Manual de Procedimiento de Familia - R. S. M.

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Manual de Procedimiento de Familia - R. S. M.

  1. 1. 9 Después de publicada la tercera edi- ción de este libro hubo varias reformas importantes a la Ley Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia, de las que nos hacemos cargo en ésta. La más substancial es aquella que intro- duce la Ley Nº 20.286, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2008, pues recoge una serie de sugerencias realizadas por diversos profesores en foros, artículos y conferencias. Es así como se establece la necesidad de concurrir a estos tribunales por regla general asistido por un letrado (la principal excepción viene dada para los procesos de violencia intrafamiliar y los de protección de menores); siguiendo las tendencias moder- nas, se plasma el principio de la publicidad de los actos procesales que ya conocíamos en el proceso penal y en el artículo 9º del Código Orgánico de Tribunales (facultando sin embargo a los jueces a disponer reserva en aquellos casos en que puedan ventilarse cuestiones personalísimas o íntimas); se mo- difica el capítulo de la mediación, haciendo PRÓLOGO forzoso su intento en varios casos; se elimina el trámite de la “consulta” de las sentencias dictadasenjuiciostramitadossincontroversia. Vienen reformas importantes también en materia de recursos. Se faculta expresamente a realizar la audiencia preparatoria y la del juicio en una sola oportunidad… Veremos modificaciones importantes en materia de incidentes; de notificaciones; a propósito de la prueba… De un punto de vista orgánico, se crean nuevos tribunales y se cambia el artículo octavo, devolviendo alguna competencia a los juzgados de letras en lo civil (causas de interdicción, autorizaciones judiciales); se crean nuevos tribunales en casi todo Chi- le; se aumenta el número de jueces y del Personal de Planta, y, dependiendo del estado procesal de las causas, se modifica el principio de la radicación de las mismas en algún juez en particular, todo lo cual contribuye sin duda a dar mayor celeridad a los juicios. Nos haremos cargo de todo lo ante- rior.
  2. 2. 11 La Ley Nº 19.968 ha sido objeto de varias modificaciones desde su promulgación, de las que nos hemos ido haciendo cargo en las ediciones que han precedido a ésta. En esta oportunidad, la Ley Nº 20.286, publicada en el Diario Oficial Nº 39.164, del 15 de septiembre de 2008, ha introducido varios cambios importantes. Destacando principalmente aspectos funcionales (más dinámicos y entretenidos que los orgánicos), recorreremos la ley, tra- tando de seguir en lo posible el orden de su articulado, haciendo las referencias, concor- dancias y reflexiones que nos han parecido necesarias para una lectura completa. TÍTULO I DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN Párrafo 1º De los Juzgados de Familia Párrafo 2º Del consejo técnico TÍTULO II DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA TÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO INTRODUCCIÓN LEY Nº 19.968 Diario Oficial de 30 de agosto de 2004 (Vigente a partir del 1º de octubre de 2005) CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA Párrafo 1º De los principios del procedimiento Párrafo 2º De las reglas generales Párrafo 3º De la prueba 1. Disposiciones generales acerca de la prueba 2. De la prueba testimonial 3. Prueba pericial 4. De la declaración de las partes 5. Otros medios de prueba Párrafo 4º Del procedimiento ordinario ante los juzgados de familia TÍTULO IV PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Párrafo 1º De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes Párrafo 2º Del procedimiento relativo a los actos de violencia intrafamiliar Párrafo 3º De los actos judiciales no contenciosos
  3. 3. 12 Manual de Tribunales de Familia Párrafo 4º Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia TÍTULO V DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR Materia esta que ha de ser necesariamen- te complementada con el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia, Nº 957, de fecha 22 de noviembre de 2004, publicado en el Diario Oficial el 30 de agosto de 2005, que aprueba normas reglamentarias necesarias para la ejecución de la Ley Nº 19.968; y el Decreto Supremo del mismo Ministerio, Nº 2.968, de fecha 27 de septiembre de 2005, publicado en el Diario Oficial el día 29 de ese mes y año, que fija el arancel máximo que podrán percibir los mediadores inscri- tos en el Registro Único de Mediadores a que se refiere el texto de ambos al final de estas páginas. La Ley Nº 20.286 antes mencionada introduce importantes modificaciones en esta materia. TÍTULO VI PLANTA DE PERSONAL TÍTULO VII DISPOSICIONES VARIAS Entre ellas encontraremos, por ejemplo, la modificación a la Ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, estableciendo un procedimiento en parte oral y en parte voluntario (en verdad serán dos procesos distintos) y al que nos referiremos some- ramente al final de estas páginas. Aquellas que crean cargos de “miembro del consejo técnico” en juzgados de letras pertenecientes a localidades donde no hay juzgados de familia (se trata de localidades de menos habitantes, con una carga por ello menor de estos asuntos, por lo que se ha estimado que, al menos por ahora, no requieren o no justifican la existencia de juzgados de familia). En dichas localidades, los jueces de letras en lo civil conocerán de estas materias, aplicando los procedimientos previstos en esta ley. Crea cargos de “oficial tercero” en juz- gados de letras pertenecientes a localidades donde no habrá juzgados de familia. Este título séptimo se refiere principal- mente a cuestiones de carácter orgánico y modificaciones adecuatorias necesarias a otros cuerpos legales, como el Código Civil, de Procedimiento Civil, Ley de Menores, Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y el Código Orgá- nico de Tribunales. Se incluye al final de estas páginas el texto de la ley, donde se podrán comprobar dichas normas, que, en verdad, se explican por sí mismas, por lo que no serán objeto de mayores comentarios.
  4. 4. 13 Párrafo 1º De los juzgados de familia A. De la jurisdicción Esta ley crea los Tribunales de Familia, y en su artículo primero les confiere juris- dicción para conocer los asuntos que les encomienda ella misma y otros que pue- dan eventualmente encomendarles leyes especiales, para juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado. Formarán parte del Poder Judicial y tendrán la estructura, organización y com- petencia que establece esta ley. En subsidio se les aplicarán las reglas previstas en el Código Orgánico de Tribu- nales y en leyes especiales (por ejemplo, la nueva Ley de Matrimonio Civil). En materias de procedimiento, esta ley se integrará, según veremos, con el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sus nor- mas no pugnen con el carácter de “oral”, que predominará. En caso que el carácter de oralidad men- cionado no permita la integración con las reglas del Código de Procedimiento Civil, el propio juez de familia dispondrá la forma en que se deberán practicar las diversas actuaciones. El Decreto Supremo del Ministerio de Justicia Nº 673, publicado en el Diario Oficial de 30 de octubre de 2004, aprueba normas reglamentarias y complementa la nueva Ley de Matrimonio Civil. Este decreto supremo contempla fun- damentalmente las normas necesarias para la ejecución de la mencionada ley, especial- mente en lo relativo a los diversos “registros” a que se refiere y al procedimiento para practicar la inscripción del matrimonio en los libros del Registro Civil. La Ley Nº 19.968, por su parte, se com- plementa con su propio reglamento ya ci- tado. Salvo algunos casos de excepción que descubriremos en las siguientes páginas, esta ley no ha previsto reglas especiales relativas al cumplimiento o ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que hemos de estarnos a este respecto a las reglas generales, previstas en los distintos cuerpos legales a que se re- fiere, tales como la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y al Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, el Nº 5º del artículo 2º de la Ley, ha establecido una Unidad espe- cial, denominada de “Cumplimiento”, a que nos referiremos casi inmediatamente. B. Conformación: tribunales unipersonales de varios jueces Se trata en la especie de juzgados con varios jueces. Habrá entonces varios jueces en cada tribunal. Sin embargo, cada juez ejercerá jurisdicción por sí mismo. Veremos como es que en un proceso podrá intervenir más de un juez; podrá la audiencia preparatoria realizarse ante un juez distinto de aquel a quien le toque presidir la audiencia del juicio. Este último será necesariamente sin embargo quien dictará la sentencia. No se trata propiamente de tribunales colegiados, desde el momento en que, si bien en un mismo tribunal puede haber varios jueces, será sólo uno de ellos el que conocerá de alguna audiencia en parti- cular. TÍTULO I DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN
  5. 5. 14 Manual de Tribunales de Familia Artículo 3º. “Potestad jurisdiccional. Cada juez ejercerá unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan a los juzgados de familia”. Habrá un “Comité de Jueces”, presidido por un presidente. Es este Comité de Jueces quien debe aprobar el procedimiento de distribu- ción de causas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado un auto acordado con fecha 29 de sep- tiembre de 2005, publicado en el Diario Oficial el 7 de octubre de ese año, sobre distribución de causas entre los nuevos tribunales de familia. En su inciso final ordena comunicar el texto del mismo a la Corte Suprema y a las otras cortes de apelaciones del país, para que éstas lo pongan en conocimiento de los tribunales de sus dependencias. Se inserta su tenor al final de estas páginas. Entre otras funciones, este Comité de Jueces deberá calificar anualmente al Ad- ministrador del Tribunal. C. Conformación de los juzgados de familia Artículo 2º. Los juzgados de familia ten- drán los siguientes funcionarios: a. El número de jueces que para cada caso establece esta ley (art. 4º). b. Consejo Técnico. c. Un Administrador. d. Planta de empleados de secretaría. Analicemos someramente cada uno de ellos en particular: D. Funcionamiento de los tribunales de familia Los funcionarios antes mencionados se organizarán en “unidades administrativas”, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las siguientes funciones (art. 2º): (La ley no señala qué funcionario deberá cumplir cuál función.) 1º. Sala: Organización y asistencia a la realización de las audiencias. 2º. Atención de público y mediación, para otorgar: a. Una adecuada atención al público. b. Orientación al público. c. Información al público, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que con- curran al tribunal. d. Manejar la correspondencia del tri- bunal. e. Desarrollar las gestiones necesarias para la acabada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación. 3º. Servicios, que se encargará de: a. Reunir las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado. b. De contabilidad. c. De apoyo a la unidad administrati- va. d. Coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias. 4º. Administración de causas. Desarrollar toda la labor relativa a: a. Manejo de causas. b. Registro de los procesos, incluidos los relativos a las notificaciones. c. Manejo de fechas y salas para las au- diencias. d. Archivo judicial “básico”. e. Ingreso y número de rol de las causas nuevas. f. Actualización diaria de la base de da- tos, que contenga, a lo menos: – las causas del juzgado y – las estadísticas básicas del mismo. 5º. Cumplimiento. Dada la particular naturaleza de los procedimientos, esta unidad desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo, como el pago de pensiones alimenticias, y las que tienen que ver con la “relación directa y regular” de los menores con su padre o madre con el que no viven. La Ley manda a la Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, velar por el eficiente y eficaz cumplimiento de estas funciones, ha- ciendo aplicable además lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de Tribuna-
  6. 6. 15 Título. De los juzgados de familia y su organización les, esto es, declarando que es precisamente esa Corporación la que debe determinar –en la ocasión a que se refiere el artículo 498 de ese Código, o sea, a lo menos cada cinco años– las unidades administrativas “con que cada juzgado o tribunal contará para el cumplimiento de las funciones se- ñaladas en el artículo anterior” (se refiere a las diversas unidades administrativas de los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, haciéndolo aplicable a nuestros tribunales de familia). E. Se crean nuevos tribunales de familia Se crean nuevos tribunales de familia, en el número y en las localidades a que se refiere este artículo. Se inserta al final el texto de la ley, donde aparecen todos los tribunales que se crean (art. 4º). Párrafo 2º Del Consejo Técnico (arts. 5º y siguientes) “Los consejos técnicos son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por profesionales en el número y con los requisitos que establece la ley. Su función es asesorar individual o colecti- vamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su espe- cialidad.” Por su parte, el nuevo artículo 457 del Código Orgánico de Tribunales agrega en su inciso segundo que “Cuando por im- plicancia o recusación, un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especia- lidad requerida. Si todos los miembros del Consejo Téc- nico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un profesional que cumpla con los requisitos para integrar un consejo técnico de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo”. Resulta novedoso que la ley no haya dispuesto la integración con los miembros del Consejo Técnico de otro tribunal de familia, considerando especialmente que serán auxiliares de la administración de justicia, por decirlo expresamente el ar- tículo sexto. Además, no es claro que los miembros de algún Consejo Técnico de otro tribunal puedan ser considerados como miembros de un servicio público. Dicha norma de subrogación carece de todo sentido, en consecuencia, en aquellos lugares donde existe más de un tribunal de familia, en los que debió establecerse una subrogación con los miembros del Consejo Técnico de ese otro tribunal. Revisaremos a continuación tres as- pectos fundamentales de estos Consejos Técnicos: A. Funciones y atribuciones (art. 5º). B. Integración (art. 6º). C. Requisitos para integrarlo (art. 7º). A. De las funciones y atribuciones del Consejo Técnico a. Función general: Asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y mayor comprensión en los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad. Alanalizarelprocedimientoadvertiremos que en algunos casos su intervención será necesaria; y en otros, facultativa del juez. Cuando la ley quiso exigir la interven- ción del Consejo Técnico lo hizo expre- samente. Sin embargo, en auto acordado dictado por la Corte Suprema con fecha 30 de septiembre de 2005, publicado en el Diario Oficial el 8 de octubre del mis- mo año, relativo al funcionamiento de los juzgados de familia, cuyo texto se inserta al final de estas páginas, se instruye a los jueces para que exijan la intervención de algún miembro del Consejo Técnico en los asuntos a que se refiere el artículo 8º, numeral 10º de la ley, sobre aplicación de Título I. De los juzgados de familia y su organización
  7. 7. 16 Manual de Tribunales de Familia medidas de protección. También exige la Corte Suprema que las visitas que harán los jueces a establecimientos residenciales de menores se efectúen en compañía de un miembro de ese Consejo. b. Funciones particulares: La ley ejemplifica: – Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados, con el objetivo de emitir opi- niones técnicas que les sean solicitadas… – Asesorar al juez para la adecuada com- parecencia y declaración del niño, niña o adolescente. (Cuando nos refiramos al procedimiento, volveremos sobre este punto, y advertire- mos la importancia de estas declaraciones en él.) – Evaluar, a requerimiento del juez, la per- tinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y sugerir los términos en que esta última pudiere lle- varse a cabo. – Asesorar al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, y – Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad. B. Integración del Consejo Técnico a. En cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia. b. Serán auxiliares de la administración de justicia, para todos los efectos legales. C. Requisitos para integrar el Consejo Técnico a. Poseer título profesional de una ca- rrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por alguna univer- sidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. b. Se deberá acreditar experiencia pro- fesional idónea y formación especializada en materias de familia o de infancia de a lo menos dos semestres de duración, im- partida por alguna universidad o instituto de reconocido prestigio que desarrollen docencia, capacitación o investigación en dichas materias.
  8. 8. 17 Corresponderá a estos tribunales conocer de las siguientes materias: 1. Causas relativas al derecho de cui- dado personal de los niños, niñas o ado- lescentes. 2. Causas relativas al derecho y el de- ber del padre o la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una “relación directa y regular”. Elconceptode“relacióndirectayregular” se ha establecido para significar, a diferencia del antiguo “derecho de visitas”, que ésta es más un derecho del menor o adolescente que del padre o madre “visitante”. Además, se pretende que esta relación sea mucho más rica y completa que un sim- ple derecho de visitar a la prole en deter- minados días y horas, como ocurría bajo el imperio de las leyes antiguas, sino que se implemente en cambio una verdadera relación permanente, directa, regular, que permitirá por ejemplo al padre poder par- ticipar activamente como apoderado en el establecimiento educacional del menor, asistir a sus actividades importantes, aun “fuera de horario”; asistirlo en una eventual enfermedad, etc. Por ello, la ley ha dicho expresamente, al regular esta materia, que se trata de un “derecho y un deber” del padre o madre que no ejerce la tuición, en concordancia con el artículo 9º de la “Convención sobre los derechos del niño”, cuyo texto adjun- tamos al final. 3. Ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; y las autorizaciones a que se refieren los párrafos 2º y 3º del Título X del Libro IdelCódigoCivil(enajenarbienesraíces del hijo, y autorización para demandar). 4. Las causas relativas al derecho de alimentos (tanto para adultos como para menores). 5. Disensos para contraer matrimonio (a quienes no hayan cumplido dieciséis años de edad al tiempo de la celebración del matrimonio, conforme a la nueva Ley de Matrimonio Civil). 6. Guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aque- llas que digan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del art. 494 del Código Civil (los curadores ad litem son dados en el juicio respectivo). 7. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vul- nerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar alguna medida de protección conforme al art. 30 de la Ley de Menores (devolver- lo a los padres, libertad vigilada, confiarlo temporalmente a algún establecimiento educacional, etc...). ¿Qué ocurre si los derechos mencio- nados se ven vulnerados o amenazados, pero no “gravemente”? ¿Quién califica la gravedad? Será el juez quien no admitirá a tra- mitación aquellos asuntos en que los in- tereses de los menores no estén “grave- mente comprometidos”. En contra de la resolución que no admita a tramitación alguna solicitud por esta causa, se admite reposición y apelación conforme a las reglas generales (art. 67, desde el momento en que en la especie se trata de un decreto que hace imposible la continuación del juicio). TÍTULO II DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA (ART. 8º)
  9. 9. 18 Manual de Tribunales de Familia Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años, y adolescente desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad (art. 16, inciso final). La ley habla de niños y niñas para sig- nificar, atenta a las tendencias modernas, la no discriminación de sexos. En estas páginas hablaremos indistin- tamente de “menores”. 8. Las acciones de filiación, y Todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas. 9. Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a ado- lescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del ar- tículo 1º de la Ley Nº 20.084, que dispone que “En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad”. Ahora bien, tratándose de hechos puni- bles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo pres- crito en el artículo 102 N, es decir, el juez citará al padre, madre o quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines del artículo 234 del Código Civil (el juez podrá decretar una o más medidas cautela- res especiales a que se refiere el artículo 71 de la Ley Nº 19.968, que ya estudiaremos, con sujeción al procedimiento previsto en el párrafo primero del Título IV de la mis- ma, y que comentaremos en las próximas páginas). Como se lee, se trata en la especie de una facultad privativa del juez de familia, que aplicará o no según las circunstancias de cada caso en particular. 10. Autorizaciones para salir del país de niños, niñas o adolescentes. 11. Maltrato de niños, niñas o adoles- centes. 12. Procedimientos previos a la adop- ción. 13. Adopción. 14. Los siguientes asuntos que se sus- citen entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: 14.1. Separación judicial de bienes. 14.2. Causas sobre declaración y desafec- tación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos. 15. Las acciones de separación, nulidad y divorcio a que se refiere la Ley de Matri- monio Civil, que en su artículo 87 previene que en estas materias será competente “el juzgado con competencia en materias de familia, del domicilio del demandado”. Volveremos sobre este punto al estudiar la competencia. 16. Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito y situación de riesgo de los mismos (riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo). Además el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable (art. 7º, Ley Nº 20.066). 17. Toda otra cuestión que les enco- mienden otras leyes generales y especiales (art. 1º). En general, y tal como lo dispone además expresamente la nueva Ley de Matrimo- nio Civil, el juez tiene amplias facultades para resolver las cuestiones sometidas a su decisión. La ley lo faculta incluso para llamar a conciliación en cualquier tiempo, y no sólo en la oportunidad obligatoria, según veremos. Además, el juez puede y debe: a. Advertir respecto de posibles vicios de nulidad matrimonial.
  10. 10. 19 Título II. De la competencia de los juzgados de familia (art. 8º) b. Promover y ordenar completar los acuerdos en lo relativo a las “relaciones mutuas y con los hijos”, en los términos referidos en la Ley de Matrimonio Civil, en los artículos 21, 27 y 31 (pensiones ali- menticias; materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; relación directa y regular que mantendrá con los hijos el que no detente la tuición...). c. Potestad cautelar amplia, según ve- remos luego (art. 22). d. Ordenar, aun de oficio, pruebas que incluso no hayan sido ofrecidas por las partes, según también veremos luego (art. 29). Nos hemos limitado a señalar las materias de que conocerán estos tribunales. Al estudiar, en un próximo capítulo, el procedimiento, desarrollaremos más am- pliamente “la competencia”. A la Planta de Personal (arts. 115 y si- guientes) nos referiremos al final de estas páginas.
  11. 11. 21 Legislación aplicable a. Las reglas especiales de esta ley. b. En lo no regulado por esta ley, se- rán aplicables las disposiciones comunes a todos los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En tal caso será el juez quien dispondrá la forma en que se practicará la actuación (art. 27). Párrafo 1º De los principios del procedimiento (arts. 9º y siguientes) Así como lo hizo antes el Código Proce- sal Penal y luego el nuevo procedimiento laboral, esta ley ha considerado expresa- mente algunos principios formativos del proceso: Es así como el artículo 9º nos dice que el procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será: A. Oral. B. Concentrado y desformalizado, y que en él primarán los principios de: C. Inmediación D. Actuación de oficio, y E. Búsqueda de “soluciones colabora- tivas” entre las partes. Otros principios esenciales, que inspiran a esta ley, son los de: F. Gratuidad, y el de G. Interés superior de los menores (ni- ños, niñas y adolescentes). Analicemos cada uno de ellos en par- ticular: A. Principio de la oralidad (art. 10) Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente establecidas en esta ley, y a que nos iremos refiriendo a lo largo de nuestras explica- ciones. Agrega la ley que, sin perjuicio de lo dicho, el juzgado deberá llevar un “siste- ma de registro” de las actuaciones orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Nada impide pensar, por ejemplo, que las audiencias orales sean filmadas, cuestión que sería de suyo útil, en caso de impe- trarse recursos en contra de la sentencia definitiva. El “registro de audio” que se usa en las audiencias penales se ha implementado en los tribunales de familia. De hecho, el auto acordado de la Corte Suprema a que nos hemos referido dispone la remisión del “registro de audio y antecedentes de la causa” al tribunal de alzada correspon- diente, “cuando se encuentre firme la re- solución que declara sin discernimiento al adolescente”. 1 Asimismo, la conciliación que pudiese producirse en las audiencias orales debe- rá consignarse en extracto, manteniendo 1 El auto acordado sobre tramitación en sistemas informáticos en las cortes de apelaciones y Corte Suprema, inserto al final de este libro, contempla un registro informático de causas. TÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO
  12. 12. 22 Manual de Tribunales de Familia fielmente los términos del acuerdo que contengan. Excepciones: A pesar del carácter oral que inspira y prima en este proceso, encontraremos varias excepciones: Veremos, por ejemplo, como es que la demanda y la contestación a ella serán escritas; los informes periciales se acompa- ñarán, por escrito, a lo menos con tres días de anticipación a la audiencia. Conforme al artículo 327 del Código Civil, el juez puede decretar pensiones alimenticias provisorias, de plano, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. B. Principio de la publicidad (art.15) En concordancia con el artículo 9º del Código Orgánico de Tribunales, no solo las actuaciones jurisdiccionales, sino que también los procedimientos administrativos del tribunal son públicos. Excepciones: a. El artículo 86 de la Ley de Matrimo- nio Civil ha dispuesto que los procesos de separación, nulidad de matrimonio y divor- cio sean reservados, a menos que el juez, fundadamente y a petición expresa de los cónyuges, resuelva lo contrario. En consecuencia, será necesaria una resolución fundada, jamás de oficio, sino que necesariamente a petición de “los cón- yuges” (no de alguno de ellos, sino que de ambos). b. Una vez más, a petición de parte, cuan- do exista un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el juez podrá (se trata pues de una facultad privativa del magistrado, a la que no puede sin embargo recurrir de oficio) disponer una o más de las siguientes medidas: b.1.Impedir el acceso de personas de- terminadas de la sala donde se efectúa la audiencia. Se trata de una facultad excep- cional y limitada a “determinadas” perso- nas, no pudiendo el juez en consecuencia impedir el acceso masivo de las gentes que pretendan asistir a una audiencia. b.2.Ordenar la salida de personas de- terminadas de la sala donde se efectúa la audiencia. b.3.Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida, pero para la práctica de “diligencias específicas”. C. Principio de la concentración (art. 11) El procedimiento se desarrollará en au- diencias continuas y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Excepcionalmente podría no realizarse la audiencia programada, en los siguientes casos: a. Reprogramación El tribunal sólo podrá reprogramar una audiencia, en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio. La ley lo ha dicho en plural. Sin embargo, el único caso que permite al juez no realizar una audiencia programada y “reprogramarla”, es que no esté “disponible prueba relevante decretada por el juez”. Nos estamos refiriendo a la audiencia del juicio y no a la audiencia preparatoria, pues la prueba se decreta en esta última y se rinde en la primera nombrada. Es importante destacar además que la causal que justifica la reprogramación es la falta de disponibilidad de la prueba dispuesta por el juez y no de la ofrecida por las partes, que son responsables que la prueba esté disponible oportunamente. Como contrapartida, la ley ha dispuesto (art. 29) que las partes tendrán plenas fa- cultades para solicitar las respuestas a los oficios que se hayan despachado, según veremos al referirnos a la prueba. La resolución que disponga la nueva oportunidad para la audiencia se notificará conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 (aquella que hayan elegido los abogados patrocinantes para sí, y en su defecto, por el Estado Diario), cuando corresponda (respecto de aquellos que ha- yan realizado ya una “primera actuación”),
  13. 13. 23 Título III. Del procedimiento con a lo menos tres días de anticipación. Si alguna parte no ha realizado aún algu- na actuación en el proceso, la resolución que disponga la reprogramación de una audiencia deberá serle notificada confor- me a las reglas generales para las primeras notificaciones, y a que nos referiremos en su oportunidad. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los sesenta días siguientes a la fe- cha de la anterior. b. Suspensión Asimismo, el tribunal podrá suspender una audiencia durante su desarrollo, hasta por dos veces solamente, y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos al señalado antes, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La resolución que suspenda una audien- cia fijará la fecha y hora de su continuación, la que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes, y su comunicación por el juez en la audiencia se tendrá como citación y notificación suficientes. D. Principio de la inmediación (art. 12) Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. La inobservancia a este mandato puede incluso hacer lugar, a su turno, a un vicio que habilite o permita un recurso de casa- ción en la forma. Y se agrega, reafirmando, en términos im- perativos, que “El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido, y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 61”. Se trata de lo siguiente: Según aprenderemos luego, la prueba será rendida por lo general en la “audiencia del juicio” y no en la audiencia preparatoria, en la que solamente se ofre- cerá ésta. Sin embargo, por excepción se podrá rendir alguna prueba en la audiencia preparatoria, especialmente documental (aprenderemos en las páginas siguientes que esta circunstancia no radicará por regla general el conocimiento del asunto en ese juez en particular). La ley ha querido que toda la prueba sea recibida por un solo magistrado. Esta es una excepción. Estudiaremos luego que la sentencia deberá ser dictada por aquel juez que pre- sidió la “audiencia del juicio”. En el evento en que ello no fuere posible, se realizará una nueva audiencia. E. Actuación de oficio-celeridad (art. 13) No se refiere solamente al denominado “impulso oficial”, sino a facultades amplias del juez para instar específicamente por el pronto término del proceso, ordenando al magistrado darle curso progresivo; facultán- dolo al efecto a salvar los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, y hasta dotándolo de la autoridad suficiente como para solicitar a las partes los anteceden- tes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. La ley se ha limitado a facultar al juez para “solicitar” a las partes, mas no a exi- girles ni apercibirlos, por lo que la falta de colaboración en este punto no podrá ser considerado como desacato, sin perjuicio de ser tenido en cuenta al tiempo de tomar una decisión, en relación al principio de “colaboración” a que nos referiremos de inmediato; y al tiempo de decidir respecto de la procedencia y monto de las costas del juicio. Otro aspecto de este principio es aquel en cuya virtud promovido que sea el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad, especialmente cuando se trate de la protección de niños, niñas y adolescentes; y a las víctimas de violencia intrafamiliar. F. Principio de la colaboración o “búsqueda de soluciones colaborativas” entre las partes (art. 14) Durante el proceso (el procedimiento, dice la ley) y en la resolución del conflicto, se
  14. 14. 24 Manual de Tribunales de Familia buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas. Al efecto, ha de recordarse el art. 67 de la Ley de Matrimonio Civil, que dispone que, en cuanto se pida la separación judicial o el divorcio (no la nulidad del matrimonio), el juez, durante la audiencia preparatoria, instará a las partes a una conciliación. En el evento en que ésta no se produzca totalmente, el juez instará a las partes a some- terse a un proceso de mediación, y regulará provisionalmente todo aquello que dice re- lación con las “relaciones mutuas” y “con los hijos”(alimentos,relacióndirectaconloshijos y otros a que nos referiremos luego). Además, el juez está facultado para promover conciliaciones cuando lo esti- me oportuno. En los mencionados procesos, la Ley de Matrimonio Civil contempla también una instancia de mediación. Por su parte, esta Ley Nº 19.968 se re- fiere expresamente a la mediación, en los términos que veremos luego. Recordemos que el “Consejo Técnico” tiene, entre sus funciones principales, el evaluar la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y aun sugerir los términos en que ésta pudiere llevarse a cabo. G. Gratuidad de las actuaciones Las notificaciones, por ejemplo, serán practicadas por funcionarios del juzgado, sin costo, sin perjuicio del derecho de la parte de hacerla practicar por un receptor judicial particular, a su costa (art. 23). H. Interés superior del niño, niña o adolescente (art. 16) En concordancia con las tendencias de las legislaciones modernas, y en parti- cular con la Convención de los Derechos del Niño, esta ley establece expresamente este principio, como asimismo el derecho de éstos a ser oídos. El juez de familia debe siempre conside- rarlo, principalmente en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Es así como, por ejemplo, en todos los asuntos en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes o incapaces que carezcan de representante legal, o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son indepen- dientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su represen- tación, les designará al efecto a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquiera insti- tución pública o privada que se dedique a su defensa, como curador ad litem (art. 19), cuya representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal (derecho a presentar querellas). Potestad cautelar (art. 22) Es precisamente este interés superior de los menores el que justifica que esta disposición otorgue al juez amplísimas fa- cultades en materia de medidas cautelares, sobre las que conversaremos luego. I. Economía procesal Este principio se ve reflejado no sólo en la pretendida celeridad de los procesos, en los términos que hemos visto antes, sino también en un sistema en que las actua- ciones serán gratuitas, inclusas las notifi- caciones; y otros que iremos descubriendo en nuestro recorrer por las disposiciones de esta ley. En particular, esta aspiración de eco- nomía procesal se verá reflejada en los si- guientes institutos: a. “Acumulación necesaria” (art. 17) Regla general Los jueces de familia conocerán conjun- tamente, en un solo proceso, los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a
  15. 15. 25 Título III. Del procedimiento su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. Por excepción, procederá la acumulación de causas que no tengan asignado el mismo procedimiento, en los siguientes casos: – El del inciso final del artículo 9º de la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, en que el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular con los hijos si los hubiere y cual- quiera otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes. – Las materias previstas en los números 1, 2 y 7 del artículo 8º de esta Ley Nº 19.968 (cuidado personal de menores; relación directa y regular con el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo, y aquellos asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección, conforme al artículo 30 de la Ley de Menores). La sentencia deberá pronunciarse so- bre todas las cuestiones debatidas en el proceso. Por su parte, y de conformidad con la Ley de Matrimonio Civil, en los juicios de separación judicial, de nulidad y de divorcio, el juez deberá pronunciarse sobre todos los asuntos que dicen relación con las “relacio- nes mutuas y con los hijos” a que se refiere el art. 21 de esa ley (alimentos, cuidado personal de los menores, relación directa y regular con los hijos, en los términos a que nos hemos referido antes). b. Representación voluntaria (art. 18) En los procedimientos a que se refiere el Título IV de esta ley (Procedimientos Es- peciales: Medidas de Protección; Violencia Intrafamiliar; Actos Judiciales no Conten- ciosos y Procedimiento Contravencional), las partes podrán actuar y comparecer per- sonalmente, sin necesidad de mandatario judicial y de abogado patrocinante, a menos que el juez así lo ordene en forma expresa, especialmente en aquellos casos en que una de las partes cuente con asesoría de un abogado. El auto acordado de la Corte Supre- ma antes mencionado ha dispuesto: “Que la facultad de las partes para comparecer personalmente a las audiencias en los asun- tos de familia no es incompatible con la comparecencia a audiencias orales, ante los Juzgados de Familia, de los postulantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial ni de los otros habilitados en derecho que se desempeñan en entidades públicas o priva- das que prestan asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos”. Tampoco se requerirá del patrocinio de un letrado en las actuaciones en los procesos de mediación (art. 107, inciso 1º). Párrafo 2º De las “reglas generales” (arts. 17 y siguientes) El párrafo 2º del Título III se refiere a las “reglas generales”, aplicables a todos los procedimientos, algo así como reglas comunes a todos los procedimientos a que se refiere esta ley. 1. DE LA COMPETENCIA A. Competencia amplia Del art. 1º de la ley ya aparece una “com- petencia amplia” de los juzgados de familia, no sólo por la gran cantidad de asuntos que el art. 8º entrega al conocimiento de estos tribunales, sino que además porque (aun- que no lo hubiese dicho el art. 1º) deberán conocer de todos aquellos asuntos que una ley general o especial les encomiende. Por su parte, la Ley de Matrimonio Civil les encarga conocer de todos los asuntos de nulidad de matrimonio, de separación judicial y de divorcio, más todas las denomi- nadas “relaciones mutuas” y “con los hijos”. Estas últimas dicen relación con “a lo me- nos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado” (art. 21).
  16. 16. 26 Manual de Tribunales de Familia Como vemos, es perfectamente posible que en este juicio se deba litigar sobre “el régimen aplicable a los alimentos” de los menores. Conforme al artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil, será competente para conocer de los juicios de separación, nulidad y divorcio, y por lo tanto de estas cuestio- nes relativas a las “relaciones con los hijos” (entre las que se cuentan los regímenes de pensiones alimenticias), el juzgado con competencia en materias de familia del domicilio del demandado. Pero cuando el proceso de pensiones alimenticias no lo sea en alguno de estos juicios, sino que se trate exclusivamente de uno de alimentos, será competente “el juez de familia del domicilio del alimen- tante o del alimentario, a elección de este último…”. Lo mismo se observará en las solicitu- des de aumentos de pensiones alimenticias decretadas. De las de cese o rebaja de la pensión decretada conocerá el tribunal del domicilio del alimentario (art. 147 del Có- digo Orgánico de Tribunales). B. “Acumulación necesaria” (art. 17) Como ya adelantamos, los jueces de fa- milia conocerán, conjuntamente, en un solo proceso, los distintos asuntos que una o am- bas partes sometan a su consideración. La sentencia deberá pronunciarse so- bre todas las cuestiones debatidas en el proceso. C. Extensión de la competencia territorial (art. 24) a. Los juzgados de familia que depen- dan de una misma Corte de Apelaciones podrán decretar diligencias para cumplirse en cualquier comuna ubicada dentro del territorio jurisdiccional de dicha corte. b. La ley lo quiso decir además expre- samente a propósito de los territorios ju- risdiccionales de las Cortes de Santiago y de San Miguel, en que se podrán decretar diligencias para ser cumplidas en el terri- torio dependiente de la otra. D. Amplia competencia para decretar medidas cautelares (art. 22) 2. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES A. Concepto Son aquellas que tienen por objeto asegu- rar el resultado del juicio o que tengan por objeto especial garantizar el interés superior del niño, niña o adolescente, consideran- do la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación del juicio. B. Clases B.1. De lo anterior, aparece que existen a lo menos dos grandes clases de medidas cautelares: B.1.1. Aquellas que tienen por objeto asegurar el resultado del juicio (correspon- den al concepto de medida precautoria de nuestro Código de Procedimiento Civil). Se aplicarán en la medida que no sean in- compatibles con los principios formativos establecidos en esta ley, especialmente el de oralidad. B.1.2. Aquellas que tienen por objeto asegurar el interés superior de un niño, niña o adolescente (art. 71). B.2. Según la oportunidad en que se decretan, éstas admiten una segunda cla- sificación: B.2.1. Prejudiciales. B.2.2. Judiciales. Aun de oficio, en cual- quier estado del proceso. B.3. Según su finalidad, éstas pueden ser a su vez de dos clases: B.3.1. Conservativas. Tienen por objeto mantener las situa- ciones actuales, para evitar la celebración o ejecución de actos que puedan dañar o perjudicar el interés del solicitante. Equivale a pedir al juez una especie de “orden de no innovar” respecto a situaciones de hecho preexistentes. Tal podrá ser por ejemplo una prohibi-
  17. 17. 27 Título III. Del procedimiento ción de celebrar actos y contratos. B.3.2. Innovativas. A diferencia de las anteriores, se pedirá al juez que innove, que cambie, que modi- fique una situación existente. Las innovativas sólo pueden disponerse en los siguientes casos: – Situaciones urgentes. – Cuando lo exija el interés superior de un niño, niña o adolescente. – Cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar. B.4. Con notificación previa, y Sin notificación previa, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal lo ordene expresamente. En este caso, la notificación deberá practicarse en cinco días, pudiendo el juez ampliar este plazo por motivos fundados, bajo sanción de caducidad. C. Forma de decretarlas C.1. De oficio. C.2. A petición de parte. D. Legislación aplicable En todo lo demás, se les aplicarán las reglas de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en el procedimiento de medidas de protección de los derechos de los menores, a que nos referiremos luego, sólo podrán decretarse las medidas del art. 71 de esta ley, a saber: – Entrega inmediata. – Cuidado de un menor a cargo de una persona o familia en caso de urgen- cia. – Ingreso de un menor a un progra- ma de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indis- pensable. – Concurrencia de menores o sus padres a programas de apoyo. – Suspender el derecho a mantener relaciones directas o regulares con el menor. – Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común. – Prohibir o limitar la presencia del ofensor al lugar de estudio o trabajo del menor, así como cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. – Internación en un establecimiento hospitalario. – Prohibición de salir del país del me- nor. Analizaremos estas medidas cuando nos refiramos a los procedimientos especiales de esta ley (Título IV). 3. DE LA COMPARECENCIA EN JUICIO (ART. 18) Regla general Salvos los casos de excepción antes men- cionados (procedimientos especiales), en los procesos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y repre- sentadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio. Por excepción, el juez puede “en caso necesario” exceptuar a la parte, cuestión que hará expresamente, mediante resolución fundada que dictará de inmediato. Sigue la ley disponiendo que “ambas partes” (sabemos que en un proceso puede haber más que dos partes –artículos 17 y siguientes del Código de Procedimiento Civil–) podrán ser patrocinadas y represen- tadas en el juicio por las Corporaciones de Asistencia Judicial (las Corporaciones no pueden patrocinar ni representar en juicio a nadie. Ello está reservado a los abogados y a los procuradores –arts. 1º y 2º de la Ley Nº 18.120–). Entendemos que lo querido por el legis- lador fue evitar la situación de injusticia que se producía en la práctica cuando una parte no podía recurrir a alguna corporación de éstas porque estaba asistiendo a la otra. Ocurrirá entonces, bien puede ocurrir, que una misma Corporación de Asistencia Judicial asista a todas las partes de un mismo
  18. 18. 28 Manual de Tribunales de Familia juicio, con intereses contradictorios. Creo que esa es la razón de que la Ley mande al Ministerio de Justicia a dictar un regla- mento para regular la “modalidad” con que los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial asumirán la represen- tación en dichas causas. Hasta el cierre de esta edición dicho reglamento no ha sido dictado. Renuncia y abandono. Responsabilidad pro- fesional La regla en esta materia es “especial” y por lo tanto prima por sobre la “general” del inciso segundo del artículo 10 del Có- digo de Procedimiento Civil (art. 4º del Código Civil). Por de pronto, se han previsto dos clases de renuncia: la formal y “el abandono”, asimilándose sin embargo sus efectos. Nos advierte la ley que la “renuncia formal” del abogado patrocinante o del apoderado no los libera de su deber de realizar todos los actos “inmediatos y ur- gentes” que sean necesarios para evitar la indefensión de su representado. En caso de renuncia del abogado pa- trocinante o de abandono de hecho de la defensa, el tribunal designará de oficio a otro que la asuma, a menos que el repre- sentado se procure antes un abogado de su confianza. Tan pronto como éste acepte el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal. Si este abogado “designado por el Tri- bunal” no es de alguna Corporación de Asistencia Judicial, alguna “Clínica Jurídica”, Consultorio Municipal o en general algu- na entidad que preste servicios jurídicos gratuitos, tendrá derecho, obviamente, a percibir honorarios profesionales por sus gestiones. La situación de “abandono” a que nos hemos referido puede deberse a una negli- gencia inexcusable del abogado, causando indefensión y hasta perjuicios, caso en el que los magistrados podrán aplicar sanciones o medidas disciplinarias, conforme a las reglas generales. Además, y tal como hemos advertido (art. 19),entodoslosasuntosdecompetencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, ado- lescentes o incapaces, el juez deberá velar por que éstos se encuentren debidamente representados. 4. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO (ART. 20) Sin perjuicio de la facultad del juez de suspender el desarrollo de la audiencia en los términos a que nos hemos referido an- tes, las partes podrán, de común acuerdo, y previa autorización del juez, suspender hasta dos veces de la audiencia que hubiere sido citada. No se trata entonces en verdad de un derecho de las partes, sino que más bien de una prerrogativa o facultad discrecional del juez, desde el momento en que si éste “no autoriza”, ni aun el “común acuerdo” será suficiente para suspender la audiencia, ni una sola vez. 5. DE LAS NOTIFICACIONES (ART. 23) A. Notificación personal Deberá realizarse personalmente la pri- mera notificación a la parte demandada, mediante un funcionario del tribunal desig- nado por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre re- currir a un receptor judicial particular, a su costa. B. Notificación “personal especial”, o “subsi- diaria” En subsidio tendrá aplicación una forma de notificación similar a aquella prevista en el artículo 44 del Código de Procedi- miento Civil. En efecto, cuando la notificación per- sonal no sea posible por no ser habida la persona a quien se debe notificar (no se exige haber buscado en días y horas há-
  19. 19. 29 Título III. Del procedimiento biles distintos, como en la regla general del citado artículo 44, sino que basta con que ésta “no sea habida”), se procederá a su notificación “en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal” en la forma recién dicha. Para que esta notificación personal especial sea procedente será entonces ne- cesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: a. Que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar. b. Que el ministro de fe encargado de practicar la diligencia “establezca” las si- guientes dos circunstancias: – Cual es la habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profe- sión o empleo la persona a que se quiere notificar, y – Que ésta se encuentre en el lugar del juicio. c. El ministro de fe dejará constancia de lo anterior y procederá a notificar en la forma dicha en los dos últimos incisos del artículo 44 mencionado (entregará copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído a cualquiera persona adul- ta que se encuentre en el lugar, o, si nadie hubiere allí, fijando en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especi- ficación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y resoluciones que se notifican. En caso de que el lugar de notificación se encuentre en un edificio o recinto al que no se permita libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio de esta circunstancia). Carta certificada Practicada la notificación en la forma vista, el ministro de fe enviará carta certi- ficada, a ambas partes, el mismo día, o a más tardar, al siguiente. La omisión en el envío de la carta no inva- lidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los “daños y perjuicios” que se originen, y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales (censura por escrito, multa, o suspensión de sus funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, cuando procediere). C. Alguna otra forma que el juez estime idónea Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispon- drá que la notificación le sea practicada por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos. D. Carta certificada Se notificarán por carta certificada las sentencias definitivas y las resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en al- guna audiencia. Estas cartas deberán enviarse al domici- lio del apoderado y no al de la parte, pues es precisamente para esos efectos que la ley les ha exigido señalar un domicilio en su primera presentación al tribunal. Ade- más, una notificación de esta naturaleza y trascendencia efectuada a un lego bien puede causarle indefensión, pues no tiene por qué dimensionar la real importancia o trascendencia del contenido de la car- ta, ni reaccionar con prontitud a efectos, por ejemplo, de recurrir en contra de la mencionada resolución. Además, proba- blemente asumirá, y con razón, que su apoderado está debida y oportunamente notificado, cuestión que podría perfecta- mente no ser si la carta no le es enviada además al procurador. Las notificaciones se entenderán prac- ticadas al tercer día hábil siguiente a aquel en que fueron expedidas las cartas. E. Estado Diario El resto de las resoluciones se notificarán por el Estado Diario. F. Notificación por la policía Excepcionalmente, y por resolución
  20. 20. 30 Manual de Tribunales de Familia fundada, el juez podrá ordenar que la no- tificación se practique por Carabineros o personal de la Policía de Investigaciones. G. Otras, en la forma que el propio abogado patrocinante decida Los abogados patrocinantes de las par- tes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso, a excepción de las sentencias definitivas y las resoluciones que ordenan la compa- recencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en alguna audien- cia, en los términos a que nos acabamos de referir. Esto resulta novedoso en procedimientos seguidos ante tribunales ordinarios y especia- les (recordemos que hay varias localidades en que estas materias serán conocidas por los jueces de letras). De diaria ocurrencia ante árbitros arbi- tradores, se implementarán sin duda noti- ficaciones por fax, vía e-mail, mensajes de texto y hasta telefónicamente. Es frecuente que los apoderados hagan saber al tribunal su correo electrónico para estos efectos. 6. DE LOS INCIDENTES A. Incidentes promovidos durante el transcurso de la audiencia en que se originen (art. 26, inc. 1º) a. Regla general Se resolverán inmediatamente por el tribunal, “previo debate”. La dialéctica y dinámica con que se desarrollan estas au- diencias justifican y ameritan lo anterior, y determinan que se produce de hecho un verdadero “debate” entre las partes, dirigido y moderado por el juez, y no una simple “audiencia” o “traslado” conferido por éste antes de resolver. b. Excepción Si para su resolución es necesaria la prueba que no hubiese sido posible pre- ver con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición, antes de resolver. La decisión de estos incidentes no será susceptible de recurso alguno. B. Los otros incidentes (art. 26, inc. 2º) Apartándose de lo que ha querido ser un principio inspirador de todo el proce- dimiento, se podrán interponer incidentes “fuera de audiencia”, deben presentarse por escrito. En cuanto a la oportunidad, si el in- cidente se origina en un hecho anterior a una audiencia, sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. Sin embargo, ha establecido a propósito del incidente de nulidad procesal que éste será rechazado de plano si es interpuesto extemporáneamente (si no se reclama del vicio oportunamente, dice). A propósito de la nulidad procesal ha- brá que estarnos, como sabemos (artículo 27), a las reglas generales, esto es, al inciso segundo del artículo 83 y al inciso primero del artículo 85, ambos del Código de Pro- cedimiento Civil, en cuya virtud, si se trata de un incidente de nulidad, habrá de impe- trarse dentro de cinco días, y en los otros casos “tan pronto” como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha reiterado que ese “tan pronto” significa también “dentro de quinto día”. El juez puede resolverlos de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados, caso en el que citará a una audiencia especial, a más tardar dentro de tercero día a la que concurrirán éstos con sus medios de prueba. El incidente se resolverá en esa audien- cia. Con todo, si se hubiere fijado la audien- cia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al quinto día de interpuesto el incidente, se resolverá en ésta.
  21. 21. 31 Título III. Del procedimiento C. Nulidad procesal (art. 25) C.1. Hemos visto que (art. 12) las audien- cias y diligencias de prueba deben realizarse ante el juez, bajo sanción de nulidad. Habrá nulidad procesal cada vez que se inobserve un trámite elevado a la categoría de “esencial” por la ley. C.2. No hay nulidad sin “efectivo per- juicio”. Lo habrá cuando el vicio hubiese impe- dido el ejercicio de derechos del litigante que reclama. En la solicitud de nulidad deberán se- ñalarse con precisión los derechos que no se pudieron ejercer como consecuencia de la infracción que se denuncia. La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización no puede alegar la nulidad. Toda nulidad queda subsanada si la parte perjudicada no reclama del vicio oportu- namente (ya sabemos lo que eso significa), si ella ha aceptado tácitamente los efectos del acto y si, no obstante el vicio, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. El tribunal no podrá declarar de oficio las nulidades convalidadas. D. Abandono de procedimiento (art. 21) D.1. Regla general Si llegado el día de la celebración de las audiencias fijadas no compareciere ninguna de las partes, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva audiencia a más tardar dentro de quinto día, el juez, de oficio, procederá a declarar abandonado el procedimiento. D.2. Excepción No declarará, sin embargo, abandonado el procedimiento en los siguientes casos: a. Asuntos en que aparezcan menores gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, respecto de los cuales se re- quiera adoptar alguna medida de protec- ción conforme al artículo 30 de la Ley de Menores (con el objeto de proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos el juez podrá mediante resolución fundada, en particu- lar, disponer su concurrencia o la de sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado, a programas de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar la situación de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes; o disponer el ingreso del menor en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial). b. Acciones de filiación y las que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas. c. Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a ado- lescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del ar- tículo 1º de la Ley Nº 20.084 (que no se trate de alguna de las faltas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 499 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26 del Código Penal y de las tipificadas en la Ley Nº 20.000). Tratándosedehechospuniblescometidos por un niño, niña o adolescente. El juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el artículo 102 N de la Ley Nº 19.968, que dispone que en los casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita, el juez de familia deberá citar a su padre, madre, o quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines del artículo 234 del Código Civil, que se refiere a la facultad de los padres para corregir a sus hijos. d. Causas relativas a maltrato de ni- ños. e. Procedimientos previos a la adop- ción, y En estos casos, el juez citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia bajo apercibimiento de continuar el proceso y resolver de oficio. D.3. Si la no comparecencia de las par- tes se produce en una causa de violencia intrafamiliar, el juez ordenará el “archivo provisional de los antecedentes”. En este
  22. 22. 32 Manual de Tribunales de Familia caso el denunciante o demandante podrá solicitar en cualquier momento “la reaper- tura del procedimiento”. Transcurrido un año desde que se de- crete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del proceso, el juez declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento y dejará sin efecto las medidas cautelares que haya fijado. Como vemos, la posibilidad de pedir el desarchivo de la causa y su reanudación pertenece exclusivamente al denunciante o demandante. No puede hacerlo el deman- dado o denunciado, quien puede ser objeto de medidas cautelares por hasta un año. E. Revocación de actos fraudulentos del ali- mentante Nos referiremos a este y otros incidentes especiales en el capítulo correspondiente al procedimiento de juicios de cobro de pensiones alimenticias. Párrafo 3º De la prueba 1. DISPOSICIONES GENERALES ACERCA DE LA PRUEBA (ARTS. 28 Y SIGUIENTES) A. Libertad de prueba Este principio se aplica solamente a “con- flictos familiares”, y por tanto no se aplica a otras materias que son de conocimiento de estos tribunales. Consiste en que se permite cualquier medio de prueba producido en conformi- dad a la ley. Ya veremos como es que, por ejemplo, no hay testigos ni peritos inhábiles, y como es que se puede recurrir a grabaciones, videos, fotografías, y en general cualquier medio obtenido en forma legal, esto es, sin violación a la ley o garantías constitu- cionales. Si bien se permite cualquier medio de prueba, la ley ha reglamentado expresa- mente la prueba testimonial, la pericial y la denominada “declaración de las partes”. B. Amplitud de prueba Las partes pueden ofrecer cualquier medio de prueba de que dispongan, e in- cluso pueden solicitar al juez que ordene además la generación de otros, tales como pericias, o incluso pruebas que dependan de terceros, públicos o privados. Alguien querrá cuestionar esta facul- tad de un juez de disponer medidas que afectan y hasta obligan a terceros ajenos al juicio, forzándolos por ejemplo a exhibir documentos. Noesnovedosoennuestroordenamiento jurídico que los jueces tengan facultad de disponer medidas o incluso dictar sentencias que puedan afectar o ser obligatorias para terceros ajenos al juicio, haciendo excep- ción al principio general del denominado efecto relativo de las sentencias, previsto en el artículo 3º del Código Civil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las sentencias que ordenan a un empleador retener parte de la remuneración de un alimentante trabajador suyo. También lo ha previsto, entre otros casos, el inciso segundo del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. La naturaleza de los asuntos a que nos estamos refiriendo justifica esta facultad: Los jueces sabrán ser sabios y prudentes en estas materias. Hay aún más: Veremos luego que la ley ha facultado a las partes para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras per- sonas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio. Se evita de esta manera el tener que pedir al tribu- nal que reitere algún oficio anterior o que pida cuenta de él, pues las partes podrán hacerlo directamente, sin decreto judicial previo. El juez, obviamente, evitará despachar oficios cuando se pretenda información que puede ser aportada por la parte en forma directa. Por ejemplo, hemos visto como es que, acertadamente, niegan lugar a despa- char oficios al Conservador de Bienes Raíces pidiendo informe respecto de los inmuebles
  23. 23. 33 Título III. Del procedimiento que puedan figurar inscritos a nombre de algún alimentante, pues esa información puede ser obtenida directamente por la parte interesada. C. Facultad de oficio El juez puede, de oficio, en la audiencia preparatoria a que nos referiremos luego, ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulten necesarios. D. Convenciones probatorias (art. 30) Cuando estudiemos el procedimiento analizaremos lo que se denominará la “au- diencia preparatoria”. En esa audiencia preparatoria las partes podrán solicitar, en conjunto, que se den por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la “audiencia del juicio”. Será frecuente, por ejemplo, acordar que se dé por acreditado el carácter de estudiante de los hijos; o que el alimentante trabaja en determinado lugar; que la demandante no trabaja, o que los hijos estudian en tal o cual establecimiento. El juez podrá incluso proponer a este respecto, teniendo siempre en conside- ración los dichos de la demanda y de la contestación. Aprobación de las convenciones probatorias Estas convenciones probatorias deben ser aprobadas por el juez. El juez las aprobará a menos que: a. Fueren contrarias a derecho. b. Pudiesen vulnerar los intereses de los menores involucrados en el conflicto. c. No logre verificar que el consentimien- to ha sido dado en forma libre y voluntaria, y además con pleno conocimiento de los efectos de la convención. E. Examen de admisibilidad de la prueba (art. 31) El juez deberá entonces, acto seguido y en la misma audiencia preparatoria, estudiar la prueba ofrecida: a. Como acabamos de ver, analizará y determinará si declara o no admisibles todas o algunas de las pruebas ofrecidas. b. Deberá resolver si aprueba o no las convenciones probatorias. c. Deberá en esta audiencia escuchar sobre el particular a las partes que hubieren comparecido. Del examen que realiza el juez, éste ex- cluirá fundadamente y en consecuencia no aprobará las convenciones probatorias, en aquellas partes en que: i. Las pruebas sean manifiestamente impertinentes. ii. Las pruebas tuvieren por objeto acre- ditar hechos públicos y notorios. iii.Las pruebas que resulten sobreabun- dantes. iv. Las pruebas que hubiesen sido obtenidas con infracción de “garantías fundamentales”. Las demás serán admitidas y se ordena- rá su rendición en la audiencia del juicio respectivo, en la forma y oportunidad a que nos referiremos luego. F. Valoración de la prueba (art. 32) Los jueces apreciarán la prueba confor- me “a las reglas de la sana crítica”. a. Concepto de “sana crítica” Con el objeto de evitar arbitrariedades judiciales y dar certeza jurídica, si bien no ha definido propiamente tal lo que debe entenderse por sana crítica, la ley ha queri- do sin embargo dar luces respecto a cómo es que el juez de familia debe arribar a sus conclusiones. Claramente, las reglas de la sana crítica no pueden significar el arbitrio del juez, pues éste deberá fallar necesariamente conforme al mérito del proceso (art. 160 del Código de Procedimiento Civil). El legislador ha aclarado que para que la prueba pueda ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica debe cumplirse con algunos requisitos: – No puede contradecir los principios de la lógica. – No puede ser contrario a las máximas de la experiencia. – No puede ser contrario a los conoci- mientos científicamente afianzados (esto dará un tremendo valor a los
  24. 24. 34 Manual de Tribunales de Familia peritajes y opiniones de testigos fa- cultativos). b. Prueba y sentencia Lo anterior deberá quedar reflejado en la sentencia. La sentencia, en efecto, deberá cumplir, en relación a la prueba, varios requisitos copulativos: – Debe hacerse cargo en su fundamen- tación de toda la prueba rendida, incluso aquella que se hubiese desestimado (indi- cando en tal caso las razones para ello). – Deberá señalar los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acredi- tados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones. 2. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL (ARTS. 33 Y SIGUIENTES) A. De los testigos En el procedimiento de familia no exis- ten testigos inhábiles (art. 40). Sin embargo, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a: A.1. Demostrar su credibilidad o falta de ella. A.2. Demostrar la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad o “algún otro defecto de idoneidad”. Ello con el objeto de que el juez otor- gue al testimonio más o menos o ninguna fuerza probatoria, al tiempo de ponderar la prueba cuando dicte la sentencia. B. Deber de comparecer a declarar B.1. Regla general Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial prac- ticado, con el fin de prestar declaración testimonial. En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia. Sanciones Si el testigo legalmente citado no com- parece sin causa justificada, se procederá a apercibirlo con arresto (el juez fijará al efecto una nueva audiencia). Además, podrá imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia. El testigo que se negare a declarar sin justa causa, será sancionado con las penas que establece el inciso segundo del ar- tículo 240 del Código de Procedimiento Civil (reclusión menor en su grado medio a máximo). B.2. Excepciones No están obligados a comparecer a la audiencia (art. 35): a. El Presidente de la República; los ex presidentes, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los miembros de la Corte Suprema; los integrantes del Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional. b. Los comandantes en jefe de las fuerzas armadas; el General Director de Carabine- ros y el Director General de la Policía de Investigaciones. c. Los chilenos o extranjeros que goza- ren en el país de inmunidad diplomática. d. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo. Con todo, si las personas señaladas en las letras a, b y d renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. C. Deber de declarar C.1. Regla general Todos deben declarar, aun quienes no es- tán obligados a comparecer a la audiencia: a. Las personas comprendidas en las letras a, b y d recién mencionadas, serán interrogadas en el lugar donde ejercen sus funciones o en su domicilio. b. Las personas comprendidas en la letra c recién mencionada declararán por informe, si consintieren a ello voluntaria- mente.
  25. 25. 35 Título III. Del procedimiento Al efecto, se les dirigirá un oficio res- petuoso, por medio del ministerio respec- tivo. C.2. Excepciones a. Las personas mencionadas en la le- tra c del artículo 35 (fuero diplomático) no declararán, a menos que accedan a ello voluntariamente. b. Principio de no autoincriminación (art. 37). El testigo tiene derecho a negarse a res- ponder aquellas preguntas cuyas respuestas pudieren acarrearle peligro de persecución penal por un delito, a él o a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes, descen- dientes, o algunos parientes cercanos, a su pupilo o a su guardador; a su adoptante o adoptado. D. Objeto de la declaración (art. 33) En la declaración testimonial se deberá decir la verdad sobre lo que se le pregun- tare, debiendo aportar y declarar hechos, circunstancias o elementos acerca del con- tenido de su declaración. E. Forma de la declaración E.1. Regla general: Juramento o promesa (art. 38) Todo testigo, antes de comenzar su de- claración, prestará juramento o promesa respecto a: a. Decir verdad sobre lo que se le pre- guntare. b. No ocultar información que pudie- re conducir al esclarecimiento de los he- chos. E.2. Excepción No se tomará juramento o promesa a los menores de dieciocho años. Se hará constar en el registro la omisión del juramento o promesa. E.3. Instrucción al testigo El juez, si lo estima necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio. E.4. Individualización del testigo La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nom- bres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y re- sidencia o domicilio, todo ello sin perjui- cio de las excepciones contenidas en leyes especiales. E.5. De la declaración misma a. Deberán dar razón circunstanciada de los hechos sobre que declaran, expresando si los presenciaron, dedujeron de antece- dentes conocidos o por haberlos oído de otra persona. b. Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser interrogados por el juez. Las preguntas deberán dirigírseles a través del juez. Por excepción, el juez puede autorizar el interrogatorio directo a ellos, cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará su persona. c. Testigos sordos. Las preguntas les serán formuladas por escrito. d. Testigos mudos. Contestará por escrito, si puede. Si no puede, se le aplicará la regla de los sordo- mudos. e. Sordomudos. Se recibirá su declaración por una o más personas que puedan entenderse con él. Estas personas deberán prestar el jura- mento o promesa de los testigos. f. Necesidad de intérprete. Si el testigo no supiere el idioma cas- tellano, será examinado por un intérprete mayor de edad, que también prestará ju- ramento. E.6. Efectos de la comparecencia respecto de otras obligaciones similares La comparecencia del testigo será siem- pre suficiente justificación para eximirse de otras obligaciones, laborales, educativas o de otra naturaleza, y no le ocasionará
  26. 26. 36 Manual de Tribunales de Familia consecuencias jurídicas adversas bajo cir- cunstancia alguna. Si bien el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil aparece en términos restrictivos y taxativos, creo que atendidos los amplios términos de este artículo 44, de dictación posterior, podrá invocarse esta dis- posición por los abogados que sean testigos en estos juicios para suspender alguna vista de la causa en la que deban alegar. 3. DE LA PRUEBA PERICIAL (ARTS. 45 Y SIGUIENTES) A. Casos en que procede A.1. En los casos determinados por la ley. A.2. Siempre que, para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. B. Fuente u origen de la prueba pericial B.1. Por iniciativa de la parte Las partes pueden recabar informes peri- ciales elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a declarar a la audiencia del juicio, acompañando los antecedentes que acrediten la idoneidad profesional del perito. Los honorarios y gastos derivados de la intervención de estos peritos serán de cargo de la parte que los presente. Las partes y el juez podrán requerir al perito información acerca de su remune- ración y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado. El juez admitirá la prueba pericial cuando concurran los siguientes requisitos: a. Requisitos generales para la admisi- bilidad de toda prueba, tal como hemos explicado antes. b. Cuando considere que los peritos otorgan suficiente garantía de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal puede limitar el número de peritos cuando resultaren exce- sivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. B.2. El juez, de oficio o a petición de parte, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto. Pero en este caso el peritaje se debe solicitar necesariamente a: a. Algún órgano público, o b. Un organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado que desarrolle la línea de acción a que se refiere el artículo 4º, Nº 3.4 de la Ley Nº 20.032 (labor ambulatoria de asesoría técnica en el ámbito psicosocial u otros análogos). C. Carga del perito de declarar C.1. Regla general El perito no estará obligado a compa- recer a la audiencia del juicio a declarar sobre su informe, y se admitirá el informe pericial como prueba. C.2. Excepción Si la parte lo pide expresamente, el perito deberá concurrir a la audiencia a declarar sobre su informe. D. Requisitos del informe D.1. Los informes deberán emitirse con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o a las reglas del arte u oficio que profesare el perito. D.2. Sin perjuicio de la carga, en su caso, de concurrir el perito a la audiencia, el peritaje deberá entregarse por escrito, con tantas copias como partes figuren en el proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquellas: a. Siloencargólaparte,concincodíasde anticipación a la audiencia, a lo menos. b. Si lo dispuso el juez (de oficio o a petición de parte), con a lo menos tres días de antelación a la audiencia de juicio. D.3. Será aplicable a los informes pe- riciales lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal, esto es:
  27. 27. 37 Título III. Del procedimiento a) La descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado y modo en que se hallare; b)Larelacióncircunstanciadadetodaslas operaciones practicadas y su resultado, y c) Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. E. Improcedencia de inhabilitación de los peritos Tal como ocurrió con los testigos, los peritos no podrán ser inhabilitados. No obstante, en la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a de- terminar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. 4. DE LA DECLARACIÓN DE LAS PARTES (ARTS. 50 Y SIGUIENTES) A. Procedencia de la declaración Cada parte podrá solicitar al juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de que tengan noticia, y que guarden relación con el objeto del juicio. La solicitud deberá formularse en la audiencia preparatoria, señalando con pre- cisión los hechos que se pretende acreditar mediante esta diligencia. Esto es de suma importancia para el evento de contumacia del que fue citado a declarar, según veremos a continuación. B. Clases de preguntas Las preguntas pueden ser afirmativas o interrogativas, pero en todo caso precisas y claras, de manera que puedan ser enten- didas sin dificultad. En ningún caso pueden incorporar va- loraciones ni calificaciones. El juez resolverá las objeciones que se formulen al efecto, y a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar. Asimismo, podrá el juez rechazar, de oficio, que se formulen preguntas imper- tinentes o inútiles. Una vez concluida la declaración, el juez puede dirigir las preguntas que estime necesarias destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos. C. Preguntas recíprocas Cuandonoseaobligatorialaintervención de abogados, las partes, con autorización del juez, podrán efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones que sean perti- nentes. Si, a pesar de no ser forzosa la inter- vención de los abogados, las partes se han hecho asistir por alguno, entonces parece obvio que las preguntas serán formuladas por estos profesionales. En el evento de ser forzosa esta inter- vención, las preguntas serán formuladas por los abogados. D. Sanción por no comparecencia Si la parte debidamente citada no com- parece a la audiencia, o compareciendo se niega a contestar o diese respuestas evasi- vas, el juez podrá dar por reconocidos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se le apercibirá al efecto. Será entonces muy importante dejar claramente establecidos, al pedir que se cite a la contraparte a prestar declaración, los hechos que se pretende acreditar. No habrá pues sobre de posiciones que deba acompañarse. 1 A diferencia de lo que ocurre con la absolución de posiciones prevista en el Código de Procedimiento Civil, en que la sanción mencionada opera en todo caso, se trata, como se ve, de una facultad privativa del juez, quien deberá entonces dar o no por reconocidos los hechos mencionados conforme al contexto general del juicio y del resto de las pruebas rendidas. 1 El profesor Juan Pomés Andrade discrepa de esta opinión, y sostiene la necesidad de acompañar un “interrogatorio escrito” a la audiencia del juicio (charla efectuada en el Colegio de Abogados de Chile A.G., “Seminario sobre Tribunales de Familia”, 14 de septiembre de 2004).
  28. 28. 38 Manual de Tribunales de Familia Debe notarse además que la sanción consiste, en el contexto mencionado, “dar por reconocidos” ciertos hechos, y no darlos por confesados. Lo anterior es importante y la diferen- cia no es meramente semántica, pues la confesión del Código de Procedimiento Civil puede llegar a constituir plena prue- ba (art. 399); en cambio en este caso será un elemento más, que el juez apreciará conforme a las reglas de la sana crítica, en los términos a que nos hemos referido antes. El auto acordado relativo al funciona- miento de los tribunales de familia dictado por la Corte Suprema a que nos hemos referido ya varias veces, dispone: “Que, úni- camente para el caso de la incomparecencia de la parte debidamente citada y con el solo objeto de hacer procedente la sanción pre- vista en el artículo 52 de la Ley Nº 19.968, la parte que solicite la respectiva declaración debe presentar, por escrito al tribunal, en sobre cerrado y con a lo menos dos días hábiles de anticipación a la audiencia del juicio, un listado o minuta de preguntas redactadas en forma asertiva. En el evento de la incomparecencia, el pliego será leído en la audiencia, pudiendo el juez, de oficio o ante incidente formulado por las partes, rechazar las preguntas que considere impertinentes o inútiles, de con- formidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 53 de la Ley Nº 19.968. Por consiguiente, si la parte debidamente citada concurre a la audiencia del juicio, la declaración se realizará sin sujeción al referido listado o minuta de preguntas”. Como se ve, esto se contrapone con lo recién opinado. He querido mantener mi opinión, no obstante, considerando que en voto de mi- noría, los ministros señores Ortiz, Chaig- neau, Kokisch y Juica no comparten dicha regulación “por considerar que la misma no se aviene con los principios de orali- dad y desformalización que caracterizan el procedimiento aplicable por los juzgados de familia”. Comparto plenamente la opinión de minoría señalada. 5. OTROS MEDIOS DE PRUEBA Como hemos adelantado, aparte de es- tos medios de prueba que han sido regla- mentados expresamente, la ley admite en general cualesquiera de los medios aptos para producir fe, tales como: Películas cinematográficas, Fotografías, Fonografías, Videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, Versiones taquigráficas, y En general, cualquier medio apto para producir fe. El juez determinará la forma de su in- corporación al proceso, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más aná- logo. Oficios Como hemos adelantado, ocurre con frecuencia que las partes ocupen al tribunal para hacerse de alguna prueba que ellos no obtuvieron, solicitando que se dirijan oficios a diversas entidades, públicas o privadas, para que informen respecto a determinadas materias. Los tribunales en general rechazan dichas “peticiones de oficios” cuando se trata de información que pudo haber obtenido la parte por sí misma. Otrasvecesparaobtenerinformaciónque no sería posible conseguir sin orden judicial. En estos casos se justifica la medida. A propósito de esta materia, ocurre con alguna frecuencia que llegado el tiempo de la audiencia del juicio, ésta no se realice por que falta la respuesta a algún oficio despachado después de pedido en la au- diencia del juicio. El juez estima no contar con toda la información necesaria para re- solver y opta por suspender la audiencia, particularmente si la respuesta pendiente lo es a algún oficio dispuesto a instancia del tribunal. El artículo 29 ha dispuesto que las par- tes tendrán facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras per- sonas, la respuesta a los oficios solicitados
  29. 29. 39 Título III. Del procedimiento en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio. Párrafo 3º bis Admisibilidad y etapa de recepción (arts. 54-1 y 54-2) Este párrafo fue incorporado por la Ley Nº 20.286. Trataremos esto muy luego, al analizar las actitudes que puede tomar el juez ante una demanda nueva. Párrafo 4º Del procedimiento ordinario (arts. 55 y siguientes) 1. APLICACIÓN Se aplicará a todos los procesos de carác- ter contencioso de que conozcan los tribu- nales de familia, y que no tengan señalado otro especial en esta u otras leyes. En todo caso, se aplicará a ellos en for- ma supletoria. 2. DEL INICIO DEL PROCESO A. Por medida prejudicial cautelar (art. 71) Nos referiremos a esta materia cuan- do veamos los procedimientos especiales, y concretamente las “medidas cautelares especiales”. Adelantemos que en cualquier momento del proceso, y aún antes de su inicio, de ofi- cio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger intereses de menores, el juez podrá adoptar alguna de las medidas caute- lares a que se refiere ese artículo 71. B. Por demanda El proceso comenzará por demanda escrita. En casos calificados, el juez, por resolu- ción fundada, podrá por excepción auto- rizar al actor a interponer su demanda en forma verbal. Un funcionario del tribunal levantará inmediatamente un acta con los términos de la pretensión. El acta será leída y firmada. Requisitos de la demanda (art. 57) a. La demanda deberá cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. b. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art. 2º de la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensio- nes Alimenticias, la demanda puede omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. En este caso, y en aquel en que el demandado no fuere habido en el domicilio señalado en la demanda, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual. c. El auto acordado de la Corte de Santiago antes nombrado ha exigido que las demandas y denuncias que no sean de violencia intrafamiliar o medidas de protec- ción deberán contener una presuma con varias menciones, entre las que se cuenta por ejemplo la exigencia de señalar el pro- cedimiento aplicable. (Hemos dicho que este auto acorda- do ordena poner sus disposiciones en co- nocimiento de la Corte Suprema y otras cortes del país, “para que éstas lo pongan en conocimiento de los tribunales de su dependencia”). d. Podrán acompañarse los documentos que digan relación con la causa, cuando la naturaleza y oportunidad de las peticio- nes así lo requiera. Es lo que ocurrirá por ejemplo en los juicios en que se demanden pensiones alimenticias, pues el juez fijará de plano, y aun de oficio, la pensión pro- visoria en base a los antecedentes que se presenten o hagan valer en la demanda. e. Cuando estudiemos la mediación, veremos como es que en algunos casos ha- brá un intento forzoso de ella antes de la demanda. En esos casos, y en el evento en que la mediación no fructifique, se acom-
  30. 30. 40 Manual de Tribunales de Familia pañará a la demanda un certificado que acredite haber dado cumplimiento a dicho requisito (art. 106). 3. PROVIDENCIAS A LA DEMANDA Presentada que sea la demanda, uno o más jueces de los que componen el juzgado, realizarán un control de admisibilidad de las demandas, denuncias y requerimientos que se presenten al tribunal (art. 54-1). El juez puede tomar básicamente tres actitudes diferentes: A. Inadmisibilidad El juez no proveerá la demanda si esta adolece de vicios de forma que puedan ser subsanados, y dictará el correspon- diente decreto ordenando subsanar el defecto. Por ejemplo: “Fírmese”, o “Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 57”. Para ello fijará un plazo, bajo sanción de tenerla por no presentada. Una vez corregida la demanda, entonces el juez la proveerá convenientemente. Si en cambio no se subsanan los defec- tos en el plazo señalado, la presentación se tendrá por no efectuada. B. Improcedencia El juez no proveerá la demanda. Dictará un decreto en que definitivamente no dará curso a ella. Por ejemplo: Si concurre alguna incom- petencia (absoluta o relativa, pues la ley no distingue. Esto es una excepción, pues sabemos que por regla general los jueces no pueden declararse relativamente incom- petentes de oficio). Con excepción de los numerales 8) y 16) del artículo 8º, a que nos hemos referido antes, si el juez estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la recha- zará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. Esta resolución será apela- ble conforme a las reglas generales (pues pone término al juicio o hace imposible su continuación). C. Admisibilidad En esta llamada “etapa de recepción” el juez ya gozará de algunas facultades para disponer de oficio (art. 54-2). En efecto, una vez admitida la demanda, denuncia o reque- rimiento a tramitación, el juez procederá de oficio o a petición de parte, a decretar las medidascautelaresqueprocedan,incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda (volveremos sobre este punto al analizar el procedimiento de pensiones alimenticias). Luego de ello, citará a las partes a la audiencia correspondiente. El juez conocerá también en esta etapa de los avenimientos y transacciones cele- brados directamente por las partes y los aprobará en cuanto no sean contrarios a derecho. Si en el acta de mediación a que nos referiremos en el capítulo pertinente a esa materia, consta que el proceso de media- ción resultó frustrado, el juez dispondrá la continuación del proceso judicial, cuando corresponda. Si la demanda cumple en fin con todos los requisitos que hemos estudiado, el juez la proveerá convenientemente, citando a las partes a una “audiencia preparatoria”, la que deberá realizarse “en el más breve plazo posible”. Este decreto de admisibilidad es com- plejo, pues debe cumplir varios requisitos (art. 59): a. Deberá citar a la audiencia preparato- ria mencionada, y a la que nos referiremos luego con mayor detención. La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse con a lo menos quince días de antelación. b. Deberá hacer constar que la audien- cia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra las reso- luciones que se dicten en ella sin necesidad de ulterior notificación. No será el único caso, según veremos, de resoluciones judiciales que producen efectos sin notificación, haciendo excep- ción a la regla general del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.
  31. 31. 41 Título III. Del procedimiento La cláusula décima del auto acordado relativo al funcionamiento de los tribunales de familia, de la Corte Suprema, y tantas veces nombrado dispone que “Para los fines de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Nº 19.968, el tribunal, de oficio y dentro de quinto día hábil, procederá a fijar una segunda fecha de audiencia preparatoria, en el caso de no haber sido las partes opor- tunamente notificadas”. 4. DE LAS ACTITUDES QUE PUEDE TOMAR EL DEMANDADO A. Rebeldía En este caso le afectará, como hemos dicho, lo que se decida en la audiencia preparatoria, sin necesidad de ulterior notificación. B. Reconvención (art. 58) B.1. Oportunidades para reconvenir El demandado tiene dos oportunidades para reconvenir: a. Por escrito, conjuntamente con la contestación de la demanda, a más tardar con cinco días de antelación a la celebración de la audiencia preparatoria. El demandado que tuviere su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto de aquél en que se presentó la demanda, podrá contestar y demandar reconvencionalmente por escrito ante el juez con competencia en materias de familia de su domicilio, sin perjuicio de la designación de un represen- tante para que comparezca en su nombre en las audiencias respectivas. b. Por excepción, en casos calificados, el juez podrá autorizar al demandado a contestar la demanda y reconvenir verbal- mente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo señalado y que llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte. B.2. Requisitos de la reconvención Los mismos de la demanda. B.3. Providencia a la demanda reconven- cional El juez conferirá traslado al demandante, demandado reconvencional. B.4. Defensa del demandado reconvencional a. Puede contestar la demanda recon- vencional por escrito, o b. Oralmente, en la audiencia prepa- ratoria. B.5. Tramitación de la reconvención La reconvención seguirá tramitándose conjuntamente con la cuestión principal. C. Contestar la demanda, que deberá cumplir también con los mismos requisitos de la de- manda. C.1. Oportunidad para contestar la de- manda a. Por escrito, con a lo menos cinco días antes a la fecha fijada para la audiencia preparatoria, junto a la demanda reconven- cional, en su caso. Al igual que en el caso de la reconven- ción, y según acabamos de decir, el deman- dado que es notificado en un lugar distinto de aquel en que se presentó la demanda, podrá contestar ante el tribunal de su pro- pio domicilio. b. Asimismo, en casos calificados y por resolución fundada, el juez puede autorizar a contestar la demanda verbalmente de lo que se levantará acta de inmediato y asegu- rándose que la actuación se cumpla dentro de plazo legal y llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte. C.2. Oponer excepciones Todas las excepciones, tengan el carácter de dilatorias o perentorias, se opondrán en el acto de la contestación de la demanda. Se tramitarán conjuntamente con la cuestión principal y se fallarán por regla general en la sentencia definitiva. Por excepción No obstante, el juez se pronunciará inmediatamente de evacuado el traslado,

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