Bolivia: Cuadernos CLACSO

EL DESENCUENTRO DE DOS RAZONES REVOLUCIONARIAS

INDIANISMO Y MARXISMO*

ÁLVARO GARCÍA LINERA**

Elementos para pensar la reconfiguración
del campo político boliviano*

María Teresa Zegada Claure

MOVIMIENTOS SOCIALES, MOVIMIENTOS SOCIETALES Y LOS NO
LUGARES DE LA POLÍTICA*

LUIS TAPIA**

Elementos para pensar la reconfiguración
del campo político boliviano*

María Teresa Zegada Claure

(La Jornada – CLACSO “Cuadernos de pensamiento crítico latinoamericano” No. 27,
marzo 2010)

EN ESTE TEXTO ponemos a consideración un conjunto de interrogantes y tensiones
que provienen de un acercamiento al complejo proceso de transformaciones políticas
que operan en Bolivia desde inicios de la actual década.

El conjunto de interrogantes que guían la investigación que iniciamos hace unos
meses, está referido a las distintas dimensiones del campo político boliviano en este
proceso de cambios:

¿Cuáles son las características del nuevo campo político instalado en Bolivia a partir
de 2005 y que se han consolidado en los pasados cuatro años de gobierno de Evo
Morales? ¿Cuáles son las dimensiones y alcances de dichas transformaciones?
¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los actores sociales y políticos en
relación con este proceso? ¿Cómo se articulan en términos institucionales los
“nuevos” y “viejos” elementos del sistema democrático en la propuesta de nueva
Constitución Política del Estado y en las propuestas de reforma del Estado elaboradas
por los principales actores sociales y políticos? ¿Cuáles son las representaciones
simbólicas en torno a la democracia y sus resignificaciones planteadas por los
movimientos emergentes?

Dadas las características del proceso boliviano, la investigación encara dos tipos de
desafíos, uno de tipo conceptual y otro de carácter metodológico, ya que las viejas
categorías que permitían el abordaje y la comprensión de la realidad socio política en
las décadas pasadas, resultan ahora insuficientes y por tanto se requiere nuevos
conceptos y maneras de pensar y leer la misma.

En consecuencia, consideramos necesario, en primer lugar, trascender los conceptos
que restringen el análisis de la política a la eficiencia y eficacia de las instituciones, y
pretenden explicar desde ahí el conjunto de procesos políticos asociando, por ejemplo,
la estabilidad con un estado óptimo de gobernabilidad y concurrentemente los
momentos de crisis o conflictos con disfuncionalidades y peligros para la democracia.
Nuestra opción es, por el contrario, intentar explicar los procesos de ampliación y
profundización de la democracia como consecuencia de la acción colectiva de los
sujetos y su incursión en el campo político, y de las transformaciones que operan en el
mismo como efecto de la reversión del orden constituido.

Por esta razón hemos partido de la noción de campo político1 y no así de sistema –
aunque este último está contenido en el primero– que nos lleva a pensar la política
como un campo de fuerzas, de disputa en torno a determinados recursos de poder,
que trasciende los tradicionales escenarios institucionales.

En ese sentido, partimos de la identificación de los principales objetos de disputa que
signaron la lucha política durante los primeros años de gobierno de Evo Morales, y la
construcción de una nueva hegemonía, y que fueron demarcando momentos políticos
por los que atravesó este complejo proceso, que como resultado fueron consolidando

la presencia de un nuevo sujeto político y nuevas subjetividades, así como nuevos
elementos discursivos y simbólicos que ocuparon el centro del escenario.

De esta manera se pudo determinar que en Bolivia no se estaban produciendo solo
conflictos coyunturales o corporativos por demandas e intereses particulares de
grupos sociales, sino que estos se articulaban en torno a temas estructurales que
cuestionaban a los partidos políticos, a las estructuras de poder, a la trama
institucional, así como a los habitus2 y las formas de ser de lo social y de lo político,
fuertemente ancladas en los sustratos profundos de la sociedad y en ámbitos de poder
alternativos y diversos, como las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos
campesinos, los pueblos indígenas o los sectores urbanos organizados que fueron
tomando cuerpo a partir de la década de los 90 del siglo pasado, por ejemplo en el
caso de los movimientos indígenas en la denominada Marcha por el Territorio, la
Dignidad y la Vida, que partió del oriente boliviano, las protestas y la constitución de un
movimiento social como la Coordinadora del Agua y de la Vida, a partir de 2000, en
torno a sectores urbanos afectados por las políticas neoliberales, y que más adelante
se manifestarán con todo rigor tanto en la guerra del agua en Cochabamba, el año
2000, como en la denominada guerra del gas, en 2003, que concluyó con la
destitución del entonces presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada3.

Por otra parte, consideramos que la política involucra también una disputa sobre el
conjunto de significaciones culturales y sociales que se construyen en torno a
referentes discursivos y simbólicos, visiones de la realidad e interpretaciones
académicas que imponen la necesidad de una nueva gramática social y una nueva
forma de relación entre el Estado y la sociedad4.

El otro desafío de la investigación se encuentra relacionado con la abundante
información que, en sus distintas dimensiones, aporta la realidad política boliviana en
estos años, la cual nos lleva a discernir sus distintas cualidades en un momento de
crisis y metamorfosis de sus elementos constitutivos.

Así, privilegiamos una visión sincrónica para dar cuenta de las expresiones de los
cambios en sus distintas dimensiones, pero sin descuidar los aspectos históricos –
diacrónicos– que permiten precisamente explicar las raíces, alcances y limitaciones
del proceso. En dicha explicación histórica, encontramos que precisamente los
factores que desencadenaron esta coyuntura tienen que ver con la conjunción de
distintas temporalidades históricas en un momento determinado, que son recuperadas
por los sujetos protagónicos y llevadas al campo político.

Estas temporalidades provienen, en unos casos, de la memoria colectiva larga5, es
decir, de los 500 años de colonización española, que luego fueron, como señala la
Silvia Rivera, reproducidos mediante mecanismos de colonialismo interno –aludiendo
a una categoría largamente difundida por Aníbal Quijano–, excluyendo a las grandes
mayorías de los procesos políticos, sociales y económicos; aluden a factores de
explotación económica y de clase que arrastran una larga historia de desigualdad e
injusticia; del mismo modo remiten a procesos inconclusos de construcción de
ciudadanía y ausencia de reconocimiento de una realidad sociocultural y étnica
diversa, como sucedió en el episodio de la revolución de 1952, que si bien logró
cambios profundos en el patrón de acumulación y de hegemonía, pretendió
constituirse sobre las bases de una sociedad homogénea –que no era tal– bajo las
categorías de pueblo o campesinado, reproduciendo el modelo de exclusión cultural; y,
por último, nos remite a factores de la memoria corta, relacionados con el ciclo
histórico del neoliberalismo y la democracia representativa inaugurados en la década
de los 80 del siglo anterior, que, con los parámetros de igualdad formal, libre mercado

y estrategias multiculturales, intentó encarar problemas estructurales profundos. Su
incapacidad de enfrentarlos con éxito condujo a su profundo cuestionamiento y
prematura debacle.

De esta manera, el ciclo de protestas6 iniciado a principios del 2000 en Bolivia
recupera y conjunta elementos de carácter estructural e histórico y coyuntural, y
encuentra su derrotero de transformaciones en el campo político. Los nuevos sujetos
políticos combinan diversos repertorios de movilización social con su participación
directa en procesos electorales, pues mediante las propias reglas de juego de la
democracia representativa, una opción política como el Movimiento al Socialismo
(MAS) logra acceder y consolidarse en el poder trastocando el viejo mapa de
comportamiento electoral.

Empero, el conjunto de demandas y aspiraciones introducidas en el campo político, no
quedan ahí, sino que propugnan una transformación estructural mediante de la
refundación del Estado, y la demanda y realización de unaAsamblea Constituyente
que permita la redacción de un nuevo instrumento normativo más representativo de las
fracturas sociales y culturales así mismo de la realidad boliviana actual.

El cuestionamiento al Estado partió de los movimientos indígenas en la década de los
90 del siglo pasado, junto a la demanda de inclusión sociocultural; y si bien lograron un
primer impacto en las lógicas multiculturales implantadas durante el neoliberalismo –
como por ejemplo la incorporación por primera vez en la historia de Bolivia de las
categorías multiétnico y pluricultural, en la reforma constitucional de 1994, y su
correlato en leyes secundarias– estas resultaron ciertamente insuficientes para el
alcance de las reivindicaciones de estos sectores sociales que continuaron pugnando
por una reforma estatal más profunda mediante de la demanda para convocar a una
Asamblea Constituyente.

Ahora bien, en este contexto de análisis histórico, situamos el conjunto de
transformaciones producidas en el campo político boliviano en estos años de gobierno
del MAS que, con fines metodológicos las agrupamos en distintas dimensiones de
análisis: Nuevos sujetos colectivos en el campo político; nuevas formas de acción
política colectiva desde la sociedad civil; nuevas formas de administración del poder y
de relación del gobierno con las organizaciones sociales; cambios en la trama
institucional y normativa de lo político, es decir, nuevas reglas de juego en el marco del
Estado Plurinacional; por último, diversas y renovadas articulaciones democráticas
emergentes que conviven con las prácticas modernas y liberales prexistentes.

Estos son, básicamente, los campos de análisis que abarca la investigación y que de
manera preliminar nos permiten dibujar los rasgos centrales del proceso y sus
principales tensiones, a las que muy brevemente, nos referiremos a continuación.

RASGOS DEL NUEVO PROCESO: ¿QUÉ CAMBIÓ EN EL CAMPO POLÍTICO
BOLIVIANO?
Nuevos actores, nuevos sujetos políticos

Asistimos a la emergencia de nuevos sujetos que provienen de la sociedad civil, de los
denominados no lugares de la política7 que, vinculados de diversas maneras al MAS,
cambian el rostro social del Estado, incursionan en el campo político y operan tanto al
interior de los escenarios institucionales como desde fuera de ellos.

Se trata de las organizaciones sociales que dieron lugar al surgimiento del Movimiento
al Socialismo, fueron capaces de imponer una nueva agenda y se constituyen en su

principal base social. Algunos dirigentes fueron invitados por elMAS y por el propio
presidente a formar parte de las representaciones camarales y de cargos en el
gabinete, pero a la vez, las organizaciones sociales afines al movimiento se
constituyen en los principales vigilantes del proceso de cambios, en ese sentido
despliegan un conjunto de acciones colectivas en defensa del gobierno y sus medidas,
y en contra de la oposición social y política, mediante diversos repertorios de
movilización, desde pronunciamientos públicos hasta marchas, vigilias, cercos y
concentraciones.

La acción estratégica de losmovimientos sociales en
el campo político adopta, en esta coyuntura, una cualidad distinta de la que operaba
en años anteriores, lo cual le otorga un sentido histórico y le permite la construcción de
significados compartidos, pues estos sujetos colectivos cobran protagonismo en un
campo de conflicto estructural, a que nos referíamos anteriormente, de ahí que las
relaciones de fuerza entre los actores en pugna si bien se producen en torno a
diversos objetos de disputa8, están articulados en un campo de conflicto hegemónico o
estructural en relación con el cual se constituyen los dos bloques en pugna.

En relación con la participación de las organizaciones sociales en el campo político
quedan un conjunto de interrogantes aún no resueltas que son tema de discusión,
inclusive al interior del propio MAS y de las organizaciones de base, como por
ejemplo, las posibilidades de institucionalización política de las mismas y su
pertinencia, la pérdida de autonomía que implica su relación con el gobierno, las
tensiones entre los dirigentes y las bases en relación con la toma de decisiones
políticas, la posibilidad de que el formato organizacional corporativo pueda
eventualmente desplazar o sustituir a los partidos en escenarios de representación
política, entre otras.

De otro lado, los partidos políticos, principales actores del sistema de representación
política, paradójicamente se convirtieron en su principal nudo de vulnerabilidad,
fundamentalmente el incumplimiento de las funciones de representación y articulación
con la sociedad. Ante dicha inoperancia, emergieron justamente formas de auto-
representación social con capacidad de interpelación efectiva a otros actores sociales
y a la sociedad en su conjunto, y de articular con éxito sus expectativas a objetivos y
propuestas comunes.

Los grupos privilegiados y sectores políticos antes hegemónicos fueron desplazados a
espacios institucionales minoritarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea
Constituyente, a las prefecturas de las regiones opositoras al gobierno (que en
sumomento fueron cinco de nueve departamentos del país), así como a la acción
colectiva de organizaciones cívico/regionales, otorgándoles un carácter político de
resistencia al gobierno detrás de la demanda de autonomía; la coyuntura los obligó a
adoptar repertorios demovilización poco convencionales para dichos actores, como
huelgas de hambre, marchas, tomas de instituciones, entre otras, revelando una serie
de transformaciones particularmente de tipo social y político objetivadas en el nuevo
proceso. Queda planteada la necesidad de repensar las formas organizativas más
apropiadas para el ejercicio político en concordancia con los nuevos formatos de la
democracia.

NUEVAS FORMAS DE LO POLÍTICO

El proceso político abierto en diciembre del 2005 con el triunfo del MAS pone en el
centro del debate no solo a los nuevos sujetos del campo político, sino también el

conjunto de relaciones y articulaciones políticas, formas de ejercicio político y
expresión de intereses, representaciones simbólicas y tramas institucionales.

Las nuevas formas de acción colectiva se expresaron, por ejemplo, en las vigilias y
cercos al Congreso en los sucesivos episodios de empantanamiento para presionar en
la toma de decisiones, en las movilizaciones de apoyo al gobierno y en defensa del
proceso de cambios, la auto-organización, las reuniones de evaluación de las políticas
gubernamentales propiciadas por las organizaciones de base, la elaboración de
propuestas de cara al proceso constituyente, entre otras. Cabe destacar que los
movimientos de resistencia y oposición al gobierno también generaron un conjunto de
acciones colectivas nuevas para estas organizaciones.

En todo caso, se percibió un desplazamiento de los viejos conflictos entre el Estado y
la sociedad que fueron habituales durante la era democrática, a enfrentamientos
directos entre ciudadanos que representaban a los bloques políticos en pugna, como
fue el caso de los enfrentamientos del 11 de enero del 2007 en Cochabamba.

Otro escenario privilegiado de confrontación fue el mediático, en que se ponen en
juego los recursos discursivos y las batallas simbólicas, así cobran relevancia
dispositivos ideológicos mutuamente descalificadores, funcionales a la acumulación de
poder particular.

Del mismo modo, la vía del voto, es decir, la convocatoria a una serie de consultas
ciudadanas (referéndums), revocatorios y elecciones tuvo la finalidad de legitimar a las
fuerzas políticas en pugna, en muchos casos, para desequilibrar las posiciones y el
crítico empate en que en determinado momento se encontraban. Estos procesos, a la
larga, tuvieron un efecto político muy favorable para el gobierno, que justamente logró
el punto de inflexión para su recuperación de fuerzas en el referéndum revocatorio de
agosto de 2008, el cual le permitió su consolidación hegemónica.

EL “GOBIERNO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES”

Otra arista importante de análisis reside en la relación del gobierno con las
organizaciones o movimientos sociales afines bajo la figura, aún discutible, de
gobierno de los movimientos sociales que adquiere un carácter simbólico muy
importante desde el gobierno la reiterada enunciación de mandar obedeciendo.

La relación de las organizaciones sociales con el gobierno del MAS adquiere formatos
y contenidos diversos, desde afinidades ideológicas y políticas, solidaridad y disciplina
sindical, y apoyo al proceso de cambios, hasta relaciones pragmáticas de apoyos
condicionados a beneficios sectoriales y personales, relaciones de tipo prebendal
mediadas por cargos políticos y otro tipo de incentivos selectivos que ponen en
entredicho la consistencia ideológica del proceso. De igual manera se cuestionan las
nuevas jerarquías internas mediadas por las nuevas relaciones de poder, los aportes
obligados de los empleados públicos y la serie de intercambios clientelares.

El riesgo de que el carácter corporativo de la gestión pública pueda prevalecer sobre
los intereses generales, surge por ejemplo, del doble rol dirigencial que asume el
presidente por el hecho de ser Presidente del Estado y a la vez sucesivamente relecto
como presidente de las Seis Federaciones del Trópico Cochabambino (sindicato de
cocaleros).

Otro elemento que también resulta crítico en el ejercicio gubernamental es el riesgo de
la fetichización del poder9, que supone trastocar los intereses colectivos por beneficios

particulares de las organizaciones y personalidades que ocupan espacios en la gestión
pública entre otros, que distorsionan los fines y el ejercicio político de las
organizaciones.

LA REINSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA EN TORNO AL NUEVO ESTADO
PLURINACIONAL

El valor del proceso constituyente no solo reside en el resultado: un nuevo texto
constitucional, al que nos referiremosmás adelante, sino también en el propio proceso,
ya que en el mismo se involucraron distintas organizaciones, movimientos sociales y
políticos, e intelectuales en un importante proceso de discusión, acuerdos y
generación de propuestas.

Las organizaciones sociales articuladas en torno al Pacto de Unidad lograron introducir
una propuesta de transformación estatal que involucraba distintos aspectos normativos
del Estado, entre los puntos principales resaltan el Estado Plurinacional, las
autonomías indígenas, así como una nueva estructura estatal más participativa y
representativa de los intereses de las mayorías nacionales.

Si bien no todas sus propuestas se incorporaron en el nuevo texto, el proceso logró un
valor en sí mismo por la visión estratégica del pacto, puesto que las organizaciones
particulares tuvieron que deponer algunos de sus intereses sectoriales para consagrar
una propuesta única e influir en la Asamblea Constituyente y en sus resultados.

La aprobación de la nueva Constitución Política del
Estado abre nuevos espacios de participación y acción política, mediante de
mecanismos como el control social, la revocatoria de mandato, las autonomías, entre
otras; así como nuevas pautas en la relación Estado-sociedad civil.

No obstante, las medidas más relevantes apuntan a la incorporación en la narrativa
constitucional de diversos elementos provenientes de una matriz de pensamiento
distinta a la liberal republicana propia de las comunidades indígena-originario-
campesinas, cuyo epítome es precisamente el Estado Plurinacional.

La relación y convivencia entre ambas lógicas es compleja y plantea una serie de
desafíos desde la participación de representantes de pueblos indígenas en distintos
niveles de gestión pública, hasta la incorporación de prácticas culturales de las
comunidades en determinados ámbitos como en la justicia, mediante de la jurisdicción
indígenaoriginario- campesina, o mediante la figura de las autonomías indígenas
basadas en usos y costumbres. Su complejidad y formas de articulación se verificarán
en el proceso de aplicación de la nueva Constitución y la construcción de leyes y
mecanismos secundarios.

LA AUTONOMÍA: DE LA RESISTENCIA A LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER

Un eje que cambia sustancialmente el carácter del Estado es la incorporación de la
autonomía, que plantea una serie de tensiones políticas, ya que en principio fue
bandera de resistencia de la oposición y luego fue articulada por el frente oficialista en
la nueva Constitución, en el contexto de un proceso amplio y que involucra diversos
niveles de administración territorial del Estado.

La incorporación en la nueva Constitución de la autonomía es apenas el principio de
un largo proceso que involucra varias dimensiones relacionadas con la redistribución
del poder en primer lugar, implica formas diferenciadas de acceso a los recursos –en

especial de los recursos naturales–; en segundo lugar, la asignación de atribuciones y
competencias; en tercer lugar, la coordinación administrativa de distintos niveles
territoriales, así como la combinación de formatos y lógicas que se superponen con
niveles de jerarquía similares, la elección de autoridades por voto directo en distintos
niveles territoriales, entre otros.

Las autonomías indígenas constituyen nuevos espacios basados en las dinámicas
internas de las unidades territoriales pre-existentes que, por primera vez, se
encuentran reconocidas en la Constitución y tienen niveles de interpelación formales
frente al Estado, sin embargo también plantean una serie de interrogantes sobre la
posible institucionalización de las formas de autogobierno y de los usos y costumbres,
la presencia de grupos de poder internos y externos, sus posibilidades y limitaciones
como unidades autónomas capaces de un desarrollo sostenible, entre otros.

RESIGNIFICACIONES EN TORNO A LA DEMOCRACIA

Por último, en esta breve relación de los elementos analíticos del campo político
boliviano nos planteamos varios cuestionamientos en torno al decurso de la
democracia y los procesos de desarticulación/ rearticulación discursiva en relación con
sus significados.

En la nueva Constitución conviven los enunciados de democracia representativa con
otros formatos, como la democracia directa y participativa, así como la democracia
comunitaria.

En los hechos, estas formas de ejercicio democrático están vigentes aunque
desarticuladas. Por ejemplo, las formas de representación democrática siguen siendo
predominantes en la conformación de los poderes públicos, pero conviven con formas
de democracia directa y participativa que se incorporaron en reformas constitucionales
previas, así como con formatos como la democracia sindical basada en el mandato
imperativo que rige en formas colectivas de organización social, y con la democracia
comunitaria que emerge del paradigma de las organizaciones y sistemas políticos
propios de los pueblos indígenas bolivianos. Estos prevalecen en distintas
comunidades del país, sobre todo del área andina, e implican diversas formas de auto
organización y auto-gobierno.

La democracia comunitaria o de ayllu se basa en lógicas colectivas antes que
individuales, y si bien sus características varían en cada localidad, comparten algunos
elementos comunes, como la rotación de cargos; la obligatoriedad en el cumplimiento
de funciones de autoridad; la concepción de autoridad no como privilegio sino como
servicio; el consenso deliberativo por medio de la asamblea como máxima autoridad
de mando colectivo; sistemas de rendición de cuentas y control social; la revocación
de mandato; procedimientos que garantizan la participación de los miembros de la
comunidad en las decisiones y en el control de sus representantes, entre otros. Las
particularidades no solo dependen de las condiciones históricas de cada comunidad y
sus prácticas culturales propias, sino también de los grados de hibridación con otras
formas de ejercicio del poder, estas han coexistido, por ejemplo, de manera crítica,
con los sindicatos campesinos que en su momento se constituyeron en formas
iniciales de hibridación y penetración cultural10.

Ahora bien, su reconocimiento constitucional rompe el monopolio de la democracia
liberal, sin embargo, presenta notables ambigüedades y contradicciones que deberán
ser superadas en el decurso de su aplicación.

La democracia representativa fue perdiendo efectividad y fue cuestionada en su
eficacia, de esta manera se produjo un desmontaje de la eficacia simbólica de la
democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo
neoliberal y dio lugar al surgimiento de visiones, interpretaciones y objetivaciones
distintas de la democracia. A esta mirada renovada y crítica a la democracia se
adscribe también De Souza Santos11 cuando se remite al concepto de
demodiversidad.

La nueva Constitución Política no sólo reconoce elementos de la democracia
comunitaria para su ejercicio en la escala local (indígena, campesino) sino también
para su aplicación en la escala nacional mediante la incorporación, por ejemplo, de
principios ético-morales como los mandamientos propios de los pueblos indígenas
originarios entre los principios que rigen el Estado; asimismo, reconoce como oficiales
los idiomas nativos y establece su uso obligatorio en el ámbito público. El desafío es
pensar en formas articuladas que relacionen las diversas formas de gobierno y
organización existentes, algunas de estas han sido propuestas en los trabajos de Luis
Tapia12, mediante la construcción de un núcleo común (o un núcleo intercultural
democrático), o su articulación con sistemas institucionales modernos a escala
macroestatal (García s/f).

EL HORIZONTE DEL PROCESO DE CAMBIOS

Como señalamos al iniciar esta exposición, más que respuestas, planteamos una serie
de interrogantes y tensiones conceptuales que plantea el proceso de transformaciones
del campo político boliviano y que demarca múltiples dimensiones relacionadas tanto
con aspectos históricos, cuya referencia nos permite percibir la dinámica del proceso,
como coyunturales que nos remiten a la permanente reconfiguración de fuerzas y a la
construcción de una nueva hegemonía, cuyo seguimiento permite identificar los
principales elementos del proceso y sus conexiones.

La profundidad del proceso iniciado a principios de la actual década da cuenta de la
profundidad del mismo y de su alcance, que se encuentra inclusive más allá del
liderazgo de Evo Morales y el eventual protagonismo del MAS, y se verifica sobre en el
contexto de relaciones sociales, de clase y étnico culturales.

El horizonte de la interculturalidad parece mostrar un posible derrotero de resolución
de estas tensiones de coexistencia y materialización de la diversidad social y cultural
boliviana en el campo político, mediante una (re)institucionalización de las estructuras
y una concepción de democracia amplia, renovada y dinámica.

NOTAS

* Fuente: El texto publicado en este Cuaderno es parte de un trabajo de investigación dirigido
por María Teresa Zegada Claure con la participación de Gabriela Canedo, Claudia Arce y Alber
Quispe, en el marco del Programa de Becas para Equipos de investigación 2009-2010 de
CLACSO. La versión completa de este escrito se publicó en el tercer número de la revista
Crítica y Emancipación (Buenos Aires: CLACSO, 2010) y está disponible en
www.biblioteca.clacso.edu.ar.

** Socióloga con maestría en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón y de la Carrera de Comunicación de
la Universidad Católica Boliviana. Investigadora y coordinadora de área del Centro Cuarto
Intermedio, miembro del directorio Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.

1 BOURDIEU, Pierre (2001) El campo político. La Paz: Plural.

2 FOUCAULT, Michael (1983) El discurso del poder. México: Folios.

3 La guerra del agua que se inició en rechazo al alza de tarifas de ese servicio contra una
empresa trasnacional en Cochabamba, concluyó con la expulsión de dicha empresa y se
convirtió en el inicio del ciclo de protestas y crisis sociopolítica en el país. La guerra del gas que
fue protagonizada por organizaciones y movimientos sociales sobre todo de El Alto, que
comenzó como un rechazo a la política hidrocarburífera de Sánchez de Lozada, terminó
imponiendo su dimisión y fuga del país en octubre del 2003.

4 DE SOUZA SANTOS, Boaventura (2004) Democracia de alta intensidad. Apuntes para
democratizar la democracia, en Cuaderno de Diálogo y Deliberación.Nº 5, La Paz: CNE.

5 RIVERA, Silvia (1983) “Democracia liberal y democracia de ayllu” en: Miranda Pacheco
(comp.): Bolivia en la hora de su modernización. México: UNAM.

6 TARROW, Sidney (2004) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

7 TAPIA, Luis. (2009) “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la
política”, en Le Monde Diplomatique, Ed. Peruana, Nº 23, Marzo, 2009. CLACSO.

8 DUSSEL, Enrique (2006) 20 Tesis de política.México: Siglo XXI Editores.

9 DUSSEL, Enrique (2006) 20 Tesis de política. México: Siglo XXI Editores.

10 RIVERA, Silvia (op. cit).

11 DE SOUZA SANTOS, Boaventura (op.cit).

12 TAPIA, Luis (2006). La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal. La
Paz: Muela del Diablo

MOVIMIENTOS SOCIALES, MOVIMIENTOS
SOCIETALES Y LOS NO LUGARES DE LA POLÍTICA*

LUIS TAPIA**

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/03/luis.html

Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano – CLACSO y La Jornada

LAS SOCIEDADES NO dejan de moverse en el tiempo. Para gobernar ese
movimiento se hace política dentro de cada sociedad y entre sociedades. Los
movimientos más intensos se dan cuando se está definiendo la composición
sociopolítica global o en los momentos constituyentes, en los momentos de
crecimiento rápido y en los procesos de reacción, de reforma de las fallas estructurales
en la composición de la sociedad, es decir, en los periodos revolucionarios o
fundacionales, en las olas expansivas y en las crisis.

En países multisocietales como Bolivia no todas las fuerzas se mueven en la misma
dirección, debido a una construcción incompleta que hace que casi siempre haya un
flujo subterráneo de procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico
nacional. En este sentido, algunos procesos no son solamente movimientos sociales, o
sea, movilización y acción política de ciertas fuerzas o de una parte de la sociedad con
la finalidad de reformar algunas de sus estructuras, sino que también en algunos
casos son movimientos de sociedades en proceso de conflicto más o menos colonial
en el seno de un país estructuralmente heterogéneo.

I. LOS LUGARES DE LA POLÍTICA

La política es una práctica que resulta del movimiento de lo social en el tiempo. En
tanto esto implica dirección y gobierno, la política es una de las prácticas de
producción y reproducción de los diversos órdenes sociales y, en este sentido,
productora y reproductora de sus propios espacios.

Los lugares de la política son una configuración que resulta de propensiones
determinadas por el conjunto de las estructuras sociales y principalmente por el modo
en que las acciones políticas responden a éstas, definiendo para sí mismas las
condiciones institucionales de intervención en la articulación y dirección de sus
sociedades.

La forma de la sociedad define los lugares de la política, los escenarios de su
institucionalización y los de la acción legítima y reconocida, a la vez que necesaria. La
forma moderna de las sociedades ha erigido o producido un espacio privilegiado de la
política como Estado. En principio ésta es una forma de concentración y monopolio de
la política, que se organiza tendencialmente como una forma burocrática de
administración y dominio1.

Las historias del desarrollo de los estados modernos han complejizado y diversificado
ese espacio central de la política, produciendo varios lugares para la representación
de los gobernados, la división de los poderes y el reparto del poder o las prácticas de
cogobierno.

Los procesos de diversificación y ampliación de los lugares de la política en el seno del
Estado responden a dos líneas de causalidad histórica: por un lado, al desarrollo de la

ciudadanía y la democratización del Estado, y por otro lado, al desarrollo de la
complejidad y diversificación estructural que produce el movimiento de lo moderno,
que va desde la creciente división del trabajo hasta la división constitucional de
poderes y la descentralización del gobierno. Esta dimensión de diferenciación
institucional se da necesariamente en relación con la otra dimensión de la
ciudadanización.

Los procesos de ciudadanización que se han experimentado históricamente han
producido el espacio de la representación en el seno del Estado, que es el lugar del
parlamento. Con el tiempo, el parlamento ha pasado a ser más un resultado
secundario del proceso de selección de los gobernantes o la cabeza del Ejecutivo, en
el caso de los regímenes presidencialistas.

El lugar de la representación y la legislación por conducto de representantes elegidos
siempre ha sido posible mediante de la institución y el reconocimiento de un conjunto
de derechos políticos de asociación, participación, información y voto. Estos derechos
se ejercen para acceder al espacio o lugar central de la política, pero también son
derechos que permiten la práctica política fuera del Estado, en la organización de la
sociedad civil y la esfera de lo público. La sociedad civil es otro lugar de la política, en
realidad, un conjunto de lugares en los que se organiza la vida política no estatal.

Los lugares de la política han tendido a ampliarse o diversificarse, pero a la vez
también a estabilizarse, es decir, a institucionalizarse, a adquirir cierta regularidad, a
organizarse en espacios delimitados, así como sus relaciones mutuas.

Una buena parte de las instituciones de la sociedad civil funciona como mediaciones o
puentes hacia el Estado. Una porción considerable de la sociedad civil se organiza
como resultado de la diferenciación estructural y social que deviene conjunto
organizado de intereses y de acciones que se institucionalizan para interactuar en el
mismo seno de la sociedad civil y con el Estado.

La sociedad civil se organiza como un conjunto de lugares en los que se hace política
sectorial o política nacional desde lo sectorial. Tendencialmente, las instituciones de la
sociedad civil aceptan las normas del orden social y político; se constituyen con la
finalidad de negociar su posición relativa en el conjunto de las relaciones sociales y de
poder.

Cuando los sujetos y prácticas que han configurado dichos momentos políticos de la
sociedad civil y las esferas de lo público que resultan de su acción o despliegue en
relación al Estado y la política nacional, o los que no han constituido todavía sociedad
civil, desbordan esos lugares de la política, entonces puede estar constituyéndose un
movimiento social.

Un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva comienza a
desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil como
del Estado, y se mueve por medio de la sociedad buscando solidaridades y aliados en
torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza
social o de los propios principios de organización de la sociedad, del Estado y del
gobierno.

Lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para
hacer política, sino que a partir de algún núcleo de constitución de sujetos,
organización y acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales
con sus críticas, demandas, discursos, prácticas, proyectos.

Un movimiento social no suele permanecer en un lugar ni constituir un espacio político
especial al cual circunscribirse. Los movimientos sociales son un tipo de configuración
nómada de la política. Una condición de su desarrollo es dar por los diversos lugares
políticos existentes promoviendo sus objetivos, publicitando sus demandas, fines y
proyectos. En este sentido, un movimiento social es como una ola de agitación y
desorden mediante de las formas tradicionales e institucionalizadas de la política. Una
acción colectiva que no circula e irrumpe en otros lugares de la política no es un
movimiento social.

Los movimientos sociales suelen hablar de algo que no tiene lugar en la sociedad,
sobre la ausencia de algo deseable, cuya consecución se busca y conquista en el
movimiento y en la reforma de los espacios políticos existentes.

La constitución de los movimientos sociales es un desplazamiento de la política, de los
lugares institucionalizados de la misma, al campo de tránsito entre ellos y al de la
fluidez. También es un modo de politización de lugares sociales o conjunto de
estructuras y relaciones sociales que habían sido neutralizadas o despolitizadas y, por
tanto, legitimadas en su forma de organización de algunas desigualdades.

El Estado es el lugar del gobierno, así como la sociedad civil es el lugar de la
organización y representación corporativa o sectorial, y en algunos casos, de control y
presión sobre el gobierno.

II. LAS FORMAS Y LOS FINES DE LA POLÍTICA

La principal forma de la política moderna es el Estado. Es la forma que articula la
producción y reproducción del orden social y político. Para su articulación operan hoy
otras formas adicionales, como el partido.

Los movimientos sociales son una forma de política que problematiza la reproducción
del orden social, de manera parcial o general. Los fines condicionan la forma. La
producción y reproducción del orden social y político necesita de la institucionalización
y normativización para estabilizar y dirigir una forma de vida como retorno a la misma
organización de sentido.

La producción de un orden político trata de organizar las instituciones que puedan
contener la política posible en una sociedad y en un país. A veces se trata de
presionar para que lo que existe entre en las instituciones, lo cual implica un diseño
simple y autoritario. A veces, la producción del orden político y social institucionaliza
las formas de participación política existentes, lo cual implica que el Estado contiene la
complejidad que corresponde a su sociedad.

Sin embargo, la tendencia general apunta a reducir la complejidad a un número
limitado y más o menos simple de procesos e instituciones. La mayor parte de los
diseños institucionales ha privilegiado el reconocimiento de los partidos políticos como
la forma puente de hacer política entre sociedad civil y estado. La condición de la
estabilidad y el desarrollo políticos es que las prácticas de ese sistema de partidos
realice efectivamente el puente y la política fluya en ambos sentidos
retroalimentándose positivamente.

Pensando en terminos de dinámica política, ya que la política es acción y movimiento
en el tiempo, una forma política general es buena y eficiente en tanto puede contener y
desarrollar capacidades de reforma y adaptación, pero sobre todo la capacidad para
enfrentar y resolver los principales conflictos de una sociedad o país.

Las formas de vida política que no se organizan como parte del gobierno, se organizan
para disputarle y controlar ese ejercicio del poder político. A su vez, las formas de la
política se constituyen en relación a la forma de distribución y usufructo de los
recursos económicos y materiales, como la propiedad y los productos del trabajo.

Las ampliaciones y reducciones de la forma política responden a diferentes márgenes
de participación en la distribución de la riqueza social en sus diferentes fases. Cuando
la forma de la política se ha encogido o vaciado, de tal modo que ya no contiene,
procesa ni integra las demandas de amplios sectores, la política tiende a aparecer bajo
otras formas, como desborde.

Cuando las formas estatales y sus mediaciones, así como las de la sociedad civil, no
enfrentan ni resuelven el conflicto distributivo y el de la producción del consenso en
torno al orden político y social, aparece la política sin forma estable de los movimientos
sociales. Los movimientos sociales son la forma de la política excedente en un país,
casi siempre generada a partir de la experiencia y politización de algún tipo de
escasez o pauperización causadas por los principios de distribución existentes. Los
movimientos sociales suelen constituirse en torno a cuestionamientos y demandas
sobre el orden distributivo vigente o, menos frecuentemente, como proyectos políticos
de cuestionamiento y reforma del orden político en su conjunto.

Cuando los partidos no pueden contener la política del conflicto redistributivo o el de la
reforma de la política y el Estado, tiende a aparecer la política de los movimientos
sociales. Sin embargo, esta emergencia no es automática; la cuestión clave es la
constitución de los sujetos.

III. LOS SUJETOS DE LA POLÍTICA

La cualidad en la constitución es decisiva, o sea, si los sujetos se constituyen como
gobernantes o gobernados, y el cómo se reconstituyen de lo uno en lo otro o transitan
de una condición a la otra, o si más bien son cogobernantes.

La política es una cuestión de iniciativa y de relaciones de poder. Los sujetos
gobernantes se constituyen como productores y reproductores de orden social y
político, así como actores de la dirección y la dominación. Los sujetos gobernados son
constituidos y se constituyen como reproductores pasivos del orden social, en tanto
ocupan sin cuestionamiento los lugares subalternos que se les ha asignado.

Un movimiento social es una política de algunos gobernados que cuestionan ese
ordenamiento y la distribución de los recursos, así como los reconocimientos sociales
y políticos que lo complementan. En este sentido, pretenden cambiar su lugar político
y social, a la vez que para hacerlo de facto ya cambia el lugar de la política. Para
plantear este cuestionamiento hay una reconstitución de algunos sujetos gobernados,
en tanto se desarrolla cierta capacidad de autorganización y producción de sentido
más allá de las formas vigentes. Sin una determinada capacidad de autogobierno y
reconstitución que trascienda las prácticas e instituciones existentes no se constituye
un movimiento social.

La constitución de un movimiento social implica
que han proliferado los núcleos de constitución de sujetos, los principios de
organización de la política y los fines de la misma.

La constitución de los movimientos sociales implica un conflicto de fines en la política,
porque se han diversificado los sujetos de la misma. Un movimiento social es una

alteridad de fines en el interior de un mismo sistema o conjunto de relaciones sociales,
que ocurre cuando las desigualdades y diferencias existentes se politizan y se
convierten en acción conflictiva y querellante. Un movimiento social es el
planteamiento de una querella sobre la forma de sociedad y el Estado, cuando su
horizonte tiende a globalizarse, o sobre algunas de sus estructuras y formas de
distribución y utilización de los recursos y del trabajo social.

Un movimiento social es un sujeto político que se constituye como encarnación de una
querella sobre la organización y dirección de la sociedad. En este sentido, es una
reconstitución de los sujetos gobernados que generan un tipo de acción autónoma
para reformar el gobierno, ya sea en su forma o en su contenido. La organización de la
sociedad civil también constituye sujetos, pero generalmente lo hace en su condición
de gobernados más o menos activos, que controlan y critican o apoyan los procesos y
resultados de gobierno, profesional y electoralmente separados.

Los movimientos sociales son el momento de fluidez y desborde de la sociedad civil,
un mecanismo de reforma y renovación. Son la expresión de que la vida política
institucionalizada ya no basta. Un movimiento social es una forma de globalización de
un conflicto por medio de la sociedad civil, como parte de la estrategia de reforma de
las políticas y estructuras del Estado. En suma, implica pasar de las relaciones de
intermediación biunívocas entre organización corporativa o sectorial y Estado, a una
estrategia de generalización del conflicto por medio de la sociedad civil, removiendo
alianzas, apoyos y rechazos, y diversificando a la vez la trama de sujetos políticos
involucrados.

Un movimiento social es una complejización de la política y del sistema de relaciones
entre sujetos políticos; es una política de tensión que conduce a alineamientos y
realineamientos. Los movimientos sociales promueven una política de explicitación de
tendencias, sentimientos, prejuicios, valores y fuerzas de aquellos sujetos sociales y
políticos que no estaban directamente involucrados en el conflicto. La generalización
del mismo o la movilización por medio de la sociedad y todos sus lugares de la política
hace que la gente tienda a tomar posiciones o las revele.

Al moverse conflictivamente, los sujetos sociales acaban conociendo el resto de su
sociedad o país. La capacidad de reflexión sobre esa experiencia de la acción e
interacción define la madurez y el desarrollo del movimiento. La primera ola de
movilización y constitución es, a la vez, la del planteamiento de la querella más allá de
las instituciones existentes, así como del conocimiento de la condición política de la
sociedad en la que empiezan a moverse políticamente.

Los movimientos sociales son formas de recreación organizativa o de vida social
mediante de una intensa y conflictiva relación con el resto de la sociedad civil y el
Estado, en la condición de la movilización, es decir, de desorganización parcial y
temporal de los lugares, tiempos y fines de la política. Un movimiento social exige un
reordenamiento pequeño o grande de la sociedad y del estado, y empieza haciéndolo
mediante del desbaratamiento de las relaciones políticas de poder establecidas para la
reproducción de las desigualdades existentes.

Uno de los rasgos del desarrollo de un movimiento social es que su accionar tiende a
incluir ya no sólo la protesta o la demanda, sino también la factualización de las formas
alternativas de apropiación, gestión, organización y dirección de recursos y procesos
sociales y políticos. La factualización de alternativas es un arma de lucha dirigida a
convencer al Estado y a la sociedad civil de la posibilidad de hacer, organizar, dirigir y

vivir las cosas de otro modo; la capacidad ya desarrollada por el movimiento para
pasar de la crítica a la reorganización de las cosas.

Un movimiento social ha madurado cuando ha desarrollado la capacidad de proyectar
formas alternativas de organización y dirección, sobre todo cuando ha desarrollado la
capacidad de movilizar sus fuerzas para cristalizar el proyecto. La factualización crea
las condiciones para la consolidación, el arraigo y la cristalización de un movimiento.
Un movimiento que no pasa a la factualización de sus ideas se convierte simplemente
en opinión crítica en la esfera de lo público.

Los movimientos sociales suelen ser la forma de acción para la reconstitución y la
reforma de las sociedades y estados, una vez que sus instituciones se han vuelto
demasiado conservadoras, rígidas y excluyentes, o productoras de desigualdades
desintegradoras.

IV. LAS REFORMAS DE LA POLÍTICA, LAS REFORMAS DE LA SOCIEDAD

La política de los movimientos sociales generalmente tiene como fin una reforma de la
sociedad. Para lograrla empiezan reformando la política existente en el seno de la
sociedad civil y sus relaciones con el Estado. La constitución de un movimiento social
es ya una reforma de facto de las prácticas políticas. Actualmente se apunta a lograr
también una reforma de las políticas del gobierno y el Estado o de algunas de sus
instituciones, como un medio para la reforma social. Algunos movimientos más
radicales atacan directamente los campos de relaciones sociales cuestionados con un
conjunto de prácticas que las problematizan, y a veces se sustituyen por prácticas
organizativas alternativas.

En cuanto a la política se refiere, las reformas giran en torno a la ciudadanía, tanto
como conjunto de condiciones de la vida política como de resultado en términos de
derechos conquistados y ejercicio de los mismos.

Casi todas las dimensiones y componentes de las ciudadanías modernas han
resultado de reformas incluyentes imaginadas y demandadas desde fuera del estado,
así como de la constitución de sujetos políticos particulares que las han promovido. En
las primeras conquistas de algún componente de ciudadanía casi siempre se advierte
la presencia de un movimiento social. En este sentido, buena parte de los avances en
materia de ciudadanía, así como las democratizaciones del estado, son resultado del
margen de reconocimiento de las reformas propuestas por movimientos sociales.

La reducción de los márgenes de ciudadanía son negaciones regresivas de tales
reconocimientos, cosa que generalmente ocurre cuando los sujetos que la han
conquistado se desarticulan, se debilitan o desaparecen. Al mismo tiempo, la
ciudadanía es ampliable y reducible. Muchos movimientos sociales contemporáneos
se constituyen como reacción a estos procesos regresivos, para volver a conquistar
bajo nuevas condiciones lo que alguna vez ya fue derecho democrático reconocido.

Los movimientos sociales han sido una de las principales formas de plantear la
democratización de las sociedades y estados. No obstante, la mayor parte de los
varios tipos de reformas políticas posibles no tiene que ver con la democratización. De
hecho, el grueso de las reformas actuales la contradicen.

Las reformas de la sociedad no tienen que pasar necesariamente por la reforma de las
instituciones del Estado. Son más profundas y duraderas cuando no han sido
impuestas por la coerción estatal. Por un lado, resultan de su propio movimiento y

modernización. Por el otro, de la acción de movimientos sociales que van modificando
las costumbres y las creencias y, de paso, las relaciones.

V. LOS MOVIMIENTOS SOCIETALES

En países que se han configurado sobre un pasado colonial, que ha superpuesto una
sociedad dominante a las subalternizadas por la conquista, más que la
correspondencia entre país y sociedad, tenemos una condición multisocietal. Esta
superposición de sociedades complejiza la cuestión de los movimientos sociales, ya
que no toda forma de acción colectiva que establece una querella en relación con
alguna de las estructuras de desigualdad existentes es simplemente un movimiento
social. La noción de movimiento social emerge para pensar la constitución de sujetos
críticos dentro de un tipo de sociedad; en este sentido, es resultado de las
contradicciones propias de un tipo de sociedad y el sistema de sus relaciones sociales,
y se dirige a reformarla desde adentro, aunque contenga un proyecto de revolución o
sustitución amplia de estructuras.

En países multisocietales como Bolivia hay configuraciones de la protesta, rebelión y
movilización social y política que tienen un carácter más denso que el de un
movimiento social. En muchos casos se trata de la movilización de un conjunto
significativo de las estructuras políticas y sociales de otras sociedades para cuestionar
las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y los modos de reproducir en
nuevas condiciones la desigualdad entre pueblos y culturas.

Aquí tenemos un movimiento social que no proviene de la acción colectiva generada
en el seno de estructuras modernas de vida social, sino de estructuras comunitarias de
sociedades y culturas no modernas, pero que hacen política para demandar al
gobierno una mayor integración y reconocimiento, es decir, para actuar en la principal
forma política moderna, que es el Estado-nación. Se trata de formas sociales y
políticas de origen no moderno que se movilizan contra los efectos expropiadores de
su territorio y destructores de sus comunidades causados por los procesos modernos
de explotación de la naturaleza y de las personas.

No se trata de un movimiento social entendido como sector de la sociedad que se
moviliza para reformar el orden social y político del que forma parte orgánica, sino de
la acción de otras sociedades subalternizadas por la colonización, que se mueven
para reformar las estructuras de la sociedad dominantes. En este sentido, es un
movimiento social y político anticolonial.

En tanto las estructuras y relaciones de la sociedad dominante han penetrado en las
otras sociedades o pueblos y culturas, hay movilizaciones que buscan reformar las
políticas y leyes en el seno de las estructuras de la sociedad dominante, a la cual han
sido incorporadas de manera subordinada. A veces buscan reformas de las
estructuras, pero en el horizonte del mismo tipo de sociedad y civilización. En este
último sentido se trataría de la emergencia de movimientos sociales que utilizan, sin
embargo, las estructuras organizativas y la cultura de otras sociedades para
movilizarse por la reforma del Estado y la sociedad dominantes, que sigue siendo el
horizonte del reordenamiento social.

En Bolivia hay cuatro tipos de movimientos societales, dos de ellos articulados con
facetas de movimiento social. Está el movimiento de la sociedad dominante, que es
complejo, pues resulta de una dinámica de doble subordinación o articulación de
subordinaciones. Por un lado, se subordina a pueblos y culturas en lo interno, y por
otro lado, hay una subordinación histórica del país a poderes mundiales y regionales.

El movimiento de la sociedad dominante está compuesto por esta compleja dinámica
de relaciones interestatales e intersocietales en las que el país se mueve en relación
con la región y el mundo, a la vez que reproduce en lo interno una superposición que
subalterniza a otros pueblos y culturas.

Hay otro movimiento compuesto por los procesos de unificación que se está dando
entre los pueblos de la Amazonia, el oriente y el Chaco, que ha generado ocho
grandes modalidades de unificación interétnica bajo la forma de asambleas o centrales
de pueblos indígenas de las tierras bajas. Esto contiene un doble movimiento societal.
La unificación de las varias comunidades que pertenecen a un mismo pueblo y cultura
es un movimiento de cara al interior de una sociedad, que se da para poder moverse
en relación con el Estadonación que los ha discriminado históricamente y al que ahora
desean y pueden reformar con la configuración de estas nuevas formas de unidad
política que hacen parte de la sociedad civil, pero que tienen su base en la estructura
comunitaria de cada pueblo.

En el Altiplano existe un ciclo de movilizaciones con una doble articulación: la
comunitaria y la sindical. La CSUTCB, que es una central sindical campesina, en
algunos territorios tiene como base a las comunidades indígenas y las estructuras
tradicionales de autoridad, a las que en ciertos casos se superpone de manera
paralela el sindicato.

Se trata de una lucha conducida por una central sindical pero que tiene por sustancia
una movilización de la forma comunitaria de vida y lucha política en el Altiplano. Cabe
recordar que la mayoría de los llamados sindicatos campesinos no son la organización
y representación del proletariado agrícola, sino que contienen bajo un nombre
moderno formas no capitalistas de trabajo y propiedad de la tierra, así como formas de
organización y representación tradicionales, más ligadas a la comunidad.

En este sentido, el núcleo de las movilizaciones de septiembre no implica
necesariamente la aparición de un nuevo movimiento social, ya que se trata más bien
de la movilización de las estructuras sociales y políticas más antiguas en el país.

En el caso de las movilizaciones del Altiplano hay una complejidad que contiene
rasgos de despliegue de un movimiento social, en tanto presenta demandas sobre el
régimen de la propiedad de la tierra y tiene un proyecto para la discusión y elaboración
de la reforma. Quieren cambiar parte de la sociedad, que es la parte central para ellos,
trabajadores del campo. Esta movilización se realiza con una identidad campesina e
indígena a la vez, de manera que hoy lo indígena no sólo tiene una connotación
étnico-cultural sino también una nacional. Esto quiere decir que no sólo se está
moviendo una parte de la sociedad sino, más bien, otra sociedad, con sus propias
formas de organización, sus creencias, su cultura. La cosa no sólo tiene rasgos de
movimiento social sino también de movimiento societal. Hay una ambigüedad que es
complejidad.

La relación colonial que conquistó la matriz social sin destruirla hace que el núcleo
importante, la tierra –que no sólo es importante para el trabajo sino también para su
cosmovisión y el conjunto de su vida social–, esté regulada por instituciones de otra
sociedad, la dominante. El núcleo de su civilización está subordinado al régimen de
propiedad de otra civilización. Por eso la lucha por la tierra tiene connotaciones que
trascienden el simple régimen de propiedad, y adquiere dimensiones de conflicto entre
naciones y tipos de sociedad.

A partir del problema de la tierra y el agua, que está a la orden del día en todos los
territorios del país, estas movilizaciones están planteando algo más serio y antiguo: la
heterogeneidad societal y la continuidad de relaciones coloniales, además de la
necesidad de descolonización de las relaciones entre estas sociedades, por medio de
una asamblea constituyente y otros procesos de recomposición de procesos
productivos y políticos que vayan superando las relaciones de explotación y
discriminación entre pueblos y culturas. Algunos plantean una autonomía aymara
como horizonte de este movimiento societal.

Otro tipo de movimiento societal que se despliega en el país consiste más bien en un
movimiento de distanciamiento de la sociedad dominante y sus estructuras políticas,
sociales y económicas en busca de “la tierra sin mal” o “la loma santa”. En la
Amazonia boliviana hay pueblos que de manera cíclica deciden abandonar las
condiciones de explotación a las que se ven sometidos con la expansión del
capitalismo y la explotación de bosques y tierras mediante de las concesiones y la
expansión del latifundio, o abandonan los núcleos agropecuarios en los que se han
asentado por un tiempo y se desplazan colectivamente en la búsqueda de la tierra sin
mal, a partir de una convocatoria profética2. en este sentido, no se trata de un
movimiento social, ya que no persigue la reforma de las estructuras de la sociedad
dominante, sino del movimiento autónomo de otra sociedad en sus territorios
históricos, en el seno de un país que se habría atribuido soberanía sobre ellos.

VI. LAS TRANSFORMACIONES DE LA POLÍTICA

En la actualidad hay dos grandes espacios o lugares de la política. Uno de ellos es el
que articula elecciones y sistema de partidos, con su prolongación en el Parlamento y
el Poder Ejecutivo. Otro es el campo del conflicto social, que más bien es un no lugar
político, ya que no es un espacio delimitado ni tiene instituciones regulares para su
tratamiento. Aparece en diferentes lugares en tanto fuente de generación, pero
empieza a moverse mediante de la sociedad y otros espacios políticos cuando la
acción colectiva se convierte en un movimiento social.

En la medida en que el sistema de partidos no es el lugar de representación, de
deliberación y solución de los principales problemas y demandas del país, hay de
manera casi permanente un espacio político paralelo cambiante, discontinuo y
polimorfo que se constituye y reconstituye según los conflictos y luchas sociales que
se plantean, y en función de los sujetos sociales y políticos que se constituyen como
querellantes y reformadores.

Este espacio que configuran los movimientos sociales es un campo de fuerzas más
que un lugar de la política. En tanto hay movilización de fuerzas, demandas y
proyectos, se ocupan lugares, hay un recorrido de las acciones, pero éstas tienden a
no estabilizarse e identificarse con un lugar delimitado e institucionalizado de la
política; cuando ocurre esto se vuelven simple sociedad civil. En este sentido, el
campo de fuerzas configurado por los movimientos sociales es un no lugar político; es
una zona de tránsito del conflicto social, es también como el viento que pasa y puede
arrancar algunas cosas de raíz y mover otras de su lugar. Los movimientos sociales
instauran la fluidez de la sociedad civil y la problematización del orden político. Es la
parte de la sociedad que hace las preguntas y hace la crítica de la irracionalidad de
algunas formas y principios de organización social y de distribución. Los movimientos
sociales son la forma y sujeto de reflexión conflictiva de las sociedades sobre sí
mismas.

Las movilizaciones iniciadas en abril de 2000 han

configurado este campo de fuerzas desde el cual se están planteando las preguntas y
críticas con ímpetu social sobre el modelo económico y político, así como sobre la
historia del país y su sentido. Estas movilizaciones constituyen el no lugar de la política
en el país, que es, sin embargo, el momento de mayor intensidad de la política
nacional en los tiempos recientes. El centro de la política, que es un decir, no está hoy
en los lugares institucionalizados de la representación, de la mediación y la
administración estatal y los partidos, sino en el no lugar de los movimientos sociales y
societales. En ese no lugar se están articulando las fuerzas que presionan las
estructuras del actual modelo, las que pueden quebrarlo e imaginar alternativas. En los
lugares de la política oficial se percibe el ruido cansino de los discursos liberales de la
modernización y el simulacro de la política como representación, cuando en realidad
es una simple negociación entre elites económicas y políticas.

El despliegue de estas movilizaciones y las estructuras de acción que van produciendo
representan un conflicto sobre los fines de la política nacional. Son la encarnación de
un conflicto políticomoral o ético-político. Los fines de la política oficial son la
liberalización de la economía y el Estado, lo cual significó la apropiación monopólica
local y trasnacional de las principales empresas y actividades económicas del país.
Los fines de los partidos son la participación en el monopolio de la política y, mediante
de ello, el usufructo privado de los bienes públicos. Los fines de los movimientos
sociales son la satisfacción de las necesidades básicas y la recuperación del control
sobre las condiciones naturales de la producción y reproducción de la vida social,
como el agua, la tierra y el trabajo.

La expropiación de las condiciones y del producto del trabajo generalmente han tenido
que ver o se han acompañado con la segregación de la política a lugares y sujetos
exclusivos. Su reapropiación se ejerce por medio de la producción de acción política
desde los lugares de la producción y reproducción social que habían sido
despolitizados como condición y resultado de la expropiación, pero como una acción
colectiva que se moviliza para modificar lo que problematizan como áreas de injusticia.
Los movimientos sociales que estamos viviendo son formas de revinculación entre
vida productiva y tiempo político o generación de capacidades de autorganización y
autogobierno local. Cuando la política se vuelve un no lugar es cuando una sociedad
(o parte de una sociedad) se está moviendo in toto, es decir, se está autogobernando,
esto es, se está cogobernando entre los que participan de ella.

Un rasgo de los movimientos sociales en tanto política sin mucha institución es
precisamente su temporalidad. El no lugar que producen es temporal; ya que cuando
institucionalizan reformas o su modo de organización y acción, sus prácticas se
convierten en un nuevo conjunto de lugares de la política y de la vida social y
económica.

NOTAS

* Fuente: Luis Tapia 2008 Política Salvaje (La Paz: CLACSO, Muela del Diablo Editores y
Comuna).

** Luis Tapia, filósofo y politólogo boliviano. Docente-investigador del CIDES-UMSA.

BIBLIOGRAFIA

1 Cfr. Marx y Weber.

2 Cfr. Lehm Arcaya, Zulema: Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonia boliviana. La
búsqueda de la Loma Santa y la marcha indígena por el territorio y la dignidad, APCOB-
CIDDEBENI, 1999.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EL DESENCUENTRO DE DOS RAZONES REVOLUCIONARIAS

INDIANISMO Y MARXISMO*
ÁLVARO GARCÍA LINERA**

En los cien años recientes, en Bolivia se han desarrollado cinco grandes ideologías o
"concepciones del mundo" de carácter contestatario y emancipatorio. La primera de
estas narrativas de emancipación social fue el anarquismo, que logró articular las
experiencias y demandas de sectores laborales urbanos vinculados al trabajo
artesanal y obrero en pequeña escala y al comercio. Presente desde fin del siglo XIX
en algunos ámbitos laborales urbanos, su influencia más notable se da en los años 30
y 40 del siglo XX (...)

Otra ideología que ancla sus fundamentos en las experiencias de siglos anteriores es
la que podríamos llamar indianismo de resistencia, que surgió después de la derrota
de la sublevación y del gobierno indígena dirigido por Zárate Willka y Juan Lero, en
1899. Reprimido, el movimiento étnico asumió una actitud de renovación del pacto de
subalternidad con el Estado mediante la defensa de las tierras comunitarias y el
acceso al sistema educativo. El movimiento indígena, predominantemente aymara,
combinará de manera fragmentada la negociación de sus autoridades originarias con
la sublevación local, hasta ser sustituido por el nacionalismo revolucionario, a
mediados de siglo.

El nacionalismo revolucionario y el marxismo primitivo serán dos narrativas políticas
que emergerán simultáneamente con vigor después de la Guerra del Chaco, en
sectores relativamente parecidos (clases medias letradas), con propuestas similares
(modernización económica y construcción del Estado nacional) y enfrentados a un
mismo adversario: el viejo régimen oligárquico y patronal.

A diferencia de este marxismo naciente, para el cual el problema del poder era un
tema retórico que buscaba ser resuelto en la fidelidad canónica al texto escrito, el
nacionalismo revolucionario, desde su inicio, se perfilará como una ideología portadora
de una clara voluntad de poder que debía ser resuelta de manera práctica. No es
casual que este pensamiento se acercara a la oficialidad del ejército y que varios de
sus promotores, como Paz Estenssoro, participaran en gestiones de los cortos
gobiernos progresistas militares que erosionaron la hegemonía política conservadora
de la época. Tampoco es casual que, con el tiempo, los nacionalistas revolucionarios
combinaran de manera decidida sublevaciones (1949), con golpes de Estado (1952) y
participación electoral, como muestra de una clara ambición de poder.

Obtenido el liderazgo de la revolución de 1952 por hechos y propuestas prácticas, el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hará que su proyecto partidario
devenga toda una concepción del mundo emitida desde el Estado, dando lugar a una
reforma moral e intelectual que creará una hegemonía político-cultural de 35 años de
duración en toda la sociedad boliviana, independientemente de que los sucesivos
gobiernos sean civiles o militares.

EL MARXISMO PRIMITIVO

Si bien se puede hablar de una presencia de pensamiento marxista desde los años 20,
el marxismo, como cultura política en disputa por la hegemonía ideológica, cobrará
fuerza en los años 40, por medio de la actividad del Partido de Izquierda
Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y la producción
intelectual de sus dirigentes (Guillermo Lora, José Aguirre Gainsborg, José Antonio
Arce, Arturo Urquidi, etcétera).

El surgimiento del marxismo y su recepción en el ámbito social vendrá marcado por
dos procesos constitutivos. El primero radica en una producción ideológica
directamente vinculada a la lucha política, lo que conjuró la tentación de un "marxismo
de cátedra". Los principales intelectuales que se adscriben a esa corriente participan
del activismo político, ya sea en la lucha parlamentaria o en la organización de las
masas, lo que influirá tanto en las limitaciones teóricas de la producción intelectual de
la época, como en la constante articulación de sus reflexiones con el acontecer político
práctico de la sociedad.

El otro hecho notable de este nacimiento lo representa la recepción del marxismo y del
propio nacionalismo revolucionario en el mundo laboral, que viene precedida de una
modificación de la composición de clase de los núcleos económicamente más
importantes del proletariado minero y fabril boliviano, que se hallan en pleno tránsito
del "obrero artesanal de empresa" al "obrero de oficio de gran empresa".

Se trata, por tanto, de un proletariado que interioriza la racionalidad técnica de la
modernización capitalista de gran empresa, y que está subjetivamente dispuesto a una
razón del mundo guiada por la fe en la técnica como principal fuerza productiva, en la
homogeneización laboral y la modernización industriosa del país (...) y será sobre esta
nueva subjetividad proletaria que ocupará el centro de las actividades económicas
fundamentales del país, que el marxismo, con un discurso de racionalización
modernizante de la sociedad, logrará enraizarse durante décadas.

El marxismo de esta primera época es, sin lugar a dudas, una ideología de
modernización industrial del país en lo económico, y de consolidación del Estado
nacional en lo político. En el fondo, todo el programa revolucionario de los distintos
marxismos de esta etapa, hasta los años 80, tendrá objetivos similares.

El marxismo llegó a formar una cultura política extendida en sectores obreros,
asalariados y estudiantiles basada en la primacía de la identidad obrera por encima de
otras identidades, en la convicción acerca del papel progresista de la tecnología
industrial en la estructuración de la economía, del papel central del Estado en la
propiedad y distribución de la riqueza, de la nacionalización cultural de la sociedad en
torno a estos moldes y de la "inferioridad" histórica y clasista de las sociedades
campesinas mayoritarias en el país.

Esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adaptada de los
manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad
epistemológica sobre dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de
emancipación que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la
temática campesina y étnica del país.

La lectura clasista de la realidad agraria que hará el marxismo no vendrá por el lado de
la subsunción formal y real, que hubiera permitido develar las condiciones de
explotación de este sector productivo; se lo hará desde el esquema –prejuicio– del
enclavamiento a partir de la propiedad, con lo que trabajadores directos quedarán en

el saquillo de "pequeños burgueses" de dudosa fidelidad revolucionaria por su apego a
la propiedad.

Para este marxismo no había ni indios ni comunidad, con lo que una de las más ricas
vetas del pensamiento marxista clásico queda bloqueada y rechazada como
herramienta interpretativa de la realidad boliviana; además, esta posición obligará al
emergente indianismo político a afirmarse precisamente en el combate ideológico,
tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las marxistas, que rechazaban y
negaban la temática comunitaria agraria y étnico nacional como fuerzas productivas
políticas capaces de servir de poderes regenerativos de la estructura social, tal como
precisamente lo hará el indianismo.

Al final, una lectura mucho más exhaustiva de la temática indígena y comunitaria
vendrá de la mano de un nuevo marxismo crítico y carente de auspicio estatal que,
desde finales del siglo XX y a principios del XXI, apoyándose en las reflexiones
avanzadas por René Zavaleta, buscará una reconciliación de indianismo y marxismo,
capaz de articular los procesos de producción de conocimiento local con los
universales.

EL INDIANISMO

El voto universal, la reforma agraria, que acabó con el latifundio en el altiplano y los
valles, y la educación gratuita y universal, hicieron del ideario del nacionalismo
revolucionario un horizonte de época que envolvió buena parte del imaginario de las
comunidades campesinas que hallaron en este modo de ciudadanización, de
reconocimiento y movilidad social, una convocatoria nacionalizadora y culturalmente
homogeneizante, capaz de desplegar y diluir el programa nacional étnico de
resistencia gestado décadas atrás. Fueron momentos de una creciente desetnización
del discurso e ideario campesinos, una apuesta a la inclusión imaginada en el proyecto
de cohesión cultural mestiza irradiada desde el Estado y de la conversión de los
nacientes sindicatos campesinos en la base de apoyo del Estado nacionalista, tanto en
su fase democrática de masas (1952-1964), como en la primera etapa de la fase
dictatorial (1964-1974).

El sustento material de este periodo de hegemonía nacional estatal será la creciente
diferenciación social en el campo, la acelerada descampesinización que llevará a un
rápido crecimiento de las ciudades grandes e intermedias y a la flexibilidad del
mercado de trabajo urbano que habilitará la creencia de una movilidad campo-ciudad
exitosa mediante el acceso al trabajo asalariado estable y el ingreso a la educación
superior como modos de ascenso social.

Los primeros fracasos de este proyecto de modernización económica y de
nacionalización de la sociedad se comenzarán a manifestar en los años 70, cuando la
etnicidad, bajo la forma del apellido, el idioma y el color de piel, será reactualizada por
las élites dominantes como uno más de los mecanismos de selección para la
movilidad social, renovando la vieja lógica colonial de enclasamiento y desclasamiento
social que se tenía, junto a las redes sociales y a la capacidad económica, como los
principales medios de ascenso y descenso social.

Ello, sumado a la estrechez del mercado laboral moderno, incapaz de acoger a la
creciente migración, habilitará un espacio de naciente disponibilidad para el
resurgimiento de la nueva visión del mundo indianista que, en estos pasados 34 años,
ha transitado varios periodos: el formativo, el de la cooptación estatal y el de su
conversión en estrategia de poder.

GESTACIÓN DEL INDIANISMO KATARISTA

El primer periodo es el de la gestación del indianismo katarista. Nace como discurso
político que comienza a resignificar de manera sistemática la historia, la lengua y la
cultura. Se trata de un discurso denunciativo e interpelatorio que, asentado en la
revisión de la historia, echa en cara la imposibilidad de cumplir los compromisos de
ciudadanía, de mestizaje, de igualación política y cultural, con la cual el nacionalismo
se acercó al mundo indígena campesino después de 1952.

El aporte fundamental de este periodo es la reinvención de la indianitud, pero ya no
como estigma, sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como
proyecto político. Se trata de un auténtico renacimiento discursivo del indio mediante la
reivindicación y reinvención de su historia, de su pasado, de sus prácticas culturales,
de sus penurias, de sus virtudes, que ha de tener un efecto práctico en la formación de
autoidentificaciones y formas organizativas.

De entrada, el indianismo rompe lanzas frente al marxismo y se le enfrenta con la
misma vehemencia con la que critica a otra ideología fuerte de la época, el
cristianismo, considerados ambos como los principales componentes ideológicos de la
dominación colonial contemporánea.

A partir de este fortalecimiento, en oposición, el discurso katarista indianista, a finales
de los años 70, se va a dividir en grandes vertientes. La primera, la sindical, que va a
dar lugar a la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hecho que sella simbólicamente la ruptura del
movimiento de los sindicatos campesinos con el Estado nacionalista en general y, en
particular, con el pacto militar campesino que había inaugurado una tutela militar sobre
la organización campesina. La otra vertiente es la política partidaria, no solamente con
la formación del Partido Indio, a finales de los años 60, sino del Movimiento Indio
Túpak Katari (Mitka) y el Movimiento Revolucionario Túpak Katari (MRTK), que van a
incorporarse, de manera frustrada, en varias competencias electorales hasta finales de
los años 80. La tercera vertiente, al lado de la política y la sindical, va a ser la corriente
académica, historiográfica y de investigación sociológica que se dedica a llevar
adelante, de manera rigurosa, este revisionismo histórico mediante el estudio de casos
de levantamientos, de caudillos, de reivindicaciones indígenas desde la Colonia hasta
nuestros días.

Un segundo momento de este periodo de formación discursiva y de élite de la
identidad aymara se va a producir cuando, desde los primeros años de la década de
los 80, se produce una lenta pero creciente descentralización de este discurso; los
ideólogos y activistas del indianismo katarista se fragmentan dando lugar a tres
grandes corrientes. La culturalista, que se refugia en el ámbito de la música, la
religiosidad y que hoy en día es denominada como la de los "pachamámicos". Una
segunda vertiente, menos urbana que la anterior, se ha denominado la de los
discursos políticos "integracionistas", en la medida en que enarbola una reivindicación
del ser indígena como fuerza de presión para obtener ciertos reconocimientos en el
orden estatal vigente. Se trata de una formación discursiva de lo indígena en tanto
sujeto querellante, demandante de reconocimiento por parte del Estado, para
incorporarse a la estatalidad y ciudadanía vigentes, pero sin perder por ello sus
particularidades culturales. El ala katarista del movimiento de reivindicación de la
indianitud es la que dará cuerpo a esta posición. Aquí el indígena es la ausencia de
igualdad ante el Estado por una pertenencia cultural (aymara y quechua) que deviene
así en signo identificador de una carencia de derechos (la igualdad), de un porvenir (la
ciudadanía plena) y de una distinción identitaria (la multiculturalidad).

La distancia con el discurso modernizador del nacionalismo revolucionario no radica
en este destino fatal de lo que ha de entenderse por ciudadanía y marco institucional
para ejercerla, sino en el reconocimiento de la pluralidad cultural para poder acceder a
ella, que será precisamente el aporte del modesto discurso liberal frente a la
problemática de los "pueblos" y "etnias".

Una tercera variante discursiva de este movimiento indianista katarista va a ser ya
estrictamente nacional indígena. Se trata de un discurso que no le pide al Estado el
derecho a la ciudadanía, sino que pone de manifiesto que deben ser los mismos
indígenas quienes deben, porque quieren, ser los gobernantes del Estado. Un Estado
que, precisamente por esta presencia india, tendrá que constituirse en otro Estado y
en otra república, en la medida en que el Estado Republicano contemporáneo ha sido
una estructura de poder levantada sobre la exclusión y exterminio del indígena.

Con esta mirada el indígena aparece entonces no sólo como un sujeto político, sino
también como un sujeto de poder, de mando, de soberanía. En su etapa inicial, este
discurso toma la forma de un panindigenismo, en la medida en que se refiere a una
misma identidad india que se extiende a lo largo de todo el continente, con pequeñas
variantes regionales. Esta mirada trasnacional de la estructura civilizatoria indígena
puede considerarse imaginariamente expansiva, en la medida en que supera el
localismo clásico de la demanda indígena; pero, al mismo tiempo, presenta una
debilidad, en la medida en que minimiza las propias diferencias intraindígenas y las
diferentes estrategias de integración, disolución o resistencia por las que cada
nacionalidad indígena optó dentro los múltiples regímenes republicanos instaurados
desde el siglo pasado.

De ahí que una segunda etapa, una corriente en el interior de esta vertiente indianista
encabezada por Felipe Quispe y la organización Ayllus Rojos, realiza dos nuevos
aportes. Por una parte, el reconocimiento de una identidad popular boliviana resultante
de los siglos de mutilados mestizajes culturales y laborales en diferentes zonas
urbanas y rurales. Con esta nueva mirada, en cambio, las formas de identidad popular
bolivianas, como la obrera, hasta cierto punto la campesina en determinadas regiones,
aparecen como sujetos colectivos con los cuales hay que trazar políticas de alianza,
acuerdos de mutuo reconocimiento, etcétera Este será el significado político de la
llamada teoría de las "dos Bolivias".

El segundo aporte de este discurso es el de la especificidad de la identidad indígena
aymara. El indio aymara aparece de manera nítida como identidad colectiva y como
sujeto político encaminado a un destino de autogobierno, de autodeterminación. Su
importancia radica en que permite centrar el discurso en ámbitos territoriales
específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de
poder y movilización más compactos y efectivos que los de la panindianidad. De ahí
que se puede afirmar que a partir de esta formación discursiva, el indio y el indianismo
devienen un discurso estrictamente nacional; el de la nación indígena aymara.

LA COOPTACIÓN ESTATAL

El segundo periodo de la construcción del discurso nacional indígena es el de la
cooptación estatal. Éste se inicia a finales de los años 80, en momentos en que se
atraviesa por una fuerte frustración política de intelectuales y activistas del movimiento
indígena, en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la masa indígena
sindicalizada en votación electoral no dan los resultados esperados.

(...) Al tiempo que la sociedad y los partidos de izquierda marxista asisten al brutal
desmoronamiento de la identidad y fuerza de masa obrera sindicalmente organizada,
la adopción y relaboración de un discurso etnicista se les presenta como una opción
de recambio en los sujetos susceptibles de ser convocados. De esta manera, la
estructura conceptual con la que esta izquierda en decadencia se acerca a la
construcción discursiva indígena no recupera el conjunto de la estructura lógica de esa
propuesta, lo que hubiera requerido un desmontaje del armazón colonial y
vanguardista que caracterizaba al izquierdismo de la época.

(...) El MNR es el partido político que con mayor claridad detecta el significado de la
formación discursiva de un nacionalismo indígena, visto como un peligro, así como
también las debilidades que atravesaba el movimiento indígena. Por medio de la
alianza con Víctor Hugo Cárdenas y una serie de intelectuales y de activistas del
movimiento indígena, el MNR convierte en política de Estado el reconocimiento
retórico de la multiculturalidad del país, mientras que la Ley de Participación Popular
habilita mecanismos de ascenso social local capaces de succionar el discurso y la
acción de una buena parte de la intelectualidad indígena crecientemente descontenta.

La aplicación de la Ley de Participación Popular, si bien ha contribuido en algunos
casos a un notable fortalecimiento de las organizaciones sindicales locales que han
logrado proyectarse electoralmente en el ámbito nacional, también puede ser vista
como un mecanismo bastante sofisticado de cooptación de líderes y de activistas
locales, que comienzan a girar y propugnar sus luchas y sus formas organizativas
alrededor de los municipios y las instancias indigenistas expresamente creadas por el
Estado. De esta manera, a la identidad indígena autónoma y asentada en la estructura
organizativa de los "sindicatos", formada desde los años 70, se va a contraponer una
caleidoscópica fragmentación de identidades de ayllus, de municipios y de "etnias".

(...) Con excepción de la gran marcha de 1996 en contra de la ley del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, el protagonismo social de las luchas sociales habrá de
desplazarse del altiplano aymara a las zonas cocaleras del Chapare, donde
predominará un discurso de tipo campesino complementado con algunos
componentes culturales indígenas.

EL INDIANISMO DE LOS AÑOS 90

El tercer periodo de este nuevo ciclo indianista puede ser calificado como estrategia de
poder y se da a finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Es el momento en que
el indianismo deja de ser una ideología que resiste en los resquicios de la dominación
y se expande como una concepción del mundo protohegemónica intentando disputar
la capacidad de dirección cultural y política de la sociedad a la ideología neoliberal que
había prevalecido durante dieciocho años anteriores. De hecho, hoy se puede decir
que la concepción del mundo de corte emancipativo más importante e influyente en la
actual vida política del país es el indianismo, y es el núcleo discursivo y organizativo
de lo que hoy podemos denominar la "nueva izquierda".

La base material de esta colocación histórica del indianismo es la capacidad de
sublevación comunitaria con la que las comunidades indígenas responden a un
creciente proceso de deterioro y decadencia de las estructuras comunitarias
campesinas y de los mecanismos de movilidad social ciudad-campo. Manifiesta ya
desde los años 70, las reformas neoliberales de la economía incidirán de manera
dramática en el sistema de precios del intercambio económico urbano-rural. Al
estancamiento de la productividad agraria tradicional y la apertura de la libre
importación de productos, los términos del intercambio regularmente desfavorables

para la economía campesina, se intensificarán drásticamente comprimiendo la
capacidad de compra, de ahorro y de consumo de las familias campesinas. A ello, se
sumará un mayor estrechamiento del mercado de trabajo urbano y un descenso en el
nivel de ingreso de las escasas actividades laborales urbanas con las que
periódicamente complementan sus ingresos las familias campesinas. Esto restringe la
complementariedad laboral urbano-rural con la que las familias campesinas diseñan
sus estrategias de reproducción colectiva.

Bloqueados los mecanismos de movilidad social internos y externos a las
comunidades, con una migración acelerada a las ciudades en los años recientes, pero
con una ampliación de la migración de doble residencia de aquellas poblaciones
pertenecientes a zonas rurales con condiciones de relativa sostenibilidad productiva
(que a la larga serán las zonas de mayor movilización indígena campesina), el punto
de inicio de las sublevaciones y de expansión de la ideología indianista se da en el
momento en el que las reformas de liberalización de la economía afectan las
condiciones básicas de reproducción de las estructuras comunitarias agrarias y
semiurbanas (agua y tierra). El deterioro creciente de la estructura económica
tradicional de la sociedad rural y urbana ha dado lugar a un fortalecimiento de los
lazos comunitarios como mecanismos de seguridad primaria y reproducción colectiva.
La politización que hará el indianismo de la cultura, del idioma, de la historia y la piel,
elementos precisamente utilizados por la "modernidad" urbana para bloquear y
legitimar la contracción de los mecanismos de inclusión y movilidad social, serán los
componentes palpables de una ideología comunitarista de emancipación que
rápidamente erosionará la ideología neoliberal. Este indianismo cohesionará una
fuerza de masa movilizable, insurreccional y electoral, logrando politizar el campo
político discursivo y consolidándose como una ideología con proyección estatal.

Este indianismo, como estrategia de poder, presenta en la actualidad dos vertientes:
una de corte moderada (Movimiento al Socialismo, MAS-Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos, IPSP) y otra radical (Movimiento Indígena Pachakuti, MIP-
CSUTCB). La vertiente moderada es la articulada en torno a los sindicatos
campesinos del Chapare enfrentados a las políticas de erradicación de cocaleros.
Sobre un discurso campesinista que ha ido adquiriendo connotaciones más étnicas
recién en los años recientes, los sindicatos cocaleros han logrado establecer un
abanico de alianzas flexibles y plurales. Reivindicando un proyecto de inclusión de los
pueblos indígenas en las estructuras de poder y poniendo mayor énfasis en una
postura antimperialista, esta vertiente puede ser definida como indianista de izquierda
por su capacidad de recoger la memoria nacional-popular, marxista y de izquierda
formada en las décadas anteriores, lo que le ha permitido una mayor recepción
urbana, multisectorial y plurirregional a su convocatoria, haciendo de ella la principal
fuerza político parlamentaria de la izquierda y la principal fuerza electoral municipal del
país.

Por su parte, la corriente indianista radical tiene más bien un proyecto de indianización
total de las estructuras de poder político. Si bien la temática campesina siempre está
en el repertorio discursivo de este indianismo, todos los elementos reivindicativos
están ordenados y direccionados por la identidad étnica ("naciones originarias
aymaras y quechuas"). Por ello, esta corriente se ha consolidado sólo en el mundo
estrictamente aymara, urbano-rural, por lo que puede ser considerada como un tipo de
indianismo nacional aymara.

Pese a sus notables diferencias y enfrentamientos, ambas corrientes comparten
trayectorias políticas similares:

a) Tienen como base social organizativa los sindicatos y comunidades agrarias
indígenas.

b) Los "partidos" o "instrumentos políticos" parlamentarios resultan de coaliciones
negociadas de sindicatos campesinos y, en el caso del MAS, urbano populares, que
se unen para acceder a representaciones parlamentarias, con lo que la triada
"sindicato-masa-partido", tan propia de la antigua izquierda, es dejada de lado por una
lectura del "partido" como prolongación parlamentaria del sindicato.

c) Su liderazgo y gran parte de su intelectualidad y plana mayor (en mayor medida en
el MIP), son indígenas aymaras o quechuas y productores directos, con lo que la
incursión en la política toma la forma de una autorrepresentación de clase y étnica,
simultáneamente.

d) La identidad étnica, integracionista en unos casos o autodeterminativa en otros, es
la base discursiva del proyecto político con el que se enfrentan al Estado e interpelan
al resto de la sociedad, incluido el mundo obrero asalariado.

e) Si bien la democracia es un escenario de despliegue de sus reivindicaciones, hay
una propuesta de ampliación y complejización de la democracia a partir del ejercicio
de lógicas organizativas no liberales, y la postulación de un proyecto de poder en torno
a un tipo de cogobierno de naciones y pueblos
*
Este artículo fue publicado en la revista Barataria Nº 2, marzo-abril 2005, El Juguete Rabioso
(Edición Malatesta: La Paz).

**
Álvaro García Linera nació el 19 de octubre de 1962 Cochabamba, Bolivia. Realizó sus
estudios básicos en su país natal, luego viajó a México donde cursó la Carrera de matemáticas
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1985 regresó a Bolivia donde se
relacionó con grupos de trabajadores mineros e indígenas y se embarcó en el proyecto político
de un gobierno indígena de liberación de los pueblos. En 1992 fue detenido y encarcelado
durante cinco años por su participación en la estructura de mando del Ejército Guerrillero
Tupak Katari (EGTK). Desde 1997 en adelante, se dedicó a la docencia y a la investigación
social, dictó cátedra en varias universidades de su país y es invitado como profesor visitante a
dar conferencias en varias universidades de Francia, España, México y Argentina. En 2004
recibió el premio en Ciencias Sociales "Agustín Cueva" de la Escuela de Sociología y Ciencias
Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Ha publicado en varios idiomas decenas de
ensayos, artículos académicos, investigaciones y libros. Entre sus obras más recientes
destacan: "Lucha por el poder en Bolivia", en Horizontes y límites del Estado y el poder
(Muela del Diablo Editores: La Paz, 2005); Estado multinacional (Editorial Malatesta: La Paz,
2005); Sociología de los movimientos sociales en Bolivia (Diakonia/Oxfam G.B., Plural: La
Paz, 2004), y "Los impactos de la capitalización: Evaluación a medio término", en: Diez años
de la capitalización, Luces y Sombras (Delegación presidencial para la revisión y mejora de
la capitalización. La Paz, 2004). Participó en la contienda electoral de 2005 compartiendo
fórmula con Evo Morales. El 21 de enero de 2006 asumió la vicepresidencia de Bolivia

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