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sistema público de pensiones. Rajoy
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Quiere recortar 33.000 millones de
euros en 9 años, a razón de 5.000
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quiebra de no adoptarse medidas de
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institucionaliza un incipiente sistema
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de Accidentes de Trabajo de 1900
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3. No es de recibo recortar
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millones en el Fondo de Reserva.
Durante algunos años, mient...
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Especial pensiones

  1. 1. nº54/2
  2. 2. El gobierno de Rajoy acaba de aprobar una nueva reforma del sistema público de pensiones. Rajoy está intentando desmontar el Estado del bienestar de arriba abajo: Wert le quita dinero a la enseñanza pública para dársela a la privada, y la ha armado parda con la subidas de las tasas y el recorte de las becas, dan un paso hacia la desigualdad de oportunidades; las CC.AA. del PP (no solo Madrid) están privatizando la sanidad pública, el Gobierno central ha impuesto el copago de los fármacos, incluso a los enfermos crónicos como son los del cáncer, la artritis, etc.; ha puesto en el congelador la Ley de Dependencia; y a reforma laboral ha dado en el centro de la diana de la solidaridad y la lucha de los trabajadores que son la base para el sindicalismo de clase, la negociación colectiva, y ha recortado el nivel salarial asimétricamente, empresa a empresa, un 6’4% de media en los 3 últimos años, incluido el del salario de los funcionarios (un 15% con las congelaciones de los 3 últimos años más la definida para el 2014 y el recorte de las pagas extras y los días de permiso retribuido), incluidos los dedicados a la investigación y la ciencia. Un desmontaje en toda regla. El Estado del bienestar sólo se puede desmontar por parte de la oligarquía político-financiera con la derrota de la resistencia del enemigo de clase, los trabajadores y sus sindicatos de clase: de ahí que la reforma laboral haya venido acompañada de una campaña contra estos sindicatos (no los amarillos), sin parangón; pero además, cuando se segmenta a la clase obrera entre parados y excluidos sociales, precarios de 300 euros al mes, de 500 mes, de 700, de 1.000 (los mileuristas ya son unos “privilegiados”) y los de empleo estable, la conciencia de clase desaparece, aumenta el “sálvese quien pueda”. La resistencia es minoritaria, residual, sobre todo en un país como España, acostumbrada a 40 años de dictadura, a una transición pactada que no devolvió al pueblo su protagonismo, y una etapa de unos 30 años de crear una numerosa cae media sumida en el espejismo del “capitalismo popular” (créditos hipotecarios y de consumo para todas las rentas, salarios basados en la construcción del sector inmobiliario, como coartada del ingente negocio especulador, promoción del ahorro mediante las inversiones en bolsa, en acciones, en preferentes, en productos financieros sin pleno conocimiento de su letra pequeña, etc.). La resistencia obrera y popular se manifiesta fragmentada, marginal y desorientada: en las encuestas aparece el malestar, pero en las calles y en los medios de comunicación sólo se manifiesta mezclada con un rechazo a la política en general, sin centrar su esperanza en una alternativa creíble al sistema. C e n t r é m o n o s e n e l desmontaje de las pensiones. Zapatero aprobó otra reforma en 2011 que inició el camino: congeló en 2010 las pensiones de 2011, para recortar 5.000 millones de euros en el gasto en 2010 y 10.000 en 2011; y en la reforma del sistema público de pensiones de 2011 consensuó con los sindicatos retrasar la edad de jubilación a los 67 años, y ampliando el período de tiempo para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde 15 a 25 años, gradualmente hasta 2027, así como otras medidas regresivas, junto a otras (pocas) que son incluso beneficiosas para los trabajadores. Esta reforma ha supuesto un recorte diferido del poder adquisitivo de la mayoría de las pensiones de jubilación, aunque algunos pudieran beneficiarse (aquellos que tuvieron empleos con mayor cotización en períodos medios de su vida laboral). La reforma anunciada por la ministra Báñez mete más a fondo la tijera, pues supone un auténtico desmontaje del sistema público de la Seguridad Social en España.
  3. 3. Quiere recortar 33.000 millones de euros en 9 años, a razón de 5.000 millones anuales, empezando por los 800 que recortará en 2014. Como ya se acordó en 2011, se amplía a 67 años la edad de jubilación; en consecuencia, los jóvenes se encontrarán con más dificultad a la hora de encontrar su primer empleo; se exigen 40 años completos para tener derecho al 100% de una pensión pública, por lo que los precarios y parados no alcanzará una pensión contributiva y digna, pues su vida laboral será corta; se destinan recursos del Fondo de Reserva para deuda pública y deuda del Estado, mientras el gobierno no garantiza aportaciones de los presupuestos generales a la caja única de la Seguridad Social; y se introducen dos factores que recortan la cuantía de las pensiones de los actuales pensionistas (factor de revalorización: desvinculación de la revalorización de las pensiones respecto del IPC, e introduciendo un índice en el que se tiene en cuenta la marcha de las finanzas de la Seguridad Social, marcando el tope mínimo de la revalorización en un 0’25%, y tope máximo el IPC más 0’25%; y factor de sostenibilidad, que introduce una fórmula para el cálculo de las pensiones futuras teniendo en cuenta algo tan aleatorio como la esperanza de vida). Hay cuatro características que conviene destacar de estas medidas propuestas por el Consejo de Ministros: 1º) Es un ataque sin precedentes e injustificado a las pensiones públicas. No es cierto que sea para sostener el sistema público de pensiones; ni siquiera es el motivo verdadero el ajuste fiscal mediante la política de recortes, en este caso afectando ahora a las pensiones; el propósito de este Gobierno de derechas es de más largo alcance: responde a su credo neoliberal de reducir a la mínima expresión el Estado del Bienestar, para devolverle al mercado todos los elementos susceptibles de negocio privado que en su día le fueron arrebatados a las clases dominantes en función de una lucha obrera y de los pactos de posguerra; y en este caso, responde al intento de ampliar el negocio de los planes privados de pensiones de aquellos trabajadores cuyo salario tenga una cuantía suficiente como para permitir el ahorro de parte del mismo; se trata de contribuir con el ahorro salarial a la recomposición del capital en una fase de resuelta acumulación para competir en el mercado globalizado y dominado por el modelo de la financiarización de la economía. Las pensiones públicas es un bocado muy sustancioso: si el Gobierno pretende gastarse en 2014 unos 250.000 millones de euros según los cálculos adelantados para los Presupuestos Generales del Estado, solo en pensiones públicas el gasto será en 2014 de unos 133.000 millones al año, habiendo llegado en 2013 al 10’1% del PIB. Los fondos de pensiones alemanes tienen más de dos billones de euros, el 100% de su PIB, y Holanda tiene el 120% de su PIB. El sector financiero no puede permitir que un nivel tan elevado de dinero como el de las pensiones no pasen por sus manos, para así obtener pingues beneficios. Poco le importa al Gobierno de Rajoy que los actuales 9.349.000 pensionistas tengan una mísera pensión media de 920 euros mensuales, que en Andalucía los 1.447.314 pensionistas la tengan reducida a 779,28 euros mensuales de media, mientras que otras CC.AA. superan la cantidad de 1.000 euros mensuales (Madrid 1.101 euros, Euskadi 1.059 euros, Asturias 1.013 euros). Poco le importa a Rajoy que el 30% de los andaluces están en el umbral de la pobreza, y que el 21% de la población española está en la pobreza. Poco le importa a Rajoy recortar aún más estas irrisorias cantidades que son el sostén de supervivencia de muchas familias cuyos miembros jóvenes han sido despedidos, o nunca han accedido al primer empleo, y forman parte de los 6 millones de parados, o sobreviven con el trapicheo del empleo sumergido o mal pagado. Para Rajoy lo importante son las cifras macroeconómicas: salir de la recesión, que los bancos y las grandes empresas tengan incrementos de beneficios anuales, que los especuladores internacionales confíen en “la marca España”. ¿Todas las cifras macroeconómicas? No todas. Algunas n o l e preocupan demasiado: por ejemplo, la tasa de paro, que se va a quedar en un 26’6% en 2013 y se piensa que puede bajará al 25’9% en 2014. Sobran cinco millones de trabajadores, pues como dice J.M. Ruiz Soroa en “Las formas de la desigualdad” (El País, 7/9/2013, “los trabajadores carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer”. La civilización construida por el capitalismo neoliberal se ha deshumanizado. Es el darwinismo social como filosofía de fondo. 2º) Rompe la piedra angular del Pacto de Toledo de 1995, que es el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, además de intentarlo con los sindicatos (la patronal estará de acuerdo en cualquier medida que signifique un recorte del gasto público). Precisamente este Pacto sobre las pensiones públicas se sustancia como reacción frente a la ofensiva llevada a cabo por las entidades financieras y la patronal para poner bajo sospecha la solidez financiera del sistema público de pensiones, y así promocionar la ampliación del segmento del pastel que se destine a las pensiones complementarias privadas, los seguros de vida, planes de empleo, etc. La campaña llevada a cabo desde 1991 argumentaba que la Seguridad Social española tenía un agujero de miles de millones, y que la insostenibilidad del sistema público se basaba en los siguientes e l e m e n t o s : l o s f a c t o re s demográficos de descenso de la natalidad e incremento de la esperanza de vida, junto con el “efecto sustitución” de las pensiones de una generación que tenía salarios inferiores por las de otra generación con los salarios más altos. En base a todo esto, auguraban que para 2004 el sistema entraría en
  4. 4. quiebra de no adoptarse medidas de recorte. Previsión errónea: el sistema ni tenía agujeros (más bien al revés, era Hacienda quien le debía a la Seguridad Social unos 3’7 billones de pesetas por pagar parte de la sanidad y de las pensiones no contributivas). Las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo caen en la trampa de aseverar que estos factores son un peligro real. Pero la correlación de fuerzas en el Congreso en el momento de la firma del pacto, diciembre de 1995, es favorable a los planteamientos menos lesivos para el mantenimiento del sistema de pensiones: así, se establece una “separación de fuentes” (recomendación núm.1) que permite distinguir las prestaciones que tiene que pagar la Seguridad Social y las que tiene que pagar Hacienda del Estado (la sanidad, las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos, las ayudas sociales creadas de forma coyuntural poros gobiernos de turno); se establece una salvaguarda para que en el caso de que a la Seguridad Social le falte dinero para cubrir las pensiones, se pueda echar mano de un Fondo de Reserva (recomendación núm.2) constituido por los superávits existentes en cada ejercicio (que ha llegado a tener unos 66.000 millones de euros acumulados en los a los de bonanza, pese a que el Gobierno se quedaba con parte de esos superávits, incumpliendo así el acuerdo del Pacto de Toledo), e incluso se prevé la posibilidad de que el Estado puede atender necesidades específicas que surjan en el sistema público de las pensiones. 3º) Una de las dos medidas de la reforma aprobada por Rajoy, la desvinculación de la revaloración de la cuantía de las pensiones respecto de la inflación, desnaturaliza el carácter sustitutivo de las rentas de activo que hasta ahora tenían las pensiones de jubilación, y supondrá un recorte de al menos un 20% del poder adquisitivo de las pensiones en el período de los próximos 10 años (los sindicatos hablan de un recorte de un 25%, pues en el IPC se valoran los TV de plasma los coches, etc. y no los gastos habituales y elementales de los pensionistas, los gastos fijos del hogar y la cesta de compra, que es el 90%). Se empobrecerán millones de pensionistas que se situarán por debajo del umbral de la pobreza. Si se cumplen las previsiones de los sindicatos, las pensiones de 1.000 euros equivaldrán a 750 euros en 2022. Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo prevé la mejora de las bases de las pensiones (recomendación núm.3) y la revalorización automática de las mismas respecto del incremento de los precios (recomendación núm.11). Sus autores son conscientes de que el poder adquisitivo de las rentas dependientes de una pensión se ve mermado por el impacto de la inflación (IPC). Por eso escriben negro sobre blanco lo siguiente: “11. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.- Es criterio de la Ponencia que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a traves de formulas estables de contenido similar a la aplicada en el presente año”. Rajoy rompe, por tanto, el consenso conseguido Pacto de Toledo. Un 25% de reducción de las pensiones, más un 21% de reducción de los salarios en un decenio, según va la reducción salarial hasta el presente: es la estrategia de competir por la vía de los salarios bajos, a la que se acompaña los derechos sociales bajos y las pensiones bajas. La disminución de ese poder adquisitivo de las pensiones no es solo un ataque a los más débiles. Lo es, y en una cuantía nada desdeñable. Es además un dislate económico de cuidado: va a reducir la demanda interna, por la reducción de la capacidad de consumo de los hogares. A Rajoy se le llena la boca de decir que prima el crecimiento sobre el déficit fiscal. Pero lo único que funciona en la economía española son las exportaciones, que parecen incrementarse, sobre todo porque disminuyen las importaciones (lo cual no se sabe si es una buena o una mala señal, depende de por dónde se mire); pero la demanda interna (consumo más inversión) no deja de retroceder. Mucho tiene que ver en esto las reformas que la troika le impone a España, entre otras los recortes en los empleados públicos, los recortes salariales, los recortes en la financiación pública del bienestar. Se trata de la devaluación del euro a la española. A falta de la capacidad de manejar políticas monetarias autónomas por parte del Estado español por estar sometidos a la única política monetaria posible en el euro, gestionada por el BCE, la forma que se le ocurre al Gobierno español de ajustar el déficit es subir los impuestos a la mayoría social (IVA) y recortar los costes salariales directos (nóminas) e indirectas (costes de las instituciones del Estado del Bienestar). 4º) La otra medida la del factor de la sostenibilidad, no tiene justificación pues el sistema es sostenible sin necesidad de recortes, y además supone un retroceso de siglo y medio en los derechos de los trabajadores. Porque el Estado del Bienestar no es un invento de la socialdemocracia. En sentido amplio, es algo mucho más antiguo, tiene una historia previa, es tan antiguo como la lucha de clases surgida en los albores del siglo XIX. La cobertura de la situación de los trabajadores que dejan de trabajar, bien por motivos de enfermedad, bien por motivos de su cese definitivo al llegar a la vejez. Fue la lucha de los trabajadores en pleno siglo XIX el que mueve a la burguesía, dueños de las fábricas y de las mercancías creadas por los trabajadores, quienes se muestran forzados a dar cobertura a las situaciones de enfermedad y de vejez mediante los seguros correspondientes, bien pagados inicialmente por las propias empresas, bien pagados por mutualidades de las distintas ramas de la producción. Llegado el siglo XX, se
  5. 5. institucionaliza un incipiente sistema público de Seguridad Social. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 es la primera. , jefe de gobierno de crea por la Ley del de el INP (Instituto Nacional de Previsión), la primera institución oficial encargada de la y de la en . El INP establece el régimen legal español del Retiro Obrero (la perra gorda), bajo el sistema de la libertad subsidiada de las pensiones de vejez que libremente contrataran los obreros con este organismo. Le siguen el Subsidio de Maternidad (1923), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1929). Y se amplían los beneficios de la Ley de Accidentes del Trabajo a los trabajadores agrícolas (1931), aplicando a todos los trabajadores de la agricultura la ley de 1900. Y en 1932 se establecen las obligaciones de la Ley deAccidentes de Trabajo en la Industria. Incluso el sistema dictatorial de Franco procura avanzar demagógicamente algunos derechos sociales, mezclando instituciones tales como el INP, -que sigue gestionando no sólo las pensiones y el desempleo, sino la sanidad pública- y las Mutualidades Laborales, que complementan el fraccionario sistema público establecido por el franquismo. El SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad) se crea en 1942, implantado el 1 de septiembre de 1944. En con la Ley de Bases de la Seguridad Social se suprimen los esquemas clásicos de previsión y seguros sociales, y se instrumenta el desarrollo del sistema de . En se modifican y amplían las prestaciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El y William Henry Beveridge (-) y su informe de , Social Insurance and Allied Services (conocido como el "Primer informe Beveridge") creó las bases teóricas del Welfare State (Estado del Bienestar propiamente dicho) instaurado por parte del gobierno posterior a la . Cuando España accede a la democracia en 1978, se intenta avanzar en la construcción de un Estado del Bienestar semejante al establecido en los países del entorno democrático europeo. Por ello se suprimen las Mutualidades y el INP, y se crean instituciones tan potentes como el Insalud, el INSS y la TGSS (Instituto y Tesorería de la Seguridad Social), el ISM (Instituto Social de la Marina), el Inserso (Instituto de los Servicios Sociales), así como la Gerencia de Informática. Los nuevos gobiernos democráticos españoles extienden los derechos sociales: universalizan la sanidad pública, amplían la cobertura educativa pública desde los niveles, crean las pensiones no contributivas (para los que no han cotizado lo suficiente para acceder a una contributiva, y finalmente se completa el sistema con la cuarta pata, el sistema de Atención a la Dependencia, mediante la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Así se completa el sistema público del bienestar, con cuatro patas: Educación, Sanidad, Prestaciones Sociales (Pensiones, contributivas o no, y Desempleo) y Dependencia. Mientras los demás países europeos iban de vuelta, con un sistema público de bienestar consolidado y amplio, que inicialmente se resiste a las ideas reformistas de los líderes neoliberales anglosajones Thatcher y Reagan para evitar que las crisis financieras (derivadas de la subida del precio del petróleo en los70, y de las demás “crisis” que se sucedieron en las tres décadas posteriores) se lleven por delante la Europa Social, España todavía estaba montándolo, hasta conseguir un Estado del Medioestar, que es el que ahora la UE y Rajoy intentan desmontar. Pero hoy sabemos que la crisis ha sido una excusa de los neoliberales para llevar adelante su dogma económico: menos Estado (salvo para salvar a la banca y a las multinacionales), más mercado. La crisis es una estafa para los de abajo. La coartada que utilizan para llevar adelante es injustificada: 1. La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España no depende de la demografía ni del efecto sustitución, sino que es un problema del mercado de trabajo, de que el modelo económico funcione o no, de que la productividad crezca, no en base a echar trabajadores a la calle y la exclusión, sino en base al desarrollo sostenible, al crecimiento en base a la igualdad de retribuciones y estándares de rentas, a la introducción de la calidad y la tecnología en la producción de mercancías, obras y servicios, a la cualificación de los trabajadores y los gestores empresariales, a la cooperación y no a la competitividad. Un Gobierno que prescinde del trabajo de 6 millones de personas no puede aspirar a recaudar fiscalmente dinero suficiente para nada. Ese es el verdadero problema: el modelo económico, el Gobierno de una derecha prepotente, dogmática e inmoralmente codiciosa. 2. El Gobierno no puede negarse a aportar dinero para las pensiones en el caso hipotético de que le falte liquidez a la caja única de la Seguridad Social para pagar pensiones. El Estado tiene que hacer una aportación de los presupuestos generales. ¿Dónde está escrito que el Estado no pueda hacer una aportación económica a la Seguridad Social para garantizar el pago de todas las pensiones? ¿Acaso no paga al ejército? ¿Acaso no le ha dado más de 300.000 millones de euros a la banca para tapar sus agujeros? Esa es la clave.
  6. 6. 3. No es de recibo recortar las pensiones mientras hay 60.000 millones en el Fondo de Reserva. Durante algunos años, mientras dure la recesión o la depresión económica en que está España, que el Gobierno tire de esos millones, y no los dedique a pagar deuda soberana. 4. El problema no son los factores demográficos: no es el crecimiento de la pirámide de edad o envejecimiento de la población, ni la reducción de la tasa de natalidad. Lo mismo que la crisis anunciada por los interesados banqueros que la anunciaban en 1992 para el 2004 gracias a la masa de inmigrantes que vinieron a España porque abundaba el empleo, de esta crisis se saldrá gracias al cambio de modelo económico que facilite el crecimiento del empleo de los parados autóctonos y el de los que vengan de otros países. 5. El Gobierno tiene dinero o debe tenerlo. Algo tendrá que ver el buen nivel de gestión de la lucha contra el fraude fiscal. La actual política fiscal ampara a los defraudadores. En 2012 se han evadido de España más de 300.000 millones de euros, según datos del FMI. Gestha, la asociación de técnicos e inspectores de Hacienda, calcula un fraude a la Hacienda Pública de unos 80.000 millones de euros que afecta sobre todo a las grandes fortunas y a las grandes compañías empresariales. Además, paraísos fiscales ocultan un tercio del PIB mundial, cerca de 24 billones de euros. Las sicav pagan solo un 1%. Se ha suprimido el impuesto de patrimonio, y el Gobierno ha boicoteado el impuesto sobre los depósitos bancarios haciendo una ley estatal imponiendo un tipo cero. 6. Juan Torres arremetía en 2011 contra los argumentos demográficos tildándolos de engaño; “Según las predicciones más alarmistas (de esos que nunca han acertado lo que iba a ocurrir ni en los cinco años próximos) el gasto ‘insoportable’ al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 15% o un 17% de nuestro PIB. Parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%. Es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales de las pensiones públicas ha reconocido que ese no es el auténtico problema del sistema”. El catedrático Viçens Navarro (“Las pensiones son viables”, El Viejo Topo, Julio- Agosto 2009.) realiza una proyección económica en la que demuestra que “se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún c u a n d o e l porcentaje del P I B e n pensiones sea mucho mayor a h o r a q u e entonces. Por cierto, ya hace cincuenta a ñ o s , c u a n d o España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado”. Este argumento sigue siendo hoy válido. La clave, pues, es cambiar el modelo económico para aumentar el índice de productividad. Con esta operación de desmontaje del sistema público de pensiones, España deja de ser un Estado Democrático y Social de Derecho. Es un retroceso de la línea emprendida hace siglo y medio. Es un auténtico golpe de Estado. Once millones de ciudadanos votaron a Rajoy para que gestionara lo público, no ara que lo desmantelara, que es lo que está haciendo para salvar a los bancos y a los poderosos. Como dice el informe del PCA, “sólo la movilización de la gente, la desobediencia civil radical, impedirá que se abra camino esta reforma tan dañina”. Pedro Vaquero del Pozo
  7. 7. miércoles, 9 oct. 19.00 horas Centro Cívico Zaidín ACTO PÚBLICO INTERVIENE> en Granada

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