ACEPCIONES, FUENTES, PRINCIPIOS Y SUJETOS DEL DERECHO AGRARIO, Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS AGRARIOS.

1. AUTOR:
LAIDELIS MILLA.
23/11/2015
DERECHO AGRARIO

2. REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA
“UNIVERSIDAD FERMÍN TORO”
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELADE DERECHO
NÚCLEO ARAURE - PORTUGUESA
ACEPCIONES, FUENTES, PRINCIPIOS Y SUJETOS
DEL DERECHO AGRARIO, Y ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS AGRARIOS.
AUTOR:
Laidelis Milla C.I: V -17.049.697
NOVIEMBRE 2015.

3. ACEPCIONES DEL DERECHO AGRARIO
Sobre el Derecho Agrario existen diversas acepciones, los doctrinarios
se han dado a la tarea de darle una interpretación legal que caracterice a
esta rama del derecho como integrante del Derecho Mixto o social, puesto
que contiene normas de Derecho Privado en cuanto a la regulación jurídica
de la vida del hombre del campó, pero también presenta rasgos del Derecho
Público, cuando permite la expropiación de tierras por causa de utilidad
pública o interés social de acuerdo con la última reforma agraria, por ejemplo.
Entre estas acepciones se pueden citar:
"Es la rama de la Ciencia del Derecho que estudia y regula
principalmente las relaciones jurídicas atinentes a la actividad agrícola en
todas sus manifestaciones y operaciones a ella conexas, para adecuar las
normas a la realidad Social y económica del mundo moderno." Manuel
Ángel Palma Labastida.
"Es el conjunto de principios, preceptos e instituciones que regulan las
diversas formas de tenencia de la tierra y los sistemas de explotación
agrícola, con el propósito teleológico de realizar la justicia social, el bien
común y la seguridad jurídica". Raúl Lemus García.
"Es el conjunto de principios y de normas, de Derecho público y
privado, que disciplina las relaciones emergentes de la actividad rural, con
base a la función social de la tierra." Fernando Pereira Sodero.
Todas los conceptos que encontremos en el abanico de doctrinas
existentes aunque hayan surgido del ingenio de intérpretes diferentes tienen
la singular similitud de enfocar la esencia del Derecho Agrario hacia la
actividad rural y/o agrícola, la relación jurídica que deriva de ella, así como
también la función social que emerge de la tierra y el bienestar de la

4. comunidad; en efecto la Naturaleza del Derecho Agrario es eminentemente
social, en razón de los sujetos a quien le da protección y ampara.
Partiendo de dichas acepciones del Derecho Agrario, se deduce que
esta rama como toda disciplina del Derecho, necesariamente posee un
objeto material y un objeto formal, entendiendo que el objeto material
constituye esa parcela de la realidad, que estudia dicha disciplina, en este
caso sería la actividad agrícola y los actos vinculados con la misma; y el
objeto formal representaría los distintos puntos de vistas o perspectivas que
cada rama del derecho estudia en su objeto material, siendo este el
desarrollo de la tierra, el suelo productivo, el sujeto dedicado a la producción
agrícola, los recursos naturales renovables, y la incorporación eficaz a las
actividades agrarias.
El Derecho Agrario en la actualidad se visualiza como un Derecho
Autónomo, puesto que en el devenir del tiempo ha tenido tal trascendencia
en la realidad social del país, y ha ganado territorio en Autonomía Jurídica a
través de los principios que rigen el Derecho Agrario; Autonomía Legislativa
constituida por el cumulo de leyes que regulan la Materia Agraria;
Autonomía Jurisdiccional que se evidencia con la existencia de tribunales en
el país con competencia Agraria; Autonomía Didáctica representada por la
inclusión de la Materia en el pensum de estudio de las universidades y
Autonomía Científica representada por la doctrina existente sobre la materia.
FUENTES DEL DERECHO AGRARIO
Por Fuentes del Derecho, se entiende, según una terminología
naturalista, los factores y elementos que lo originan. En el ámbito jurídico-
agrario la expresión se refiere también a dos cosas distintas, una: Las

5. fuentes materiales, constituidas por el conjunto de fenómenos y situaciones
que revelan la Actividad Agraria y la hacen posible; serían las situaciones de
hecho que con el tiempo se vuelven costumbre, usos y practicas; y la otra,
las fuentes formales o normativas constituidas por las normas jurídicas que
reglamentan específicamente la predicha actividad, y que serían la ley, la
jurisprudencia, entre otros.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SUSTENTAN EL
DERECHO AGRARIO
La palabra principio, en el mundo forense, significa aquello que
concede sustancia a la norma o a la institución, y sobre él se le construye, es
decir, forma parte de su esencia. Así tenemos en el Derecho Agrario los
siguientes principios que lo nutren:
 Principio de la Promoción de la Agricultura para la Seguridad
Alimentaria: cuyo rango constitucional lo encontramos visible en el
Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999); el cual establece: “El Estado promoverá la
agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural
integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la
población…, La seguridad alimentaria deberá alcanzarse
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola,
pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la
Nación... “, el Estado procura retomar su papel rector en materia
agraria y promueve la participación corresponsable de la sociedad en

6. planes y estrategias económicas, tal es el caso del Programa para la
Seguridad Alimentaria (PESA), que tiene por finalidad fortalecer las
capacidades de gestión y el capital social de la población rural
agrícola y sus familias, a los fines de transformar y diversificar la
producción agropecuaria y mejorar su condición de grupos
organizados y su articulación con los mercados agroalimentarios;
asimismo, elevar los ingresos netos de los pequeños agricultores,
garantizando el empleo rural, el equilibrio social, económico y la
igualdad de género; así mismo también se evidencia la creación de la
Misión Mercal, cuyo objeto fundamental es la comercialización y el
mercadeo de productos alimenticios y de otros productos de primera
necesidad, para ser distribuidos al mayor y al detal, en centros de
venta fijos o móviles. Las pretensiones de dichas estrategias desde
una perspectiva analítica sobre el desarrollo del país no han dado los
resultados esperados para “la seguridad alimentaria de la población”.
 Principio Antilatifundista: El rango constitucional se evidencia en el
Artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), el cual establece: “El régimen latifundista es
contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia
tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas
necesarias para su transformación en unidades económicas
productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola.
Los campesinos o campesinas y demás productores o productoras
agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos
y formas especificados por la ley respectiva. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para
garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación
sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su

7. potencial agroalimentario. Este precepto constitucional encausa las
nuevas bases del derecho Agrario Venezolano, en razón de Derecho y
de Justicia que persigue reorganizar la tenencia y uso de las tierras
ociosas, con vocación agrícola para erradicar el latifundio, y una de las
vías es a través de las adjudicaciones de parcelas que efectúa el
Instituto Nacional de Tierras, y le otorga al campesino el derecho de
propiedad agraria sobre unas tierras para que puedan trabajarlas y
percibir sus frutos, basado en un proyecto de desarrollo integral
sustentable, acción tipificada en el artículo 12 de la Ley de tierras y
Desarrollo Agrario.
 Principio de la Propiedad de la Tierra: El rango constitucional de este
principio, se ubica en el artículo 115 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), el cual establece: “Se garantiza el
derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce,
disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a
las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley
con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de
utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación
de cualquier clase de bienes…”, cuando se habla de propiedad
agraria, necesariamente hay que vincular este precepto con el artículo
307 de dicha Constitución, anteriormente citado, en concordancia con
los artículos 12 y 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010),
que tratan sobre la de adjudicación de tierras; así tenemos que la
propiedad agraria está ligada a la figura de posesión de la tierra,
puesto que para que exista propiedad agraria debe existir la posesión,
entendida como el poder de hecho sobre la cosa, constituido por un
elemento intencional el animus (la creencia y el propósito de tener la

8. cosa como propia) y un elemento físico o corpus (la tenencia o
disposición efectiva de un bien material) que corresponde
exteriormente al ejercicio de un derecho.
 Principio de la Promoción del Desarrollo Rural Integrado: El rango
constitucional de este principio está establecido en el artículo 306 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), he
instituye que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la
población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su
incorporación al desarrollo nacional..., este precepto guarda la esencia
del carácter meramente social que pretende el Estado salvaguardar.
 Principios legales referentes a la seguridad y soberanía
agroalimentaria en Venezuela: se pueden citar los contemplados en la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en el Decreto con rango, valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, a
saber; los cuales son:
1.- Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: proporciona al Derecho
Agrario, el Principio del Desarrollo Rural Integral y Sustentable,
establecido en el artículo 1; que instituye: “Esta Ley tiene por objeto
establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable;
entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano
y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa
distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática
y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización..., y el
Principio de la Igualdad de Oportunidades: establecido en el artículo 3;
que instituye: “Con el objeto de dar cumplimiento al desarrollo humano
y al crecimiento económico establecido en el artículo 1 de la presente
Ley, el Ejecutivo Nacional promoverá planes especiales de desarrollo

9. integral para incorporar progresivamente a todas las regiones al
desarrollo económico del país, manteniendo igualdad de
oportunidades para todas las regiones.
2.- El Decreto con rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Seguridad y Soberanía Alimentaria, así mismo proporciona el Principio
de Disponibilidad y acceso oportuno de los alimentos, establecido en
el artículo 8, que instaura “Todas los ciudadanos, en todo el territorio
de la República Bolivariana de Venezuela tienen el derecho a la
disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad”,
Principio sobre Derecho a producir y consumir los alimentos propios
del territorio nacional: establecido en el artículo 9: “El Estado
reconoce, garantiza y protege los derechos del productor nacional
como protagonista de la producción para la satisfacción de las
necesidades agroalimentarias del país y el derecho de todos los
ciudadanos a alimentarse de manera preferente con productos
nacionales, como ejercicio pleno de soberanía agroalimentaria del
pueblo venezolano”, y Principio de Producción sustentable,
establecido en el artículo 10, el cual instaura que “Se reconoce el
derecho de los ciudadanos a la producción sustentable, enfocada en
la sostenibilidad medioambiental, social y económica de las
actividades agrícolas, de sus trabajadores y trabajadoras…”, todos
estos preceptos persiguen un mismo fin, procurar la seguridad
alimentaria en el país.

10. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LAS RELACIONES JURÍDICAS
AGRARIAS
Son las personas que intervienen en dicha relación agraria y se
clasifican:
 Según su Naturaleza: En Personas Físicas: es decir la persona
natural, representado por el campesino; y Personas Jurídicas que
vendría a ser el Estado y sus entes públicos representado por el
Instituto Nacional de Tierras, y entes privados representado por las
cooperativas o comunidades indígenas, entre otros.
 Según su Actividad: dependiendo de la actividad desempeñada, que
su producción sea valorable económicamente; y estos son Los
Productores que dirigen una actividad agraria, como la persona que
siembra y No Productores que son aquellos sujetos que desempeñan
labores de control y fomento de los recursos naturales renovables,
como actividad conservacionista que asegura la actividad productiva
continua.
 Según la intensidad del Ordenamiento: Los Sujetos pueden ser
Positivo: quien es titular de un poder o facultad de carácter agrario,
cuya actividad se encuentre dentro de los lineamientos de la función
social. Este sujeto a su vez puede ser: beneficiario directo, que es
aquel que recibe los beneficios de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario, pues es debido a la situación socioeconómica en que éste se
encuentra, que ha de producirse con el proceso de desarrollo integral
y sustentable, o el beneficiario incidental que es aquel que en forma
eventual, está incurso en un beneficio agrario. Y el otro Negativo: Es
aquel que está inmerso en una relación jurídico - agraria, sin que su
actuación encuadre dentro de una institución que tienda al

11. cumplimiento de la función social. Ej.: la persona que comete un delito
contra la naturaleza.
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES QUE REGLAMENTAN EL RÉGIMEN
POLÍTICO Y LA FORMA DEL ESTADO VENEZOLANO:
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado
Federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución,
y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad,
concurrencia y corresponsabilidad.
DEFINICIONES DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN EL
DERECHO AGRARIO:
Es relevante conocer las acepciones de las figuras que conforman la
estructura del Derecho Agrario, y que sirven de fundamento a la legislación
agraria, estas son:
Estado:
Se constituye por tres elementos a saber; el Territorio, representado
por (Datos geográficos, y espacio físico), el Poder representado por (Datos
político, unificado y unificador) y por último la Población representado por
(Datos demográficos, por el pueblo).

12. Jurídicamente se concibe como una Comunidad de personas fijadas
en un territorio determinado, legalmente independiente de control externo y
que posee un gobierno organizado que crea y aplica la Ley sobre todas las
personas y grupos dentro de su jurisdicción.
Así mismo Políticamente se visualiza como una entidad específica de
la vía política, organizada políticamente, en este sentido el Estado es
considerado por diversos autores como soberanía, personificación de la
nación, régimen, entre otros.
Territorio:
“Es la Porción limitada y delimitada de la superficie terrestre sobre la
cual se extiende el dominio del Estado. Es imposible hablar de Estado sin
Territorio; éste último es el espacio donde tiene su asiento el Estado,
considerando que sin territorio no hay población” Hernández y Mila (2008),
(p. 100).
Territorialidad:
Sé entiende cómo la dimensión espacial (hábitat) ocupada por un
grupo social, interrelacionada con las dimensiones económica, social y
cultural del medio. La territorialidad tiene tres elementos: el sentido de
identidad espacial, el sentido de exclusividad y el modo de interacción
humana en el espacio. Proporciona no sólo un sentimiento de pertenencia a
una porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos, sino que
implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad. Con la
territorialidad se planifica el desarrollo teniendo por objetivo la adecuación de
las actividades económicas en los espacios geográficos más recomendables,
buscando el equilibrio entre la mejor calidad de vida de la población, el
desarrollo de la identidad cultural de los diversos grupos sociales y la
optimización del uso sostenible de los recursos naturales.

13. Soberanía:
Es el poder supremo, la suprema autoridad que caracteriza al Poder
del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro
poder, asentándose, que es único, indivisible, intransmisible, imprescriptible
e inviolable tanto interior como exterior. Bastado Allirolaiza
Es la: “…potestad suprema y originaria del pueblo para gobernarse de
forma autónoma dentro de su territorio sobre la cual no existe autoridad
legítima igual o superior, que no nace del sufragio o de elección alguna ni
proviene de ningún cuerpo u órgano estatal, por cuanto deriva de la propia
estructuración de la nación que le da nacimiento” Aponte (2008) (p. 229)
Espacios geográficos:
"Es una unidad compleja multidimensional, que adquiere múltiples
formas y comportamientos dentro de la totalidad global de la sociedad"
Manuel Briceño Méndez.
"Es parte indisociable de los procesos económicos, sociales y
naturales, es decir; si la relación Sociedad-Naturaleza comprende
básicamente un propósito de subsistencia y reproducción que se organiza
(en un espacio determinado), como un "metabolismo" entre los sistemas
sociales y los naturales, donde aquellas utilizan su basé de sustentación
ecológica para asegurar su supervivencia y reproducción y devuelven a la
naturaleza sus desechos, entonces el proceso de acumulación de
excedentes económicos, configura un eje central de esa relación". Elías
Méndez Vergara.

14. IDENTIFICACIÓN EL TERRITORIO VENEZOLANO:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), nos
ilustra en el título II del Espacio Geográfico y la División Política, lo
concerniente al Territorio y demás espacios geográficos, expresados en el
capítulo I de dicha sección, que a continuación se citan:
Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República
son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la
transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones
resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los
espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas
interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de
base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de
éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en
ellos se encuentran…
Artículo 13. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado,
arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a
Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional… Las tierras
baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o
lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá
concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la
transferencia de la propiedad de la tierra.

15. Artículo 14. La ley establecerá un régimen jurídico especial para
aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con
aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República.
Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una
política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos,
preservando la integridad territorial, la soberanía,…
PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN y CENTRALIZACIÓN:
DESCENTRALIZACIÓN:
Consiste en la transferencia de funciones y la correspondiente facultad
de decisión en lo político, económico y administrativo, del centro a la
periferia, buscando el desarrollo homogéneo de las regiones, orientando
eliminar las desigualdades y desequilibrios existentes en nuestro país. La
descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y
sostenible del País, mediante la separación de competencias y funciones, y
el equilibrado ejercicio del poder por los Tres niveles de gobierno, nacional,
estadal y municipal en beneficio de la población. Contemplado en La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el Articulo
157: “La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a
los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia
nacional, a fin de promover la descentralización”; y en el Artículo 158 “La
descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia,
acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto
para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente
de los cometidos estatales”.

16. CENTRALIZACIÓN: Como su nombre lo indica es el proceso que consiste
en centralizar el poder, un Poder Público Nacional que representaría como
omnipotente, puesto que no delega las competencias respecto a los estados
y municipios, sino que es el único que tutela la administración y gobierno del
país, monopolizando el ejercicio de poder en la demagogia.
TRATADOS Y LAUDOS ARBITRALES:
El laudo constituye la decisión que emite el árbitro y que resuelve la
controversia sometida a su conocimiento. El fallo del árbitro puede
compararse con la sentencia que dicta un juez, aunque la jurisdicción de éste
se encuentra fijada por la ley y la jurisdicción del árbitro se halla en la
autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que la decisión del árbitro debe
ser aceptada por las partes para que el litigio se resuelva.
Por lo general, las partes en conflicto firman un acuerdo antes de
acudir a la mediación del árbitro a través del cual se comprometen a aceptar
y acatar el laudo que se proponga como resolución del conflicto. El laudo, por
lo tanto, no está obligado a fundamentarse en el derecho. Las partes pueden
acordar previamente que el arbitraje se centre en criterios de equidad, más
allá de lo jurídico. La ejecución de un laudo arbitral, de todas maneras,
requiere de un juez que ordene la mediación.
Se consideró prudente mencionar los tratados y laudos arbítrales que
la República Bolivariana de Venezuela ha celebrado con otros países, en
cuanto al espacio terrestre:
Con la República de Colombia:
 Laudo español (1.891)
 Comisión Demarcadora (1.900)

17.  Laudo de Consejo Federal Suizo (1.922)
 Tratado de demarcación de fronteras y ríos comunes (1.941)
Con la República Cooperativa de Guyana
 Tratado de Arbitraje de París (1897)
 Laudo Arbitral de París (1899)
 Tratado de Ginebra (1966)
Con la República Federativa del Brasil:
 Tratado de buena amistad y límites (1852 - no fue ratificado por
Venezuela)
 Tratado de límites y navegación fluvial (05 mayo 1859)
ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:
Los Órganos Administrativos Agrarios están compuestos por los entes
agrarios identificados según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en los
siguientes:
 Instituto Nacional de Tierras (INTI): Instituto autónomo adscrito al
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
agricultura y tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
tiene por objeto la administración, redistribución de las tierras y la
regularización de la posesión de las mismas…, en efecto sus
competencias conciernen a: Adoptar medidas que estime pertinentes
para la transformación de todas las tierras con vocación de uso
agrícola, en unidades productivas de propiedad social; Otorgar,
renovar y revocar certificados de clasificación de fincas, en los cuales
se determinará su condición de: finca productiva o finca mejorable;
Determinar el carácter de ociosas que tengan las tierras con vocación
de uso agrícola o de uso no conforme de ser el caso y rescatar o

18. expropiar, según corresponda, las tierras que tengan tal carácter;
Conocer, decidir y revocar la procedencia de la adjudicación de tierras,
así como otorgar los títulos de adjudicación; Declarar, negar o revocar
la garantía de permanencia prevista en la Ley; Dictar los actos,
circulares, providencias y resoluciones que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto de la Ley. Dicho instituto tendrá su sede en la
ciudad de Caracas y podrá crear Oficinas Regionales de Tierras en
aquellos lugares del interior del país donde sea necesario.
 Oficinas Regionales de Tierras: “Las Oficinas Regionales de Tierras
creadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), estarán integradas
por cinco miembros, uno de los cuales será el Coordinador o
Coordinadora de la misma. Dichos miembros serán de libre
nombramiento y remoción por el Presidente o Presidenta del Instituto”;
tienen como competencias: Informar al Directorio del Instituto Nacional
de Tierras (INTI) de la ocupación de tierras propiedad de la República
por parte de terceros; Sustanciar los procedimientos de declaratoria de
tierras ociosas o de uso no conforme, así como también Sustanciar los
expedientes administrativos de los procedimientos de rescates de
tierras ordenados por el Directorio de conformidad con la Ley; Recibir,
sustanciar y remitir al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI),
las solicitudes y documentos respectivos relacionados con
certificaciones de tierras y adjudicaciones.
 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER): Instituto autónomo
adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de agricultura y tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
distinto e independiente de la República, el cual gozará de las
prerrogativas y privilegios otorgados por la ley”; cuyo objeto es
Contribuir con el desarrollo rural integral del sector agrícola en materia

19. de infraestructura, capacitación y extensión”; Dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas y los planes nacionales vinculados con el riego y
el saneamiento de tierras, que establezca el Ejecutivo Nacional;
Fomentar, dirigir, ejecutar y dar mantenimiento a la infraestructura de
servicios de apoyo rural propiedad del Estado, para la producción,
transformación y comercialización de rubros agroalimentarios;
Fomentar, coordinar y ejecutar planes y programas destinados a la
organización y consolidación de las comunidades rurales, a través de
las diversas formas asociativas de autogestión, gestión y cogestión
contempladas en las leyes; Promover el adiestramiento y la
capacitación técnica de los pobladores del medio rural. El Instituto
tendrá su sede en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa y podrá
establecer en el interior del país las oficinas regionales o estadales
que fueren necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
 El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras es uno de
los organismos que conforman el gabinete ejecutivo del Gobierno
venezolano. El ministerio concentra competencias en la regulación,
formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de fomento,
desarrollo y protección de la producción primaria y comercio agrícola,
vegetal, pecuario, acuícola, pesquero y forestal; define las políticas de
administración y distribución de tierras con vocación agrícola, de
acuerdo con los lineamientos de uso de la tierra que se establezcan
en la ordenación físico - espacial de los suelos y en la legislación
vigente; realiza la administración de tierras baldías destinadas a la
explotación agrícola; así como también define las políticas y
estrategias de desarrollo del medio rural vinculado al sector agrícola,

20. para estimular la organización y mejoramiento de la calidad de vida de
la población rural; entre otras.
 Procuraduría Agraria Nacional: La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
(2010) suprime la Procuraduría Agraria Nacional, establece que las
funciones de defensa del campesino serán ejercidas por la Defensoría
Especial Agraria que al efecto creare o designare la Defensa Pública.
 Corporación Venezolana Agraria: Creada en el año 2005 bajo la
reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente para la
fecha, como un instituto autónomo que, a partir de las
políticas, estrategias y directrices emanadas del Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras, tenía como finalidad impulsar el
aparato productivo agrario, coordinar y supervisar las actividades
empresariales del Estado para el desarrollo del sector agropecuario en
el país; pero fue liquidada según la Ley de Supresión y Liquidación del
Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria, en fecha 13 de
mayo de dos mil diez.
IMPORTANCIA DEL DERECHO AGRARIO
El Derecho Agrario interpretado como el conjunto de normas y
principios que regulan la propiedad territorial y asegura su función social, ha
retomado gran importancia en el devenir del tiempo, puesto que existe hoy
en día un abanico de estructuras jurídicas que derivan de la actividad
agrícola y los actos vinculados con la administración, redistribución de las
tierras y la regularización de la posesión de las mismas; otorgándole a esta
disciplina del derecho relevancia en cuanto autonomía doctrinal, jurídica,
legislativa y jurisdiccional.