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Artículo sobre la importancia de capacitar a nuestros funcionarios públicos

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Profesionalizacion-del-funcionario-publico-y-servicios-publicos-de-calidad-una-aspiracion-ciudadana

  1. 1. Profesionalización del funcionario público y servicios públicos de calidad: Una aspiración ciudadana Mgter. Johanna Lastra Abogada y especialista en Gestión Pública Universidad Complutense de Madrid Desde hace algunos años, se vienen suscitando avances importantes en materia de modernización e innovación de la gestión publica en nuestro país. Sin embargo, el camino que queda por recorrer es largo si se entiende que ambos conceptos no son unívocos y mucho menos restringidos a la mera modernización tecnológica de nuestras instituciones. En este sentido, criterios como innovación en la gestión, calidad en la prestación de servicios públicos, administraciones inteligentes y mejora continua en el ámbito público, se apoderan del escenario público reclamando salir del espacio al que por años se les ha relegado. Un espacio meramente declarativo, para acaparar la atención y adoptar un sitial mucho mas beligerante como parte de la reivindicación ciudadana y parte de la legitimidad de la administración. Las políticas de gestión de calidad en las instituciones públicas son una necesidad insoslayable para lograr el tan anhelado desarrollo social y económico del país. Sin embargo, no se trata de ejecutar por ejecutar, sino de hacerlo de forma lo mas científica posible, haciendo una adecuada identificación y/o diagnóstico de los procesos que intervienen en la prestación del servicio. Desde el eslabón mas aparentemente ínfimo hasta el mas importante en la cadena. De lo que se trata además, es de generar confianza y credibilidad en instituciones de por si muy desprestigiadas, apelando al mejoramiento administrativo y a la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos. Dicha confianza es importante acotar, será generable en la medida en que las organizaciones públicas en nuestro país reconozcan la importancia de orientarse al ciudadano, mediante el consenso con los implicados y la realización de alianzas que involucren a los actores como responsables sociales del producto final que es el servicio público. Estamos claros de que las necesidades del ciudadano son cada día más apremiantes y la capacidad de respuesta de las administraciones se lleva a cabo en un contexto cada vez más complejo desde la perspectiva de la limitación de recursos y desasosiego social, político y económico a nivel nacional e internacional. No podemos dejar de reconocer que los directivos públicos actúan y se ven abocados a tomar decisiones en un entorno turbulento y de una complejidad latente, por la limitación de recursos que ya hemos mencionado, los intereses sociales y políticos involucrados, los legalismos y la jerarquización. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que se lleven a cabo iniciativas que allanen el camino para una perspectiva sistémica en el abordaje del tema de la calidad de los servicios públicos. Sistémica, considerando, que se trata de lograr una visión estratégica, global e integrada del funcionamiento de las instituciones públicas en Panamá y hacer los ajustes
  2. 2. pertinentes no solo a nivel técnico, sino también a nivel de los sectores de la sociedad civil involucrados, llevando acabo una investigación integral desde el punto de vista no solo económico, sino social, ya que debemos reconocer que sobretodo en países como el nuestro, la valoración de la prestación de un servicio depende en ocasiones de aspectos mas pasionales que científicos, lo cual a la postre nos genera certidumbres políticas, pero incertidumbres sociales. Hoy por hoy, existen instituciones públicas que responden a normas de calidad en el servicio que prestan a los ciudadanos. Sin embargo, estas políticas que propenden a la creación de valor agregado en lo público, deben pasar de ser la excepción a constituirse en la regla para los directivos públicos que asumen la dirección de una institución pública. Resulta impostergable el hecho de que en Panamá se asimile e internalice la necesidad de integrar el criterio de calidad tanto a nivel técnico como a nivel político. Sin embargo, para lograr dicha asimilación es necesario un funcionario público con un elemento de especialización, preparación y sentido ético de su función., ya que tan perjudicial puede ser en un momento dado la inacción, como la acción de buena fé pero carente de enfoque científico sobre lo que se quiere y no se quiere con una decisión pública determinada. En este sentido, creo pertinente acotar que decisión pública y decisión política son dos supuestos distintos, que si bien es cierto se concatenan en la mayoría de los casos, marcan la línea dependiendo de su chispa generadora, ya que no es lo mismo una decisión pública cuya génesis es un interés político coyuntural que una decisión pública con un impacto y con un manejo político para su concreción. Debemos claro, considerar que la deficiente calidad de los servicios que se nos brindan no es responsabilidad necesariamente exclusiva de los funcionarios públicos, sino también de un sistema que promueve, avala y aupa la mediocridad, corrupción y sobre todo la indolencia por encima de la excelencia en la prestación de los mismos. Quizás para algunos lectores resultará un tanto dramático y pasional hablar de “indolencia” en la prestación de los servicios públicos, tratándose de una caracterización reservada para los seres humanos, entendiendo que hay personas indolentes, más no así sistemas indolentes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí a lo que llamamos sistema, está estructurado en un país, de tal forma que te hace ser autoinmune al mal servicio, a la poca calidad y sobretodo lo que es mas alarmante aún a la inseguridad? Atendiendo al significado que la RAE le otorga a indolente (que no se afecta o conmueve), me parece alarmante que nuestra dermis se haga cada día mas resistente a los estragos de los efectos causados por un paulatino deterioro en la prestación de los servicios públicos, hasta el punto de haber aceptado un sistema de transporte público como el que causó la tragedia de la Cresta o un sistema de salud en el que ocurre un envenenamiento masivo bochornoso, irresponsable, indecoroso e inhumano. Todo ciudadano en alguna medida y momento se ha visto contrariado en sus aspiraciones de recibir un servicio público eficaz, eficiente e incluso seguro y en alguna
  3. 3. medida todos hemos sido condescendientes con situaciones de mala prestación de dichos servicios. Sin embargo, cuando se dilata un problema a tal punto que el mismo se hace insoportable, corremos el riesgo de pasar de la ineficiencia del clásico“regrese mañana” burocrático, al lamentable estado de temor e inseguridad de utilizar el transporte público o asistir a una cita en un hospital del Estado con el temor irrefrenable de no saber si se saldrá airoso de dicha odisea. Es asombroso que mientras un sinnúmero de sociedades latinoamericanas con menos capacidad adquisitiva que la nuestra, hablan de modernización con enfoques de excelencia y calidad, nosotros nos encontremos ante la disyuntiva de indemnizar a victimas de la desorganización institucional que vivimos, ya que tanto el 23 de octubre, como el caso del dietilenglicol son producto de serias fallas del sistema administrativo público a distintos niveles, por no decir, un ignominioso manejo de la cosa pública en nuestro país. Debemos sensibilizar a las autoridades en cuanto al tema de la calidad y “mejora continua” de las instituciones públicas y la profesionalización del funcionariado, ya que como se señala en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Función Pública “La calidad la construyen las personas y el éxito de una administración pública depende del conocimiento, habilidades, creatividad innovadora, motivación y compromiso de sus autoridades, directivos y demás funcionarios públicos” y es, mediante la participación de los empleados públicos en el marco de esa mejora continua de la organización pública, como podemos realizar lo necesario para mejorar el sistema administrativo publico de Panamá. La estabilidad del funcionario público como elemento parte de la profesionalización a la que se aspira y no como vendeta política de un sector o gobierno para colocar sus fichas políticas, es determinante para lograr una cultura administrativa sana que posibilite la excelencia y no la mediocridad en la calificación para ocupar cargos públicos y por supuesto en la forma y filosofía con la que se nos brindan dichos servicios a nosotros los ciudadanos. Tanto para quienes estamos familiarizados a nivel técnico con el tema, como para quienes lo evalúan como meros observadores, la conclusión es obvia, demandamos calidad en los servicios que se nos ofrece (salud, transporte, educación, vivienda, seguridad, etc. ) aspiramos al bienestar y seguridad que provee una administración organizada, estratégica en sus decisiones y sobre todo que respete nuestra dignidad humana y nuestros derechos humanos fundamentales y es mediante una cultura que privilegie la calidad por encima de otros criterios que se podrá entender en un sentido mas amplio el verdadero concepto de modernización institucional.

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