9
Tengo el agrado de presentar el Manual de Procedimiento Tributario y
Aduanero de que es autor mi ex alumno señor Rodrigo...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
10
de cualquier verdadero juez. Este sistema había sido denunciado
por trata...
11
PRÓLOGO
Administradora y Planta de Remuneraciones, se adentra luego en
un estudio metódico, sistemático y ordenado del ...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
12
jurídico resulta novedosa la medida, ya que en la reclamación
tributaria ...
13
El 27 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley
Nº 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tr...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
14
Empezaremos estas reflexiones con su artículo primero, que fija
el texto ...
15
PRÓLOGO
A. El 1º de febrero de 2010 en las Regiones XV de Arica y
Parinacota; I de Tarapacá; II de Antofagasta y III de...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
16
a las normas vigentes a la fecha en que se hubiere presentado el
reclamo ...
17
1. CONCEPTO
Se trata de órganos jurisdiccionales letrados, especiales e inde-
pendientes en el ejercicio de su minister...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
18
y la Dirección de Aduanas actuaban como “juez y parte” en los
procesos tr...
19
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
A. Reclamos de los avalúos de bienes raíces (arts.149 y ss. del
C.T.);
B. ...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
20
b. La declaración incompleta o errónea, la omisión de ba-
lances o docume...
21
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
tarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o
citar a t...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
22
l. Toda infracción a las normas tributarias que no tenga se-
ñalada una s...
23
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
Destacaremos que la regla general es que cada uno de estos
tribunales teng...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
24
respectiva Corte de Apelaciones, conforme a un procedimiento
novedoso (ar...
25
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
de la Quinta Región, y del Primer Tribunal de la Región Metropolitana,
deb...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
26
Para estos efectos se aplicarán, en lo que sea pertinente, los
artículos ...
27
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
c. Si hay dos o más que cumplan esta condición, correspon-
derá la subroga...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
28
o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten
hacerles...
29
I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
11. PROHIBICIONES AL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTOS TRIBUNALES (art. 1...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
30
13. FERIADOS Y PERMISOS (art. 13)
El uso de feriados y permisos por parte...
31
Al igual que el primero, no pretende este capítulo ser el fuerte
de este libro: ya vendrán los aspectos funcionales.
Es...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
32
E. Ejecución de la administración financiera de los Tribuna-
les;
F. La o...
33
II. DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA
3. OTRAS MATERIAS
El artículo 9º transitorio faculta a la Presidenta de la República
pa...
35
Descrito en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Tribunales Tri-
butarios y Aduaneros, podrá ser consultado en el anexo...
37
1. COMPETENCIA EN ASUNTOS CONTENCIOSOS
TRIBUTARIOS (art. 115 del Código Tributario)
Los Tribunales Tributarios y Aduane...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
38
b. Por excepción, corresponderá al Director Regional del do-
micilio del ...
39
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
delegar en “funcionarios del Servicio” la aplicación de las sancio-
nes que correspond...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
40
3.1. AMPLIO ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se sujetarán a este procedimiento todas ...
41
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
pieza del proceso podrá retirarse sin que previamente lo decrete
el tribunal que conoc...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
42
D. las que pongan término al juicio o hagan imposible su con-
tinuación;
...
43
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
3.3.5. En el procedimiento especial que permite el acceso a la
información bancaria po...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
44
C.2. Deberán precisar los fundamentos del reclamo;
C.3. Por regla general...
45
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
do extemporáneamente; o alguno que no haya cumplido con
el mandato de venir debidament...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
46
3.7 . EXAMEN DEL JUEZ
Vencido el término de emplazamiento indicado, haya ...
47
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
3.8.2. Prueba y recursos
En contra de esta resolución sólo procederán los recursos de
...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
48
A. El oficio debe tener por objeto requerir información pertinente
sobre ...
49
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
B. No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo
relación directa con las op...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
50
las pruebas rendidas. Como se ve, el juez deberá analizar en su
sentencia...
51
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
4. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (art. 137, C.T.)
4.1. CONCEPTO
El Código Tributario ha pr...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
52
C. Se decretará “preferentemente” sobre bienes y derechos cuyo
gravamen n...
53
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
un impuesto o en los elementos que sirvan para determinarlo),
podrá el contribuyente p...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
54
b. Excepciones:
Por excepción, habrá algunas resoluciones que se dicten d...
55
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
b. Conocerá de estos recursos la Corte de Apelaciones en
cuyo territorio jurisdicciona...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
56
C. En contra de la sentencia que se pronuncie sobre la solicitud
de autor...
57
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Pero, de otro punto de vista, es más amplio que la regla ge-
neral del C.P.C., desde e...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
58
6. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (arts. 149 y ss.
del Código Tributari...
59
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con
lo dispuesto por el ar...
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
60
En estos casos el plazo para reclamar será de treinta días y
se contará d...
61
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas
legales que la regulen....
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO
62
9º. Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes
dentro de los...
63
IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
i. Deberá presentarse dentro del plazo fatal de quince días
hábiles contado desde la e...
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.

2.302 visualizaciones

Publicado el

Todos los derechos reservados. Solo para fines académicos, prohibida su reproducción total o parcial con fines de lucro.-

Publicado en: Derecho
0 comentarios
4 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.302
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
170
Comentarios
0
Recomendaciones
4
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero.

  1. 1. 9 Tengo el agrado de presentar el Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero de que es autor mi ex alumno señor Rodrigo Silva Montes, libro cuyo propósito es presentar en forma metódica, ordenada y sintética la normativa legal a regir en nuestro país después de las importantes reformas que respecto de la jurisdicción tributaria y aduanera introdujo la Ley Nº 20.322, publicada en el Diario Oficial de 27 de enero de 2009, reformas vinculadas al Código Tributario, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, Ordenanza de Aduanas y Ley Orgánica y Código Orgánico de Tribunales. Es útil recordar que esta ley tuvo su origen en el Mensaje Nº 206-348, de 19 de noviembre de 2002, enviado por el Presidente don Ricardo Lagos a la H. Cámara de Diputados, proyecto que luego de severas críticas de importantes sectores de la opinión pública nacional fue modificado en forma importante por el propio Poder Ejecutivo a través de indicación sustitutiva 382- 354, de 30 de octubre de 2006, convirtiéndose finalmente en la Ley Nº 20.322, ya citada, después de una tramitación legislativa superior a 6 años. Es también importante al estudiar esta nueva ley tener presente que el anterior sistema de jurisdicción tributaria, que en lo esencial rigió por cerca de 50 años, fue objeto de duras críticas, porque no cumplía con los parámetros básicos de cualquier sistema de justicia propio de un Estado de Derecho, ya que el Director Re- gional de Impuestos Internos –órgano de la Administración del Estado– cumplía un doble papel, de fiscalizador de los impuestos y de juez tributario, frente a las reclamaciones de los contribuyentes, por lo que carecía de la imparcialidad e independencia propias PRÓLOGO
  2. 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 10 de cualquier verdadero juez. Este sistema había sido denunciado por tratadistas extranjeros tan prestigiosos como el uruguayo don Ramón Valdés de Costa, quien al estudiar los distintos sistemas de jurisdicción tributaria en América Latina, indicaba que el régimen chileno es “el que ofrece más blanco a las críticas, especialmente en lo que respecta a la falta de independencia de los Tribunales” (Derecho Tributario Latinoamericano, Montevideo, 1982, pág. 213). Mayor trascendencia revestían las críticas al sistema, si se consi- deraba que el Código Tributario facultaba al Director Regional para delegar sus facultades jurisdiccionales en funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, disposición inconstitucional, que fue derogada por fallo del Tribunal Constitucional (D. Of. 29-03-2007). Las críticas que el sistema anterior de jurisdicción tributaria merecía respecto de los impuestos eran igualmente aplicables a todo el sistema de jurisdicción aduanera, razón que movió al Ejecutivo, en la indicación ya señalada del proyecto de ley, a crear un nuevo sistema común de jurisdicción tributaria y aduanera, de forma tal que en la actual ley las reclamaciones tanto en materia de tributación fiscal interna como externa quedan sometidas a un mismo tipo de tribunales, con un procedimiento similar. Una de las innovaciones importantes de la Ley Nº 20.322 ha sido la de establecer Tribunales Tributarios y Aduaneros indepen- dientes del Servicio de Impuestos Internos, contemplándose un procedimiento novedoso e interesante en cuanto a la designación de los jueces y secretarios abogados de estos tribunales, los que serán nombrados por el Presidente de la República de una terna propuesta por la respectiva Corte de Apelaciones, tribunal este último que formará la terna en base a una proposición del Consejo de Alta Dirección Pública, que propondrá un mínimo de 5 y un máximo de 10 nombres, con sujeción al procedimiento establecido para el nombramiento de altos directivos públicos de primer nivel jerárquico, conforme a las normas de la Ley Nº 19.882. Hay otra serie de normas complementarias que garantizan adecuadamente la independencia de estos nuevos tribunales. El libro de don Rodrigo Silva contiene un análisis sintético, ordenado y completo del sistema que resulta de las modificacio- nes de la Ley Nº 20.322 a través de capítulos en que partiendo del análisis de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, Unidad
  3. 3. 11 PRÓLOGO Administradora y Planta de Remuneraciones, se adentra luego en un estudio metódico, sistemático y ordenado del procedimiento general de reclamaciones tributarias, al igual que los Procedi- mientos Especiales a que se refiere el Código Tributario; luego analiza todo el importante sistema de aplicación de sanciones y del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias. Prosigue ha- ciendo un análisis similar al anterior respecto del Procedimiento Aduanero, que estudia a través de los tribunales competentes, procedimientos de reclamo, normativa procesal, recursos, pro- cedimientos especiales, etc. Dentro de las múltiples materias a que se refiere este Manual, el autor se ocupa de algunas instituciones que constituyen una novedad en el sistema tributario nacional, a las cuales nos refe- riremos brevemente: 1. La reposición administrativa (art. 123 bis, C. Tributario), conforme a la cual el contribuyente, sin perjuicio de reclamar de una liquidación, giro o pago ante el respectivo Tribunal Tributario y Aduanero, podrá presentar una “reposición administrativa” ante el mismo Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a lo dis- puesto en el Capítulo IV de la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, existiendo un plazo de 15 días para solicitar esta reposición, plazo que no interrumpe el correspondiente a la interposición de la reclamación judicial. Un procedimiento similar se contempla en materia aduanera (art. 121 de la O. de Aduanas). Cabe señalar que en el proyecto primitivo del Ejecutivo era obligatorio este recurso administrativo, constituyendo un requisi- to previo al reclamo judicial. En definitiva ha quedado como un recurso opcional del contribuyente, lo que parece más razonable y ajustado a las reglas del debido proceso. 2. De las medidas cautelares (art. 137, C. Tributario). Se con- templa la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos en los procesos de reclamación tributaria pueda impetrar en contra del contribuyente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o derechos específicos de éste, lo que podrá solicitar cuando las facultades del contribuyente no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes. En nuestro ordenamiento
  4. 4. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 12 jurídico resulta novedosa la medida, ya que en la reclamación tributaria el Servicio tiene la calidad de demandado. Esta misma medida de tipo cautelar será procedente en los juicios aduaneros (art. 129-B). 3. Del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos (arts. 155 y ss., C. Tributario). Se trata de una no- vedad en el sistema tributario, que permitirá a un particular re- currir ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente, cuando sienta vulneradas por el Servicio de Impuestos Internos las garantías constitucionales que le otorgan los números 21, 22 y 24 del art. 19 de la Constitución. No podrá reclamar de las materias sometidas al procedimiento general de reclamaciones ni los procedimientos especiales a que se refiere la ley. El plazo para reclamar es de 15 días hábiles contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión. Sin duda se trata de una importante garantía para los contribuyentes que puedan verse afectados por actos u omisiones arbitrarias del Servicio de Im- puestos Internos. No dudamos que la publicación de este Manual de Procedimiento Tributario y Aduanero, de que es autor el abogado don Rodrigo Silva Montes, será un útil elemento de trabajo tanto para los estudiantes de Derecho Tributario como para los abogados y demás profesionales encargados de hacer valer derechos de los contribuyentes ante las autoridades administrativas y los Tribunales Tributarios y Aduaneros correspondientes. Es de felicitar al autor por el trabajo prolijo y metódico que ha desarrollado. PATRICIO FIGUEROA VELASCO Profesor de Derecho Tributario Facultad de Derecho Universidad de Chile
  5. 5. 13 El 27 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, creando tribunales independientes del Servicio de Impuestos Internos y de la Dirección de Aduanas, y modificando varios cuerpos legales para su adaptación a esta nueva juridicidad. Se modificó el Código Tributario; la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; la Ordenanza de Aduanas y su ley orgánica; el Código Orgánico de Tribunales y otras disposiciones. Precedida por las reformas procesales en materia penal, fa- miliar y laboral, constituye éste sin duda un gran avance en la modernización de nuestra justicia, particularmente en estos te- mas, en que el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Aduanas dejan de ser, por regla general y salvas cuestiones de poca cuantía, “juez y parte”. Algunos hubiesen querido que se estableciese un procedi- miento oral, siguiendo en esto a legislaciones modernas. Sin embargo, creemos que la particular naturaleza de estas materias aconseja que, al menos por el momento, sea prudente mantener un procedimiento escrito. Ya vendrán nuevas reformas. Intentaremos describir y analizar en las próximas páginas la nueva legislación procesal tributaria y aduanera, en términos simples. Procuraremos desmitificar eso de que el derecho procesal es tan difícil, que el tributario lo es aun más, y que el “procesal tributario” está reservado para unos pocos. Seguiremos en lo posible el orden del articulado de la Ley Nº 20.322, con las referencias y concordancias necesarias para su cabal comprensión. INTRODUCCIÓN
  6. 6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 14 Empezaremos estas reflexiones con su artículo primero, que fija el texto de la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Nos detendremos particularmente en los aspectos funcionales, siempre más dinámicos y entretenidos que los orgánicos, a los que, sin embargo, nos referiremos también en lo necesario. De la entrada en vigencia de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros Los primeros borradores de este Manual no trataban este punto. Sin embargo, y por sugerencia del profesor Patricio Figueroa V., quien ha accedido generosamente a escribir el prólogo, sumada a la opinión siempre oportuna de mi editora, Sra. Ana María García B., he estimado importante incorporar (además de otros interesantes aportes suyos) algunas ideas sobre el particular, tra- tadas en las disposiciones transitorias de la ley. Habrá que estarse a las siguientes reglas: 1. Las siguientes disposiciones se encuentran vigentes desde la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial: A. Título II del artículo 1º. Se refiere a la “Unidad Adminis- tradora” de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; B. Número 7) del artículo 3º. Crea al artículo 131 bis de la Or- denanza de Aduanas, que dispone que los Directores Regionales y Administradores de Aduanas podrán disponer la devolución de derechos aduaneros pagados conforme al régimen general de impor- tación en los casos y cumpliendo con los requisitos que señala. 2. Los artículos 1º a 9º (se refieren a la creación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros; su competencia; nombra- miento de los jueces y resto de personal; requisitos para ocu- par esos cargos; su juramento para entrar en funciones y su responsabilidad); y 11 (deberes, prohibiciones e inhabilidades de los jueces y secretarios abogados de estos nuevos tribunales) entrarán en vigencia en cuatro años contados desde el día 1º de febrero de 2009. 3. Sin perjuicio de lo anterior, se establece una forma gradual de entrada en vigencia, conforme al siguiente calendario:
  7. 7. 15 PRÓLOGO A. El 1º de febrero de 2010 en las Regiones XV de Arica y Parinacota; I de Tarapacá; II de Antofagasta y III de Atacama. B. El 1º de febrero de 2011 en las Regiones IV de Coquimbo; VII del Maule; IX de La Araucanía y XII de Magallanes y Antár- tica Chilena. C. El 1º de febrero de 2012 en las Regiones VIII del Bío-Bío; XIV de Los Ríos; X de Los Lagos y XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º transitorio, la provisión de los cargos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberá efectuarse con no más de noventa ni menos de treinta días de antelación a la fecha señalada para la respectiva región. En los mismos plazos deberá efectuarse la provisión de los nuevos cargos que se crean y la instalación de las nuevas salas en las respectivas Cortes de Apelaciones. El artículo 6º transitorio manda a la Academia Judicial a proveer los cursos de especialización pertinentes en materia tributaria y aduanera para Ministros de Corte y Relatores. De la justicia tributaria en el tiempo intermedio Este tema está resuelto en las disposiciones transitorias: A. El artículo 2º indica que las causas tributarias que a la fecha de entrada en funciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros se encontraren pendientes de resolución, serán resueltas por el respectivo Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de conformidad al procedimiento vigente a la fecha de la inter- posición del reclamo. El artículo 3º agrega que en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos no estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º del Código Tributario, que los obligaba a ajustarse a las normas e instrucciones impartidas por el Director Nacional. B. Por su parte, las causas que a la fecha de entrada en fun- ciones de estos nuevos Tribunales se encontraren pendientes ante los Directores Regionales de Aduana, Administradores de Aduana, Junta General de Aduanas, o ante el Director Nacional de Aduanas, seguirán siendo tramitadas por éstos, en conformidad INTRODUCCIÓN
  8. 8. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 16 a las normas vigentes a la fecha en que se hubiere presentado el reclamo o apelación. C. Como vemos, se hace excepción en esta parte a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 1861, que dispone que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. D. De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley Nº 20.406 (Diario Oficial del 5 de diciembre de 2009) si a la fecha de deducirse la solicitud de autorización judicial a que se refiere el inciso primero del artículo 62 bis del Código Tributario (que solicita el Servicio de Impuestos Internos para acceder a información bancaria sujeta a reserva o secreto), no se encontrare instalado el competente Tribunal Tributario y Aduanero, conocerá de aquella el juez civil que ejerza jurisdic- ción sobre el domicilio en Chile que haya informado el Banco al Servicio conforme al Nº 4 del inciso tercero del artículo 62 del Código Tributario (domicilio registrado en el banco y, en su caso, el correo electrónico). Si se hubiese informado un domicilio en el extranjero o no se hubiese informado domicilio alguno, será competente el juez civil correspondiente al domicilio del banco requerido. Mientras no se encuentren instaladas las salas a que se refieren los incisos séptimo y octavo del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales (las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Concepción, San Miguel y Santiago, designarán una de sus salas para que conozca exclusivamente de los asuntos tributarios y aduaneros que se promuevan. En las demás Cortes, el Presiden- te designará una sala para que conozca en forma preferente de estas materias en uno o más días de la semana), las apelaciones se tramitarán con preferencia en la respectiva Corte.
  9. 9. 17 1. CONCEPTO Se trata de órganos jurisdiccionales letrados, especiales e inde- pendientes en el ejercicio de su ministerio, cuyas funciones, en el ámbito de su territorio, son aquellas señaladas en la ley, de carácter siempre tributario (y aduanero), y a que nos referiremos cuando analicemos su competencia. 2. CARACTERÍSTICAS Aparece de lo dicho. Estos tribunales se caracterizan por lo si- guiente: A. Se trata de órganos jurisdiccionales, es decir, tienen por finalidad resolver conflictos jurídicos. No son pues entes administrativos o de alguna otra naturaleza. B. Son letrados. Los Jueces Tributarios y Aduaneros son necesa- riamente abogados. Los Secretarios también. C. Son especiales, desde el momento en que tendrán competencia exclusivamente para conocer de materias de carácter tributario y aduanero. D. Son independientes. Esta es una característica esencial de es- tos nuevos tribunales, y en gran medida la razón de ser de la ley, pues una de las principales críticas de que era objeto el “sistema antiguo” era precisamente que el Servicio de Impuestos Internos I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
  10. 10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 18 y la Dirección de Aduanas actuaban como “juez y parte” en los procesos tributarios y en los aduaneros. En los procesos de menor cuantía eso último seguirá siendo así, según veremos luego, lo que le significa ya algunas críticas a la ley que comentamos. 3. CONCEPTOS BÁSICOS. JUEZ Y SECRETARIO ABOGADO Conforme al artículo 2º de la Ley Orgánica de Tribunales Tribu- tarios y Aduaneros (L.O.T.T.A.), y “para los fines” de la misma, del Código Tributario (C.T.), de la Ordenanza de Aduanas (Ord. Ad.) y demás leyes tributarias y aduaneras, salvo que de sus textos se desprenda un significado distinto, se entenderá por Juez Tribu- tario y Aduanero el titular del Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional respectivo. En las próximas páginas veremos los distintos Tribunales Tri- butarios y Aduaneros que se crean, y los respectivos territorios en que cada uno ejercerá jurisdicción. Estos tribunales tendrán un Secretario Abogado; y en algu- nos casos (Primera, Quinta, y Región Metropolitana) dos (uno “tributario” y uno “aduanero”). En el caso de estos tribunales en que existan los dos cargos, las referencias de esta ley al “Secretario Abogado” se entenderán realizadas, indistintamente, a ambos. 4. COMPETENCIA Los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros tendrán “en el ámbito de su territorio” –dice la ley en forma inútil–, las siguien- tes funciones: 4.1. Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de conformidad al Libro Tercero del Código Tributario, que se refiere al Procedimiento General de las Reclamaciones (arts. 123 y ss. del Código Tributario) y a los procedimientos especiales (arts. 149 y ss. del C.T.); que comentaremos luego. Así, además del “Pro- cedimiento General” mencionado, estudiaremos los siguientes:
  11. 11. 19 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS A. Reclamos de los avalúos de bienes raíces (arts.149 y ss. del C.T.); B. Reclamo por vulneración de derechos (arts. 155 y ss. del C.T.) y C. Determinación judicial del Impuesto de Timbres y Estampillas (arts. 158 y ss. del C.T.). 4.2. Conocer y fallar las denuncias a que se refiere el artículo 161 del Código Tributario (infracción a disposiciones tributarias que no tengan asignadas penas privativas de libertad); autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas so- metidas a secreto o sujetas a reserva, en el caso de aplicación de sanciones conforme al mencionado artículo, y Reclamos por denuncias o giros contemplados en el número tercero del artículo 165 de ese Código, esto es, los siguientes: A. Multas a que se refiere el Nº 1 de ese artículo 165. Este Nº 1 se refiere a los siguientes casos: a. Retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o registros obliga- torios que no constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto; b. Retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes que constituyan la base inmediata para la determina- ción o liquidación de un impuesto; y el retardo u omisión en la presentación de declaraciones que no impliquen la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar cubierto el impuesto a juicio del contribuyente, pero que puedan constituir la base para determinar o liquidar un impuesto; c. Retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a re- tención o recargo; y casos en que la omisión de la declaración haya sido detectada por el Servicio de Impuestos Internos en procesos de fiscalización. B. Infracciones de que trata el Nº 2 del mismo artículo 165 del Código Tributario, esto es: a. Retardo u omisión en la presentación de informes refe- ridos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con terceras personas.
  12. 12. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 20 b. La declaración incompleta o errónea, la omisión de ba- lances o documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda (a menos que el contribu- yente pruebe haber empleado la debida diligencia). c. La no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos exigidos por el Director o el Di- rector Regional de acuerdo con las disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o la inspección de estable- cimientos de comercio, agrícolas, industriales o mineros, o el acto de entrabar en cualquier forma la fiscalización ejercida en conformidad a la ley. d. El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días. e. El no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas en los casos y en la forma exi- gidos por las leyes, el uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito o guías de despacho sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas. f. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones es- tablecidas en los artículos 34 y 60, inciso penúltimo del Código Tributario. El artículo 34 dispone que “Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, los que hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección, o en la preparación de ella o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera, dentro de los plazos de prescripción. Tratándose de sociedades esta obligación recaerá, además, sobre los socios o administradores que señale la Dirección Regional. Si se trata de sociedades anóni- mas o en comandita, están obligados a prestar ese juramento su presidente, vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el caso, indique la Dirección Regional”. Por su parte, el inciso indicado señala que “Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tribu-
  13. 13. 21 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS tarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramen- to, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o comunidades en que sean comuneros los parientes, el cónyuge, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral de dichos terceros. Además, estarán exceptuados de estas obligaciones las personas obligadas a guardar el secreto profesional. g. La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de con- tabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionadas con las actividades afectas a cualquier impuesto; y si ello lo es en virtud de un procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto. h. La movilización o traslado de bienes corporales muebles realizado en vehículos destinados al transporte de carga sin la correspondiente guía de despacho o factura, otorgada en la forma exigida por las leyes. i. El incumplimiento de la obligación de exigir el otorga- miento de la factura o boleta, en su caso, y de retirarla del local o establecimiento del emisor. j. La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efec- túen, en forma reiterada, los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito de acuerdo a la Ley de la Renta o al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de ceder en benefi- cio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, y k. La no comparecencia injustificada ante el Servicio, a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Código Tributario, que dispone la manera de cómo es que han de practicarse las notificaciones que el Servicio de Impuestos Internos deba practicar, estableciendo por regla general que la misma debe practicarse personalmente.
  14. 14. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 22 l. Toda infracción a las normas tributarias que no tenga se- ñalada una sanción específica (art. 109 C.T.). 4.3. Resolver las reclamaciones conforme al Título VI del Libro II de la Ordenanza de Aduanas, a que nos referiremos en el ca- pítulo correspondiente de este libro. 4.4. Disponer, en los fallos que se dicten, la devolución y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, reajustes, intereses, sanciones, costas u otros gra- vámenes. 4.5. Resolver las incidencias que se promuevan durante la gestión de cumplimiento administrativo de las sentencias. Volveremos sobre este punto en las próximas páginas. 4.6. Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulne- ración de derechos a que se refiere el Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero del Código Tributario (arts. 155 y 156), y que veremos en el capítulo de “Los Procedimientos Especiales”, en las próximas páginas de este libro. 4.7. Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulne- ración de derechos, establecido en el Párrafo 4 del Título VI del Libro II de la Ordenanza de Aduanas (arts. 129 K y ss.), y al que también nos referiremos luego. 4.8. “Conocer de las demás materias que señale la ley”, dice el numeral octavo del artículo 1º de la L.O.T.T.A. 5. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS QUE SE CREAN. CASO ESPECIAL DEL PRIMER TRIBUNAL DE SANTIAGO (mayor competencia) El artículo 3º de la L.O.T.T.A. señala los Tribunales que se crean, y sus respectivos territorios jurisdiccionales, y que podrá ser con- sultado al final de este libro, en que se incluye el texto de la ley, como anexo.
  15. 15. 23 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Destacaremos que la regla general es que cada uno de estos tribunales tenga un juez. En la Región Metropolitana de Santiago habrá cuatro tri- bunales, con un juez los tres primeros y con dos el cuarto. La distribución de causas entre los dos jueces del Cuarto Tribunal se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser establecido mediante un auto acordado que al efecto dicte la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Sin embargo, en las materias a que se refieren los números 3º, 4º, 5º, 7º y 8º del artículo 1º de esta ley (y que hemos señalado hace pocas líneas como 4.3; 4.4; 4.5; 4.7 y 4.8); cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de la Región Metropolitana, sólo será competente el Primer Tribunal, cuyo territorio jurisdiccional, para estos efectos, comprenderá toda la Región. 6. PLANTA DE PERSONAL Y NOMBRAMIENTO El artículo 4º de la L.O.T.T.A. detalla esta materia y otros aspec- tos de carácter orgánico que no merecen mayor reflexión y que puede ser consultado al final de este libro. La ley señala el número de jueces; “Secretarios Abogados”; “Resolutores”, que también son abogados; “Profesional Experto” (debe poseer un título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reco- nocida por éste, preferentemente abogado, contador auditor o ingeniero comercial, con conocimientos especializados en materias tributarias); “Administrativos” y “Auxiliares” para cada uno de los tribunales que se crean. Luego mencionaremos las principales funciones de cada uno. Es sin embargo oportuno destacar algunos aspectos: A. En caso de ser necesario, y cuando las necesidades del tribunal lo requieran, se podrá contratar personal adicional, bajo la mo- dalidad de “contrata”, salvo que se trate de servicios específicos, los que serán pagados “a suma alzada” (art. 4º). B. Los jueces y los secretarios abogados serán nombrados por el Presidente de la República, de una terna propuesta por la
  16. 16. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 24 respectiva Corte de Apelaciones, conforme a un procedimiento novedoso (art. 5º): a. El “Consejo de Alta Dirección Pública” propondrá a la Corte de Apelaciones un mínimo de cinco y un máximo de diez nombres, con sujeción al procedimiento establecido para el nombramiento de “altos directivos públicos del primer nivel jerárquico”, conte- nido en el Párrafo 3º del Título VI de la Ley Nº 19.882,1 con las modificaciones siguientes: i. El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo concursado será definido por el Consejo. ii. De no haber al menos cinco candidatos al cargo que cumplan los requisitos para integrar la nómina, el Consejo podrá ordenar que se efectúe un nuevo concurso para conformar o completar la lista, según corresponda. b. La Corte de Apelaciones respectiva podrá rechazar todos o algunos de los nombres contenidos en la lista que se le presente. Si el número de nombres restantes fuese inferior a cinco, la Corte comunicará el hecho al Consejo, para que complete la nómina llamando a un nuevo concurso, en el que no podrán participar las personas que fueron rechazadas. c. Para conformar la terna para el cargo de Juez Tributario y Aduanero, los postulantes deberán ser recibidos por el pleno de la Corte de Apelaciones en una audiencia pública citada es- pecialmente al efecto. Cada Corte establecerá la forma en que se desarrollará esta audiencia. C. El resto del personal será nombrado por el Presidente de la Corte de Apelaciones, previo concurso público. D. Requisitos para ser Juez y Secretario. a. Poseer el título de abogado. b. Haber ejercido la profesión un mínimo de cinco años. c. Tener conocimientos especializados o experiencia en mate- rias tributarias o aduaneras. En el caso de los secretarios abogados, se podrá requerir específicamente conocimientos o experiencia en materias tributarias o aduaneras. No obstante lo anterior, a lo menos un “Profesional Experto” de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Primera Región, 1 El texto de la Ley Nº 19.882 se agrega como anexo al final de este libro.
  17. 17. 25 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS de la Quinta Región, y del Primer Tribunal de la Región Metropolitana, deberán acreditar conocimientos en materias aduaneras. 7. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES Y OTROS FUNCIONARIOS Como todos los jueces, deberán éstos prestar debido juramento al asumir sus funciones (art. 7º). Como todos los jueces, y aunque no lo hubiese dicho esta ley, serán responsables de cohecho y de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones (art. 8º). Como todos los jueces, permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento y cesarán en sus funciones: – al cumplir setenta y cinco años de edad; – por renuncia o incapacidad legal sobreviniente; – también cesarán en sus cargos por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. Remoción por la Corte Suprema La Corte Suprema de Justicia, a. por requerimiento del Presidente de la República, b. a solicitud de parte interesada, o c. de oficio, podrá declarar, por la mayoría del total de sus integrantes, que los jueces no han tenido buen comportamiento, y, previo informe del juez inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, acordar su remoción. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento. 8. IMPLICANCIAS Y RECUSACIONES (art. 9º) Los jueces tributarios y aduaneros podrán perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o recusa- ción declaradas, en virtud de las causales contempladas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, conforme a las reglas generales.
  18. 18. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 26 Para estos efectos se aplicarán, en lo que sea pertinente, los artículos 199 a 202, 204 y 205 del mismo Código, esto es: – obligación de los jueces de hacer constar en el proceso si se consideran comprendidos en alguna causal de implicancia o recu- sación, declarándose inhabilitados para continuar funcionando; – la implicancia puede y debe ser declarada de oficio o a petición de parte; – la recusación sólo podrá entablarse por la parte a quien, según la presunción de la ley, puede perjudicar la falta de impar- cialidad que se supone en el juez. – en los casos en que todas las partes litigantes pudieren alegar una misma causa de recusación contra el juez, será éste recusable por cualquiera de ellas; – de la implicancia de jueces que sirven en tribunales uni- personales, conocerán ellos mismos. – el artículo 204 del C.O.T. se refiere a la competencia para conocer de las recusaciones. – el artículo 205 de ese código establece la regla general de la inapelabilidad respecto de las sentencias que se dictaren en los incidentes sobre implicancia o recusación. 9. DE LA SUBROGACIÓN DE JUECES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS (art. 10) A. La subrogación del Juez Tributario y Aduanero corresponderá al funcionario que se desempeñe como Secretario Abogado del mismo Tribunal. B. En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros con más de un juez, a falta o inhabilidad del Secretario, subrogará el otro juez del mismo tribunal. C. De no ser ello posible, por estar ese Secretario inhabilitado por alguna causa, o en los casos en que no haya otro juez en el tribunal, entonces se aplicarán las reglas siguientes: a. Subrogará el Secretario Abogado del mismo Tribunal, b. A falta o inhabilidad de éste, corresponderá la subrogación al Resolutor o Profesional Experto que sea abogado, y si hubiere más de uno, al más antiguo.
  19. 19. 27 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS c. Si hay dos o más que cumplan esta condición, correspon- derá la subrogación a aquel de ellos que el juez respectivo haya determinado (obviamente, con anterioridad). d. Si hubiese más de un Secretario Abogado, subrogará el más antiguo o el que el juez señale. e. A falta o inhabilidad de todos los anteriores, subrogará el Secretario Abogado del Tribunal Tributario y Aduanero que se indica en la tabla siguiente. A falta o inhabilidad del Secre- tario Abogado de este último Tribunal, subrogará el juez del mismo: XV Región I Región II Región III Región IV Región V Región VI Región VII Región VIII Región IX Región X Región XIV Región XI Región XII Región 1er Tribunal Región 4º Tribunal Región Metropolitana Metropolitana 2º Tribunal Región 3er Tribunal Región Metropolitana Metropolitana 10. DEBERES, PROHIBICIONES E INHABILIDADES DE LOS JUECES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS (art. 11) A los Jueces Tributarios y Aduaneros y a los Secretarios Abogados (como hemos visto, no hay Secretarios no abogados), les son aplicables los deberes, prohibiciones e inhabilidades a que se refieren los artículos 316 a 323 ter del Párrafo 7 del Título X del Código Orgánico de Tribunales, esto es: – Prohibición de ejercer la abogacía, o como procurador; – Prohibición de aceptar “compromisos”; – Obligación de despachar los asuntos sometidos a su cono- cimiento en los plazos legales; – Deber de abstenerse de expresar y aun de insinuar priva- damente su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar; y de dar oído a toda alegación que las partes,
  20. 20. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 28 o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal; – Prohibición de comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que él conozca, y sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal, en su caso; – Prohibición de adquirir pertenencias mineras o una cuota de ellas dentro de su respectivo territorio jurisdiccional. – Las prohibiciones a que se refiere el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales: i. Dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos o a cor- poraciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos; ii. Tomar en las elecciones populares o en los actos que las precedan más parte que la de emitir su voto personal; esto, no obstante, deben ejercer las funciones y cumplir los deberes que por razón de sus cargos les imponen las leyes; iii. Mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial; iv. Publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Su- prema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma la de otros jueces o magistrados. – Efectuar, dentro del plazo de treinta días desde que hubie- ren asumido el cargo, una declaración jurada de intereses ante un notario de la ciudad en que ejerzan su ministerio. La declaración deberá ser actualizada cuando el funcionario fuese nombrado en un nuevo cargo o dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento del próximo cuatrienio, si no se hu- biere efectuado un nuevo nombramiento. – Deber de efectuar una declaración jurada de patrimonio (art. 323 bis A del C.O.T.) – (Art. 323 ter del C.O.T.) Obligación de presentar, antes de asumir el cargo, una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 251 de ese código, que dispone que no pueden ser jueces quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
  21. 21. 29 I. DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 11. PROHIBICIONES AL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTOS TRIBUNALES (art. 16) En general, y sin perjuicio de lo que acabamos de citar, los funciona- rios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros tendrán prohibición de ejercer libremente su profesión u otra actividad remunerada, y de ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en otras entidades, sea que persigan o no fines de lucro. Podrán, sin embargo, ejercer cargos docentes, hasta un máxi- mo de seis horas semanales. En todo lo no previsto por esta ley –nos dice el artículo 17 sobre esta materia–, el personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros se regirá por las normas de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función. 12. CALIFICACIÓN DE LOS JUECES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS (art. 12º, L.O.T.T.A.) Como los otros jueces, éstos serán calificados dentro del mes de enero de cada año por la Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél tenga su oficio. Para estos efectos, el juez remitirá trimestralmente a la Corte respectiva un informe de la gestión del Tribunal a su cargo. La Corte de Apelaciones podrá pedir informes adicionales, en los términos descritos en este artículo 12; que además regula la apelación del juez afectado para ante la Corte Suprema, y sus efectos. Los demás funcionarios del Tribunal serán calificados por el juez respectivo, dentro del mes de enero de cada año. Las apelaciones se interpondrán en cinco días y serán conocidas por el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva. En lo no regulado por esta ley, y aunque no se hubiese dicho así, el régimen de calificación del personal perteneciente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros se regirá por las normas del párrafo 3º del Título X del Código Orgánico de Tribunales (arts. 270 y siguientes).
  22. 22. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 30 13. FERIADOS Y PERMISOS (art. 13) El uso de feriados y permisos por parte del Juez Tributario y Aduanero deberá ser autorizado por el Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones. En el caso de los demás funcionarios del tribunal, la autorización deberá ser dada por el correspondiente Juez Tributario y Aduanero. 14. DE LOS SECRETARIOS ABOGADOS Hemos dicho ya que todos los Secretarios de estos tribunales serán necesariamente abogados. El artículo 14 señala sus funciones: A. Subrogar al Juez Tributario y Aduanero en los términos ex- presados en el artículo 10 de la L.O.T.T.A., a que ya nos hemos referido antes. B. Asesorar al Juez Tributario y Aduanero en el ejercicio de su ministerio. C. Velar por la realización de las notificaciones en la forma que señala la ley y porque se deje testimonio de ellas en el expedien- te. Para la ejecución de estas tareas podrá designar a uno o más abogados resolutores o profesionales expertos, y D. Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el Juez Tributario y Aduanero, dice inútilmente, una vez más, la ley. 15. DE LOS RESOLUTORES Y DE LOS PROFESIONALES EXPERTOS (art. 15) Sus principales funciones son: A. Asesorar al Juez Tributario y Aduanero en el ejercicio de su ministerio; B. Actuar como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en las audiencias de absolución de posiciones y designación de peritos, y C. Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el juez.
  23. 23. 31 Al igual que el primero, no pretende este capítulo ser el fuerte de este libro: ya vendrán los aspectos funcionales. Es necesario, sin embargo, y precisamente en atención a ellos, precisar algunas nociones generales sobre estos temas (arts. 18 y ss.): La “Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Adua- neros” es un órgano funcionalmente desconcentrado de la Subse- cretaría de Hacienda. En el ejercicio de las atribuciones radicadas por ley en su esfera de competencia, no comprometerá sino los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refiere el Título II de la L.O.T.T.A., que pasamos a comentar: 1. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA Corresponderá a la Unidad Administradora la gestión administra- tiva de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Respecto de ellos, dice el artículo 19, tendrá las siguientes funciones: A. Pago de servicios y de las remuneraciones del personal de estos tribunales; B. Provisión de inmuebles; C. Abastecimiento de materiales de trabajo y mobiliario; D. Suministro y soporte de los medios informáticos, red compu- tacional y del sitio en Internet de estos tribunales; II. DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA
  24. 24. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 32 E. Ejecución de la administración financiera de los Tribuna- les; F. La organización de cursos y conferencias destinados al per- feccionamiento del personal de estos tribunales, y G. Todas las demás necesarias para el correcto funcionamiento administrativo de los mismos. 2. DEL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA La Unidad Administradora estará a cargo de un jefe que deberá poseer un título profesional otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, de una carrera de a lo menos diez semestres de duración. Este jefe será responsable de la dirección, organización y administración de la Unidad Administrativa y, en consecuencia, agrega el art. 22, le corresponden las siguientes responsabilidades y atribuciones: A. Diseñar y desarrollar programas que promuevan la más efi- ciente administración de los recursos que se asignen a estos tri- bunales; B. Representar a la Unidad en todos los asuntos; C. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que estime necesa- rios para el cumplimiento de los fines de la Unidad y, entre otros, comprar, construir, reparar, arrendar, mantener y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles con sujeción a las dis- ponibilidades presupuestarias; D. Responder directamente de los fondos puestos a su disposi- ción; E. Dar cuenta pública, en el mes de marzo de cada año, de la gestión efectuada el año anterior. Esta cuenta se dará ante las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputa- dos, y F. Las demás atribuciones y deberes que le asignen las leyes.
  25. 25. 33 II. DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA 3. OTRAS MATERIAS El artículo 9º transitorio faculta a la Presidenta de la República para que, antes del 29 de enero de 2010, establezca, mediante la dictación de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular lo siguiente:2 A. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento, fijar la planta de personal y la dotación máxima de la Unidad Adminis- tradora. “En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la Repú- blica deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije”. B. Determinar el sistema de remuneraciones del personal de estos tribunales. Dicho sistema deberá contemplar, entre otras, remuneraciones ligadas al desempeño, a los resultados y a la calidad de los servicios prestados. C. Dictar normas presupuestarias, de administración de bienes y demás necesarias para la adecuada instalación y funcionamiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y de la Unidad Admi- nistradora de dichos tribunales. El resto de las normas y reglas pueden ser consultadas en el texto mismo de la ley. Se explican por sí mismas y no requieren de mayor análisis. 2 Véase en Anexo 6, texto del DFL Nº 3 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 2009, que determina sistema de remu- neraciones del personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
  26. 26. 35 Descrito en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Tribunales Tri- butarios y Aduaneros, podrá ser consultado en el anexo I de este libro, y escapa al objeto del mismo. III. DE LA PLANTA Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
  27. 27. 37 1. COMPETENCIA EN ASUNTOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS (art. 115 del Código Tributario) Los Tribunales Tributarios y Aduaneros conocerán, en única o primera instancia, según proceda, de las siguientes materias, salvo que la ley establezca expresamente alguna regla diversa: A. Reclamaciones deducidas por los contribuyentes. a. Regla general. En este caso será competente el Tribunal Tributario y Aduanero (T.T.A.)cuyoterritoriojurisdiccionalcorrespondaaldelaUnidaddel Servicio de Impuestos Internos (Servicio) que emitió la liquidación o el giro o que dictó la resolución en contra de la cual se reclame. En el caso de reclamaciones en contra del pago, será compe- tente el T.T.A. cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad que emitió el giro del cual corresponda el pago. b. Por excepción, si las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por “unidades de la Dirección Nacional”, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas “unidades”, la reclamación deberá presentarse ante el T.T.A. en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, de citación, de liquidación o de giro. B. Denuncias por infracción a las disposiciones tributarias y la aplicación de las sanciones pecuniarias por tales infracciones. a. Regla general. Corresponderá al T.T.A. que tenga competencia en el territorio donde tiene su domicilio el infractor. IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
  28. 28. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 38 b. Por excepción, corresponderá al Director Regional del do- micilio del infractor la aplicación administrativa de las sancio- nes a que se refieren los números 1º y 2º del artículo 165 del Código Tributario y a que nos hemos referido en el Capítulo I precedente. c. Tratándose de infracciones cometidas en una sucursal del contribuyente, conocerá de ellas el Director Regional o el T.T.A., según lo recién dicho, que tenga competencia en el territorio dentro del cual se encuentre ubicada dicha sucursal. C. Caso especial de fijación del Impuesto de Timbres y Estam- pillas (art. 118, C.T.). Para resolver en primera instancia sobre la fijación de los impuestos de la Ley de Timbres y Estampillas (D.L. Nº 3.475), en el caso del artículo 158 del C.T. a que nos referiremos cuando analicemos los “procedimientos especiales”, será competente el juez de letras en lo civil del lugar donde se otorgue el instru- mento público o se solicite la autorización o protocolización del instrumento privado. En los demás casos, lo será el del domicilio del recurrente. D. Caso en que se requiera examen de información bancaria por parte de la autoridad tributaria (art. 62 bis del C.T.). Será competente para conocer de la solicitud de autorización judicial que el Servicio interponga para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto, el Tribunal Tributario y Adua- nero correspondiente al domicilio en Chile que haya informado el banco al Servicio. Si se hubiese informado un domicilio en el extranjero o no se hubiese informado domicilio alguno, será competente el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del banco requerido. 2. LEGITIMACIÓN ACTIVA. DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL Hemos visto que habrá casos en que ejercerá jurisdicción en materia tributaria el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). Volveremos sobre esto, pero por el momento es necesario advertir que el artículo 116 del C.T. lo faculta para
  29. 29. 39 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO delegar en “funcionarios del Servicio” la aplicación de las sancio- nes que correspondan a su competencia. Resulta novedoso ver cómo nuestra legislación, por primera vez, autoriza a delegar la jurisdicción. Estos delegados deberán ser, creemos, necesariamente abogados, desde el momento en que estos funcionarios serán “tribunales” para estos efectos. Sus resoluciones admitirán por regla general recursos jurisdiccionales, según veremos muy pronto. Excede al propósito de estas reflexiones analizar la constitu- cionalidad de esta disposición. – Intervención del Consejo de Defensa del Estado Otro tanto ocurre con el artículo siguiente: el art. 117 del C.T. dispone que la representación del Fisco en los procesos jurisdic- cionales seguidos en conformidad “a los títulos II, III y IV de este Libro” (procedimientos a que nos referiremos en las próximas páginas) corresponderá exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos, que, para todos los efectos legales, tendrá la calidad de parte, y agrega que, si lo estima necesario, podrá pedir la inter- vención del Consejo de Defensa del Estado, pero sólo ante los Tribunales Superiores de Justicia. Así, el mencionado Consejo no podrá intervenir “de oficio” en estos procesos. Deberá hacerlo necesariamente a petición del Servicio. – Intervención del Director Nacional La representación del S.I.I. para los fines recién señalados corres- ponderá, dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales, a los Directores Regionales. Sin embargo, el Director Nacional podrá sumir en cualquier momento dicha representación. 3. DEL “PROCEDIMIENTO GENERAL DE LAS RECLAMACIONES” (arts. 123 y ss., C.T.) Se aplicarán en forma supletoria las disposiciones previstas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, conforme a las reglas generales.
  30. 30. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 40 3.1. AMPLIO ÁMBITO DE APLICACIÓN Se sujetarán a este procedimiento todas las reclamaciones por aplicación de las normas tributarias, con excepción de las regidas expresamente (procedimientos especiales y “de aplicación de sanciones”, a que nos referiremos más adelante). 3.1.1. Así, “cualquier persona”, siempre que invoque un interés actual comprometido, podrá reclamar de la totalidad o de algunas partidas o elementos de: – una liquidación; – un giro; – un pago; – o una resolución que incida en el pago de un impuesto; o que incida en los elementos que sirvan de base para determinarlo, – En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá recla- marse, sin embargo, de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. – Habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro. 3.1.2. Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones siguientes (art. 126, C.T., peticiones de devoluciones de impuestos que no constituyen “reclamo”): A. Corregir errores propios del contribuyente; B. Obtener larestitución de sumas pagadas doblemente,en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas; C. La restitución de tributos que ordenen leyes de fomento o que establecen franquicias tributarias. 3.2. DEL PROCESO Y LAS ACTUACIONES PROCESALES A. El Tribunal Tributario y Aduanero llevará los autos en la forma ordenada en los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil (se formará un expediente con los escritos, documentos y actuaciones que se presenten o verifiquen en el juicio). Ninguna
  31. 31. 41 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO pieza del proceso podrá retirarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce de la causa. Todas las piezas se irán agregando conforme al orden de su presentación, foliadas en forma correlativa, salvo aquellas que por motivos fundados se manden a reservar fuera del expediente. B. Reserva. El artículo 130 del C.T. sigue diciendo que durante la tramitación sólo las partes y sus apoderados podrán imponerse del contenido del material del proceso. C. Días y horas hábiles (art. 131 del C.T.). Los plazos de días de este procedimiento comprenden sólo los hábiles. En una mala redacción, sigue el Código mandando que “no se considerarán inhábiles para tales efectos ni para practicar las actuaciones y notificaciones que procedan, ni para emitir pronun- ciamientos, los días del feriado judicial a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto todos ellos de- ban cumplirse por o ante el Tribunal Tributario y Aduanero”. 3.3. DE LAS NOTIFICACIONES (ART. 131 BIS, C.T.) 3.3.1. Regla general: sitio en Internet del Tribunal Las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero se notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal. Se dejará testimonio en el expediente y en el sitio de Internet de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dichos testimonios no invalidarán la notificación. 3.3.2. Excepción: carta certificada Se notificarán de esta manera las siguientes resoluciones al re- clamante: A. sentencias definitivas; B. resolución que recibe la causa a prueba; C. resoluciones que declaren inadmisible un reclamo;
  32. 32. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 42 D. las que pongan término al juicio o hagan imposible su con- tinuación; E. las que se dirijan a terceros ajenos al juicio. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al ter- cer día contado desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas en Internet de la manera que hemos dicho. La falta de esta publicación no anulará la notificación. Para tales efectos, el reclamante deberá designar, en la primera gestión que realice ante el tribunal, un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no shaga otra, aun cuando de hecho cambie su morada. – Sanción Si se omite efectuar esta designación, el tribunal dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que estas notificaciones se efectúen mediante publicación en el sitio de Internet, en los términos a que nos hemos referido antes. 3.3.3. Notificación por correo electrónico al Servicio de Impuestos Internos: Primera notificación La notificación al Servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo del contribuyente se efectuará por correo electrónico, a la dirección que el respectivo Director Regional deberá registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. La designación de la dirección de correo electrónico se entenderá vigente mientras no se informe al tribunal su modificación. 3.3.4. “Aviso” por correo electrónico Cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso, mediante correo electrónico, del hecho de haber sido notificado de una o más resoluciones. La falta de este aviso no anulará la notificación. El artículo 7º transitorio de la Ley Nº 20.322 manda al Servicio a efectuar el registro de la dirección de correo electrónico dentro del mes anterior a la fecha en que cada tribunal deba entrar en funciones.
  33. 33. 43 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 3.3.5. En el procedimiento especial que permite el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria (arts. 62 y 62 bis del Código Tributario), que comentaremos en páginas próximas, se ha previsto notificaciones por cédula y por avisos. 3.4. REQUISITOS DEL “RECLAMO” 3.4.1. Plazo A. Regla general. El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días contados desde la fecha de notificación correspondiente. B. Dicho plazo se ampliará a un año, también fatal, cuando el contribuyente pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha indicada, en los términos a que se refiere el inciso tercero del artículo 24 del C.T. (cuando se giran los impuestos con anterioridad a los plazos máximos permitidos por la ley, a petición del contribuyente). C. Si no pudieren aplicarse las reglas precedentes, sobre computa- ción de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la notificación correspondiente. 3.4.2. Requisitos de forma A. El reclamo se presentará necesariamente por escrito; B. Deberá presentarse ante el Tribunal competente (Director Regional o T.T.A., según corresponda); C. El escrito deberá a su vez consignar y cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 125 del C.T.: C.1. Individualización del reclamante: a. Nombre o razón social; b. Número de Rol Único Tributario; c. Su domicilio; d. Profesión u oficio de éste, y en su caso, de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación.
  34. 34. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 44 C.2. Deberán precisar los fundamentos del reclamo; C.3. Por regla general deberán acompañarse los instrumentos en que se funde el reclamo. Por excepción, no se acompañarán tales instrumentos, cuan- do por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias no puedan agregarse a la solicitud, lo que deberá ser explicado en la misma. C.4. Contendrá finalmente, “en forma precisa y clara”, las peticiones que se someten a consideración del tribunal. D. El escrito será firmado responsablemente por el reclamante. E. Patrocinio y poder. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del C.T., en estas reclamaciones sólo podrán actuar las partes por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios. Las partes deberán comparecer en conformidad a las normas establecidas en la Ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a treinta y dos uni- dades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán comparecer sin patrocinio de abogado (en el capítulo de los procedimientos especiales veremos otras excepciones, en que se autoriza la com- parencia personal, sin la asistencia de un letrado). F. Designación de un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio el Tribunal ejerza jurisdicción, en los términos que hemos mencionado hace algunas líneas. G. Se podrá señalar una dirección de correo electrónico, para los efectos de ser “avisado” de las notificaciones practicadas, según también explicamos. 3.5. DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL En presencia de un reclamo, el juez puede asumir varias actitudes: A. Dictar un decreto de improcedencia. El juez no proveerá la presentación. La rechazará de plano. Ello ocurrirá, por ejemplo, si se trata de una presentación hecha ante un tribunal absolutamente incompetente; un reclamo presenta-
  35. 35. 45 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO do extemporáneamente; o alguno que no haya cumplido con el mandato de venir debidamente patrocinado cuando ello es necesario, pues en ese caso no podrá ser proveído y se tendrá por no presentado para todos los efectos legales (art. 1º de la Ley Nº 18.120). B. Inadmisibilidad. En este caso la presentación contiene algún defecto de forma que, a diferencia del caso anterior, puede ser subsanado. Corregido que sea, entonces el juez proveerá convenientemente el reclamo, dando curso progresivo a los autos. Si el escrito no cumple por ejemplo con alguno de los requi- sitos de aquellos a que se refiere el artículo 125 que acabamos de mencionar, el Juez Tributario y Aduanero dictará una resolución ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiere in- currido, dentro del plazo que señale, el cual no podrá ser inferior a tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado, dicho plazo no podrá ser inferior a quince días (art. 125 del C.T.). C. Admisibilidad. Si la presentación cumple, en fin, con todos los requisitos men- cionados, sea porque fue presentada sin defectos, sea porque éstos fueron ya subsanados de la manera recién vista, entonces el reclamo será convenientemente proveído por el juez. Del reclamo del contribuyente se conferirá traslado al S.I.I. por el término de veinte días. 3.6. DE LA CONTESTACIÓN La contestación del Servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos (art. 132 del C.T.): A. Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y B. Las peticiones concretas que se someten a la decisión del T.T.A.
  36. 36. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 46 3.7 . EXAMEN DEL JUEZ Vencido el término de emplazamiento indicado, haya o no con- testado el Servicio, el juez determinará, de oficio o a petición de parte, si existen en la especie o no hechos que revistan caracteres de substanciales, pertinentes y controvertidos (en rebeldía del Servicio se entenderá haberlos): A. Si no los hay, dictará sentencia, sin más trámite, en el plazo legal; B. Si los hay, recibirá la causa a prueba, dictando la correspon- diente interlocutoria, que fijará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. La complejidad y tecnicismo de las materias tributarias justi- fican lo anterior. En efecto, si de esta revisión o examen el juez concluye que sí existen “hechos” controvertidos, entonces ha de “desmenuzarlos” o dividirlos en “puntos” específicos, concretos, a objeto de redactarlos así en la interlocutoria de prueba. 3.8. DE LA FASE DE PRUEBA 3.8.1. Del término de prueba A. Término ordinario. Notificada que sea la resolución anterior, por carta certificada, según sabemos, se abre una fase de prueba, que durará veinte días, dentro de los cuales se debe rendir toda la prueba. B. Términos extraordinarios y especiales. El Código Tributario les ha dado el mismo trato, disponiendo que: Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, sin distinguir si dentro o fuera del territorio de la República (término extraordinario); o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos (término especial) que imposibiliten la recepción de ésta, el T.T.A. podrá ampliar, por una sola vez, el término ordinario de prueba por el número de días “que estime necesarios”, no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación.
  37. 37. 47 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 3.8.2. Prueba y recursos En contra de esta resolución sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, que deberán interponerse dentro del plazo fatal de cinco días contados desde la fecha de la notificación recién indicada. De interponerse apelación, ello deberá ser conjuntamente con la reposición, y en subsidio de ella. Dicha apelación se concederá en el solo efecto devolutivo, se tramitará en cuenta, y en forma preferente. 3.8.3. De la prueba testimonial La parte que desee valerse de testigos deberá presentar una lista expresando el nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio de éstos, dentro de los primeros dos días del término probatorio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina. No habrá testigos inhábiles, sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (menores de catorce años; interdictos por demencia; los que se hallen privados de razón por ebriedad u otra causa; los que carezcan de sentido necesario; sordomudos que no puedan darse a entender claramente; vagos sin ocupación u oficio conocido; los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito y los que hagan profesión de testificar en juicio). – Limitación en el número de testigos Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por cada punto de prueba. 3.8.4. Del despacho de “oficios” Si alguna de las partes requiere que el juez ordene despachar algún oficio, deberá solicitarlo así, y cumplir con los siguientes dos requisitos:
  38. 38. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 48 A. El oficio debe tener por objeto requerir información pertinente sobre los hechos del juicio; B. Debe señalarse específicamente el o los hechos sobre los que se pide el informe. Si el T.T.A. accede a despachar el (los) oficio(s) pedido(s), éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la res- puesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. Tratándose de un plazo judicial, éste podrá ser ampliado conforme a las reglas generales, a petición de la parte que lo solicitó o de la persona o entidad requerida, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen. 3.8.5. De los peritajes Los mismos plazos recién señalados regirán para los peritos, en relación con sus informes, desde la aceptación de su cometido. 3.8.6. Absolución de posiciones El Director, los Subdirectores y los Directores Regionales no ten- drán la facultad de absolver posiciones en representación del Servicio de Impuestos Internos. 3.8.7. Otros medios de prueba Se admitirá, además de los señalados antes, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe. 3.8.8. Limitaciones a la prueba A. Como hemos visto, podrán declarar solamente hasta cuatro testigos por cada punto de prueba.
  39. 39. 49 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO B. No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido soli- citados determinada y específicamente por el S.I.I. al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 del Código Tributario (citación al contribuyente por parte del “Jefe de la Oficina res- pectiva” para que presente una declaración, o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior), y que este último, no obstante disponer de ellos, no los haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo (un mes, prorrogable por uno más). El reclamante siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables. El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia definitiva sobre esta inadmisibilidad. C. Los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. 3.8.9. Valoración de la prueba y sentencia definitiva La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. La ley no ha definido lo que ello significa, pero ha querido, sin embargo, significar dos cuestiones: A. El juez no estará obligado a ponderar la prueba en la forma rígida o “legal” prevista en el Código de Procedimiento Civil; B. Lo anterior no significa, sin embargo, que el juez pueda fa- llar a su arbitrio, ni “en conciencia”, pues debe hacerlo en todo caso “conforme al mérito del proceso” (art. 160 del Código de Procedimiento Civil). Además, el Código Tributario ha señalado expresamente (art. 132) los requisitos con los que debe cumplir la sentencia, man- dando al juez expresar en su sentencia: a. Las razones jurídicas y b. las razones “simplemente” lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales asigna valor o desestima
  40. 40. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 50 las pruebas rendidas. Como se ve, el juez deberá analizar en su sentencia toda la prueba rendida, esto es, tanto la que considere como aquella que deseche, señalando las razones o motivos para lo uno y lo otro. c. En general, manda la ley al juez, “tomará en especial con- sideración” la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que uti- lice. Todo lo anterior, señala el Código, de manera que el examen conduzca “lógicamente a la conclusión que convence al senten- ciador”. d. Como hemos advertido antes, los actos o contratos so- lemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. C. En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad. 3.9. DE LA FASE DE FALLO El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde el vencimiento del término probatorio. No habrá, pues, algún término de observaciones a la prueba, ni citación para oír sentencia. Como hemos ya avanzado, el fallo pronunciado por el Tribunal Tributario deberá ser “fundado” (art. 144 del C.T.). La omisión de este requisito, así como las establecidas en el inciso 14 del artículo 132 del C.T. (que hemos estudiado al señalar los requisitos de la sentencia en relación con la prueba rendida), serán corregidas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del mismo Código, que dispone que en contra de la sentencia de primera instancia no procederá el recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio, y agrega que “Los vicios en que se hubiere incurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelaciones que corresponda”.
  41. 41. 51 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 4. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (art. 137, C.T.) 4.1. CONCEPTO El Código Tributario ha previsto una medida precautoria: “la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos del contribuyente”. Como todas las medidas precautorias, tiene por objeto “ase- gurar el resultado del juicio”. Sin embargo, y a diferencia de ellas, el titular es el Servicio de Impuestos Internos “en los procesos de reclamación de que trata este título”, señala el Código Tributario; es decir, puede solicitar la medida el sujeto pasivo de la relación procesal; el “demandado” y no el “demandante”. Quizás por ello la ley la denominó “cautelar” y no “precautoria”. 4.2. “PELIGRO EN EL RETARDO” Al solicitarla, el Servicio de Impuestos Internos deberá acreditar, o haceralmenospresumirfundadamente(nobastandoalefectoobvia- mente sus solos dichos), una de las siguientes dos circunstancias: A. Que las facultades del contribuyente no ofrezcan suficiente garantía; o B. Haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes. La solicitud de medida cautelar debe ser fundada. 4.3. CARACTERÍSTICAS A. Es concreta, pues debe referirse a bienes o derechos “espe- cíficos” del contribuyente. En la solicitud, entonces, el Servicio deberá especificar en forma precisa los derechos o bienes respecto de los cuales pide la medida cautelar. B. Es limitada. Señala el Código Tributario que “Esta medida cautelar se limitará a los bienes y derechos suficientes para res- ponder de los resultados del proceso.”
  42. 42. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 52 C. Se decretará “preferentemente” sobre bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del contribuyente. D. Es esencialmente provisional, por lo que deberá hacérsela cesar en los siguientes dos casos: a. Si desaparece el peligro que se ha procurado evitar, y b. Si el contribuyente otorga caución suficiente. 4.4. TRAMITACIÓN La solicitud de medida cautelar se tramitará incidentalmente por el Tribunal Tributario y Aduanero, en ramo separado. 4.5. IMPUGNACIÓN En contra de la resolución que se pronuncie sobre la petición de medida cautelar sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la notificación de la misma. Si se interpusieran ambos recursos, deberán serlo conjuntamen- te, entendiéndose la apelación en subsidio de la reposición. El recurso de apelación se concederá en el solo efecto devo- lutivo y será tramitado por la Corte de Apelaciones respectiva “en cuenta” y en forma preferente. 5. DE LOS RECURSOS 5.1. DE LA REPOSICIÓN A. De la reposición administrativa (art. 123 bis del C.T.). Sin perjuicio de recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero en los términos que hemos estudiado, y respecto de los actos a que se refiere el artículo 124 del C.T. (reclamo en contra de la tota- lidad o de alguna(s) de la(s) partida(s) o elemento(s) de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de
  43. 43. 53 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO un impuesto o en los elementos que sirvan para determinarlo), podrá el contribuyente presentar una “reposición administrativa” ante el mismo Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley Nº 19.880 (que esta- blece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado) y que se inserta al final de este libro, como anexo II, con las siguientes modificaciones: a. El plazo para presentar la reposición será de quince días (y no de cinco, como dispone la ley recién citada). b. La reposición se entenderá rechazada en caso de no encon- trarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contados desde su presentación. c. La presentación de esta reposición administrativa no inte- rrumpirá el plazo para la interposición de la “reclamación judicial” a que nos hemos referido hace dos capítulos de este libro. d. No serán procedentes en contra de las actuaciones indi- cadas (las del artículo 124 del Código Tributario) los recursos “jerárquico” y “extraordinario de revisión”, a que se refieren los párrafos 2º y 3º del Capítulo IV (que se refiere a la “Revisión de los Actos Administrativos”) de la citada Ley Nº 19.880. e. Los plazos a que se refiere este artículo (123 bis del C.T.) se regularán por lo señalado en esa Ley Nº 19.880. (Su artículo 25 dispone que los plazos de días son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos; y agrega que los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.) B. De la reposición judicial. a. Por regla general, las resoluciones que se dicten durante la tramitación del reclamo sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro del término de cinco días contados desde la notificación correspondiente. La resolución que falle la reposición no será susceptible de recurso alguno.
  44. 44. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 54 b. Excepciones: Por excepción, habrá algunas resoluciones que se dicten du- rante la tramitación del juicio que, además de la reposición, admitirán apelación: i. Resolución que recibe la causa a prueba, que admite, ade- más, apelación subsidiaria, en los términos a que nos hemos referido antes. ii. Según también hemos aprendido, la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar también admite apelación en subsidio de la reposición. iii. La sentencia que falle un reclamo sólo admite recurso de apelación dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación. iv. Respecto de la resolución que declare inadmisible un re- clamo o haga imposible su continuación podrán interponerse los recursos de reposición y de apelación, en el plazo de quince días, contados desde la respectiva notificación. De interponerse apelación, deberá serlo en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. v. Procederá también apelación contra las resoluciones que dis- pongan aclaraciones, agregaciones o rectificaciones a un fallo. C. Efectos de la reposición La resolución que se pronuncie sobre la reposición no es suscep- tible de recurso alguno, sin perjuicio de la apelación que haya podido interponerse en subsidio, en los casos en que la ley lo permite. 5.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN A. Competencia. a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Código Tributario, corresponde a las Cortes de Apelaciones conocer en segunda instancia de los recursos de apelación que se deduzcan en contra de las resoluciones de los Tribu- nales Tributarios y Aduaneros en los casos en que ellos sean procedentes.
  45. 45. 55 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO b. Conocerá de estos recursos la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Tributario y Aduanero que dictó la resolución apelada. c. Igualmente corresponde a esas Cortes conocer de las apelaciones que se deduzcan contra las sentencias que se dic- ten en conformidad al artículo 118 del C.T. (procedimiento ante el Juez de Letras en lo Civil, de fijación del Impuesto de Timbres y Estampillas en el caso del artículo 158 del C.T. a que nos hemos referido ya antes; Caso del contribuyente que tiene dudas acerca del impuesto que deba pagar con arreglo al D.L. Nº 3.475, y que entonces recurre al juez pidiendo su determinación). d. En cada ciudad que sea asiento de Corte de Apelaciones –sigue el artículo 121 del Código Tributario–, habrá dos Tribu- nales Especiales de Alzada que conocerán de las apelaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero al conocer de los reclamos de avalúos de los bienes raíces, en los casos a que se refiere el artículo 149, que comentaremos en el capítulo de los “Proce- dimientos Especiales”. e. Si se trata de una apelación en contra de una resolución dictada por un Director Regional, conocerá la Corte que tenga competencia en el territorio de la Dirección Regional que dictó la resolución apelada. En caso de que la respectiva Dirección Regional abarque un territorio en el que tengan competencia dos o más Cortes de Apelaciones, se aplicará la norma establecida en el inciso tercero del artículo 120 del Código Tributario, que a su vez nos remite al artículo 118 del mismo, por lo que en definitiva será competente para estos efectos la Corte de Apelaciones del lugar del domicilio del recurrente. B. Resoluciones apelables a. Por excepción, aquellas que se dictan durante la tramita- ción del juicio, y que hemos estudiado en el párrafo anterior, de la “Reposición Judicial”. b. También admite apelación la sentencia que falle un recla- mo. Esta apelación deberá interponerse dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación.
  46. 46. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 56 C. En contra de la sentencia que se pronuncie sobre la solicitud de autorización que el Servicio interponga para acceder a la infor- mación bancaria sujeta a reserva o secreto, procederá un recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro de cinco días desde la fecha de su notificación. Se concederá en ambos efectos y se conocerá en cuenta a menos que cualquiera de las partes pida alegatos dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de ingreso de los autos a la secretaría de la Corte de Apelaciones. D. Tramitación. D.1. Ante el tribunal a quo. El Tribunal Tributario y Aduanero deberá elevar los autos para el conocimiento de la apelación dentro de los quince días siguientes a aquel en que se notifique la concesión del recurso. D.2. Ante el tribunal ad quem. a. El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva se tramitará “en cuenta”, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha del cer- tificado de ingreso de los autos a la Secretaría del Tribunal ad quem solicite alegatos. b. Vencido ese plazo, el Tribunal ordenará “dar cuenta” del recurso, a menos que se hubiesen solicitado alegatos, en cuyo caso “ordenará traer los autos en relación”. c. No será necesaria la comparecencia de las partes en se- gunda instancia. 5.3. DEL RECURSO DE ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O ENMIENDA (art. 138 del C.T.) Notificada que sea la sentencia que falle el reclamo, no podrá modificarse o alterarse, salvo en cuanto se deba, de oficio o a petición de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos; Salvar las omisiones, o Rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparezcan en ella. A diferencia de la regla general, que admite este recurso en gene- ral en contra de sentencias definitivas e interlocutorias (art. 182 del Código de Procedimiento Civil), este recurso procederá solamente en contra de la sentencia (definitiva) “que falle el reclamo”.
  47. 47. 57 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Pero, de otro punto de vista, es más amplio que la regla ge- neral del C.P.C., desde el momento en que en aquél el juez, de oficio, solo puede “rectificar” los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia (art. 184 del C.P.C.); en cambio aquí el juez podrá, de oficio, no sólo rectificar la sentencia, sino que además aclararla y (a pesar de que el Código Tributario dice “o”) enmendarla. Parece un exceso facultar al juez que dictó una sentencia para que él mismo la aclare. Es sabio el Código de Procedimien- to Civil al no permitirlo, y limitar la facultad de oficio del juez a que “rectifique” una sentencia, pero no permitirle, como aquí, a “enmendar”, y mucho menos a “aclararla”. La interposición de este recurso no suspende el plazo para apelar. La resolución que disponga la aclaración, agregación o rec- tificación de un fallo sí es apelable (art. 139 del C.T.). 5.4. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN (art. 122 del C.T.) Manda este artículo que “Corresponde a la Corte Suprema el conocimiento de los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que ellos sean procedentes de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a las disposiciones del presente Código”. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Có- digo Tributario, y según hemos visto al estudiar la sentencia, contra del fallo de primera instancia no procederá el recurso de casación en la forma, pero que “los vicios en que se hubiere incurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelaciones que corresponda”. Por su parte, el artículo 145 del C.T. dispone que el reclamante o el Servicio podrá interponer los recursos de casación en contra de las sentencias de segunda instancia y que “se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil” (arts. 764 y ss.).
  48. 48. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 58 6. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (arts. 149 y ss. del Código Tributario) Tratados en el Título III del Libro III del Código Tributario, vamos a reflexionar sobre ellos en el mismo orden en que los trata la ley. 6.1. DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES3 Tiene por objeto reclamar del avalúo que se haya asignado a un bien raíz en la tasación general. A. De la oportunidad para reclamar (art. 149 del C.T.). Esta acción deberá impetrarse dentro del mes siguiente al de la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo, cuestión que ocurre todos los semestres, dos veces al año. (El inciso final del art. 150 contiene una regla especial que veremos.) B. Titulares de la acción. Sujeto activo del reclamo. Son titulares de esta acción: a. Los contribuyentes y b. Las Municipalidades. C. Tribunal competente. El Tribunal Tributario y Aduanero. D. Causales de reclamo. D.1. Este reclamo sólo podrá fundarse en alguna de las si- guientes causales (la reclamación que se fundare en una causal diferente será desechada de plano): a. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones. b. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo, así como la superficie de las diferentes calidades del terreno. c. Errores de transcripción, de copia o de cálculo. d. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terre- nos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los 3 Véase Ley Nº 20.419 (Diario Oficial del 19 de febrero de 2010), que modifica DFL Nº 1 del Ministerio de Hacienda de 1998, que fija el texto refundido, coorde- nado y sistematizado de la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial.
  49. 49. 59 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 11.575, de 1954.4 D.2. Se sujetarán asimismo a este procedimiento especial los reclamos que dedujeren los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios, o efectuados de conformidad a los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley sobre Impuesto Territorial y artículos 25 y 26 de la Ley Nº 15.163, de 1963.5 4 Dispone que la tasación de los predios agrícolas comprenderá solamente el valor de los suelos, y las casas patronales por el valor que exceda de 150 sueldos vitales mensuales y las plantaciones de viñas viníferas, en terrenos de riego. Dispone esta ley que las tasaciones que pudieren ordenarse antes de 1974, no incluirán el mayor valor que adquieran los terrenos, como consecuencia de mejoras costeadas por los particulares y ejecutadas dentro de los diez años de vigencia de esa ley, y se mantendrá este beneficio mientras el predio se conserve en poder de quien ejecutó la mejora. La ley señala en seguida cuáles son las mejoras que dan lugar a este beneficio: a. Represas, tranques, canales u otras obras artificiales permanentes de regadío para terrenos de secano; b. Obras de drenaje hechas en terrenos húmedos o turbusos, y que los habiliten para su cultivo agrícola; c. Limpias y destronques en terrenos planos y lomajes suaves, técnicamente aptos para el cultivo; d. Empastadas artificiales permanentes en terrenos de secano; e. Mejoras permanentes en terrenos inclinados, para defenderlos contra la erosión, para la contención de dunas y cortinas contra el viento, y f. Puentes y caminos. Transcurrido el plazo de veinte años a que se refiere este artículo –termina el inciso final–, “deberá efectuarse un nuevo avalúo general, de acuerdo con las normas que se señalan en esta ley”. 5 El artículo 25 de la Ley Nº 15.163 dispone que “La Dirección General de Impuestos Internos procederá a la revisión de todas las ‘viviendas económicas’ construidas en el país de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 9.135 y del D.F.L. Nº 2, de 1959, y que se encuentran acogidas a los beneficios, franquicias y exenciones que establecen dichos preceptos legales. Esta revisión se efectuará conjuntamente con la próxima tasación de bienes raíces ”. Por su parte, el artículo 26 señala que las franquicias, exenciones y beneficios contemplados en la Ley Nº 9.135, de 1948 (conocida como ‘Ley Pereira’) y en el D.F.L. Nº 2, caducarán en el caso de que se comprobare que se han introducido modificaciones que excedan las limitaciones establecidas en dichas disposiciones, y por cuya razón pierdan el carácter de viviendas enconómicas, determinado en el correspondiente permiso municipal que autorizó su construcción. Su inciso segundo dispone a su turno que al propietario que se le comprobare haberse excedido en las limitaciones señaladas en el inciso anterior se le aplicará, por la Dirección de Impuestos Internos, una multa equivalente al monto de lo que le habría correspon- dido pagar por contribución de bienes raíces durante los dos últimos años.
  50. 50. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 60 En estos casos el plazo para reclamar será de treinta días y se contará desde la fecha del envío del aviso respectivo (art. 150 del C.T.). E. Procedimiento. a. Tramitación. Estos procesos se tramitarán de conformidad con las reglas conte- nidas en el Título II del Libro III del Código Tributario (Procedi- miento General de las Reclamaciones –arts. 123 y ss.)–, que hemos analizado en páginas anteriores, sin que sea sin embargo aplicable la restricción del inciso segundo del artículo 129, es decir, en estos procesos las partes podrán actuar sin el patrocinio de un abogado, cualquiera que sea la cuantía involucrada en el reclamo. b. Recursos (art. 152 del C.T.). Los contribuyentes, las municipalidades y el Servicio de Im- puestos Internos podrán apelar de las “resoluciones definitivas” dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero para ante el Tri- bunal Especial de Alzada. Dicho Tribunal fallará la causa sin más trámite que la fijación del día para la vista de la causa. No obstante, advierte el art. 153 del C.T., el tribunal, cuando lo estime conveniente (a petición de parte o de oficio), podrá oír las alegaciones de las partes. – Preferencia. Ese fallo deberá dictarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ingreso del expediente en la Secretaría del Tribunal. 6.2. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS (arts. 155 y ss. del Código Tributario) A. Ámbito de aplicación. Este procedimiento especial se refiere y tendrá aplicación cuan- do “un particular” (nunca a instancia del Servicio de Impuestos Internos, y producto tanto de una acción como de una omisión de ese Servicio, no de alguna otra autoridad), considere vulnerados algunos de los siguientes derechos suyos consagrados en la Cons- titución Política del Estado: a. Artículo 19, Nº 21. Se refiere al derecho a desarrollar cual- quiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al
  51. 51. 61 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. b. Artículo 19, Nº 22. Se asegura a todas las personas la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y c. Artículo 19, Nº 24, que asegura a “todas las personas” el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Se aplicará además en casos de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos de los contribuyentes men- cionados en el artículo 8º bis del Código Tributario, a saber: 1º. Derecho a ser atendido cortésmente, con el debido res- peto y consideración; a ser informado y asistido por el Servicio sobre el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 2º. Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devolu- ciones previstas en las leyes tributarias, debidamente actualizadas. 3º. Derecho a recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización, sobre la naturaleza y materia a revisar, y conocer en cualquier momento, por un medio expedito, su situación tribu- taria y el estado de tramitación del procedimiento. 4º. Derecho a ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga la condición de interesado. 5º. Derecho a obtener copias, a su costa, o certificación de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos en los términos previstos en la ley. 6º. Derecho a eximirse de aportar documentos que no corres- pondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el caso, la devolución de los documentos originales aportados. 7º. Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos en el Código Tributario. 8º. Derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dila- ciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados.
  52. 52. MANUAL DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 62 9º. Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y a que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente. 10º. Derecho a plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones de la Administración en que tenga interés o que le afecten. En toda dependencia del Servicio de Impuestos Internos deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los contribuyentes recién expresados. – Excepciones: No podrá sin embargo recurrirse a este procedimiento especial en los siguientes casos: i. En aquellas materias que deban ser conocidas en confor- midad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II del Libro III del Código Tributario (procedimiento general de las reclamaciones, que ya hemos estudiado); ii. En aquellas a que se refiere el párrafo 1º del Título III de ese Libro III (procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces, que también hemos tratado en líneas anteriores); iii. En las tratadas en el párrafo 3º del Título III del mismo Libro III (procedimiento especial de determinación judicial del Impuesto de Timbres y Estampillas, a que nos referiremos en las próximas páginas), y iv. En las del Título IV de ese Libro (procedimiento para la aplicación de sanciones, del que también reflexionaremos luego). B. Legislación aplicable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Código Tributario, se aplicarán en subsidio de las reglas siguientes, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, las normas contenidas en el Título II del Libro III de ese Código (se refiere al Procedimiento General de las Reclamaciones, contenido en los artículos 123 y ss., a que ya nos hemos referido). C. Requisitos del reclamo. a. El reclamo será siempre escrito. b. Plazo fatal.
  53. 53. 63 IV. DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO i. Deberá presentarse dentro del plazo fatal de quince días hábiles contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o ii. Desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mis- mos, lo que se hará constar en autos. iii. Como hemos adelantado, y haciendo excepción a la regla general, se podrá comparecer sin abogado (art. 156 del C.T.). iv. Deberá presentarse ante tribunal competente. D. Competencia. Es competente para conocer de estas materias el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio jurisdiccional se haya producido el acto u omisión que lo motiva. E. Incompatibilidad con el llamado “Recurso constitucional de protección”. Interpuesta la “acción de protección” a que se refiere el artícu- lo 20 de la Constitución Política del Estado, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas que estamos comentando, por los mismos hechos (inc. final, art. 155 del C.T.). F. Examen de admisibilidad (art. 156 del C.T.) y fase de discu- sión. Presentado el “Reclamo por vulneración de derechos” a que nos estamos refiriendo, el Juez Tributario y Aduanero practicará un examen de admisibilidad del mismo, ocupándose de los siguien- tes aspectos: a. Si el mismo ha sido o no interpuesto en tiempo, y b. Si tiene fundamentos suficientes para acogerlo a trami- tación. Como se adivina, de este examen pueden surgir dos alter- nativas: i. Si el reclamo ha sido presentado extemporáneamente, o adolece de “manifiesta falta de fundamento”, el juez lo declara- rá inadmisible, de plano, sin más trámite, mediante resolución fundada. ii. Si en cambio cumple con los dos requisitos indicados, lo admitirá a tramitación, confiriendo traslado al Servicio de Impuestos Internos, por diez días.

×