ALEX CAROCCA PEREZ
MANUAL DE DERECHO PROCESAL
TOMO IITOMO II
LOS PRPCESOS DECLARATIVOSLOS PRPCESOS DECLARATIVOS
Es propiedad del Autor
© Alex Carocca perez
Registro de propiedad intelectual N.º 131.553
I.S.B.N. 956 – 238 – 401 – 2
MAN...
INDICE
II
INTRODUCCIÓN
Es evidente que a medida que nuestra sociedad aumenta su desarrollo económico y social, el
proceso adquiere c...
asegurar y, si no lo hacen, simplemente entran en contradicción con la Constitución y son nulas.
Esto significa aceptar qu...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
introduce en un tema por vez pri...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
SANTIAGO, febrero de 2003.
44
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
1. LOS PROCEDIMIENTOS COMO LAS NORMAS Y FORMALIDADES QUE PERMITEN
...
Entonces, queda claro que el proceso se constituye en un sofisticado mecanismo en el cual se
permite que los propios inter...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
Sin embargo, en la práctica exis...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
El conocimiento adecuado de los...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
Los juicios contenciosos, incluy...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
4.1.1.Procedimientos civiles
So...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
El rasgo esencial de estos proce...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
4.1.8.Procedimientos sobre acci...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
No obstante, a nuestro parecer, ...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
4.4.1.Procedimientos de lato co...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
Los primeros son definidos como ...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
a) Contribuyen a explicar la es...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
A su vez, los procesos penales p...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
Evidentemente, en ninguna de es...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
JURISPRUDENCIA: "La institución ...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
de disposición particular que h...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
que las partes no hayan alegado,...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
de modo que se han de reconocer...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
La doctrina resalta que en la ac...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
exacto del contenido de la caus...
Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________
en los procedimientos regidos po...
________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal
Desde la primera perspectiva, s...
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos

414 visualizaciones

Publicado el

NO ESTOY AUTORIZADO PARA SU DISTRIBUCIÓN, POR FAVOR COMPRENSIÓN, SOLO USO PERSONAL Y ACADÉMICO. Todos los derechos reservados.

Publicado en: Derecho
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
414
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
6
Acciones
Compartido
0
Descargas
34
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Alex C. - Manual de derecho procesal tomo ii los juicios declarativos

  1. 1. ALEX CAROCCA PEREZ MANUAL DE DERECHO PROCESAL TOMO IITOMO II LOS PRPCESOS DECLARATIVOSLOS PRPCESOS DECLARATIVOS
  2. 2. Es propiedad del Autor © Alex Carocca perez Registro de propiedad intelectual N.º 131.553 I.S.B.N. 956 – 238 – 401 – 2 MANUAL DE DERECHO PROCESAL Tomo II Los Procesos Declarativos Esta obra se terminó de imprimir en marzo de 2003 © LexisNexis Chile SANTIAGO: Miraflores 383 (Torre Centenario) Piso: 11 Santiago, Chile. Fono Mesa central: 510-5100 Fax Ventas: 510-5110 510-5111 ventas@lexisnexis.cl www.lexisnexis.cl IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE ADVERTENCIA La ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.
  3. 3. INDICE II
  4. 4. INTRODUCCIÓN Es evidente que a medida que nuestra sociedad aumenta su desarrollo económico y social, el proceso adquiere creciente importancia como mecanismo de solución de conflictos. Tanto es así, que ya no sólo se lo utiliza para resolver los tradicionales conflictos de carácter civil, patrimonial, penal, de familia, etc., sino que se expande a los de otros órdenes, en un movimiento que algunos consideran negativo, pues creen que se está traduciendo en la judicialización de los más importantes ámbitos de la actividad nacional. Sin perjuicio de que los extremos nunca son buenos, a nuestro parecer, se trata de una consecuencia lógica de la legitimidad y calidad de la decisiones que se pueden obtener a través de este sofisticado mecanismo, que es el proceso o juicio, que ha sido perfilado a lo largo de los siglos, en una larga y compleja evolución histórica. En efecto, el proceso se caracteriza porque permite adoptar decisiones de carácter jurídico definitivas, obligatorias, cuyo cumplimiento se puede realizar compulsivamente, pero, por sobre todo, porque tales decisiones son el resultado de la actividad que desarrollan las partes interesadas y un tribunal. Es decir, se trata de un método en el cual aquellos que van a ser afectados por la decisión, podrán intervenir en su formación y, además, que deberán hacerlo ante un funcionario estatal, experto jurídico, quien será el que la emitirá bajo la prestigiada fórmula de la sentencia judicial. Ésta deberá ser siempre fundamentada, que es la manera de asegurarse que efectivamente es resultado del proceso y, especialmente, que es dictada aplicando, en el evento de que las haya, las pertinentes normas jurídicas preestablecidas o las que obtenga de otras fuentes. El estudio de los procesos o juicios es, en consecuencia, de gran importancia en la preparación jurídica, y la intervención en la defensa de los intereses de los ciudadanos en ellos, una de las tareas más propias de los profesionales jurídicos. Ahora bien, resulta que, además de lo dicho, los procesos o juicios, se caracterizan señaladamente porque la actividad que desarrollan las partes y el tribunal para arribar a esa decisión, no es libre, sino que se encuentra regulada por normas jurídicas, que son las que constituyen los procedimientos. Parece más o menos evidente que, para conocer e intervenir, representando intereses propios o ajenos, en un proceso, hay que conocer los procedimientos, pero, al mismo tiempo, que ambos conceptos no pueden ser confundidos. Definitivamente proceso y procedimiento no son lo mismo, aunque es muy difícil entender el uno sin el otro. El presente texto pretende enseñar una parte del Derecho Procesal, que es la rama del Derecho que estudia los procesos. Pero lo que no quiere para cumplir este objetivo, es estudiar sólo los procedimientos, aunque son los que permiten constituirlos, porque considera que ese saber es insuficiente, por varias razones. Desde luego, porque tales procedimientos, en la medida que son básicamente creación legislativa, pueden cambiar de manera sustancial o completa, como necesariamente debe suceder después de espacios de tiempo más o menos largos, o bien, pueden cambiar en aspectos más sencillos, como acontece frecuentemente. También porque si tales procedimientos se apartan de la lógica del proceso, debe prevalecer este último, lo que hoy día se encuentra garantizado constitucionalmente, en cuanto existe un derecho fundamental a un proceso, que además debe ser debido o justo, que las reglas legales de procedimiento deben 11
  5. 5. asegurar y, si no lo hacen, simplemente entran en contradicción con la Constitución y son nulas. Esto significa aceptar que el proceso, en sí mismo, está constituido por conceptos, elementos e instituciones que trascienden a los meros procedimientos. Los procesos o juicios son de diferentes clases, porque atienden a distintos objetivos. Los procesos que queremos analizar en este texto, son los denominados declarativos, que son aquellos que persiguen la finalidad más clásica del sistema procesal, que es la declaración de un derecho, que ha sido desconocido o no era reconocido con anterioridad. Tan clásicos son, que las reglas de procedimiento que los rigen, por tradición histórica, se han constituido en las reglas generales y supletorias para cualquier otro tipo de procesos. Es decir, estas normas entran a regir en caso de silencio o vacío en todos los demás procedimientos. Luego, este estudio se hace con el convencimiento profundo de que los actuales procedimientos no permiten constituir los procesos civiles dotados de los rasgos que requiere hoy día nuestro país. Esto por cuanto el procedimiento declarativo ordinario de mayor cuantía, cuyo tronco es de tan larga data, que a lo menos se puede situar en La Partida III (s. XIII), está constituido sobre la base de principios e ideas que han dejado de tener vigencia, porque la realidad social y económica ha cambiado de manera radical desde su elaboración. Esto explica que este procedimiento, a pesar de sus múltiples reformas parciales, no responde suficientemente a los requerimientos de celeridad y contacto directo con el juez que actualmente reclama el ciudadano, afectando el funcionamiento de todo el sistema procesal. Admitiendo que puedo estar equivocado en estos planteamientos, en este texto procedo a efectuar una exposición sintética propia de un Manual, sobre la forma de constituir los principales procesos de carácter declarativo en Chile. Se trata de un texto dirigido fundamentalmente a alumnos de Derecho, de modo que contiene esencialmente la exposición de la regulación de los principales componentes de esta clase de procedimientos, según la actual dogmática –más la jurisprudencia, en la forma que explicaremos–, pero advirtiendo, generalmente, que esa reglamentación, que se recoge en la legislación nacional, no es la única que permite constituir un proceso de esta clase. Que las formas, ritualidades, plazos que constituyen esos procedimientos, responden a decisiones circunstanciales, por ahora hechas suyas por el legislador nacional, pero que mañana podrían o deberían ser distintas. Este es el plus, si alguno puede haber, que tratamos de trasuntar en este libro; una disposición abierta, un espíritu de análisis, de no aceptar que la vigente –que en otras materias puede ser muy adecuada y, cuando nos parece, así lo destacamos– como la única forma de regular la respectiva institución procesal. En el fondo, se trata de resaltar que la norma que constituye un procedimiento es un instrumento, que debe medirse en términos de eficacia para alcanzar sus finalidades. Por eso, si ha quedado desfasada y ya no sirve para cumplir eficazmente su contenido, debe ser cambiada, para poder constituir un mejor proceso. Pero, que, a su vez, el proceso tampoco es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir en un caso particular una decisión, la que debe satisfacer las expectativas de justicia de las partes y, en último término, de la comunidad. Para cumplir esta finalidad, desde el punto de vista expositivo, el libro presenta algunas novedades respecto a lo que suele ser, por ahora, la monótona presentación de este tipo de textos jurídicos en nuestro país. Ciertamente, reconocemos que se trata de pequeñas innovaciones, que con toda la utilidad que puedan tener para los estudiantes, no pueden compararse, con las presentaciones útiles y coloridas que revisten otras publicaciones dirigidas a los jóvenes. Así, cada uno de los temas más importantes se analiza partiendo de la definición de los conceptos, que son destacados en un cuadro, que puede ser aceptado o no, pero que constituye el punto de partida para referirse a la institución, elemento o figura de que se trata. Lo cierto es que tales definiciones, que hemos dudado mucho en incluir, porque podría considerarse que son la antítesis del espíritu abierto y crítico que propugnamos, responden a la necesidad del joven que se 22
  6. 6. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ introduce en un tema por vez primera, de conseguir el lenguaje de la disciplina que le permita, luego, criticar y mejorar tal definición. Con caracteres topográficos normales, se entregan los contenidos esenciales o mínimos, que consideramos fundamental conocer y comprender –no memorizar– para dominar una determinada materia de la disciplina. En cambio, con letras más pequeñas, se entregan comentarios o datos adicionales, que complementan aquel contenido esencial, que muchas veces corresponde a las soluciones de Derecho Comparado o a mis propias opiniones personales. Mención aparte merece el tratamiento que se le da a la jurisprudencia. Convencidos de que su conocimiento es indispensable para conocer el Derecho vigente y que, efectivamente, es la fuente primaria de creación normativa, por razones que no es posible explicar en esta oportunidad, hemos incluido en los lugares correspondientes una serie de sentencias sobre las respectivas materias. Se trata sólo de sentencias que han sido pronunciadas en los últimos 5 años, desde 1998 a 2002, por la Corte Suprema o que proviniendo de tribunales inferiores, han sido confirmadas por ella, rechazando diversos recursos. Estas sentencias han sido obtenidas exclusivamente del programa "Jurisprudencia on line" de esta misma editorial, Lexis-Nexis ConoSur. Estos fallos, que alguien, con razón, podrá considerar aislados o no representativos, se incluyen con el exclusivo afán de familiarizar desde un principio al alumno con ellos, de modo que pueda apreciar la forma cómo se concretan y utilizan en la práctica las normas jurídicas que está conociendo, a modo meramente ejemplar. No son sentencias incluidas con la intención de señalar que estatuyen normas obligatorias para el resto de los tribunales, porque no es así, sin perjuicio de que al emanar del máximo tribunal pueden desempeñar un rol orientador, sino que, reiteramos, se trata de fallos citados para ejemplificar la aplicación de esas normas en los casos concretos, en estos mismos instantes, si se considera que se ha examinado toda la jurisprudencia del máximo tribunal en el período señalado, para buscar estos ejemplos, hasta diciembre de 2002. Debemos admitir que tampoco es casualidad que consideremos sólo sentencias del último lustro, sino que lo hacemos porque personalmente consideramos que su valor es superior a la de los años inmediatamente precedentes, por varias razones, la principal de las cuales, es que efectivamente en este tiempo la Corte Suprema ha asumido crecientemente su rol de tribunal de Derecho, conociendo decididamente recursos de casación o, en general, recursos propios de un máximo tribunal, y luego, porque la especialización en Salas y renovación de sus miembros ha rendido sus frutos y se trata de fallos que son evidentemente más interesantes que los de los años inmediatamente anteriores. Esto nos sirve de ejemplo como, actualmente, en un breve lapso, se puede producir un cambio fundamental en el funcionamiento de un aspecto esencial del sistema procesal. Agradezco, una vez más, la confianza depositada por la Editorial Lexis-Nexis ConoSur Ltda., al incluir este texto en su nueva Colección de Manuales Jurídicos. Sin embargo, debo hacer presente que constituye el segundo volumen de un proyecto personal, cuyo Tomo Primero, que denominamos "El sistema procesal chileno", de próxima aparición, sienta las bases de nuestra visión sobre los conceptos esenciales de la disciplina y debería ser necesario antecedente de éste. Luego, según este mismo proyecto, le deberían seguir al menos otros dos, uno sobre recursos y otro sobre cautela y ejecución. Finalmente, debo agradecer a mi familia, sin cuyo apoyo habría sido imposible escribir este texto en el brevísimo plazo de que dispuse, particularmente a Sandra y a mis hijitos Alexandra, Alexito y Aldito, a quienes, para cumplir el encargo, les he debido quitar tiempo que les estaba destinado. Convencido de que ésta sólo constituye una primera versión, que tendrá que perfeccionarse en el futuro, agradeceré gustoso cualquier comentario, crítica, corrección o sugerencia, a mi correo acarocca@corpus.cl 33
  7. 7. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal SANTIAGO, febrero de 2003. 44
  8. 8. CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS 1. LOS PROCEDIMIENTOS COMO LAS NORMAS Y FORMALIDADES QUE PERMITEN CONSTITUIR LOS PROCESOS La noción de procedimiento sólo se puede entender, en el ámbito del Derecho Procesal, comprendiendo su relación con la de proceso. De partida, aunque es usual que se utilicen ambas expresiones en forma indiferenciada y que existe una estrecha vinculación entre ellas, claramente representan realidades que, por una serie de razones, conviene distinguir. 1.1. El proceso El proceso es un mecanismo que opera en un caso concreto para producir una decisión, que pondrá término en forma definitiva a un determinado conflicto de rele-vancia jurídica, surgido entre dos o más personas. Luego, cada proceso es único. Que el proceso es una unidad, se comprueba porque existen diferentes mecanismos para individualizarlo. Así, en nuestro sistema jurídico, tratándose de un proceso singular, como son la inmensa mayoría, se lo identifica con el primer apellido de ambas partes y también con un número, llamado Rol, que ahora último se fija por año, asignado por cada tribunal. Por ejemplo, "MARTÍNEZ con RODRÍGUEZ", Rol 1354-2001, del Primer Juzgado de Letras de Puente Alto. Como cada proceso se constituye para solucionar un conflicto específico entre determinadas personas, no se admiten dos procesos idénticos, debiendo anularse el segundo, lo que puede conseguirse a través de las excepciones de cosa juzgada, si el primero ya ha terminado, o de litispendencia, si se encuentra pendiente. A partir de aquí, un proceso, puede ser definido como: La actividad que desarrollan las partes y del tribunal para producir un juicio jurisdiccional, que declare el derecho de las partes en un caso concreto1 . Evidentemente en una sociedad tan compleja como la actual, cada año surgen millones de procesos o juicios, para poner término a una infinidad de conflictos de los más diversos órdenes. En Chile cada año se desarrollan alrededor de 3 millones de procesos o juicios, de la más diversa naturaleza. Lo singular del proceso es que se compone de actividad, es decir, de lo que hacen determinadas personas, muy lejos de ser una cosa material. Es cierto que desde un punto de vista que podríamos calificar como estático, esa actividad se puede descomponer en un "conjunto de actos sucesivos" o "una sucesión de actos", que es como tradicionalmente se suele definir al proceso. Esta "actividad" que constituye cada proceso, necesariamente proviene de dos fuentes diferentes: a) de las partes, que son las personas entre las que se plantea la disputa de relevancia jurídica y quienes solicitan que sea resuelta por un tribunal, conforme a Derecho. Su actividad de inicio y desarrollo del proceso, es lo que constituye la acción procesal. b) del tribunal, que es el órgano estatal que debe emitir, como resultado de su propia actividad y la de las partes, y haciendo aplicación de las normas jurídicas correspondientes, la decisión que venga a resolver definitiva e irrevocablemente la controversia, estableciendo el derecho de cada una de ellas. Esta actividad es la que constituye la jurisdicción, que actualmente el Estado ha reservado para sí y que ejerce a través de los jueces. 1 55
  9. 9. Entonces, queda claro que el proceso se constituye en un sofisticado mecanismo en el cual se permite que los propios interesados en una decisión puedan participar en su formación, interactuando con los jueces, expertos conocedores de las normas jurídicas y con las facultades necesarias para obligar a las personas a observar una determinada conducta. La finalidad del proceso es obtener un juicio, el que se forma, precisamente, a través del proceso que, entonces, se constituye en un processus iudicii. Por eso es que en lenguaje común se identifica el proceso con el juicio, sinonimia rigurosamente exacta. Luego, el proceso está dotado de una profunda legitimidad, ya que deben ser siempre oídos y pueden intervenir a lo largo de todo su desarrollo, las personas que van a ser afectadas por la sentencia, que es la resolución judicial que le pone término. Efectivamente, la sentencia, constituye la expresión formal del juicio, y una vez terminado definitivamente el proceso, en todas sus instancias y recursos, se transforma en la solución definitiva e irrevocable al conflicto o problema planteado. 1.2. Los procedimientos El proceso jurisdiccional se caracteriza señaladamente porque la actividad que desarrollan las partes y el tribunal no es libre, sino que se encuentra reglada exhaustivamente por normas jurídicas preestablecidas. Esta regulación es la que constituye los diversos procedimientos, que el sistema procesal pone a disposición de los ciudadanos, que necesitan iniciar un proceso. En consecuencia, los procedimientos son indispensables para constituir cada uno de los procesos, ya que si faltan no habrá un cauce, un orden ni formas preestablecidas para que las partes y el tribunal puedan actuar, demostrando la inescindible relación entre ambos términos. Por eso, los procedimientos pueden ser definidos como: El conjunto de formalidades preestablecidas por normas jurídicas, contenidas en diversas fuentes formales, que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas, para constituir en conjunto con el respectivo tribunal, un proceso jurisdiccional. Estando constituidos por normas jurídicas, los procedimientos son obligatorios para las partes y el tribunal. Pero, como cualquier regulación, actualmente se encuentra sujeta al respeto de ciertos principios y garantías esenciales, establecidos fundamentalmente en la Constitución Política del Estado, que no pueden ser sobrepasados. Es decir, no se puede establecer como "proceso" un remedo de tal, que no cumpla efectivamente con las exigencias mínimas para ser considerado como tal, que han sido elevadas a la categoría de garantías constitucionales, tales como, por ejemplo, la independencia e imparcialidad del tribunal; el derecho de defensa de ambos litigantes; la igualdad entre las partes, etc. Cabe hacer presente que las reglas que constituyen los procedimientos se encuentran en múltiples fuentes formales, no sólo en la ley, sino que también en Tratados Internacionales, Autos Acordados o Instrucciones de los propios tribunales, Reglamentos y Decretos de autoridades del Poder Ejecutivo, Instructivos o Resoluciones de organismos públicos (Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, Ministerio Público, etc.), usos y costumbres de los tribunales, etc. Esto a pesar de que en nuestro país, existe una reserva legal en la propia Constitución, que dispone que serán materias de ley, las que sean objeto de codificación procesal (art. 60 Nº 3 Constitución), lo que incluye a los Códigos de Procedimientos. A esto se añade que, según la misma Ley Fundamental, corresponde al legislador –no a otras fuentes productoras de normas– establecer las garantías de un racional y justo procedimiento en toda clase de materias (art. 19 Nº 3 inc. 5º Constitución). 66
  10. 10. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ Sin embargo, en la práctica existen procedimientos completos, aunque breves, establecidos para tramitar procesos particularmente relevantes, que están contenidos en Autos Acordados de la Corte Suprema, como acontece con las Acciones constitucionales de protección (de 24 de junio de 1992, modificado el 4 de mayo de 1998), de amparo (de 19 de diciembre de 1932), de inaplicabilidad de las leyes (de 22 de marzo de 1932); del Recurso de Queja ( Auto Acordado de 6 de noviembre de 1972), etc. En otros casos, se trata de normas que se refieren a temas específicos, generalmente de capital importancia para la tramitación de cualquier proceso, que incluso, a veces, han sido dictadas contando con autorización o delegación legal, tales como los Autos Acordados de la Corte Suprema sobre "La Forma de las sentencias" (Auto Acordado de 30 de septiembre de 1920); "Sobre vista de la causa" (Auto Acordado de 2 de septiembre de 1994); "Distribución de las materias en Salas de Corte Suprema, por especialidades" (Auto Acordado de 27 de marzo de 1996); "Instrucciones respecto de documentos y expedientes que las Cortes de Apelaciones ordenan traer a la vista y diligencias para mejor resolver que decretan los Tribunales" (Auto Acordado de 12 de agosto de 1963); "Reglamento para la labor de los sábados y la distribución de la jornada de trabajo en los Tribunales y Reparticiones Judiciales los días lunes y viernes de cada semana" (de 22 de diciembre de 1969), etc. También existen Acuerdos de Cortes de Apelaciones, tales como "Acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre distribución de la tramitación de exhortos emanados de Tribunales Extranjeros" (4 de octubre de 1982); "Acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre Turnos Mensuales de los Juzgados del Crimen de Santiago y Distribución de los Exhortos entre los mismos para su tramitación", etc. Por otro lado, se encuentran reglamentos o decretos, tales como el decreto supremo Nº 154 (Justicia), de 21 de febrero de 1997, que "Fija territorios jurisdiccionales de los Juzgados del Crimen dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago", etc. A nuestro entender, esto es inevitable y demostración de la falacia legalista –de la que lamentablemente muchos siguen siendo fervorosos partidarios en nuestro país– porque es imposible exigir que toda la reglamentación que constituye un procedimiento jurisdiccional esté establecida en la ley, pues siempre y en cada uno de los millones de procesos, surgirán problemas o cuestiones imposibles de prever por el legislador y habrá que acudir, en primer lugar, a otras fuentes normativas: la costumbre, instrucciones judiciales, etc. Pero, como estas últimas seguirán siendo insuficientes, además hay que considerar incluidos en esta regulación, los principios, las garantías y otros conceptos jurídicos relevantes, que son los que en último término permitirán arreglar a Derecho la conducta de litigantes y jueces y constituir procesos tolerables para el ordenamiento jurídico. Por su propia naturaleza, un buen procedimiento es aquel que resulta más adecuado para constituir el proceso que requieren las partes para obtener la más pronta y justa decisión jurídica. Entonces, queda claro que el procedimiento es básicamente un instrumento para poder constituir un proceso, que, a su vez, es un instrumento para adoptar una decisión. Esto obliga a situar a ambos en su adecuada dimensión; ninguno constituye un fin en sí mismo, sino medios a disposición de las personas para conseguir soluciones a los problemas más graves de convivencia social. 2. EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEBE RESPETARSE LA ESENCIA DEL PROCESO Más allá de consideraciones de filosofía jurídica, parece evidente que el concepto de proceso, es previo y anterior a cualquier reconocimiento normativo, estando constituido por elementos que jamás pueden ser desconocidos. La concurrencia de las partes; la preexistencia de un tribunal, diferente a las primeras; la existencia de un conflicto de relevancia jurídica que las primeras someten al segundo; la oportunidad de exponer sus alegaciones; la de probarlas; la de concurrir a las diligencias probatorias, etc., son exigencias indispensables para constituir algo que pueda ser considerado proceso. Por lo tanto, cualquiera sea su fuente, las normas que constituyen los procedimientos deben respetar este contenido mínimo, que constituye la esencia del proceso. De lo contrario constituirán un remedo del mismo, una fórmula distinta de adoptar decisiones, que no estará revestida de la precisión y legitimidad propia de las resoluciones de carácter jurisdiccional. No existe, por lo tanto, libertad absoluta para establecer los procedimientos y constituir los concretos procesos, sino que siempre habrá de respetarse este contenido esencial. 77
  11. 11. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal El conocimiento adecuado de los procedimientos, pero asumiendo su carácter instrumental, constituye uno de los saberes relevantes para los profesionales jurídicos. No obstante, de acuerdo a lo señalado, es necesario considerar dos prevenciones al respecto: a) El procedimiento regula cuáles son las formalidades para constituir un proceso, que las normas de procedimiento no pueden sobrepasar, de modo que tan o más importante que conocer estas últimas, es conocer los elementos constitutivos y esenciales de todo juicio. Estos elementos constitutivos actualmente han sido acogidos como garantías constitucionales bajo la fórmula del justo o debido proceso, con instrumentos propios para conseguir su vigencia efectiva, que es imprescindible conocer y aplicar en la tramitación de los concretos juicios. Los mecanismos para lograr la vigencia de las garantías constitucionales, se caracterizan porque se imponen incluso al legislador, obligándolo en su regulación a respetar el contenido esencial de tales garantías. b) Constituyendo los procedimientos un conjunto de reglas, para su estudio ha de tenerse en cuenta que, como, en general, acontece con cualquier norma jurídica, son mandatos abstractos que corresponde aplicar a personas, sean como partes o como integrantes de los tribunales, de modo que para conocerlos efectivamente, no basta con dominar la mera planificación normativa, sino que hay que estar a la aplicación real que los usuarios realizan de ellas. De allí que por mucho que una norma de procedimiento disponga la realización de determinados actos procesales de una forma, no es raro que en la práctica se realicen de otra, que es también necesario conocer para intervenir en él, por más que se pueda discrepar de esa aplicación, considerando que se aparta del mandato normativo. 3. PLURALIDAD DE PROCEDIMIENTOS EN CADA SISTEMA PROCESAL 3.1. La necesidad de establecer una variedad de procedimientos En el último tiempo, la importancia que ha adquirido el proceso como método de adopción de decisiones, ha sido abrumadora, de tal manera que cada vez es mayor el ámbito de materias en las que los ciudadanos consideran necesario acudir a un juicio jurisdiccional para determinar su derecho. Como son tantos los procesos que se requieren y tan diferentes los temas sobre los que pueden recaer, los procedimientos que ofrece un sistema procesal, han debido ir aumentando proporcionalmente. Por eso es que ya no se puede contar como antaño, con un par de procedimientos para conocer y resolver las materias penales y otros para conocer de los asuntos civiles, sino que se han debido ir multiplicando y especializando según la naturaleza de los conflictos y cuestiones que se someten a los tribunales. De todos modos, un elemental criterio de racionalidad económica, aconseja evitar la absoluta dispersión de procedimientos, debiendo esmerarse los ordenamientos por establecer algunos dotados de las características adecuadas y de la flexibilidad necesaria, para constituir los procesos adecuados para grandes géneros de materias, lo que dista de acontecer en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, especialmente en los países de menor desarrollo social y económico. Concretamente, en Chile, de los de alrededor de 3 millones de procesos que se constituyen cada año, conforme a diferentes procedimientos, en toda clase de materias, el porcentaje de causas contenciosas civiles es considerablemente bajo. En materia civil, en Santiago, el año 2001, ingresaron 210.536 causas. De ellas, 103.357 (49%) fueron juicios ejecutivos. Las gestiones de preparación de la vía ejecutiva, alcanzaron a 54.049 (25%) y los asuntos no contenciosos ascendieron a 14.038 (6%). 88
  12. 12. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ Los juicios contenciosos, incluyendo juicios ordinarios, sumarios y sobre violencia intrafamilar, alcanzaron entre todos la cantidad de 38.596 (18%). Más allá de lo que sería necesario, el sistema procesal chileno contempla un gran número de procedimientos, que resulta muy difícil de determinar exactamente, ni siquiera para los funcionarios o profesionales más actualizados. En realidad, más que de procedimientos completos, en muchas oportunidades se trata de variantes procedimentales, en las cuales, por ejemplo, en materia civil, se toman generalmente los procedimientos ordinarios de mayor cuantía o sumario y se le restan determinados trámites o facultades de valoración de la prueba, que el legislador considera necesario alterar para conseguir procesos más rápidos. Ciertamente, algunos de estos procedimientos o variantes procedimentales son mucho más importantes, de modo que a través de ellos se encauzan un gran número de procesos, mientras que otros apenas tienen aplicación o simplemente no la tienen, a pesar de que formalmente permanecen vigentes. 3.2. Los grandes procedimientos Históricamente, los procedimientos no surgieron separados en las grandes ramas en que se comenzó a dividir el estudio del Derecho, que fueron el Derecho Civil y el Derecho Penal, sino que como en un primer momento esta división del derecho sustantivo no estaba clara, tampoco lo estaban las normas que regulaban los respectivos procesos. Lo concreto es que, producida la consolidación del Estado, se produjo en la creación de dos grandes procedimientos, uno civil y otro penal, que, en pleno auge de la codificación, fueron recogidos en los respectivos Códigos de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal, cada uno de los cuales contempla un abanico de procedimientos. A partir de estos dos grandes bloques jurídicos, comenzaron a surgir otros múltiples procedimientos, con diversas particularidades, que se consideraron necesarias para responder a las exigencias de las respectivas ramas del Derecho. Fue así como nacieron procedimientos propios para conocer materias de Derecho del Trabajo, Derecho de Menores, Derecho Tributario; Derecho de Policía Local; Derecho Administrativo, etc., en lo que, sin duda, constituye una manifestación de la especialización del conocimiento jurídico, requerida por su creciente extensión. En el fondo, lo que ha sucedido es que cada una de estas ramas del Derecho ha ido alcanzando autonomía conceptual, desarrollando sus propios principios y normas. Luego, como una manifestación de esta consolidación, han requerido la creación de procedimientos particulares, dotados de las características y especialidades que se han estimado las más adecuadas para constituir los procesos, destinados a solucionar los conflictos que requieren la aplicación de aquellas normas y principios. 4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS En el sistema procesal chileno, en la actualidad nos encontramos con múltiples procedimientos que se pueden clasificar conforme a diferentes criterios: 4.1. Según la materia Esta clasificación atiende al sector del Derecho a que se refieren las normas jurídicas que deben aplicarse para solucionar el problema jurídico que se plantea por las partes. Se habla entonces de una "tutela diferenciada", que exige la creación de múltiples procedimientos. Así, se pueden encontrar, en nuestro país, al menos los siguientes tipos de procedimientos: 99
  13. 13. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal 4.1.1.Procedimientos civiles Son aquellos procedimientos que sirven para dar origen a los procesos para solucionar los conflictos que dicen relación con las normas que constituyen el Derecho Civil y el Derecho Comercial En esta clase de procedimientos, por regla general, teniendo en cuenta que en este sector del ordenamiento jurídico prevalece la autonomía de la voluntad, también se contemplan procedimientos con esas características, estructurándolos conforme a principios que favorecen una menor intervención estatal. Estos procedimientos civiles se encuentran contenidos fundamentalmente en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, también existen procedimientos importantes de este orden contenidos en otras leyes. Así acontece, por ejemplo, con el procedimiento ejecutivo contemplado en la Ley General de Bancos, Ley de Arrendamientos Urbanos, etc., que el legislador considera que deben revestir características particulares. 4.1.2.Procedimientos penales Son los procedimientos que permiten configurar los procesos para decidir si una persona ha incurrido en un hecho ilícito penal y, en consecuencia, si debe imponérsele una sanción de este orden. Considerando que desde hace tiempo se ha establecido que la mayoría de los delitos deben ser perseguidos de oficio por el Estado, aun frente a la pasividad de la víctima directa, los procedimientos penales se caracterizan por la intervención de un órgano público de persecución penal, que ha terminado por ser denominado Ministerio Público. Actualmente, estos procedimientos se encuentran contemplados en dos cuerpos legales totalmente distintos: el Código de Procedimiento Penal, que data del año 1906 y cuya vigencia termina definitivamente en todo el país el 15 de diciembre de 2004 y que establece un procedimiento escrito, a cargo del juez del crimen; y en el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde el 16 de diciembre de 2000 en dos Regiones y que luego ha ido entrando en vigor de acuerdo a un calendario que concluye el 16 de diciembre de 2004, que crea un procedimiento oral y acusatorio, con intervención del Ministerio Público. Este último Código Procesal Penal ha tenido el mérito de reunir la mayoría de los procedimientos que estaban dispersos en diversas leyes, aunque subsisten particularidades en algunas materias. Asimismo, permanecen vigentes algunos procedimientos penales más próximos al antiguo procedimiento, contemplados en el Código de Justicia Militar. 4.1.3.Procedimientos laborales Son los procedimientos que permiten configurar los procesos para solucionar los conflictos que deben ser resueltos de acuerdo a las normas que constituyen el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral. Estos procedimientos se caracterizan porque prevalece la protección del interés del trabajador por sobre la del empleador, que se considera la parte más débil de la relación laboral. Estos procedimientos se encuentran establecidos actualmente en el Código del Trabajo. 4.1.4.Procedimientos de menores Son los procedimientos establecidos para configurar los procesos que permitan solucionar las cuestiones reguladas por el Derecho de Menores, que son aquellas en que interviene un menor de edad. 1010
  14. 14. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ El rasgo esencial de estos procedimientos es que persigue una especial protección del menor de edad. Por esa razón se los dota de características y principios que permiten obtener este objetivo. Los principales de estos procedimientos están establecidos en la Ley de Menores y en la Ley de Pensiones Alimenticias. 4.1.5.Procedimientos tributarios Son los procedimientos que permiten constituir los procesos en que se debaten cuestiones sobre impuestos que deben pagar las personas al Fisco de Chile, de acuerdo a la regulación que se establece en la legislación tributaria. Estos procedimientos se encuentran contenidos esencialmente en el Código Tributario, pero también en otras leyes especiales, tales como la Ordenanza de Aduanas. 4.1.6.Procedimientos contencioso-administrativos Son los procedimientos que permiten dar origen a los procesos necesarios para resolver los conflictos que se planteen por las personas frente a la Administración Pública, cuando actúa en la esfera de sus propias atribuciones, conforme a las normas de Derecho Administrativo. En Chile ha existido una histórica omisión en el establecimiento de esta clase de procedimientos, porque durante mucho tiempo se aceptó la absurda doctrina de que la separación de poderes impedía a los tribunales integrantes del Poder Judicial conocer de los conflictos que involucraban a la Administración Pública, por lo que la propia Constitución de 1925, así como también la de 1980, en su redacción original, luego modificada en esta materia en 1989, disponían la creación de tribunales especiales en el seno del Poder Ejecutivo, que al no ser nunca creados, impedían a las personas demandar a la Administración, ya que los tribunales ordinarios argumentaban carecer de jurisdicción para conocer de estas materias. Afortunadamente, esta doctrina fue desechada, desde los años 90 en adelante, por lo que actualmente se pueden iniciar procesos en contra de la Administración Pública ante los tribunales ordinarios. Sin embargo, lo que no se ha conseguido es establecer un procedimiento contencioso- administrativo de carácter general, en lo que constituye un gravísimo vacío en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la única posibilidad para conocer de estos procesos es aplicar el procedimiento declarativo ordinario de mayor cuantía, poco adecuado para resolver estas materias, ya que está estructurada para resolver conflictos entre personas privadas. Por excepción, en algunas leyes, existen procedimientos contencioso-administrativos especiales, como acontece con la Ley de Municipalidades, Ley de Expropiación, etc. 4.1.7.Procedimientos de Juzgados de Policía Local Son los procedimientos que permiten constituir los procesos necesarios para aplicar las normas de Policía Local, fundamentalmente por infracciones a la Ley de Tránsito sin causar lesiones graves a personas, a la Ley de Alcoholes, a la Ley de Protección a los Consumidores y Ordenanzas Municipales. Esta clase de procedimientos se encuentra a cargo de los Jueces de Policía Local, administrativamente dependientes de las respectivas Municipalidades, aunque integran el Poder Judicial como tribunales especiales, para efectos de recursos y control en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Estos procedimientos están contenidos en las leyes señaladas y, además, en la Ley de Juzgados de Policía Local. 1111
  15. 15. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal 4.1.8.Procedimientos sobre acciones constitucionales Son los procedimientos establecidos para que las personas puedan iniciar los procesos necesarios para obtener el respeto de sus derechos y garantías fundamentales, establecidos a nivel constitucional. Se trata de las acciones constitucionales de protección, de amparo, de amparo económico, de reparación de los errores y arbitrariedades judiciales, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de reclamación por pérdida de la nacionalidad. Generalmente, por su trascendencia, ha sido el propio Constituyente quien ha entregado el conocimiento de los procesos a que da origen el ejercicio de estas acciones, a los tribunales superiores, que son las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Sin embargo, hasta ahora el legislador no ha establecido los procedimientos necesarios para configurar estos procesos –salvo el recurso de amparo económico–, con omisión de su obligación constitucional de acuerdo al art. 60 Nº 3 y art. 19, Nº 3, inc. 5º de la Constitución que le ordenan establecer las normas de procedimientos para tramitar los diversos procesos judiciales. En consecuencia, en todas las demás acciones constitucionales señaladas, la Corte Suprema ha debido establecer los respectivos procedimientos a través de Autos Acordados, con las limitaciones propias de esta clase de regulación, situación que debiera solucionarse cuanto antes, dictando una Ley de Tramitación de las Acciones Constitucionales. 4.1.9.Otros procedimientos En un ordenamiento jurídico tan complejo y sofisticado como el que requiere un Estado moderno, los procedimientos judiciales son prácticamente innumerables, de modo que existen muchísimos otros que no hemos mencionado. Así, por ejemplo, existen procedimientos especiales establecidos en el propio Código de Procedimiento Civil y en una serie de leyes especiales (de arrendamiento, etc.). Asimismo, existen otro tipo de tribunales diferentes a los ordinarios que pueden contar con sus propios procedimientos, como acontece con los tribunales y jueces árbitros (regulados en el Código Orgánico de Tribunales). 4.2. Según su finalidad Atendiendo al objetivo perseguido por los procesos que se pueden tramitar conforme a los procedimientos, éstos se clasifican en procedimientos declarativos o de conocimiento y procedimientos ejecutivos 4.2.1.Declarativos o de conocimiento Son aquellos que persiguen la obtención de una sentencia, que declara el derecho de las partes. Se contraponen, como veremos, a los de carácter ejecutivo. Se acostumbra a distinguir entre los siguientes procedimientos, en una manifestación de las denominadas "finalidades" de la Jurisdicción: a) de condena, que serían aquellos que permiten constituir procesos que declaran un derecho preexistente, conferido por una norma jurídica; b) constitutivos, que hacen posible los procesos que crean un derecho que no existía con anterioridad; c) meramente declarativos o de certeza, que dan origen a procesos que solo persiguen constatar situaciones jurídicas preexistentes, sin que requieran su ejecución, y d) cautelares, se dirigen a asegurar el cumplimiento de una sentencia. 1212
  16. 16. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ No obstante, a nuestro parecer, todos estos procedimientos comparten el mismo objetivo, que es el de solucionar un conflicto, creando el derecho concreto entre las partes, por lo que todos serían constitutivos. Tanto es así que el legislador no establece una real diferencia entre todos estos procedimientos, salvo quizás con los de carácter cautelar. 4.2.2.Ejecutivos Se caracterizan porque a través de ellos se pide el cumplimiento en forma forzada, frente a la negativa del obligado, de un derecho preestablecido, indiscutido o indubitado. Se trata de llevar a la realidad en forma compulsiva el mandato contenido en la sentencia, cuando no es cumplido voluntariamente. Como el derecho que reúne estas características sólo puede ser establecido por una sentencia judicial, que debe emanar de un proceso, en principio, el procedimiento ejecutivo requiere de una sentencia declarativa o constitutiva. Por eso es que en un principio la ejecución constituía una etapa del mismo proceso, no un juicio distinto, lo que se mantiene a través del procedimiento ejecutivo denominado cumplimiento incidental de la sentencia (arts. 231 y ss. CPC). Posteriormente, el legislador ha otorgado el mismo valor de una sentencia a otros documentos que dan cuenta en forma indubitada de una obligación, los que son denominados "títulos ejecutivos", con los que se consigue evitar el procedimiento declarativo o constitutivo. En consecuencia, en Chile los procedimientos ejecutivos principales son dos: el procedimiento ejecutivo incidental (arts. 231 y ss. CPC) y el procedimiento ejecutivo de las obligaciones de dar (art. 434 y ss. CPC), que constituye el procedimiento general y supletorio de este carácter, al que se agregan los procedimientos ejecutivos de las obligaciones de hacer y de no hacer (arts. 530 y ss. CPC). Además existen procedimientos ejecutivos especiales de gran importancia, como son los procedimientos de ejecución hipotecaria de la Ley General de Bancos. 4.3. Según su ámbito de aplicación En cuanto a la extensión del objeto, se clasifican en procedimientos universales y procedimientos singulares o particulares. 4.3.1.Procedimientos universales Son aquellos que permiten dar origen a un proceso en el que se discute sobre una universalidad jurídica. Los principales procedimientos de este orden son los procedimientos o juicios de quiebra, en los que deben concurrir simultáneamente todos los acreedores del fallido y, en algunas oportunidades, los de carácter sucesorio, cuando deben comparecer todos los herederos. 4.3.2.Procedimientos singulares Son los procedimientos en que se discute sobre un conflicto que afecta a personas determinadas. Constituyen la regla general, ya que los procesos se producen generalmente entre partes, que pueden estar constituidas por una o más personas. 4.4. Según la extensión de su competencia Teniendo en cuenta las atribuciones del tribunal que ha de conocer el proceso, se clasifican en: 1313
  17. 17. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal 4.4.1.Procedimientos de lato conocimiento Son aquellos que se resuelven sobre la totalidad del conflicto sometido a su conocimiento, de modo que sobre el mismo no podrá iniciarse un nuevo proceso. Constituyen la regla general, ya que la esencia de la decisión jurisdiccional es resolver el conflicto de manera definitiva e irrevocable, prohibiendo que se pueda iniciar un nuevo proceso entre las mismas partes, sobre la misma materia, que es el efecto propio de la cosa juzgada material. 4.4.2.Procedimientos de contradicción limitada Son los que permiten conocer procesos en los cuales la cuestión planteada es limitada, de manera que no impide que posteriormente se inicie un proceso más amplio sobre la misma materia. La sentencia que se pronuncia en esta clase de juicios no puede producir el mismo efecto que la que se dicta en los de lato conocimiento, ya que no impide que se pueda iniciar un nuevo juicio. Se habla entonces de efecto de cosa juzgada formal. Los más conocidos de los procedimientos de este orden contemplados en nuestro ordenamiento son los interdictos posesorios, procedimientos especiales situados en el Código de Procedimiento Civil (arts. 549 y ss. CPC). 5. LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 5.1. Antecedentes generales El orden que requiere la actividad jurisdiccional para desarrollarse, es una exigencia lógica si tenemos en cuenta que el proceso constituye un mecanismo para ordenar un conflicto. Al momento de establecer este orden y las formalidades conforme a las que deben actuar las partes y el tribunal, que son las que constituyen un procedimiento, el legislador dispone de distintas posibilidades. Estas alternativas han sido estudiadas tradicionalmente a nivel de Derecho Comparado bajo la rúbrica de "principios del procedimiento", aunque en rigor, desde un punto de vista general y teórico, debiera hablarse de "principios formativos de los procedimientos" o "principios de los procedimientos", porque son los que se pueden descubrir detrás de las normas que constituyen los diferentes procedimientos que se identifican en un sistema procesal. Estos principios deben ser diferenciados netamente de aquellos referidos al proceso, usualmente llamados "principios del proceso", que dicen relación con la tramitación de los concretos juicios. Sin embargo, entre nuestros autores, no parece haberse asumido completamente la distinción entre ambos géneros de principios, de modo que bajo la nomenclatura de "principios del procedimiento", encontramos tratados conjuntamente a ambos. Así, por ejemplo, el profesor MOSQUERA, entre estos últimos incluye la "bilateralidad de la audiencia", que equivale al principio de audiencia, que todos los autores extranjeros consideran incluidos entre los "principios del proceso". Por nuestra parte, para referirnos a las exigencias del proceso, no siempre consideramos adecuado utilizar la expresión "principios", a la que usualmente se le confiere un valor meramente descriptivo, sino que preferimos hablar de "garantías del proceso" y, en definitiva, de la garantía del "debido o justo proceso", porque la mayoría de ellos han sido reconocidos y elevados a la categoría de garantías constitucionales. Como hemos dicho, en Derecho Comparado se suele distinguir entre "principios del proceso" y "principios de los procedimientos". 1414
  18. 18. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ Los primeros son definidos como "las ideas bases de determinados conjuntos de normas que se deducen de la propia ley aunque no estén expresamente formulados en ellas" (MONTERO AROCA). Es así que se estima que "estas ideas o criterios constituyen el sustrato de los distintos tipos procesales, informan su estructura y se manifiestan en su construcción o regulación legal" (BERZOSA). Entre estos "principios del proceso", la doctrina unánimemente sitúa los denominados "principios de audiencia" y "principios de igualdad de partes" (así, por ejemplo, MONTERO; DE LA OLIVA y BERZOSA). Otros añaden el "principio de dualidad de partes" (BERZOSA). Estos primeros principios son caracterizados como principios "comunes a todos los procesos" (BERZOSA), o bien, como "principios jurídico-naturales del proceso" (DE LA OLIVA), queriendo poner de relieve que están presentes en toda clase de procesos y que no pueden faltar en una estructura que merezca el nombre de tal. Como se puede comprender inmediatamente, si esto es así, no nos encontramos ante meras ideas que informan la estructura de los procesos, sino ante exigencias fundamentales para constituir verdaderos procesos jurisdiccionales. Luego, también entre los principios del proceso, la doctrina comparada estudia los "principios dispositivo y de la oficialidad", considerándolos de carácter jurídico-técnicos (DE LA OLIVA), o bien, principios específicos (BERZOSA), queriendo poner de relieve que el primero predominaría en el proceso civil y el segundo en los penales. Nos parece, sin embargo, que estos últimos principios deben ser incluidos entre los criterios de carácter técnico, que el legislador debe tener en cuenta para estructurar los distintos procedimientos y de allí que los incluyamos entre los principios del procedimiento, tal como hacen otros autores2. 5.2. Concepto de principios de los procedimientos La elección de las normas que constituyen los diferentes procedimientos, aunque son de carácter técnico, depende de criterios de orden político en su más amplio sentido. En efecto, el legislador debe elegir si establece un procedimiento que permite tramitar un proceso oral o escrito; regido por la inmediación o la mediación; concentrado o desconcentrado; que sólo pueden iniciarse por las partes o de oficio por el tribunal; si permite la doble instancia o no, etc., lo que hará dependiendo de las materias de que se trata y los objetivos que persigue con el respectivo procedimiento. A partir de aquí podemos definir los principios formativos de los procedimientos como: Son aquellos criterios, usualmente expuestos en forma de opciones contrapuestas, que el legislador debe tener en cuenta para articular los diferentes procedimientos a través de los cuales se tramitarán los procesos en un determinado sistema procesal. Demasiado general es, en cambio, su definición como "las diferentes orientaciones que sigue cada nación para constituir su sistema procesal"3, que se formula en nuestro Derecho. Hacemos presente que ninguna de estas opciones se encuentra asumida en forma pura en los diferentes procedimientos, sino que más bien se puede hablar de preponderancia de las mismas. Así, por ejemplo, un procedimiento podrá considerarse regido por el principio de la oralidad, sin perjuicio de que puedan existir determinadas actuaciones escritas, y por el contrario, podrá considerarse regido por la escrituración, a pesar de que incluya –sin que lleguen a predominar– determinadas actuaciones procesales de carácter oral. 5.3. Importancia de los principios formativos del procedimiento Por otra parte, se ha puesto de relieve que la importancia de estos principios es múltiple4: 1515
  19. 19. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal a) Contribuyen a explicar la estructura de los procedimientos, es decir, permiten comprender por qué se han establecido determinadas cargas, derechos y posibilidades a cada una de las partes y el momento en que se han establecido; b) Para los supuestos de lagunas legales, son elementos auxiliares de la interpretación jurídica, puesto que permiten al juez completar la analogía para determinar la regulación en una determinada situación no prevista expresamente por el legislador. c) Aportan el marco teórico para las discusiones de lege ferenda, es decir, de la futura regulación legal; d) Ofrecen un claro interés pedagógico, pues facilitan una visión resumida pero global de los diferentes procedimientos existentes en un determinado sistema procesal. 5.4. Análisis particular de los principios formativos de los procedimientos En concreto, consideramos que los más importantes de estos principios, examinados entre sus contrapuestos, son los siguientes: 5.4.1.Principio dispositivo y principio de la oficialidad o inquisitivo Estos principios, opuestos entre sí, responden esencialmente a dos interrogantes: quién inicia el proceso y quién fija o determina su objeto5. Es esencial diferenciarlos de los principios de aportación de parte y de su opuesto principio de investigación de oficio, los que durante mucho tiempo estuvieron confundidos a nivel normativo y de doctrina6, produciendo distorsiones en su aplicación y regulación, y que responden, como veremos más adelante, a la pregunta acerca de quién debe aportar los hechos y producir la prueba para tenerlos por acreditados. El primero de ellos, el dispositivo, tiene su punto de partida en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos privados subjetivos, entregando la iniciativa a los particulares. Es decir, en los procedimientos regidos por este principio, serán las partes quienes deben decidir si inician o no un proceso y determinan su objeto, es decir, aquello sobre lo cual versará el juicio. Por esta razón, usualmente informa los procedimientos de carácter civil. Por el contrario, el principio de la oficialidad, implica que es el propio tribunal o un organismo público el que pueden dar comienzo a un proceso, por sobre el interés de las partes, y, además, que el mismo tribunal puede determinar el contenido del juicio. Dadas estas características, se emplean en aquellos procedimientos que operan en materias en que se considera prevaleciente el interés de la comunidad y, por lo tanto, tradicionalmente se lo considera subyacente en la regulación de los procedimientos de orden penal. Sin embargo, es muy notorio que ni el principio dispositivo ni el de la oficialidad se encuentran presentes sólo en esas respectivas esferas, apareciendo, como se ha dicho, debido a su combinación, una zona intermedia, más o menos amplia, en la que se sitúan con especial importancia los procesos civiles inquisitivos y los procesos penales por delitos de acción privada. Es fácil comprobar que en los denominados procesos civiles inquisitivos, entre los que se encuentran aquellos que versan sobre cuestiones matrimoniales, de paternidad y filiación y de declaración de incapacidades, a pesar de su objeto eminentemente civil, influye de manera decisiva el interés público; de modo que el objeto del proceso se transforma en indisponible para las partes y su incoación no depende siempre de la voluntad de las partes privadas, pues hay ocasiones en que pueden ser iniciados por organismos públicos, especialmente por el Ministerio Público. 1616
  20. 20. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ A su vez, los procesos penales por delitos de acción privada, o de acción mixta, el interés público se encuentra retraído y, por lo tanto, se autoriza que el desarrollo del proceso penal y aun la imposición de la pena, puedan quedar condicionados a la voluntad del ofendido por el delito. a) Principio dispositivo Se puede decir que consiste en la disponibilidad que los litigantes tienen sobre el interés privado y sobre la conveniencia o no de acudir al órgano jurisdiccional pretendiendo su satisfacción7. En nuestro país este principio encuentra amplia acogida, y su fundamento hay que encontrarlo en el generoso reconocimiento constitucional que se hace del derecho de propiedad privada en nuestra Carta (art. 19 Nº 24), y de otros derechos anexos a este último, tales como el derecho al desarrollo de cualquier actividad económica (art. 19 Nº 21) y el derecho a adquirir el dominio de toda clase bienes (art. 19 Nº 23). Con este reconocimiento, está claro que se opta por un determinado modelo económico y jurídico, que implica admitir la existencia de intereses privados; un amplio margen a la autonomía de la voluntad y a la iniciativa de los particulares, y un reconocimiento a la existencia de derechos subjetivos. Este modelo económico trasladado al proceso civil da origen a un proceso regido por este principio dispositivo, pues, tal como ha dicho CALAMANDREI: "El deducir un derecho en vía jurisdiccional es un modo de disponer del mismo y, por consiguiente, el condicionar la tutela jurisdiccional a la petición del interesado es una consecuencia lógica de la autonomía negocial reconocida al particular sobre su propia esfera jurídica"8. A partir de aquí, se estima que las manifestaciones o notas esenciales del principio dispositivo, son las cuatro siguientes: a) La actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse a petición de parte. Es decir, se requiere que una persona que pretende obtener la tutela de un órgano jurisdiccional inicie el proceso, ponga en marcha al tribunal, lo haga pasar de potencia en acto. Lo que caracteriza esta primera manifestación del principio, es que la persona puede con plena libertad, hacer valer o no su derecho e, incluso, puede acudir a otras formas legítimas de tutela, como podrían ser, por ejemplo, la mediación, el arbitraje, etc. En Chile, comprobando el pleno reconocimiento de este principio en materia civil, se establece expresamente que: "Todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor..." (art. 253 CPC). Luego, en otras disposiciones se reconoce también que la decisión de iniciar o no el juicio depende del titular del interés que se hace valer, tales como, por ejemplo, art. 273 CPC, etc. Excepcionalmente, este principio también se encuentra presente en algunos procesos penales. Así acontece en los denominados delitos de acción privada, que sólo pueden iniciarse a petición –es decir, de una querella– del afectado, tal cual lo establece el art. 55 Código Procesal Penal: "No podrán ser ejercidas por otra persona que la víctima...". b) La determinación del objeto del proceso es facultad exclusiva de las partes litigantes. Son éstas las que fijarán mediante sus alegaciones, qué es lo que piden y por qué razones o argumentos formulan estas peticiones. Cabal comprobación de esta manifestación del principio la hallamos en los requisitos que debe cumplir la demanda que establece el art. 254 CPC: Nº 4 "La expresión clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya"; y Nº 5 "La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal". Lo mismo sucede con la contestación a la demanda, en la cual el demandado, si lo desea, debe hacer valer "las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan" (art. 309 Nº 3 CPC), de modo que ésta debe culminar con "La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se someten al fallo del tribunal" (art. 309 Nº 4 CPC). 1717
  21. 21. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal Evidentemente, en ninguna de estas manifestaciones, las partes pueden ser reemplazadas por el tribunal, que no puede formular por sí alegaciones o defensas de hecho que no han efectuado las propias partes y si lo hace, su sentencia es nula, ya que ese defecto constituye una causal del recurso de casación en la forma. JURISPRUDENCIA: La sentencia impugnada presenta el vicio señalado en el artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, los jueces se extienden a puntos que no fueron sometidos a su decisión. Para desestimar la demanda del señor H., se argumenta que el contrato de transacción cuyo incumplimiento se alegaba "no resulta vinculante para las partes ni obliga al club demandado", puesto que el abogado que suscribe el contrato a nombre de ese actor no acreditó su condición de apoderado o mandatario judicial. El demandado –club deportivo– no hizo valer en la oportunidad procesal correspondiente la excepción dilatoria de falta de personería o representación legal del que comparece a nombre del demandante ni la perentoria de falta de representación del abogado para celebrar el contrato de transacción por cuenta del señor H. De este modo, la Corte de Apelaciones respectiva efectivamente se pronuncia sobre materias que sólo podían plantearse por la demandada a través de las excepciones pertinentes y que, sin embargo, no fueron interpuestas por ella, extendiéndose a puntos no sometidos a su decisión, y no tratándose de un caso en que esa Corte hubiere estado facultada para actuar de oficio (s. Corte Suprema, 2 de mayo de 2002, causa Rol Nº 2.712-2001). c) Las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales deben ser congruentes con las peticiones de las partes. Es decir, en sus decisiones, el tribunal no puede otorgar más de lo pedido por los litigantes, ni pronunciarse sobre algo no solicitado, ni tampoco emitir sus decisiones fundándose en hechos o argumentos jurídicos no invocados por las partes. Esto es lo que da origen a la exigencia de la "congruencia" de la decisión judicial, que se ha de considerar amparada en nuestro país, como hemos visto, por las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa. Expresión de esta exigencia del principio, la hallamos en nuestro procedimiento civil en el art. 170 Nº 6 CPC, en relación al art. 768 Nº 4 CPC, que contemplan el vicio de ultra petita como causal del recurso de casación en la forma. JURISPRUDENCIA: Es dable concluir que los jueces del fondo no pudieron, sin incurrir en ultra petita, revocar la decisión de primera instancia para los efectos de condenar a la demandada al pago de la remuneración por el período trabajado por el actor, ya que tal prestación no fue solicitada en la acción ejercida. En armonía con lo razonado procede acoger el recurso en examen, por cuanto el fallo impugnado adolece del vicio denunciado por el demandado, error que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, por cuanto condujo a condenar al recurrente al pago de una remuneración que no fue reclamada por el dependiente. (Consids. 4º y 5º fallo de casación, Corte Suprema, 23 de agosto de 2001, causa Rol Nº 2.672-2001). e) Iniciado el proceso y fijado su objeto los litigantes pueden ponerle término en cualquier momento. Vale decir, las partes conservan su poder de disposición, que les permite poner fin a la actividad jurisdiccional, ya sea porque disponen del bien litigioso mediante un acto dispositivo, que puede ser bilateral: transacción, avenimiento, etc., o bien unilateral (renuncia, abandono del procedimiento), o deciden mantener imprejuzgada la cuestión debatida y renuncian a la prosecución del juicio. Entre nosotros se reconoce esta manifestación del principio en el CPC desde todas las perspectivas. Así, por ejemplo, se faculta al actor para desistirse de la demanda y al demandado para desistirse de la reconvención (art. 148 y ss. CPC), la que aceptada produce la extinción de las acciones (art. 150 CPC). También se le faculta para paralizar la prosecución del juicio, abandonando el proceso9, lo que le obligará a iniciar uno nuevo (art. 156 inc. 1º CPC). Asimismo, las partes pueden llegar a un avenimiento o conciliación (art. 267 CPC), etc. 1818
  22. 22. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ JURISPRUDENCIA: "La institución del abandono del procedimiento, que se encuentra reglamentada en los artículos 152 a 157 del Código de Procedimiento Civil, está establecida para sancionar la negligencia de las partes en procurar la continuidad del proceso e instar por el término del juicio, atendido que es fundamental para el legislador que prime la certeza jurídica que las partes requieren y, asimismo, para que se consoliden los derechos de aquéllas, de modo que impere el estado de derecho que toda sociedad organizada requiere" (s. Corte Suprema, 16 de marzo de 1999, causa Rol Nº 2.990-1998). En materia penal, excepcionalmente en los procesos por delitos de acción privada, se dispone que se extinguen por la renuncia a la acción penal efectuada por la persona ofendida, de modo que el desestimiento de la acción privada producirá el sobreseimiento definitivo de la causa. b) Principio inquisitivo o de la oficialidad Opuesto al anterior, significa que el inicio del proceso y la determinación de su objeto no están subordinados al poder de disposición de los sujetos jurídicos particulares involucrados, sino que dependen de la actuación de determinados órganos públicos, incluyendo al propio tribunal. Su justificación se encuentra en la existencia de ámbitos jurídicos en que predomina el interés público, en lo que se considera necesario establecer procesos cuyo inicio, contenido y terminación no dependen sólo de la voluntad de las personas afectadas. De allí que este principio tiene su campo esencial de aplicación en el proceso penal, debido a que el Estado asume el ius puniendi, impidiendo que los particulares dispongan de la consecuencia del delito, esto es, de la imposición de la pena. Sin embargo, esto no implica que se pueda afectar la garantía de la imparcialidad del tribunal, por lo que moderadamente la actuación del Estado se ejerce a través de otro organismo, denominado Ministerio Público. Teniendo en cuenta que se configura en oposición al dispositivo, sus características esenciales son también las contrarias: a) El inicio de la actividad jurisdiccional no depende de la decisión de un particular, sino de un órgano público, al que se confía la tutela de los intereses colectivos. Es decir, el proceso comienza a iniciativa de organismos tales como el Ministerio Público, o el defensor público entre nosotros, en materias de familia. Cabe hacer presente que además, en estos casos, el proceso constituye la única forma de obtener la tutela, sin que sea posible acudir a otras formas de solución de conflictos. b) La determinación del objeto del proceso no es facultad de las partes. En efecto, teniendo en cuenta que este objeto vendrá delimitado por un hecho, cuyas consecuencias jurídicas deben extraerse como resultado de la actividad jurisdiccional, su determinación permanece ajena a la mera voluntad de los interesados. Por ejemplo, es lo que acontece en los procedimientos para conocer de las acciones constitucionales de protección y de amparo, en los cuales los hechos del proceso pueden ser determinados o ampliados por el tribunal. JURISPRUDENCIA: Corresponde admitir a tramitación un recurso de protección, dirigido en contra de quien no se divisa como autor del ilícito que se reprocha, atendida su tramitación desprovista de formalismos, considerando, además, el deber de todo tribunal de adoptar medidas para evitar la ineficacia de los procedimientos y finalmente porque el Nº 3 del Auto Acordado que regula su tramitación, dispone que se requerirá informe a aquel que, según el recurso o en concepto del Tribunal, son las causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal (s. Corte Suprema, 26 de marzo de 1998, causa Rol Nº 653-1998). c) La indisponibilidad del objeto que se somete a juicio, no exige la congruencia en términos rigurosos. Vale decir, debido a que el planteamiento jurídico de las partes no enlaza con un poder 1919
  23. 23. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal de disposición particular que haya de ser respetado, el tribunal no se encuentra sujeto absolutamente a las alegaciones de las partes. Es decir, en esta clase de procedimientos, el tribunal podrá agregar hechos por su propia cuenta, sin que hayan sido incorporados al proceso por las partes. d) Los sujetos procesales no pueden poner término al proceso. Esto es lógica consecuencia de que no tienen la facultad de disponer del interés colectivo en juego, de modo que los sistemas de terminación del proceso civil, en los que se dispone de su objeto, no tienen aplicación en materia civil. Y tanto es así, que en el proceso penal acusatorio el desestimiento de la querella no implica el término del proceso, el cual debe continuar adelante en mérito a la actuación del Ministerio Público. A su vez, por regla general, tampoco el acusado podrá disponer de la consecuencia penal del proceso y solicitar que se le imponga la pena, sin que previamente se demuestre la existencia del delito y su autoría. 5.4.2.Principio de aportación de parte y principio de investigación de oficio Después de estudiar la cuestión de quién puede iniciar el proceso y fijar su objeto, un problema distinto que surge es el determinar si la aportación de la prueba corresponde a las partes o, por el contrario, al órgano jurisdiccional. En el primer caso, el proceso estará informado por el principio de aportación de partes, ya que será a éstas a quienes corresponderá la dirección del proceso, y, en el segundo, el juicio estará inspirado por el principio de investigación de oficio, caracterizado porque tales facultades están entregadas al juez. Cabe hacer presente que, por regla general y casi sin excepciones, los procedimientos regidos por el principio dispositivo lo estarán también por el principio de aportación de parte, mientras que, a su vez, los inspirados en el principio de la oficialidad lo estarán también por el de la investigación de oficio. Sin embargo, no se los puede hacer sinónimos o necesariamente correlativos, como ocurrió durante mucho tiempo en la generalidad de las doctrinas italiana, española y latinoamericana, ya que sus fundamentos son completamente distintos. En efecto, estos últimos, a diferencia de los principios dispositivo y de la oficialidad, no derivan del carácter privado o colectivo de los intereses discutidos, puesto que la aportación de parte o la investigación de oficio, se refieren a la conformación del proceso y no a la disposición de su objeto. a) Principio de aportación de parte Se caracteriza porque el dominio sobre el material procesal que constituirá fundamento de la sentencia, corresponde a las partes litigantes10. Por lo tanto, a ellas corresponde tanto la introducción de los hechos en el proceso, como también su prueba. El punto de contacto con el principio dispositivo es evidente, puesto que éste determina que sean las partes las que deban introducir los elementos fácticos esenciales integradores de la causa de pedir, ya que junto al petitum constituyen el objeto del proceso; mientras que el principio de aportación de partes, establece que son los litigantes los que deban realizar la actividad probatoria para probar esas alegaciones. La prueba de estos últimos hechos son los que permitirán que el actor pueda conseguir que su demanda sea acogida, o bien, que harán posible que el demandado obtenga el rechazo de la demanda. Igualmente, en función de este principio, se les confiere la iniciativa para solicitar la recepción de la causa a prueba y para proponer que se practiquen las concretas diligencias probatorias, haciendo uso de los medios probatorios correspondientes. Es así que en un proceso informado completamente por el principio de aportación de partes, el juez no puede tener en cuenta hechos 2020
  24. 24. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ que las partes no hayan alegado, ni tampoco decretar de oficio diligencias probatorias que las partes no hayan propuesto. A estas notas responde el procedimiento civil chileno, con mayor fuerza en la redacción original, y con morigeraciones en virtud de reformas que se le han ido introduciendo con posterioridad. Con carácter general, este principio se encuentra reconocido en el art. 160 CPC, conforme al cual "las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio", siendo esto último excepcional. En materia probatoria, tenemos disposiciones tales como el art. 402 CPC, conforme al cual se deben considerar como ciertos los hechos personales confesados por los litigantes, lo que incluye los reconocidos en sus respectivos escritos, al margen incluso de la propia convicción del juez. También se concede a las partes la iniciativa preponderante en la práctica de todas las diligencias de prueba, ya que éstas deben proponer los medios concretos de que piensan valerse (v. gr., art. 320 CPC, respecto a la prueba de testigos, que exige a los litigantes una minuta de los puntos sobre los que piensa pedir prueba testimonial y una nómina de los testigos; art. 385 CPC, respecto a la confesión; art. 403 CPC, en relación a la inspección personal del tribunal, etc.). Sin embargo, ya desde su redacción original, nuestro CPC de 1902, recogiendo tendencias más modernas en la configuración de los procedimientos y superando en este punto, por ejemplo, a la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, confiere importantes facultades al tribunal que atenúan la completa pasividad en que se lo pretendía dejar por el liberalismo extremo vigente a la época de su redacción. Por supuesto, que esta tendencia a conferir mayores facultades de dirección del proceso se ha incrementando con el tiempo, a través de numerosas reformas legales. Es así, entonces, que actualmente se admiten numerosas y muy importantes excepciones a este principio de la aportación de partes, que en buenas cuentas vienen a traducirse en el acogimiento de manifestaciones del opuesto principio de investigación de oficio, que analizaremos a continuación. b) Principio de investigación de oficio Superando una concepción extrema de la oposición entre este principio y el de aportación de parte, conforme a la cual habría que concluir que correspondería al órgano jurisdiccional el dominio del material de hecho que constituye el fundamento fáctico de la sentencia, actualmente este principio está definido desde el punto de vista de las partes. Con esta base, se acepta que el principio de investigación de oficio implica que la actividad alegatoria y probatoria de las partes no vincula ni limita los poderes de dirección material del juez o tribunal dirigidos a la investigación y prueba de los hechos11. Esto significa que el órgano jurisdiccional está obligado por sí mismo a la aportación de los datos fácticos y a la práctica de la prueba con independencia de la voluntad de las partes12. El fundamento de este principio se halla en la idea de que existen bienes jurídicos que interesan a la sociedad, de modo que su determinación en el proceso no se puede dejar a la sola voluntad de las partes. Es así que se estima que el establecimiento del contenido de la cuestión sobre la que versa el juicio, se debe obtener mediando también la actividad del tribunal, por lo que la aplicación de este principio da origen a un procedimiento que se reduce a una investigación judicial, denominada instrucción o inquisición. Evidentemente, este principio se manifiesta plenamente en el procedimiento penal y, en general, en todos los procesos en que recibe aplicación el principio de la oficialidad, sin perjuicio de sus manifestaciones al excepcionar el principio de aportación de parte. En materia civil, este principio sólo rige excepcionalmente, aunque lo ha ido haciendo con mayor intensidad a medida que se ha ido reconociendo el interés público en la solución de los conflictos, 2121
  25. 25. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal de modo que se han de reconocer mayores facultades a los jueces para quedar en disposición de hacerlo. Por esa razón contamos hoy en día con una buena cantidad de disposiciones del CPC, cuyo sentido es la aplicación del principio de investigación de oficio. La norma más clásica en ese sentido, es el art. 159 CPC, que confiere a los jueces, dentro del plazo para dictar sentencia, la facultad para decretar de oficio las denominadas "medidas para mejor resolver". Estas dicen relación con prácticamente todos los medios probatorios que contempla el CPC; confiriéndole al juez la posibilidad de decretar su práctica, aunque una importante limitación respecto a la prueba testimonial. Asimismo, en las normas que regulan la práctica de los diferentes medios probatorios, hallamos importantes manifestaciones de este principio, v. gr. el art. 412 CPC, que autoriza al juez para decretar de oficio la prueba pericial en cualquier estado del juicio. También en el ámbito de los procedimientos civiles inquisitivos, encontramos preceptos perentorios que obedecen en gran parte al "principio de investigación de oficio". Es así que, por ejemplo, en la Ley de Menores, art. 31, se dice que: "El juez podrá ejercer las facultades que le confiere esta ley, a petición de la Policía de Menores, de los órganos o entidades que presten atención a menores, de cualquier persona o aun de oficio. En el ejercicio de estas facultades podrá el juez ordenar las diligencias e investigaciones que estime conducentes. Siempre que el hecho que motive el denuncio fuere de aquellos que sólo dan acción privada, el juez practicará personalmente la investigación, evitando comprometer la reputación de las personas". Y, entre otras varias disposiciones del mismo tenor, el art. 32 de este mismo cuerpo legal, obliga para aplicar las medidas de protección que contempla la misma ley, al propio juez a "establecer la circunstancia de haberse cometido tal hecho y la participación que en él ha cabido al menor". Por su parte, en la "Ley sobre Abandono de Familia y pago de pensiones alimenticias", ley Nº 14.908, se establece que cuando los alimentos "se deban a menores o al cónyuge del alimentante cuando éste los solicitare conjuntamente con sus hijos menores, conocerán los Jueces de Letras de Menores y se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre protección de menores", en la que se encuentran las disposiciones que acabamos de transcribir. Del mismo modo, en los interdictos posesorios se contienen normas que autorizan al juez a obrar de oficio. Específicamente en la denuncia de obra ruinosa, en el art. 571 CPC, se dice que presentada la querella "el tribunal practicará, a la mayor brevedad, asociado de un perito nombrado por él mismo y con notificación a las partes y asistencia de la que concurra, una inspección personal de la construcción o árboles denunciados". Incluso se establece que "cuando la diligencia de reconocimiento no haya sido practicada por el tribunal, podrá éste, disponer como medida para mejor resolver, disponer que se rectifique o amplíe en los puntos que estime necesarios" (art. 572 inc. 2º CPC). 5.4.3.Principio de la oralidad y principio de la escrituración Más que principios, teniendo en cuenta que llevan consigo la aplicación de otros de similar naturaleza e importancia, se ha dicho con razón, que ante la oralidad y la escrituración, nos encontramos ante dos modos de hacer el proceso completo, antes que frente a la forma que pueda adquirir un único acto procesal13. a) Principio de la oralidad Es el principio que permite basar la resolución judicial sólo en el material procesal y, en particular, de la prueba, aportados en forma oral14. Esto se traduce en que la palabra se transforma en el medio de comunicación entre las partes y el tribunal15. 2222
  26. 26. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ La doctrina resalta que en la actualidad es imposible configurar un procedimiento totalmente oral – así como tampoco uno totalmente escrito–, reduciéndose la cuestión al predominio de la oralidad, pero no a su exclusividad. Se trata, en definitiva, de delimitar qué actos pueden realizarse por escrito sin que el proceso deje de estar informado por la oralidad. En la necesidad de tratar de establecer lo que caracteriza a un procedimiento estructurado en base a la oralidad, se ha dicho que su momento cúlmen es una audiencia oral en la que el juez toma contacto directo con las pruebas personales y con las partes. Es decir, el material probatorio en base a los cuales forma su convencimiento, se adquiere a través de la percepción directa del tribunal, de la información que ve y percibe a través de sus propios sentidos. La oralidad fue dominante en el Derecho Romano clásico y en el Derecho Germánico, aunque a partir del s. XII comenzó a imponerse en toda Europa la escritura. Sólo durante el siglo XX comenzó a renacer la tendencia hacia la oralidad, especialmente en el ámbito penal, pero también con reflejos en el civil. La Ordenanza Procesal Civil Alemana de 1877 y la austríaca de 1895, fueron los primeros cuerpos legales modernos de este orden en incorporar la forma oral. En el ordenamiento procesal chileno, hasta antes de la Reforma Procesal Penal, la oralidad prácticamente no recibía aplicación, lo que se mantiene en el procedimiento civil, que es total y absolutamente escrito. Las pocas excepciones que suelen citar los autores nacionales son la relación que deben hacer los relatores ante los tribunales colegiados (art. 372 Nº 4 COT), y los alegatos que pueden realizar los abogados en la mayoría de las causas que conocen estos mismos tribunales (arts. 226 y 223 CPC). Empero, en ambos casos nos parece que se trata de un profundo error, puesto que la primera es apenas un resumen de un expediente, pero no suprime sino que profundiza la escrituración como fuente de información del tribunal para dictar sus resoluciones, y los segundos, constituyen en definitiva un mero ejercicio de oratoria, que generalmente influye poco en el resultado final del juicio, ya que se sigue fallando en base a la lectura o al relato del expediente escrito. b) Principio de la escrituración Es aquel principio que sólo permite al tribunal tomar en consideración para fundar su sentencia en un proceso, los datos deducidos o alegados por escrito16. Es decir, la fuente de la información en base a la cual el juez funda su convencimiento, será únicamente la lectura del expediente. Nuevamente hay que tener presente –para concluir que un procedimiento está regido por él– que se trata de identificar el predominio de la escritura y no su implantación absoluta. Aun en los procedimientos regidos por la escrituración pueden haber actos orales, de modo que la cuestión consiste en establecer qué actos, a pesar de haberse realizado oralmente, no impiden que el procedimiento pueda calificarse de escrito. Debemos recordar que al igual que la oralidad, la escrituración constituye más bien un modo de hacer el proceso, un modelo procesal de características opuestas al del modelo procesal oral, antes que la forma de un único acto procesal. Si se quiere identificar un dato que caracterice la escritura como principio de este orden, debe ser el de la accesoriedad de toda actuación oral, entendida en el sentido de que el juez dictará sentencia basándose en los actos realizados por escrito o en la documentación de los actos que se hayan llevado a efecto en forma oral. Existiendo quienes se declaran partidarios de los procedimientos estructurados en base a este principio, en abono de su postura arguyen que permite mayores facilidades para el conocimiento 2323
  27. 27. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal exacto del contenido de la causa por el tribunal superior, al ser impugnada la resolución de un inferior, por la existencia de un expediente escrito17. Desde luego, tal ventaja es claramente insuficiente frente al gran defecto que presentan un procedimiento escrito: impedir que las partes puedan tomar contacto directo con el juez, que éste oiga sus alegaciones y que tome conocimiento directo de las diligencias de prueba. De allí que la tendencia actual sea la de constituir procedimientos basados en la oralidad en toda clase de materias. Este principio de la escrituración rige plena, cabal y absolutamente, sin excepciones, en todos nuestros procedimientos civiles y especiales. De hecho, la observación atenta de nuestros procesos, parece haber inspirado la calificación de ser "desesperadamente escritos" efectuada por ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, que se ha aplicado a muchos del entorno hispanoamericano. Comprueban la absoluta vigencia de este principio, en el procedimiento civil, entre otros, el art. 61 CPC: "De toda actuación deberá dejarse testimonio escrito en el proceso..."; a lo que se añade el art. 169 CPC, conforme al cual todas las resoluciones judiciales deben ser igualmente escritas. En la fase probatoria rige también en forma expresa la escrituración, especialmente en las siguientes situaciones: confesión judicial expresa; prueba instrumental, que algunos sólo reducen a la escritura; resolución que recibe la causa a prueba y las que ordenan la práctica de diligencias probatorias (arts. 318 a 324 CPC), etc. Son incluso escritos procedimientos en los que expresamente la intención del legislador, es que sean de carácter oral. Quizás el caso más importante sea el del "procedimiento sumario", respecto del que el legislador dice perentoriamente: "El procedimiento sumario será verbal" (art. 682 CPC). Sin embargo, es también un procedimiento escrito, tan o más que el ordinario de mayor cuantía. Y esto porque en la práctica no se ha logrado implementar la oralidad, porque se dispone inmediatamente después de proclamarla, "pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulen" (art. 682 CPC), y, finalmente, siendo de aplicación supletoria las normas que rigen el procedimiento ordinario, con facilidad logran arrastrar a este procedimiento sumario a la escrituración. 5.4.4.Principios consecuencia de la oralidad: principios de la inmediación; de la concentración, y de la publicidad La forma oral del proceso trae consigo una serie de principios íntimamente ligados entre sí, que al concurrir siempre asociados hacen difícil determinar si alguno de ellos es prioritario respecto del primero; es decir, si son consecuencia de la oralidad, o, si su concurrencia es la que determina que el proceso adopte la forma oral. Concretamente, estos principios son los de inmediación, de concentración y de la publicidad. a) Principio de inmediación Este principio exige que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas de que extrae su convencimiento y haya entrado, por lo tanto, en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas18. La importancia de la inmediación en la práctica de la prueba es manifiesta, razón por la que es frecuente que como principio procedimental, la inmediación sólo sea referida a la actividad probatoria, que es en el ámbito en el que tiene sus manifestaciones más importantes, pero en la que no se agota, pues su contenido es aun mucho más amplio. Los procedimientos presididos por la oralidad son los únicos en los que se cumple casi automáticamente con la inmediación, aunque es cierto que en teoría también podría estar presente 2424
  28. 28. Álex Carocca Pérez_______________________________________________________________________ en los procedimientos regidos por el principio de la escrituración, pero por la expansiva agresividad que muestra esta última, se trata de una combinación casi imposible de mantener. No existiendo procedimientos orales en nuestro Derecho Procesal Civil y ni siquiera excepciones significativas a la escrituración, la inmediación se encuentra también casi completamente ausente en nuestros procedimientos de este orden, en lo que constituye uno de los reproches más sensibles que las personas hacen al actual sistema judicial: la dificultad para acceder al juez. Parece exagerado, por tanto, sostener que "dentro del procedimiento civil nuestro legislador ha querido que, sobre todo en materia probatoria respecto de la prueba confesional y la prueba testimonial, rija el principio de la inmediación"19, toda vez que en realidad, en virtud de otros preceptos legales, como reconocen estos mismos autores, por muy diversas razones, este principio no tiene ninguna aplicación. Ni siquiera cambian la situación algunos preceptos del CPC que ordenan una intervención directa del juez en la práctica de las pruebas, tales como por ejemplo, el art. 724 CPC, que a propósito del juicio de mínima cuantía, por cierto, sin ninguna vigencia práctica, facultan al juez para estimar la prueba "conforme a conciencia y según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes declarantes en el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él"; en relación a la prueba testimonial, el art. 365 CPC, que establece que "los testigos serán interrogados personalmente, por el juez (...)" y el art. 366 CPC, conforme al que "cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las (...)"; respecto a la prueba de confesión en juicio, el art. 388, establece que "(...). Siempre que alguna de las partes lo pide, debe el tribunal recibir por sí mismo la declaración del litigante"; y también en relación a la inspección personal del tribunal, el art. 405 dispone que: "se llevará a efecto la inspección con la concurrencia de las partes y peritos que asistan, o sólo por el tribunal en ausencia de ellas", a lo que añade el art. 407, que: "de la diligencia de la inspección se levantará acta, en la cual se expresarán las circunstancias materiales que el tribunal observe (...)" y que concluye en el art. 408, al ordenar que: "la inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación". Incluso en el propio Mensaje del CPC, se insiste en la necesidad de la inmediación, preceptos legales todos y admonición que ninguna aplicación tienen en la práctica –y el Derecho Procesal tiene que operar siempre con la realidad–, por lo que no existe ningún fundamento para considerar vigente en nuestro sistema procesal este principio. En realidad, lo que aplican son otros preceptos legales, algunos sitos en cuerpos legales distintos al CPC, que autorizan que estas diligencias probatorias se lleven a efecto por personas diferentes al tribunal. Así tenemos que la prueba testimonial y la prueba confesional son realizadas por el receptor judicial, quien se limita a tomar acta, la que sólo es leída por el juez al momento de dictar sentencia, lo que puede acontecer mucho tiempo después de su práctica, y que ningún problema ofrece para que sea hecha por un juez distinto al que ocupaba el tribunal al momento en que se rindió la prueba. b) Principio de concentración Constituye una de las consecuencias más importantes de la oralidad, ya que es la expresión exterior que asume el proceso oral y la que produce los efectos más llamativos, pues se concreta en la brevedad de los juicios20. Tal es su importancia en relación a la oralidad, que no ha faltado quien confiere a la concentración el rol esencial, al que supedita la oralidad, de modo que preconiza la utilización de la expresión "juicio concentrado" en lugar del juicio oral21. La doctrina distingue actualmente en este principio dos puntos de vista complementarios: uno referido a la actividad procedimental, y otro que atañe al contenido del proceso. 2525
  29. 29. ________________________________________________________________Manual de Derecho Procesal Desde la primera perspectiva, supone que los actos procesales se desarrollen en una sola audiencia y, si ello no es posible, en varias próximas temporalmente entre sí, de modo que el juez, en el momento de citar sentencia, conserve en su memoria las manifestaciones realizadas por las partes y el resultado de las pruebas practicadas22. En la práctica, en los procedimientos extranjeros, este aspecto del principio se manifiesta en tratar de impedir, salvo causas muy justificadas, la suspensión del juicio oral. El segundo punto de vista hace aplicable la concentración a las cuestiones prejudiciales, previas e incidentales, evitando, en la medida de lo posible, su tratamiento separado y las impugnaciones con efecto suspensivo. Se trata de evitar de este modo, el tratamiento separado de estas cuestiones, para no paralizar o diferir el negocio principal, procurando un proceso de mayor eficacia23. La concentración no significa que no exista una fijación legal ordenada de momentos y oportunidades para realizar las diversas actuaciones procesales, ni tampoco que el juez no tenga facultades para ordenar los debates y evitar alegaciones y pruebas efectuadas sólo con ánimo dilatorio. Desde luego, la concentración se encuentra regularmente ausente en nuestros procedimientos civiles, ya que ninguno se desarrolla en base a audiencias orales. Esto, a pesar de que, como hemos dicho, es la introducción de este principio el que justifica entre nosotros la existencia del "procedimiento sumario" (art. 683 y ss. CPC), al que la ley trata de dotar, sin éxito en la práctica, de esta característica, ya que fácilmente su tramitación se dispersa en el tiempo y puede durar tanto o más que un procedimiento ordinario. c) Principio de la publicidad El último de los principios que se encuentra íntimamente conectado con la forma oral de los procedimientos, es el de la publicidad. Es lo cierto que la publicidad tiene dos aspectos diferentes. El primero es el de la publicidad en relación a las partes, y el segundo, el de la publicidad respecto a las demás personas, es decir, a los terceros o al público en general24. Sin embargo, según ha establecido MONTERO AROCA, el primer aspecto no constituye un principio procedimental, sino una de las manifestaciones de la defensa como garantía constitucional de todo proceso, ya que lo mínimo que se requiere para poder intervenir en un juicio –y eso trata de asegurar siempre el derecho a la defensa–, es saber en qué consiste la demanda o acusación. Tal cual se ha señalado, el proceso puede ser secreto respecto a los que no son partes, pero sin oportunidad de defensa o de bilateralidad para los que son partes, simplemente no nos encontraremos en presencia de un verdadero proceso25. Como principio procesal, la publicidad de las actuaciones procesales se encuentra reconocida en el art. 9º COT: "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". En materia civil, esta disposición alcanza plena aplicación, sin que apenas existan excepciones. Incluso, algunas de las excepciones establecidas normativamente no son plenamente respetadas en la práctica, como sucede con los expedientes tramitados conforme a la Ley de Menores, que aunque la ley ordena que sean mantenidos en reserva, en la práctica no es muy difícil que puedan ser examinados por cualquiera. 2626

×