INFORME: Persistencia del paramilitarismo en el Oriente Colombiano.

FUNDACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL DIH DEL ORIENTE Y CENTRO COLOMBIANO
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INFORME SOBRE LA PERSISTENCIA DEL PARAMILITARISMO
EN LA REGIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO
A. GENERALIDADES: El oriente colombiano es una de las regiones más extensas del país,
caracterizada por sus inmensas llanuras y alberga muchas riquezas naturales, las cuales la
hacen destacar como una de las zonas con más biodiversidad en todo el planeta.
Lamentablemente, esta también ha sido una zona fuertemente golpeada por el conflicto
armado, y mientras el Estado sólo ha hecho presencia para permitir las extracciones
minero-energéticas y continuar las dinámicas de guerra, sus habitantes hoy miran con
preocupación el rearme y re-estructuración de grupos paramilitares, los cuales no
solamente pretenden el control territorial y económico de la región, sino también y
principalmente, imponer la restricción de la organización social y política a la población.
Particularmente desde el 2014, pobladores de la región vienen denunciando la re-
organización de estos grupos con dos dinámicas principales a saber:
1. El control económico, a través de alianzas con las multinacionales mineras y
energéticas de la región, controlando las bolsas de empleo, sus transportes y
sus suministros; así como el control de compra y venta de tierras. Además de la
extorsión y robo a campesinos, ganaderos y comerciantes.
2. El control territorial, que se da a través de la presencia armada en la región, y
su presión directa contra la población, por medio de amenazas, panfletos,
patrullajes, desplazamientos forzados e incluso asesinatos. Este control se ha
dado a través de un pacto de armas entre las diferentes estructuras delictivas
que hacen presencia y que hoy en día, coordinan con el llamado “Clan Úsuga”
la ejecución del mismo.
Hay que resaltar que estas dos dinámicas no se desarrollan de manera separada, sino que
por el contrario, es a partir del avance de las empresas multinacionales y conglomerados
económicos, ligados a la explotación de recursos minerales y de la tierra, que se promueve
y permite la presencia de paramilitares armados por la región. Son amplios y de notorio
conocimiento, los hechos acontecidos en municipios como Mapiripán, Puerto López y
Puerto Gaitán, y en departamentos como Casanare, Guaviare y Vichada, en donde la
presencia de las AUC, los llamados “Buitragueños” y el Bloque Centauros, dejaron

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incontables víctimas y una Stela de terror y miedo entre la población. Las denuncias y la
movilización en contra de dicho fenómeno culminaron en muchos casos con el asesinato o
desplazamiento de líderes sociales.
Luego de la presunta movilización de dichas estructuras, que no fueron desvertebradas
del todo, quedó allanado el camino para la explotación minero-energética y la extensión
de grandes monocultivos en una vasta zona de la Orinoquía, al tiempo que los remanentes
de dichos grupos, mantuvieron sus estructuras ligadas a las actividades ilícitas.
Al día de hoy, si bien las denuncias hechas por personas de la región, denotan una
presencia generalizada en todo el oriente colombiano, solicitamos particular atención
sobre la situación que se vive en los municipios de VISTAHERMOSA y EL CASTILLO en el
departamento del Meta, donde se han presentado los más graves hechos de amenazas, y
en donde se han arraigado presuntos líderes de paramilitares que al parecer empiezas a
preparar una escalada de crímenes, con miras a una posible firma de los acuerdos de paz
entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, poniendo en grave riesgo a la
población civil.
B. EL CONTROL ECONOMICO
El avance de grandes transnacionales del petróleo como Pacific Rubiales, y su interés por
proteger la zona donde operan ante posibles de protestas de parte de activistas del medio
ambiente, y de las comunidades campesinas, impulsaron a algunas estructuras armadas a
ejercer un control sobre la oferta de empleo para los habitantes. Muchos pobladores de la
región han denunciado la imposibilidad de acceder a las bolsas de empleo de estas
empresas sin el visto bueno de actores armados que han llegado tras de las mismas. De
igual manera se ha evidenciado que la dinámica de contrataciones para suministros y
transportes, opera de la misma manea, a través del beneplácito de estos actores armados,
quienes en esta forma, adquieren poder económico y territorial.
Sumado a esto, se ha denunciado ante nuestra fundación, un plan que se cierne y se está
ejecutando sobre los municipios de El Castillo, Lejanías, Uribe, La Macarena y Mesetas, en
donde se ha incrementado el fenómeno de acumulación de tierras, gracias a la
especulación y control que estos mismos grupos generan sobre ellas. La imposibilidad de

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acceder a la tierra, sumada a los actos directos de violencia y amenaza, prueban que el
paramilitarismo sigue, no sólo existiendo, sino constituyéndose en una herramienta para
el despojo de tierras. En la región se puede apreciar una implosión demográfica, tal como
ocurre en las veredas de los municipios mencionados, en donde se pueden encontrar
apenas uno o dos dueños de tierra, cuando otrora existieron hasta 25 núcleos familiares
habitando las mismas. Desde el 2014 se han presentado hurtos a campesinos, tal como el
ocurrido en Vista Hermosa, por parte de cuatro sujetos en moto sin placas a un campesino
a quien despojaron de 11 millones de pesos y varias de sus pertenencias, y las extorsiones
continuas, tales como las ocurridas en Puerto Rico en septiembre del mismo año, a varios
campesinos de la zona. Todos estos hechos han sido denunciados ante las diferentes
autoridades.
C. CONTROL TERRITORIAL. En la actualidad, existen estructuras armadas de por lo menos
5 grupos paramilitares plenamente identificados, y conocidos bajo los nombres de Bloque
Meta y ERPAC, con incidencia en el departamento del Guaviare y sur del Meta, y
Libertadores del Vichada y Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga, con
presencia en los departamentos de Vichada, Casanare y Meta. Ante la posibilidad de paz y
de concentración de la insurgencia, se teme una alianza entre dichos grupos para copar
los territorios que aquéllos dejen, y una mayor presencia en territorios históricos en los
que han operado por lo menos desde los años 80’. Estas dinámicas se aprecian
principalmente en los siguientes órdenes:
1. Escalamiento de presencia en la región
 En abril de 2015 se presentó el asesinato de Jonathan Jair Gallego en el municipio
de Puerto Lleras, Meta. El joven había sido amenazado a través de redes sociales
por grupos paramilitares, a razón de haber participado en actividades de defensa
del territorio. Esta situación se puso en conocimiento de la Personería Municipal,
pero no fue recibida, y hubo completa ausencia de autoridades para hacer el
levantamiento del cuerpo y demás trámites relacionados.
 Desde Agosto del 2014 se han denunciado graves hechos, donde actores armados
se identifican abiertamente como “paramilitares”, realizando retenes en la entrada
Caño Rayado, y “eventos de reclutamiento” donde han invitado a jóvenes de la

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región a hacer parte de la organización, de manera remunerada. Esto último se ha
presentado en cascos urbanos como el de Vista Hermosa, donde está presente el
Estado a través del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía y el CTI, pero sin
que ninguno de estos organismos hayan hecho un pronunciamiento al respecto.
 En el municipio de Mapiripán, Meta, después de la captura de un vicepresidente
de la Junta de Acción Comunal, se presentaron amenazas por vía telefónica, en
contra de un presidente de Junta de Acción Comunal, a quien le refirieron la
intención de incendiar el pueblo, si no había cooperación por parte de los
habitantes con dicha estructura criminal. Estas amenazas fueron hechas por alias
“El Paisa” quien se identificó como parte de las auto-denominadas “Autodefensas
Gaitanistas”.
 En las veredas de San Vicente Bajo, Tierra Grata, La Lindosa, El Darién, La Argentina
y La Venada, han hecho presencia armada estos mismos grupos, los cual han sido
vistos ingresando al casco urbano de Puerto Rico. Igualmente, se han visto
campamentos en las veredas nombradas. Información que se obtiene gracias a la
información dada anónimamente por campesinos, ya que debido a la gravedad del
contexto, no se han presentado denuncias formales.
 Se nos ha informado del rearme de estructuras paramilitares en los municipios de
Hato Corozal y Paz de Ariporo en el departamento del Casanare.
2. Pacto de armas entre Granada y San Martin, y hechos relevantes.
 Hasta el momento, se conoce de la presencia del “Bloque Meta” y de una
estructura denominada “Libertadores del Vichada”. Reductos que no se
desmovilizaron o se reagruparon después del proceso de Justicia y Paz. Sin
embargo en los últimos meses ha empezado a tener incidencia el llamado “Clan
Úsuga”, quienes al parecer, están reagrupando a todos los grupos nombrados, a
través de un “pacto de armas”, el cual se realizó en Enero del 2016 entre Granada
y San Martín, y del que se tiene conocimiento igualmente, por información dada
anónimamente por habitantes de la zona, debido al temor de denunciarlo
formalmente.
 Así mismo, el 13 de marzo de 2016, pobladores de Mapiripán, denunciaron que
alrededor de 70 paramilitares, pertenecientes a este último grupo, estaban

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haciendo presencia en la finca Santa Ana, al mando de alias “La Mona”, y
estuvieron acampando con el fin de llevar a cabo una “escuela de
adiestramiento”. Los mismos portaban armas largas y cortas, estaban vestidos
tanto de civil y de camuflado, y se movilizaban en varias camionetas 4x4. Debe
señalarse que esta finca fue dividida por la empresa “Poligrow”, luego de ser
ocupada de manera irregular y cabe anotar que estos hechos ocurrieron en
presencia de empleados de la empresa y a menos de una hora en carro de la
inspección del ejército del Rincón del Indio. Esto fue denunciado por la comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, el 20 de Marzo del presente.
 Se tuvo conocimiento sobre una persona llamada “Claudia Shifer”, a quien
presuntamente se le acusa de la muerte de la líder sindical de Chichimene, Edith
Santos. Dicho homicidio fue perpetrado al parecer por el llamado “Bloque Meta”
sobre el cual la Fiscalía señala a por lo menos 9 detenidos de la muerte de 6
personas más en el municipio de Acacías. En dicha redada cayó un reconocido
paramilitar de la región apodado “El Pony”.
 También en marzo de 2016, las autoridades incautaron un fusil calibre 5,56, dos
revólveres y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares de Colombia a alias
“El Conejo”, quien era un miembro de los paramilitares del anillo de
seguridad de alias “Cuchillo”, y quien hasta ese momento estaba en detención
domiciliaria por otros cargos. EL susodicho, alias “Conejo” fue capturado entre
San Martín y Granada.
 En estos mismos meses, en la ciudad de Villavicencio, concretamente en el rio
Guatiquía aparecieron 4 cuerpos, uno de ellos desmembrado, lo cual recuerda las
viejas prácticas del paramilitarismo en Colombia. Frente a esta noticia se
guardó silencio casi absoluto; y la versión de la Fiscalía se basó en afirmar que
se trató de un posible ajuste de cuentas entre “bandas criminales”.
 Se conoce de primera mano que en Villavicencio, también opera una oficina
de cobro del paramilitarismo, controlada por el grupo autodenominado
“Libertadores del Vichada”. A principios de abril de este año, en el barrio “El
Recreo”, se supo que la Policía capturó a 3 de ellos, quienes curiosamente
estaban cobijados con detención domiciliaria.
 En una visita al municipio de El Castillo, se realizó una reunión con el Concejo
Municipal, el Alcalde y el comandante de la Policía para tocar el tema al respecto.

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Según el comandante de Policía, en el área de dicho municipio está presentando
una disputa entre el grupo paramilitar denominado “Los Urabeños” y
“Paramilitares del Meta”, quienes al parecer pertenecían a la estructura del
fallecido alias “Cuchillo”.
 Sobre la situación en el municipio de El Castillo, se tiene conocimiento de la
existencia de panfletos. Al tiempo, la comunidad ha denunciado el incremento de
la delincuencia común, hurtos a finqueros, robo de ganado, y el desplazamiento
forzado del profesor de la escuela de la vereda La Cima, quien debió abandonar a
sus estudiantes, ante tres hurtos consecutivos de los cuales fue víctima.
Igualmente, se tiene conocimiento de la presencia de un sujeto conocido como
alias “Cara de Garra”, reconocido paramilitar, que se encuentra de regreso en este
municipio.
 Igualmente conocimos que un habitante de Puerto Esperanza, quien se movilizaba
en la carretera que va desde el Municipio de Puerto Lleras hacia Puerto Toledo,
afirmó que lo detuvieron en un retén, hombres fuertemente armados, quienes se
identificaron como paramilitares.
 Así mismo, en Vistahermosa y Puerto Rico, la comunidad ha venido denunciado
en las personerías municipales la presencia de hombres fuertemente armados
en algunas fincas; quienes se han identificado ante los pobladores como
paramilitares, y quienes han dicho que “regresaron a la zona a retomar los
territorios que la guerrilla va dejar”. Justamente en Vistahermosa, la Policía
Nacional incautó 23 fusiles y 5 granadas en una caleta, al mismo tiempo que le

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dio captura a alias “El Negro Andrés”, quien fue enviado por el “Clan Úsuga” a un
barrio de Vistahermosa conocido como Nuevo Horizonte. El Coronel Carlos
Meléndez informó que los integrantes del Clan Úsuga estarían pagando hasta 5
millones de pesos por cada policía muerto y que la zona de más alto riesgo
para ellos es Vistahermosa, Mesetas, San Juan de Arama y El Piñal.
 Por último, en Villavicencio se habla del reclutamiento en los centros
penitenciarios y en la correccional. Incluso se dice que estarían ofreciendo a los
reclusos un pago de $800.000 pesos y el traslado a una finca ubicada en Puerto
López.
SOLICITUDES
Ante este oscuro panorama, como defensores de derechos humanos y depositarios de la
confianza de las comunidades de nuestra región, solicitamos respetuosamente a todas las
autoridades, y principalmente al ministerio de defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas
Militares, que se desplieguen los operativos que sean necesarios y se avance
afirmativamente en la desarticulación de este fenómeno, y se impida la re-victimización a
la población civil. No queremos que se repitan hechos como los acontecidos en el pasado
en los municipios de El Castillo Meta, en donde casi la mitad de la población fue
desplazada, ni masacres como la perpetrada en Mapiripán, como tampoco guerras entre
facciones como la acontecida en Puerto Gaitán.
Más allá del desmonte de los aparatos armados, capturas a integrantes, prevención de
reclutamientos, incautación de armas y neutralización del financiamiento de estos grupos,
exigimos al Gobierno Nacional, una estrategia clara para la dejación del uso de las armas y
su no utilización en la política, por parte de amplios sectores de la sociedad. Invitamos a
que los debates y las diferencias sobre los diversos temas sociales, económicos y políticos,
se zanjen por mecanismos democráticos, mediante el debate franco y abierto de cara a la
opinión pública, como un ejercicio de ciudadanía y de mayoría de edad del pueblo
colombiano; y por tanto, se avance también en el desmonte de imaginarios y estilos que
alimentan culturalmente el modo de vida mafioso, ilegal, patriarcal y violento, en donde la
imposición y el uso de la fuerza se normalizan como forma de ejercicio del poder político y
económico, y son el caldo de cultivo para el resurgimiento de estos aparatos armados.

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Con miras a la concreción de la paz, no queda más que esperar que el Estado mantenga,
como debe ser, el monopolio del uso de la fuerza, y lo use en defensa de las libertades
ciudadanas y los derechos de las comunidades, principalmente campesinas, en esta vasta
región de la patria.
Muchas Gracias.

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