DEONTOLOGIA JURIDICA
FUNCION JUDICIAL
La potestad de administrar justicia emana
del pueblo y se ejerce por los órganos de ...
POLITICAS DE JUSTICIA
Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la
independencia judicial y los...
PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.
Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de ...
PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA
NORMA CONSTITUCIONAL
Las juezas y jueces, las autoridades administrat...
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial
será imparcial, respetando la iguald...
PRINCIPIO DE GRATUIDAD
El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen
de costas procesales será regulad...
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
La administración de justicia es un servicio público que debe ser
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  1. 1. DEONTOLOGIA JURIDICA FUNCION JUDICIAL La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. AMBITO atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.
  2. 2. POLITICAS DE JUSTICIA Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; políticas económicas que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la planificación y programación oportuna de las inversiones en infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción.
  3. 3. PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.
  4. 4. PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.
  5. 5. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.
  6. 6. PRINCIPIO DE GRATUIDAD El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna.
  7. 7. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

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