Procedimientos Administrativos Abdel Bonilla

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Actividad Numero 6, derecho administrativo II 2015/BI UFT

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Procedimientos Administrativos Abdel Bonilla

  1. 1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE-RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS ESCUELA DE DERECHO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Alumna: Bonilla Ramírez Abdel Nazareth C.I.: 25.927.038 ARAURE, SEPTIEMBRE DE 2015
  2. 2. El origen del procedimiento administrativo data del siglo XIX y trae consigo una serie de cambios no sólo en Europa, sino en otros países del mundo, a saber: “Conviene recordar que la génesis y evolución del Derecho administrativo durante el siglo XIX y parte del siglo XX, condujo a que se produjese, pese a la vigencia del principio de legalidad, un esquema relacional directo entre la atribución del poder a la administración y su actuación traducida en un proveimiento o acto final o definitivo, que incidía sobre las situaciones subjetivas de los particulares lo que revelaba la disparidad o mejor la superioridad de la autoridad administrativas sobre el administrado, configurándose de esa manera la denominada relación “autoridad-libertad“, en la cual la primacía correspondía al primer término de la misma. En la búsqueda de una solución que tendiese a equilibrar la situación del particular con la administración el Consejo de Estado Francés crea el denominado “Recurso de Exceso de Poder”, es decir, el derecho del administrado a impugnar el acto final dictado por la autoridad administrativa”. Como se puede apreciar este fue el primer paso para reconocer al administrado la posibilidad de impugnar el acto final, es decir la decisión, lo que hoy llamamos Recursos Administrativos, sin embargo, hasta esta fecha el administrado no tenia ninguna participación en las actuaciones previas a dicho acto. El Procedimiento Administrativo se puede definir como: el mecanismo o vía tendente a garantizar por una parte el actuar eficiente de la Administración Pública y por otra, la seguridad jurídica de los administrados, cuyos derechos e intereses pueden resultar afectados como consecuencia de la actividad de la Administración Pública, y es precisamente esta segunda característica la que impone como ineludible obligación el cumplimiento de un procedimiento administrativo destinado a la formación de la voluntad administrativa requerida para la ejecución de una norma atributiva de competencia” (Badell R., 1998). Como se desprende de las definiciones antes transcritas, el procedimiento administrativo ha sido instaurado en
  3. 3. especial, en beneficio de los administrados, pero la Administración Pública, en uso de sus prerrogativas y potestades debe subsumirse a dichos procedimientos y cumplirlo con la mayor rigurosidad, debido a que el incumplimiento de los mismos pudiera dar lugar a la nulidad absoluta de las actuaciones practicadas y no sólo por ello, sino porque la Administración Pública es la primera interesada en que los actos administrativos cumplan con todos los requisitos legales, porque de ello dependerá la eficacia de su actuación. Se puede definir el procedimiento administrativo como la serie de pasos o trámites concatenados uno con otro, que debe cumplir la administración Pública para emanar actos administrativos. Es de importancia para este estudio analizar el principio de legalidad administrativa, a tal efecto, leamos: “Es ineludible que el principio de legalidad establecido en el artículo 137, es aplicable a los órganos de la administración pública en los tres poderes (Nacional, estadal y municipal), dado que esta se encuentra inserta dentro del poder ejecutivo y este a su vez forma parte del poder público” (Parra, G., 2005). Así mismo, se puede encontrar el principio de legalidad administrativa en el contenido del artículo 141 constitucional, el cual establece: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho” La Administración en ejercicio de la potestad sancionadora está sometida a los siguientes principios: Principio de Legalidad, Principio de proporcionalidad, Principio Non bis in ides. 1) El principio de legalidad: Rige a la Administración Pública en toda su actuación, debe vincularse a toda actividad sancionadora, por ser una manifestación de la potestad represiva del Estado y debe adecuarse a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual es de tenor siguiente:
  4. 4. “Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los limites determinados por la ley”. De lo anterior se desprende que la Administración Pública en su actuación represiva debe ceñirse a lo establecido por la ley, no tiene permitido establecer sanciones, ni puede crear impuestos, ni cargas que no estén previstas en la ley. 2) Principio de proporcionalidad: Es la justa relación que debe haber entre los hechos imputados y las medidas adoptadas, por la Administración Pública, al respecto el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, prevé lo siguiente: “Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia”. La Administración Pública en cumplimiento del principio de proporcionalidad debe auxiliarse de normas penales. 3) Principio Non Bis in Idem: Este principio implica la prohibición de la imposición de sanciones simultáneas o más de una sanción administrativa por el mismo hecho. Este es otro de los principios penales, que tiene aplicación en el campo del derecho administrativo sancionador y se encuentra consagrado en el numeral 7, del artículo 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente: “El debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: Omissis… 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiera sido juzgada anteriormente”. El mencionado principio impide que a un interesado se le impongan sanciones simultáneas por el mismo hecho, es decir, más de una sanción. Por supuesto, en cuanto a la responsabilidad administrativa, porque si la infracción da lugar a la aplicación de sanciones penales o civiles
  5. 5. perfectamente pueden ser aplicadas, debido a que existe independencia tanto de procedimientos como de sanciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999, introdujo una disposición relacionada con el debido proceso, en la cual de forma amplia, consagra diez (10) ordinales que garantizan y protegen los derechos e intereses de los ciudadanos frente a situaciones jurídicas que pudieran atentar contra su libertad, sus bienes, su moral y su patrimonio, entre otros. El nombrado dispositivo lo constituye el artículo 49, el cual es del tenor siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. El ordinal primero del artículo 49 constitucional, viene a poner fin a una extensa discusión doctrinaria sobre si en los procedimientos administrativos el interesado debía tener el sagrado derecho a la defensa y en especial acudir asistido o representado por abogado, puesto que dicho ordinal lo establece como obligatorio, pero al parecer la Administración Pública, no ha asumido como suya la disposición constitucional en comento, porque aún hoy, se sustancian expedientes administrativos sin la debida asistencia jurídica. Lo cierto es que la Administración Pública está en la obligación de cumplir con la exigencia de la asistencia jurídica en los procedimientos administrativos sancionatorios y el Estado está obligado a garantizar conforme al artículo 26, el cual es del tenor siguiente: “… El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
  6. 6. indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Vale decir, que el Estado está obligado a proporcionar una solución que permita a la Administración Pública cumplir con las garantías constitucionales y establecer los medios, para que estén al alcance de los interesados, tal como la consagraba el artículo 68 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, el cual es del tenor siguiente: “Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso”. Ciertamente la ley que se dicte en desarrollo de la norma constitucional en comento debe lograr que se cumpla la garantía constitucional; en consecuencia, deberá establecer los mecanismos necesarios que contengan los dispositivos tendientes a llenar el vacío o laguna legal que existe. Son muchos los argumentos que fundamentan la necesidad de dar solución a dicho vacío legal, pero el principal es que: La administración tiene un derecho que también se puede considerar como deber, sobre todo por la necesidad que tiene la Administración Pública de ejercer su potestad sancionadora en los casos que se amerite, so pena de incurrir en responsabilidades. En efecto, seguir instruyendo procedimientos administrativos obviando las garantías en cuestión, pudiera dar lugar a que en la etapa de notificación de la decisión al presunto responsable, cuando éste ejerza sus defensas posteriores a la decisión, bien sea, por vía recursiva administrativa o por vía de interposición del recurso judicial contencioso-administrativo, seguramente, en la decisión que se dicte se ordenará la reposición del procedimiento administrativo al estado de notificar nuevamente al presunto involucrado, para que nombre abogado que lo represente o asista en su defensa, si esta en sede administrativa y en sede judicial operará la nulidad absoluta, de
  7. 7. conformidad con el artículo 25, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 19, ordinal 1 constitucional. “Es indudable que el procedimiento administrativo tiende a tomar como modelo al proceso en general y especialmente al proceso civil, pudiéndose afirmar que ha medida que evoluciona la legislación administrativa, va calcando en el establecimiento de los procedimientos administrativos los principios rectores del proceso civil” (Rondon, H., 1983). Es de resaltar, que el derecho administrativo ha evolucionado en gran medida y Venezuela está dentro de los pocos países que tienen establecida una legislación procesal administrativa y es una de las primeras en establecer constitucionalmente la defensa y la asistencia jurídica como obligatorias, lo que continua siendo doctrinalmente un problema sin solución para el derecho comparado, donde existen diversos criterios. El derecho a la defensa y la asistencia jurídica en caso de ausencia del interesado en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señalan lo siguiente: “Artículo 75: La notificación se entregará en el domicilio o residencia del interesado o de su apoderado y se exigirá recibo firmado en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza el acto y del contenido de la notificación, así como el nombre y cédula de identidad de la persona que le reciba”. “Artículo 76: Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita en el artículo anterior, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este caso, se entenderá notificado el interesado quince (15) días después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa”. De los artículos trascritos, se desprende que los actos administrativos deben ser llevados a conocimiento de los interesados a través de la notificación que se entregará en el domicilio del interesado o de su apoderado y se le exigirá recibo firmado, de lo que se dejará constancia. Luego el procedimiento
  8. 8. administrativo continuará en ausencia del interesado, pues su no asistencia da lugar a una especie de confesión ficta, con la diferencia que el interesado en los procedimientos administrativos se puede presentar en cualquier trámite del mismo, en el cual podrá alegar y probar las defensas que a bien tuviere, no sucede lo mismo en el procedimiento civil, según el cual la confesión ficta produce el efecto de admitir los hechos alegados por el autor en la demanda, de conformidad con el artículo 362, del Código de Procedimiento Civil. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, que consagra en el artículo 49, ordinal 1, se produce una derogatoria sobrevenida del artículo 76, en comento, de conformidad con la disposición derogatoria constitucional, la cual consagra: “Única: Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela, decretada el 23 de enero de 1961. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”. De lo antes expuesto, se desprende que con la derogatoria sobrevenida del artículo 76, anteriormente citado, no se debe continuar tramitando los procedimientos administrativos sancionatorios en ausencia del interesado, con ciertas excepciones. Con la vigencia del nuevo ordenamiento jurídico, los procesos y procedimientos deben ser tramitados cumpliendo con todos los derechos y garantías establecidos a favor de los interesados y, para ello, se debe buscar un mecanismo para tramitar el procedimiento cuando no pueda ser localizado el o los interesados para que, sin que se paralice el mismo y salvaguardando sus derechos e intereses, se pueda cumplir con la sustanciación de dichos procedentes. La defensa y asistencia jurídica en El Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La tramitación de los procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas
  9. 9. derivadas de los ilícitos administrativos constituye una de las potestades o facultades que se le han atribuido a la Contraloría General de la República. Inicialmente, esta atribución o facultad estaba regulada en la Ley de Hacienda Pública Nacional y data de los años 1938 al 1975; y está regulada en el artículo 172, ordinal 7, ejusdem, el artículo, era de los denominados normas cuasiperfectas, el resultado de la averiguación administrativa daba lugar a un acto administrativo declarativo, debido a que no había consecuencia jurídica, salvo la amonestación. En el año 1984, se reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con sustanciales cambios, pues, se expande la potestad sancionadora a la propia Administración Pública, suprime la exclusividad, que tuvo el órgano contralor en materia de averiguaciones administrativas y se faculta a las contralorías internas de la propia Administración Pública para abrir y sustanciar (expedientes) averiguaciones administrativas, lo cual trajo consigo otra serie de cambios que no son el objeto de este trabajo. Una de las reformas importantes fue la creación de las contralorías internas. Posteriormente, se dicta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que estuvo vigente desde el 01 de febrero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2001, una de las leyes de menor vigencia en la historia de la Contraloría General de la República y en su artículo 112, consagraba la potestad sancionadora, que a la letra dice: “La Contraloría deberá realizar averiguaciones administrativas cuando surgieren indicios de que funcionarios públicos o particulares, que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sujetas a su control, hayan incurrido en los actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa a que se refiere esta ley, y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Esta averiguación procederá aun cuando dichas personas hubieren cesado en sus funciones”. De conformidad, con el artículo antes trascrito, la potestad de la Contraloría General de la República ya no es potestativa, incluye el término
  10. 10. “deberá” lo que la hace obligatoria y comienza a aplicarse los ilícitos contenidos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Y por último, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 01- 01-2002, en la cual en su título III, capítulo III, preceptúa la potestad sancionadora por parte de los órganos de control fiscal, a fin de determinar la formulación de reparos, la declaratoria de responsabilidad administrativa y la imposición de multas (artículo 95). Es importante resaltar, que en aquellos casos en los que se inicia el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades en los que esté involucrada la responsabilidad administrativa de funcionarios de alto nivel, la tramitación de este procedimiento será de la competencia exclusiva y excluyente del Contralor General de la República. Para finalizar Los procedimientos administrativos, en especial, los sancionatorios no deben continuar sustanciándose sin la debida asistencia jurídica de los interesados y el nombramiento de un defensor de oficio a los interesados que no cuenten con recursos económicos y a los interesados que no puedan ser ubicados ni aún por vía de notificación cartelaria. Es necesario, nombrar un defensor de oficio con quien se entienda la notificación del interesado, que aun habiéndose practicado la notificación cartelaria, no pueda ser localizado y no esté a derecho en el procedimiento

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