Este documento es una ley que reforma la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal en España. Introduce cambios como flexibilizar el régimen de mayorías para establecer ciertos servicios, combatir la morosidad permitiendo cobrar deudas, actualizar la regulación de actas de juntas y funciones administrativas, y ajustar la ley a nuevas demandas sociales manteniendo su importancia.