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ABREVIATURAS
§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P...
8
Lecciones de Derecho Civil Chileno - Tomo II
R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repertorio del C...
11
§ 1. Las fuentes de las obligaciones
1. Concepto de fuentes de las obliga-
ciones. Las fuentes de las obligaciones,
con...
12
Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
o legado y en todos los cuasicontratos; ya a con-
secuencia de un hec...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
Pero la doctrina no está de acuerdo con el
f...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
B. Requisitos para que opere la teoría del
abuso del Derecho.
a) El d...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
7. Enriquecimiento sin causa como
fuente de ...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
y la unanimidad de la jurisprudencia se in-
clinan por el rechazo de ...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
pre la acción de reembolso exige que sea
nec...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
a) Ofrecimiento unilateral de recom-
pensa por el hallazgo en el caso...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
En cambio, en el Derecho moderno el
contrato...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
A la definición precedente se le hacen
las siguientes críticas:
a) El...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
sustento a la revisión judicial del contrato...
22
Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
11. Clasificación de los contratos. La
clasificación de los contratos...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
posteriores de las partes, las cartas enviad...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
Por otra parte, es interesante comparar
el proceso de interpretación ...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
subjetiva “se basan en la investigación de
l...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
Antes de entrar a determinar cómo se
establece la voluntad virtual se...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
del C.C. al juez, si no es impedirle recurri...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
que emanan precisamente de la naturaleza de
la obligación, o que por ...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
contrato es válido, en lugar del que deje al...
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Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones
Es del caso señalar que es importante
distinguir, en la aplicación de...
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Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General
un alcance equivocado con el pretexto de
int...
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  1. 1. 7 ABREVIATURAS § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Párrafo C. de C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código de Comercio chileno C. del T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código del Trabajo C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corte de Apelaciones C.Ae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Aeronáutico C.B.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservador de Bienes Raíces C.O.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Orgánico de Tribunales C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Penal chileno C.Pd.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código de Procedimiento Penal C.P.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitución Política del Estado [chilena] C.P.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Procesal Penal C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corte Suprema C.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Tributario D.G.R.N. . . Dirección General de los Registros y del Notariado [España] D.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto Ley D.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diario Oficial D.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto Supremo F. del M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallos del Mes G. de T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaceta de los Tribunales G.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaceta Jurídica IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Índice de Precios al Consumidor J.C. de S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juzgado Civil de Santiago J.P.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juzgado de Policía Local LERL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes L. de Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Quiebras L.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Filiación LOCD . . . Ley de Operaciones de Crédito de Dinero o de Operaciones de Dinero y Otras Obligaciones de Dinero [Ley Nº 18.010] L.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Prenda Agraria [Ley Nº 4.097] L.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Prenda Industrial [Ley Nº 5.687] L.P.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Protección de Menores L.P.S.D. . . . . . . . . . . Ley de Prenda sin Desplazamiento [Ley Nº 20.190] L.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de Sociedades Anónimas [Ley Nº 18.046] L.T.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley sobre Tribunales de Familia
  2. 2. 8 Lecciones de Derecho Civil Chileno - Tomo II R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repertorio del Código Civil chileno R.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro Conservatorio R.D.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revista de Derecho y Jurisprudencia R.H.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de Hipotecas y Gravámenes R.R.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reglamento del Registro Civil UF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidad de Fomento UTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidad Tributaria Mensual
  3. 3. 11 § 1. Las fuentes de las obligaciones 1. Concepto de fuentes de las obliga- ciones. Las fuentes de las obligaciones, conforme a lo ya señalado, son los hechos jurídicos que les dan nacimiento, o sea, que originan o que generan obligaciones. 2. Visión histórica de las fuentes de las obligaciones. En las Institutas de GAYO (GAYO I. 3, 88) se señala que las fuentes de las obligaciones son el contrato (obligaciones “ex contractu”) y el delito (obligaciones “ex delicto”). Para el Derecho romano clásico, las forma- lidades o ritualidades eran consustanciales al nacimiento de la obligación, por lo que ésta no nacía de un “acuerdo de voluntades”. Las obligaciones se generaban por la stipu- latio o provenían de determinados estatutos contractuales cerrados. Posteriormente, en el Digesto de JUSTINIANO se distinguió entre contrato, delito y negocios jurídicos diversos (variis causurum figuris).1 Los conceptos de cuasicontrato y cua- sidelito civil se extienden por el Pretor, entendiéndose éstos como ciertos hechos que generan obligaciones y que pueden ser asimilados, en cierta forma, al contrato (quasi ex contractu) o al delito (quasi ex delictum maleficium). Estas figuras no se encuentran en el Corpus Iuris. Los glosadores boloñeses las abreviaron utilizando las expresiones ex quasi contractu y ex quasi delictum maleficium y de ahí se acogió por la doctrina civil.2 1 El Digesto (D. 44, 7, 1) señala que “las obligaciones nacen sea de un contrato, sea de un maleficio, sea de cierto derecho por distintos tipos de causas. (...)”. 2 Vid. infra Nº 1, § 1, capítulo VIII, sección 2ª, tomo I. Dicha alteración de quasi ex contractu que significaba “como de contrato”, a ex quasi contractu fue C ap ítul o I DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES Y LOS CONTRATOS EN GENERAL Finalmente, la doctrina moderna agrega la ley como fuente de las obligaciones.3 3. Las fuentes de las obligaciones en el Derecho civil chileno. Los artículos 1437,4 2284 y 578 del C.C. se encargan de señalar cuáles son las fuentes de las obligaciones en el Derecho chileno. La disposición funda- mental en esta materia es el artículo 1437, que señala que “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia primordial en la adopción posterior de la expresión cuasicontrato. En virtud de la primera expresión estas figuras se asimilaban a los contratos y se entendía que habían nacido de un contrato, aunque ello no fuese así. En cambio, en virtud de la segunda acepción, se considera a los cuasicontratos como verdaderos contratos. De esta forma, se entendió que los cuasi- contratos eran una figura contractual, que daba lugar a responsabilidad contractual, como el cuasidelito es una figura que da origen a la responsabilidad extracontractual. ALBALADEJO GARCÍA, M., op. cit., Derecho Civil, Derecho de obligaciones, tomo II: Derecho de obligaciones, volumen segundo: Los contratos en par- ticular y las obligaciones no contractuales, Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1994, p. 250. 3 A POTHIER se le atribuye el descubrimiento de esta quinta fuente de las obligaciones. 4 Este artículo aparece solamente en el P. In., artículo 1615, que decía: “Las obligaciones nacen o de la ley, o de actos y declaraciones voluntarios del hombre, como el testamento, la donación, un contrato, la aceptación de una herencia o legado”. Obras Completas de BELLO, op. cit., tomo XV: Código Civil de la República de Chile, tomo II, Fundación La Casa de Bello, Caracas, Venezuela, 1981, p. 381. Sin perjuicio de lo señalado en la obra citada, el artículo 1615 parece ser más bien el precedente del artículo 2284 del C.C.
  4. 4. 12 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones o legado y en todos los cuasicontratos; ya a con- secuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la Ley, como entre los padres y los hijos de familia”. A su vez, el artículo 2284 del C.C., que está ubicado en el Título XXXIV del Libro IV de- nominado “De los Cuasicontratos”, se refiere también a las fuentes de las obligaciones. Sin embargo, a diferencia del artículo 1437 del C.C., agrupa las fuentes de las obligaciones en tres: las que se contraen sin convención, nacen de la ley (fuente legal), o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho es lícito, se trata de un cuasicontrato (fuente cuasicontrato), si es ilícito puede ser un delito cuando concurre dolo (fuente delito civil) o un cuasidelito cuando concurre culpa o negligencia (fuente cuasidelito civil). Pero las obligaciones contractuales (fuente con- tractual) se desprenden a contrario sensu de la primera parte de la disposición que señala “las obligaciones que se contraen sin convención”. Entonces, el artículo 2284 del C.C. diferen- ciaría claramente entre las obligaciones con- tractuales y no contractuales, entendiendo que este último grupo comprende no sólo al delito y cuasidelito civil, sino también a las obligaciones legales y cuasicontractuales. El artículo 578 es sumamente revelador al efectuar la misma distinción precedente, al señalar que “los derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas (...)”. Ello se desprende de la referencia a las personas que “por un hecho suyo (...) han contraído las obligaciones correlativas”. En definitiva, se puede apreciar cómo BELLO se ciñe a la teoría voluntarista de la relaciónjurídica.Envirtuddeellalasobligacio- nes tienen su fuente ex lege o ex contractu. Independientemente de cuál es la fuente supletoria de las obligaciones, las fuentes de las obligaciones para el ordenamiento jurídico chileno son el contrato, el cuasicon- trato, el delito o cuasidelito civil y la ley. 4. Clasificación de las fuentes de las obligaciones. Los hermanos Henri y León MAZEAUD, de la Universidad de París, y Jean MAZEAUD clasificaron las fuentes, en torno a su origen, en ex-voluntae y ex-lege: a) Fuentes voluntarias. Son las que tienen su fuente en la voluntad del deudor o del deudor y acreedor. b) Fuentes no voluntarias. Son las que tienen su origen en una obligación que se impone al deudor, independientemente de su voluntad, ya sea por la ejecución de un ilícito culposo o doloso que produce daño, ya sea que la obligación se genere sin culpa, como el cuasicontrato. De este modo, en el primer grupo de fuentes están el contrato y la declaración unilateral de voluntad –que en nuestro or- denamiento jurídico no se acepta como fuente de las obligaciones– y en el segundo, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito civil y la ley. 5. Análisis de fuentes de las obligaciones no consideradas en el Código Civil chile- no. Conforme a la doctrina y el Derecho comparado existen también las siguientes fuentes de las obligaciones: a) La teoría del abuso del Derecho. b) El enriquecimiento sin causa. c) La declaración unilateral de volun- tad. 6. La teoría del abuso del Derecho como fuente de las obligaciones. A. Breve análisis histórico. La teoría del abuso del Derecho se fundamenta en la “falta en el ejercicio de un derecho” que se traduce en un conflicto, de alguna forma paradójico, entre un derecho subjetivo con el Derecho entendido como derecho objetivo.5 5 De esta forma, L. JOSSERAND señala que “en vano se objetará que el titular ha ejercido un de- recho, ya que ha cometido una falta en el ejercicio de ese derecho y es precisamente esa culpa lo que se llama abuso del Derecho; un acto cumplido de conformidad con determinado derecho subjetivo puede estar en conflicto con el derecho general, con el derecho objetivo...”. Vid. JOSSERAND, Louis, Del abuso de los derechos y otros ensayos, Monografías Jurídicas, Nº 24, Editorial Temis, S.A., 1999, p. 4. Para el referido autor esta figura ya se encuentra presente en el Derecho romano con el aforismo summum jus, summa injuria o en GAYO cuando indica que no se debe abusar de los derechos (male enim nostro jure uti nom debemus).
  5. 5. 13 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General Pero la doctrina no está de acuerdo con el fundamento de esta teoría, presentándose distintas posiciones al respecto. Así, el abu- so del Derecho encuentra su fundamento teórico en un interés legítimo afectado, en el fraude a la ley o en la responsabilidad extracontractual.6 El estudio de la teoría del abuso del Derecho también se hace como límite al ejercicio de los derechos subjetivos.7 Esta teoría comenzó a desarrollarse en torno al derecho de propiedad. De esta forma, en los casos en que el propietario, al ejercer el más absoluto de los derechos, es decir, el dominio, dañaba a otro debía responder, como si abusa de su derecho al subsuelo o al espacio aéreo. La teoría del abuso del Derecho, en un principio, no fue acogida por el Derecho comparado. A favor de ella estaban auto- res como JOSSERAND, RIPERT y CAPITANT y en contra PLANIOL y BONNACASE, pero en definitiva se terminó imponiendo en la mayoría de los países europeos.8 En el Derecho español se acepta expre- samente en el artículo 7.2º del C.C.9 En 6 Algunos autores, como Manuel ATIENZA y Juan RUIZ, diferencian entre abuso del Derecho y colisión de derechos. En ésta se produciría una colisión en- tre derechos subjetivos; en cambio, en el abuso del Derecho se produce un conflicto entre un derecho subjetivo y un principio de Derecho. Vid. ATIENZA, Manuel y RUIZ, Juan, Ilícitos atípicos, Editorial Trotta, 2000, p. 42. 7 CARRASCO PERERA, Ángel (Director), Derecho Civil, op. cit., Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de propiedad, Tecnos, Madrid, España, 1996, pp. 340 a 342. 8 En el Derecho europeo el abuso del Derecho se regula por normas generales y especiales. Así, por ejemplo, el Derecho español trata el abuso del Derecho en los artículos 7.2º –con alcance general– y 1º de la Ley general de defensa de los consumidores con un ámbito particular o específico en torno al Derecho del consumo. Pero, para algunos autores, dicha norma al estar inspirada en una Directiva Comunitaria, que trata de homogeneizar el comercio en los países de la actual Unión Europea, tiene aplicación general en materia de contratos y no sólo respecto al Derecho del consumidor. BADENAS CARPIO,JuanManuel, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coordinador), Comentarios a la Ley de condiciones generales de la contratación, pp. 40 a 43. 9 “Artículo 7.2º. La ley no ampara el abuso del Derecho. o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión el BGB alemán el abuso del Derecho se consagra en el § 226.10 que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrati- vas que impidan la persistencia en el abuso”. El análisis de la jurisprudencia, a que ha dado origen este ar- tículo, es interesante. El referido artículo 7º contiene dos conceptos: ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (artículo 7.1º) y el abuso del Derecho o ejercicio antisocial del mismo (artículo 7.2º). Sin embargo, la jurisprudencia los ha hecho sinónimos, no distinguiendo claramen- te entre ellos. Para Federico RODRÍGUEZ MORATA, la diferencia entre estos supuestos radica en que la contrariedad a la buena fe consiste en que un derecho se ejerce maliciosamente contra el sujeto pasivo de la relación jurídica. En cambio, el abuso del Derecho no guarda relación con ninguna persona en forma directa. Así, el abuso del Derecho es el ejercicio de un derecho absoluto en forma antisocial o contrario a las instituciones propias del Derecho. Vid. RODRÍGUEZ MORATA, Federico, op. cit., “Tema 16: El ejercicio de los Derechos”, CARRASCO PERERA, Ángel (Director), Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de propiedad, Tecnos, 1996, p. 340. 10 “Párrafo 226 (Prohibición de hostigamiento). El ejercicio de un derecho es inadmisible si su propósito sólo es el de causar daño a otro”. Karl LARENZ resalta que la redacción de la dis- posición es muy exigente, ya que el ejercicio del derecho debe tener por único objeto perjudicar a otro. LARENZ, Karl, op. cit., Derecho Civil. Parte General, Editorial Revista de Derecho Privado, Jaén, España, 1978, p. 298. Incluso en la actualidad se debe diferen- ciar entre teoría del abuso del Derecho, acto propio, fraude a la ley o desviación de poder. Manuel ATIENZA y Juan RUIZ tratan ese tema de forma muy interesante. Para dichos autores, el abuso del Derecho habría nacido como una respuesta al formalismo legal y al absolutismo de los derechos. Para estos autores, la fuerza de esta figura está precisamente en lo que los autores clásicos le reprochan: su indeterminación, que permitiría vincularla con otras, como la de los ilícitos atípicos. En virtud de ella, la posible aplica- ción de una norma debe desecharse si atenta contra un principio del Derecho. Tal vez el aspecto más interesante del trabajo de ATIENZA y RUIZ consiste en dar las razones justificativas de la relación entre propiedad y abuso del Derecho. En tal sentido, los autores señalan que en la calificación del abuso se encuentran “razones de principio y no simplemen- te razones de directriz”. El abuso del Derecho se diferenciaría de la colisión de derechos en que en
  6. 6. 14 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones B. Requisitos para que opere la teoría del abuso del Derecho. a) El derecho subjetivo, que da lugar al abuso, no debe ser absoluto. Como planteara JOSSERAND, los dere- chos absolutos no se ven afectados por esta teoría.11 Estos derechos absolutos son los que se dejan a la total discrecionalidad de su titular, como el derecho a casarse, negar el asenso para el matrimonio de los hijos, etc. Pero en la actualidad es cada vez más difícil encontrar ejemplos de derechos ab- solutos. Así, la patria potestad dejó de ser un derecho absoluto y la propiedad hace mucho que ya no lo es. b) Ejercicio abusivo de un derecho. Para algunos autores el abuso se mira como una situación asimétrica entre el be- neficio alcanzado con el ejercicio de un derecho y el daño causado a un tercero. A su vez, también es posible asimilar esta falta de asimetría simplemente con el ejercicio doloso de un derecho que tendría como único objetivo dañar a un tercero. Pero también existen casos más discutibles en los cuales simplemente se deforma un derecho o se ejerce más allá de lo que corresponde.12 ésta se exige como prerrequisito la existencia de derechos; en cambio, el abuso del Derecho exige la colisión con un principio de Derecho. Los referidos autores se hacen cargo de la principal crítica que se le puede hacer a su teoría de los ilícitos atípicos: si los jueces pueden excluir una aplicación concreta de una norma en virtud de un principio, entonces el sistema jurídico perdería toda certeza y estaría entregado al temperamento de los jueces. En tal sentido, incluso se puede considerar tal solución como antidemocrática, ya que permite que uno de los poderes del Estado, menos legítimo en su origen, pueda revocar la voluntad popular expresada en el Congreso, es decir, la ley. ATIENZA, Manuel y RUIZ, Juan, op. cit., Ilícitos atípicos, Editorial Trotta, 2000. 11 JOSSERAND, Louis, op. cit., Del abuso de los derechos y otros ensayos, Monografías Jurídicas, Nº 24, Editorial Temis S.A., 1999, p. 16. 12 En realidad esta aplicación concreta puede dar origen a otras figuras, como la teoría del le- vantamiento del velo. Dicha teoría permite aplicar un estatuto jurídico a una persona jurídica que corresponde a sus miembros, es decir, asimila o identifica a la persona jurídica con sus miembros. Así sucede en el Derecho comparado respecto de En el Derecho alemán, Karl LARENZ seña- laba que la jurisprudencia había aplicado esta teoría no obstante el restringido tenor literal del § 226 del BGB.13 En el Derecho español “el abuso del Derecho viene de- terminado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho”.14 El ejercicio abusivo del Derecho debe afectar, como señalan ATIENZA y RUIZ, algún principio del Derecho. Sin perjuicio de lo señalado preceden- temente, no se puede dejar de lado que la teoría del abuso del Derecho tiene una aplicación restringida, ya que atenta contra la certeza jurídica. c) Perjuicio de los terceros. Para algunos autores, el perjuicio del tercero no debe reportar un beneficio para el titular del derecho o a lo menos debe haber una gran desproporción entre el provecho obtenido y el daño causado. Por ello, si al titular del derecho le reporta un beneficio económico considerable el ejercicio del derecho, en principio no hay abuso del Derecho. la persona jurídica creada para defraudar a tercero. RODRÍGUEZ MORATA, Federico, op. cit., “Tema 16: El ejercicio de los derechos”, CARRASCO PERERA, Ángel (Director), Derecho Civil. Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de propiedad, Tecnos, 1996, p. 341. 13 Así se aplicaba la teoría del abuso del Derecho en los casos del ejercicio ilícito de un derecho que daña a otro (§ 226 BGB), ejercicio aparente de un derecho contrario a las buenas costumbres (§ 826 del BGB) o en los actos contrarios a la buena fe (§ 242 del BGB). LARENZ, Karl, op. cit., Derecho Civil. Parte General, Editorial Revista de Derecho Privado, Jaén, España, 1978, p. 297. Esta norma fue ligeramente modificada por la Ley sobre actualización del Derecho de las obligaciones (“Schuldrechtsmodernisierungsgesetz”), de 1º de enero del 2002, que afectó los Libros I (Parte General) y II (Derecho de las obligaciones). Así, en su nueva redacción se señala que “§ 242 [Leis- tung nach Treu und Glauben]. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern”. Esto quiere decir que “el deudor debe ejecutar el contrato de buena fe (o de forma fiel) conforme a los usos de tráfico”. 14 Sentencia del T.S. de 11.05.91.
  7. 7. 15 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General 7. Enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. A. Generalidades. El origen de esta figura no está claramente determinado. De acuerdo a DÍEZ-PICAZO el enriquecimiento sin causa se remonta a los comentarios de POMPO- NEO, pasando con posterioridad al Digesto. Así, se señalaba que por derecho natural es equitativo que ninguno se haga más rico en detrimento de otro y con injuria. En concreto, para algunos autores este derecho tiene su origen en la condictio inde- bitti del Derecho romano. En cambio, para otros autores su origen estaría en la actio in rem verso, que tenía por objeto restablecer el equilibrio patrimonial destruido por una atribución indirecta. De este modo, si un esclavo o un hijo de familia celebraba un contrato no se generaba ninguna obliga- ción respecto de ellos, ni respecto del pater familia. Sin embargo, a la contraparte se le concedía una acción contra el pater familia en la medida del provecho obtenido. En el BGB alemán, en Prusia y en Aus- tria se acoge ampliamente esta figura. El Código austriaco se refiere a ella como el empleo útil. El BGB lo regula en el § 812, acogiendo la opinión de SAVIGNY y los pan- dectistas alemanes. Esta teoría tiene una fuerte acogida en el Derecho germánico porque mediante ella se suplen los proble- mas a que dio lugar el rechazo de la teoría de la causa. El enriquecimiento sin causa, sin embargo, no fue recogido en los orde- namientos jurídicos que se inspiraron en el Código napoleónico, ya que las condictionem fueron incorporadas a los Derechos latinos a través de la teoría de la causa. Además, dicha figura atentaba contra el principio que el contrato legalmente celebrado es la primera ley para las partes. Sin perjuicio de ello, en Francia, mucho tiempo después de la promulgación del Código napoleónico, comienza a adoptarse esta teoría por la ju- risprudencia y la doctrina.15 B. Fundamento de la teoría del enriqueci- miento sin causa. En Francia, autores como 15 Esta figura fue sustentada en el Derecho francés por AUBRY y RAU. DEMOLOMBE y LAURENT y en España CASTÁN, fundamentan esta institución en los cuasi- contratos y específicamente en la gestión de negocios. Sinperjuiciodeello,lasteoríasenqueseha sustentado esta figura son las siguientes: 1ª. Teoría del ilícito. Para PLANIOL y otros autores el enri- quecimiento sin causa se fundamenta en un ilícito. Sin embargo, ello es más que discutible, ya que el ilícito se funda en un daño, que no necesariamente reporta be- neficio a otro; incluso puede acontecer lo contrario, como sucede en un atropello. En cambio, el enriquecimiento injusto exige una relación proporcional entre perjuicio y beneficio. Por otra parte, los ilícitos para generar una obligación requieren de un elemento subjetivodeimputabilidad,quenosedanece- sariamente en el enriquecimiento injusto. 2ª. Teoría de los cuasicontratos. Como se verá, no existe un concepto claro de cuasicontrato, entonces, dicha fi- gura mal podría servir de fundamento para cualquier otra institución. 3ª. Teoría de la equidad. Para algunos autores el enriquecimiento injusto se funda en la equidad. Sin embargo, aunque el enriquecimiento injusto atenta contra la equidad, requiere de otros requisi- tos o elementos esenciales. Además, la equi- dad es un principio corrector del Derecho privado de aplicación supletoria. 4ª. Teoría de la causa. Para DÍEZ-PICAZO el fundamento de esta institución es un control de la causa funcio- nal de las atribuciones y desplazamientos patrimoniales. Como se ha visto, son muchas las teorías que han tratado de servir de sustento a esta figura, agregándose también la posición de algunos autores, como ABELIUK, que consi- deran al enriquecimiento injusto como una fuente autónoma de las obligaciones. C. El enriquecimiento sin causa en el ordena- miento jurídico chileno. Nuestro ordenamiento jurídico no estableció el enriquecimiento sin causa como una fuente de las obligaciones. Es más, una parte importante de la doctrina
  8. 8. 16 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones y la unanimidad de la jurisprudencia se in- clinan por el rechazo de esta teoría. Ello en virtud de la interpretación que se le ha dado al artículo 1545 del C.C. como aplicación del principio de la fuerza obligatoria del contrato. Sin embargo, para otra parte de la dogmática chilena, aunque minoritaria, esta figura es una fuente autónoma de las obligaciones.16 Sin perjuicio de esta discusión, existen casos aislados en el Derecho civil que pue- den fundarse en el enriquecimiento injusto, como los siguientes: a) En las prestaciones mutuas. Las prestaciones mutuas están reguladas en los artículos 908 y siguientes del C.C. Para algunos autores estas normas están destinadas a evitar el enriquecimiento sin causa. b) En la accesión. La accesión como modo de adquirir se funda en el enriquecimiento sin causa, por lo menos en algunos casos. Así, por ejemplo, el dueño del suelo en que se construye, siembra o planta con bienes ajenos debe indemnizar al dueño de éstos, conforme al artículo 668 del C.C.; de lo contrario, se produciría un enriquecimiento injustificado. c) En la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno. Existen personas que deben responder por otras. A dichas personas se les deno- mina “terceros civilmente responsables”, y a ellas se les otorga una acción de reembolso por la cuantía en que han debido respon- der, precisamente porque de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin cau- sa (artículos 2320 y siguientes del C.C.). Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que tiene bajo su cuidado. De responder el tutor o curador, como tercero civilmente responsable, de los daños que cause el pupilo, tendrá acción de reembolso en contra de éste. d) En la nulidad del contrato. El que ha contratado con un incapaz en los términos señalados en el artículo 1688.1º 16 FIGUEROA VÁSQUEZ, Waldo Enrique, op. cit., La acción de enriquecimiento sin causa, Editorial Jurídica ConoSur, Santiago de Chile, 1997, p. 51. del C.C. no tiene acción contra éste, sal- vo que el incapaz se hubiese hecho más rico, conforme a lo señalado en el inciso siguiente. Esta contraexcepción, para al- gunos autores tendría por fundamento el enriquecimiento injusto. e) Lo mismo acontece en una serie de mate- rias, como las recompensas en la sociedad conyugal, el pago de lo no debido o en el cuasicontrato de agencia oficiosa, entre otras. D. Requisitos del enriquecimiento sin causa. a) Debe producirse un enriquecimiento del demandado. b) Debe producirse un correlativo empobre- cimiento del actor. El que el emprobrecimiento sea corre- lativo significa que debe ser consecuencia del enriquecimiento de la contraparte; es decir, debe existir una relación causa-efecto entre el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de la otra. c) No debe existir una causa que justifique el enriquecimiento. d) Esta es una figura subsidiaria. Para que opere el enriquecimiento injusto no debe haber otra forma de compensa- ción. De esta manera, la acción in reverso por la cual se ejercita el enriquecimiento sin causa es subsidiaria. El fundamento de la subsidiariedad de la acción está en evitar que se eluda la aplicación del Derecho y específicamente la prescripción extintiva. De esta forma, si se ha podido entablar una acción y ella ha prescrito no se puede alegar el enriquecimiento sin causa. A su vez, si procede entablar la acción de nulidad por falta de causa, y se dejan transcurrir diez años, no se puede alegar el enriquecimien- to injusto. Así, las normas que regulan la nulidad tienen preferencia sobre el enri- quecimiento injusto. En otras palabras, se impide que se eludan las normas que regulan expresamente una situación, recurriendo al enriquecimiento injusto. E. La acción de reembolso o actio in rem verso. Para la mayoría de la doctrina la acción que emana del enriquecimiento injusto es una acción in rem reverso. Pero no siem-
  9. 9. 17 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General pre la acción de reembolso exige que sea necesario acreditar los requisitos del en- riquecimiento injusto. En este sentido se trataría de una acción menos compleja que la que emana del enriquecimiento injusto, sería una simple acción de reembolso. De alguna forma, la acción de reembolso trata precisamente de impedir el enriquecimiento injusto, pero presumiendo que éste se ha producido, como la acción que tiene el tercero civilmente responsable contra el autor del delito o cuasidelito civil por el cual responde civilmente (artículo 2325 del C.C.). Por ello también la acción de reembolso se puede fundar en el principio de la contribución a las deudas. En cambio, la acción in rem verso se debe aplicar en la medida que se cumplan los requisitos del enriquecimiento injusto.17 F. Características de la acción. a) Se trata de una acción pecuniaria, aun- que una parte minoritaria de la doctrina le niega este carácter. Por ello es una acción transmisible, transferible, renunciable y pres- criptible, conforme a las reglas generales. b) Es una acción personal, ya que corres- ponde al empobrecido, a sus herederos o cesionarios. Además, debe ser probada por quien la alega (artículo 1698 C.C.). Esta acción tiene dos importantes limita- ciones en torno al monto por el cual puede ser alegada, no puede exceder el monto del enriquecimiento ni del empobrecimiento. A su vez, se discute en torno al momento en que se calcula dicho monto. Para algu- nos se debe calcular al momento en que se produce el enriquecimiento injusto y según otros, al momento en que se acciona o demanda. c) Puede operar tanto por vía de acción como de excepción. d) Puede ser interpuesta en contra del que se ha beneficiado y de sus herederos o cesionarios. e) Es una obligación sujeta a reajustabi- lidad. 17 La acción de reembolso se define en el BGB como la pretensión personal que tiende a restituir lo percibido por un acto que traspasa económicamente valores, pero al que le falta una causa jurídica que lo justifique. f) Es subsidiaria conforme a lo ya señalado. g) Presenta una indivisibilidad de origen, comprendida como una correlación entre el empo- brecido de una parte y el enriquecido de la otra. El efecto de esta acción es indemnizar al empobrecido. Como dicho efecto no se encuentra regulado se deben aplicar las reglas de las prestaciones mutuas. 8. La declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. En nues- tro ordenamiento jurídico la declaración unilateral de voluntad no es una fuente de las obligaciones. La teoría de la declaración unilateral de la voluntad, como fuente de las obligaciones, nace con posterioridad a la promulgación del Código Civil chileno, es una creación de la doctrina alemana de principios del siglo XX. En el Derecho ale- mán se acepta la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. Así, la oferta por sí sola tiene consecuencias jurídicas. Sin perjuicio de lo anterior, en Chile la sola manifestación de voluntad tiene importancia. Ella se puede apreciar, por ejemplo, en los derechos reales, como su- cede en la adquisición por ocupación de las cosas que no tienen dueño (res nullius) o de las cosas abandonadas por el dueño (res derelictae). Asimismo, tiene importancia en la disolución del vínculo jurídico. En principio, la declaración unilateral de la voluntad no será suficiente para que un acto o contrato deje de producir efectos, pero excepcionalmente el contrato puede dejarse sin efecto mediante la revocación. Así, los contratos “de tracto sucesivo” son revocables. Al mandato puede ponérsele término por renuncia del mandatario o por la revocación del mandante. A su vez, al arrendamiento puede unilateralmente ponérsele término por desahucio y al con- trato de sociedad puede ponérsele fin por la renuncia de uno de los socios. En estos casos la voluntad unilateral tiene importan- cia, pero no es fuente de las obligaciones, aunque eventualmente puede serlo. Por otra parte, excepcionalmente la voluntad unilateral es fuente de las obli- gaciones en los siguientes casos:
  10. 10. 18 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones a) Ofrecimiento unilateral de recom- pensa por el hallazgo en el caso de un salva- mento, en cuyo caso el denunciador podrá elegir entre el salvamento y la recompensa ofrecida (artículo 632.2º del C.C.). b) En materia de formación del con- sentimiento el oferente puede retractarse tempestivamente. Sin embargo, deberá in- demnizar los gastos de la persona a quien fue encomendada la propuesta y los daños y perjuicios que hubiere sufrido (artículos 99 y 100 del C. de C.). c) Para algunos la estipulación a favor de otro es un caso de voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Sin em- bargo, para que nazca el crédito respecto del beneficiario, conforme al artículo 1499 del C.C., se requiere de su aceptación. Por ello esta figura no da lugar a una obligación que tenga su fuente en una declaración unilateral, independientemente que genere una obligación unilateral. El testamento es un acto jurídico uni- lateral, ya que nace originariamente de la voluntad del testador, conforme al ar- tículo 999 del C.C. De esta forma, si el testador instituye un legado de dinero, producida la muerte del testador el legatario tendrá un crédito contra la sucesión. Lo que plantea la interrogante si dicho crédito tendría como fuente el testamento, es decir, un acto jurídico unilateral. De acuerdo a la mayoría de la doctrina, el testamen- to no es una fuente de las obligaciones, ya que para producir efectos requiere la aceptación del asignatario testamentario. Esto se debe a que no es posible adquirir derechos sin que concurra el beneficiado con la asignación. A continuación se analizarán las fuen- tes de las obligaciones consagradas en el Código Civil chileno. § 2. Teoría e interpretación del contrato 9. Los sistemas jurídicos y el contrato. Los contratos, como se conocen en la actua- lidad, aparecen vinculados a los negocios jurídicos atípicos.18 Conforme al autor es- pañol DÍEZ-PICAZO la primera fuente de las obligaciones en el Derecho romano fue el delictum. El contractus se desarrolló con pos- terioridad, ya que requiere de una sociedad más evolucionada. El delictum, como fuente de las obligaciones, aparece una vez que se impone la obligación legal de compensar el mal causado. Este período es precedido por la venganza privada o ley del talión.19 En el Derecho romano sólo en la época posclásica se acepta el acuerdo de volun- tades como fuente de obligaciones y dere- chos.20 El acuerdo de voluntades, para los romanos, era un simple pacto, el cual por sí solo no generaba una obligación.Para los romanos las obligaciones que emanaban de los contratos se contraían verbis, litteris, re y consenso. Estas últimas correspondían a cuatro estatutos contractuales cerrados, la compraventa, el mandato, el arrendamien- to y la transacción.21 Así, los contractus del Derecho romano no eran vinculantes en consideración a la autonomía de la voluntad, sino al haberse cumplido con la ritualidad de los referidos estatutos o de la stipulatio que daban origen a una obligación.22 18 Dicha palabra proviene de “contraere”, que es todo hecho que genera una obligación. DÍEZ-PICAZO, Luis, op. cit., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, tomo II: Las relaciones obligatorias, Civitas, quinta edi- ción, Madrid, 1996, p. 134. A su vez, para SCHULZ el término contrato proviene de contractus, que se remonta a los tiempos de Cicerón. SCHULZ, Fritz, Derecho romano clásico, Bosch, Barcelona, España, 1960, p. 445. 19 DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op. cit., tomo II: Las relaciones obligatorias, Civitas, quinta edición, Madrid, 1996, p. 133. 20 Así, para F. SCHULZ “las escuelas postclásicas de Derecho mostraron a este respecto un mayor interés, pero en conjunto fue la jurisprudencia del Derecho romano común la verdadera creadora de una teoría general del contrato”. SCHULZ, Fritz, op. cit., Derecho romano clásico, Bosch, Barcelona, Es- paña, 1960, p. 443. 21 La transactio es un acto que se celebra ante el magistrado bajo la rúbrica de pactis conventis; sólo en el Derecho postclásico se le considera como un contrato. 22 En el Derecho romano clásico el contrato, una vez que era válido, generaba una obligación que se apartaba totalmente de aquél. Dicho de otra forma, la stipulatio creaba obligaciones y para exigir
  11. 11. 19 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General En cambio, en el Derecho moderno el contrato se sustenta en el consentimiento, que además es el vínculo que une las obliga- ciones en los contratos bilaterales. De este modo el consentimiento no sólo determina la constitución del contrato, por ejemplo, al exigirse su concurrencia respecto de la cosa y el precio en la compraventa, sino también sus efectos a través de la condición resolutoria tácita, la excepción del contra- to no cumplido, la teoría de los riesgos, etc. La vinculación de las obligaciones a través del contrato fue un aporte de los canonistas. Sin embargo, a diferencia del Derecho moderno, para los canonistas el consentimiento era fundamentalmente un instrumento moralizador del contrato y del Derecho en general. Dejando de lado las consideraciones his- tóricas precedentes para entender el con- cepto de contrato, en el Derecho moderno son decisivos tres ordenamientos jurídicos: los de algunos países latinos, los de países germánicos y de influencia germánica y los del Common Law. Francia y algunos países latinos, especial- mente latinoamericanos, como el nuestro, tienen un concepto de contrato diferente a los países germánicos, en que el concepto fundamental es el de negocio jurídico.23 Por otra parte, los países del Common Law tienen una concepción diferente de los contratos. El contract en los países del Common Law solo comprende a los contratos bilaterales.24 El contrato unilateral es un el cumplimiento de ellas no era necesario recurrir al contrato. En este sentido, para el Derecho romano clásico la resolución sólo extingue una obligación, pero no el contrato. 23 Es importante hacer el alcance precedente por cuanto la influencia de la teoría alemana del negocio jurídico predominó, sin contrapeso alguno, en la Europa del siglo pasado. Así, en Italia y España, países latinos, la teoría del negocio jurídico es la que configura la teoría del contrato. 24 En el Common Law los actos desprovistos de consideration en el fondo no son contratos, ya que no son ejecutables, es decir, respecto de ellos no procede el cumplimiento forzoso. Conforme a FRIED es posible definir a la consideration como “algo que se da o se promete a cambio de una promesa”. FRIED, Charles, La acto formal que se sitúa fuera del comer- cio. A éste no se le exige consideration, es decir, un intercambio de prestaciones.25 Además, tampoco se reconoce la figura de los contratos reales en los términos que lo hace el Derecho continental. En los países de influencia germánica el concepto fundamental no es el de contrato, sino de negocio jurídico, que es más amplio que aquél por cuanto comprende tanto a la convención como a los actos jurídicos unilaterales.26 10. Concepto de contrato. En el or- denamiento jurídico chileno se define al contrato en el artículo 1438 del C.C. como “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. obligación contractual. El contrato como promesa, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, p. 45. 25 Vid. supra Nº 147, § 8, capítulo II, sección 1ª, tomo I. En este sentido, FERRIELL y NAVIN señalan que “...la distinción (se refiere a la clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales) fue abandonada por la “Restatement of contracts” (Compilación de los contratos) (Segunda), y no se encuentra en el Uniform Comercial Code (Código Comercial Uniforme)”. Lo señaladoentreparéntesisycursivaesmío.Vid.FERRIELL, J., y NAVIN, M., Understanding Contracts, LexisNexis, NuevaYork,EE.UU.,2004,p. 12.ElUniformComercialCode regula el Derecho comercial en los Estados Unidos de América y fue adoptado por todos los Estados de dicho país a excepción de Louisiana. A su vez, a los contratos unilaterales (deed o act under seal) se les exigen requisitos formales, como escrituración, presencia de testigos, firma del disponente, aposición de sello y entrega del documento al beneficiario. Esta figura comprende la donación (deed of gift), la promesa unilateral (deed of con- venant),laconstitucióndederechosreales (deedofgrant), etc. FERRARI, Franco, op. cit., “Tabla 5-7: La formación del consentimiento, en Atlas de Derecho privado compa- rado, GALGANO, Francesco (Coordinador), Fundación Cultural del Notariado, Madrid, España, 2000, p. 129. Pero puede ser que el contract se formalice mediante un deed que podrá absorber la consideration. 26 BARCIA L., R., “¿Es posible construir la teoría general del contrato desde la excepción: la revisión judicial del contrato?, en Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello: Pasado, presente y futuro de la co- dificación, tomo I, LexisNexis, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2005, pp. 686 a 688.
  12. 12. 20 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones A la definición precedente se le hacen las siguientes críticas: a) El artículo 1438 del C.C. parece con- fundir el objeto del contrato con el objeto de la obligación al señalar “...una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer al- guna cosa”. Así como se estudió en el objeto como requisito del acto jurídico, el objeto del contrato es la obligación y el objeto de la obligación es la prestación, es decir, una o más cosas que se han de dar, hacer o no hacer. b) El Código Civil también confundiría los conceptos contrato y convención. Pero en igual error incurren el BGB y el Codi- ce Civile. En este sentido, para la doctrina comparada esta distinción es sólo didáctica por cuanto a ambas figuras se les aplica el mismo estatuto jurídico, como ocurre con los vicios de consentimiento, el objeto, etc. A. Teorías en las cuales es posible sustentar al contrato. Las bases del Derecho civil tradi- cional en la actualidad están tambaleando. De esta forma, han surgido una serie de teorías que pretenden suplir las fallas evi- dentes de la doctrina clásica de la voluntad como fundamento del contrato. Es más, estas doctrinas han influido en uno u otro sentido en el Derecho comparado de los contratos. En este sentido, la teoría de la base del negocio jurídico ha tenido una fuerte influencia en los países germanos y en menor medida en Italia. La teoría de la sustentación económica del contrato ha influido a toda la dogmática y Derecho civil italiano y la teoría del law and economics se aplica cada día con más fuerza en los países del Common Law. En forma resumida las teorías en las cuales se puede sustentar el contrato son las siguientes:27 B. Teoría clásica del contrato. La dogmática civil tradicional del contrato se sustenta 27 BARCIA L., R., “Los efectos de las obligaciones desde la perspectiva del análisis económico”, Cuadernos de Análisis Jurídicos. Colección de Derecho Privado, tomo I: Temas de responsabilidad civil, Facultad de De- recho de la Universidad Diego Portales, Ediciones Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, Santiago de Chile, 2004, pp. 128 a 132. en la autonomía de la voluntad o privada. Por ello, lo fundamental en la constitución del contrato –aun en los contratos reales y solemnes– es el consentimiento. Así, para los que se adscriben a esta teoría son un problema casi sin solución los contratos de adhesión. Dichos contratos, en algunas situaciones, autorizarán al Estado para in- tervenir a través de los contratos dirigidos. Del mismo modo, para los seguidores de la teoría clásica los contratos que los individuos están obligados a suscribir son forzosos. Los contratos, para la dogmática civil tradicional, son válidos y, por ende, exigibles sólo en la medida que en su proceso de formación se respeten las reglas de la formación del consentimiento, que están inspiradas en la autonomía de la voluntad. Así, el contrato sólo puede nacer de una negociación –en igualdad de condiciones– entre las partes a través de una oferta y aceptación o de una contraoferta y su aceptación. Pero tam- bién es posible entender, conforme a esta teoría, que en la medida que se respeten las normas que regulan la formación del consentimiento, el contrato nace a la vida del Derecho y ello acontecerá aun respecto de un contrato de adhesión. Conforme a la teoría clásica, en la medida que se con- sienta que en el contrato de adhesión no opere algún vicio del consentimiento o no se afecte algún otro requisito de validez del acto jurídico, éste será válido. Esta última posición rechaza el principio de igualdad como un principio contractual absoluto. C. Teoría de la base del negocio jurídico. Esta posición fue planteada por OERTMANN y posteriormente desarrollada por K. LARENZ. Para esta teoría la estructura del negocio jurídico se basa en dos pilares, uno subje- tivo y el otro objetivo.28 Esta teoría sirve de 28 De esta forma, OERTMANN plantea esta teo- ría el año 1921 en su libro Die Geschäftsgrundlage, ein neur Rechtsbegriff (Las bases del negocio, un nuevo concepto jurídico). Este autor replanteó la teoría de WINDSCHEID sobre la doctrina de Lehre von der Vo- raussetzung (Doctrina del supuesto contractual) e hizo frente a las críticas planteadas a ésta por LENEL. Es de destacar además que las críticas de LENEL fueron recogidas por la dogmática alemana en la redacción del BGB. Vid. ZWEIGERT, Konrad y KÖTZ, Hein, Intro-
  13. 13. 21 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General sustento a la revisión judicial del contrato, como el error unilateral por falta de infor- mación.29 La teoría del negocio jurídico puede ser explicada a través del ejemplo que de ella da C. FERNÁNDEZ en la presentación de una obra de LARENZ. El referido autor se refiere a una sentencia del T.S. español de 15 de enero de 1910. Dicha sentencia se pronunció sobre el incumplimiento de una serie de obligaciones en un contrato de explotación de mineral. El deudor se excusó de cumplir con dichas obligaciones, pues la mina resultó improductiva. Para el referido autor el contrato adolecería de un error en los motivos –que en términos actuales se puede explicar por una falta de información–, que permite su revisión judicial en consideración a que falla la base del negocio.30 D. La sustentación formalista de los contratos. Esta posición tiene sus bases en el Derecho romano, se desarrolla principalmente en Italia y Alemania y pretende crear una teoría “objetiva del contrato”. Desde esta perspec- tiva, los contratos son tales y obligatorios desde que nacen conforme a Derecho.31 ducción al Derecho comparado (traducción de Arturo Aparicio), México, Oxford University Press México, 2001, p. 550. LARENZ, Karl, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956. Por otra parte, esta teoría será fundamental para la elaboración de la teoría del error en la base del negocio desarrollada a raíz del § 779 del BGB. FLUME, Werner, op. cit., El negocio jurídico, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, España, 1998, pp. 582 a 586. 29 LARENZ se refiere a este error como una clase de error unilateral que recae en los motivos que, en principio, no afecta la eficacia del contrato. 30 LARENZ, Karl, Base del negocio jurídico y cumpli- miento de los contratos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, pp. XXV y XXVI. 31 He dejado fuera de las teorías sustentadoras del contrato las que se inspiran en la realidad social. Estas teorías generaron la crisis del sistema contractual clásico. A pesar que esta tesis tuvo la virtud de hacer evidentes las falencias de la teoría clásica no fueron capaces de crear una teoría del contrato generalmente aceptada. Así, parte de la doctrina civil comparada, con un sentido netamente social, suele definir al contrato como “la principal forma de organización social en los tiempos modernos, que a pesar de la E. Teoría del análisis económico de los contra- tos o law and economics. La mayoría de los au- tores que se adscriben al análisis económico estructuran el contrato sobre la autonomía de la voluntad al igual como sucede en el Derecho de los contratos tradicional. Sin perjuicio de lo cual dentro de esta teoría existen diversas tendencias. Así, para algunos autores, como VON MISES, HAYEK o NOZICK, el contrato impide la intervención del Estado, que está inhibido de actuar aun frente a una falla de mercado. De este modo, para NOZICK la ejecutabilidad del contrato se fundaría en el Estado mínimo.32 En el mismo sentido, para HAYEK el Derecho mal podría reproducir la complejidad de un orden espontáneo dado por la sociedad y el mercado. De esta forma, para el referido autor sería presumiblemente preferible una “falla de mercado” a la intervención del Estado. Pero, dentro del análisis económico hay otras corrientes, que son por lo demás las predominantes, y ellas, en su mayoría, admiten la intervención del Estado frente a una falla de mercado. El análisis económico sustenta el contrato en el principio de eficiencia. Pero este prin- cipio puede entenderse conforme a varias posiciones como el máximo de PARETO, el criterio corrector de KALDOR-HICKS, la apli- cación de la filosofía de RAWLS al contrato, etc. En todo caso, en torno a los efectos del contrato, el análisis económico se sustenta en el principio del incumplimiento eficiente del contrato.33 regulación cada vez más cuantiosa sigue siendo un fruto del respeto a la palabra empeñada; por este hecho se mira el contrato como una promesa, donde se compromete a realizar determinadas obligaciones que con anterioridad no existían”. CHARLES F., La obligación contractual. El contrato como una promesa, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1997, p. 39. 32 La noción de Estado mínimo la desarrolla Ro- bert NOZICK. NOZICK, R., Anarquía, Estado y Utopía, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 33 BARCIA L., R., “Los efectos de las obligaciones desde la perspectiva del análisis económico”, Cuadernos de Análisis Jurídicos. Colección de Derecho Privado, tomo I: Temas de responsabilidad civil, Facultad de De- recho de la Universidad Diego Portales, Ediciones
  14. 14. 22 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones 11. Clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos ya fue abordada a raíz del acto jurídico. Sin embargo, las clasificaciones precedentemente señaladas sólo son válidas dentro de la cultura jurídica latina y, en concreto, de la chilena. En los distintos sistemas jurídicos contractuales se pueden encontrar múltiples clasificaciones de los contratos. Así por ejemplo, sin ir demasiado lejos, en Italia BARBERO clasifica los contratos de la siguiente forma: a) Contratos de intercambio, en los que incluye a la compraventa, reporto,34 permuta, suministro o abastecimiento, es- timatorio,35 locación y arriendo, trabajo, edición y transporte. b) Contratos auxiliares, que serían: man- dato, agencia y mediación. c) Los contratos de comodidad, que comprenderían los contratos de comodato, mutuo, depósito, secuestro convencional. d) Los contratos bancarios. e) Los contratos asociativos y las socie- dades. f) Contratos de sociedades agrarias. g) La renta. h) El seguro. i) El juego y la apuesta. j) Los contratos de garantía. k) La cesión de bienes a los acreedores. l) La transacción. Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, Santiago de Chile, 2004, pp. 141 a 145. 34 El reporto es un contrato por el cual una parte denominada reportado transfiere a otra llamada repor- tador, la propiedad de títulos de crédito contra pago de un precio determinado. Pero por dicho contrato el segundo se obliga a retransferir al primero, después de un cierto tiempo, la propiedad de una corres- pondiente cantidad de títulos de la misma especie contra reembolso del precio o a la par o aumentado o disminuido en la medida convenida. Vid. BARBERO, Domenico, Sistema del Derecho Privado, tomo IV: Con- tratos, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1962, pp. 68 y 69. 35 Es aquel por el cual una parte entrega a otra una o más cosas muebles, y aquélla se obliga a pagar el precio, salvo restituir las mismas cosas recibidas dentro de un plazo establecido. BARBERO, Domenico, op. cit., Sistema del Derecho Privado, tomo IV: Contratos, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1962, p. 86. m)El compromiso y la cláusula compro- misoria. n) La donación. 12. Interpretación de los contratos. Interpretar es investigar y determinar el verdadero sentido y alcance de un acto o contrato o de textos legales emanados de un particular o de la autoridad. La interpretación se analiza en el Dere- cho civil a raíz de tres grandes materias: la interpretación de la ley; la interpretación del testamento, artículos 1069, 1056, 1057, 1064 y 1065 del C.C., y la interpretación de los contratos, regulada en el Título XII del Libro IV, en los artículos 1560 a 1566. Sin embargo, también existen otras nor- mas que se aplican a la interpretación con- tractual, como el artículo 1546 del C.C. Las reglas de interpretación del contrato se extienden al acto jurídico en general, salvo el testamento, que tiene reglas propias. 13. Concepto de interpretación. La inter- pretación del contrato es un procedimiento en virtud del cual se esclarece y determina el verdadero sentido y alcance de sus cláusulas. Los modelos de interpretación pueden ser objetivos o subjetivos. La interpretación objetiva de los contra- tos, desarrollada por la dogmática alemana, rehúye la intención o la voluntad de los contratantes y se basa exclusivamente en la voluntad declarada. Pero en la medida que la declaración no es clara se recurre al principio de justicia o de beneficio social. Para este sistema de interpretación la vo- luntad declarada tiene preeminencia sobre la real. Su fundamento está en la protec- ción a los terceros y la certeza jurídica. Los terceros sólo pueden apreciar la voluntad declarada. En cambio, conforme a la interpretación subjetiva, el contrato debe interpretarse de acuerdo a la voluntad real de los con- tratantes. El sistema de interpretación subjetiva distingue claramente entre un elemento intrínseco y otro extrínseco o ambiente de la convención. Este último elemento permi- te al juez recurrir al entorno en el cual se celebró el contrato, las reuniones previas y
  15. 15. 23 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General posteriores de las partes, las cartas enviadas entre ellas. Así, el juez puede determinar la voluntad de las partes no sólo conforme a lo señalado en el contrato. El tenor literal del artículo 1560 del C.C., contra la opinión de la mayoría de la doctri- na parece inclinarse por la interpretación objetiva del contrato al preceptuar: “conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Sin embargo, el sistema de interpretación contractual adoptado por el Código Civil chileno es subjetivo; pero antes de entrar al estudio de nuestro sistema es convenien- te hacer una breve referencia al Derecho comparado. 14. Sistemas de interpretación contrac- tual. Tanto los Códigos Civiles decimonó- nicos, como el Codice Civile de 1865 (ar- tículo 1131), como los más modernos, como el de 1942 (artículo 1362),36 adhieren a la tesis de interpretación subjetiva. Sin embargo, el artículo 1281 del C.C. español pareciera separarse de dichos Có- digos al señalar que “si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la in- tención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”. 36 En el Codice Civile de 1865 se señalaba “en los contratos se debe indagar cuál ha sido la común intención de las partes, en lugar de quedarse en el sentido literal de los términos”. Y el artículo 1362, apartado 1º del Codice Civile de 1942, agrega: “Cuando se interprete el contrato, se debe indagar cuál ha sido la común intención de las partes, y no limitarse al sentido literal de las palabras”. En realidad, el Codice Civile adhiere a ambas formas de interpretación. Sin embargo, las reglas de interpretación objetiva son supletorias. GALGANO señala que la interpretación objetiva se debe aplicar conjuntamente con la subjetiva y deja de ser supletoria. Ello acontece en los casos en que se recurre a un criterio de interpretación objetivo por expresa aplicación de la ley. Así sucede, por ejemplo, respecto de la ejecución de los contratos de buena fe. Es interesante la precedente opinión de GALGANO, por cuanto ella es perfectamente aplicable entre nosotros en consideración a lo señalado en el artículo 1546 del C.C. chileno. GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España,1992, pp. 434 y 435. Como destacan la mayoría de la doctrina española y unánimemente la jurisprudencia, en el artículo 1281 del C.C. se establece sim- plemente una presunción de coincidencia entre expresión clara y voluntad interna.37 De este modo, la norma precedente ins- tituye una presunción limitada a favor de una interpretación literal del contrato. Esta posición parece adecuarse a lo señalado en el artículo 1560 del C.C. chileno. Así, de ser claro el tenor del contrato y no existir antecedentes de peso que den a entender que existe un consentimiento contrario, el juez debe abstenerse de interpretar.38 37 Este artículo es especialmente importante, ya que tuvo como base no sólo al Code Civil, sino al Anteproyecto de Reforma del Code, elaborado por LAURENT, y al Digesto. En este sentido, GIL RODRÍ- GUEZ señala que en el “supuesto que los términos del contrato adolezcan de falta de claridad y no puedan sustentar la presunción de que se corres- ponden exactamente con la voluntad contractual, porque (explica LAURENT) son susceptibles de varias interpretaciones, hay que seguir la intención de las partes, siempre que ésta resulte evidente (o pueda deducirse racionalmente a partir de otros datos: LÓPEZ y LÓ- PEZ)”. Vid. GIL RODRÍGUEZ, Jacinto, Capítulo XXV: “Interpretación y modificación del contrato”, en Manual de Derecho Civil II: Derecho de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general del contrato, Mar- cial Pons, Madrid, España, 1996, p. 601. El Digesto (D. 32,25,1) al respecto indica: “1. Cuando no hay ambigüedad en los términos, no debe admitirse la cuestión de interpretar la voluntad”. 38 En un sentido similar se ha resuelto en Italia. GALGANO se refiere a una sentencia de la Cassazione que interpreta el artículo 1362, apartado 1º, seña- lando que “a) la orientación según la cual el sentido literal de las palabras es un criterio ‘fundamental y prioritario’, con la consecuencia de que, ‘cuando las expresiones usadas en el contrato tengan una significación clara e inequívoca, no será necesaria la investigación respecto de la voluntad común’”. Sin embargo, el criterio no es el mismo que el español, ya que el juez debe tener la certeza que la voluntad claramente expresada coincide con la voluntad real. En otras palabras, la interpretación literal no sería una norma de clausura, ya que el juez deberá inter- pretar para la determinación de la voluntad real. Es así como GALGANO destaca que “la orientación sub a (se refiere a la regla señalada precedentemente) se apoya en el brocardo ‘in claris non fit interpretatio’, el cual no es coherente con el art. 1362, apartado 1º, que exhorta a no limitarse por el sentido literal de las palabras”. Lo agregado entre paréntesis es mío. GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico,
  16. 16. 24 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones Por otra parte, es interesante comparar el proceso de interpretación del contra- to y de la ley. Una parte importante de la doctrina civil señala que sería conveniente crear un sistema de interpretación común a ambos.39 Sin perjuicio de la posición que se adopte a este respecto, ambas formas de interpre- tación hacen frente a muchos problemas comunes. En todo caso, para parte de la doctrina el sistema de interpretación de la ley es objetivo y circunscrito a tratar de eliminar la oscuridad en la aplicación de la ley. En cambio, el sistema de interpretación contractual es al mismo tiempo objetivo y subjetivo.40 También es posible comparar estos sistemas de interpretación contras- tando los artículos 19 y 1560 del C.C., que consagran la regla fundamental de cada sistema de interpretación. Para la mayo- ría de la doctrina y jurisprudencia unáni- me de los tribunales, en la interpretación legal predomina un sistema de interpre- tación literalista o mosaica de la ley. En cambio, en la interpretación contractual, a lo menos aparentemente, predominaría el sistema de interpretación subjetivo, que pretende determinar la voluntad real de los contratantes. Además, a diferencia de lo que acontece con la ley, las palabras del Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 428. Sin perjuicio de lo anterior, para que lo señalado en la letra a) de la Corte de Casación tenga sentido, supone un análisis menos exhaustivo por parte del juez en los casos en que el consentimiento aparece como claramente expresado. 39 Para muchos autores los problemas que plantea una y otra forma de interpretación son idénticos. De esta opinión eran PACCHIONNI, ALLARA, HECK y PUGLIATTI. DÍEZ-PICAZO, Luis, op. cit., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, tomo II: Las relaciones obligatorias, Civitas, quinta edición, Madrid, 1996, pp. 393 a 395. 40 De esta forma, GIL RODRÍGUEZ señala que la interpretación contractual no sólo comprende “el esclarecimiento de la regla, sino también el hallazgo de la concreta voluntad de las partes”. GIL RODRÍ- GUEZ, Jacinto, op. cit., Capítulo XXV: “Interpretación y modificación del contrato”, en Manual de Derecho Civil II: Derecho de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general del contrato, Marcial Pons, Madrid, Es- paña, 1996, p. 597. contrato no siempre son utilizadas en su sentido natural y obvio. 15. La integración del contrato. Al igual que respecto de la ley se discute si es posi- ble integrar el contrato. En la integración de éste lo que se busca es determinar el verdadero sentido de una manifestación de voluntad aparentemente absurda o ambigua o simplemente hacer frente a un vacío de regulación. Sin embargo, la integración también puede considerarse como parte de la tarea de interpretar. La integración, en mate- ria contractual, llena vacíos o lagunas del consentimiento a través, por ejemplo, de los elementos o cosas de la naturaleza del acto o contrato. De esta forma, la integra- ción sirve para crear y complementar la reglamentación que las partes han querido otorgarse a través del contrato. También la labor integradora se produce a través de la costumbre u otros actos o contratos suscri- tos entre las mismas partes. En el Derecho comparado, frente a la integración del con- trato se plantean dos posiciones. Conforme a la teoría de la autointegración o teoría alemana, para integrar se debe recurrir a la determinación de la “voluntad virtual”. Así, frente al vacío de regulación de las partes y la imposibilidad de poder reconstruir la “voluntad real” se debe preferir, antes de aplicar la equidad, determinar cómo ha- brían regulado las partes el supuesto al que el contrato no se refiere, dado el estatuto de regulación que las partes se han dado libremente. Sin embargo, esta posición no es pacíficamente aceptada por la doctrina. Así, para algunos autores, como DÍEZ-PICAZO, no se debe integrar el contrato. 16. Teorías conforme a las cuales se puede interpretar el contrato. En realidad existen tantas teorías de la interpretación del contrato como teorías del contrato. Por lo que a continuación sólo serán tratadas las más importantes: A. Teoría subjetiva. Conforme a la teoría clásica, el juez al interpretar debe buscar la intención fidedigna de las partes. Así, en Italia los criterios de interpretación
  17. 17. 25 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General subjetiva “se basan en la investigación de la intención común de las partes (arts. 1362-65)”.41 Conforme a esta teoría se debe indagar la voluntad probable de las partes. El juez debe reconocer la imposibilidad de recons- truir la voluntad real y sólo le quedará la determinación de la voluntad probable. Esta tesis se basa en la teoría de la voluntad, que se ha venido resquebrajando.42 Las críticas a ella provienen desde los autores que creen que el contrato cumple una función social hasta los que opinan que esta teoría carece del rigor científico que el Derecho requiere. El ataque más fuerte contra la teoría de la voluntad proviene de los civilistas alemanes, que han trata- do de evitar recurrir en la estructura del negocio jurídico a elementos subjetivos que atentan contra una concepción cien- tífica del contrato, como sucedería con la voluntad. Así, en esta materia nuevamente se enfrenta a la teoría de la voluntad, la teoría de la voluntad declarada. La doc- trina alemana, desde los pandectistas, se ha esforzado por crear una interpretación “objetiva” del contrato que evite que el juez recurra a algo tan vago como una voluntad presunta. B. Teoría objetiva del contrato. Los crite- rios objetivos de interpretación para esta teoría son el del hombre medio, la equi- dad y la buena fe.43 El Derecho italiano, fuertemente influenciado por la teoría del negocio jurídico después de la promulga- ción del Codice Civile de 1942, admite la interpretación subjetiva, como la objetiva. La interpretación objetiva se funda en el “concepto de la buena fe contractual o de otros elementos objetivos que no pueden 41 GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 427. 42 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, op. cit., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, España, 1991, p. 77. 43 En Francia, como destaca LÓPEZ SANTA MARÍA, DEREUX propuso como criterio de interpretación contractual objetivo “la buena fe”, recurriendo a los conceptos de utilidad y justicia. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, op. cit., Sistemas de interpretación de los contratos, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 1971, p. 112. ser reconducidos a la intención de las partes (arts. 1366-77)”.44 17. Proceso de interpretación del con- trato. Es posible distinguir en el proceso de interpretación, las siguientes etapas: A. Las cuestiones de hecho. En esta etapa se consignan los hechos y luego se deter- mina la voluntad expresada aplicable a los hechos, pesándolos y valorándolos. No debe confundirse esta etapa de inter- pretación, que algunos denominan como propiamente tal, con la calificación jurí- dica del acto o contrato. Sin embargo, ambas etapas están interrelacionadas por cuanto siguen un orden cronológico. Así, las cuestiones de hecho determinan la calificación jurídica. En el proceso de interpretación del con- trato, lo primero es que los hechos queden bien establecidos en orden a la existencia de la manifestación de la voluntad y a la forma en que ésta fue emitida. En este sentido, el lugar y tiempo de la declaración de voluntad será de vital importancia para determinar la ley aplicable al acto o contrato (artículos 14, 18 del C.C. y 22 de la L.E.R.L.). B. Las cuestiones de Derecho. Esta etapa también se divide en dos subetapas que comprenden la calificación jurídica del con- trato y su reconstrucción o integración.45 C. Reglas para determinar cuándo interpretar. Para poder interpretar deben concurrir los siguientes dos elementos: a) La intención de las partes no se puede conocer con claridad. b) La declaración de la voluntad no es clara y suficiente, por lo que se debe recu- rrir a la voluntad virtual. Para que ello sea posible, la búsqueda de la voluntad real debe fracasar y se debe aplicar todo el proceso de interpretación. 44 GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 427. 45 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, op. cit., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, España, 1991, pp. 75 a 77. GIL RODRÍGUEZ, Jacinto, op. cit., Capítulo XXV: “Inter- pretación y modificación del contrato”, en Manual de Derecho Civil II: Derecho de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general del contrato, Marcial Pons, Madrid, España, 1996, pp. 590 y 591.
  18. 18. 26 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones Antes de entrar a determinar cómo se establece la voluntad virtual se debe señalar cuándo es necesario interpretar. La juris- prudencia francesa del siglo XIX no fue uniforme sobre este problema. Así, para algunas sentencias la oscuridad del contrato era una condición necesaria para que haya lugar a la interpretación. En Chile, ya CLA- RO S. rechazaba la doctrina de las cláusulas claras y oscuras. A su vez, para LÓPEZ SANTA MARÍA dicha distinción es imposible de hacer tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo. Según el referido autor, para de- terminar el sentido y alcance del contrato se debe necesariamente interpretar. Esta es la doctrina de DOMAT y POTHIER, de acuerdo a los cuales todo contrato es susceptible de ser interpretado y la oscuridad de éste no es una condición para que haya lugar a la interpretación. En resumen, el juez debe interpretar el contrato en los siguientes supuestos: a) Cláusulas ambiguas u obscuras. b) Existencia de cláusulas o términos contractuales claros, pero insuficientes. c) Contratos con cláusulas o términos claros, pero excesivos, como suele suceder con las cláusulas de estilo. d) Términos claros del contrato, pero dudosos. La regla básica en materia de interpre- tación está dada por el artículo 1560 del C.C., que señala que “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. El artículo 1560 del C.C., para la mayoría de la doctrina chilena, tiene su antecedente en el 1156 del Código napoleónico, que in- dica: “en las convenciones se debe buscar cuál ha sido la intención común de los contratantes, antes que atenerse al tenor literal de las palabras”. Esta regla seguiría la lógica en virtud de la cual el Derecho, por regla general, no se pre- ocupa del fuero interno. LÓPEZ SANTA MARÍA recalca que hay una diferencia fundamental entre estos dos artículos.46 El artículo 1156 del Code Civil tendría su antecedente en el 46 LÓPEZ SANTA MARÍA, J., op. cit., Los contratos. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1986, p. 312. Digesto y el artículo 1560 del Código Civil chileno en un Edicto de Paulo. El artículo 1560 del C.C. sería más exigen- te que el Code Civil en la interpretación del contrato, ya que el juez sólo podrá recurrir al fuero interno en la medida que conozca claramente la intención de los contratantes. De esta forma, el juez no puede interpretar basado sólo en indicios. Así, el Código Civil chileno limita la interpretación, contra lo expresamente declarado, a la voluntad cla- ramente conocida de los contratantes. En resumen, si el sistema de interpre- tación consagrado en el artículo 1560 del C.C. se separa del Derecho francés, ¿qué clase de sistema subjetivo de interpretación se adopta? A continuación trataré de res- ponder esta pregunta. El primer problema al que debe enfren- tarse el juez al interpretar el contrato es muy similar al que debe afrontar al interpretar la ley. En otras palabras, se debe determinar, qué facultades tiene el juez para interpre- tar cuando la voluntad declarada por las partes se contradice con la voluntad real o simplemente no es clara. En el Derecho comparado, si no es posible determinar cuál es la voluntad real de los contratantes se debe determinar la voluntad virtual o presunta. De lo señalado, al comparar los artículos 1560 del C.C. y 1156 del Code Civil podría concluirse que el juez no puede recurrir a la voluntad virtual y que sólo podrá interpretar en la medida que pueda determinar “claramente” la voluntad real. Sin embargo, como pone de manifiesto LÓPEZ SANTA MARÍA, en definitiva el juez chileno también puede y debe recurrir a la voluntad presunta.47 Pero si bien el juez puede recurrir a la voluntad virtual, en caso de conflicto entre voluntad real y declarada debe preferirse aquélla; entonces, se plan- tea un segundo problema. En virtud de él se debe determinar cuál sería entonces la restricción que establece el artículo 1560 47 LÓPEZ SANTA MARÍA, J., op. cit., Los contratos. Parte General, pp. 312 y 313. En este sentido, LÓPEZ señala: “en Chile, en la práctica, por la fuerza de las cosas el proceso interpretativo se ve forzado a recurrir a los mismos arbitrios que en Francia”.
  19. 19. 27 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General del C.C. al juez, si no es impedirle recurrir a la voluntad virtual o presunta. Para algunos autores, al igual como ocurre en el Derecho francés, el artículo 1560 del C.C. chileno impediría que el juez pueda interpretar contra la voluntad declarada y clara de las partes. De esta forma, como destaca LÓPEZ SANTA MARÍA, dicho artículo estaría inspirado en la doctrina de DOMAT y POTHIER. Para estos autores, el juez al interpretar puede apartarse de los términos claros del contra- to, pero sólo en la medida que descubra una intención contraria “evidente” de las partes.48 Ello lleva a que en realidad existan dos posiciones dentro de la doctrina clásica de la interpretación del contrato. Para la primera doctrina, en la medida que la voluntad de las partes conste de for- ma clara no es posible interpretar, aunque el juez tenga antecedentes que la voluntad real era otra. En cambio, para una segunda posición, sostenida por parte importante de la doc- trina clásica francesa como AUBRY y RAU, ello sería perfectamente posible, pero sólo en la medida que la voluntad contraria a la claramente manifestada sea “evidente”. Lajurisprudenciafrancesasehainclinado por una y otra posición.49 Sin perjuicio de lo cual, esta última doctrina es la que debería primar en Chile, como se desprende de la nota de BELLO al artículo 1560, que señala: “enloscontratos,esdereglaatenersealaletra en lo que no pugna manifiestamente con la conocida intención de los contratantes”.50 Un tercer problema en torno a la inter- pretación contractual se plantea con relación al alcance de la prueba extrínseca de los contratos que exigen formalidades para su 48 Esta parece ser la opinión de LÓPEZ SANTA MA- RÍA. El referido autor señala la posición precedente, que se basa en una reinterpretación de la regla cuarta de interpretación de DOMAT. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, op. cit., Sistemas de interpretación de los contratos, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 1971, p. 41. 49 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, op. cit., Sistemas de interpretación de los contratos, p. 47. 50 Obras Completas de BELLO, tomo XV: Código Ci- vil de la República de Chile II, Fundación La Casa de BELLO, Caracas, Venezuela, 1981, p. 479. perfeccionamiento o para tener eficacia.51 En este sentido cabe preguntarse si el juez puede determinar o completar elementos de la esencia de un contrato solemne a través de pruebas que no sean las formalidades que el acto interpretado exige. De ser ello posible, ¿no se vería afectada la naturaleza solemne del acto o contrato interpretado? Este no es un tema menor, ya que de ser la respuesta afirmativa, el juez sólo podría admitir como prueba de una obligación de un contrato solemne las formas que exige la ley para dicho contrato. Así, la prueba de la modificación de una obligación que emane de un contrato de compraventa so- bre un bien raíz sólo podría probarse por escritura pública. Este tema será abordado en la interpretación del testamento. 18. Reglas para interpretar el contra- to. Nuestro ordenamiento civil siguió la tendencia adoptada por el Code Civil de establecer reglas expresas a las cuales el juez debe recurrir al momento de interpretar.52 Así, el Título XII del Libro IV del Código Civil señaló las reglas específicas que debe seguir el juez en materia de interpretación del contrato. Éstas son las siguientes: A. El contrato debe complementarse con to- das aquellas cosas que le pertenecen según su naturaleza y de acuerdo a las costumbres. Esta regla se consagra en el artículo 1546 del C.C., por el cual “los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas 51 El caso más emblemático en torno a la prueba intrínseca y extrínseca es el testamento. No se pue- de dejar de lado que, en la medida que se pueda interpretar y en algunos casos integrar la voluntad del testador con pruebas externas al testamento, se afecta la calidad de solemne de éste. DOMÍNGUEZ BENAVENTE, Ramón y DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón, op. cit., Derecho sucesorio, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, pp. 376 a 380. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, op. cit., Sistemas de interpretación de los contratos, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 1971, p. 63. 52 Estas reglas fueron tomadas por el Code Civil y también por BELLO de las quince reglas de inter- pretación de DOMAT y las doce de POTHIER. De ahí pasan a los Códigos europeos, como el Capítulo IV del Título II del Libro IV del Código Civil español.
  20. 20. 28 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. Conforme a la norma precedente, el acto jurídico debe ejecutarse de buena fe y conforme a ésta deben interpretarse y fijarse sus efectos. Por ello, los efectos del contrato, según el artículo 1546, no sólo son los ex- presados por el autor o las partes, sino que comprenden todos los demás que derivan de la naturaleza del negocio jurídico o que según la ley o la costumbre van incorporados al tipo o figura del negocio jurídico. Así, por ejemplo, un parque de diversiones se obliga a que todo funcione bien, y no sólo a que las personas se diviertan. La buena fe, en algunos países como Italia o Alemania, es un criterio objetivo de inter- pretación. En este sentido, para GALGANO la interpretación de buena fe “supone conferir al contrato el significado que le atribuirían los contratantes normales y leales, aunque en el caso concreto una o ambas partes en el contrato que debe ser interpretado no estén de acuerdo en absoluto”.53 Por otra parte, esta disposición debe rela- cionarse con el artículo 1563.2º del C.C. en virtud del cual las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen. En materia mercantil, por expresa aplicación del artículo 4º del C. de C., la costumbre es una regla de interpretación contractual. Además de las normas precedentes, tam- bién se refiere a la costumbre contractual el artículo 2º del C.C. En virtud de esta dispo- sición, la costumbre no constituye Derecho, sino en los casos que la ley se remite a ella. En el Código Civil sólo se acepta la costum- bre secundum legum. Así, la costumbre civil tiene un alcance limitado. B. Por generales que sean los términos del acto o contrato sólo se aplican a la materia sobre la que se ha contratado. Esta regla se desprende de lo señalado en las siguientes disposiciones: “Artículo 1561. Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. 53 GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 432. Artículo 1565. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. Esta regla determina la extensión del contrato, ya que lo restringe al objeto o materia que le es propia. El mismo Códi- go Civil se encarga de aplicar esta regla a raíz de la transacción, preceptuando en el artículo 2462 que “si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión de- berá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige”. De esta forma, si se transige en un juicio sobre lesión enorme de una compraventa y se señala que las partes renuncian a todas las acciones que tiene una parte contra la otra, otorgándose ambas un amplio fini- quito, debe entenderse que estos términos generales se refieren al objeto o materia de la transacción y no a otros contratos celebrados entre las partes. C. Si una cláusula interpretada en un sentido debe producir efectos válidos e interpretada en otro, no produciría ningún efecto, debe preferirse la primera interpretación. Esta regla implica que deben rechazarse las interpretaciones que tengan como consecuencia que el contrato no produzca efectos o sea nulo. Pero sólo en la medida que exista otra interpretación racional que le otorgue validez o eficacia a una determinada cláusula del contrato. Igualmente, se debe rechazar la interpre- tación contraria al objetivo del contrato o a su buen sentido. Así se desprende del artículo 1562 del C.C., que señala literal- mente que “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Esta regla, propia del Derecho clásico de los contratos, ha llevado a los Códigos más modernos a establecer la regla o principio de la “conservación del contrato”. En este sentido, conforme al artículo 1367 del Codice Civile, las cláusulas de los contratos se deben interpretar en el sentido según el cual el
  21. 21. 29 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General contrato es válido, en lugar del que deje al contrato como inválido o ineficaz. D. No apareciendo voluntad en contrario debe preferirse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Esta regla está consagrada en el artículo 1563.1º del C.C. en virtud del cual “en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. E. Las cláusulas del acto o contrato deben interpretarse en su conjunto, unas por otras, de forma de dar a cada una la interpretación que mejor convenga al acto o contrato en su totali- dad. Así se desprende del artículo 1564.1º del C.C. que señala que “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. De este modo, si las cláusulas de un contrato se refieren a un aspecto determi- nado del negocio y luego otras vuelven a tratar el mismo aspecto se debe recurrir al artículo 1564.1º del C.C. F. Las cláusulas de un acto o contrato pueden interpretarse en caso de duda, valiéndose del mis- mo contrato entre las partes. Es frecuente que entre las partes que tienen habitualmente relaciones de negocios se vaya omitiendo reiterar detalles en contratos sucesivos. Así, en caso de duda sobre el alcance del último contrato, se puede recurrir a lo estipula- do respecto de los anteriores. Esta regla se consagra en el artículo 1564.2º del C.C., en virtud del cual “podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”. G. Las cláusulas de un contrato pueden interpretarse atendiendo a la aplicación prác- tica que les han dado las partes o una de ellas con la aceptación de la otra. En este sentido, el artículo 1564.3º del C.C. señala que la interpretación puede hacerse “(...) por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”. De esta forma, si en un contrato de arriendo se establece que el arrendatario no podrá subarrendar y, a pesar de ello, el arrendatario toma pensionistas con el conocimiento del arrendador, transcurrido un lapso suficiente este último no podrá alegar incumplimiento del contrato. H. Cuando en un contrato se ha usado un caso para explicar el alcance de una obligación no se entenderá por sólo eso haberse querido res- tringir la convención a ese caso, excluyéndose los otros a que naturalmente se extienda. En este sentido es de destacar que el artículo 1565 del C.C. señala textualmente que “cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. I. Regla supletoria. No pudiendo aplicarse las reglas precedentes, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del deudor, pero debe tratarse de una ambigüedad efectiva y real y no susceptible de ser esclarecida mediante las reglas de interpretación. Esta regla se consagra en el artícu- lo 1566.1º del C.C., que establece que “no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas pre- cedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor”. Esta regla tiene una variante en el inci- so 2º del mismo artículo. Conforme a esta disposición, si una cláusula es ambigua y ha sido dictada por una de las partes, sea deudora o acreedora, y dicha ambigüedad proviene de no haberse explicado bien su alcance, no obstante que debió hacerse, la cláusula debe interpretarse en contra del culpable de la ambigüedad. Por otra parte, esta regla se modifica en las cláusulas pre- dispuestas en las cuales se suele interpretar contra el predisponente. En este sentido, más que interpretarse el contrato a favor del deudor debe interpretarse a favor de la parte “más débil”.54 54 En el Derecho comparado se adscribe, entre muchos otros, a esta posición GALGANO, para el cual “...las cláusulas que imponen condiciones generales de los contratos, en la duda se interpretarán contra el autor de la cláusula, es decir, en el sentido que sea más favorable al otro contratante (art. 1370), que es el contratante más débil”. GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 434. No es del caso analizar esta teoría que podríamos denominar “del contratante débil”,
  22. 22. 30 Tomo Segundo - De las Fuentes de las Obligaciones Es del caso señalar que es importante distinguir, en la aplicación de esta regla, si estamos frente a un contrato oneroso o gra- tuito. Así, no parece lógico que una de las cláusulas del contrato, por ejemplo la que se refiere a una prestación pendiente, pueda ser interpretada a favor del deudor sin inter- pretarse las otras obligaciones del contrato, respecto de la cual el acreedor es deudor, y que se encuentran por ejemplo cumplidas. Enestesentido,lainterpretacióndelcontrato debe hacerse en forma global.55 El Código Civil no estableció ningún orden de prelación de las reglas anterio- res, salvo la del artículo 1566 del C.C., que sólo procede de no ser posible aplicar las disposiciones anteriores. 19. Calificación jurídica del contrato. La calificación del contrato, para GALGANO, es “la operación a través de la cual se tiende a identificar el abstracto tipo legal en el cual subsumir el concepto de contrato, a fin de sujetar el segundo a la disciplina del primero”.56 Una de las labores fundamentales de la interpretación judicial es la calificación ju- rídica del contrato. Esta operación permite determinar la naturaleza del acto jurídico, como si se trata de una convención, contrato, testamento o negocio jurídico. La determinación de la naturaleza del acto jurídico es fundamental porque permite aplicar a éste un estatuto jurídico a lo menos genérico. Así, la regulación del acto jurídico difiere si es calificado de testamento o de donación. Una segunda etapa, dentro de pero el Derecho privado no es un instrumento que permita calificar a una parte como débil. 55 En el Derecho italiano, los actos jurídicos o contratos gratuitos se interpretan “a favor del deudor”. GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 434. 56 El autor precedente agrega además, respecto del Derecho italiano, “la Cassazione acostumbra a descomponer la operación en dos fases, ‘la prime- ra consiste en la individualización de la intención común de las partes, la otra en el encuadramiento de la categoría en el esquema correspondiente’”. GALGANO, Francesco, op. cit., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1992, p. 436. la calificación jurídica del contrato, será la determinación del tipo específico de que se trate. De este modo, por ejemplo, si el juez determina que estamos frente a un contrato, acto seguido deberá determinar si la figura que se presenta es típica o atípica.57 Estas dos subetapas de la calificación del acto jurídico permiten determinar con una mayor o menor precisión las reglas de interpretación obligatorias para el juez. En la calificación jurídica del acto jurí- dico, su denominación (nomen juris) por las partes no obliga al intérprete. Ello se debe a que en Derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes determinan. De esta forma, en muchas ocasiones las partes no conocen la terminología jurídica y pueden incurrir en errores; por ello, la denominación del contrato sólo es un antecedente que se debe tener presente en la interpretación del contrato. Por otra parte, por la sola violación de estas reglas no procede el recurso de casa- ción en el fondo. Dicho recurso no opera respecto de los hechos del pleito y preci- samente éstos son los que determinan la voluntad de las partes contratantes. El juez de fondo, de acuerdo a las circunstancias del proceso, puede inclinarse a favor de una u otra regla de interpretación. Sin embargo, excepcionalmente procede dicho recurso en los siguientes casos: a) Por la errada calificación jurídica del contrato. Este no es un problema de hecho, sino de Derecho. Así sucederá de ser cali- ficado el contrato como de compraventa, cuando claramente es una transacción. b) La desnaturalización de una cláusula clara y precisa a la cual se le otorga por el juez 57 Así, los efectos del contrato serán diferentes si es calificado como depósito o arriendo. En caso que el juez llegue a la conclusión de que el negocio jurídico interpretado es atípico, la interpretación del contrato se hace más difícil, ya que no podrá recurrir a los elementos de la esencia particulares y de la naturaleza de una figura típica. Pero, a lo menos, el juez está obligado a la calificación mínima del acto jurídico, que es, en nuestro Derecho, su determinación como unilateral o bilateral. A su vez, si es una convención, el juez deberá calificar si se trata de una convención no contractual o de un contrato.
  23. 23. 31 Capítulo I - De las Fuentes de las Obligaciones y los Contratos en General un alcance equivocado con el pretexto de interpretar. El juez, en este supuesto, está violando concretamente el artículo 1560 del C.C. cuando señala: “conocida claramente la intención de los contratantes...”. En resumen, si bien la interpretación del contrato no puede ser objeto de recur- so de casación en el fondo, si puede serlo su calificación jurídica. Sin perjuicio de lo anterior no es posible llegar a una conclu- sión definitiva en esta materia, ya que no hay unanimidad en la determinación de si procede o no el recurso de casación.58 20. Interpretación del testamento. Como señalanacertadamenteDOMÍNGUEZ BENAVEN- TE y DOMÍNGUEZ ÁGUILA la interpretación no sólo tiene cabida para desentrañar la última voluntad del testador, sino que se debe recurrir a ella en múltiples materias. De esta manera, se debe interpretar la volun- tad del testador en los vicios de la voluntad (artículo 1058 del C.C. respecto del error), en la revocación de un testamento por otro testamento posterior (artículos 1097 y 1104 del C.C.) o en la calificación jurídica de la asignación y del asignatario.59 Sin embargo, es discutible que las reglas de interpreta- ción del testamento se apliquen a todas estas materias. Así parece ser a lo menos en torno a los vicios de la voluntad, respecto de los cuales se puede recurrir a la prueba externa. Lo contrario significaría exigir una prueba imposible. La fuerza sería imposible de probar si se rechaza la prueba extrínseca, salvo que sea el propio testamento el que señale que se celebra por fuerza. 21. Teorías en materia de interpretación del testamento. A. Teoría subjetiva. En virtud de esta teoría lo que se busca al interpretar es determinar 58 Para la sentencia de la C.S., de 24 de julio de 1928, la aplicación de los artículos 1545 y 1546 corresponde a los tribunales del fondo. En cambio, otra sentencia del referido tribunal señala que no procede el recurso de casación por infracción al ar- tículo 1546 del C.C. por regular cuestiones de hecho, como lo es la buena o mala fe. 59 DOMÍNGUEZ BENAVENTE, Ramón y DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón, Derecho sucesorio, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, p. 359. la voluntad interna del testador, es decir, conforme a ella el intérprete debe descubrir cuál fue la verdadera voluntad del testador y, si ello no es posible, se podrá recurrir a la voluntad virtual. B. Teoría objetiva. Mediante esta teoría lo que se debe fijar en la interpretación es el significado y alcance de las palabras utilizadas por el testador en el testamento, sin importar la voluntad del testador. Pero tanto en el Derecho comparado como en el chileno predomina la interpretación subjetiva del testamento.60 22. Las normas de interpretación del testamento. Para entender cómo operan las normas que regulan el testamento se seguirá el orden que plantea PUIG BRUTAU en el Derecho español.61 A. Norma de aplicación general. Preferencia de la voluntad real y solemne en el testamento. El artículo fundamental en la interpreta- ción del testamento es el artículo 1069 del C.C. Dicha norma señala expresamente lo siguiente: “Artículo 1069. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o pro- hibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido”. En virtud del artículo 1069 del C.C. pre- valece la voluntad del testador claramente manifestada en el testamento, sobre cual- 60 DOMÍNGUEZ BENAVENTE, Ramón y DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón, Derecho sucesorio, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, p. 366. En el Derecho español los contratos y los actos jurídicos bilaterales se interpretan conforme a la teoría objetiva. En cambio, el testamento se interpreta conforme a la teoría subjetiva. ALBALADEJO GARCÍA, M., Curso de Dere- cho Civil, tomo V: Derecho de sucesiones, quinta edición, Bosch, Barcelona, España, 1994, p. 340. O’CALLAGHAN, Xavier, Compendio de Derecho Civil, tomo V: Derecho de sucesiones, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1993, pp. 296 a 299. 61 PUIG BRUTAU, José, Compendio de Derecho Civil, vo- lumen IV: Derecho de familia,Derecho sucesorio,Bosch Casa Editorial, Barcelona, España, 1990, pp. 382 a 385.

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