DERECHO CONCURSAL
EL JUICIO DE QUIEBRAS
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EL JUICIO DE QUIEBRASEL JUICIO DE QUIEBR...
INDICE
TERCERA PARTE
ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION
DEL JUICIO DE QUIEBRA
I.ESQUEMA GENERAL DEL JUICIO DE QUIEBRA...
TERCERA PARTETERCERA PARTE
ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DELESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL
JUICIO D...
quiebra; la etapa de verificación tiene por destino establecer qué acreedores y con qué preferencia son los
beneficiarios ...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
La etapa de apertura tiene precisamente por ...
b) Inicio por petitoria de los acreedores
Cuando la petitoria tiene su origen en uno de los acreedores, se advierten una s...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
3. EL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE APERTURA3...
parece que por breve que sea el proceso, tal proceso existe, y el juez debe adquirir convicción, en base a la
propia confe...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
un término probatorio y menos aún dictar sen...
4. LA ACCION INDEMNIZATORIA POR SOLICITUD TEMERARIA DE QUIEBRA4. LA ACCION INDEMNIZATORIA POR SOLICITUD TEMERARIA DE QUIEB...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
La respuesta no es sencilla, porque en este ...
acreedores; es, por decirlo así, una ejecución “impuesta” tanto a los acreedores como al deudor. Porque la
insolvencia roz...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
definitivas, porque resuelven sobre la cuest...
definitiva declarativa de las descritas en el art. 158 del C.P.C. Las sentencias definitivas provisionales en los
juicios ...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
de los acreedores, sea definitiva si acoge l...
elemento declarativo (v. gr., en el juicio ejecutivo singular, la verificación de que el título sea ejecutivo, la
obligaci...
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denegatoria la sentencia, si bien de derecho...
que origina múltiples consecuencias jurídicas. Es así que un tercero no puede validar un acto de disposición
de bienes del...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
defendiendo o poniéndose a cubierto de event...
que olvidar que las reglas dadas para la sentencia que declara la quiebra deben poder aplicarse también a la
que rechaza l...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
Por lo anterior pensamos que la sentencia de...
tienen por qué versar sobre el mismo debate que antecedió a la quiebra. Ellos, por sus propios arbitrios y
medios de prueb...
TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS
anotaba que “la sentenza dicharativa ha di p...
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  1. 1. DERECHO CONCURSAL EL JUICIO DE QUIEBRAS
  2. 2. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. © JUAN ESTEBAN PURGA VIAL © EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE Av. Ricardo Lyon 946, Santiago www.editorialjuridica.cl info@editorialjuridica.cl Registro de propiedad intelectual Inscripción Nº 111.474, de 1999 Santiago - Chile Se terminó de imprimir esta segunda edición de 1.000 ejemplares en el mes de noviembre de 1999 IMPRESORES: Productora Gráfica Andros Ltda. IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE
  3. 3. ISBN 956-10-1276-6
  4. 4. JUAN ESTEBAN PURGA VIALJUAN ESTEBAN PURGA VIAL DERECHO CONCURSALDERECHO CONCURSAL EL JUICIO DE QUIEBRASEL JUICIO DE QUIEBRAS SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADASEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA
  5. 5. INDICE TERCERA PARTE ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION DEL JUICIO DE QUIEBRA I.ESQUEMA GENERAL DEL JUICIO DE QUIEBRA II.FASE COGNOSCITIVA DEL JUICIO DE QUIEBRA II.A) LA FASE DE APERTURA 1.Objeto de la etapa de apertura 2.La relación procesal en el juicio de quiebra a) Inicio por petitoria del deudor b) Inicio por petitoria de los acreedores c) Inicio por acción refleja de quiebra 3.El procedimiento en la etapa de apertura a) Generalidades b) El proceso de antequiebra 4.La acción indemnizatoria por solicitud temeraria de quiebra 5.La sentencia definitiva del proceso de apertura Definición a) Sentencia definitiva Importancia de la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve la etapa de apertura — Formalidades y contenido de la sentencia declaratoria — Recursos contra la resolución que deniega y contra la reso- lución que declara la quiebra b) Es una resolución ejecutiva c) Universal y colectiva d) Sentencia que por su solo pronunciamiento causa ejecutoria La cosa juzgada de la sentencia declarativa a) Identidad legal de personas b) Identidad de cosa pedida c) Identidad de causa a pedir 6.La oposición a la ejecución universal a) Naturaleza jurídica del recurso especial de reposición
  6. 6. TERCERA PARTETERCERA PARTE ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DELESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAJUICIO DE QUIEBRA I. ESQUEMA GENERAL DEL JUICIO DE QUIEBRAI. ESQUEMA GENERAL DEL JUICIO DE QUIEBRA Como todos los procesos contenciosos civiles, el juicio de quiebra está fundado, entre otros principios, en el denominado “del orden consecutivo legal”. Las etapas o fases del juicio de quiebra son sustancialmente tres, a saber: a) Fase cognoscitiva: que se caracteriza por ser de orden esencialmente declarativo. Esta etapa se desdobla, a su vez, en dos: la etapa o fase de apertura y la etapa o fase de verificación; b) Fase de apremio o de ejecución propiamente tal: en ésta se advierten tres subetapas menores, las que son: una fase de aseguramiento o embargo; una etapa de realización o liquidación del activo propiamente tal, y una etapa o fase de pago; y c) Etapa o fase de suspensión o de clausura de la quiebra. En esta etapa incluimos, amén de los sobreseimientos temporal o definitivo, en forma breve, a los convenios solución o alzatorios, porque también, desde el punto de vista que nos retiene, son una forma de poner término al juicio de quiebra, aunque extraordinaria. Valga la advertencia de que estas etapas enunciadas, si bien tienen un orden consecutivo, no son sucesivas, sino que se desarrollan en forma simultánea y paralela. Así, lo que denominamos etapa de apertura es todo el proceso destinado a determinar la procedencia o no de la ejecución colectiva, y antes de que se agote dicha etapa ya se ha iniciado la fase de apremio, pues el desasimiento o embargo general del patrimonio del fallido se produce inmediatamente de dictada la sentencia declarativa, en circunstancias de que la fase de apertura no se agotará sino vencidos los plazos para la oposición o reposición, o bien resuelta ésta en última instancia o por el respectivo tribunal de casación. La división de las etapas que hemos esbozado, que en la realidad actúan de un modo interdependiente o interrelacionadas, responde a nuestro interés de ilustrar las analogías que se verifican entre el juicio de quiebra (ejecución universal o colectiva) y el juicio ejecutivo de obligaciones de hacer (ejecución singular o individual) , para así hacer más familiar, y en consecuencia más didáctica, la explicación de los variados resortes procesales del instituto en estudio. Este recurso nos permitirá una mejor comprensión de los hilos internos que vinculan a una y otra ejecución y, al mismo tiempo, un mejor enfoque de interpretación e integración jurídicas. II. FASE COGNOSCITIVA DEL JUICIO DE QUIEBRAII. FASE COGNOSCITIVA DEL JUICIO DE QUIEBRA Dijimos que la fase declarativa o cognoscitiva del juicio de quiebra se componía de dos subetapas, una de apertura y otra de verificación. Ambas no persiguen inmediatamente la ejecución de un derecho, sino que buscan aclarar posiciones jurídicas y determinar derechos. Pero ambas se inscriben dentro de un proceso general de ejecución, al igual que ocurre con las fases declarativas de la ejecución singular. La etapa de apertura como su nombre lo insinúa, tiene por objeto declarar la procedencia o no del juicio general de
  7. 7. quiebra; la etapa de verificación tiene por destino establecer qué acreedores y con qué preferencia son los beneficiarios del concurso. II. A) LA FASE DE APERTURAII. A) LA FASE DE APERTURA Esta etapa comprende desde la petición de quiebra, directa o refleja, hasta que queda firme y ejecutoriada la sentencia declarativa, sea que dé lugar a la quiebra o no. En ella estudiaremos los siguientes puntos: 1) Objeto de la etapa de apertura; 2) La relación procesal en el juicio de quiebra; 3) El procedimiento en la etapa de apertura; 4) La acción indemnizatoria por solicitud temeraria de quiebra; 5) La sentencia definitiva del proceso de apertura, y 6) La oposición a la quiebra o recurso especial de reposición. 1. OBJETO DE LA ETAPA DE APERTURA1. OBJETO DE LA ETAPA DE APERTURA El juicio de quiebra, la medida concursal más radical dentro del conjunto de los concursos, procede cuando ya no hay otro recurso concursal alternativo y tiene por objeto erradicar el patrimonio insano de la vida económico-jurídica, distribuyendo su haber entre los acreedores conforme a un principio de justicia distributiva. En teoría, es el legislador quien, en protección del orden público resentido por la insolvencia, impone la ecuación de insolvencia igual quiebra; no deja alternativa, a menos que entre la colectividad de acreedores y el deudor se haya acordado solucionar la insolvencia por la vía convencional. Pues bien, la etapa de apertura justamente tiene el propósito de determinar si procede o no la declaración de quiebra, o, dicho en otros términos, si debe darse o no lugar a la ejecución universal que constituye este mecanismo concursal. Los puntos sobre los que debe recaer la prueba, por tanto, han de ser la existencia de la cesación de pagos y la ausencia de otro concurso alternativo operando. En Chile, la primera exigencia se cumple acreditando cualquiera de las “causales de quiebra” o hechos reveladores y no la cesación de pagos propiamente tal, en lo que a la etapa de prequiebra se refiere, pero en el contradictorio postergado que constituye la reposición especial puede volverse sobre lo mismo sea para desvirtuar la presunción de insolvencia implícita en el hecho revelador o causal de quiebra o para acreditar que sin perjuicio de encontrarse el hecho revelador perfectamente configurado y acreditado, no existe cesación de pagos. Todo lo dicho tiene una explicación jurídica que encuadra dentro de nuestra normativa. Sabemos que la insolvencia provoca la caducidad de los plazos suspensivos a que están sujetos los créditos contra el deudor (art. 1496 Nº 1º del C.C.) y, en consecuencia, se tornan actualmente exigibles todas las obligaciones del deudor. Ello implica que todos sus acreedores son potencialmente actuales demandantes del deudor. Para velar por la consideración al principio de la par condictio creditorum, por la sola circunstancia de la insolvencia, surge, para los acreedores, cierta prohibición para el cobro individual de sus créditos, judicial o extrajudicial. El principio de orden público, tantas veces referido, importa la imposición a los acreedores de una ejecución conjunta, ejecución que sólo podrá soslayarse en la eventualidad de que existan convenios que ya hayan arreglado la forma de superar la insolvencia, celebrados legalmente entre el deudor y la colectividad de acreedores. Entonces, decimos que a falta de tales acuerdos, verificada la insolvencia por alguno de los hechos reveladores o causales de quiebra taxativamente previstos por la ley, sólo procede la ejecución del deudor insolvente por mandato legal (y por la misma fuerza de los hechos) , pues, como se ha dicho, en la cesación de pagos no sólo está involucrado el interés privado de cada uno de los acreedores, sino principalmente el orden público y, en ciertas ocasiones, el mismo interés público.
  8. 8. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS La etapa de apertura tiene precisamente por objeto aclarar estas circunstancias. 2. LA RELACION PROCESAL EN EL JUICIO DE QUIEBRA2. LA RELACION PROCESAL EN EL JUICIO DE QUIEBRA La etapa de apertura está íntimamente relacionada con el fenómeno procesal de la relación procesal; pues en ella se determinan las partes del proceso de quiebra y es importante precisar desde cuándo y cómo las resoluciones que en él se dicten producen cosa juzgada respecto de cada una de ellas. Casarino Viterbo define la relación procesal como “aquel vínculo jurídico que liga a las partes entre sí y a ellas con el tribunal, cuyos efectos principales son obligar al tribunal a dictar sentencia y a las partes a pasar por lo que ésta resuelva en definitiva”. Dicho en otros términos, hay relación procesal desde que se ha producido la condición esencial para que las partes del proceso tengan que pasar por lo que se haya resuelto en la sentencia definitiva recaída en él o, si se quiere, desde que efectivamente hay juicio. Lo mismo puede predicarse respecto de la quiebra. Ya tendremos oportunidad de demostrar que la sentencia definitiva del juicio de quiebra es la propia resolución declaratoria o denegatoria de la solicitud respectiva; por ahora lo expresado lo dejaremos como un axioma de las siguientes especulaciones. La circunstancia de constituir dicha resolución la sentencia definitiva es la que modifica, en apariencia, las reglas generales sobre la teoría de la relación procesal, para el caso de la quiebra. En efecto, la teoría de la relación procesal fue formulada a propósito del procedimiento de cognición, como verdadero prototipo de juicio, y se afirmaba dentro de dicho esquema que la relación procesal se producía al vencimiento del término del emplazamiento para contestar demandas o, como sostenían otros autores, al tiempo mismo de la notificación legal de la demanda. Pero esta concepción no cuadraba en los procesos de ejecución, pues en éstos la sentencia definitiva (la declaración de quiebra en la ejecución universal y el mandamiento de ejecución y embargo en la ejecución singular) precedía a la notificación misma de la demanda. La razón se imponía por la índole peculiar de los procesos de ejecución. Todos ellos parten de una presunción bastante fundada en cuanto a que la pretensión ejecutiva no merece mayor discusión. Basta con que el juez determine la existencia de los requisitos formales de la acción ejecutiva, para que dé curso a la ejecución. En respeto del principio de la bilateralidad de la audiencia, sin embargo, siempre se contempla un contradictorio brevísimo y de naturaleza preclusiva, a fin de no dejar al ejecutado en la absoluta indefensión, contradictorio que está representado por la oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo singular (y no a la demanda ejecutiva, como creen algunos, pues se dirige contra la sentencia del juez y no contra la demanda) y por el recurso especial de reposición (o simplemente oposición, como se conoce en el derecho comparado; v. gr., de España e Italia) en el caso de la quiebra o ejecución universal. Ello llevó a Chiovenda a concluir que “si por excepción el juez ha de pronunciarse sobre la demanda inaudita parte, la relación procesal nace con la demanda; pero el contrario no es parte en la relación procesal sino hasta el momento en que sea notificada la demanda o resolución”. Los acreedores que no concurrieron en la solicitud de quiebra precisamente se encuentran en esta hipótesis; la sentencia definitiva del proceso de quiebra se dicta no obstante no existir emplazamiento de todas las partes del mismo juicio. Existen una serie de circunstancias que alteran los enunciados precedentes en el caso del juicio de quiebra, que merecen un análisis más detenido. Para eso hemos de distinguir tres situaciones dispares: la petición de quiebra por el propio deudor; la petición de quiebra por uno de los acreedores, y la petición de quiebra por el ejercicio de la acción refleja o indirecta de quiebra. a) Inicio por petitoria del deudor En primer lugar, el juicio de quiebra puede iniciarse con la sola petición del deudor, caso en el cual el juez de la quiebra está obligado a dictar sentencia sin más trámite. En la quiebra voluntaria, entonces, la relación procesal nace con la sola presentación de la demanda; pero las demás partes del juicio de quiebra integrarán dicha relación en tanto se les notifique la sentencia declaratoria. Puede ocurrir que la petitoria del deudor sea rechazada, caso en que existió juicio de quiebra, no obstante que jamás devino parte de él ningún acreedor. 1111
  9. 9. b) Inicio por petitoria de los acreedores Cuando la petitoria tiene su origen en uno de los acreedores, se advierten una serie de irregularidades. El art. 45 de la ley ordena al juez dar audiencia al deudor, a fin de que éste sea escuchado antes de dictarse la sentencia definitiva, sea ella declaratoria o denegatoria. En este caso la relación procesal no surge sino en tanto se emplace al deudor, pues sólo entonces el juez está obligado a dictar sentencia definitiva y las partes a pasar por lo que en ella se resuelva. La relación procesal respecto de los demás acreedores nacerá solamente al tiempo de notificarse válidamente la sentencia declarativa. En este punto la ley innovó respecto de la anterior, pues bajo la Ley Nº 4.558 se le confería al juez la facultad alternativa de citar o no a audiencia al deudor, con lo cual se admitía la posibilidad de que el fallido pudiese ser emplazado sólo después de declarada la quiebra. La nueva opción de la Ley Nº 18.175 se contradice con los principios de la quiebra, en particular con el principio de la celeridad procesal que gobierna a este juicio. Con la audiencia que se establece se le facilita al deudor insolvente el uso de expedientes dilatorios, retardando así la vigencia del concurso de que está prescrito en ventaja de una colectividad y no de un individuo. Esta posibilidad de audiencia tiene su fuente en la misma desconfianza que el legislador muestra hacia el sistema que él ha generado, porque las causales de quiebra no se exhiben como prueba completa del estado de insolvencia y porque al juez no se le reconoce una competencia tal que se pueda descansar en su sola prudencia. No desconocemos la magnitud de las consecuencias que la quiebra trae consigo, pero la insolvencia atenta contra valores que se prefieren a la sola tutela del patrimonio del deudor. En defensa del deudor o de los acreedores que se sientan ofendidos por la declaración de quiebra, la ley instituye el recurso especial de reposición, que les permite revertir la situación si la quiebra fue infundada. Además, el deudor tiene acción de indemnización de perjuicios contra el acreedor temerario (más adelante veremos que no es pura casualidad que en el propio art. 45 de la ley se cree esta acción indemnizatoria). Pero la quiebra es un proceso de ejecución en el que, acreditadas ciertas causales o hechos reveladores, surge una presunción de insolvencia que debería obligar al juez a declarar la quiebra sin tardanza. Con la audiencia de rigor que ha prescrito el art. 45 de la ley se ha creado un mecanismo más que acentúa la ineficiencia de nuestro sistema de apertura. En la legislación comparada se han adoptado una serie de soluciones alternativas. Así, Italia y Perú (país este último que prácticamente copió, en forma mejorada eso sí, nuestra Ley Nº 4.558) admiten la facultad discrecional del juez de proveer o no audiencia para el deudor (art. 15 del D. 267, de 1942, y art. 15 de la Ley Procesal de Quiebras Nº 7.566, respectivamente). España, de entre las legislaciones que conocemos, es el único país que, consecuente con los principios del juicio ejecutivo, ordena al juez declarar la quiebra sin traslado al deudor (art. 1025 del C. de Comercio de 1825). Casos de audiencia previa obligatoria como el nuestro son el de Argentina (art. 91 de la Ley Nº 19.551) y Bolivia (art. 1545 del C. de Comercio de 1978). c) Inicio por acción refleja de quiebra Hemos dicho que existen las denominadas acciones reflejas de quiebra (mal llamadas quiebras oficiosas). En este caso no existe demanda de quiebra propiamente tal. Entonces, pensamos que la relación procesal en este caso surge de la notificación de la sentencia declarativa de quiebra para todas las partes del juicio, pues sólo desde allí nace la contienda actual entre partes. Sin embargo, en el ejercicio de las acciones respectivas (o excepciones, en el caso de la oposición a la cesión de bienes) ya debe emplazarse a todos aquellos que devendrán partes del juicio de quiebra, pues la resolución, nulidad o impugnación del convenio y la oposición a la cesión de bienes, importan una relación procesal entre los mismos sujetos que luego serán partes en la quiebra; pero entendemos que como aun en esos casos no se libera de la obligación de notificar la sentencia de quiebra, como tampoco de verificar en la quiebra, como tampoco se limita el ejercicio del recurso especial de reposición, que la relación procesal en este caso nacerá, para todos los acreedores, sólo a partir de la notificación por avisos de la sentencia de apertura. 1212
  10. 10. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS 3. EL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE APERTURA3. EL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE APERTURA a) Generalidades Ya hemos advertido que la etapa de apertura es un proceso de cognición, vale decir, en ella deben suscitarse una discusión, una prueba y una sentencia. En el sistema chileno la discusión, prueba y sentencia se dan sustancialmente de igual forma que en el juicio ejecutivo de obligaciones de dar: la discusión se inicia con la demanda respectiva, pero es seguida por la sentencia definitiva (que acoge o deniega la ejecución, en el caso de la ejecución singular, despachando o no el mandamiento; que acoge o no la ejecución universal, declarando o no la quiebra, para luego seguirse el contradictorio de la fase de discusión representada por la oposición a la ejecución, en el juicio ejecutivo singular, y por el recurso especial de reposición, en la quiebra) , después la prueba, en el evento de que exista contradictorio (que en ambos tipos de ejecución no es de la esencia, de forma que la sentencia definitiva provisional, a falta de dicho contradictorio y por el solo ministerio de la ley, tórnase en sentencia de término) , y, finalmente, la sentencia definitiva “terminal”, siempre en el evento de que haya surgido contradictorio. Si no existe contradictorio, se omiten la prueba y la sentencia definitiva “terminal”; el proceso de apertura se agota, en esta hipótesis, con la sentencia definitiva provisional, una vez vencido el término para deducir el “recurso especial de reposición”. En todo caso, siempre existe una especie de prueba propia de los juicios de ejecución. A la demanda o solicitud respectiva deben acompañarse los documentos o medios de prueba fundantes, al punto que el juez esté en condiciones de dictar de inmediato una sentencia definitiva, con conocimiento de causa; la ley lo exige expresamente para la solicitud del deudor (art. 42 L.Q., en particular en el numerando quinto de dicha disposición) y para los acreedores (art. 44 L.Q.) , prueba esta última que el juez puede complementar con otras medidas para mejor resolver a fin de cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de la causal invocada (art. 45 inc. 1º L.Q.). Excepcionalmente, cuando la quiebra es a pedido de uno de los acreedores, existe un procedimiento sumarísimo que también contempla las tres etapas de la cognición. Si la quiebra es demandada por un acreedor, ya lo hemos visto, el tribunal debe dar traslado de dicha solicitud al deudor, y luego de la contestación de éste se procede a dictar la sentencia definitiva. Si bien el art. 45 de la ley establece que esta audiencia al deudor no dará origen a un incidente, la verdad es que en ella el deudor acompañará todos sus medios de defensa a efectos de impedir su quiebra, de manera que, aunque no reciba la tramitación ordenada para los incidentes, este trámite previo constituye uno. La gran diferencia, no obstante, que puede anotarse entre este procedimiento de antequiebra (que no es un juicio previo, sino parte integrante del juicio de quiebra) y el procedimiento que sigue a la reposición especial, es el carácter sumarísimo de todas las actuaciones que lo integran, de forma que sólo en el recurso especial es posible una discusión y prueba –aunque también breves– de mayor extensión que la que puede suscitarse en esta antequiebra. Otra cosa son los procedimientos de prequiebra, que nacen de la solicitud o demanda refleja de quiebra; éstos son procedimientos distintos del juicio de quiebra propiamente tal, pero prácticamente entre ellos no existe solución de continuidad, de modo que puede hablarse de cierta unidad procesal entre ellos y la quiebra. En todo caso, ya hemos tratado de éstos al estudiar el ejercicio de la acción de quiebra, de forma que nos remitimos a lo dicho. Por ello, para efectos didácticos, hemos separado esta etapa de antequiebra del recurso especial de reposición, aunque ambos se integren dentro de la etapa de apertura. b) El proceso de antequiebra Llamamos proceso de antequiebra a aquel procedimiento sumarísimo que antecede a la declaración de quiebra por demanda directa sea del deudor amparado en el art. 42 de la Ley de Quiebras o de alguno de sus acreedores amparados en el art. 43 de la misma ley. En la primera edición de este trabajo no estimamos como procedimiento de antequiebra la solicitud del deudor, sin perjuicio de advertir que la sola petición no era bastante para declarar la quiebra si no se daba al tribunal convicción de que se estaba en presencia de una auténtica cesación de pagos. Hoy nos 1313
  11. 11. parece que por breve que sea el proceso, tal proceso existe, y el juez debe adquirir convicción, en base a la propia confesión del deudor expresada en su solicitud y a los antecedentes que conforme al art. 42 de la Ley de Quiebras deben adjuntarse a la petitoria, de que se está ante un deudor insolvente. Es efectivo que del texto del art. 219 Nº 4 de la Ley de Quiebras podría desprenderse que a pesar de omitirse los antecedentes del art. 42, el tribunal debería declarar la quiebra, porque dicha norma discurre en la idea de que se está sancionando penalmente a un fallido que fue declarado en quiebra pese a ser insuficiente la presentación de propia quiebra. La contradicción se resuelve en el sentido de que el juez sólo debe convencerse de que de los antecedentes acompañados existe cesación de pagos, sin que sea óbice para la apertura la insuficiencia de los demás antecedentes requeridos por el art. 42 de la Ley de Quiebras. Prueba de lo que venimos diciendo es que la quiebra autoprovocada puede ser alzada vía oposición o reposición especial a instancia incluso del propio deudor. Lo mismo, el art. 59 de la Ley de Quiebras concede apelación contra la sentencia denegatoria sin discriminación, de forma que el deudor también puede apelar de la negativa del tribunal a declarar su propia quiebra. De manera que hay proceso de antequiebra con demanda, prueba y sentencia aun cuando la solicitud sea del propio deudor. Pero el proceso de antequiebra que más interés provoca es el regulado en los arts. 44 y 45 de la Ley de Quiebras y, por qué no decirlo, el art. 59 de la misma. Este proceso de antequiebra –que no es juicio– cuando se inicia a instancia de un acreedor se inicia con la demanda o pedido del acreedor, con los enunciados, antecedentes y depósitos mencionados en el art. 44 de la ley. La ley señala que esta solicitud debe ser resuelta a la brevedad posible, “con audiencia del deudor”, la que tendrá sólo carácter informativo “y no dará lugar a incidente”. En la práctica los tribunales confieren traslado, a veces indicando el plazo para evacuar dicho traslado y otras veces no. Puelma Accorsi es de la opinión de que el plazo es el de los arts. 258 y 259 del C.P.C., esto es, término de emplazamiento en juicio ordinario de mayor cuantía, en razón de no existir norma expresa que fije otro plazo, ni tampoco las normas de los incidentes, porque no se trata de una cuestión incidental y la propia ley se encarga de señalar que no dará lugar a un incidente. Nosotros sostuvimos que tratándose de una audiencia debían ser tres días, opinión que podría validar el art. 5º de la Ley de Quiebras en el sentido de que toda cuestión, no sólo las accesorias, se tramita como incidente. Esto es, el procedimiento supletorio o subsidiario para todo el proceso concursal es el procedimiento para los incidentes, aunque no sean accesorias las materias que en dicho proceso se ventilen. Además, nos parece que el emplazamiento previsto para un proceso de lato conocimiento no se ajusta con la celeridad y economía procesal inmanente en todo el proceso de antequiebra descrito en el art. 45 de la Ley de Quiebras. La solicitud de quiebra y su proveído deben ser modificados personalmente al deudor en persona propiamente tal o por la modalidad del art. 44 del C.P.C. Pero la ley exime al solicitante de la necesidad de acreditar que el deudor se encuentra en el lugar del juicio (art. 45 inc. final L.Q.). Lo más controvertido del art. 45 de la Ley de Quiebras es la determinación de qué es esta audiencia informativa que no da lugar a un incidente. ¿Qué se quiso decir con ello? La expresión “audiencia del deudor” viene del art. 39 de la Ley Nº 4.558. La aplicación práctica que se le dio a esta disposición consistía en un traslado al deudor, quien debía evacuarlo dentro del tercer día y en base a ello se pronunciaba el tribunal sobre la solicitud, pero como la ley no contenía la prohibición de formar incidente, en esta instancia se producían verdaderos juicios, distorsionando el sentido de esta audiencia y dilatando la oportuna declaratoria de quiebra. Lo que nosotros queremos entender del sentido de esta audiencia es que en ella el deudor puede hacer sus descargos y desvirtuar la presunción misma de insolvencia que constituye la causal o bien acreditar de modo irrefutable su solvencia. Coincidimos con Puelma Accorsi en el sentido de que esta audiencia es un mero traslado y no un comparendo, pues la voz audiencia está aquí tomada en el mismo sentido del art. 82 del C.P.C. La prohibición de formar un incidente la entendemos como que el juez sólo con el mérito de la audiencia y de las medidas oficiosas que estime necesario adoptar para cerciorarse de la efectividad de la causal invocada, debe resolver la solicitud de quiebra. No puede el juez, luego de evacuado el traslado, abrir 1414
  12. 12. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS un término probatorio y menos aún dictar sentencias distintas que la resolución de la solicitud de quiebra (v. gr., no podría resolver previamente objeciones de documentos, o la prueba de la calidad jurídica del deudor, o sobre el mérito ejecutivo del título, etc.) ; todo debe resolverse en la sentencia que resuelve definitivamente la petitoria del acreedor, sin que puedan adelantarse pronunciamientos especiales y accesorios antes de la sentencia que declara o deniega la quiebra. Reafirmando estas ideas debemos tener presente que la ley obliga al juez a pronunciarse sobre la solicitud de quiebra a la brevedad posible (art. 45 inc. 1º L.Q.). El carácter “informativo” de la audiencia nos está diciendo una sola cosa: que el deudor debe hacer sus descargos para desvirtuar la solicitud y acompañar toda la prueba –que no es técnicamente hablando prueba, sino que simplemente suministrar antecedentes– y nada más, quedando entregado al juez hacer oficiosamente las indagaciones y recabar las pruebas que él requiera indispensables y de fácil producción. En otras palabras, el deudor no debe probar nada en dicha audiencia en el sentido técnico- procesal, sino que exponer sus defensas. Es el juez, a su solo arbitrio, quien decidirá si requiere adoptar medidas para mejor resolver con la finalidad de acreditar la efectividad de la causal invocada o si declara o deniega la declaratoria de inmediato. La ley obliga al juez a cerciorarse de la efectividad de la causal invocada, independiente de lo que expongan las partes. Esto le confiere a este proceso un marcado acento inquisitivo. En otras palabras, aun las insuficiencias probatorias del acreedor pueden ser suplidas por el tribunal, no sólo las defensas del deudor. Sin embargo, el juez no resuelve en conciencia conforme a la sana crítica. En esto actúa como un tribunal de derecho y su sentencia, declaratoria o denegatoria, debe fundarse en prueba legal. Normalmente la prueba se sustentará en presunciones o principios de prueba por escrito y en los hechos que no sean controvertidos en la presentación del deudor, pero no puede sostenerse en meros pareceres del tribunal. Estamos así ante un procedimiento sumarísimo en el cual el juez debe adquirir una razonable convicción de que se ha constituido la causal y que ella trasunta efectivamente una insolvencia. Como además la ley obliga al juez a determinar en la sentencia de apertura la naturaleza del deudor, en este trámite previo deberá también proveerse de antecedentes para dicha calificación, sea reposando sobre lo expuesto y declarado por las partes, sea mediante sus propios arbitrios indagatorios –es corriente ver una solicitud al Servicio de Impuestos Internos para sustentar esta calificación–. Pero recordemos que el verdadero contradictorio del proceso de quiebra está constituido por la reposición especial, que este procedimiento previo está estructurado como meramente informativo y no puede desvirtuarse su carácter sumarísimo que históricamente siempre ha tenido. En la reposición han de discutir en proceso pleno tanto la causal, su mérito probatorio de la insolvencia y la calidad jurídica del deudor. Un antecedente nada casual, como demostraremos, que viene a subrayar el carácter sumarísimo del proceso de antequiebra es la acción indemnizatoria que instituye la misma disposición que regla este proceso y que trataremos en el siguiente título. Y decimos que confirma la brevedad del proceso, porque con esta acción se intenta disuadir a los acreedores temarios, a quienes naturalmente este proceso tan breve y de prueba tan superficial favorece dada la sencillez de las causales de quiebra –en particular la del art. 43 Nº 1 de la Ley de Quiebras– y lo difícil que es para el deudor desvirtuarlas con la misma sumariedad y brevedad. El proceso de antequiebra va envuelto de una presunción a favor del acreedor y contra el deudor, presunción por la que el legislador, para reprimir su empleo abusivo, instaura esta acción especial y, dicho sea de paso, común a todos los sistemas concursales que se remontan al derecho francés decimonónico. La doctrina que venimos sosteniendo en la definición del carácter sumarísimo y de mera certeza de antequiebra, es adoptada en forma uniforme por la doctrina comparada. Augusto Juan Menéndez señala que la sentencia de quiebras “es precedida por una fase instructora breve, de cognición limitada, con posibilidades restringidas de defensa y prueba, ya que en nuestro derecho no existe un procedimiento de antequiebra de carácter contradictorio”. 1515
  13. 13. 4. LA ACCION INDEMNIZATORIA POR SOLICITUD TEMERARIA DE QUIEBRA4. LA ACCION INDEMNIZATORIA POR SOLICITUD TEMERARIA DE QUIEBRA El art. 45 de la ley, en su inc. 3º, previene que “si la solicitud (petición del acreedor) fuere desechada en definitiva, el deudor podrá demandar indemnización de perjuicios al acreedor, si probare que éste ha procedido culpable o dolosamente”. No es casualidad que esta regla tenga sus equivalentes en el derecho comparado (v. gr., art. 1034 del C. de Comercio español; art. 1555 del C. de Comercio boliviano; art. 21 del D. 267, de 1942, italiano; art. 103 de la Ley Nº 19.551 argentina). Esta acción se constituye como un verdadero mecanismo integrante del proceso de antequiebra. En esta subfase la tramitación es escueta y el alcance de certeza es débil, lo que se tolera por los fines superiores que peligran. La ley quiere que sin tardanzas se proceda a la apertura del concurso. Pero en cuidado de los derechos del deudor, se intenta disuadir al acreedor temerario que, valiéndose de la presunción en contra del deudor que existe en este proceso de ejecución (al igual que en la ejecución singular) , lo emplee abusivamente, sea con dolo o culpa. Las virtudes de prescribir esta acción especial son evidentes por sí mismas, pues contribuye a que el procedimiento de apertura sea más expedito –ya que avala la seriedad de la petición de quiebra–, evitando una meticulosidad exagerada de parte del tribunal y acelerando la puesta en marcha del concurso en cuestión. Sin embargo, esta norma no pasa de ser meramente programática, con grave ausencia de implementos que la constituyen en una verdadera institución jurídica, esto es, práctica y real, al punto de lograrse su principio de fundación, cual es el de ser un resorte integrante de la etapa de apertura. Una consideración adicional: descubrimos en esta norma otra regla que nos representa el carácter sumarísimo del proceso de apertura; otro antecedente positivo que limita la discrecionalidad del juez y el poder dispositivo de las partes. 5. LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL PROCESO DE APERTURA5. LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL PROCESO DE APERTURA Definición La resolución que recae en la etapa de apertura, sea que haga lugar a la quiebra o no, es una sentencia definitiva del género ejecutivo, con elementos declarativos y constitutivos universales y colectivos, que por su solo pronunciamiento causa ejecutoria. Nos detendremos un momento a explicar cada uno de los elementos de la definición precedente. a) Sentencia definitiva Esta característica, otrora sumamente discutida, hoy le pertenece a la resolución en estudio en razón de texto legal. En efecto, el art. 52 de la ley expresamente le atribuye esa naturaleza. Pero no está claro si participa del mismo género la sentencia que deniega la solicitud de quiebra, sea al final del período de antequiebra, sea luego de resolver el recurso especial de reposición. Asimismo, en otros casos la ley también ha calificado ciertas resoluciones judiciales y ha errado en su juicio, y el art. 158 del Código de Procedimiento Civil no admite como sentencias definitivas aquellas resoluciones que la ley califica de tales, sino sólo aquellas que se conforman esencialmente a la definición contenida en dicha disposición, de manera que las palabras de la ley no nos obligan más allá de las intenciones, pues para todos los efectos colaterales (recursos y formalidades) hay que remitirse a la naturaleza intrínseca de cada resolución y no a las palabras que ha empleado el legislador. Tampoco la interrogante es ociosa, pues legislativamente se la ha calificado, en algunas legislaciones del derecho comparado, como una resolución de menor entidad. Vale la pena formularse la interrogante de un modo más general, esto es, preguntarse si la resolución que provee la solicitud de quiebra, acogiéndola o denegándola, es una sentencia definitiva de conformidad al concepto que nos ofrece el art. 158 del Código de Procedimiento Civil. Según el texto legal, es sentencia definitiva aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Aquí nos encontramos ya ante preguntas más precisas: ¿cuál es el objeto del juicio de quiebra? y ¿cuál es la instancia de este proceso? 1616
  14. 14. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS La respuesta no es sencilla, porque en este verdadero continente procesal se realizan varios procesos o incidentes declarativos (v. gr., las demandas de verificación, los juicios revocatorios) , y son múltiples las relaciones jurídico-procesales que tienen que ocurrir. ¿Existe acaso un objeto o asunto principal en el juicio de quiebra? El sentido común nos indica, en una primera instancia, que todos los procedimientos que se pueden desarrollar en la quiebra penden de su existencia; sin la declaración de quiebra, ninguna de las otras actuaciones procesales podría existir. Además, si se tiene en cuenta que la resolución que se pronuncia sobre los presupuestos de la acción de quiebra es precisamente la sentencia que recae en la etapa de apertura y que con sólo la existencia de esta etapa, aunque termine por sentencia denegatoria, ya existe juicio de quiebra, no hay duda de que en ella se ventila el objeto principal del juicio. Ahora, la cuestión principal del juicio de quiebra es la existencia o no de los presupuestos materiales de la acción correlativa y, por lo tanto, la procedencia o no de la consecuencia que la ley apareja a dichos presupuestos, esto es, la procedencia o no de la ejecución universal. Así, indirectamente, llegamos a la misma solución que nos habría regalado un mero razonamiento en la esfera de los principios. En efecto, teniendo presente que la quiebra es un proceso de ejecución civil, lo lógico sería concluir que la sentencia definitiva del mismo es la que provee la demanda ejecutiva respectiva, pues ésa es la regla general en materia de juicios ejecutivos civiles. El mandamiento de ejecución y embargo en la ejecución singular también es una sentencia definitiva (aun cuando nuestra jurisprudencia lo tiene más bien como una sentencia interlocutoria). En los procesos de ejecución, lo debatido ya no es la existencia de un derecho o una situación jurídica, sino, como su nombre lo indica, la ejecución material del derecho. Los procesos de ejecución descansan en la hipótesis de un derecho indubitado: como lo dijera Rosemberg, “proceso ejecutivo… es un procedimiento para la realización de las pretensiones de prestación o por responsabilidad, mediante coacción estatal”. Ciertamente que en el caso del juicio ejecutivo singular se admiten otras excepciones a las meramente formales, mas ello se debe a que se han introducido títulos ejecutivos que no tienen la certeza de una sentencia firme. Pero en el caso de la ejecución por antonomasia, el denominado procedimiento incidental de ejecución, tratado en los arts. 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, las excepciones, ahora sí, son meramente formales o bien materiales, pero sustentadas en hechos acaecidos con posterioridad a la resolución respectiva que sirve de título a la ejecución. Cuando el juez provee la demanda ejecutiva incidental, sólo va a pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha ejecución, pero no respecto de la legitimidad de las pretensiones (derechos y obligaciones) que por la misma se ejecutan. Esta característica, la naturaleza meramente formal del objeto principal de los procesos de ejecución, nos la describe Alsina diciendo “la sentencia (en los juicios de ejecución) , en efecto, no tiene carácter declarativo, ya que sólo puede determinar dos cosas: que va la ejecución adelante o no hacer lugar a la ejecución. Por consiguiente, sólo hacen cosa juzgada formal, es decir, autorizan su ejecutabilidad pero no impiden su revisabilidad”. Por ello, el objeto principal del juicio de quiebra es la determinación de la procedencia o no de la ejecución universal. Pero la causa a pedir de dicho objeto es diversa en la ejecución universal que en la ejecución singular. Esta última se basa siempre en la existencia de un título ejecutivo, de un documento revestido de tales características que hacen indubitado el derecho del cual él da cuenta. En cambio, la quiebra o ejecución universal no requiere de título ejecutivo (es posible que exista una quiebra sin que ninguno de los acreedores concursales respalde su crédito en un título ejecutivo) ; los presupuestos de la ejecución son diversos. En efecto, vimos que los presupuestos esenciales de la acción de quiebra eran la existencia de la cesación de pagos y la inexistencia de otro medio concursal en actividad (sea convenio, liquidación forzosa o cesión de bienes). Esta ejecución universal se ordena, ya no con miras a obtener el pago a los acreedores, sino con el fin de que en dicho pago se respete el principio de orden público de la igualdad de los 1717
  15. 15. acreedores; es, por decirlo así, una ejecución “impuesta” tanto a los acreedores como al deudor. Porque la insolvencia roza los vestidos del ángel del orden público, es que la ley, a falta de otro procedimiento concursal alternativo, ordena la quiebra o ejecución universal. Todo lo que ocurre después de declarada la quiebra en el fondo no es sino una consecuencia de lo contenido en ella; es la materialización de las aspiraciones de dicho acto procesal, lo que, desde este punto de vista, resulta accesorio a la declaración en cuestión. Ahora, como la sentencia que recae sobre la etapa de apertura es la que resuelve sobre los extremos de hecho y de derecho principales de este proceso, no cabe duda de que también cumple con el segundo requisito de la sentencia definitiva, pues es la que pone fin a la instancia, ya que es el primer grado de conocimiento y fallo del objeto principal del juicio. Pero una especialidad de la sentencia de apertura es que no siempre pone fin a la instancia. Si interviene reposición especial, la resolución que recaiga en ésta será la que realmente pondrá fin a la instancia; caso análogo a lo que se suscita en la ejecución individual si interviene una oposición a la ejecución. Si en ambos tipos de ejecución no media oposición, la resolución primera hace las veces de sentencia definitiva; si, por el contrario, hubo oposición, la resolución dictada sobre dicho trámite es la sentencia definitiva. Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones a este respecto de un modo poco uniforme. Unánimemente ha negado la índole definitiva del mandamiento de ejecución y embargo y de la resolución recaída en la solicitud de cumplimiento incidental de la sentencia (arts. 231 y ss. del C.P.C.). Así, igualmente ha descrito la resolución que falla la reposición especial de la sentencia de apertura, algunas veces, como una sentencia interlocutoria y, otras, como una sentencia definitiva. Finalmente sólo en el último tiempo anterior a la Ley Nº 18.175 vino a reconocer el carácter de sentencia definitiva a la sentencia de apertura. Es cierto que ni el mandamiento de ejecución y embargo, ni la resolución que resuelve la solicitud de cumplimiento incidental de sentencia ni la sentencia declaratoria de quiebra se ajustan rigurosamente a la noción de sentencia definitiva que otorga el art. 158 del Código de Procedimiento Civil, especialmente en lo que dice relación con aquella exigencia de que con ella debe ponerse fin a la instancia. Pero tampoco creemos que puedan ajustarse a la definición de sentencia interlocutoria, porque no resuelven ningún incidente y menos aún sobre un trámite que haya de servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. No hay duda, ni la interposición de demanda ejecutiva, ni la solicitud de cumplimiento incidental de sentencia ni la petición de quiebra por el deudor o cualquiera de los acreedores dan origen a un incidente, sino a un proceso principal. Y tampoco puede concebirse que la resolución que recae sobre una solicitud de quiebra, sobre una demanda ejecutiva o sobre la solicitud de cumplimiento incidental, esté resolviendo sobre un “trámite”; y tampoco es esencial que a ella siga otra sentencia definitiva o interlocutoria, porque en los tres casos el tribunal puede no dar lugar a la ejecución si el título fundante está prescrito o no ser la obligación actualmente exigible. No puede concebirse que una resolución que ordena requerir de pago y embargar bienes del deudor, o que lo somete a concurso o que ordena el cumplimiento de una sentencia, está resolviendo un mero trámite, más aún si consideramos que lo sustancial de los procesos de ejecución es precisamente la admisibilidad o no de la ejecución y no la declaración de un derecho o el reconocimiento de una posición jurídica. En rigor, ninguna de las sentencias que resuelven sobre una solicitud de ejecución no encuadra perfectamente en las definiciones del art. 158 del Código de Procedimiento Civil, que están formuladas principalmente para los juicios de cognición. Podríamos entonces reunirlas dentro del grupo de las resoluciones inclasificables. Pero ello deja irresueltos una serie de problemas de orden práctico, en especial los referidos al régimen de recursos. Pero si admitimos que tanto la sentencia de apertura como el mandamiento de ejecución y embargo y la resolución que se dicta en la solicitud de cumplimiento incidental de sentencia son verdaderas sentencias 1818
  16. 16. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS definitivas, porque resuelven sobre la cuestión principal del juicio y ponen, aunque provisionalmente, fin a la instancia; y que las sentencias que se pronuncian sobre las excepciones en la ejecución singular o en el cumplimiento incidental de sentencia o en el recurso especial de reposición tienen también esa naturaleza, salvamos el vacío que a este respecto ha dejado el art. 158 referido. En todos dichos casos, si no interviene oposición a la ejecución, la sentencia que falló las respectivas solicitudes cumple plenamente los efectos de una sentencia definitiva. Por otro lado, la ley no ha dicho expresamente que dichas resoluciones no sean sentencia definitiva y tampoco ha dicho que las sentencias definitivas deben poner en forma permanente fin a la instancia. Además, en todos estos casos, de no mediar oposición, nos encontraríamos ante procesos típicamente jurisdiccionales carentes de una sentencia definitiva. Por último, es evidente que el espíritu de la definición del art. 158 del Código de Procedimiento Civil es atribuir el carácter de definitivas a las resoluciones que constituyan un juicio del órgano jurisdiccional que dirima el conflicto esencial que ha sido llevado ante sus estrados. Pues bien, en los procesos de ejecución este conflicto esencial es la procedencia o improcedencia de la ejecución misma y no una labor declarativa de orden sustantivo de parte de dichos órganos. Como puede observarse, la calificación de la sentencia declarativa de quiebra –al igual que aquella que la deniega–, es sólo por una aplicación analógica de la definición del art. 158 del C.P.C. a las sentencias que declaran procedente la ejecución, sea universal o singular. Pero el legislador de 1982 no por casualidad quiso darle un nombre a esta sentencia al calificarla de definitiva, pues ello precisamente se hizo para zanjar el debate sobre la naturaleza jurídica de esta resolución mantenida desde la dictación de la Ley Nº 4.558 que no describía la naturaleza de esta resolución. Así, la voluntad de la ley claramente expresada en el actual art. 52, es que esta sentencia reciba el tratamiento de sentencia definitiva, aunque limitando ciertamente su régimen de recursos. Con las salvedades premencionadas, podemos calificar la sentencia que recae sobre la petición de quiebra, tanto del deudor como de los acreedores, como una sentencia definitiva. Esta solución es compartida por el común de la doctrina nacional, entre los que cabe mencionar a Puelma Accorsi, a Concha Gutiérrez, a Varela Varela. Sandoval López, advirtiendo las peculiaridades de esta resolución, concluye que se trataría más bien de una resolución sui géneris, considerando que su naturaleza no cuadra con ninguno de los tipos definidos en el art. 158 del Código de Procedimiento Civil. En el derecho argentino, comulgan con nuestra opinión tanto Santiago Fassi como Saúl Argeri. En el derecho italiano, son de semejante opinión tanto Satta y Carnelutti como Provinciali. Pero Satta cae también en la trampa que fragua el texto positivo italiano, pues no le concede igual naturaleza jurídica al fallo que deniega la quiebra, rompiendo así la unidad conceptual que este acto jurídico procesal ostenta. Importancia de la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve la etapa de apertura Desde un doble punto de vista, la determinación de la naturaleza jurídica de la resolución que declara o niega lugar a la quiebra es trascendental: tanto en cuanto a la forma de dicha resolución como en lo que dice relación con el régimen de recursos en contra de ella. – Formalidades y contenido de la sentencia declaratoria Algunos autores han colegido del carácter definitivo de la sentencia que declara la quiebra, la obligación de que esta resolución deba ajustarse amén de las exigencias especiales del art. 52 de la Ley de Quiebras, a lo señalado en el art. 170 del C.P.C., al menos en orden a resolver sobre la eventual controversia que pudo suscitarse a propósito del proceso de antequiebra del art. 45. Nosotros sostuvimos, y sostenemos ahora, que la sentencia de quiebra sólo debe contener las menciones del art. 52 de la Ley de Quiebras, sin estar obligado el juez a cumplir además con las menciones que el art. 170 del C.P.C. impone a las sentencias definitivas declarativas. En efecto, en primer lugar, el art. 52 de la ley señala los contenidos de la resolución y entre ellos no menciona los del art. 170 del C.P.C. En segundo término, esta sentencia es definitiva sólo por equivalencia, como lo señalamos, y la declaración legal en orden a que es definitiva sólo tiene por finalidad fijar su naturaleza dentro del proceso y los recursos correspondientes, pero ello no la convierte en una sentencia 1919
  17. 17. definitiva declarativa de las descritas en el art. 158 del C.P.C. Las sentencias definitivas provisionales en los juicios civiles de ejecución por regla general no se ajustan a las formalidades del art. 170 del C.P.C. (v. gr., la que provee la demanda ejecutiva y despacha mandamiento; la que da lugar al cumplimiento incidental con citación; la que ordena el lanzamiento en los juicios de arrendamiento, etc.). En consecuencia, esta sentencia además de los contenidos específicos que señala la ley sólo debe cumplir con las formalidades comunes a toda resolución del art. 169 del C.P.C. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece importante, en todo caso, que estas resoluciones sean fundadas, aunque, como veremos, las menciones explicativas del art. 170 del C.P.C. no tienen mucho interés en esta etapa, dado el restringido régimen de impugnación de esta resolución. Sin embargo, lo dicho a propósito de la sentencia declarativa no es aplicable en el evento de sentencia denegatoria, porque su contenido no está regulado en la ley, de forma que debieran aplicarse las normas generales y, por lo tanto, debieran reunirse los requisitos del art. 170 del C.P.C. El art. 52 de la Ley de Quiebras establece que “la sentencia definitiva que declare la quiebra contendrá: 1. La determinación de si el deudor está o no comprendido en el artículo 41. En este caso se estará a la actividad que el deudor ejercía a la fecha en que contrajo la obligación; 2. La designación de un síndico provisional titular y de uno suplente y la orden de que el síndico se incaute de todos los bienes del fallido, sus libros y documentos, bajo inventario, y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública por el jefe más inmediato, con la exhibición de la copia autorizada de la declaratoria de quiebra; 3. La orden de que las oficinas de correos y telégrafos entreguen al síndico la correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinatario sea el fallido, para los efectos de lo preceptuado en el número 5 del artículo 27; 4. La orden de acumular al juicio de quiebra todos los juicios contra el fallido que estuvieren pendientes ante otros tribunales de cualquiera jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales; 5. La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del síndico, bajo pena de ser tenidos por encubridores o cómplices de la quiebra; 6. La orden de hacer saber a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días, contado desde la fecha de la publicación de la sentencia, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin nueva citación; 7. La orden de notificar, por carta aérea certificada, la quiebra a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República y mandarles que dentro del plazo establecido en el número anterior, aumentado con el de emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan al juicio con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número precedente; 8. La orden de inscribir la declaración de quiebra en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces del departamento en que se hubiere declarado la quiebra y también en el de los Conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al fallido, y 9. La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores”. – Recursos contra la resolución que deniega y contra la resolución que declara la quiebra Contra la resolución que deniega la declaratoria de quiebra, sea ésta pedida por un acreedor o por el deudor, procede, desde luego, el recurso de apelación, que se concede en ambos efectos, en razón de texto expreso de la ley (art. 59 L.Q.). Pero a nuestro juicio proceden también los recursos de casación en la forma y, en segunda instancia, de casación en el fondo, porque esta sentencia es una sentencia definitiva absoluta, toda vez que resuelve la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio y, ciertamente pone fin a la instancia. Además, nos parece absurdo que la misma resolución que recae sobre la petición del deudor o 2020
  18. 18. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS de los acreedores, sea definitiva si acoge la demanda y no lo sea si la rechaza. Reiterando lo dicho antes sobre el proceso de antequiebra, esta resolución será recurrible sólo por las partes de la instancia agraviadas con la negativa, esto es, el deudor –si su propia quiebra es denegada– o el o los acreedores. En la edición anterior, erradamente, sostuvimos que contra la sentencia declarativa de quiebra, por ser definitiva, procedían todos los recursos ordinarios o extraordinarios normales contra este tipo de resoluciones, sin advertir el texto expreso del art. 56 de la Ley de Quiebras, que señala que contra esta sentencia “solo” procede la reposición especial. De forma que contra ella no se puede recurrir ni de apelación ni de casación, principio además reconocido por el propio legislador, tanto de la ley Nº 4.558, como de la actual Ley Nº 18.175. ¿Es susceptible, sin embargo, de recurso de queja la sentencia que declara la quiebra? El tema ha sido debatido, pero no nos asiste duda alguna de que el recurso de queja es procedente precisamente en este caso. En efecto, la norma del art. 56 de la Ley de Quiebras tiene un sentido claro que apunta a que no se admite ningún otro recurso que no sea la reposición especial. El texto de dicha disposición quiere excluir la apelación y la casación en la forma contra dicha sentencia. Pero hay que preguntarse si procesalmente hablando el recurso de reposición especial es verdaderamente un recurso. Nosotros con el común de la doctrina extranjera y apelando a la historia de la ley y a las peculiaridades y función del denominado “recurso especial de reposición en contra de la sentencia de quiebra”, arribamos a la conclusión de que de reposición tiene el nombre y que en realidad no es un recurso, sino que el trámite de la oposición a la ejecución colectiva o contradictoria postergado propio de este proceso y equiparable absolutamente al trámite de la oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo singular. No es un recurso, sino que una oposición constitutiva del período de discusión y prueba en el juicio de quiebra, como lo demostraremos al estudiar este resorte especial. Entonces nos quedamos con que la sentencia de quiebra es una sentencia definitiva que no admite recursos ni ordinarios ni extraordinarios, precisamente el caso a que se refiere el art. 545 del Código Orgánico de Tribunales, según la modificación a su texto resultado de la Ley Nº 19.374. Como señala Tavolari, refiriéndose a la queja en contra de sentencias definitivas, “no habrá otra sentencia de este tipo que autorice a deducir un recurso de queja que aquella dictada en procedimientos especiales en los que el legislador haya declarado, expresamente, que en su contra no es admisible recurso alguno”. En consecuencia, si a juicio del afectado la declaración de quiebra ha sido dictada en razón de falta o abuso, procede el recurso de queja contra la sentencia de apertura, dado que es una sentencia respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario ni extraordinario y, además, porque el denominado recurso de reposición no es, jurídicamente hablando, un recurso. Hay que señalar, ciertamente, que este recurso sólo podrán deducirlo quienes hayan sido parte de la instancia respectiva –los miembros de la relación procesal–, atributo que no tienen necesariamente los legitimados para interponer reposición especial. Se puede objetar a lo dicho que la improcedencia de este recurso de queja quedaría abarcada por la inadmisibilidad general del art. 56 de la Ley de Quiebras. Pero a eso replicamos que el recurso de queja no es precisamente un recurso, como lo aclara Tavolari, y antes de la dictación de la Ley Nº 19.374 los tribunales superiores admitían la queja en contra de la sentencia de quiebra, desconociéndose así su carácter de “recurso procesal” propiamente tal. b) Es una resolución ejecutiva. (Carácter declarativo y constitutivo de la sentencia de quiebra) Al analizar los caracteres de la sentencia definitiva de los procesos ejecutivos vimos cómo la sentencia de quiebra participaba de dicho género y que, por lo tanto, entre otras cosas, tenía la peculiaridad de ser dictada, en el evento de autorizar la ejecución, con antelación a que se plenifique el contradictorio, a que se agote el período correlativo de discusión y prueba. Para utilizar las palabras de Chiovenda, estas resoluciones se dictan inaudita parte. Ahora, todas las sentencias definitivas en los procesos de ejecución tienen un aspecto declarativo y otro constitutivo. Todas ellas se dictan en base al reconocimiento de ciertos hechos, lo que implica un 2121
  19. 19. elemento declarativo (v. gr., en el juicio ejecutivo singular, la verificación de que el título sea ejecutivo, la obligación líquida y actualmente exigible y la acción no prescrita; en la quiebra, la verificación de los presupuestos materiales de la acción de quiebra) ; pero también llevan aparejado un elemento constitutivo (en la ejecución singular, la orden de someter ciertos bienes del ejecutado al régimen jurídico especial que es el embargo; en la ejecución colectiva, el desasimiento de los bienes del fallido, que, como veremos, también participa del género de las medidas procesales como el embargo). A estos principios o características no hace excepción la sentencia definitiva que se dicta en el juicio de quiebra. Claro, si ella niega la ejecución, será una resolución meramente declarativa, lo que también se puede predicar de la sentencia denegatoria del apremio singular. Pero si la sentencia es declaratoria, si acoge la demanda de quiebra, tendrá estos elementos tanto declarativos como constitutivos. Lo que sí importa es considerar este carácter constitutivo de la sentencia declarativa de quiebra. La generalidad de los autores ven el efecto constitutivo en la creación del “estado de quiebra”, estado que se integraría de todos los efectos de la sentencia declarativa. Luego, la mayoría de los autores confunden este estado con una situación o condición sustantiva del deudor que deriva de la declaración de bancarrota. Esto lo veremos con más detalle al analizar los efectos de la declaración de quiebra, pero tenemos ya que adelantar que, en nuestro concepto, no existe tal “estado de quiebra”. Este concepto no obedece a ninguna definición positiva; aun cuando la ley lo emplee, es un concepto metajurídico, que descansa en toda la mitología inveterada de este instituto; es un concepto metafórico que ninguna utilidad real aporta y, por último, es falso. La sentencia declarativa de quiebra reconoce la existencia de un estado jurídico- económico, el mal estado de los negocios del deudor o su estado de cesación de pagos, estado que en sí lleva anejas una serie de consecuencias jurídicas inherentes, por lo cual la sentencia declarativa de quiebra no hace sino reconocer o declarar la existencia del mismo o la vigencia de sus efectos. Dentro de esta perspectiva, no existe propiamente el “estado de quiebra”, sino el estado de cesación de pagos, con sus accesorios jurídicos que la sentencia de quiebra simplemente declara. Luego, es cierto que existen efectos de la sentencia que nacen con y desde ella, efectos que sustancialmente los constituye el desasimiento o desapoderamiento de los bienes del fallido. Pues bien, como lo probaremos más adelante, dichos efectos no son otra cosa que una medida procesal de aseguramiento y ejecutiva, de características análogas al embargo. Dos extremos explican lo anterior: en primer lugar, dicha medida no la sufre el fallido, sino sus bienes; no es una condición del deudor, sino de su patrimonio ejecutado; y, en segundo lugar, es una medida que opera sólo durante el proceso de quiebra y en el proceso, que no tiene validez fuera o después de él. Por ello resulta más propio hablar de que la sentencia definitiva es una sentencia definitiva inherente a los juicios de ejecución, de género ejecutivo, pues con dicha conceptualización nos resuelve todos los problemas jurídicos que pueda presentar esta resolución, con sólo recurrir a los principios generales. En cambio, tenerla como una resolución con elementos declarativos y constitutivos, fuera de ser una aseveración meramente empírica, nada aporta para el análisis jurídico. Asimismo, nuestro concepto nos ayuda a resolver los problemas que pueda tener la resolución que rechaza la demanda de quiebra… Se mantiene así una unidad conceptual. Carnelutti arriba a la misma conclusión al tratar de la sentencia de apertura en el derecho italiano. c) Universal y colectiva El carácter universal y colectivo de esta resolución le es conferido por la naturaleza plural de la ejecución donde incide. Es un elemento de la esencia de la sentencia definitiva del juicio de quiebra. Es de alcance universal, porque en ella se “embargan” y ejecutan, no bienes singulares, sino un bien universal, una universalidad jurídica: el patrimonio del deudor. Es de alcance colectivo, porque ella no extiende sus efectos a tal o cual persona determinada, sino a todos los miembros de un determinado status jurídico, pues torna en partes de la ejecución colectiva a todos aquellos que tenían la calidad de acreedores del deudor fallido al tiempo de dictarse la resolución; todos ellos son afectados por la cosa juzgada que emana de la misma. Además, aun en el caso de ser 2222
  20. 20. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS denegatoria la sentencia, si bien de derecho no les afecta la cosa juzgada a los no instantes, de hecho dicha resolución está dentro de la esfera de sus intereses de clase. d) Sentencia que por su solo pronunciamiento causa ejecutoria La sentencia declarativa de quiebra es una resolución ejecutiva; esto significa que arrastra un presunción en contra del obligado a las prestaciones ejecutadas, como ocurre en todas las ejecuciones civiles; por ello, por regla general estas resoluciones causan ejecutoria, esto es, pueden cumplirse no obstante estar pendiente el plazo para los recursos en su contra y, más todavía, no obstante que exista ya un recurso interpuesto en su contra. Pero la particularidad que tiene la sentencia declarativa de quiebra es que no es menester aguardar a su notificación para que pueda ejecutarse, pues basta con que esté perfeccionado el acto jurídico procesal sentencia para que pueda cumplirse. Así se desprende del tenor del art. 64 de la ley, con lo que viene a constituir una excepción al art. 38 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el principio de que a nadie empece una resolución sin su comunicación oficial. En esto nuestra legislación falencial no ha hecho sino seguir al derecho francés y en general a la doctrina común del derecho continental. Al estudiar el desasimiento, nos adentraremos con mayor profundidad en el porqué de esta modalidad especial de la sentencia declarativa. Obviamente, la sentencia que rechaza la petición de quiebra no admite su inclusión entre las resoluciones que causan ejecutoria, pues en ella se está negando toda ejecución. La cosa juzgada de la sentencia declarativa El tema que vamos a estudiar es de suyo delicado, y las conclusiones que resulten son de indudable relevancia en la práctica. Lo que nos interesa, por sobre todo, es el estudio de la excepción de cosa juzgada que emana de la sentencia declarativa. Sabemos que la excepción de cosa juzgada es aquella que resulta del efecto que producen ciertas resoluciones judiciales, en virtud del cual no puede volverse a discutir, ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo sobre una misma materia que ha sido debatida entre las mismas partes. El art. 165 del Código de Procedimiento Civil previene que las sentencias definitivas e interlocutorias firmes producen acción y excepción de cosa juzgada. Junto con éstas, producen acción de cosa juzgada las sentencias que causan ejecutoria, aun cuando no estén ejecutoriadas, resoluciones, estas últimas, típicas de los procesos de ejecución, cuando se dictan contra el ejecutado. La excepción de cosa juzgada, nos dice el art. 177 del Código de Procedimiento Civil, “puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de personas; identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”. Tenemos que analizar entonces cómo actúan estos tres elementos de la cosa juzgada en el juicio de quiebra. a) Identidad legal de personas La regla del alcance subjetivo de la cosa juzgada en la sentencia definitiva está establecida por el art. 3º del Código Civil, que nos dice que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. O sea, sólo quienes son partes en el juicio respectivo pueden oponer la excepción de cosa juzgada. Como nosotros ya aclaramos el concepto de parte, superficialmente se podría pensar que a ellas afecta la relatividad de dichas sentencias. Pero en la práctica sólo a los que integraron la relación procesal se les puede oponer la excepción de cosa juzgada. Vale decir, en aspecto subjetivo del alcance de la cosa juzgada, la sentencia definitiva del juicio de quiebra, sea o no declarativa, no hace excepción a las reglas generales. Nos remitimos a lo dicho al tratar de las partes en el juicio de quiebra. Sin embargo, hay autores que sostienen que la declaración de quiebra (“como todas las sentencias constitutivas”) produce cosa juzgada erga omnes. Puelma Accorsi anota que “la resolución declaratoria afecta no sólo a las partes del juicio de quiebra, sino a terceros, porque crea un estado de derecho nuevo 2323
  21. 21. que origina múltiples consecuencias jurídicas. Es así que un tercero no puede validar un acto de disposición de bienes del fallido realizado con posterioridad a la declaratoria”. Cuzzeri y Cicu dicen al respecto que “esta sentencia en realidad produce un estado contra cualquiera, aunque no haya sido llamado al juicio respectivo”. Y Lyon Caen-Renault, igualmente, eran de la opinión de que “la resolución declarativa tiene un carácter particular, ella produce efecto respecto de todo el mundo, constituye derecho, por derogación de la regla de autoridad relativa de la cosa juzgada”. Nuevamente vemos como trasunto el mito jurídico del “estado de quiebra”, que pena sobre la mayoría de los autores que no adoptan la correcta doctrina procesalista. No existe tal estado de quiebra, que haya sido creado o constituido por la sentencia declarativa, sino sólo un embargo general que por su naturaleza universal sí afecta a todos, como ocurre con cualquier embargo; pero una cosa distinta es la excepción de cosa juzgada que el efecto que lleva anejo el desasimiento de los bienes del fallido. El asunto dice relación con la posibilidad de revisar y modificar el acto procesal que le dio origen; esto es, quiénes no pueden instar por su revisión y modificación, luego de ejecutoriada. Concha Gutiérrez, más o menos en la línea de lo que decimos, sostiene “que la problemática planteada (por esta resolución) no tiene solución en el estado legislativo y doctrinario actual, sino que es menester realizar una revisión del concepto de parte y su modificación”…, lo que obtiene siguiendo la doctrina de Hugo Rocco, quien anotara, en su oportunidad, que “ciertamente si en el concepto de parte queremos hacer que entre tan sólo aquella categoría de sujetos que, en cualquier forma procesal, estuvieron presentes en el juicio, la regla de eficacia interpartes no es exacta, porque hay categorías de sujetos que, si bien permanecieron alejados del juicio, resienten sin embargo los efectos obligatorios de la cosa juzgada, en cuanto no pueden pretender una nueva declaración sobre la relación jurídica declarada a instancia de otro, o sin su participación en el juicio”, para lo cual es necesario “encontrar una regla única que nos dé la clave para la solución de todos los problemas especiales y singulares de los límites subjetivos de la cosa juzgada”. La solución, según Rocco, se contiene en la regla de oro que resume diciendo: “En efecto, puesto que la cosa juzgada no es sino el fenómeno de la extinción del derecho de acción y contradicción, en cuanto siendo el derecho de acción un derecho a la prestación de la actividad jurisdiccional, tal prestación debe reputarse cumplida cuando la acción se haya ejercitado, la eficacia extintiva de la autoridad de cosa juzgada deberá efectuarse con respecto a todos los titulares del derecho de acción y contradicción ejercitado y extinguido”. Continuando dichas reflexiones, Concha Gutiérrez concluye que “tratándose de la acción de quiebra, como cualquier otra acción que persiga la creación de un estado jurídico, no se produce eficacia erga omnes, sino que la eficacia sigue siendo relativa a las partes, pero partiendo de la base de un concepto más amplio y real de parte procesal…”, y dicho concepto más real lleva a Concha Gutiérrez a restringir las partes de la relación procesal de quiebra diciendo que “estaban legitimados para actuar el deudor, el síndico, los acreedores que cumplieron los requisitos para solicitar la quiebra y todos los acreedores que tenían la posibilidad de intervenir en la apertura”. Esta opinión –que no pasa de ser una opinión, pues no se respalda en ningún texto positivo–, si bien alcanza semejantes resultados que lo sostenido por nosotros, creemos que adolece de un vacío fundamental. En efecto, ella no resuelve la situación de los terceros, que sí están legitimados para actuar en la etapa de apertura como oponentes al auto de quiebra (art. 57 L.Q.). Pero nosotros sostuvimos que los terceros eran alcanzados por la autoridad de la cosa juzgada en tanto se apersonaran en el juicio de quiebra. Sin embargo, en virtud de la doctrina expuesta por Concha Gutiérrez, los terceros, se apersonasen o no, deberían someterse a la cosa juzgada, porque estaban legitimados a obrar. Nosotros sustentamos nuestra opinión en lo establecido por las reglas generales en materia de tercería (arts. 18 y ss. del C.P.C.) , que sujetan a los terceros a la fuerza vinculante de las resoluciones dictadas en los pleitos, siempre y cuando hayan devenido partes del mismo, siempre que hayan comparecido en dicho proceso. Sostuvimos, asimismo, que las reglas especiales de la Ley de Quiebras, en que se autoriza la intervención de los terceros, estaban dadas porque sin ellas los terceros no podrían intervenir ni oponiéndose a la declaratoria de quiebras, ni objetando la fecha de cesación de pagos, pues en ambos casos el tercero no estaría 2424
  22. 22. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS defendiendo o poniéndose a cubierto de eventuales lesiones a sus derechos; vale decir, estaría velando por meras expectativas y el art. 23 inc. 2º del Código de Procedimiento Civil niega la legitimidad procesal de los terceros que ocurren al juicio en tutela de meras expectativas. En suma, las legitimaciones especiales para los terceros en la ley concursal hacen aplicación de lo dispuesto al final del art. 23 del Código de Enjuiciamiento: son casos en que la ley autoriza especialmente la intervención de terceros pese a no tener ellos un interés actual en el resultado de la actuación procesal de que se trata. Pero que excepcionalmente se legitime su comparecencia, no obstante la ausencia de interés actual, no significa su exclusión de la norma general en materia de tercerías que otorga el art. 24 del Código de Procedimiento Civil, que sólo extiende los efectos de la res iudicata a los terceros que efectivamente comparecieron. Por lo tanto, nosotros tampoco hemos de convenir con la solución de Concha Gutiérrez; más bien hemos de reafirmar los principios generales de nuestro sistema procesal civil: son alcanzados por la autoridad de la cosa juzgada solamente los que han sido partes en la instancia, sólo los que participaron de la relación procesal, la que es variable según las situaciones que se den, como lo vimos al tratar de la relación procesal en el juicio en estudio. Esta opinión ha sido, por lo demás, tácitamente la mantenida por nuestra jurisprudencia. Ahora, importan algunas precisiones. Es cierto que nuestro proceso de quiebra no hace excepción a las reglas generales en materia de cosa juzgada. Pero también es cierto que la forma especialísima en que actúan dichos principios generales determina las dudas y controversias en torno a este punto. La naturaleza especial de la forma de actuar de la cosa juzgada en el juicio de quiebra no surge tanto de la creación del desasimiento, que ciertos autores han confundido con el fenómeno denominado “estado de quiebra” (expresión que en los Códigos de Comercio tanto francés como chileno se identifica con la cesación de pagos) , sino que con la índole ejecutiva u colectiva de esta ordenación procesal. El carácter ejecutivo es el que determina que las partes, en la generalidad de los casos, sean emplazadas con posterioridad a la sentencia definitiva: todos los acreedores, si la petición fue del deudor u oficiosa, o todos los acreedores menos el accionante, si la petición fue de uno de ellos, devienen partes del proceso de quiebra por la notificación de la sentencia declarativa; sin dicha notificación, el proceso (y, por lo tanto, la sentencia recaída en él) les es inoponible. Situación que no presenta disparidades con la situación del deudor en el juicio ejecutivo singular, aunque, claro, en este proceso el notificado será el deudor y no los acreedores, pero esa diferencia surge de la más profunda entre la ejecución universal y la singular. Los demás efectos de la sentencia de apertura son consecuencia de su naturaleza declarativa; solamente el desasimiento puede considerarse un efecto constitutivo, pero dicho efecto es más in rem que in personae, como lo veremos. Lo que los autores suelen olvidar es que la acción de quiebra no está prescrita en el solo interés del ejercitante de ella; que ella no persigue el pago al titular de la acción, sino la apertura de una ejecución universal inspirada en principios de orden público. No es el sujeto ejercitante el que determina la calidad de parte en el juicio de quiebra, es el interés o intereses tutelados por la quiebra a quienes incumbe determinar dicha aptitud procesal. Ocurre que existe un útil paralelo entre la acción de quiebra y la acción por crimen de acción pública: quien ejercita dicha acción lo hace para poner en movimiento a la jurisdicción en la forma que debe actuar para ese caso específico y no en la forma que determine el capricho del accionante. Quede claro: no es que el ejercitante actúe en representación de todos los interesados y en su solo nombre, sino que la acción que ejercita es la de quiebra, esto es, la de ejecución universal, cuyo procedimiento y características están ordenados por el interés público que la creó. Como contrapartida de lo dicho, se olvida también la naturaleza jurídica de la cosa juzgada, a saber, su naturaleza publicística. Chiovenda claramente nos revela que “esta presunción de verdad (la de la cosa juzgada) es, pues, la base social, la justificación social de la cosa juzgada. Pero no explica la naturaleza del instituto y no debe asumirse para su definición. La cosa juzgada es esencialmente un acto de autoridad del Estado”, con lo que queremos responder a los autores que pretenden crear toda una entelequia para revestir la cosa juzgada de la sentencia de quiebra de una presunción de verdad o legitimidad social. No hay 2525
  23. 23. que olvidar que las reglas dadas para la sentencia que declara la quiebra deben poder aplicarse también a la que rechaza la demanda y en el caso de Chile se dan situaciones que atentarían contra la presunción de verdad de la sentencia definitiva del juicio de quiebra que, pese a interesar a varios, produce cosa juzgada sólo respecto de algunos (caso de la sentencia denegatoria recaída en la solicitud del deudor). Pues bien, los límites subjetivos de la cosa juzgada en la sentencia de quiebra no son distintos de los de otro proceso civil; lo que sucede es que están ordenados de un modo diverso a los del proceso ordinario de cognición, porque es un juicio ejecutivo; y están ordenados en forma diversa a la ejecución individual, porque es una ejecución universal. Y aun hechos estos alcances, se observan ciertas reglas, en apariencia especiales, que surgen de la estructuración de orden público de este proceso. Pero en todo se respeta la “presunción de verdad” de que hablaba Savigny, pues no se vulnera el principio de la bilateralidad de la audiencia: todos quienes son afectados por la autoridad pública de la sentencia, tuvieron la oportunidad procesal para ejercer sus derechos. b) Identidad de cosa pedida La pregunta inmediata que surge es qué se pide en el ejercicio de la acción de quiebra. La respuesta, a estas alturas, se impone por sí misma: la cosa pedida es la apertura de una ejecución universal en contra de un deudor insolvente, fundada en que se dan los presupuestos de la acción respectiva. Quien pide la quiebra no ejerce la misma acción que quien ejecuta individualmente; sólo respecto del ejercicio de la acción de ejecución universal opera la excepción de cosa juzgada. Si un acreedor pide la quiebra y le es rechazada su solicitud, bien puede ejecutar singularmente al deudor, sin que éste pueda oponerle en tal evento la excepción de cosa juzgada (lo que es extensivo a la excepción de litispendencia). En efecto, la acción ejecutiva singular, dentro de la quiebra, como ha dicho Satta, “no debe ser entendida en el sentido estricto de la agresión a los bienes del deudor que se cumple a través del proceso de ejecución, sino en el sentido más amplio de la acción dirigida a asegurar la conservación y realización de la garantía patrimonial, como puede ser, v. gr., la acción subrogatoria, revocatoria, secuestros, etc.…”. Vale decir, que la acción de quiebra difiere de la acción ejecutiva individual, en cuanto a la cosa pedida. La acción ejecutiva individual está representada en el juicio de quiebra por la demanda de admisión (verificación de créditos) , pero no por la acción de quiebra propiamente tal. c) Identidad de causa a pedir La causa, en nuestro ordenamiento procesal, es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. En el caso de la quiebra la causa es la cesación de pagos (esto es, la existencia de un crédito indisputado, que no necesariamente debe respaldarse en un título ejecutivo y un patrimonio incapaz de satisfacerlo). Ahora, la fortuna es, particularmente en nuestros tiempos vertiginosos, esencialmente variable y puede suceder que quien ayer fue premiado por ella hoy sufre bancarrota, de manera que un crédito puede no estar vencido hoy y mañana sí a consecuencia del desarreglo sobreviniente a la hacienda del deudor: se produjo el vencimiento general y anticipado de su pasivo, la caducidad generalizada de los plazos que lo beneficiaban. De forma que si una sentencia definitiva no dio lugar a la quiebra por no existir cesación de pagos, su efecto material se refiere sólo a dicho tiempo, pero no se pronuncia sobre la fortuna futura del deudor. De aquí el carácter esencialmente provisional de la cosa juzgada de esta resolución; no del fallo en sí, que es inmodificable, sino del fundamento de hecho del mismo. Pero la causa de la acción de quiebra en nuestro derecho está constituida por los hechos reveladores taxativamente contemplados en la ley; ellos son el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Si el acreedor solicita la quiebra por una determinada causal y su petición le es rechazada, la sentencia produce cosa juzgada, pero sólo respecto de la forma concreta en que se ha invocado dicha causal. Bien puede el acreedor solicitar la quiebra arguyendo otra causal, o bien la misma en forma diversa o con nuevos antecedentes, y a dicha petitoria no se le puede oponer la cosa juzgada que nace de la denegatoria anterior. Esto porque, en el fondo, nuestro sistema tiene como causal trasunta la cesación de pagos. Así, no es la existencia de la obligación lo relativo, sino la existencia de ésta como hecho revelador del estado de cesación de pagos. 2626
  24. 24. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS Por lo anterior pensamos que la sentencia definitiva del juicio de quiebra, a diferencia de lo que ocurre con la sentencia definitiva en la ejecución singular, produce cosa juzgada material, porque en el fondo se pronuncia sobre los presupuestos materiales de la acción de quiebra; ella no puede ser modificada una vez firme. Concha Gutiérrez, que también comulga con el carácter material de la cosa juzgada que emana de esta resolución, agrega: “En su aspecto constitutivo (la sentencia declaratoria) , esto es, en cuanto crea el estado de quiebra, produce cosa juzgada provisional, pues cuando cambia la situación de hecho que le daría fundamento, el estado de quiebra debe desaparecer”. Ya hemos dicho que no existe tal estado de quiebra, es sólo una figuración analógica hablar así; existe un embargo general que cesa en tanto se satisfaga a los acreedores, sea por pago u otro modo. Si esto último sucede, se cierra el proceso por agotamiento o por arreglo convencional; no se altera la cosa juzgada material de la sentencia declaratoria, muy por el contrario, se lo confirma en plenitud en cuanto a que estuvo bien abierto el concurso. Pensar de un modo opuesto nos permitiría decir que si un deudor paga o llega a una transacción con su acreedor en la ejecución singular que le ponga término, se estaría alterando la cosa juzgada de la sentencia del mismo juicio que rechazó las excepciones del ejecutado, lo que es absurdo. 6. LA OPOSICION A LA EJECUCION UNIVERSAL (RECURSO ESPECIAL DE6. LA OPOSICION A LA EJECUCION UNIVERSAL (RECURSO ESPECIAL DE REPOSICION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DECLARATIVA)REPOSICION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DECLARATIVA) a) Naturaleza jurídica del recurso especial de reposición En los arts. 56 y ss. de la Ley de Quiebras se regula el medio procesal idóneo para revertir la declaración de quiebra, en un sentido accesorio, esto es, alterar la calificación del deudor, y en un sentido principal, a saber, alzar la quiebra. La ley califica este instrumento como “recurso”, pero nos parece que de recurso sólo tiene el nombre, pues se trata más bien del contradictorio postergado común a toda ejecución civil aplicado a la ejecución colectiva que es la quiebra, equivalente a la oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo para obligaciones de dar regulado en nuestro Código de Procedimiento Civil (arts. 459 y ss. del C.P.C.). Las razones son múltiples y las veremos a continuación. En primer término, por regla general la reposición no procede contra sentencias definitivas, como es el caso de ésta instituida para impugnar la sentencia de quiebra, que, sin duda, es definitiva. En segundo lugar, su plazo de interposición es de 10 días y no de cinco, como sucede en la reposición ordinaria. En tercer lugar, sólo procede contra la sentencia que acoge la acción de quiebra, esto es, la sentencia declarativa y no contra la sentencia denegatoria, que sólo es apelable, y no se ve por qué una resolución de la misma naturaleza procesal sólo es susceptible de ser recurrida cuando es de signo positivo. En cuarto lugar, esta reposición no suspende los efectos de la sentencia impugnada, en tanto que en la reposición ordinaria sí procede dicha suspensión. En quinto lugar, esta reposición tiene un plazo fatal y único, en tanto que la reposición ordinaria puede interponerse en cualquier tiempo si se aportan nuevos antecedentes (art. 181 del C.P.C.) y normalmente en la reposición especial se aportarán nuevas pruebas y antecedentes, tanto así, como que es de la esencia de su tramitación que se sujete a las normas de los incidentes. En sexto lugar, si esta reposición fuera un recurso, se daría el absurdo de que el juicio de quiebra no se ajustaría a las normas del debido proceso, porque no contemplaría un mecanismo de contestación y prueba, sino que inmediatamente un recurso contra un juicio agotado ya en sentencia definitiva. En séptimo lugar pueden interponerlo personas que no participaron en el proceso de antequiebra, y por motivos diversos (los demás acreedores y los terceros interesados). Aún el propio deudor que solicitó su quiebra puede reponer, principio reconocido en el Código de Comercio y no desmentido en el texto hoy en vigor, pues la ley no hace distinciones al momento de legitimar al fallido para interponerlo. Esta es tal vez la razón determinante para excluir del género de recursos procesales stricto sensu a la reposición especial. En efecto, los terceros interesados y los acreedores no sólo no han sido habitualmente parte de la relación procesal previa que dio apertura al concurso, sino que además sus reposiciones no 2727
  25. 25. tienen por qué versar sobre el mismo debate que antecedió a la quiebra. Ellos, por sus propios arbitrios y medios de prueba, pueden desvirtuar la sentencia de quiebra. Es más, el mismo hecho de que el deudor pueda siempre oponerse a la quiebra por esta vía, aun en el caso de que él haya solicitado su propia quiebra, como expresamente lo admitía el Código de Comercio y como no lo prohíbe el texto actual, se opone a la noción misma de recurso que normalmente es resorte de la parte agraviada por la resolución y no de la parte complacida por ella. En octavo lugar, se tramita siempre en forma incidental, esto es, supone prueba, a diferencia de la reposición ordinaria, que se puede resolver de plano. En noveno lugar, porque la sentencia que resuelve la reposición especial es una sentencia definitiva, como lo ha sostenido nuestra jurisprudencia invariablemente desde 1926. En décimo lugar, porque la resolución que resuelve la reposición especial es siempre apelable, sea en el solo efecto devolutivo, sea en ambos efectos, lo que no ocurre con el recurso de reposición ordinario del Código de Procedimiento Civil. En undécimo lugar, abunda en el mismo sentido la circustancia de que la “contraparte” en este “recurso” no es el peticionario de la quiebra por el solo ministerio de la ley. El art. 57 de la Ley de Quiebras señala que “en él podrá ser parte el que lo hubiere interpuesto y podrán también serlo, el fallido, el que hubiere solicitado la quiebra y el síndico” y añade que “los demás acreedores y terceros interesados podrán intervenir como coadyudantes”, lo que desde luego no cabría en un recurso de reposición propiamente tal, en que sólo es parte quien lo interpone y su legítimo contradictor, siempre que no se resuelva de plano. La historia de la denominación recurso de reposición viene del Código de Comercio español de 1829, arts. 1028 a 1033, que la empleó por primera vez. El Código de Comercio francés de 1838 no emplea tampoco la palabra “reposición”, sino que la expresión “opposition”, pero siempre dentro del título “des voies de recours contre les jugements rendus en materière de faillite”, arts. 580 y ss. En nuestro Código de Comercio de 1865 la ley denominaba este instrumento reposición, sin la nota de “especial” (arts. 1380, 1381, 1382 y 1386) , pero también emplea la voz “oposición” para referirse al mismo (arts. 1384 y 1385). En el Código de Procedimiento Civil el mecanismo de reclamación contra la apertura del concurso civil necesario, lleva también la denominación de oposición (antiguo art. 693 del C.P.C.). Fue la Ley Nº 4.558, de 1929, la que reguló al actual sistema y que introdujo ese acento de “especial” a este recurso de reposición, advirtiéndonos con ello la autonomía del instituto en relación a la reposición civil. Esta denominación de “reposición” o de “recurso” se emplea hasta hoy en el derecho español, argentino, panameño, peruano y boliviano. Nosotros sostenemos que este mecanismo es más bien el contradictorio postergado del juicio de quiebra, equivalente en forma absoluta a la oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo singular regulada en los arts. 459 y ss. del C.P.C. Como señala el profesor Concha Gutiérrez, “la verdad es que esta oposición a la sentencia declarativa que permite cambiar la calidad en que fue declarado en quiebra el deudor o revocar totalmente la sentencia, no se aviene totalmente al nombre que nuestra Ley de Quiebras le dio: recurso especial de reposición. Lo exacto es que ella representa un contradictorio postergado…”. Asimismo, Provinciali nos dice que “la impugnación concedida es, pues, no la apelación, como norma ordinaria que corresponde a la sentencia dictada en juicio contradictorio en primera instancia, sino la oposición, remedio específico del proceso ejecutivo”. José Antonio Ramírez explicando el derecho español anota que “contra el auto declaratorio de quiebra no se da en nuestro ordenamiento jurídico positivo ninguno de los llamados ‘recursos contra las resoluciones judiciales’, sino un remedio impugnatorio llamado oposición, que también se usa contra el embargo preventivo y contra el despacho de ejecución”. Augusto Menéndez señala que “obtenida la declaración de falencia del deudor y asegurados sus bienes, debe dársele a éste la oportunidad de ejercer adecuadamente aquel derecho, a fin de obtener su revocación. A ello tiende el procedimiento de impugnación prescrito por la ley, ya que contra la resolución declarativa de quiebra no proceden directamente los recursos normales previstos por los códigos de rito…”, y añade “medio de impugnación que contempla y contemplaron con anterioridad nuestros regímenes concursales… que ha sido calificado tradicionalmente como oposición”. Bonelli, en el mismo sentido, 2828
  26. 26. TERCERA PARTE. ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE QUIEBRAS anotaba que “la sentenza dicharativa ha di per sè un valore provisorio, en non diventa definitiva, se non trascorso un certo termine, durante il quale e’soggetta ad essere riportata a nuovo esame, e questa volta colle forme d’un vero giudizio in contradittorio…” y añade que “L’atto con cui si propone questo nuovo esame e’chiamato nella nostra legge opposizione” y advierte ya entonces que no hay que ver en esta oposición “una sottospecie della ordinaria opposizione contumaciale. Questo errore e molto diffuso, sull’esempio dei francesi, tra i nostri escritori”. Está claro, la reposición especial contra la sentencia declarativa no es un recurso stricto sensu. ¿Qué es entonces? A nosotros nos parece evidente que estamos ante la oposición a la ejecución del juicio de quiebras, equivalente a la oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo singular, esto es, estamos ante el contradictorio postergado y eventual propio de toda ejecución civil. No es curiosidad histórica que en la regulación de nuestro juicio ejecutivo no exista un trámite de “contestación de la demanda”, sino que derechamente un mecanismo denominado de “oposición a la ejecución” (arts. 459 y ss. del C.P.C. en el caso de ejecución ordinaria y arts. 234 y ss. del C.P.C. en el caso del juicio ejecutivo especial denominado de cumplimiento incidental de sentencia) y que el plazo para interponer dicha oposición no se cuente desde la notificación de la demanda, sino que desde el requerimiento de pago. En los juicios de ejecución lo primero que resuelve el juez es si ha lugar o no a la ejecución, sea singular sea universal. Luego el deudor en la ejecución singular o el mismo deudor y los terceros interesados –acreedores incluidos– no contestan la demanda ejecutiva –o solicitud de quiebra–, sino que se oponen a la ejecución desvirtuando el título de la ejecución abierta, sea desvirtuando el título de ejecución en la cobranza individual, sea desvirtuando la prueba de insolvencia en la ejecución colectiva. En ambos casos no se impugna o contesta el libelo propiamente tal, sino que la resolución que provee la demanda ejecutiva. Así, la naturaleza procesal del denominado recurso de reposición no se ajusta a la noción de recurso de reposición del art. 181 del C.P.C., sino que a la oposición a la ejecución propia de los juicios ejecutivos. Es, como se ha dicho reiteradamente en este trabajo, el contradictorio postergado y eventual propio de la quiebra en tanto ejecución civil. Lo anterior no se contradice con la denominación de recurso, porque como toda oposición a una ejecución, la oposición es contra la resolución ejecutiva y no una “contestación de la demanda”, pero no es un recurso procesal, asimilable a los recursos ordinarios o extraordinarios de los códigos de procedimiento, salvo que entendamos que toda oposición a una ejecución, incluida la de los arts. 234 y ss. del C.P.C. y arts. 459 y ss. del mismo Código, es también ¡recurso! Como anota Ramírez, “desde luego la oposición es una propia y verdadera impugnación, al igual que los recursos; pero se diferencia de ellos, porque si bien, como éstos, ataca la resolución judicial, en lugar de impugnar simplemente su legalidad –característica de los recursos–, lo hace, además, en sus presupuestos”. Para redondear la idea, queremos dejar en claro que la equivalencia de la oposición a la ejecución con la reposición especial es sólo analógica. La oposición al juicio de quiebra es una herramienta propia de la ejecución colectiva, que aunque tiene el mismo molde que la oposición a la ejecución singular, sufre enormes transformaciones trasplantada a un proceso ejecutivo universal y colectivo. Esta tesis de que la reposición especial, reposición u oposición a la sentencia declarativa de quiebra es el verdadero contradictorio postergado, propio de toda ejecución, es sostenida prácticamente por la unanimidad de la doctrina extranjera, aunque cada autor matiza dicha naturaleza en forma distinta. En Chile la doctrina se ha dejado arrastrar por la denominación legal de este instrumento procesal de impugnación, excepción hecha por el profesor Carlos Concha en su obra sobre el proceso de quiebra que hemos citado. Pero todos los autores se ven forzados a señalar que no es un recurso de reposición del Código de Procedimiento Civil, no sólo en cuanto a que se tramita en forma diversa de aquél, sino que, por su finalidad, se puede producir toda la contienda que no se originó antes de la declaratoria de quiebra. Lo mismo Puelma Accorsi, quien también asume que “presenta varias peculiaridades que lo diferencian de la reposición ordinaria y de otros recursos”. Y ya citamos a Palma Rogers, quien estima necesarias, en este recurso, varias y muy delicadas pruebas. 2929

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