (1996) “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires: Del Puerto. RIVERA BEIRAS, I. (2007) “La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de una ciudadanía de segunda categoría”. Barcelona: JM Bosch. SALT, M. (1999) "Los derechos fundamentales de los reclusos. Buenos Aires: Del Puerto. SANTANA LANFREDI, L.G. "Vectores para la construcción de un justo proceso penal” en La Defensa Penal-I, 1010-1, pág. 119. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni. SAUMELL, M.F. (2008) “Un nuevo reconocimiento judicial a la vigencia de la garantía del debido proceso en la etapa de ejecución de la pena” en Revista Pensamiento Penal n° 61 del 16- 04-08, disponible en www.pensamientopenal.com.ar TURTL, M. “Sanciones disciplinarias en la ley 24.660 vs. debido proceso” en Revista Pensamiento Penal n° 139 del 01-03-12, disponible en www.pensamientopenal.com.ar de la Fuente, J. y Salduna, M. (2011) "El régimen disciplinario en las cárceles". Colección dirigida por Edgardo Alberto Donna. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni. 15