1. nº54/2

2. El gobierno de Rajoy acaba
de aprobar una nueva reforma del
sistema público de pensiones. Rajoy
está intentando desmontar el Estado
del bienestar de arriba abajo: Wert
le quita dinero a la enseñanza pública
para dársela a la privada, y la ha
armado parda con la subidas de las
tasas y el recorte de las becas, dan
un paso hacia la desigualdad de
oportunidades; las CC.AA. del PP
(no solo Madrid) están privatizando
la sanidad pública, el Gobierno central
ha impuesto el copago de los
fármacos, incluso a los enfermos
crónicos como son los del cáncer, la
artritis, etc.; ha puesto en el
congelador la Ley de Dependencia;
y a reforma laboral ha dado en el
centro de la diana de la solidaridad
y la lucha de los trabajadores que son
la base para el sindicalismo de clase,
la negociación colectiva, y ha
recortado el nivel salarial
asimétricamente, empresa a empresa,
un 6’4% de media en los 3 últimos
años, incluido el del salario de los
funcionarios (un 15% con las
congelaciones de los 3 últimos años
más la definida para el 2014 y el
recorte de las pagas extras y los días
de permiso retribuido), incluidos los
dedicados a la investigación y la
ciencia. Un desmontaje en toda regla.
El Estado del bienestar sólo
se puede desmontar por parte de
la oligarquía político-financiera con
la derrota de la resistencia del
enemigo de clase, los trabajadores
y sus sindicatos de clase: de ahí que
la reforma laboral haya venido
acompañada de una campaña contra
estos sindicatos (no los amarillos),
sin parangón; pero además, cuando
se segmenta a la clase obrera entre
parados y excluidos sociales,
precarios de 300 euros al mes, de 500
mes, de 700, de 1.000 (los mileuristas
ya son unos “privilegiados”) y los
de empleo estable, la conciencia de
clase desaparece, aumenta el “sálvese
quien pueda”. La resistencia es
minoritaria, residual, sobre todo en
un país como España, acostumbrada
a 40 años de dictadura, a una
transición pactada que no devolvió
al pueblo su protagonismo, y una
etapa de unos 30 años de crear una
numerosa cae media sumida en el
espejismo del “capitalismo popular”
(créditos hipotecarios y de consumo
para todas las rentas, salarios basados
en la construcción del sector
inmobiliario, como coartada del
ingente negocio especulador,
promoción del ahorro mediante las
inversiones en bolsa, en acciones,
en preferentes, en productos
financieros sin pleno conocimiento
de su letra pequeña, etc.). La
resistencia obrera y popular se
manifiesta fragmentada, marginal
y desorientada: en las encuestas
aparece el malestar, pero en las calles
y en los medios de comunicación
sólo se manifiesta mezclada con un
rechazo a la política en general, sin
centrar su esperanza en una
alternativa creíble al sistema.
C e n t r é m o n o s e n e l
desmontaje de las pensiones.
Zapatero aprobó otra reforma en
2011 que inició el camino: congeló
en 2010 las pensiones de 2011, para
recortar 5.000 millones de euros en
el gasto en 2010 y 10.000 en 2011;
y en la reforma del sistema público
de pensiones de 2011 consensuó con
los sindicatos retrasar la edad de
jubilación a los 67 años, y ampliando
el período de tiempo para el cálculo
de la base reguladora de la pensión
desde 15 a 25 años, gradualmente
hasta 2027, así como otras medidas
regresivas, junto a otras (pocas) que
son incluso beneficiosas para los
trabajadores. Esta reforma ha
supuesto un recorte diferido del poder
adquisitivo de la mayoría de las
pensiones de jubilación, aunque
algunos pudieran beneficiarse
(aquellos que tuvieron empleos con
mayor cotización en períodos medios
de su vida laboral).
La reforma anunciada por
la ministra Báñez mete más a fondo
la tijera, pues supone un auténtico
desmontaje del sistema público de
la Seguridad Social en España.

3. Quiere recortar 33.000 millones de
euros en 9 años, a razón de 5.000
millones anuales, empezando por los
800 que recortará en 2014. Como ya
se acordó en 2011, se amplía a 67
años la edad de jubilación; en
consecuencia, los jóvenes se
encontrarán con más dificultad a la
hora de encontrar su primer empleo;
se exigen 40 años completos para
tener derecho al 100% de una
pensión pública, por lo que los
precarios y parados no alcanzará una
pensión contributiva y digna, pues
su vida laboral será corta; se destinan
recursos del Fondo de Reserva
para deuda pública y deuda del
Estado, mientras el gobierno no
garantiza aportaciones de los
presupuestos generales a la caja única
de la Seguridad Social; y se
introducen dos factores que recortan
la cuantía de las pensiones de los
actuales pensionistas (factor de
revalorización: desvinculación de
la revalorización de las pensiones
respecto del IPC, e introduciendo un
índice en el que se tiene en cuenta la
marcha de las finanzas de la
Seguridad Social, marcando el tope
mínimo de la revalorización en un
0’25%, y tope máximo el IPC más
0’25%; y factor de sostenibilidad,
que introduce una fórmula para el
cálculo de las pensiones futuras
teniendo en cuenta algo tan aleatorio
como la esperanza de vida).
Hay cuatro características
que conviene destacar de estas
medidas propuestas por el Consejo
de Ministros:
1º) Es un ataque sin precedentes e
injustificado a las pensiones
públicas. No es cierto que sea para
sostener el sistema público de
pensiones; ni siquiera es el motivo
verdadero el ajuste fiscal mediante
la política de recortes, en este caso
afectando ahora a las pensiones; el
propósito de este Gobierno de
derechas es de más largo alcance:
responde a su credo neoliberal de
reducir a la mínima expresión el
Estado del Bienestar, para devolverle
al mercado todos los elementos
susceptibles de negocio privado que
en su día le fueron arrebatados a las
clases dominantes en función de una
lucha obrera y de los pactos de
posguerra; y en este caso, responde
al intento de ampliar el negocio de
los planes privados de pensiones de
aquellos trabajadores cuyo salario
tenga una cuantía suficiente como para
permitir el ahorro de parte del mismo;
se trata de contribuir con el ahorro
salarial a la recomposición del capital
en una fase de resuelta acumulación
para competir en el mercado
globalizado y dominado por el
modelo de la financiarización de la
economía.
Las pensiones públicas es un
bocado muy sustancioso: si el
Gobierno pretende gastarse en 2014
unos 250.000 millones de euros según
los cálculos adelantados para los
Presupuestos Generales del
Estado, solo en pensiones
públicas el gasto será en 2014
de unos 133.000 millones al
año, habiendo llegado en 2013 al
10’1% del PIB. Los fondos de
pensiones alemanes tienen más de dos
billones de euros, el 100% de su PIB,
y Holanda tiene el 120% de su PIB.
El sector financiero no puede permitir
que un nivel tan elevado de dinero
como el de las pensiones no pasen por
sus manos, para así obtener pingues
beneficios.
Poco le importa al Gobierno
de Rajoy que los actuales 9.349.000
pensionistas tengan una mísera
pensión media de 920 euros
mensuales, que en Andalucía los
1.447.314 pensionistas la tengan
reducida a 779,28 euros mensuales
de media, mientras que otras CC.AA.
superan la cantidad de 1.000 euros
mensuales (Madrid 1.101 euros,
Euskadi 1.059 euros, Asturias 1.013
euros). Poco le importa a Rajoy que
el 30% de los andaluces están en el
umbral de la pobreza, y que el 21%
de la población española está en la
pobreza.
Poco le importa a Rajoy
recortar aún más estas irrisorias
cantidades que son el sostén de
supervivencia de muchas familias
cuyos miembros jóvenes han sido
despedidos, o nunca han accedido al
primer empleo, y forman parte de los
6 millones de parados, o sobreviven
con el trapicheo del empleo sumergido
o mal pagado. Para Rajoy lo
importante son las cifras
macroeconómicas: salir de la recesión,
que los bancos y las grandes empresas
tengan incrementos de beneficios
anuales, que los especuladores
internacionales confíen en “la marca
España”. ¿Todas las cifras
macroeconómicas? No todas. Algunas
n o
l e
preocupan
demasiado:
por ejemplo, la
tasa de paro, que se
va a quedar en un 26’6%
en 2013 y se piensa que puede
bajará al 25’9% en 2014. Sobran
cinco millones de trabajadores, pues
como dice J.M. Ruiz Soroa en “Las
formas de la desigualdad” (El País,
7/9/2013, “los trabajadores carecen
de una retribución digna porque las
sociedades no los necesitan para
crecer”. La civilización construida
por el capitalismo neoliberal se ha
deshumanizado. Es el darwinismo
social como filosofía de fondo.
2º) Rompe la piedra angular del
Pacto de Toledo de 1995, que es el
consenso de todas las fuerzas
políticas del Congreso de los
Diputados, además de intentarlo con
los sindicatos (la patronal estará de
acuerdo en cualquier medida que
signifique un recorte del gasto
público).
Precisamente este Pacto
sobre las pensiones públicas se
sustancia como reacción frente a la
ofensiva llevada a cabo por las
entidades financieras y la patronal
para poner bajo sospecha la solidez
financiera del sistema público de
pensiones, y así promocionar la
ampliación del segmento del pastel
que se destine a las pensiones
complementarias privadas, los
seguros de vida, planes de empleo,
etc. La campaña llevada a cabo
desde 1991 argumentaba que la
Seguridad Social española tenía
un agujero de miles de millones, y
que la insostenibilidad del sistema
público se basaba en los siguientes
e l e m e n t o s : l o s f a c t o re s
demográficos de descenso de la
natalidad e incremento de la
esperanza de vida, junto con el
“efecto sustitución” de las
pensiones de una generación que
tenía salarios inferiores por las de
otra generación con los salarios más
altos. En base a todo esto, auguraban
que para 2004 el sistema entraría en

4. quiebra de no adoptarse medidas de
recorte. Previsión errónea: el sistema
ni tenía agujeros (más bien al revés,
era Hacienda quien le debía a la
Seguridad Social unos 3’7 billones
de pesetas por pagar parte de la
sanidad y de las pensiones no
contributivas).
Las 15 recomendaciones del
Pacto de Toledo caen en la trampa
de aseverar que estos factores son
un peligro real. Pero la correlación
de fuerzas en el Congreso en el
momento de la firma del pacto,
diciembre de 1995, es favorable a
los planteamientos menos lesivos
para el mantenimiento del sistema
de pensiones: así, se establece una
“separación de fuentes”
(recomendación núm.1) que permite
distinguir las prestaciones que tiene
que pagar la Seguridad Social y las
que tiene que pagar Hacienda del
Estado (la sanidad, las pensiones no
contributivas, los complementos a
mínimos, las ayudas sociales creadas
de forma coyuntural poros gobiernos
de turno); se establece una
salvaguarda para que en el caso de
que a la Seguridad Social le falte
dinero para cubrir las pensiones, se
pueda echar mano de un Fondo de
Reserva (recomendación núm.2)
constituido por los superávits
existentes en cada ejercicio (que ha
llegado a tener unos 66.000 millones
de euros acumulados en los a los de
bonanza, pese a que el Gobierno se
quedaba con parte de esos superávits,
incumpliendo así el acuerdo del Pacto
de Toledo), e incluso se prevé la
posibilidad de que el Estado puede
atender necesidades específicas que
surjan en el sistema público de las
pensiones.
3º) Una de las dos medidas de la
reforma aprobada por Rajoy, la
desvinculación de la revaloración
de la cuantía de las pensiones
respecto de la inflación,
desnaturaliza el carácter
sustitutivo de las rentas de activo
que hasta ahora tenían las
pensiones de jubilación, y supondrá
un recorte de al menos un 20% del
poder adquisitivo de las pensiones
en el período de los próximos 10
años (los sindicatos hablan de un
recorte de un 25%, pues en el IPC
se valoran los TV de plasma los
coches, etc. y no los gastos habituales
y elementales de los pensionistas,
los gastos fijos del hogar y la cesta
de compra, que es el 90%). Se
empobrecerán millones de
pensionistas que se situarán por
debajo del umbral de la pobreza. Si
se cumplen las previsiones de los
sindicatos, las pensiones de 1.000
euros equivaldrán a 750 euros en
2022.
Una de las recomendaciones
del Pacto de Toledo prevé la mejora
de las bases de las pensiones
(recomendación núm.3) y la
revalorización automática de las
mismas respecto del incremento
de los precios (recomendación
núm.11). Sus autores son
conscientes de que el poder
adquisitivo de las rentas dependientes
de una pensión se ve mermado por
el impacto de la inflación (IPC). Por
eso escriben negro sobre blanco lo
siguiente: “11. Mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones.-
Es criterio de la Ponencia que debe
garantizarse el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones
mediante la revalorización
automática de las mismas, en función
de la evolución del índice de precios
al consumo y a traves de formulas
estables de contenido similar a la
aplicada en el presente año”. Rajoy
rompe, por tanto, el consenso
conseguido Pacto de Toledo.
Un 25% de reducción de las
pensiones, más un 21% de reducción
de los salarios en un decenio, según
va la reducción salarial hasta el
presente: es la estrategia de competir
por la vía de los salarios bajos, a la
que se acompaña los derechos
sociales bajos y las pensiones bajas.
La disminución de ese poder
adquisitivo de las pensiones no es
solo un ataque a los más débiles.
Lo es, y en una cuantía nada
desdeñable. Es además un dislate
económico de cuidado: va a reducir
la demanda interna, por la reducción
de la capacidad de consumo de los
hogares. A Rajoy se le llena la boca
de decir que prima el crecimiento
sobre el déficit fiscal. Pero lo único
que funciona en la economía española
son las exportaciones, que parecen
incrementarse, sobre todo porque
disminuyen las importaciones (lo cual
no se sabe si es una buena o una mala
señal, depende de por dónde se mire);
pero la demanda interna (consumo
más inversión) no deja de retroceder.
Mucho tiene que ver en esto las
reformas que la troika le impone a
España, entre otras los recortes en
los empleados públicos, los recortes
salariales, los recortes en la
financiación pública del bienestar.
Se trata de la devaluación
del euro a la española. A falta de la
capacidad de manejar políticas
monetarias autónomas por parte del
Estado español por estar sometidos
a la única política monetaria posible
en el euro, gestionada por el BCE, la
forma que se le ocurre al Gobierno
español de ajustar el déficit es subir
los impuestos a la mayoría social
(IVA) y recortar los costes salariales
directos (nóminas) e indirectas (costes
de las instituciones del Estado del
Bienestar).
4º) La otra medida la del factor de
la sostenibilidad, no tiene
justificación pues el sistema es
sostenible sin necesidad de recortes,
y además supone un retroceso de
siglo y medio en los derechos de los
trabajadores.
Porque el Estado del
Bienestar no es un invento de la
socialdemocracia. En sentido
amplio, es algo mucho más antiguo,
tiene una historia previa, es tan
antiguo como la lucha de clases
surgida en los albores del siglo XIX.
La cobertura de la situación de los
trabajadores que dejan de trabajar,
bien por motivos de enfermedad, bien
por motivos de su cese definitivo al
llegar a la vejez. Fue la lucha de los
trabajadores en pleno siglo XIX el
que mueve a la burguesía, dueños de
las fábricas y de las mercancías
creadas por los trabajadores, quienes
se muestran forzados a dar cobertura
a las situaciones de enfermedad y de
vejez mediante los seguros
correspondientes, bien pagados
inicialmente por las propias empresas,
bien pagados por mutualidades de las
distintas ramas de la producción.
Llegado el siglo XX, se

5. institucionaliza un incipiente sistema
público de Seguridad Social. La Ley
de Accidentes de Trabajo de 1900
es la primera. , jefe de gobierno de
crea por la Ley del de el INP
(Instituto Nacional de Previsión), la
primera institución oficial encargada
de la y de la en . El INP establece
el régimen legal español del Retiro
Obrero (la perra gorda), bajo el
sistema de la libertad subsidiada de
las pensiones de vejez que libremente
contrataran los obreros con este
organismo. Le siguen el Subsidio de
Maternidad (1923), el Seguro
Obligatorio de Maternidad (1929).
Y se amplían los beneficios de la
Ley de Accidentes del Trabajo a los
trabajadores agrícolas (1931),
aplicando a todos los trabajadores
de la agricultura la ley de 1900. Y
en 1932 se establecen las
obligaciones de la Ley deAccidentes
de Trabajo en la Industria.
Incluso el sistema dictatorial
de Franco procura avanzar
demagógicamente algunos derechos
sociales, mezclando instituciones
tales como el INP, -que sigue
gestionando no sólo las pensiones y
el desempleo, sino la sanidad
pública- y las Mutualidades
Laborales, que complementan el
fraccionario sistema público
establecido por el franquismo. El
SOE (Seguro Obligatorio de
Enfermedad) se crea en 1942,
implantado el 1 de septiembre de
1944. En con la Ley de Bases de la
Seguridad Social se suprimen los
esquemas clásicos de previsión y
seguros sociales, y se instrumenta el
desarrollo del sistema de . En se
modifican y amplían las prestaciones
de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social.
El y William Henry
Beveridge (-) y su informe de , Social
Insurance and Allied Services
(conocido como el "Primer informe
Beveridge") creó las bases teóricas
del Welfare State (Estado del
Bienestar propiamente dicho)
instaurado por parte del gobierno
posterior a la .
Cuando España accede a la
democracia en 1978, se intenta
avanzar en la construcción de un
Estado del Bienestar semejante al
establecido en los países del entorno
democrático europeo. Por ello se
suprimen las Mutualidades y
el INP, y se crean
instituciones tan potentes
como el Insalud, el INSS y
la TGSS (Instituto y
Tesorería de la Seguridad
Social), el ISM (Instituto
Social de la Marina), el
Inserso (Instituto de los
Servicios Sociales), así como
la Gerencia de Informática.
Los nuevos gobiernos
democráticos españoles
extienden los derechos
sociales: universalizan la
sanidad pública, amplían la
cobertura educativa pública
desde los niveles, crean las
pensiones no contributivas
(para los que no han cotizado
lo suficiente para acceder a
una contributiva, y finalmente
se completa el sistema con la
cuarta pata, el sistema de
Atención a la Dependencia, mediante
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Así se completa el sistema público del
bienestar, con cuatro patas: Educación,
Sanidad, Prestaciones Sociales
(Pensiones, contributivas o no, y
Desempleo) y Dependencia.
Mientras los demás países
europeos iban de vuelta, con un sistema
público de bienestar consolidado y
amplio, que inicialmente se resiste a
las ideas reformistas de los líderes
neoliberales anglosajones Thatcher y
Reagan para evitar que las crisis
financieras (derivadas de la subida del
precio del petróleo en los70, y de las
demás “crisis” que se sucedieron en las
tres décadas posteriores) se lleven por
delante la Europa Social, España todavía
estaba montándolo, hasta conseguir un
Estado del Medioestar, que es el que
ahora la UE y Rajoy intentan desmontar.
Pero hoy sabemos que la crisis
ha sido una excusa de los neoliberales
para llevar adelante su dogma
económico: menos Estado (salvo para
salvar a la banca y a las
multinacionales), más mercado. La
crisis es una estafa para los de abajo.
La coartada que utilizan para llevar
adelante es injustificada:
1. La sostenibilidad del sistema
público de pensiones en España no
depende de la demografía ni del efecto
sustitución, sino que es un problema
del mercado de trabajo, de que el
modelo económico funcione o no, de
que la productividad crezca, no en
base a echar trabajadores a la calle
y la exclusión, sino en base al
desarrollo sostenible, al crecimiento
en base a la igualdad de retribuciones
y estándares de rentas, a la
introducción de la calidad y la
tecnología en la producción de
mercancías, obras y servicios, a la
cualificación de los trabajadores y
los gestores empresariales, a la
cooperación y no a la competitividad.
Un Gobierno que prescinde del
trabajo de 6 millones de personas
no puede aspirar a recaudar
fiscalmente dinero suficiente para
nada. Ese es el verdadero problema:
el modelo económico, el Gobierno
de una derecha prepotente,
dogmática e inmoralmente codiciosa.
2. El Gobierno no puede
negarse a aportar dinero para las
pensiones en el caso hipotético de
que le falte liquidez a la caja única
de la Seguridad Social para pagar
pensiones. El Estado tiene que
hacer una aportación de los
presupuestos generales. ¿Dónde
está escrito que el Estado no pueda
hacer una aportación económica a
la Seguridad Social para garantizar
el pago de todas las pensiones?
¿Acaso no paga al ejército? ¿Acaso
no le ha dado más de 300.000
millones de euros a la banca para
tapar sus agujeros? Esa es la clave.

6. 3. No es de recibo recortar
las pensiones mientras hay 60.000
millones en el Fondo de Reserva.
Durante algunos años, mientras dure
la recesión o la depresión económica
en que está España, que el Gobierno
tire de esos millones, y no los dedique
a pagar deuda soberana.
4. El problema no son los
factores demográficos: no es el
crecimiento de la pirámide de edad
o envejecimiento de la población, ni
la reducción de la tasa de natalidad.
Lo mismo que la crisis anunciada
por los interesados banqueros que la
anunciaban en 1992 para el 2004
gracias a la masa de inmigrantes que
vinieron a España porque abundaba
el empleo, de esta crisis se saldrá
gracias al cambio de modelo
económico que facilite el crecimiento
del empleo de los parados autóctonos
y el de los que vengan de otros países.
5. El Gobierno tiene dinero
o debe tenerlo. Algo tendrá que ver
el buen nivel de gestión de la lucha
contra el fraude fiscal. La actual
política fiscal ampara a los
defraudadores. En 2012 se han
evadido de España más de 300.000
millones de euros, según datos del
FMI. Gestha, la asociación de
técnicos e inspectores de Hacienda,
calcula un fraude a la Hacienda
Pública de unos 80.000 millones de
euros que afecta sobre todo a las
grandes fortunas y a las grandes
compañías empresariales. Además,
paraísos fiscales ocultan un tercio
del PIB mundial, cerca de 24 billones
de euros. Las sicav pagan solo un
1%. Se ha suprimido el impuesto de
patrimonio, y el Gobierno ha
boicoteado el impuesto sobre los
depósitos bancarios haciendo una
ley estatal imponiendo un tipo cero.
6. Juan Torres arremetía en
2011 contra los argumentos
demográficos tildándolos de engaño;
“Según las predicciones más
alarmistas (de esos que nunca han
acertado lo que iba a ocurrir ni en
los cinco años próximos) el gasto
‘insoportable’ al que llevaría el
envejecimiento previsto de la
población española supondría gastar
en 2050 un 15% o un 17% de nuestro
PIB. Parece mucho, pero Italia gasta
en estos momentos alrededor del
14%. Es tan irreal decir que ese
porcentaje sería insostenible en 2050
que incluso alguno de los
economistas que han firmado el
manifiesto de los 100 solicitando
reformas liberales de las pensiones
públicas ha reconocido que ese no
es el auténtico problema del
sistema”. El catedrático Viçens
Navarro (“Las pensiones son
viables”, El Viejo Topo, Julio-
Agosto 2009.) realiza una proyección
económica en la que demuestra que
“se ignora el impacto del crecimiento
de la productividad sobre el PIB
del año 2060. Supongamos que
el crecimiento anual de la
productividad es un 1,5%, un
crecimiento que incluso el
Banco de España admite como
razonable. En este caso, el valor del
PIB español será 2,23 veces mayor
que el PIB del año 2007. Ello quiere
decir que si consideramos el valor
del PIB del año 2007 como 100, el
del año 2060 será de 223. Pues bien,
el número de recursos para los no
pensionistas en el año 2007 fue de
100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad
que nos gastamos aquel año en
pensionistas), es decir, 91,6. En el
año 2060 los recursos a los
pensionistas serán el 15,1% de 223,
es decir 33, y para los no
pensionistas será 223 menos 33, es
decir, 192, una cantidad que es más
del doble de la existente en el año
2007, 91,6. Debido al crecimiento
de la productividad, en el año 2060
habrá más recursos para los no
pensionistas que hoy, y ello a pesar
de que el porcentaje del PIB
dedicado a pensiones es superior en
el año 2060 que en el 2007. Los que
alarman innecesariamente a la
población olvidan un hecho muy
elemental. Hace cincuenta años,
España dedicaba a las pensiones
sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%,
más del doble
que cincuenta
años atrás. Y la
sociedad tiene
muchos más
fondos para los
no pensionistas
de los que había
entonces, aún
c u a n d o e l
porcentaje del
P I B e n
pensiones sea
mucho mayor
a h o r a q u e
entonces.
Por cierto, ya
hace cincuenta
a ñ o s , c u a n d o
España se gastaba un 3%
del PIB en pensiones, había
voces liberales que decían que
en cincuenta años se doblaría o
triplicaría tal porcentaje, arruinando
el país. Pues bien, estamos cincuenta
años más tarde, y el país tiene más
recursos para los no pensionistas que
existían entonces, aún cuando el
porcentaje del PIB dedicado a
pensiones se ha doblado”. Este
argumento sigue siendo hoy válido.
La clave, pues, es cambiar el modelo
económico para aumentar el índice
de productividad.
Con esta operación de
desmontaje del sistema público de
pensiones, España deja de ser un
Estado Democrático y Social de
Derecho. Es un retroceso de la línea
emprendida hace siglo y medio. Es
un auténtico golpe de Estado. Once
millones de ciudadanos votaron a
Rajoy para que gestionara lo público,
no ara que lo desmantelara, que es lo
que está haciendo para salvar a los
bancos y a los poderosos. Como dice
el informe del PCA, “sólo la
movilización de la gente, la
desobediencia civil radical, impedirá
que se abra camino esta reforma tan
dañina”.
Pedro Vaquero del Pozo

7. miércoles, 9 oct.
19.00 horas
Centro Cívico
Zaidín
ACTO PÚBLICO
INTERVIENE>
en Granada