Proceso 1910, 9 junio 2013

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No. 1910 • 9 de junio de 2013
LA CAPITAL
6 “Desde 2010 se los dijimos” /Patricia Dávila
JUSTICIA
12 La torcida justicia de la PGR /Patricia Dávila
17 ABC: Emblema de la impunidad
/José Gil Olmos
20 Fábrica de culpables /Rodrigo Vera
CORRUPCIÓN
26 El polícia que se hizo millonario al amparo
de García Luna /Anabel Hernández
POLÍTICA
32 El Pacto por México “tendrá que negociar”
con el Legislativo /Jenaro Villamil
ESTADOS / NUEVO LEÓN
36 Primera advertencia: Linchamiento en Monterrey
/Luciano Campos Garza
ANÁLISIS
40 La vida de Beatriz /Marta Lamas
41 La visita del dragón /Naranjo
42 Primer semestre /Héctor Tajonar
44 STC Metro: corrupción e impunidad
/Ernesto Villanueva
INTERNACIONAL
46 TURQUÍA: La democracia del gas lacrimógeno
/Témoris Grecko
50 IRÁN: El reto de los ayatolas
/Témoris Grecko
54 HONDURAS: Tregua incierta
/Juan Carlos Ferra García
Portada:
Octavio Gómez
17 36

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OBITUARIO
56 Arnoldo Martínez Verdugo y el poder
(Segunda y última parte) /Enrique Semo
CULTURA
58 Vicente Leñero, un autor solitario
/José Emilio Pacheco
61 El Premio Biblioteca Breve, a 50 años
/Rafael Vargas
64 “Soy artesano, ¿y?” /Rafael Rodríguez Castañeda
66 Páginas de crítica
Arte: Un plan B para La Esmeralda
/Blanca González Rosas
Música: La médium /Raúl Díaz
Teatro: 7 dedos de la mano en el Plaza
/Estela Leñero Franco
Cine: El Gran Gatsby /Javier Betancourt
Televisión: Apagón analógico
/Florence Toussaint
ESPECTÁCULOS
70 Las amenazas al documentalista de ABC
nunca más /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES / FUTBOL
72 Liga MX: La compraventa de plazas
/Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra
77 Atropello a la afición michoacana
/Francisco Castellanos J.
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /Pitorréate más
/Helguera y Hernández
46
58
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6 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
“Desde 2010
se los dijimos”
Rodríguez Almeida, Mancera y Ríos Garza

1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 7
LA CAPITAL
PATRICIA DÁVILA
D
esde septiembre de 2010,
decenas de jóvenes comen-
zaron a frecuentar bares
y centros de espectáculos
de la Zona Rosa y la Con-
desa. Iban en grupos de
20 o 30. Desde el principio
advirtieron a los gerentes de los estable-
cimientos que estaban ahí para vender
estupefacientes; les dijeron que si no les
permitían el acceso los matarían. Ante
las amenazas, terminaron por abrirles
las puertas de sus negocios.
Además de violentos, los adolescen-
tes portaban armas largas. Solían arribar
a la zona en automóviles viejos, no en ca-
mionetas.Y así, de repente, se adueñaron
del entorno, según relata Ismael Rivera
Cruces, presidente de la Asociación Na-
cional de la Industria de Discotecas, Ba-
res y Centros de Espectáculos (Anidice).
“Atemorizados, acudimos a solicitar
ayuda de las autoridades del gobierno
del Distrito Federal. Nos entrevistamos
con José Ávila, entonces secretario ge-
neral de Gobierno –hoy es diputado
local por el PRD– y Héctor Serrano, su
sucesor.
“También lo hicimos con el actual
titular de Seguridad Pública, Jesús Ro-
dríguez Almeida, quien se desempeñaba
como subprocurador de la PGJDF (Procu-
raduría General de Justicia del Distrito
Federal) y después encargado del despa-
cho del titular de esta dependencia”.
Rivera Cruz afirma que él y sus com-
pañeros se reunieron con Rodolfo Ríos
Garza, quien por esas fechas era secre-
tario particular del procurador (hoy es el
titular de la PGJDF), así como con Manuel
Mondragón y Kalb, quien se desempeña-
ba como titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública capitalina (actualmente es
el Comisionado de la Policía Federal).
Esos son los antecedentes de la vio-
lencia de alto impacto que se ha exacer-
bado en las últimas semanas en zonas de
la Ciudad de México, incluido el barrio de
Tepito, considerada hoy como una zona
generadora de crímenes similares a los
cometidos por las organizaciones delin-
cuenciales de 2008 a la fecha.
Esa violencia contradice al jefe de Go-
bierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
quien insiste en que no existen cárteles
de la droga en la Ciudad de México; in-
cluso considera que la muerte de Horacio
Vite Ángel en las inmediaciones del bar
Black el pasado 24 de mayo, así como la
desaparición de 12 jóvenes tepiteños
ocurrida dos días después en el Heaven,
propiedad del empresario Ernesto Espi-
noza Lobo, son atípicos (Proceso1909).
La noche del jueves 6, un par de ho-
ras después de que un comando armado
ingresara al gimnasio Body Extreme –en
la calle Panaderos 43, colonia Morelos,
colindante con Tepito– a ejecutar a cua-
tro hombres y pese a que aún no inicia-
ba la investigación, Mancera se apresuró
a decir que ese atentado no tenía rela-
ción con el del Heaven, pues se trató de
una venganza directa.
También omitió hablar sobre Antonio
Ortega Márquez, quien desapareció de ese
mismo bar en 2011. El martes 4, su her-
mano Pablo Antonio Ortega presentó un
escrito de inconformidad ante la agente
del Ministerio Público Reyna Lozada Ber-
nal, porque, arguyó, la Fiscalía a Especial
de Investigación para Secuestros regresó
el expediente DGAVD/CAPE/1012/11-08 al
Centro de Atención a Personas Extravia-
das y Ausentes (CAPEA).
ElDistritoFederalmuestrahoysuverdaderorostro:eldeladelincuencia
organizada que las autoridades locales se empeñan en negar. Ismael
Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de
Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), sostiene que
desde2010lecomunicaronalgobiernocapitalinoacercadelairrupción
dejóvenesenbaresycentrosnocturnosdelaZonaRosayotrascolonias
que encararon a los propietarios de los establecimientos y les dijeron
queibanavenderdroga.Perolasautoridadesnotomaronelguante.Hoy,
anteladesaparicióndelos12jóvenesenelbarHeaven,nohaydudade
que el crimen organizado está en nuestra ciudad,secunda el dirigente
delaCoparmexenelDistritoFederal,FernandoÓscarGarcíaChávez.

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OctavioGómez
MARCELA TURATI
P
asadas las cinco de la mañana,
adentro del bar Virtual de la colonia
18 de Marzo, en el Distrito Federal,
el pasado 21 de abril, fueron vistos
por última vez cinco jóvenes defeños que
permanecen desaparecidos. Ellos son:
Rodrigo González Villegas, de 16 años;
Jorge Daniel Casasola López, de 19; Jona-
tan Barrios Ferreira, de 22, y los estilistas
Luis Orlando Flores García, de 20 años, y
Jonatan Astivia Velázquez, de 27.
“Parece que las autoridades quie-
ren que cerremos la calle para que inves-
tiguen, y como las familias (de los desa-
parecidos) de Tepito eso vamos a hacer,
aunque ellos nos dijeron que no hagamos
escándalo, pero vemos que no investigan
nada”, anunció la señora Guadalupe Ve-
lázquez, madre del adolescente desapare-
cido, entrevistada el pasado viernes 7 tras
salir del Reclusorio Oriente, a donde fue con
otros familiares a preguntar por los jóvenes.
Las familias se conocieron buscando.
Han ido a agencias del Ministerio Público, al
anfiteatro, al Centro de Atención a Personas
Extraviadas y Ausentes (Capea) de la pro-
curaduría capitalina y a la recién estrenada
Unidad Especial de Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la PGR.
“El bar se cerró desde la desaparición, se-
gún dijeron que por remodelación, y por lógica
en ese tiempo han de haber sacado escom-
bros y cosas de ahí. No sabemos si a ellos los
sacaron de ahí, no hay cámaras, nadie vio na-
da, sólo un testigo que vio a los cinco y que di-
jo que cuando salió del baño se extrañó por-
que ya no estaban y los había visto 10 minutos
antes. Pero del Capea nunca abrieron cáma-
ras, así que no sabemos qué pasó”, dijo el co-
merciante Jorge Casasola, padre de Jorge
Daniel, quien lo ayudaba en el negocio.
Las familias no pudieron entrar al bar de
la delegación Gustavo A. Madero, ubicado
frente a la estación de metrobús 18 de Mar-
zo, porque cuando se fueron encontrando
y fueron hilando piezas decidieron visitar el
bar, pero lo encontraron cerrado.
Las familias no dejan de hacer paralelis-
mos con el caso de los 12 jóvenes desapa-
recidos en Tepito.
“El testigo no sabe si salieron del bar, si
se los llevaron, si se fueron a otro lado, y lo
raro es que a los ocho días cierran el bar pa-
ra remodelación. Pero ya llevamos 45 días y
Desapariciones
silenciosas
Las contradicciones
El cúmulo de declaraciones apresuradas y
contradictorias de Mancera y del procura-
dor Ríos Garza abonan más incertidumbre
a las familias de los jóvenes desaparecidos,
afirma Eugenia Ponce, tía de Jerzy, hijo de
Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, condenado
en 2004 a 23 años en prisión por liderar la
banda de narcomenudistas de Tepito.
“El procurador es contradictorio, en
reunión sostenida la tarde del martes 4
nos mostró un video en el que se ve un
vehículo color vino y un taxi que llegan al
bar Heaven. La imagen muestra que siete
de los jóvenes bajan del taxi e ingresan al
bar, sus padres los identificaron. Sin em-
bargo, nunca vemos que del otro vehículo
baje alguien. Por lo tanto, no hay nada que
nos confirme que los otros cinco mucha-
chos estuvieron ahí”, dice Eugenia Ponce.
No es verdad, agrega, que les mostraron
los resultados de la práctica de diligencias
como el análisis de 12 videograbaciones ob-
tenidas, según el procurador Ríos, tanto de
las cámaras de gobierno como de distintos
establecimientos y tampoco abordaron el
análisis telefónico de las llamadas que hi-
cieron los desaparecidos.
También hay confusión porque el 31 de
mayo, después de que las familias de los jó-
venes tepiteños bloquearon el Eje 1-Norte,
el gobierno del DF los envió a la PGR para
que solicitaran la atracción del caso: “Ahí
solicitamos hablar con Jesús Murillo Ka-
ram, pero nos recibió (la exdiputada perre-
dista) Eliana García Laguna, coordinadora
general de Políticas Públicas de la Sub-
procuraduría de Derechos Humanos de la
PGR, quien incluso se disculpó y declaró
que no tenía competencia para atender el
caso”, agrega.
El viernes 7, el procurador Ríos sostuvo
una tercera reunión con los padres de los
jóvenes. Les mostró un segundo video en
el cual se observa el momento en que fue-
ron subidos en varios automóviles, pero no
se ve a ningún integrante del comando ni
a personas encapuchadas. El funcionario
afirmó que en los hechos están involucra-
dos 17 personas que se ven caminando
frente al bar y a bordo de vehículos minu-
tos antes de la salida de los jóvenes.
Josefina García, madre de Said Sánchez
–hijo de El Papis, otro de los delincuentes
presos–, refuta: “Era un video borroso, con
imágenes lejanas en las que se ve a hom-
bres que llegan, estacionan vehículos y ca-
minan por la calle; pero no se ve que suban
a los muchachos. No veo a mi hijo y si esta-
ba ahí, quiero ver que salga. Juegan con la
vida de ellos. Es una burla. No entiendo por
qué lo hacen…”
Otra declaración que “desvanece” la
versión de Mancera, según publicó Reforma
el jueves 6, es la de Gabriel Carrasco, El Dia-
blo, jefe de seguridad del Heaven. Él reveló
que Marco Ledesma Rodríguez, El Mosquito,
su hermano Dartx, así como Ernesto Lobo y
el encargado del bar Heaven –conocido co-
mo Polo–, le ordenaron apoyar un levantón
que “se realizaría por esos días”.
Rivera Cruces. Advertencias
“Nos obligan a cerrar las calles”

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LA CAPITAL
no nos han dado ninguna información: Ca-
pea no sirve para nada. Esos nomás die-
ron puras largas; en la PGR nos traen igual
de que están investigando pero en realidad
no hacen nada y estamos desesperados
porque esto todavía está fresco y no que-
remos que pase más el tiempo porque va a
ser más difícil encontrarlos. Vamos a hacer
lo mismo que lo de Tepito para que nos re-
suelvan como ellos, tratamos de evitar ha-
cer ruido pero nomás no nos dan respues-
ta. Estamos como cuando empezamos: sin
nada”, dice el hermano de Jonathan, Mi-
guel Barrios.
“Allá ya catearon, porque en nuestro ca-
so no pudieron. Al menos allá ya catearon el
bar, ya tienen tres o cuatro personas arraiga-
das. Ya tienen lo de las cámaras ellos pero
nosotros no tenemos información; ellos ya
saben del dueño del bar. Nosotros tenemos
45 días y los de Tepito tienen unos 12 días y
ya tienen todo esto. Nos da gusto por los de
Tepito y no nos dan nada.”
Algunos manejan un dato preocupante
–no avalado por todos– pero que dicen ha-
ber escuchado de gente que se les ha acer-
cado. No precisan si está influido por las
noticias que se han escuchado sobre el ca-
so de los tepiteños.
“Cuando se desaparecieron los cinco,
de inmediato la gente dijo que era el Cár-
tel de la Unión. La gente nos lo comenta-
ba porque se maneja mucha droga en ese
bar”, indica una persona que no quiso ser
identificada. “Dicen que se los llevó La
Unión, porque La Unión es la que mueve la
droga en todos los bares y podrían haber-
se querido desquitar contra uno de los mu-
chachos”, afirma otra.
Consultado de manera extraoficial, un
investigador de la PGR que conoce el ca-
so señala que la autoridad no tiene indicios
hasta este momento de que los jóvenes ha-
yan sido sacados del bar o que la agrupa-
ción de La Unión hubiera estado involucra-
da en el delito; confirma que el Bar Virtual
es un lugar donde se trafican drogas.
Menciona que hay un segundo testigo
al que se le pidió información; señala que
Astivia Velázquez tiene antecedentes pena-
les y aparentemente fue amenazado el año
pasado en un bar por un adeudo, pero di-
jo que aún no se establece si estos hechos
están relacionados con las desapariciones.
Para las familias las investigaciones
han sido insuficientes.
“Hemos ido a la Secretaría de Gober-
nación con la maestra (subsecretaria) Lía Li-
món, que nos dijo que ellos no se dedican a
buscar personas, y como ni nos iban a ayu-
dar nos retiramos. Nomás le dije: si mi hijo es-
tá muerto quiero saber dónde está. Eso lo ha-
go para que a los próximos muchachos que
vengan no les pase lo mismo. Es doloroso y
da mucha impotencia que no haga nada por-
que mi hijo no es de una colonia renombrada
como Tepito ni hemos andando haciendo ar-
güendes como ellos. Nunca había salido con
esos muchachos; sólo estuvo en un lugar
equivocado un día equivocado”, dice lloran-
do la señora Velázquez, angustiada porque
su hijo estaba a punto de ser papá.
“No sabemos nada nuevo”, lamenta la
señora Hilda García, quien denunció la desa-
parición desde el primer momento.
En diversas notas periodísticas se da
cuenta de la desaparición de los jóvenes
por separado, pero con los primeros datos
imprecisos que tenían las familias, las cua-
les no ubicaban a los demás amigos y des-
conocían su presencia en el bar.
Del relato que hacen las familias se esta-
blece que los jóvenes Rodrigo González Vi-
llegas y Jorge Daniel Casasola López, pro-
venientes de Iztapalapa, conocieron por
Facebook a los estilistas Luis Orlando Flores
García y Jonatan Astivia Velázquez, quienes
laboran en una estética de la colonia Obrera, a
donde acudían a cortarse el pelo.
El 20 de abril los dos jóvenes avisaron
que estarían juntos. El día 21 sus madres
comenzaron a buscarlos cuando se dieron
cuenta de que no habían llegado a ninguna
de las casas, y tiempo después, en Capea,
cuando se encontraron al resto de las fami-
lias, supieron que se habían reunido con los
estilistas y Jonatan Barrios, amigo de estos
últimos. Los cinco fueron vistos después
de las cinco de la mañana, y ya nadie vol-
vió a verlos.
“Nos están obligando a que cerremos
las calles”, fue la advertencia común.
De acuerdo con el expediente DGAVD/
CAPE/ T2/891/13-05, el levantón se realiza-
ría cuando los jóvenes acudieran al Hea-
ven. Quien iba a dar el pitazo era Polo. El
Diablo se enteró de que la acción se iba a
realizar el 26 de mayo en ese bar, por lo
que salió del establecimiento a las ocho
de la mañana y regresó en el momento en
que se realizaba el levantón.
“Espera a Mario (Ledesma Rodríguez)
para darle seguridad, el cual sale del bar y
se retira del mismo con una amiga, al pare-
cer española, y con Andrés Estuard Henonet
González, chofer de Rodríguez Ledesma y su
esposa, Brenda Angélica Casas Figueroa”. De
acuerdo con El Diablo, ese día Henonet Gon-
zález se quedó afuera del bar como apoyo.
En sus primeras declaraciones, El Dia-
blo dijo que el secuestro estaba dirigido
contra Jerzy Ortiz, hijo del Tanque.
Ese día también fueron detenidos He-
nonet González y Casas Figueroa. Ella de-
claró que su esposo se escondió luego de la
desaparición de los jóvenes y aseguró que
él estaba consciente de que en el Heaven
se vendían sustancias prohibidas. Al día
siguiente El Mosquino se entregó a la PGJDF.
“Cuando se registran los hechos del
bar Haven, ya habíamos advertido esta
problemática a las autoridades capitali-
nas. Sabían que desde 2010 ciertos lugares
estaban siendo presionados por grupos
desconocidos que entraban a vender sus-
tancias prohibidas en los establecimien-
tos”, insiste el representante de la Anidice.
Los orígenes
¿En dónde empezó todo?, se le pregunta a
Ismael Rivera Cruces.
“En septiembre de 2010 (los distribuido-
res de droga) sometieron alrededor de 150 de
los 250 negocios de la Zona Rosa y La Con-
desa. Llegaban a las 11 o 12 de la noche a los
establecimientos y comenzaban a operar.De
muchos lugares tuvieron que irse porque no
encontraron mercado. Curiosamente se reti-
raron por un tiempo y el espacio quedó tran-
quilo durante 2011”, relata.
Sin embargo, agrega, en noviembre de
2012 regresaron más violentos, “Iban arma-
dos y decían a los dueños de los negocios
que si no los dejaban trabajar los matarían o
quemarían el lugar.Algunos establecimien-
tos incluso recibieron coronas fúnebres con
el nombre del propietario; a otros llegaron
cabezas de perro como advertencia”.
Eso sucedió en la Zona Rosa, y colo-
nias como Condesa, Roma, Acoxpan, Juá-
rez y el Centro Histórico, principalmente
las ubicados en la delegación Cuauhté-
moc donde se concentran mil 500 de 3 mil
600 centros nocturnos del DF.
Los delincuentes, describe Rivera Cru-
ces,no suelen divertirse como la mayoría de
los parroquianos; permanecen de pie y se li-
mitan a observar. Los que se quedan afuera
vigilan la llegada de los clientes y observan
con qué pagan, si llevan reloj. Aunque, dice,
no hay un patrón de conducta especial.
Insiste en que en esa época la Anidice
La violencia se desborda

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presentó denuncias ante funcionarios del
gobierno capitalino como José Ávila, Jesús
Rodríguez Almeida, Manuel Mondragón y
Kalb, quien incluso “nos dijo que iban a ha-
cer trabajos de inteligencia para dar con es-
tos grupos”.
También, dice, informaron a Marcelo
Ebrard, aunque “no avanzamos porque
llegó el cambio de gobierno. Con la nueva
administración retomamos el punto, pero
aún es tema de agenda”.
Rivera Cruces asegura que hace mes
y medio se volvió a abordar el tema con
el secretario de gobierno, Héctor Serrano;
incluso hubo una reunión con integran-
tes de la Comisión Nacional de Seguridad
para hablar sobre la forma de blindar a los
negocios de las zonas conflictivas en la
Ciudad de México y del resto del país para
evitar la venta de sustancias prohibidas.
“Cuando le preguntamos al procurador
Rodolfo Ríos qué hacer, nos dijo: Denun-
cien, porque si autorizan la entrada a los
narcomenudistas, automáticamente se con-
vierten en cómplices y entonces nosotros
aplicaremos la Ley de Extensión de Dominio.
Le dije, si… vamos a denunciar con nuestras
vidas.Esto fue dos semanas antes de que su-
cediera lo del Haven”, comenta el dirigente
de la Anidice.
–¿Hay vigilancia?
–No con la consigna de combatir la ven-
ta de droga porque se acaba de instalar la
Fiscalía de narcomenudeo y ni la PGJDF ni la
SSP estaban capacitadas para actuar.A Héc-
tor Serrano le entregue el ABC de cómo re-
gularizar la vida nocturna en la ciudad para
transparentarla: le propuse que en internet
se verifiquen todos los documentos que
avalan la existencia del establecimiento.
Los fines de semana las discotecas,
bares y centros nocturnos afiliados a la
Anidice reciben a millón 100 mil perso-
nas, en su mayoría jóvenes, afirma Rivera
Cruces. Es a ellos a quien los delincuentes
intentan venderles psicotrópicos.
–¿Se identifican con algún cártel?
–No los tenemos identificados; tam-
poco sabemos de dónde son.
–¿Conoce a los dueños del Crystal y
del Heaven?
–No,porquesonlugaresnoafiliadosyca-
recen de licencia de funcionamiento y otros
requisitos para operar legalmente; son giros
negros. En la Ciudad de México deben existir
unos 300, la mayoría se concentran en la de-
legación Cuauhtémoc. A ellos, se suman 20
Afters –donde la gente suele terminar des-
pués de la fiesta–. Son demasiados, si toma-
mos en cuenta que embriagan a los jóvenes
con bebidas adulteradas hasta desmayarlos.
Según datos proporcionados por fun-
cionarios de la demarcación, en la Zona Ro-
sa hay siete Afters. Tras la desaparición de
los tepiteños,cerraron sus puertas.Hoy sólo
abren de día el Foster, El Suit y El Roma.
–Resulta increíble que el gobierno no
los detecte...
–Hay impunidad y corrupción en las
delegaciones. Su departamento jurídico
es autónomo; y para que haya una revi-
sión formal se debe aprobar una orden de
verificación. El problema es que, aun sa-
biendo de la existencia de los lugares que
operan de manera ilegal, el jurídico no ge-
nera una orden de verificación.
“Pedimos a la Secretaría de Gobierno y
a la Asamblea Legislativa que se legisle para
que el Instituto de Verificación Administra-
tiva (Invea) tenga todas las facultades para
la emisión de licencias de funcionamiento,
porque existe un vínculo histórico de co-
rrupción entre las delegaciones y los estable-
cimientos mercantiles, desde una tintorería
hasta giros negros”, afirma Rivera Cruces.
Desde que se creó el Invea, dice, “se-
guimos las verificaciones que realiza en
materia de impacto zonal en centros noc-
turnos y no hemos encontrado un solo
caso de corrupción. Por intereses econó-
micos, las delegaciones no quieren soltar
ese poder. Me refiero a la Cuauhtémoc, Ál-
varo Obregón,Tlalpan y Coyoacán.
Cotos de poder delegacional
Cuando se le piden nombres responde de
inmediato: “Víctor Hugo Romo, quien fue
diputado y ahora es delegado de la Miguel
Hidalgo; Eduardo Santillán, es titular en Ál-
varo Obregón hoy es diputado; Leonel Lu-
na, ex titular en esa misma demarcación,
luego fue legislador y de nuevo titular en
Álvaro Obregón. Ellos legislan y acotan el
poder. No quieren soltar la parte adminis-
trativa de las verificaciones al Invea.
–¿Por qué no quieren?
–Porque hay intereses económicos de
los delegados y los diputados.
–¿Se refiere a que reciben dinero por
proteger esos establecimientos?
–¡Claro! Si multiplicamos 15 mil pesos
mensuales –que cada uno le puede dar co-
mo “cuota a las delegaciones”– por 3 mil
600 negocios, ese es el monto del interés
económico que tienen; por eso no lo suel-
tan. Es la única forma en que lo interpreto.
–¿Qué argumentos les dieron?
–El secretario de Gobierno nos dijo que
hay resistencia de los delegados y que les es-
tá costando mucho trabajo integrarlos. Pero
se tiene que hacer porque está en la ley.
–¿Tienen un padrón de giros negros?
–Vamos a censar nosotros –verifica-
dores, vecinos y los cuerpos de seguridad
del GDF– para detectar lugares que operen
después de las cinco de la mañana. El año
pasado, la exsubsecretaria de Participación
Ciudadana de la SSPDF (Secretaría de Se-
guridad Pública del DF), Nora Frías Melgo-
za, tenía uno. Nunca lo emplearon.
“Si me preguntas si hay forma de re-
gular la vida nocturna la respuesta es sí. Si
me preguntas por qué no lo han hecho, te
digo que por falta de voluntad y por intere-
ses económicos. Corrupción e impunidad.”
Acerca de si las autoridades capitalinas
se sienten impunes ante el narcotráfico,
Rivera Cruces, entrega a Proceso una re-
lación de casos y señala: Antes de que la
delincuencia organizada generara desban-
dada de empresarios, quemara negocios y
matara gente, empezaron a intimidar en
Guerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas,
Monterrey, Tabasco, Quintana Roo y Playa
del Carmen. No visualizaban lo que les de-
cíamos como algo que realmente sucedía.
–¿Lo sabían desde 2010?
–Sí. Se los dijimos.
Sobre este punto, Fernando Óscar Gar-
cía Chávez, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) en la Ciudad de México, dice: “Que se
denuncie y que haya discrecionalidad por
parte del gobierno. Porque con los 12 jóve-
nes desaparecidos no hay duda de que el
crimen organizado está en nuestra ciudad.
Las autoridades afirman que no. Pero si se
registran este tipo de situaciones, el Distri-
to Federal puede convertirse en un caos”.
Y remata: “Que desde este momento las
autoridades entren a investigar, a cuidar a
los empleados y a los negocios… porque así
se desbordó el crimen en otras ciudades”.
LA CAPITAL
Familiares de los 12 jóvenes tepiteños. Reclamos

PATRICIA DÁVILA
E
l sistema de justicia penal mos-
tró su peor rostro en el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa. Aún no
concluía su administración cuan-
do los casos que tanto había pre-
sumido el panista comenzaron a
desplomarse por falta de solidez jurídica y
por violaciones al debido proceso.
En cinco años de calderonismo, la Pro-
curaduría General de la República (PGR) tu-
vo que desistirse en más de medio centenar
de denuncias por expedientes mal integra-
dos y otras anomalías, así como por el abu-
so de testigos protegidos, fabricación de
culpables, manipulación de casos por fun-
cionarios de primer nivel y abuso de la pri-
sión preventiva.
La autoridad también trompicó por vio-
laciones al principio de tipicidad por parte
del Ministerio Público (acusaciones que no
La
justicia de la PGR
correspondían con el delito realmente in-
dagado), falta del conocimiento directo de
los casos por parte de los jueces, manipula-
ción de los casos por parte de Genaro Gar-
cía Luna, entonces titular de la Secretaría
de Seguridad Pública,y de Marisela Morales
Ibáñez, la última procuradora de Calderón.
Acciones emblemáticas del mandata-
rio panista se derrumbaron una tras otra,
bien durante su sexenio, bien durante el
actual. Como ejemplos están la Operación
Limpieza; el encarcelamiento de Noé Ra-
mírez Mandujano, entonces titular de la
Subprocuraduría de Investigación Espe-
cializada en Delincuencia Organizada (SIE-
DO); la Operación Cancún; el michoacanazo;
la desarticulación de la banda de secues-
tradores Los Zodiacos (a la que supuesta-
mente pertenecía la francesa Florence
Cassez), y los procesos contra militares de
alto rango como el general Tomás Ánge-
les Dauahare –detenido por sus presuntos
vínculos con el cártel de los hermanos Bel-
trán Leyva.
Casos como el de Javier Herrera Va-
lles, excoordinador de Seguridad Regio-
nal de la Policía Federal; el de Griselda Ló-
pez Pérez, expareja de Joaquín Guzmán
Loera –líder del Cártel de Sinaloa–, y el del
exalcalde tijuanense Jorge Hank Rhon evi-
denciaron también las fallas sistémicas
en la impartición de justicia durante el go-
bierno calderonista.
El 18 de abril último, el titular de la PGR,
Jesús Murillo Karam,anunció una investiga-
ción contra el testigo protegido Jennifer y los
funcionarios que incurrieron en la “fabrica-
ción” de pruebas y “manipulación” de testi-
monios utilizados en la Operación Limpieza
y en el caso del general Ángeles Dauahare.
torcida
DavidDeolarte/Procesofoto
DavidDeolarte/Procesofoto
12 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

Durante el sexenio de Calderón las herramientas judi-
cialesseusaronconfinespolíticos.Laspruebashablan:
a la PGR y a la SSP se les derrumbaron casos que ha-
bían presumido como triunfos de sus administraciones.
Apenas parece importar: pese a las decenas de vidas
arruinadas, a las flagrantes violaciones al debido proce-
so y a la incompetencia decenas de veces corroborada,
no hay sentenciados por el montaje de Florence Cassez,
el michoacanazo o las detenciones de Noé Ramírez y To-
más Ángeles,entre otros.En el mejor de los mundos,afir-
man académicos, quizás en 10 años sea juzgado algún
funcionario de alto nivel por violar el debido proceso.
Por esas razones llamó la atención el
nombramiento de la exprocuradora Mari-
sela Morales Ibáñez como cónsul de Méxi-
co en Milán, Italia, en mayo pasado.
Para Javier Ulises Oliva Posada, espe-
cialista en seguridad nacional y narcotrá-
fico de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el sexenio calderonis-
ta estuvo marcado por un “uso de recur-
sos judiciales con fines políticos”. Éste, di-
ce, “es un punto crítico que caracterizó a
esta administración. Por eso les fue impo-
sible sostener muchos casos legalmente”.
Oliva también critica el “uso despropor-
cionado” de los testigos protegidos: “En Mé-
xico basta con la palabra incriminatoria de
un narcotraficante para enjuiciar a una per-
sona –dice–. Hoy, en la PGR, una llamada o
un escrito anónimo tiene mayor credibili-
dad. Es tal la incapacidad de investigación
de las policías que las denuncias anónimas
se convirtieron en un pilar fundamental pa-
ra rescatar secuestrados, detectar casas con
acopio de armas, dinero y drogas”.
Las fallas en la PGR se manifestaron
desde 2008, precisamente cuando el titu-
lar de la PGR, Eduardo Medina Mora, detec-
tó que la dependencia estaba infiltrada por
las bandas criminales. Eran los tiempos de
la Operación Limpieza, programa encami-
nado a combatir a los grupos del crimen or-
ganizado que habían logrado meterse a las
instituciones gubernamentales.
A raíz de ello fueron detenidos 25 al-
tos funcionarios, de los cuales 13 fue-
ron acusados de manera formal. En 2012,
ocho –los de mayor rango– ya habían re-
cuperado su libertad.
Uno de los acusados era Noé Ramírez
Mandujano, el titular de la SIEDO. Él fue
acusado de presuntos nexos con los Beltrán
Leyva, entonces aliados del Cártel de Sina-
loa.Ramírez Mandujano también quedó ab-
suelto de los cargos el año pasado.
Ya en 2013, el juez primero de Distri-
to Penal, Mauricio Fernández de la Mora,
pidió incluso al procurador Murillo Karam
iniciar una investigación por probables
delitos cometidos por el Ministerio Públi-
co en el proceso de recopilación de prue-
bas durante la Operación Limpieza.
Cadena de fracasos
Tras la detención de Ramírez Manduja-
no en agosto de 2008, su cargo fue ocupa-
do por Morales Ibáñez. Dos años y ocho
meses después, en abril de 2011, ella fue
nombrada titular de la PGR. Fue durante
su gestión cuando comenzaron a acumu-
larse los fracasos:
–En 2008, según la declaración del tes-
tigo protegido El Pitufo, la PGR acusó al ex-
coordinador de Seguridad Regional de la
Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles,
de presunta colusión con el Cártel de Si-
naloa. Sin embargo, según el acusado, to-
do derivó de un enfrentamiento con Gena-
ro García Luna, titular de la corporación.
García Luna se molestó, dijo Herrera
Valles, por una denuncia que hizo sobre
los presuntos nexos del funcionario con el
narco, así como por la compra de helicóp-
teros sin licitación, el ascenso de policías
sin carrera y la protección a uniformados
corruptos. El 7 de septiembre de 2012 un
tribunal federal absolvió a Herrera Valles
por falta de pruebas.
–En marzo de 2009, después de la eje-
cución del general de brigada Mauro Enri-
queTello Quiñones, el teniente de infante-
e
m
m
fu
Le
loa
EduardoMiranda
APphoto/ChristopheEna
Morales con Murillo. Compleja transición
JUSTICIA
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 13

“
P
or el desaseo y la fabricación de
culpables, el caso de ‘los 21 de
Tecate’ constituye un caso para-
digmático de la actuación de la
Procuraduría General de la República (PGR)
durante la administración de Felipe Calde-
rón”, sostiene el empresario y dirigente de
la Fundación de Defensa de Derechos Ci-
viles y Garantías Individuales, Juan Aldre-
te Márquez.
El caso, por el que fueron encarcela-
das 21 personas acusadas de atentar con-
tra dos policías federales en abril de 2009
y que este semanario abordó en su edición
1871, reúne prácticamente todas las faltas
al debido proceso denunciadas por organi-
zaciones de derechos humanos durante la
“guerra contra el narcotráfico”. A saber: de-
tenciones arbitrarias ejecutadas por policías
federales, torturas atribuidas a militares; re-
clusión en una instalación castrense; arrai-
go durante 80 días; desaparición forzada
de uno de los detenidos; pérdida de mate-
rial probatorio; notificación tardía al consu-
lado de Estados Unidos por la detención de
uno de sus ciudadanos. Además, múltiples
anomalías en la integración de la averigua-
ción previa, entre ellas la consignación con
firmas no autorizadas por la PGR y la valida-
ción de testimonios de personas sedadas.
Las irregularidades del proceso penal,
desahogado por el juez primero de Distrito
en Procesos Penales en el estado de Naya-
rit, Mauricio Fernández de la Mora –el mismo
que puso en libertad al exzar antidrogas Noé
Ramírez Mandujano en abril de este año–,
mantienen en prisión a 17 personas en el pe-
nal de mediana seguridad de El Hongo. Cua-
tro, los hermanos Samuel, César, Abraham
y Adán Parra Quiroa, quedaron en libertad
después de ganar un amparo pero tuvieron
que pagar cada uno una fianza de 13 mil pe-
sos, por portación de un arma vieja sin cartu-
chos, propiedad de César. Por esa misma ar-
ma, Jorge Gaxiola, detenido junto a los Parra,
purga en las Islas Marías una sentencia de 27
años impuesta por el mismo juez Fernández
de la Mora (Apro, enero 18, 2013).
“Los 21 de Tecate” fueron procesados
por homicidio calificado en grado de tenta-
tiva, delincuencia organizada, delitos contra
la salud, posesión de armas de uso exclu-
sivo del Ejército, daños en propiedad aje-
na y delitos cometidos contra funcionarios
públicos.
“Estamos convencidos de que el ca-
so cumple con las características para ser
presentado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos –dice en entrevista con
Proceso Juan Aldrete Márquez, padre del
estadunidense Jesús Aldrete Rosas– por-
te la firma de una persona cuyo centro de
adscripción en ese momento era el Distrito
Federal; esas actuaciones son inválidas”,
alega en entrevista la abogada de los dete-
nidos Sandra Esquer.
En el escrito de desvanecimiento de da-
tos, la defensa de los acusados resalta la
integración de documentos firmados en Ti-
juana y en Tecate por el mismo agente mi-
nisterial, Humberto Velázquez Villalvazo, te-
niendo como testigo de asistencia a Gómez,
que hablarían de que se hicieron traslados a
una velocidad inusitada.
El acuerdo de recepción del parte infor-
mativo firmado por Velázquez Villalvazo es-
tá fechado el 8 de abril de 2009 a las cuatro
horas en la ciudad de Tijuana, “después es-
te mismo agente en dos minutos se traslada
a la ciudad de Tecate para elaborar la cons-
tancia de traslado a las cuatro horas con
dos minutos y (…) atendiendo a la lectura
íntegra del acuerdo mediante el cual califi-
ca la detención, a las cuatro horas con cin-
co minutos, lo realiza en la ciudad de Tijua-
na, por lo tanto en menos de cinco minutos
se constituyó en dos ciudades diferentes
que están a una distancia de 35 kilómetros”,
se indica en el escrito en el que se pedían al
juez Mauricio Fernández de la Mora deses-
timar esas diligencias por generar “duda de
ser ciertos, y es una consecuencia de no te-
ner personal capacitado (en la PGR) como
dice la ley”.
Otros elementos que según la defensa
deben ser desestimados son las querellas
presentadas por los policías federales heri-
dos Ulises Rodríguez González y César Be-
cerra Mondragón el 8 de abril de 2009, cuya
recepción de documentos fue admitida por
el agente ministerial Velázquez Villalvazo de
lo que dio fe Miguel Gómez.
La defensa de los acusados puso en du-
da también otros datos contenidos en la in-
dagatoria que sirvieron a la PGR para “ro-
bustecer” las acusaciones contra “los 21 de
Tecate”: el “hallazgo” de 527 envoltorios de
marihuana por efectivos militares en un do-
micilio inexistente en Tecate y atribuido a
una llamada anónima recibida en la subde-
legación de la PGR en Tijuana el 8 de abril
que adjudicaba la droga a los detenidos, así
Cuando falla el debido procesoGLORIA LETICIA DÍAZ
que durante estos cuatro años hemos ad-
vertido que cuando las autoridades deciden
fabricar culpables, no hay nada qué hacer,
por más que demostremos las irregularida-
des en la integración de la averiguación pre-
via, y que hemos sido víctimas de obstruc-
ción de la justicia por parte del mismo juez,
que perdió el video del atentado y que prue-
ba la inocencia de nuestros familiares.”
Aldrete Márquez interpuso dos denun-
cias ante la PGR: una en la Visitaduría Ge-
neral y la Dirección General de Delitos Co-
metidos por Servidores Públicos, por la
actuación de funcionarios de la dependen-
cia y de la Policía Federal. Otra, en el Con-
sejo de la Judicatura Federal, contra el juez
Fernández de la Mora por la pérdida del ma-
terial probatorio.
En el último trimestre de 2012, los de-
tenidos unificados en una misma estrategia
jurídica presentaron ante el juez Fernández
de la Mora un incidente de desvanecimiento
de datos que ponía en evidencia serias ano-
malías en el proceso penal identificado con
el número 8/2009.
El documento, del cual Proceso tiene
copia, asienta como primera irregularidad
que 43 actuaciones del agente del Ministe-
rio Público federal Humberto Velázquez Vi-
llalvazo fueron validadas con firmas de una
persona de nombre Miguel Ángel Gómez,
quien fungió como testigo de asistencia.
Según información proporcionada por
la PGR a la defensa el 19 de abril de 2012,
“Miguel Ángel Gómez o Miguel Ángel Gó-
mez Martínez se encontraba adscrito en la
Ciudad de México en el puesto de profesio-
nal ejecutivo de Servicios Especializados”
cuando firmó escritos en Baja California.
“Si en los casos de Ramírez Manduja-
no y el general Tomás Ángeles Dauahare se
hace un escándalo porque comprobaron
que el testigo protegido (Jennifer) mintió, es
todavía más grave que en documentos ofi-
ciales emitidos en Baja California se asien- http://www.radartecatenews.com
Aldrete (segundo de izq. a der.). Demanda de justicia
14 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

ría Geotulio César Román Zúñiga y Juan
Ramírez Sánchez –sobrino del entonces
alcalde Gregorio Sánchez, Greg–, la PGR
puso en marcha la Operación Cancún.
Elementos de la SIEDO (rebautizada
como SEIDO en septiembre de 2012) de-
tuvieron a Boris del Valle Alonso El Boris,
asesor en materia de seguridad de Greg.
Según la procuraduría, El Pitufo lo acusó
de tráfico de indocumentados y de estar
vinculado a Los Zetas en Yucatán. Pos-
teriormente Greg fue arrestado, con una
acusación de delincuencia organizada.
El Boris estuvo preso hasta el 11 de
enero de 2011, cuando el Juzgado Segun-
do de Distrito con sede en Tepic, Naya-
rit, lo absolvió de los cargos. Meses des-
pués, en julio, Greg recuperó su libertad;
la PGR tampoco sostuvo la acusación en
su contra.
–Morales Ibáñez también tuvo un tro-
piezo en el caso de Juan Carlos Castro Ga-
leana, Julio César Mondragón Mendoza
y Alfredo Rosas Elicea, detenidos por su
presunta implicación en el estallido de
granadas durante los festejos del 15 de
septiembre de 2008 en Morelia, Michoa-
cán (averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-
TA/110 /2008). Los detenidos fueron tor-
turados y acusados de terrorismo. El caso
también se cayó, pues dos de ellos fueron
liberados en septiembre de 2011.
–En mayo de 2009, en un operativo sin
precedente, elementos del Ejército y la
SIEDO detuvieron en Michoacán a 27 ser-
vidores públicos de Michoacán,entre ellos
10 alcaldes, por presuntos vínculos con
Los Zetas y La Familia Michoacana.Tuvie-
ron que ser liberados por falta de pruebas.
–En mayo de 2010, en Culiacán, Gri-
selda López Pérez, exesposa de El Chapo,
fue detenida por agentes de la SIEDO, la
PF y soldados, acusada de lavado de di-
nero. No llevaba ni 24 horas en la Sub-
procuraduría cuando fue liberada.
–El caso que más repercusión mediá-
tica tuvo fue el de Florence Cassez, quien
fue detenida el 7 de diciembre de 2005 por
su presunta asociación con la banda de
secuestradores Los Zodiacos. Por órdenes
de García Luna, la Agencia Federal de In-
vestigación (AFI) realizó un montaje para
simular que el arresto ocurría horas des-
pués de que fuera efectivamente concre-
tado, para que las cámaras de TV Azte-
ca y Televisa lo trasmitieran “en vivo”.
Desmontado el montaje de García Lu-
na, Cassez tuvo que ser liberada el 23 de
enero pasado; la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación le otorgó el amparo por
fallas en su proceso, sin pronunciarse so-
bre su inocencia o culpabilidad.
El 24 de enero, un día después de la li-
beración de la ciudadana francesa,Murillo
Karam dijo en una reunión con senadores
del PRI y del PVEM que los errores come-
tidos en el caso Cassez podrían constituir
un delito y que el resolutivo emitido por la
Corte lastimó a la sociedad.
“Lástima –dijo–, porque no podemos
llegar a una verdad legal sobre la inocen-
cia o culpabilidad (de Cassez) derivado de
un mal manejo de una parte de la inves-
tigación… Me toca ver si ese mal mane-
jo es producto de una actitud que pudie-
ra constituir un delito.”
Han pasado más de cuatro meses y
la PGR aún no abre ninguna investiga-
ción. El 13 de marzo pasado, el ómbuds-
man nacional, Raúl Plascencia, expuso
en un informe que, en el caso Cassez, 21
funcionarios afrentaron el debido proce-
so: 15 eran de la AFI, dos del MP y cuatro
más eran altos mandos de la PGR.
Todos, según Plascencia, violaron la
Constitución mexicana y convenios in-
ternacionales sobre derechos humanos.
Igual de contraproducente le resultó
a la PGR la detención del general Tomás
Ángeles Dauahare. Tras la liberación del
militar, el juez que llevó su caso pidió a
la dependencia investigar a los servido-
res públicos responsables.
Proceso solicitó una entrevista a la
procuraduría para conocer qué averigua-
ciones previas se le abrieron al inculpado.
Hasta el viernes 7 no hubo respuesta.
Las fallas procesales
Para el penalista Héctor Carreón Herre-
ra –antiguo delegado de la PGR en Puebla
y Coahuila y subprocurador de Averigua-
ciones Previas en la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal–, el siste-
ma de justicia penal colapsó, entre otros
factores, por el abuso de la prisión pre-
ventiva, la violación del principio de tipi-
cidad por parte del MP, el hecho de que se
traslade la facultad para integrar las ave-
como el decomiso de un arsenal también
en un domicilio inexistente en Tecate, pues-
to a disposición el 7 de abril por los policías
federales Óscar Cázares y Félix Hernández
Xochititla, quienes sostienen en sus com-
parecencias que armas, cartuchos y carga-
dores estaban en posesión de ocho deteni-
dos, entre ellos Jesús Aldrate y su tío Sixto
Aldrate Márquez. Estas diligencias también
fueron validadas por la firma de Miguel Án-
gel Gómez.
De acuerdo con el documento presenta-
do por la defensa de los detenidos al Juzga-
do Primero de Distrito de Procesos Penales,
con el incidente de desvanecimiento de da-
tos lo que se buscaba era “refutar práctica-
mente todos los medios de prueba que sir-
vieron de base para acreditar el cuerpo del
delito”, en apego al artículo 422 del Código
Federal de Procedimientos Penales.
El 26 de noviembre de 2012, el juez Fer-
nández de la Mora resolvió sin más explica-
ciones que “resulta infundado el incidente
planteado”, resolución que fue apelada por
uno de los detenidos y que hasta ahora no
ha tenido respuesta.
Apoyados en fotografías tomadas por
un reportero local que atestiguó la detención
de Jesús, los Aldrate han sostenido que Six-
to y Jesús fueron sacados por otros policías
federales del domicilio del empresario Juan
Aldrate, de donde también sustrajeron una
camioneta Ford Lobo-2005, color negra,
con placas de California, que no aparece.
“En estos cuatro años se ha citado en
14 ocasiones a los que firman como agen-
tes aprehensores para que se careen con
mi hermano y mi hijo, y el juez Fernández de
la Mora no ha querido tomar medidas pa-
ra obligarlos a comparecer; se ha argumen-
tado que uno de los aprehensores, Óscar
Cázares, estaba comisionado como guar-
dia personal de la hermana de Felipe Calde-
rón (María Luisa Calderón Hinojosa)”, rela-
ta Juan Aldrete, también coordinador de la
Fundación de Defensa de Derechos Civiles
y Garantías Individuales.
Agrega que “un día los policías que fir-
man como aprehensores fueron al juzgado
de El Hongo por exhorto y resulta que no pu-
do llevarse a cabo el careo porque se dijo
que tenían información de que habría un mo-
tín en el penal, y cuando se logró localizar a
Miguel Gómez para que se compareciera, la
audiencia no se llevó a cabo porque supues-
tamente había una amenaza de bomba”.
Aldrete Márquez estuvo en el Distri-
to Federal los primeros días de mayo para
formalizar la queja contra el juez Mauricio
Fernández de la Mora ante el Consejo de la
Judicatura Federal, así como para soste-
ner reuniones con funcionarios de la PGR
para dar seguimiento a sus denuncias con-
tra funcionarios y exfuncionarios de esa de-
pendencia y de la PF, interpuestas en 2011 y
2012, sin que hasta ahora se les haya dado
respuesta.
JorgeArciga
Plascencia. Informe cuestionador
JUSTICIA
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 15

riguaciones previas a los secretarios y la
falta de conocimiento directo de los casos
por parte de los jueces.
“Se imponían sanciones con base en
la peligrosidad o temibilidad de una per-
sona, en lugar de que se hiciera efectivo
el principio de culpabilidad. Esas situacio-
nes de desconocer los principios que sus-
tentan un derecho procesal penal de corte
liberal llevó a esta crisis en el sexenio pa-
sado”, comenta.
–Si el MP llevara a cabo la investigación
y sancionara a los servidores públicos im-
plicados, ¿qué delitos se les imputarían?
–No conozco la investigación, si es que
existe, pero si alguien abusa de sus faculta-
des, hay todo un catálogo de tipo penal al
que pueden ajustarse las conductas.Las le-
yes contemplan delitos contra la adminis-
tración de justicia y contra la procuración
de justicia.
“Si un juez sabe que no se acredita per-
fectamente el cuerpo del delito ni la res-
ponsabilidad plena y dicta una sentencia
contraria a lo que puede probar está come-
tiendo un delito contra la administración
de justicia.
“Si hace un uso indebido de recursos
como servidor público es peculado; si uti-
liza instrumentos legales del Estado y no
les da el fin que establecen los reglamen-
tos y la Ley Orgánica, extralimitándose en
las funciones que señala la norma, podría
haber un abuso de autoridad.”
–Si no se investiga a los servidores pú-
blicos responsables, ¿cuáles son las impli-
caciones jurídicas, políticas y sociales?
–El Estado debe proveer la seguridad ju-
rídica y pública.Si no se investiga,continua-
mos con la falta de credibilidad por parte de
la sociedad. Si la autoridad tiene conoci-
miento y no actúa, violenta el principio de
legalidad.El artículo 21 constitucional seña-
la que la investigación de los delitos corres-
ponde al MP; si hay elementos y el juez no
consigna, incurre en una ilegalidad.
–¿Por qué en lugar de investigar y san-
cionar a estos funcionarios el gobierno los
premia con un consulado en Milán, como
en el caso de Marisela Morales?
–No puedo afirmar que no están suje-
tos a investigación. Fuera de los casos de
flagrancia, el MP puede llevar a cabo la in-
vestigación sin detenido.
El penalista Javier Carrasco Solís, direc-
tor del Instituto de Justicia Procesal Penal,
explica la causa de que exista más de una
centena de casos en los que la PGR se vio
obligada a desistirse: “Nos encontramos
entre dos situaciones un tanto desiguales:
el Estado, con todo el poder, va contra una
persona que se encuentra sin recursos e in-
defensa. La ley reconoce la presunción de
inocencia, pero para demostrarla debe ha-
ber un control de la autoridad para evitar
que atropelle esos derechos.En ese sentido,
la PGR no ha actuado conforme a ese marco
legal. Por eso se han caído sus casos.
“Si hablamos de Cassez, de Hank Rhon
o de los otros casos, la autoridad que par-
ticipó en la detención violó los procedi-
mientos que la ley establece, por eso el
juez debió invalidar esas actuaciones y lo
recabado en torno a ellas.”
Carrasco Solís considera que todos los
servidores públicos implicados en el caso
Cassez deben responder a la autoridad en
un debido proceso porque, puntualiza, ac-
tuaron fuera de la ley.
E insiste: si la Corte resolvió que hubo
actos ilegales, quienes participaron en la
aprehensión –el que dio la orden y sus su-
periores jerárquicos– son responsables. Y
si los jefes no dieron la orden literalmen-
te también son responsables por omisión,
porque no estuvieron al pendiente de lo
que sus subordinados hacían.
“Aunque en México aún no se habla de
la figura de ‘error judicial’, la Convención In-
teramericana sobre los Derechos Humanos
dice que la persona puede ser indemnizada
por este concepto.Entonces,una víctima de-
tenida y sentenciada en forma indebida,con
pruebas valoradas erróneamente, puede re-
clamar un error judicial.
“En este caso, el Estado mexicano en-
frentará grandes problemas, porque los
imputados están inconformes. Si esto su-
cede, ¿de dónde les van a pagar?, porque
son muchos…”
–De no sancionar a los servidores pú-
blicos que fabricaron estos casos, ¿la PGR
estaría incurriendo en la misma irregula-
ridad del pasado?
–Sí. Si las víctimas demandan que se
investigue y la PGR no lo hace.
–¿Y si no han denunciado?
–Si no existe la denuncia, la PGR tiene
la obligación de abrir un proceso interno.
En la administración pública cada entidad
tiene sus propios mecanismos para inves-
tigar a sus funcionarios a través de las vi-
sitadurías o la contraloría, que son órga-
nos de autocontrol. Si existiera voluntad
en la Procuraduría, ese órgano de auto-
control ya estaría investigando, partiendo
de que existen como 60 casos con irregu-
laridades similares.
Lo que viene
Javier Carrasco Solís explica que el funcio-
nario sujeto a investigación puede resultar
responsable administrativa o penalmente
de algún acto, por lo que debería abrírsele
un proceso. En el primero de los casos sería
inhabilitado para ejercer la función pública
por cierto tiempo.
“En los casos de García Luna y Morales
Ibáñez, por ejemplo, una instancia jurisdic-
cional afirmó ya que hubo acciones fuera de
la ley. Por lo tanto deben ser sancionados.
De lo contrario,jamás vamos a funcionar de
acuerdo al marco legal.”
–Aun con todo lo que dejó atrás, Mari-
sela Morales fue nombrada cónsul en Mi-
lán –se le insiste.
–Será una repercusión muy fuerte. En
casos en los cuales hubo irregularidades y
a la autoridad responsable de las violacio-
nes se le asigna un nuevo cargo,la ciudada-
nía se pregunta: ¿Qué pasó aquí? Eso sí que
impacta socialmente.
Acerca de qué debe hacerse para termi-
nar con la manipulación por parte de fun-
cionarios en muchas de las averiguaciones,
el entrevistado afirma: “El MP debe ser in-
dependiente. No permitir que le den una
línea política para dejar de hacer o hacer
cierta cosa. Debe ceñirse a investigar de
acuerdo con la ley”.
–¿Actualmente es independiente?
–No en todos los casos. Por mil razo-
nes no hay una investigación adecuada.
Falta de pericia, de tiempo; a ello se suma
la presión política, económica, la de gru-
pos que manejan intereses muy fuertes y
la de la prensa.
“Con el nuevo sistema de justicia pe-
nal acusatorio, quizás en 10 años poda-
mos ver que un funcionario de alto nivel
acusado de violar el debido proceso sea
sancionado.”
GermánCanseco García Luna. En tela de juicio
16 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

de la impunidad
El turbio caso del incendio en la guardería ABC de Her-
mosillo,Sonora,esemblemáticodelaimpunidadqueim-
pera en México. Cuatro años del “accidente” han trans-
curridoy,apenas,unbalbucientegobiernofederal vuelve
aprometerlomismoquelaadministración calderonista:
justicia. Las nuevas tesis de un grupo de padres afecta-
dos son implacables: el siniestro fue “provocado”, y ello
ocurrió por causa de la corrupción.
JOSÉ GIL OLMOS
C
uatro años después del incendio
en la guardería ABC, la exigencia
de justicia no ha sido cumplida
por ninguna autoridad para los
padres de los 49 niños muertos
y más de 70 afectados.“Este es el
imperio de la impunidad y con este gobier-
no tengo pocas esperanzas”, expresa des-
ilusionado Abraham Freijo, miembro del
Movimiento 5 de Junio.
Durante todo este tiempo los papás de
los niños muertos y afectados por el in-
cendio de la guardería de Hermosillo, So-
nora, han buscado con marchas, mítines,
juicios populares, demandas, cartas, en-
trevistas y hasta con peticiones a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación que
se investigue y se castigue a los res-
ponsables del hecho.
Hasta el momento, sin embargo,
no se ha logrado nada. De las 29 per-
sonas procesadas por su presunta
responsabilidad, sólo Delia Irene Bo-
tello Amante, excoordinadora zonal
de Guarderías del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), permane-
ce presa en el Centro de Readaptación
Social (Cereso) de Hermosillo, porque
no tiene derecho a fianza.
Ahora existe una nueva línea de in-
vestigación, basada en una sospecha
que se manejó entre los padres de los
niños de la guardería desde el principio
y que ya sigue la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), la cual apun-
ta a la responsabilidad del exgoberna-
dor Eduardo Bours Castello.
De acuerdo con el documento entre-
gado a la PGR por la agrupación Manos
Unidas por Nuestros Niños, el incendio
en la bodega aledaña a la guardería ABC
que servía de almacén de la Secretaría de
Hacienda estatal “fue intencional” y fue
ordenado por funcionarios del gobierno
de Bours.
Con base en la investigación que hizo
este grupo, integrado por padres de los in-
fantes fallecidos y lesionados, el incendio
ocurrido el 5 de junio de 2009 “no se tra-
tó de un hecho accidental ni fortuito”, sino
Emblema
JUSTICIA
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 17

que fue “ordenado y dirigido” por Juan Car-
los Lam Félix,quien se desempeñaba como
secretario técnico del poder ejecutivo local
en el gobierno de Bours.
Según el documento, cuya copia tiene
Proceso y el cual fue entregado al procu-
rador general de la República Jesús Murillo
Karam el 17 de abril, el siniestro tuvo co-
mo propósito “destruir información docu-
mental relacionada con la deuda de $ 10,
000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos)
generada en ese sexenio por el Plan Sonora
Proyecta, que fue el principal programa de
obras de ese gobierno”.
De acuerdo con la investigación del
grupo Manos Unidas por Nuestros Niños,
el acto lo ordenó Lam Félix y fue ejecuta-
do por su chofer y guardaespaldas Carlos
Andrés López Meza, quien meses más tar-
de, el 18 de agosto de 2009, fue encontra-
do a las afueras de Hermosillo ejecutado de
nueve balazos.
Según un testigo que se encontraba en
la nave industrial donde ocurrió el incen-
dio –conformada en parte por la guardería
y en parte por la bodega del gobierno esta-
tal, separadas sólo por una pared improvi-
sada que no llegaba hasta el techo–, López
Meza estuvo en el lugar a bordo de su ca-
mioneta pick up negra y, en un diálogo con
otras dos personas, lo escuchó decir que
“lamentaba lo que iba a suceder”. Una de
esas personas era Efraín Castillo Guerrero,
funcionario del gobierno de Bours, indica
el mismo documento, que se halla en ma-
nos de la PGR.
En la información entregada al procu-
rador Karam se indica que hay una per-
sona identificada que posee un testimo-
nio por escrito de un funcionario en el que
narra la forma en que procedieron a la
quema y destrucción de la papelería que,
les encomendaron, debería desaparecer
usando turbosina que previamente saca-
ron del hangar del gobierno estatal en el
aeropuerto de Hermosillo.
El texto indica que de esto estuvo en-
terado el procurador Abel Murrieta Gutié-
rrez, quien en ningún momento mandó
llamar a declarar a los testigos para que
presentaran sus testimonios y se amplia-
ra la averiguación previa que se abrió por
el siniestro ocurrido en la bodega donde
estaba la guardería ABC.
A partir de la denuncia presentada el
17 de abril pasado por el abogado de la aso-
ciación Manos Unidas por Nuestros Niños,
Gabriel Alvarado Serrano, la PGR abrió la
averiguación previa 19/2013 en la zona nor-
te. Renato Sales, subprocurador de Control
Regional, Procedimientos Penales y Ampa-
ro, indicó que por indicaciones del procu-
rador general de la República, Jesús Murillo
Karam, se revisarán todas las actuaciones
que en 2009 realizó la PGR sobre el incen-
dio en la guardería ABC.
“Se va a investigar todo lo que tenga
que ver con ese fideicomiso (Plan Sonora
Proyecta). De hecho se han solicitado ya
informes a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del estado; estamos esperando
alguna documentación. Acudiremos a re-
visar, vamos a buscar indicios vinculados
a la presencia de ese fideicomiso… docu-
mentación, si algo permanece y cómo se
manejó ese dinero”, dijo el subprocurador
de la PGR en declaraciones hechas públi-
cas en distintos medios.
En entrevista con Proceso, el aboga-
do Gabriel Alvarado dice que estas nue-
vas pruebas entregadas a la PGR buscan
llegar a la verdad histórica del caso y fin-
car responsabilidades.
“Finalmente recordar que a raíz de
esos hechos murieron 40 niños. No se tra-
ta de señalar responsables, sino que se
aclare la situación, y para ellos se pone a
conocimiento de la PGR una serie de cir-
cunstancias que implican nombres y de-
talles de lo que eventualmente pudo ha-
ber pasado allí”, precisa el abogado.
Recuerda que el Plan Proyecta Sonora
era el proyecto más ambicioso de Bours,
pero fracasó. Este ambicioso plan, dice,
consistía en llevar a cabo 100 obras viales,
de transporte, de pavimentación, hidráu-
licas, parques recreativos, infraestructura
de turismo, circuitos interiores en algunas
de las principales ciudades, etcétera, para
lo cual se requería de una inversión inicial
de 4 mil millones de pesos.
El gobernador Bours pidió en 2007 un
préstamo a Banorte a cuenta de bonos ba-
sados en los impuestos prediales y de au-
tos que cobraría a lo largo de tres décadas.
Pero como no fue aprobado por el Congre-
so estatal la deuda subió de inmediato,
con intereses, 520 millones de pesos más
en los primeros siete meses.
El gobernador Bours dijo que con ese
proyecto se contemplaba una derrama
económica de alrededor de 152 mil millo-
nes de pesos que impactaría al estado. Pe-
ro el esquema financiero de deuda ban-
caria no fue aprobado de inmediato sino
hasta un año después, en 2008, y al final
los intereses siguieron creciendo y el esta-
do quedó endeudado por 19 mil millones
de pesos a pagar en 30 años.
Las pruebas de las irregularidades co-
metidas por la hacienda del estado pre-
suntamente fueron las que se quemaron
intencionalmente en la bodega aledaña a
la guardería ABC.
La trama de Bours
De acuerdo con una de las nuevas líneas de
investigación entregadas a la PGR, el gober-
nador Eduardo Bours, su procurador Abel
Murrieta, Juan Carlos Lam, así como el se-
cretario técnico de gobierno y el entonces
director de Comunicación Social, Daniel
Durán, desplegaron una estrategia para
desviar la atención del incendio y centrarla
en los dueños de la guardería, a fin de eva-
dir toda responsabilidad.
Prueba de ello –señala el documento en-
tregado a la PGR– es que en una de las visi-
tas que Daniel Karam,director del IMSS que
sustituyó a Juan Molinar Horcasitas, hizo a
Sonora para atender el conflicto de la guar-
dería, el gobernador Bours le dijo: “Oye, di-
rector, en qué buen problema está el presi-
dente de la República puesto que una de las
responsables de este incendio es la sobri-
na de Margarita (esposa del entonces presi-
dente Felipe Calderón), haber (sic) cómo ex-
plica esto y mira que acaba de salir una foto
de ella en compañía de familiares de Marcia
Gómez del Campo…”.
Luego Bours envió a dos de sus funcio-
narios involucrados con los dueños de la
guardería, Antonio Salido (representante
legal) y Alfonso Escalante (esposo de una
de las dueñas, Sandra Lucía Téllez Nieves)
para que dieran una conferencia de pren-
MiguelDimayuga
Cuatro años. Y los responsables no caen
JUSTICIA
18 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

sa. Al negarse éstos, mandó a su jefe de
Comunicación a presionarlos y el 9 de ju-
nio tuvieron que dar dicha conferencia
acompañados de los socios de la estancia
infantil siniestrada.
“Prácticamente la estrategia de Bours y
su equipo estaba consumada.Los socios de
la guardería eran los grandes culpables an-
te toda la sociedad”, señala el documento,
en el cual se acusa también al exgoberna-
dor de falsear un oficio del IMSS “para in-
criminar más a los socios de una manera
definitiva”.
Se trata del oficio 23180 del jefe de
Prestaciones Económicas del IMSS, Emig-
dio Martínez García, fechado el 26 de julio
del 2005,“cuyo contenido es contrario a to-
da la demás documentación expedida por
el propio IMSS relacionada con la guarde-
ría ABC, la cual adulaba el buen funciona-
miento de la guardería”.
Es decir, que Bours trató de poner una
nueva trampa e “incriminar jurídicamen-
te” a los socios de la estancia infantil, pues
dicho oficio resultó apócrifo”, según decla-
ró ante el Ministerio Público Martínez Gar-
cía, y nunca hubo esas recomendaciones
de mejoría que supuestamente se hicieron
a la guardería y que no habrían sido cum-
plidas por los dueños de la misma.
Frente a esta presunta maraña de
trampas y de estrategias para deslindar
responsabilidades, los únicos que han per-
dido son los padres de los niños muertos
y afectados. A cuatro años del incendio si-
guen exigiendo justicia, sobre todo luego
de que en junio de 2010 la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación determinó que
tanto Bours como los exdirectores del IM-
SS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam
no estuvieron involucrados en la“violación
grave” de garantías en el caso.
También se exoneró a una de las propie-
tarias de la estancia infantil, Marcia Matilde
Gómez del Campo Laborín, prima de Mar-
garita Zavala, esposa de Felipe Calderón.
La impunidad
Según el subprocurador Rento Sales He-
redia, el próximo 5 de julio la PGR tendrá
resultados de la nueva línea de investiga-
ción sobre el origen y la presunta inten-
cionalidad del siniestro y que apunta al
exgobernador Eduardo Bours.
“Hay que indagar precisamente en re-
lación con esta afirmación, ver si conta-
mos con el material suficiente para probar
que el incendio fue doloso y revisar todo el
material que existe en la indagatoria. Hay
un dictamen pericial, por ejemplo, en ma-
teria de incendios y explosivos que seña-
la que éste fue provocado, que se provocó
directamente con algún encendedor o con
algún cerillo a partir de la presencia de tur-
bosina”,expuso el subprocurador en decla-
raciones publicadas la semana pasada.
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 19

de culpables
Poco a poco se desvanecen las “pruebas” con que
contaba la PGR para mantener en la cárcel a milita-
res de alto rango,entre ellos varios generales acusados
de complicidad con cárteles del narcotráfico. El abuso
en la utilización de testigos protegidos –casi siempre
delincuentes sin ninguna credibilidad– trajo como re-
sultado investigaciones hechizas, amañadas e incluso
ilegales que no se sostienen. La liberación del general
TomásÁngeleseselanunciodequemuyprontopodrían
recuperar su libertad otros de los mandos castrenses
que fueron acusados con bases endebles y con motivos
poco claros.Pero los responsables de los abusos tienen
aparentemente garantizada la impunidad.
Abram Fraijo, padre de Emiliana, quien
falleció en el incendio, integrante del Movi-
miento 5 de Junio, manifiesta sus reticen-
cias ante la nueva línea de investigación.
“Espero que no sea una cortina de hu-
mo el anuncio de la investigación de la PGR
a un incendio premeditado; ojalá que no
tengamos que esperar otros cuatro años
para que nos digan que por ahí no va la in-
vestigación. ¿Cómo vamos a revisar lo re-
visado, si ya todo está tan claro como es la
guardería ABC desde el principio? Se ha se-
ñalado la responsabilidad de los funciona-
rios, hay pruebas, señalamientos. ¿Qué tan
difícil es aplicar la justicia?... Pero es el bra-
zo de la corrupción, que es muy largo. Ese
es el problema.”
–El que haya una nueva línea de inves-
tigación ¿qué significa? –se le pregunta.
Responde:
–Eso no exime de responsabilidades a
los demás. No importa cómo y cuándo ha-
ya iniciado el incendio: las medidas de se-
guridad de la guardería eran una falacia, el
esquema de subrogación y la manera en
que estaban entregando los permisos de
las guarderías por parte del IMSS, en ese
tiempo por Juan Molinar Horcasitas, era
una corrupción.
“Esa línea de investigación no exime de
responsabilidades. Hay que recordar la de-
terminación de la Suprema Corte de Justi-
cia que dijo que sí había violaciones a la jus-
ticia,pero no hay responsables.No frieguen,
¿cómo va a haber violaciones y no respon-
sables? Eso no es derecho, no es justicia, ese
es un maldito teatro. Si la Suprema Corte de
Justicia hizo esto, ¿qué podemos esperar de
los jueces en Hermosillo o de la PGR?”
Fraijo es uno de los padres de los niños
de la guardería ABC que más activo ha es-
tado exigiendo justicia. Junto con otros pa-
dres y madres organizó el Movimiento 5 de
Junio, que ha participado en todos los fo-
ros, mítines, protestas y documentales so-
bre la tragedia. El miércoles 5 encabezó la
marcha que se realizó en la Ciudad de Mé-
xico, y ahí declaró que el mayor problema
para que se haga justicia es la impunidad.
“Ese es el problema: los nombres, los
apellidos, los contactos. Ese es el proble-
ma en México: si tienes los contactos, si
tienes los apellidos correctos, puedes ase-
sinar y no te van a hacer nada porque vas
a tener toda una red de corrupción arri-
ba de ti protegiéndote. Aunque haya prue-
bas en contra de los responsables, si tie-
nes el dinero suficiente vas a salir impu-
ne; eso lo vemos en el caso de la guardería
ABC. En ningún país ha sucedido algo así.
Si ocurre, puedo asegurar que inmediata-
mente caen cabezas. Es así.”
–Con este nuevo gobierno, ¿qué posi-
bilidades ven de que haya justicia?
–Tengo pocas esperanzas en un go-
bierno impuesto, pero me gustaría que
me demostraran que estoy equivocado.
Fábrica
General Escorcia (der.)
JUSTICIA
20 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

RODRIGO VERA
L
a tarde del 17 de mayo de 2012, el
general Ricardo Escorcia Vargas
estaba detenido en las oficinas de
la Subprocuraduría de Investiga-
ción Especializada en Delincuen-
cia Organizada (SIEDO), donde un
grupo de agentes lo presionaba para que in-
culpara al generalTomás Ángeles Dauahare
de tener vínculos con el narcotráfico.
“General, usted es colateral. A usted
no lo queremos.Al que queremos es al ge-
neral Dauahare. Díganos qué sabe de él”,
le advirtieron.
“Yo no sé nada”, respondió Escorcia.
Al ver que no acusaría a Dauahare ame-
nazaron con llevárselo al penal de alta se-
guridad de La Palma, quitarle sus bienes y
tomar represalias contra su familia.
“Hable lo que sabe o lo mandamos a La
Palma. Recuerde que usted tiene propie-
dades y familia”, le dijeron.
Ahí estaba Gustavo Adolfo Flores Del-
gado, entonces fiscal especial de la SIEDO,
quien lo volvió a presionar: “General, diga
lo que sabe y evítese problemas”.
Después entró un escribiente que em-
pezó a redactar en computadora una de-
claración del militar en la que se inculpaba
y atribuía a Dauahare vínculos con el nar-
co. Al cabo de una hora terminó de escribir
y le exigió a Escorcia: “¡Fírme!”… y el gene-
ral firmó bajo coacción.
En todo ese tiempo jamás le mostra-
ron ninguna acusación en su contra ni le
permitieron contar con la asistencia de un
abogado defensor.
Este hecho es relatado ahora por el pro-
pio Escorcia, en una ampliación de decla-
ración que realizó el pasado 23 de abril an-
te el juez Tercero de Distrito en Materia de
Procesos Penales Federales, en el Estado de
México. Ahí señala que en aquella declara-
ción forzada se violaron sus “derechos hu-
manos y garantías procesales, así como el
principio de no autoincriminación”.
Y recalca:
“Nadie me asistió, ni me mostraron
acusación o documento alguno… No supe
de qué se trataba. Reitero que no tuve abo-
gado defensor o persona de confianza que
fuera nombrada por mí, y fui presionado e
intimidado con mi familia e hijos, así co-
mo con mis propiedades… Sé de lo que son
capaces los judiciales federales, por lo que
firmé sin más, siendo entonces conducido
a los separos.”
El militar señala que durante los 78
días que permaneció en el centro de arrai-
go de la SIEDO –del 17 de mayo al 2 de
agosto– fue sometido a permanentes tor-
turas físicas y psicológicas por parte del
personal de esa dependencia.
Entre las torturas que sufrió estuvo la
de “mantener encendida la luz día y noche”
durante esos 78 días. “Esta es una forma de
tortura de las más antiguas que se conocen.
Además, todas las notificaciones las hacían
después de las 23 horas para mantenerme
en un ‘estado de estrés’, y las pruebas ofre-
cidas de mi parte no se diligenciaban por el
agente del Ministerio Público”.
“Mentirosos”
En mayo de 2012 junto con Escorcia fueron
detenidos otros dos militares de alto ran-
go: el general Dauahare y el general Rober-
to Dawe González, todos ellos acusados de
tener presuntos vínculos con el narcotrá-
fico; concretamente, de brindar protección
a la organización de los hermanos Beltrán
Leyva desde 2007, cuando ese grupo crimi-
nal todavía formaba parte del Cártel de Si-
naloa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Las acusaciones contra los generales
provienen principalmente de los testigos
protegidos Jennifer (Roberto López Náje-
ra) y Mateo (Sergio Villarreal Barragán, El
Grande), incluidas en la averiguación pre-
via PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
En el caso específico de Escorcia, Jen-
nifer y Mateo lo acusaron de haber recibi-
do dinero del cártel de los Beltrán Leyva
cuando era comandante de la 24 Zona Mi-
litar, en Morelos, cargo que ocupó del 6 de
enero al 31 de diciembre de 2007. Los testi-
gos protegidos señalaron que el enlace de
los narcotraficantes con Escorcia, y tam-
bién con Dauahare, era el mayor Iván Rey-
DAVIDDEOLARTE/PROCESOFOTO
“El Grande”. Falsos testimonios
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 21

na Muñoz, a la sazón subjefe del Estado
Mayor de esa zona militar, y por lo tanto
subalterno de Escorcia.
Sin embargo, en su declaración del
23 de abril, integrada a la causa penal
44/2012-III, Escorcia desmiente esa ver-
sión al acusar a Jennifer y a Mateo de “men-
G
UADALAJARA, JAL.- El sargento segun-
do Aarón Israel González Espino que-
dó epiléptico, extremadamente del-
gado, frágil y con daños psíquicos
después de largas sesiones, días de tortura
en la XXI Zona Militar, en Morelia, perpetradas
para que se declarara culpable de delitos pre-
suntamente cometidos por otros militares.
González Espino siempre afirmó que
era inocente, pese a los tormentos infligidos
entre marzo y abril de 2010 por militares del
cuerpo de élite GAFE (Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales) y agentes de la Policía
Judicial Militar.
Lúcido, pese a que las secuelas lo de-
jaron al borde de la muerte, el sargento del
37 Batallón, con sede en Zamora, cuenta su
azarosa historia.
Recluido en la Prisión Militar de la V Re-
gión Militar, con sede en La Mojonera, Zapo-
pan, relata que hizo alta en el Ejército en ju-
nio de 2001, que nunca causó problemas y
que –es importante– siempre fue hallado sa-
no en las revisiones anuales que le hacía la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Todo se torció, asegura, el 31 de marzo
de 2010. Estaba de vacaciones cuando reci-
bió una llamada telefónica que le hizo un ca-
bo apodado El Nipón. El cabo le pasó la boci-
na al coronel Andrés Ojeda Ramírez, quien le
dijo a González Espino que tendría que pre-
sentarse en Morelia, y que ellos lo llevarían.
El Nipón fue por él a su casa, en Zamora.
Aún sin decirle de qué se trataba, lo subie-
ron a una camioneta “que manejaba el cabo
Demetrio Diego, y además iban el teniente
Juan Manuel Vidal Luna y personal de tropa
con el rostro cubierto”.
Ya en Morelia, afirma, lo llevaron al cuar-
tel de la ciudad. Ahí lo presentaron ante el
jefe del estado mayor, Gabriel Rincón. “Él
me presentó con los gafes que estaban en
la segunda planta de la XXI Zona Militar. Les
dijo: ‘Ahí se los encargo’. Y me ataron las
manos a la espalda y me vendaron los ojos.
Me tuvieron ahí ese día sin alimentos ni agua
y no me explicaron por qué”, recuerda.
Al día siguiente llegaron unas personas
a donde estaba detenido: “Me decían que
yo era El Español, lo que negué, y me co-
menzaron a golpear: ‘Sí, alguien te señala
y te reconoce como El Español’. Entonces
trajeron al ‘soldado coronel’. No lo vi, pero
escuché cómo lo estaban golpeando se-
veramente. Después de los golpes lo pu-
sieron frente a mí, me descubrieron la cara
y él me señaló como El Español”.
Así comenzaría a enterarse que lo acusa-
ban de estar coludido con el narco y de pa-
sarle información a La Familia Michoacana.
Se intensificaron las golpizas. “Me die-
ron cachetadas en la cara, la nuca y los oí-
dos hasta que me quedaron zumbando. Me
levantaron entre dos personas y me pasaron
a los baños de la Segunda Compañía del
doceavo Batallón de Infantería”.
Lo metieron a la regadera y le pregunta-
ban que cuánto dinero le daban por pasar
información. Respondió que nunca había
pasado información ni lo haría: “‘Entonces la
pasas gratis’. ‘No señor, yo nunca he pasa-
do información’”, respondió.
Posteriormente, “uno de ellos me empe-
zó a echar agua con el trapo húmedo y me
pusieron una bolsa que me tapó bien la nariz
y la boca y trataron de asfixiarme con fuerza.
No sé de dónde comencé a patalear y me
quedé viendo en blanco. Se subían en mi
cabeza y me gritaban: ‘¡Ya muérete, cabrón!
¡Me vale verga si te mueres, ya te aventaron,
tú estás muerto, me vale madre, ya muére-
te!’”, recuerda.
Pero el sargento insistía en su inocen-
cia. “‘¿Qué te parece si a tus hermanos, a
tus papás les plantamos droga, granadas?
¿Cuántos años crees que se van a aven-
tar?’. ‘Yo no sé nada’, les contesté. Me pre-
guntaron qué hacía en la zona. Yo les dije
que era técnico en urgencias médicas y
conductor de ambulancia y, aparte, hago
trabajos de carpintería que me pedían los
comandantes”. Recordó que también había
sido chofer del propio comandante de la XXI
Zona Militar, Mauricio Sánchez Bravo.
Poco tiempo después una carcajada
lo estremeció. “Así me gusta, que no digan
nada porque más me divierto”, dijo el de la
risa. “Bienvenido a la segunda fase”, le es-
petó. “Me echaron agua caliente en la cara,
agua fría, agua caliente, agua fría y me co-
menzaron a dar toques. ‘Así me gusta, que
no hable nada porque más me divierto’, me
dijo. Dejaron puestos los cables en el pie y
me presionaban las rodillas para que no las
encogiera. Mi cuerpo se ponía tieso”.
El que disfrutaba torturando fue a más:
“Okey, pues como no quieres aceptar que
eres El Español y que trabajas para La Fami-
lia, voy a ir subiendo así hasta llegar, ¿sabes
a dónde? A los huevos, al cabo que ya tienes
cuatro hijos y ya no los ocupas”. “Y comen-
zó de nuevo a darme toques hasta que llegó
a mis testículos. No sé cuántas veces me pu-
sieron toques, pero mejor quería de verdad
morir en ese instante. Ya no soportaba”.
En esa misma sesión de tortura, afirma,
se incorporó un judicial militar: “A uno de los
judiciales, el cual ubico bien por su forma de
hablar, le sonó su nextel y era su novia, o no
sé quién. Le dijo: ‘Es que estoy trabajando,
de veras, ¿no crees?’ Y empezó a darme to-
ques y toques otra vez y me acercó su telé-
fono a la boca y me preguntaba: ‘¿Pasas in-
formación a La Familia?’ Le dije que no y me
siguió dando toques. Luego dijo: ‘¿Ya escu-
chaste, amor? Ando trabajando’”.
Esa noche, asegura, escuchó cómo tor-
turaban a otras personas.
Poco después empezó a orinar rojo: “Me
dolían los testículos. Oriné rojo, no sé la in-
tensidad de qué tan rojo”. Era el 2 de abril.
Sólo al día siguiente fue presentado ante
un Ministerio Público (MP) militar. Y cuando
estuvo frente a él, declarando, asentó que él
era inocente. “Le dije al coronel del MP que
no era El Español y que no era miembro de
La Familia”.
Después de eso cesaron las torturas.
Pero no la persecución.
Entre el 7 y el 8 de abril lo llevaron a fir-
mar un “correctivo disciplinario” de parte de
su batallón, porque supuestamente se había
perdido un rifle G-3. Y ahora era investiga-
do por eso.
Sólo el 13 o 14 de abril, recuerda, le qui-
taron las esposas y las vendas de los ojos.
Le pagaron su quincena. Hasta entonces
pudo tener visita de sus familiares.
El 19 de abril en la mañana les comu-
nicaron al sargento y a otros siete deteni-
Torturas sin castigo
en la Zona Militar de Morelia
FELIPE COBIÁN R.
tirosos e incongruentes”. Además, indica
que ellos mismos “se autoclasifican como
testigos de oídas; esto es, lo que refieren
en sus declaraciones ministeriales, lo di-
cen porque así se los hicieron saber terce-
ras personas, y no porque por otro medio
les conste lo que señalaron, ni porque lo
hayan percibido a través de sus sentidos”.
Escorcia señaló que ni siquiera cono-
ció personalmente a sus acusadores: “Nie-
go y rechazo terminantemente conocer a
los testigos colaboradores con nombres
clave Jennifer y Mateo”.
Y ante el juez tercero declaró:
22 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

dos –que bajo tortura atestiguaron en su
contra– que había una orden de aprehen-
sión... por el fusil “perdido”. Los trasla-
daron a la prisión militar, donde ahora
Aarón Israel González Espino (el soldado
C-6373801) purga la pena señalada en la
causa 345/2010.
A causa de todo esto, un año después
intentó suicidarse. Lo llevaron al Hospi-
tal Central Militar, en la Ciudad de Méxi-
co. Fue atendido en la sección de neuroci-
rugía por problemas serios de depresión:
“Historia de crisis convulsiva. Refiere el
paciente que inicia en 2010. Esto le ha su-
cedido de seis a ocho ocasiones y de esas
ocasiones ha presentado en tres eventos
relajación de esfínteres, dos urinaria y una
fecal. La citada clase (soldado) se encuen-
tra incapacitado en primera categoría para
el servicio activo de las armas por padecer
epilepsia”, reza el parte médico.
Sin embargo, ya estabilizado lo regre-
saron a la misma cárcel, pese a una reco-
mendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a un amparo otorga-
do por el Juzgado Quinto de Distrito.
Las causas, en el aire
El sargento dice que de nada le valió ha-
ber sido chofer del comandante de la XXI
Zona Militar, el general de brigada Mauri-
cio Sánchez Bravo –ahora retirado– y de
su esposa. Al contrario: cree que, para
cubrirse, el propio comandante podría
haberlo acusado.
El sargento no tiene claro por qué arre-
metieron contra él. Sólo recuerda que, an-
tes de ser detenido, él detectó que alguien
lo estaba siguiendo. Por miedo a que lo “le-
vantaran” dio “parte verbalmente al general
Mauricio Sánchez Bravo, a los tenientes de
infantería Fierro, comisionado de contrain-
teligencia, y a Mario Sosa”. Explica: “Tenía
miedo a que me fueran a levantar, o a ha-
cerle algo a la familia de mi general, pues
yo fui su chofer y de la señora”.
Cuando contó esa historia durante su
detención, uno de captores aventuró: “O
le querían llegar a mi general”...
En la plática con este semanario, el
sargento González Espino aseguró que
jamás recibió de alguien alguna propues-
ta ilícita, y que si así hubiera sucedido, se
lo habría dicho a sus superiores: estaba
de por medio su vida.
“Niego y rechazo categórica y terminan-
temente haber colaborado y/o fomentado
conductas relacionadas con miembros del
crimen y delincuencia organizada… Niego
y rechazo categóricamente haber realizado,
colaborado, fomentado, permitido y/o tole-
rado conducta delictiva alguna con el gene-
JUSTICIA
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 23

ral Tomás Ángeles Dauahare, con el mayor
Iván Reyna Muñoz o con algún otro miem-
bro del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y
Armada”.
El militar negó todas las acusaciones
que los testigos hicieron en su contra, al
señalar que estuvieron “manipuladas” y
“amañadas” por los agentes del Ministerio
Público federal.
Los testigos acusaron a Escorcia de per-
mitir el aterrizaje de un avión King Air en el
aeropuerto de Cuernavaca,Morelos,el 28 de
diciembre de 2007, cuando era comandante
de la 24 Zona Militar. La aeronave –proce-
dente de Maracaibo,Venezuela– transporta-
ba 500 kilos de cocaína, según declaró Jen-
nifer. En cambio, Mateo señala que traía mil
300 kilos de coca. Con la protección de Es-
corcia, dice, la droga fue descargada por los
narcotraficantes Alberto Pineda, El Borrado,
y su hermano Mario Pineda El MP.
Al respecto, precisó Escorcia:
“Niego y rechazo terminantemente la
‘credibilidad’ del testigo colaborador (pro-
tegido) Mateo (mentiroso e incongruente) al
señalarme como ‘protector’ de la organiza-
ción de los Beltrán Leyva. Al ayudar a des-
cargar con mi personal a los hermanos Pi-
neda un avión con un mil 300 kilogramos de
cocaína. Y Jennifer, diversamente en su de-
claración señala que son 500 kilogramos. Se
ve la clara contradicción de los ‘mentirosos’
llamados testigos colaboradores (protegi-
dos), con la anuencia y dirección del Minis-
terio Público federal integrador ‘corrupto’,
por no apegarse a derecho.”
Agrega que en 2008 se hicieron dos in-
vestigaciones por separado de ese hecho.
Una fue realizada por las autoridades mili-
tares y otra por la Procuraduría General de
la República (PGR). El Ejército, dice, encon-
tró culpables y sentenció a dos militares
adscritos al aeropuerto: el teniente Félix
Pablo López Landa y el sargento Adán Sán-
chez Morales. Por su parte, la PGR consignó
a “elementos de la entonces Policía Federal
Preventiva”y a“dos vigilantes de seguridad
privada” del aeropuerto.
Asegura que mientras estuvo arraiga-
do en la SIEDO ofreció “pruebas públicas
y contundentes” de ese suceso en el aero-
puerto morelense al que fue ajeno, entre
ellas las averiguaciones previas, pero que
no le fueron aceptadas, pues con “toda la
mala intención”, el agente del Ministerio
Público federal quería “cuadrarme el delito
de delincuencia organizada”, basado en las
“falacias” de Jennifer y Mateo.
Por su parte, Jennifer sostuvo que, a
cambio de protección, el cártel de los Bel-
trán Leyva le entregaba dinero a los gene-
rales Escorcia y Dauahare, a través del ma-
yor Iván Reyna. Relató que en noviembre
de 2007, en una casa ubicada en la calle
Bosques de Cacaos, en la colonia Bosques
de las Lomas, de la Ciudad de México, Éd-
garValdezVillarreal, La Barbie, así se lo hizo
saber, señalándole al mayor Reyna, que ahí
se encontraba presente y a quien Valdez le
entregó ahí mismo 500 mil dólares.
Jennifer aseguró que Escorcia siempre es-
tuvo al tanto de esas entregas de dinero, al
grado de que llegó a reunirse “en más de dos
ocasiones” con Arturo Beltrán Leyva, a me-
diados de 2007,en una casa que éste tenía en
el fraccionamiento Zumiya, de Cuernavaca.
En su testimonio ante el juez, Escorcia
negó esta imputación en su contra: “Esto
no es cierto y no ha podido comprobar la
Procuraduría General de la República la
existencia de dicha casa, ni existe inspec-
ción, fe ministerial o aseguramiento algu-
no en relación al referido lugar”.
El otro testigo, Mateo, llegó a declarar
que en ese tiempo los Beltrán Leyva sobor-
naban a siete generales del Ejército adscri-
tos a Morelos, tres de los cuales trabajaban
en Cuernavaca. No obstante, Escorcia ase-
gura que en 2007 el único general en Mo-
relos era él (aunque detalla que en octubre
llegó otro general), por lo que el testigo pro-
tegido “miente en su declaración”.
Contra los generales
Una acusación de mucho peso en contra
de Escorcia corrió a cargo de un exsubal-
terno suyo, el mayor Iván Reyna, actual-
mente preso en el Cereso de San Juan del
Río, Querétaro, acusado de extorsión y de
trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva.
Reyna declaró que, a mediados de 2007,
Escorcia le ordenó ir al restaurante Califor-
nia, situado a un costado de la autopista
Cuernavaca-México, a recoger unos sobres
para el general Dauahare que ahí le iban a
entregar unas personas. Reyna obedeció y
acudió al restaurante, pero al verlo vestido
de militar las personas que le iban a entre-
gar esos sobres se negaron a dárselos.Hasta
ese momento Reyna cayó en la cuenta de
que eran narcotraficantes que, a través de
él, le iban a entregar dinero a Dauahare.
Sin embargo, tiempo después Reyna se
desdijo de esa versión. En una entrevista
con este semanario, señaló que la SIEDO
lo obligó, bajo coacción, a inventar esa his-
toria para incriminar a los generales Es-
corcia y Dauahare.
Y agregó: “La SIEDO me quiere usar pa-
ra atacar a los generales. Han seguido pre-
sionándome con respecto a las declaracio-
nes de Jennifer y Mateo que dicen que ellos
sabían y que todo era a través de mí.Y aun-
que ellos aseguran que me veían personal-
mente –para entregarme el dinero de los
Beltrán Leyva–, eso es imposible, infame”
(Proceso 1860).
En su declaración, Escorcia también
niega que le haya girado instrucción al ma-
yor Reyna para ir al restaurante California
a recoger dinero del narco, como igual-
mente niega que Dauahare haya estado
detrás de todo.
En entrevista con este semanario José
Cristopher López Olguín, abogado defen-
sor de Escorcia, comenta:
“En 2007,la relación entre el general Es-
corcia y el general Dauahare era solamen-
te administrativa, tenían el trato normal
que hay entre un comandante de zona y
un subsecretario de la Defensa Nacional.
Hasta ahí llegaba todo. No tenían ninguna
complicidad con los Beltrán Leyva.”
–A Escorcia lo quitaron de la 24 Zona
Militar en diciembre de 2007, recién ocu-
rrió el incidente del avión cargado de co-
caína. ¿Ese fue el motivo de su remoción?
–No, no fue por esa razón. A principios
de 2008 lo enviaron a la III Región Militar,
en Sinaloa, para que siguiera combatien-
do al narcotráfico. Tres meses después, el
22 de abril de ese año, la Secretaría de la
Defensa Nacional le otorgó una placa de
bronce en reconocimiento por su patrio-
tismo y su desempeño contra la delin-
cuencia organizada. Hubo una ceremonia
en su honor en la que estuvo presente el
mismo secretario de la Defensa, el general
Guillermo Galván.
“Es ilógico que se le hubiera dado ese
reconocimiento de haberle encontrado
vínculos con el narcotráfico en el inciden-
te del avión King Air. La DEA detectó a la
aeronave desde que despegó de Maracaibo
y alertó a las autoridades mexicanas. La ae-
ronave iba a aterrizar en Puebla y no lo hi-
zo. Enfiló rumbo a Morelos. El Sistema Inte-
gral de Vigilancia Aérea (SIVA) le dio aviso
al general Escorcia. Y éste intentó comuni-
carse con el personal militar del aeropuer-
to, a través del equipo de transmisión de su
camioneta, pero no le contestaron. Salió el
general al aeropuerto y cuando llegó la ae-
ronave ya había sido descargada. Los mili-
tares responsables fueron castigados.La in-
tervención del general fue la adecuada, se-
gún las investigaciones del Ejército y de la
PGR que yo presenté como pruebas para su
defensa”, afirma el abogado López Olguín.
Al dejar la comandancia de la 24 Zona
Militar de Cuernavaca, Escorcia fue rele-
vado por el general Leopoldo Díaz, a quien
en 2009 la DEA le informó que en esa Zona
había militares trabajando para el crimen
organizado. En enero de 2010, el general
Díaz ya había sometido a proceso a 16 mi-
litares bajo sus órdenes, entre ellos cinco
tenientes y cuatro sargentos. Era, al pare-
cer, la herencia que le había dejado Escor-
cia, según información recabada por este
semanario (Proceso 1856).
Al respecto, el abogado de Escorcia dice:
“En la averiguación previa no se men-
cionan estos hechos, tampoco los mencio-
nan los testigos protegidos. Incluso man-
damos llamar a unas siete personas que
estuvieron bajo las órdenes del general en
esa zona militar y en sus testimonios no
se refieren a ese asunto, que incluso para
mí resulta novedoso.”
JUSTICIA
24 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013

26 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
ANABEL HERNÁNDEZ
E
l calor de abril invade el am-
biente del inmenso jardín de la
residencia marcada con el nú-
mero 10 de la calle Tabachines,
en Lomas de Cocoyoc, Morelos.
La barra de bebidas refrescantes
y alcohólicas está bien surtida y, al son
del mariachi, las carcajadas y la abundan-
te comida, el calor es más humano que
atmosférico.
El rey de la fiesta es Armando Espino-
sa de Benito, uno de los más poderosos
jefes de la Policía Federal y a quien le gus-
ta autodenominarse “dios”. Actúa como
si lo fuera. Cincuentón, con canas en las
sienes, usa el cabello castaño medio rela-
mido hacia atrás. Viste pantalón beige y
guayabera blanca de manga corta.
Está extasiado, sonriente, a ratos gro-
tesco. Abraza a un invitado mientras los
mariachis tocan la última nota de una
canción. La escena reproduce con fideli-
dad la imagen de los jefes policiacos en
México.
El policía que se hizo
millonarioal amparo de García Luna
–¡Otra, otra, otra! –grita la concu-
rrencia, animando a Espinosa de Benito.
Él suelta la carcajada de quien se sabe
impune.
Se trata de la comida de cumpleaños
con la que acostumbra celebrar a su es-
posa Rebeca Ibarra Panszi en su residen-
cia, que vale por lo menos 8 millones de
pesos. Está muy lejos de las posibilidades
que su salario de policía le permite; qui-
zás por eso nunca la ha reportado en su
declaración patrimonial.
“¡Ya sabes que yo soy una música,
compadre!”, exclama, con las mejillas ro-
jas y dirigiéndose a un invitado.
“Eres un folclor”, le responde una voz
masculina.
Complacido, el jefe policiaco se lleva la
mano a la nariz en un gesto en el que pa-
rece extraer algo de la fosa nasal. Qué im-
porta, es su casa, es su fiesta y es “dios”.
Su propia familia, para ostentar su nivel
de vida, subió el video de la fiesta a Face-
book. Ahora el jefe policiaco está sujeto a la
rendición de cuentas y al escrutinio público.
En 2001 Espinosa de Benito, sólo con
la preparatoria terminada, era uno más en
la Agencia Federal de Investigación (AFI)
que comenzaba a dirigir Genaro García
Luna. Tenía una larga carrera en la Policía
Judicial Federal, que luego se convirtió en
la AFI, y en otras instituciones policiacas,
pero no prosperaba.
Pasó muchas penurias antes de po-
der gozar de la riqueza con su esposa,
Rebeca Ibarra Panszi. Los dos provienen
Eduardo MirandaTabachines. Alberca con cascada
Espinosa de Benito. Se dice“dios”

Proceso 1910, 9 junio 2013

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