BASES GENERALES DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN.
Son una serie de principios, con reconocimiento constitucional y legal, ...
 LEGALIDAD EN EL SENTIDO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL
Nos referimos a la igualdad en la protección de los derechos de las p...
 Independencia desde el punto de vista personal: Las personas que ejercen la función
jurisdiccional al interior del poder...
Sin embargo, estos juicios de amovilidad, en la realidad, no tienen mucha importancia, al existir otros
procedimientos más...
La resolución del asunto corresponde al Senado, que resuelve como Jurado (53 No. 1 CPR)
¿Qué significa “notable abandono d...
*En primer término, hay un examen de admisibilidad: Art. 328 COT: Ninguna acusación o demanda civil
entablada contra un ju...
7.- BASE DE LA PUBLICIDAD.
Art 9 COT “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente estable...
9.- BASE DE LA PASIVIDAD.
Art. 10 COT; “Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los...
11.- INAVOCABILIDAD
Consiste en términos muy generales en la prohibición que tienen los jueces.
Art. 8 COT: Ningún tribuna...
nómina señalada. Los otros cuatros lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos,
pudiendo figurar...
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Bases de la jurisdicción - Derecho Procesal

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Bases de la jurisdicción - Derecho Procesal

  1. 1. BASES GENERALES DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN. Son una serie de principios, con reconocimiento constitucional y legal, que se han considerado para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. En el fondo, como principios que son, nos permiten una mejor inteligencia de las instituciones jurisdiccionales, en el sentido de permitirnos comprender los fines que persiguen al ser establecidas por el legislador. Muchas de estas BASES se encuentran relacionadas con los denominados principios formativos de los procedimientos, que son normas generales relativas a la estructura de los procedimientos judiciales. 1.- BASE ORGÁNICA DE LA LEGALIDAD. Se encuentra reconocida en el art. 6 y 7º CPR. Art 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Art 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Hay tres sentidos de esta base:  LEGALIDAD EN SENTIDO ORGANICO: Los tribunales establecidos por la ley son los que están llamados a conocer de los asuntos civiles y criminales, de resolver y hacer ejecutar lo juzgado (Art 76 CPR). O sea, el tribunal debe estar establecido por la ley. ¿Cuándo debe estar instalado el Tribunal? 19 N°3 CPR: Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. Se refiere a que el tribunal debe estar establecido con anterioridad a la iniciación del proceso. Sin embargo en NCPP (2º) se indica que el tribunal debe estar establecido con anterioridad a la perpetración del hecho” Características de la ley que establece el Tribunal: Art. 77 CPR: debe ser una ley orgánica constitucional.  LEGALIDAD EN SENTIDO FUNCIONAL Los tribunales deben actuar dentro del marco que la ley les fija y deben fallar aplicando la misma ley. Nuevamente, en este sentido, aplicamos los artículos 6 y 7 de la CPR, de tal suerte que los tribunales, como parte de los poderes del Estado, deben someter su actuación a la constitución y las leyes; y la actuación fuera de esos marcos, genera la nulidad y determina las responsabilidades que establece la ley. Los marcos que determina la ley son las normas sobre la competencia (Arts. 108 y ss. COT). Los asuntos que son sometidos al conocimiento de los tribunales deben ser fallados aplicando las leyes vigentes y solo en su defecto, la equidad. La sanción para la infracción a este precepto es la nulidad, que normalmente se hace valer a través del recurso de casación en el fondo, o del recurso de nulidad.
  2. 2.  LEGALIDAD EN EL SENTIDO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL Nos referimos a la igualdad en la protección de los derechos de las personas en el marco de la actividad jurisdiccional. El art 19 N° 3 CPR asegura a todos las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Así, se consagra el derecho a la defensa jurídica; la prohibición del juzgamiento por comisiones especiales; la garantía de la existencia de un debido proceso; la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal; la irretroactividad de la ley penal y la prohibición del establecimiento de las leyes penales en blanco. 2.- BASE DE LA INDEPENDENCIA. Naturalmente, estamos hablando de la dependencia objetiva y subjetiva de los jueces, lo cual es un presupuesto obvio de un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Hay varios ángulos desde los que puede ser apreciada esta independencia:  Desde el punto de vista orgánico o político: El poder judicial goza de independencia frente a los demás poderes del estado, sin que exista una dependencia jerárquica respecto del ejecutivo o del poder legislativo. Art. 76 CPR: la facultad de conocer de las causas civiles y criminales... pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Es por ello que se ha elevado al rango de Ley Orgánica Constitucional la ley que regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Otro tanto podemos decir del artículo 5 CPR, en el sentido que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes. 12º COT: El Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Naturalmente este es el sentido “positivo” de esa independencia; pues impide que otros poderes del estado se atribuyan funciones jurisdiccionales; pero también existe un aspecto negativo, por cuanto está igualmente vedado al Poder Judicial inmiscuirse en las atribuciones de los restantes poderes del Estado. Art. 4º COT: Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes. Además, 222 C. Penal sanciona como delito al empleado del orden judicial que se arrogare facultades propias de las autoridades administrativas.  Desde el punto de vista funcional: Se refiere no ahora al aspecto orgánico, sino al ejercicio propio de la función jurisdiccional, en el que también les está vedado a los restantes poderes del estado inmiscuirse. Art. 76 CPR: Artículo 73. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión. Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. Art. 11 COT: Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar las actuaciones que decreten, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción conducentes de que dispusieren. La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar.
  3. 3.  Independencia desde el punto de vista personal: Las personas que ejercen la función jurisdiccional al interior del poder judicial son autónomas de cualquier otra autoridad, e incluso de otras autoridades dentro del mismo poder judicial, para los efectos de fallar. El único límite que se reconoce con relación a la independencia de los Jueces para fallar es precisamente otra de las bases generales del ejercicio de la jurisdicción, cual es la base de la legalidad. Y en cuanto a la no intervención de otros tribunales, tenemos la base orgánica de la inavocabilidad del art. 8 COT, por el cual ningún tribunal puede avocarse al conocimiento de asuntos o negocios pendientes ante otro Tribunal.  Independencia entre los poderes del Estado y relaciones existentes entre ellos: Desde luego, la independencia absoluta de poderes, está superada históricamente, de tal manera que ahora los poderes públicos ejercen preferentemente una determinada función (Legislativa, Ejecutiva, Jurisdiccional). Así, en la actualidad existentes diversas situaciones en las que podemos ver una serie de intervenciones del poder judicial en alguno de los restantes poderes del estado y a la inversa. Por ejemplo, en el conocimiento y fallo de los asuntos contencioso – administrativo: Art. 38 inciso segundo CPR: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.” Otro ejemplo lo encontramos en los recursos de amparo y de protección (Que están establecidos por la CPR para la protección de las garantías individuales. Por otro lado, y como muestras a la inversa de la misma situación, tenemos el procedimiento de designación de Jueces, en los que intervienen tanto el poder ejecutivo como el legislativo, etc. 3.- BASE DE LA INAMOVILIDAD Se trata, en definitiva, de concretizar las bases de la independencia y de la responsabilidad, las cuales, por cierto, pueden verse afectadas si los Jueces pudiere ser privado fácilmente del ejercicio de sus funciones. Por ello, su inamovilidad, la imposibilidad de ser removido de su cargo, es un requisito indispensable para su independencia, pues así el Juez puede fallar solamente influenciado por su conciencia, sin temer que ante fallos que no le gusten a otras autoridades (aún dentro del mismo poder judicial) pueda ser excluido de sus funciones por esa circunstancia. Art. 80 CPR: Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Desde luego, la circunstancia de ser inamovibles, no significa que en determinados casos puedan ser removidos del Poder Judicial, poniendo término a su inamovilidad. Las formas de hacer esto son:  Juicio de amovilidad: Art. 337 COT. Se presume de derecho, para todos los efectos legales, que un juez no tiene buen comportamiento en cualquiera de los casos siguientes: 1° Si fuere suspendido dos veces dentro de un periodo de tres años o tres veces en cualquier espacio de tiempo; 2° Si se dictaren en su contra medidas disciplinarias más de tres veces en el período de tres años; 3° Si fuere corregido disciplinariamente más de dos veces en cualquier espacio de tiempo, por observar una conducta viciosa, por comportamiento poco honroso o por negligencia habitual en el desempeño de su oficio, y 4° Si fuere mal calificado por la Corte Suprema de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero de este título. Art. 338 COT. Los Tribunales Superiores instruirán el respectivo proceso de amovilidad, procediendo de oficio o a requisición del fiscal judicial del mismo tribunal. La parte agraviada podrá requerir al tribunal o al fiscal judicial para que instaure el juicio e instaurado, podrá suministrar elementos de prueba al referido fiscal judicial. Art. 339 COT. Los tribunales procederán en estas causas sumariamente, oyendo al juez imputado y al fiscal judicial; las fallarán apreciando la prueba con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y se harán cargo en la fundamentación de la sentencia de toda la prueba rendida. Las Cortes de Apelaciones que deban conocer de los juicios de amovilidad en contra de los jueces de letras, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 63, designarán en cada caso a uno de sus ministros para que forme proceso y lo tramite hasta dejarlo en estado de sentencia. Toda sentencia absolutoria en los juicios de amovilidad debe ser notificada al fiscal judicial de la Corte Suprema, a fin de que, si lo estima procedente, entable ante el Tribunal Supremo, el o los recursos correspondientes.
  4. 4. Sin embargo, estos juicios de amovilidad, en la realidad, no tienen mucha importancia, al existir otros procedimientos más expeditos para los mismos fines.  La calificación anual: Es un procedimiento indirecto: Art. 278 BIS del COT: El funcionario que figure en lista deficiente o, por segundo año consecutivo, en lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley. En tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de inmediato suspendido de sus funciones.  La remoción acordada por la Corte Suprema: Art 80CPR: “En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total.” La inamovilidad rige respecto de los jueces propietarios, interinos y de los suplentes, que son las diversas calidades en las que puede ser designado un Juez.- El límite de edad hasta el cual pueden ejercer está en el inciso 2° del art 80 de la CPR, y se ha fijado en la edad de 75 años y no se aplica al Presidente de la Corte Suprema, el cual, no obstante haber cumplido el máximo de la edad, puede permanecer en sus funciones hasta el término de su mandato. 4.- BASE DE LA RESPONSABILIDAD. Es un corolario necesario de las bases de independencia, autogeneración incompleta e inamovilidad, pues es inconcebible que un juez que goza de estas prerrogativas sea además, irresponsable de sus actuaciones. Art. 79 CPR: Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Los art 324 y ss del COT regulan la denominada “Responsabilidad Ministerial”, mientras que los delitos que pueden cometer los funcionarios judiciales (especialmente los jueces) se tratan en los art 223 y ss del Código Penal. Art. 13 COT: Las decisiones o decretos que los jueces expidan en los negocios de que conozcan no les impondrán responsabilidad sino en los casos expresamente determinados por la ley. La responsabilidad de los Jueces se clasifica en: común; disciplinaria; política; y ministerial.  Responsabilidad común: Se trata de aquella que se deriva de las acciones y omisiones en que incurre el Juez en su calidad de ciudadano y no considerando su investidura. Se deriva del principio de igualdad ante la ley y, mirada desde este punto de vista, esta clase de responsabilidad no forma es una base del ejercicio de la jurisdicción. El único efecto que genera esta clase de responsabilidad, en virtud de las reglas del fuero, es una alteración de las normas de la competencia, según vimos antes.  Responsabilidad disciplinaria: Se refiere a las facultades disciplinarias de que están revestidos los tribunales, especialmente los superiores, respecto d e todos los actos cometidos por funcionarios con falta o abuso.  Responsabilidad política: Se trata ya no de una acción de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, sino más bien de una omisión, que el artículo 52 No. 2 letra c) de la CPR hace consistir en el notable “abandono de deberes”, circunstancia que se hace valer a través de un juicio político. Corresponde a la Cámara de Diputados el determinar si ha lugar o no a las acusaciones entabladas, que formulen no menos de diez ni más de veinte de sus propios integrantes. Para que sea admitida a trámite se requiere mayoría simple de los Diputados presentes y desde ese momento, el Funcionario judicial de que se trate queda suspendido del ejercicio de sus funciones. (Art. 52 inciso final CPR)
  5. 5. La resolución del asunto corresponde al Senado, que resuelve como Jurado (53 No. 1 CPR) ¿Qué significa “notable abandono de deberes”?: Hay dos posturas:  Un concepto más restringido, asevera que se trata de la infracción de deberes meramente adjetivos o procesales, y se fundamente en la circunstancia de que el Parlamento no puede analizar el fundamento de los fallos ni la naturaleza de las resoluciones que se dicten. El fundamento de esta posición es naturalmente el respaldo a la base del ejercicio de la jurisdicción de la independencia.  Un concepto más amplio es aquel que considera el notable abandono de deberes como un delito de rango constitucional y de contenido más o menos amplio, que comprende por tanto el cumplimiento de deberes procesales, pero también sustantivos.  Responsabilidad Ministerial: Es la consecuencia jurídica de los actos y resoluciones que dictan los tribunales de justicia, en el ejercicio de sus funciones. Art. 324 COT: El cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces, los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Esta disposición no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia. Se ha discutido latamente en doctrina el por qué de la exclusión de los miembros de la Corte Suprema e incluso se ha llegado a decir que esta disposición no excluye a los miembros de la Corte de la responsabilidad criminal, sino que solo explicita dos casos en que tal responsabilidad no puede hacerse efectiva. El fundamento histórico de esta norma radica en que no existe otro tribunal superior en el que pueda pretender hacerse valer tal responsabilidad. Los procesos por los cuales se pretende hacer efectiva la responsabilidad Ministerial de los tribunales superiores de justicia se radica en un Ministro de Fuero (50 No. 4 COT); mientras que idénticas causas dirigidas contra el Presidente o algún miembro de la Corte Suprema, las lleva adelante el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que si ellas se dirigen contra miembros de la Corte de Apelaciones, toca su conocimiento al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad ministerial adquiere dos vertientes, cuales son: 1.- Las de la responsabilidad criminal ministerial, por la comisión de delitos en que incurra el funcionario judicial; y 2.- La responsabilidad civil ministerial (ya que de todo delito, se concede acción civil para la reparación de los perjuicios). La duda surge al plantearse si un juez puede ser responsable civilmente con independencia de la comisión de algún delito o cuasidelito. Los textos mayoritariamente se inclinan por establecer que no puede considerarse una responsabilidad civil independiente de la criminal. Art. 327. La responsabilidad civil afecta solidariamente a todos los jueces que hubieren cometido el delito o concurrido con su voto al hecho o procedimiento de que ella nace. Resguardo de la actividad judicial. Desde luego, el legislador ha desincentivado la proliferación de acusaciones carentes de fundamentos en contra de los tribunales de justicia, creando una serie de mecanismos que sirven para calificar su mérito y fundamento, para determinar su procedencia, a fin de resguardar adecuadamente la base de la independencia.
  6. 6. *En primer término, hay un examen de admisibilidad: Art. 328 COT: Ninguna acusación o demanda civil entablada contra un juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil podrá tramitarse sin que sea previamente calificada de admisible por el juez o tribunal que es llamado a conocer de ella. Esta declaración de admisibilidad se verifica a través del procedimiento conocido como “querella de capítulos”, que es un procedimiento previo que tiende precisamente a hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones que importen un delito sancionado por la ley. *En segundo término, la causa en la que se ha originado la responsabilidad ministerial, debe haber terminado por sentencia firme. (ART 329 COT) *Además, deben haberse entablado todos los recursos que considera la ley para la invalidación de la resolución dictada incurriendo en responsabilidad ministerial (330 COT) *Por último, la demanda o acusación deben entablarse en el plazo de 6 meses, contados desde que se ha notificado al reclamante la sentencia firme recaída en la causa en la que se supone inferido el agravio (Art 330 COT). Las personas que no fueren directamente ofendidas o perjudicadas por el delito en que se funda esta responsabilidad ministerial, el plazo de los 6 meses corre desde el momento mismo en que se dicte la sentencia. *También, se autoriza a los jueces superiores para actuar de oficio cuando observen la comisión de un delito por parte de sus inferiores, autorizándolos para obtener los documentos necesarios a fin de remitirlos ante el Ministerio Público, en el término de seis días (330 COT) Efectos de la condena de los Jueces por responsabilidad Ministerial: 331 COT: Ni en el caso de responsabilidad criminal ni en el caso de responsabilidad civil la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad alterará la sentencia firme. Se trata de una opción que efectuó nuestro legislador, entre la responsabilidad de los jueces y la cosa juzgada, habiéndose optado por ésta última. El único correctivo que se ha establecido para esta situación es el denominado recurso de revisión, que veremos en su oportunidad. 5.- BASE DE LA TERRITORIALIDAD. Consiste en que el tribunal debe ejercer sus atribuciones dentro del territorio que le ha señalado la ley. Art. 7º COT señala que los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere respectivamente asignado. Lo anterior, es el principio general y las excepciones que la ley ha considerado son los siguientes:  Actuaciones de los jueces de Santiago y Pedro Aguirre Cerda, que pueden verificar actuaciones en todas las comunas de la jurisdicción, independientemente de habérseles asignado territorios jurisdiccionales.  Inspecciones personales del tribunal, pueden verificarse en cualquier territorio. (403 inc 2º CPC)  Sistema de Exhortos, que son las comunicaciones escritas que un tribunal exhortante remite a otro tribunal exhortado, para que éste último practique una determinada actuación dentro de su territorio, delegándole la competencia correspondiente para ese solo efecto. 6.- BASE DE LA JERARQUIA O GRADO. Es también, como recordamos, una de las reglas generales de la competencia y es plenamente aplicable como base general del ejercicio de la jurisdicción. Dice relación con la estructura piramidal de la organización de nuestros tribunales y tiene importancia, entre otros aspectos, para la distribución de la competencia; la existencia de la instancia; las facultades disciplinarias de los tribunales con relación a sus inferiores, etc.
  7. 7. 7.- BASE DE LA PUBLICIDAD. Art 9 COT “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”. De ello se desprende que el principio general en nuestro ordenamiento es la publicidad de los actos. La excepción la constituye el secreto, que puede ser: Secreto absoluto: se trata de una norma que establece la prohibición a las partes y a terceros de tener acceso a un expediente o actuación judicial; o Secreto relativo: Se impide el acceso a terceros; pero no a las partes. Casos de secreto absoluto en nuestra legislación: *En el nuevo proceso penal, la regla general es el secreto relativo de la investigación que llevan adelante los Fiscales del Ministerio Público, mientras que respecto del imputado y demás intervinientes la regla general es la de la publicidad; excepcionalmente el Fiscal puede disponer del secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos por un plazo no superior al de 40 días, pudiendo cualquier interviniente pedir que se limite el secreto, sea en cuanto a su duración, sea en cuanto a las piezas a las que se refiere. Sin embargo, este secreto no se puede decretar respecto de ciertas actuaciones, que están descritas en el artículo 182 del NCPP y que son las declaraciones del imputado; cualquier otra actuación en que haya intervenido el imputado o haya tenido derecho a intervenir; las actuaciones en que participare el Tribunal y los informes evacuados por peritos respecto del propio imputado o de su defensor. *Los acuerdos en los tribunales colegiados (81 y 103 COT), que son privados, sin perjuicio de poder invitar a Relatores u otros funcionarios. Casos de secreto relativo en nuestro país: *Causas de nulidad de matrimonio y divorcio; el Art. 756 del CPC dispone que el tribunal, si lo estima necesario, puede disponer que la causa se mantenga en reserva. *En el NCPP la regla general es la publicidad de las diligencias y del juicio completo, sin perjuicio de poder disponer el TJOP, a petición de parte y por resolución fundada, algunas medidas que tiendan al secreto de determinadas actuaciones, por ejemplo: la salida de una o más personas de la sala en la que se verifica la audiencia; impedir el acceso del público en general; prohibir a los intervinientes el efectuar declaraciones a los medios de comunicación social, etc (289 NCPP) *Libro de distribución de causas: 176 COT: En los lugares de asiento de Corte en que hubiere más de un juez de letras en lo civil, deberá presentarse a la secretaría de la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin de que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. Inc 2°: Esta designación se hará por el presidente del tribunal, previa cuenta dada por el secretario, asignando a cada causa un número de orden, según su naturaleza, y dejando constancia de ella en un libro llevado al efecto que no podrá ser examinado sin orden del tribunal. *Libro de palabras pasajes abusivos: (531 No. 2 COT) El libro no puede ser examinado sin orden del tribunal. *Sesiones de Tribunales colegiados para la calificación de funcionarios. (274 y 276 COT) *Adopciones: Todos los trámites, tanto judiciales como administrativos y la guarda de documentos a que de lugar la adopción, serán reservadas, salvo que los interesados en la adopción hayan requerido lo contrario. 8.- BASE DE LA SEDENTARIEDAD. Los tribunales deben ejercer su ministerio en un lugar fijo y determinado. En generales no hay jueces ambulantes. Los arts. 28 a 40; 54 y 94 COT establecen el lugar de asiento de los tribunales del país. El artículo 311 del COT establece el deber de residencia de los jueces: Los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios. Sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su territorio jurisdiccional para que residan en un lugar distinto al del asiento del tribunal. Art. 1º Nº 61 d) La excepción la constituyen los TJOP que pueden desplazarse a localidades situadas fuera de su lugar de asiento, cuando sea necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia penal, de acuerdo a criterios de distancia, acceso físico y dificultades de traslado de quienes intervienen en el proceso.
  8. 8. 9.- BASE DE LA PASIVIDAD. Art. 10 COT; “Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio.” Guarda estrecha disposición este principio con el principio formativo del procedimiento denominado “principio dispositivo”, que consiste en que la intervención de Juez, tanto en el inicio como durante la secuela del juicio, se encuentra condicionada a la actuación y requerimiento de las partes. “El Juicio pertenece a las partes”, siendo ellas las que deben señalar los aspectos sobre los que el tribunal debe fallar y aportando los medios de prueba para justificar sus pretensiones. La contrapartida del principio dispositivo es el denominado Principio Inquisitivo, que implica en general que es el Juez el que determina la iniciación y marcha del proceso, siendo las partes simples colaboradores de la actividad del tribunal. En nuestro ordenamiento, la regla general es el principio de pasividad, aunque se encuentra bastante constreñido por las actuaciones oficiosas que la ley reconoce a los tribunales. Ejemplos de tales actuaciones inquisitivas de los tribunales son:  El sumario por crimen o simple delito de acción penal pública del CPP, con diferencia a lo que se establece por el NCPP, en el que prima más ampliamente el principio de pasividad. En materias civiles:  El tribunal se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta que aparezca de manifiesta en el acto o contrato  El juez de oficio puede no dar curso a una demanda que no contenga las tres primeras menciones del artículo 254 del CPC, esto es, la designación del tribunal ante el que se entabla (No. 1); el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación (No.2) y las mismas menciones del demandado (No. 3)  El Juez puede denegar la ejecución si el título ejecutivo que se le presenta tiene más de tres años contados desde que la obligación se hizo exigible (442 CPC);  El Juez puede y debe declarar su incompetencia absoluta  El Juez se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad de lo obrado en el proceso y además puede rechazar de oficio los incidentes impertinentes (84 CPC)  El juez puede de oficio adoptar todas aquellas medidas que estime necesarias para la corrección de los actos del procedimiento (84 CPC)  El Juez puede repeler de oficio la declaración de testigos manifiestamente inhábiles absolutamente.  El Juez puede ordenar el reconocimiento de peritos en cualquier estado del juicio.  El Juez puede llamar, en cualquier estado del juicio, a una conciliación y proponerles bases de arreglo, sin perjuicio del llamado obligatorio que debe verificarse en determinadas oportunidades.  Medidas para mejor resolver, del art. 159 del CPC, una vez citadas las partes para oír sentencia.  Puede declararse de oficio la inadmisibilidad de los recursos de casación y de apelación  El tribunal superior jerárquico, puede casar de oficio en la forma una sentencia (776 CPC) 10.- COMPETENCIA COMÚN. En general, se trata de que los tribunales conozcan toda clase de asuntos, tanto civiles como penales. Art. 5 Inciso primero del COT: A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes. Sin embargo, como también manifestamos en clases anteriores, en la medida en que se ha ido expandiendo por el país la actividad jurisdiccional, se han ido creando tribunales especializados en, cuando menos, las comunas más importantes del país. Los casos de competencia común más relevantes son los de las Cortes de Apelaciones y el caso de la Corte Suprema, sin perjuicio de funcionar ésta en salas especializadas.
  9. 9. 11.- INAVOCABILIDAD Consiste en términos muy generales en la prohibición que tienen los jueces. Art. 8 COT: Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad. Un corolario e esta misma regla es la regla general de la competencia de la inexcusabilidad o prevención, por la cual, en el evento de haber dos o más tribunales eventualmente competentes, la actuación de uno de ellos inhibe la de los demás, al haber prevenido en el conocimiento. Excepciones:  Visitas de Ministros de Corte: Nos referimos a los Ministros en Visita Extraordinaria (560 y 561 COT), Ministros que, se eliminan dentro del sistema del nuevo proceso penal.  Acumulación de autos o expedientes  El sometimiento a arbitraje, cuando éste se produce con relación a una causa pendiente ante los tribunales ordinarios de justicia. 12.- INEXCUSABILIDAD. Arts. 73 y 10 COT: Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión. 13.- GRATUIDAD. Consiste en que los tribunales no reciben remuneración de las partes por el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero además, se refiere a que las partes que lo necesiten puedan contar con asesoría jurídica dentro del proceso, para que exista igualdad entre los litigantes del proceso. Por tanto, corresponden ambos aspectos: la gratuidad de los servicios judiciales (salvo jueces árbitros) y además, la asistencia judicial gratuita. ¿Cómo se ha reconocido este principio?  Los abogados de turno (595 a 599 COT), que existirán solo hasta la entrada en vigencia del NCPP.  Asesorías judiciales que prestan las Corporaciones de Asistencia Judicial  El Privilegio de Pobreza  La Defensoría Penal Pública 14.- AUTOGENERACIÓN INCOMPLETA. Nos referimos al sistema de designación de los jueces, el que históricamente ha reconocido diversas modalidades: - Compra de cargo del Juez. - Elección popular de los jueces: se practica actualmente por la mayor parte de los Estados de EEUU y en algunos Cantones Suizos. - Jueces electos por el parlamento: es criticado por alterar el principio de independencia del poder judicial. - Nombrados por el poder ejecutivo: es criticado por alterar el principio de independencia del P. Judicial. - Jueces designados por el propio poder judicial: Autogeneración (Puede generar tiranía judicial). - Sistemas mixtos: en que intervienen cuando menos dos poderes públicos. (Chile). - Jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (Francia e Italia). Es el más reciente de los sistemas y tiene por objeto el evitar la politización en la designación de los Jueces. Sistema de nombramiento en Chile: Art. 78 CPR: En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales: o La Corte Suprema se compondrá de 21 Ministros. o Los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte. El ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos ocupará un lugar en la
  10. 10. nómina señalada. Los otros cuatros lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos, pudiendo figurar personas extrañas al P. Judicial. o Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema. o Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. o El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos. o Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de treinta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente. Regulación específica: Arts. 263 y ss. COT. Estatuto legal del nombramiento de los Jueces Nos referimos a los requisitos, inhabilidades, etc., para los Jueces, que están reguladas en el COT: 244 COT contiene las calidades en las que puede ser designados los Jueces, es decir, en calidad de propietarios, interinos o suplentes 244 COT: Los jueces pueden ser nombrados con calidad de propietarios, de interinos o de suplentes. Es propietario el que es nombrado para ocupar perpetuamente o por el período legal una plaza vacante. Es interino el que es nombrado simplemente para que sirva una plaza vacante mientras se procede a nombrar el propietario. Es suplente el que es nombrado para que desempeñe una plaza que no ha vacado, pero que no puede ser servida por el propietario en razón de hallarse suspenso o impedido. Según 245 COT se presume la designación en calidad de propietarios, si no se dice nada. Art. 246 COT. Ninguna plaza de la magistratura podrá permanecer vacante, ni aun en el caso de estar servida interinamente, por más de cuatro meses. Vencido este término, el juez interino cesará de hecho en el ejercicio de sus funciones, y el Presidente de la República proveerá la plaza en propiedad. 247 COT precisa efectos de inamovilidad; la que se refiere a los titulares o propietarios, como así mismo a los interinos y suplentes. 248 COT y ss. Requisitos para ser jueces; inhabilidades e incompatibilidades (VER) 263 y SS, Escalafones de empleados del poder judicial. (VER) También están las calificaciones, procedimientos, apelaciones, fundamento, etc.

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