MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL
EL JUICIO EJECUTIVO
MANUALES JURIDICOS Nº 17
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en m...
RAÚL ESPINOSA FUENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CIVIL
EL JUICIO EJECUTIVO
Novena edición actualizada
INTRODUCCION
1. Concepto y definición.
Para que los derechos y las obligaciones que les son correlativas sean una realidad...
acto que, sin la obligación, le sería lícito efectuar. Pero no es éste el criterio que se desprende de nuestro
Código de P...
TÍTULO PRIMERO
DEL JUICIO EJECUTIVO EN LAS OBLIGACIONES DE DAR
Capítulo I
LA ACCION EJECUTIVA
5. Requisitos para que proce...
C. P. C., ya que la ley no prohíbe semejante declaración.2
Por las razones expresadas no estamos de
acuerdo con dicho fall...
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c) Oponiendo a la ejecución la excepción del N° 7° del Art. 464 del C. ...
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B. SENTENCIA FIRME
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Pero también podría hacerlo por escrito, presentando ante el tribunal u...
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Si la administración está a cargo indistintamente de varios socios que han suscrito el instrumento,
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Por supuesto que el deudor no incurre en el apercibimiento indicado si ...
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Sin embargo, nuestra jurisprudencia no ha sido uniforme en el sentido anterior. Hay fallos según los...
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título ejecutivo queda formado por la letra o pagaré y la respectiva ac...
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Otro fallo inspirado en la misma doctrina, resolvió que “el aceptante no puede oponer al endosatario...
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definitiva que la firma es auténtica, será sancionada con las penas indicadas en el artículo 467 del...
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niega la efectividad de la deuda, concluye la gestión preparatoria de l...
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Nuestros tribunales han fallado que el hecho de decir, el citado a confesar deuda, que ha pagado la
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“Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despa...
Raúl E.- Fuentes manual de procedimiento civil, el juicio ejecutivo
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  1. 1. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL EL JUICIO EJECUTIVO MANUALES JURIDICOS Nº 17
  2. 2. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Octava edición, 1984 © RAUL ESPINOZA FUENTES © EDITORIAL JURIDICA DE CHILE Av. Ricardo Lyon 946, Santiago www.juridicadechile.com www.editorialjuridica.cl Registro de propiedad intelectual Inscripción Nº 89.701, año 1994 Santiago - Chile Se terminó de imprimir esta novena edición de 1.000 ejemplares en el mes de agosto de 1994 IMPRESORES: Editorial Universitaria IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE ISBN 956-10-1465-3
  3. 3. RAÚL ESPINOSA FUENTES MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL EL JUICIO EJECUTIVO Novena edición actualizada
  4. 4. INTRODUCCION 1. Concepto y definición. Para que los derechos y las obligaciones que les son correlativas sean una realidad, es menester que existan medios compulsivos para obtener su cumplimiento, que, de otro modo, quedaría entregado por entero a la voluntad de los deudores. Cuando esos derechos son obscuros o disputados, se hace necesario seguir un procedimiento ordinario que los declare o establezca precisamente. Pero cuando ellos se encuentran ya declarados en una sentencia o en otro documento auténtico, corresponde exigir su realización por medio de un procedimiento más breve y de carácter coercitivo. Este último procedimiento no es otro que el juicio ejecutivo, que, de acuerdo con las ideas anteriores, puede definirse en esta forma: Juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso especial que tiene por objeto obtener, por vía de apremio, el cumplimiento de una obligación convenida o declarada fehacientemente, que el deudor no cumplió en su oportunidad. De la definición anterior se desprende que las características del procedimiento ejecutivo son las siguientes: a) Es un juicio especial, diverso del ordinario o de los otros juicios especiales, que tiene una reglamentación propia en el Libro III del C. de Procedimiento Civil, que trata “De los Juicios Especiales”. b) Tiene por objeto perseguir el cumplimiento de ciertas obligaciones de carácter indubitable, que han sido convenidas por las partes en forma fehaciente (por ej., en una escritura pública), o declaradas por la justicia en los casos y con las solemnidades que la ley señala (por ej., en una sentencia firme). Si se trata de un derecho dudoso o disputado, no establecido en forma fehaciente, es menester, como hemos dicho, que previamente se le establezca y determine en un juicio de lato conocimiento. c) En el pleito ejecutivo se emplea la vía del apremio. Como se trata de obtener el cumplimiento de obligaciones establecidas fehacientemente, es lógico que para obtener ese fin se autorice el empleo de medios compulsivos, como el embargo y remate de bienes del deudor. 2. Reglas aplicables. Siendo el juicio ejecutivo un procedimiento especial o extraordinario, se regirá en primer lugar por las disposiciones especiales contenidas en los Títulos I y II del Libro III del C. de Procedimiento Civil (Arts. 434 y sigs.). Conjuntamente con esas disposiciones se aplicarán las contenidas en el Libro I del mismo Código, que son reglas comunes a todo procedimiento. En segundo lugar y en calidad de supletorias de las normas anteriores, se aplicarán las del procedimiento ordinario (Art. 3° del C. P. C.). 3. Juicio ejecutivo en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Obligación es un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo, respecto de otra persona determinada. De esta definición se desprende una clasificación de las obligaciones: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Generalmente, para los autores de Derecho Civil, obligación de dar es aquella en que la prestación del deudor consiste en la transferencia del dominio o de otro derecho real; obligación de hacer es la que pone al deudor en la necesidad de ejecutar un acto lícito que no sea de transferencia del dominio o de otro derecho real, y obligación de no hacer, la que consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un 55
  5. 5. acto que, sin la obligación, le sería lícito efectuar. Pero no es éste el criterio que se desprende de nuestro Código de Procedimiento Civil, sino otro más sencillo y conveniente: dentro de este cuerpo de leyes, obligación de dar es la que consiste en la entrega de una cosa; obligación de hacer, la que consiste en la prestación de un hecho, y obligación de no hacer, la que consiste en una abstención. Y así, por ej., la obligación que tiene el comodatario de devolver la cosa que obtuvo en préstamo de uso, es para el C. de Procedimiento Civil una obligación de dar, aunque ella no tiene por objeto la transferencia del dominio ni de otro derecho real sobre la cosa, sino la simple entrega material de ella. Así lo confirma la historia de la ley: en el proyecto primitivo del C. de Procedimiento Civil, el Título I del Libro III se denominaba “Del Juicio Ejecutivo en las Obligaciones de Dar o de Entregar”, comprendiendo por tanto a todas las obligaciones de entregar, tuvieran o no por objeto la transferencia del dominio o de otro derecho real. La Comisión Revisora, en su sesión 25, acordó suprimir la frase “o de Entregar”, por estimarla redundante, ya que la obligación de entregar está sin duda comprendida en la de dar, y sin que ello importara introducir modificación alguna en el sistema del Código. La clasificación que dejamos establecida tiene importancia para determinar las disposiciones aplicadas a cada caso; si el juicio ejecutivo es por obligación de dar, se aplicarán las reglas del Título I del Libro III del C. P. C.; en cambio, si la obligación es de hacer o no hacer, se observarán las disposiciones del Título II del mismo Libro, y también, en forma supletoria, las disposiciones del Título I (Arts. 531 y 541 del C. de Procedimiento Civil). 4. Juicio ejecutivo de mayor cuantía, de mínima cuantía y ejecuciones especiales. Atendiendo a la cuantía y a la naturaleza de la ejecución, pueden distinguirse el juicio ejecutivo de mayor cuantía, el juicio ejecutivo de mínima cuantía y las ejecuciones especiales. El juicio ejecutivo de mayor cuantía, reglamentado en los títulos I y II del Libro III del C. P. C. (Arts. 434 y sigs.), se aplica tratándose de obligaciones cuya cuantía es superior a la indicada en el Art. 703 del C. P. C. El juicio ejecutivo de mínima cuantía, regido en los Arts. 703 y sigs. del C. P. C., se aplica tratándose de obligaciones cuya cuantía es igual o inferior a la señalada en esa norma legal. Finalmente, se entienden por ejecuciones especiales aquellas reglamentadas por leyes particulares en los casos en que el legislador ha estimado conveniente alterar la regla general constituida por el juicio ejecutivo de mayor cuantía. Tal es el caso del procedimiento sobre realización de prendas; el procedimiento ejecutivo contenido en la Ley 4.702, sobre venta de cosas muebles a plazo, el procedimiento sobre realización de la prenda agraria y de la prenda industrial, etc. 66
  6. 6. TÍTULO PRIMERO DEL JUICIO EJECUTIVO EN LAS OBLIGACIONES DE DAR Capítulo I LA ACCION EJECUTIVA 5. Requisitos para que proceda la acción ejecutiva. Para que pueda exigirse ejecutivamente el cumplimiento de una obligación de dar, se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) Que la obligación consista en un título ejecutivo (Art. 434 del C. P. C.). b) Que la obligación sea líquida y actualmente exigible (Arts. 437 y 438 del C. P. C.). c) Que la acción ejecutiva no esté prescrita (Art. 442 del C. P. C.). Pasemos a estudiar separadamente cada uno de estos requisitos. Sección Primera LOS TITULOS EJECUTIVOS A. GENERALIDADES 6. Definición. Título ejecutivo es aquel documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él contenida. La ley confiere mérito ejecutivo a determinados títulos en atención al carácter de autenticidad que ellos revisten. 7. Sólo la ley puede crear títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos están enumerados taxativamente en el Art. 434 del C. P. C., y en las leyes especiales a que se refiere el N° 7 de este mismo artículo. Sólo una ley puede crear títulos ejecutivos; los particulares no pueden, por tanto, crear títulos ejecutivos que no reúnan los requisitos que el legislador ha prescrito, ya que tales requisitos miran no sólo al interés personal de los contratantes, sino también al interés público que existe en reservar el procedimiento ejecutivo a aquellos casos en que se persiga el cumplimiento de obligaciones cuya existencia y exigibilidad se hayan reconocido o declarado por algún medio legal. En consecuencia, carece de todo valor la cláusula en que el deudor acepte anticipadamente como ejecutivo un documento a que la ley no confiere expresamente ese carácter.1 No obstante, en contradicción con los principios expuestos, un fallo de nuestra Corte Suprema ha declarado que, si se estipula en escritura pública, entre las mismas partes que habían celebrado un contrato también por escritura pública, que la segunda copia de ésta que expida el notario tenga el carácter de primera copia, dicha segunda copia tiene fuerza ejecutiva, conforme al N° 2° del Art. 434 del 1 Rev. Tomo 29, 2a parte, Secc. I, pág. 300; tomo 19, 2a parte, Secc. I, pág. 67; tomo 12, 2a parte, Secc. I, pág. 10. 77
  7. 7. C. P. C., ya que la ley no prohíbe semejante declaración.2 Por las razones expresadas no estamos de acuerdo con dicho fallo, sin perjuicio de no tener vigencia actualmente por no distinguirse entre las primeras y segundas copias de una escritura pública para los efectos de otorgarle fuerza ejecutiva a una copia de la escritura pública conforme a lo establecido en el Nº 2º del Art. 434 del C. P. C., modificado por el Art. 2º de la Ley Nº 18.181 de 26 de noviembre de 1982. 8. El título debe contener una obligación de dar, hacer o no hacer. Ello es evidente, ya que de lo contrario no existiría obligación o deuda cuyo cumplimiento pudiera exigirse por la vía ejecutiva. La obligación debe ser, además, líquida y actualmente exigible, como lo veremos más adelante. 9. El título, para tener mérito ejecutivo, debe haber pagado el impuesto correspondiente. Los documentos que no hubieren pagado los tributos a que se refiere el presente decreto ley, no podrán hacerse valer ante las autoridades judiciales, administrativas y municipales, ni tendrán mérito ejecutivo, mientras no se acredite el pago del impuesto con los reajustes, intereses y sanciones que correspondan. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable respecto de los documentos cuyo impuesto se paga por ingreso en dinero en Tesorería y que cumplen con los requisitos que establece esta ley y el Servicio de Impuestos Internos (Art. 26 del D. L. 3.475, de 29 de agosto de 1980, texto actualizado del impuesto de timbres y estampillas). Como puede verse, esta carencia de mérito ejecutivo no es definitiva; el defecto puede subsanarse pagando la multa que corresponde. Esta multa es equivalente al triple del valor de la contribución adeudada. La multa puede ser impuesta tanto al emisor o firmante del documento, como a la persona que lo exhiba. También los secretarios y relatores deben vigilar el pago de los impuestos y están obligados a dar cuenta al tribunal para que haga enterar los tributos y aplique las sanciones que correspondan (Art. 79 del Código Tributario). Todas estas multas son sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor de pagar el impuesto adeudado, reajustes e intereses. Cuando el impuesto se paga en estampillas, existe también la obligación establecida en el Art. 21 de la Ley de Timbres, que dice: “Las estampillas que se empleen para el pago del impuesto, deberán inutilizarse perforándolas junto con el documento al cual están adheridas, con la fecha abreviada y con la firma de cualquiera que los suscriba. La fecha y la firma deberán abarcar parte del documento y parte de las estampillas que se trate de inutilizar”. La infracción de esta obligación de inutilizar las estampillas de impuesto no está sancionada con la carencia de mérito ejecutivo del documento. Si el título no ha pagado el impuesto debido, el juez debe denegar la ejecución al hacer el examen del título. Si no obstante, por error, el tribunal despacha el mandamiento de ejecución, el ejecutado puede reclamar en tres formas: a) Apelando de la resolución que despachó el mandamiento. b) Recurriendo de queja. La jurisprudencia ha determinado que procede el recurso de queja si el juez despacha el mandamiento de ejecución y embargo sin examinar con atención y cuidado el título que se presenta.3 Actualmente no sería posible recurrir de queja con motivo de haberse cometido una falta o abuso grave en la dictación de la resolución que ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo, puesto que el recurso de queja sólo procede cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, conforme a lo prescrito en el inciso 1º del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, modificado por el Nº 18 del artículo 1º de la Ley Nº 19.374, publicada en el Diario Oficial de 18 de febrero de 1995. 2 Rev. Tomo 27, 2a parte, Secc. I, pág. 163. 3 Rev. Tomo 35, 2a parte, Secc. II, pág. 42. 88
  8. 8. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO c) Oponiendo a la ejecución la excepción del N° 7° del Art. 464 del C. P. C., o sea, la falta de alguno de los requisitos establecidos por la ley para que el título tenga fuerza ejecutiva. La jurisprudencia de nuestros tribunales es uniforme en el sentido de que tal excepción debe acogerse, negando mérito ejecutivo al documento en que no se ha pagado el impuesto correspondiente.4 Si el ejecutado no reclama en ninguna de las formas indicadas, ya no podrá con posterioridad hacer valer el defecto que nos preocupa; ni el juez podrá tampoco, una vez despachado el mandamiento, negar de oficio mérito ejecutivo al título en razón de no haberse pagado el impuesto5 (ver N° 120). 10. Enumeración y clasificación de los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos contemplados en nuestras leyes son los siguientes: 1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. 2. Copia autorizada de escritura pública. 3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. 4. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hubieren puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegaren tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día, tacha de falsedad. Tendrá también mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario. 5. Confesión judicial. 6. Cualesquiera títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución, la protesta de falsedad del título que en el acto hiciere el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio. 7. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Los títulos ejecutivos que hemos enumerado pueden ser clasificados en: a) títulos perfectos o completos, y b) títulos incompletos. a) Son perfectos aquellos títulos que tienen plena eficacia desde su otorgamiento; aquellos que autorizan por sí solos el procedimiento ejecutivo. Pertenecen a esta categoría las sentencias, las copias autorizadas de escrituras públicas y las actas de avenimiento. b) Son incompletos aquellos títulos que no bastan por sí solos para iniciar la ejecución, sino que para ello requieren una gestión llamada preparación de la vía ejecutiva. Son los instrumentos privados, la confesión judicial y los títulos al portador legítimamente emitidos. Veremos ahora en particular cada uno de los títulos ejecutivos enumerados. 4 Rev. Tomo 29, 2a parte, Secc. I, pág. 24; tomo 21, 2a parte, Secc. I, pág. 583; tomo 16, 2a parte, Secc. I, pág. 229; tomo 10, 2a parte, Secc. I, pág. 141; Gaceta año 1913, sent. 1.129, pág. 3258. 5 Rev. Tomo 4, 2a parte, Secc. I, pág. 415; Gaceta, año 1931, sent. 56, pág. 315. 99
  9. 9. RAÚL ESPINOZA FUENTES B. SENTENCIA FIRME 11. Requisitos para que la sentencia tenga mérito ejecutivo. La sentencia es el título ejecutivo por excelencia. Para que ella tenga mérito ejecutivo es menester la concurrencia de tres requisitos: a) que sea firme; b) que sea definitiva o interlocutoria, y c) que contenga una obligación de dar, hacer o no hacer. a) Que la sentencia sea firme. Se entiende firme la sentencia que no puede ser atacada por ningún recurso judicial, sea porque no procede recurso alguno en su contra, caso en que queda ejecutoriada desde que se notifica a las partes; o porque procediendo recursos en contra de la sentencia ellos no han sido interpuestos en los plazos legales, caso en el cual, si se trata de sentencias definitivas, el secretario del tribunal debe certificar el hecho, considerándose ejecutoriado el fallo desde ese momento; o porque, habiéndose interpuesto los recursos que la ley concede, ellos ya han terminado, caso en el cual la sentencia queda ejecutoriada desde que se notifica el decreto que manda cumplirla (Art. 174 del C. P. C.). Es natural que la ley sólo conceda mérito ejecutivo a las sentencias firmes, ya que únicamente ellas tienen el carácter de verdad inamovible, la autoridad de cosa juzgada. Antes de que adquieran el carácter de firmes, las sentencias pueden ser modificadas mediante la interposición de algún recurso legal, y no sería lógico autorizar el cumplimiento de un fallo que posteriormente puede quedar sin valor. No obstante lo anterior, hay sentencias que a pesar de no estar firmes en los términos expuestos, pueden cumplirse ejecutivamente: son las sentencias que causan ejecutoria, de las cuales nos ocuparemos en el N° 58. b) Que la sentencia sea definitiva o interlocutoria. “Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”. “Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria” (Art. 158 del C. P. C.). De acuerdo con el N° 1° del Art. 434 del C. P. C., ambas sentencias tienen mérito ejecutivo. c) Que la sentencia contenga una obligación de dar, hacer o no hacer. Este requisito es común a todo título ejecutivo, ya que el procedimiento ejecutivo tiene por fin precisamente obtener el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Si en la sentencia no aparece establecida determinadamente una obligación de tal naturaleza, no podría iniciarse con su mérito un juicio ejecutivo: le faltaría al título uno de los requisitos establecidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva y sería procedente la excepción del N° 7° del Art. 464 del C. P. C.6 Antes de terminar este párrafo, debemos hacer presente que no siempre es el juicio ejecutivo la forma de llevar a efecto la ejecución de una sentencia. De acuerdo con el Art. 233 del C. P. C., cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, dentro de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla. En consecuencia, si el cumplimiento de la sentencia es solicitado dentro del plazo aludido y ante el tribunal que la dictó, su ejecución no será objeto de un juicio ejecutivo, sino que se realizará en la forma incidental que determinan los Arts. 233 y sigs. del C. P. C. Por el contrario, si la ejecución de la sentencia se solicita ante tribunal distinto del que la dictó o pasado el plazo indicado, se observarán los trámites del juicio ejecutivo. Es claro que todo lo anterior no tendrá lugar cuando la ley haya dispuesto una forma especial de cumplir la sentencia, como sucede, por ej., con las sentencias dictadas en los juicios especiales derivados del contrato de arrendamiento, las cuales se cumplen mediante el auxilio de la fuerza pública. 6 Rev. Tomo 22, 2a parte, Secc. I, pág. 855. 1010
  10. 10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO 12. Tribunal competente para hacer ejecutar la sentencia. Cuando el cumplimiento de una sentencia hace necesario iniciar un procedimiento ejecutivo, el tribunal competente para conocer de la ejecución se determina en conformidad al Art. 232 del C. P. C., que señala dos tribunales competentes ante los cuales puede ocurrir el ejecutante, a su elección: a) El tribunal que dictó la sentencia en única o en primera instancia.7 b) El tribunal que sea competente de acuerdo con las reglas generales contenidas en los Arts. 108 y sigs. del Código Orgánico de Tribunales. Esta misma regla se encuentra consagrada en el artículo 114 del Código Orgánico de Tribunales respecto de la ejecución de la sentencia definitiva. 13. Sentencias dictadas por jueces árbitros. No sólo las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios tienen mérito ejecutivo, sino también las dictadas por jueces árbitros, ya que las leyes conceden a sus fallos la misma fuerza obligatoria que a los emanados de los tribunales ordinarios. Por otra parte, el N° 1° del Art. 434 del C. P. C. confiere mérito ejecutivo a la sentencia firme, sin distinguir si ella emana de un tribunal ordinario o de uno arbitral. Pero es menester observar que si el cumplimiento de la sentencia arbitral exige la iniciación de un juicio ejecutivo, el árbitro carece de competencia para conocer de esa ejecución. Sólo la justicia ordinaria tiene competencia para conocer un juicio ejecutivo. Tal se desprende del Art. 635 del C. P. C., que dice: “Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la dictó, si no está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento. “Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución. “Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto”. Del inciso final del artículo citado puede desprenderse con claridad que el juicio ejecutivo, que por su naturaleza exige procedimientos de apremio, sólo puede ser de la competencia de la justicia ordinaria. Esta conclusión ha sido aceptada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, la cual ha estimado que el compromisario no es competente para conocer de una ejecución, y que “es atentatorio de las disposiciones legales que gobiernan el juicio ejecutivo, porque quebranta la unidad del procedimiento, dividiendo su continencia, aquel según el cual se atribuye al árbitro el conocimiento y fallo de las excepciones opuestas y aun la suscripción del mandamiento ejecutivo, en cuanto manda requerir de pago, y deja a la justicia ordinaria lo relativo al embargo y realización de los bienes embargados, de todo lo cual resultaría que en un mismo juicio aparecerían conociendo simultáneamente dos tribunales diversos”.8 14. Sentencias dictadas por los tribunales extranjeros. La regla general es que las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros puedan cumplirse en Chile, y tengan mérito ejecutivo (Art. 245 del C. P. C.). Previamente, de acuerdo con los Arts. 239 y siguientes del C. P. C., será necesario recabar de la Corte Suprema de Justicia el exequátur o aprobación para que la sentencia pueda cumplirse en nuestro país. La Corte Suprema prestará su exequátur si se reúnen las condiciones o requisitos generales establecidos en los artículos 242 y siguientes del C. P. C. Prestado el exequátur se iniciará el juicio ejecutivo ante el “tribunal a quien habría correspondido conocer del negocio en primera o en única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile”, o sea, ante el tribunal que corresponda de acuerdo con las reglas generales de la competencia (Art. 251 del C. P. C.). 7 Gaceta, año 1907, sent. 80, pág. 197. 8 Rev. Tomo 27, 2a parte, Secc. II, pág. 39. 1111
  11. 11. RAÚL ESPINOZA FUENTES De más está decir que esta clase de sentencia debe reunir, además, todos los requisitos que la ley chilena exige para que proceda la acción ejecutiva, y que el procedimiento ejecutivo será el establecido por nuestra legislación.9 Respecto de esta materia cabe recordar que nuestra jurisprudencia ha determinado que no pueden cumplirse en Chile las resoluciones de tribunales extranjeros que ordenan llevar a efecto un embargo sobre bienes existentes en Chile, pues el cumplimiento de tales resoluciones sometería esos bienes a la jurisdicción de un tribunal extranjero. Ello, en concepto de nuestro más alto tribunal, se opondría a la jurisdicción nacional y faltaría así el requisito que el N° 2° del Art. 245 del C. P. C. exige para que pueda cumplirse en Chile una resolución pronunciada por tribunal extranjero.10 15. Cumplimiento de las sentencias dictadas en contra del Fisco. De acuerdo con lo prevenido en el Art. 752 del C. P. C., la sentencia que condene al Fisco a cualquier prestación debe cumplirse mediante un decreto expedido a través del ministerio que corresponda. Ese decreto deberá ser dictado en el plazo de sesenta días contados desde la recepción en ese Ministerio del oficio que debe enviarle el tribunal, una vez ejecutoriada la sentencia respectiva. El tribunal debe acompañar al oficio una fotocopia o copia autorizada de las sentencias de primera y segunda instancia, con certificado de estar ejecutoriada. En el proceso debe agregarse una copia autorizada del oficio y certificarse la fecha de remisión del mismo y, también, de la fecha de recepción, entendiéndose que esa recepción queda acreditada transcurridos que sean tres días desde que se entregó al correo el oficio mediante carta certificada. Si el Fisco ha sido condenado a una prestación pecuniaria, el decreto de pago debe disponer que la Tesorería incluya en el pago el reajuste e intereses determinados por la sentencia, hasta la fecha del pago efectivo. Si la sentencia no hubiese ordenado el pago de reajuste y la cantidad ordenada pagar no se solucionara en el plazo de sesenta días ya referido, la suma ordenada pagar se reajustará de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quedó ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al del pago efectivo. Existen algunos fallos11 que, en contradicción con lo que acabamos de exponer, sostienen que las sentencias que condenan al Fisco tienen mérito ejecutivo y autorizan la iniciación de una ejecución, una vez expedido el correspondiente decreto del Presidente de la República. Pero un fallo más reciente de la Corte Suprema ha establecido la correcta doctrina: la justicia ordinaria carece de competencia para conocer de la ejecución de una sentencia que condena al Fisco, la cual sólo puede cumplirse expidiendo el Presidente de la República el respectivo decreto; el juicio ejecutivo en contra del Fisco no procede nunca, ni antes ni después de expedido ese decreto. Los considerandos pertinentes de este último fallo exponen: “Que el cumplimiento del fallo, o sea, la petición del querellante, hoy recurrente, ‘que se ejecute la sentencia restableciendo a la parte demandante en los terrenos salitrales o mineros o propiedades mineras indicados en la querella’, envuelve para el Fisco el cumplimiento de una prestación, y el vocablo ‘prestación’ es sinónimo de ‘pago’, y significa el cumplimiento o solución de todo género de obligaciones, sean pecuniarias o de cualquiera otra especie, inclusas las de hacer o no hacer, y el decreto del Presidente de la República es la única forma en que puede llevarse a efecto la ejecución de toda sentencia que condene al Fisco a cualquiera prestación; “Que habiendo expedido el Presidente de la República ese decreto, carece la justicia ordinaria de competencia para conocer de ese acto ejecutado en virtud de facultades constitucionales del Ejecutivo”. Es útil recordar aquí que también las sentencias que condenen a la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano, Corporación de Obras Urbanas (fusionadas ahora en el Servicio de la Vivienda y Urbanización) y la Empresa 9 Rev. Tomo 10, 2a parte, Secc. I, pág. 76. 10 Rev. Tomo 10, 2a parte, Secc. I, pág. 66. 11 Revista, Tomo 10, 2a parte, Secc. I, pág. 27. 1212
  12. 12. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO Metropolitana de Obras Sanitarias, se llevan a efecto expidiendo el Presidente de la República el respectivo decreto (Art. 186 de la Ley N° 16.840). 16. Mérito ejecutivo relativo de las sentencias. De acuerdo con el Art. 3° del C. Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. En consecuencia, las sentencias judiciales sólo tienen mérito ejecutivo en contra de las personas que han intervenido en el pleito, como partes directas o coadyuvantes, y no lo tienen respecto de terceros extraños al pleito en que incide la sentencia. “Consecuente con este principio, la jurisprudencia ha determinado que la sentencia obtenida en juicio contra el deudor directo, no tiene mérito ejecutivo contra el fiador de dicho deudor, si el fiador no ha sido parte ni ha intervenido en forma alguna en aquel juicio”. Inspirada en la misma doctrina, otra sentencia sostiene que “la sentencia judicial sólo tiene fuerza obligatoria respecto de la persona contra la cual se ha pronunciado o sus herederos y no produce efectos respecto de quienes no hayan figurado en el pleito ni como parte directa ni coadyuvante ni como tercero reclamando derechos”. 17. Sentencia original y copias de la sentencia. Consideradas materialmente, las sentencias judiciales pueden dividirse en tres categorías: a) La sentencia original, que es escrita en el expediente mismo y firmada por el juez o jueces y autorizada por el ministro de fe. Ella tiene indiscutible mérito ejecutivo. b) La copia de la sentencia anotada en el Libro Copiador de Sentencias que lleva el secretario del juzgado. Esta copia no puede considerarse para los efectos de iniciar una ejecución con su mérito, ya que ella debe permanecer en la oficina del secretario. c) Las copias que pueden darse a los interesados por decreto judicial. Aunque algunos han pretendido negar mérito ejecutivo a estas copias, es de toda evidencia que ellas lo tienen, ya que el Art. 434 del C. P. C., al dar mérito ejecutivo a la sentencia firme, no ha distinguido si ella se encuentra en el original o en una copia autorizada. Así lo ha entendido siempre la jurisprudencia. Al respecto, podemos citar un fallo de acuerdo con el cual las copias de sentencias tienen mérito ejecutivo, sin necesidad de que hayan sido dadas con citación de la persona a quien afecta su cumplimiento. C. ESCRITURAS PÚBLICAS 18. Concepto. El segundo de los títulos a que el Art. 434 del C. P. C. da mérito ejecutivo es la copia autorizada de escritura pública. Se entiende por escritura pública el instrumento público otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público. Y por instrumento público, el autorizado con las solemnidades legales por funcionario competente. El N° 2° del Art. 434 del C. P. C. sólo da mérito ejecutivo a la copia autorizada de la escritura pública, modificando así la ley sobre el juicio ejecutivo de 1837, que rigió hasta la dictación del C. de Proc. Civil, la cual daba fuerza ejecutiva en forma amplia a todos los instrumentos públicos. La Comisión Mixta de Diputados y Senadores encargada de la revisión del proyecto de Código de Procedimiento Civil estimó más conveniente referirse sólo a las escrituras públicas y no a los instrumentos públicos en general, en atención a que sería peligroso referirse en forma genérica a los instrumentos, pues podrían quedar comprendidos algunos que no se han tenido presentes y a los cuales no se hubiera dado tal vez mérito bastante para deducir ejecución. Se limitó, pues, el N° 2° del Art. 434, a las copias autorizadas de escrituras públicas, dejando entregada a otros números del mismo artículo y a leyes especiales la enumeración específica de otros instrumentos públicos con mérito ejecutivo. 1313
  13. 13. RAÚL ESPINOZA FUENTES 19. Requisitos y solemnidades de la escritura pública. En el otorgamiento de las escrituras públicas deben observarse los requisitos y solemnidades establecidos en los Arts. 403 y sigtes. del Código Orgánico de Tribunales, cuyo estudio particular no corresponde hacer aquí. Sólo haremos presente que existen algunos requisitos que la ley considera esenciales y cuya omisión acarrea la nulidad de la escritura pública; estos requisitos están indicados en el Art. 405 del C. Orgánico de Tribunales. La escritura en que se viole alguno de los requisitos indicados en dicho Art. 405 es, pues, nula y sin valor de acuerdo a lo establecido en el Nº 2 del artículo 412 del Código Orgánico de Tribunales y carece, en consecuencia, de mérito ejecutivo. El ejecutado podría oponer a la ejecución iniciada con una escritura nula y sin valor de tal, la excepción de falsedad del título (N° 6° del Art. 464 del C. P. C.), o la excepción de faltar al título alguno de los requisitos establecidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva (N° 7° del Art. 464 del C. P. C.). Finalmente, recordaremos que una escritura pública nula puede conservar valor como instrumento privado, siempre que haya sido firmada por las partes y que no se trate de aquellos actos para cuyo valor la ley exige escritura pública (Art. 1701 del C. Civil). 20. La matriz y las copias. En toda escritura pública es menester distinguir la matriz u original y las copias autorizadas. La matriz u original es el documento extendido en forma manuscrita, mecanografiada o en otra forma que leyes especiales autoricen, firmado por los comparecientes y el notario, que forma parte integrante del protocolo o registro público, y que sirve de fuente para sacar de ella las copias autorizadas que pidan los interesados (Art. 405 del Código Orgánico de Tribunales). Las copias autorizadas son aquellos documentos manuscritos, dactilografiados, impresos, fotocopiados, litografiados o fotograbados extendidos fielmente al tenor de la matriz u original por el notario autorizante, el que lo subroga o suceda legalmente o el archivero a cuyo cargo esté el protocolo respectivo. En ellas deberá expresarse que son testimonio fiel de su original y llevarán la fecha, la firma y sello del funcionario autorizante. El notario deberá otorgar tantas copias cuantas se soliciten (Arts. 421 y 422 del Código Orgánico de Tribunales). Los notarios no podrán otorgar copia de una escritura pública mientras no se hayan pagado los impuestos que correspondan. (Art. 423 del Código Orgánico de Tribunales). A partir de la dictación de la Ley Nº 18.181, de 26 de noviembre de 1982, que sustituyó el § 7 “Los Notarios” del Título XI del Código Orgánico de Tribunales, no cabe efectuar la distinción entre las primeras copias y las segundas copias que se otorgan respecto de una escritura pública, como lo hacía la legislación vigente con anterioridad a dicha modificación legal, existiendo en la actualidad solamente copias autorizadas de una escritura pública, no siendo pertinente que se realice respecto de ellas ninguna clase de diferenciación. 21. Mérito ejecutivo de la matriz y de las copias. Desde luego, se puede dejar establecido que la matriz u original nunca tiene mérito ejecutivo, no solamente porque ella queda incorporada en el protocolo o registro público, el cual debe permanecer en la respectiva notaría y después en el Archivo Judicial, sino porque expresamente la ley sólo ha conferido ese mérito a las copias autorizadas de la escritura pública. Debemos recordar que es en la matriz de la escritura donde debe pagarse el impuesto que corresponda, ya que de lo contrario la escritura carecería de mérito ejecutivo (ver número 9). De acuerdo con la norma contenida en el Art. 434 Nº 2º, que se modificara por el artículo 2º de la Ley Nº 18.181, de 26 de noviembre de 1982, sólo tiene mérito ejecutivo la “copia autorizada de escritura pública”. Con anterioridad a esa modificación legal, el mencionado precepto otorgaba mérito ejecutivo a la “escritura pública, con tal que sea primera copia, u otra posterior dada con decreto judicial y citación de la persona a quien deba perjudicar o a su causante”. 1414
  14. 14. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO Según dicho precepto legal derogado, la primera copia era título ejecutivo perfecto, y la segunda copia era un título ejecutivo imperfecto, al ser procedente respecto de ella la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de dación de copia. En la actualidad, es título ejecutivo perfecto toda copia autorizada de escritura pública, sin que corresponda efectuar respecto de ella ninguna diferenciación para determinar su mérito ejecutivo como ocurría con anterioridad a la dictación de la Ley Nº 18.181. D. ACTA DE AVENIMIENTO 22. Concepto. El tercero de los títulos ejecutivos que enumera el Art. 434 del C. P. C. es el “acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación”. La ley no define expresamente lo que es el avenimiento. Por él debemos entender el acuerdo producido entre los litigantes y aprobado por el juez, sobre la forma de poner término al litigio. El avenimiento tiene gran semejanza con la transacción, ya que ambos suponen un acuerdo tendiente a poner fin a un litigio; pero existen entre ellos dos diferencias fundamentales que no permiten su confusión: a) la transacción es siempre extrajudicial, en tanto que el avenimiento se produce siempre ante el tribunal que conoce del juicio; y b) la transacción puede referirse a derechos litigiosos que son materia de un juicio y también a derechos que no tienen ese carácter, lo que sucede cuando la transacción tiene por objeto precaver un litigio eventual. En cambio, el avenimiento siempre versará sobre derechos controvertidos ante la justicia. 23. Requisitos. Los requisitos que debe reunir el acta de avenimiento para constituir un título ejecutivo se desprenden del propio N° 3° del Art. 434 del C. P. C., y son los siguientes: a) Un requisito de fondo, que es el acuerdo de voluntades manifestado en el sentido de poner término al litigio en determinadas condiciones. Este acuerdo de voluntades es un verdadero acto o contrato y, como tal, debe reunir para su validez todos los requisitos que las leyes substantivas establecen para la validez de los actos y contratos. Naturalmente que este acuerdo de voluntades debe contener una obligación de dar, hacer o no hacer, ya que ésa es una condición general a todos los títulos ejecutivos (ver N° 8). b) Que el avenimiento esté pasado ante el tribunal competente. O sea, que el avenimiento haya sido presentado ante el tribunal y éste lo haya aprobado. El tribunal competente es el que está conociendo del juicio al cual se pone fin mediante el avenimiento. c) Que el acta de avenimiento esté autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. Ordinariamente será un ministro de fe –el secretario del tribunal– quien autorice el acta, ya que todo tribunal debe actuar asesorado por un ministro de fe. Por excepción los árbitros arbitradores están autorizados para actuar solos o con asistencia de un ministro de fe (Art. 639 del C. P. C.); en caso de que actúen solos, el acta de avenimiento que se presente ante ellos deberá ser autorizada por un ministro de fe que se designe al efecto, o por dos testigos. Este sería el único caso en que el acta podría ser autorizada por dos testigos. Respecto de este título ejecutivo se ha fallado que “el N° 3° del Art. 434 del Código de Procedimiento Civil da mérito ejecutivo, no sólo al documento original en que se consigna el avenimiento, sino también a las copias del mismo dadas con arreglo a la ley”. E. INSTRUMENTOS PRIVADOS 24. Concepto. Nos preocuparemos aquí de los instrumentos privados, con excepción de la letra de cambio, pagaré y cheque, a los cuales, dada su importancia, nos referiremos más adelante en forma separada. 1515
  15. 15. RAÚL ESPINOZA FUENTES El N° 4° del Art. 434 del C. P. C., que se refiere al mérito ejecutivo de los instrumentos privados, dice: “Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido”. Generalmente se define el instrumento privado diciendo que lo es todo aquel instrumento que no es público. E instrumento público es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario (Art. 1699 del C. C.); por lo cual podemos concluir que es privado el “instrumento hecho por los particulares sin intervención de persona legalmente autorizada; o por personas públicas en actos que no son de su oficio, para hacer constar un hecho”. Como en el otorgamiento de los documentos privados no ha intervenido funcionario alguno que les confiera una presunción de autenticidad, el C. Civil les ha negado mérito probatorio en sí mismos, y el C. de Proc. Civil, por la misma razón, les ha privado de mérito ejecutivo. Sin embargo, desde el momento en que el instrumento privado adquiere el sello de autenticidad de que carecía, pasa a tener valor probatorio y mérito ejecutivo. 25. Cuándo adquiere mérito ejecutivo. Preparación de la vía ejecutiva. El instrumento privado adquiere fuerza ejecutiva en dos casos: cuando ha sido reconocido judicialmente y cuando ha sido mandado tener por reconocido. Para obtener este reconocimiento es necesario efectuar gestiones previas, llamadas diligencias preparatorias de la vía ejecutiva, ya que ellas tienden a obtener el título con el cual ha de iniciarse la ejecución. El reconocimiento que da mérito ejecutivo al instrumento privado es exclusivamente el que se obtiene en esta preparación de la vía ejecutiva; un reconocimiento hecho en otro juicio o en otra forma que la indicada, nunca conferirá ese mérito al instrumento privado. Así lo ha fallado la jurisprudencia en un fallo que se refiere a la confesión judicial, pero que puede aplicarse perfectamente al reconocimiento de la firma puesta en instrumento privado, ya que ambas situaciones son por entero semejantes. De acuerdo con la doctrina sustentada en este fallo, “para que la confesión judicial a que alude el Art. 434 del C. P. C. tenga mérito ejecutivo, debe prestarse de acuerdo con lo que dispone el Art. 435 del mismo Código, citando previamente al deudor con ese objeto y una vez prestada, o teniéndolo por confeso en su rebeldía, se podrá decir que el acreedor tiene a su favor un título ejecutivo, sin que pueda decirse que aquel precepto no hace distinción y que se refiere a cualquiera confesión judicial, ya que una cosa es la confesión judicial especialmente regida para el juicio ejecutivo por el Art. 435 y otra muy distinta es la confesión como medio de prueba en los juicios, que se regla en el título respectivo y que debe ser apreciada y estudiada en la sentencia definitiva, a la luz de los demás antecedentes del proceso”. El Art. 435 del C. P. C. se refiere a esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva y dice: “Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quisiera preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. “Y si el citado no compareciere o sólo diere respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda”. En consecuencia, se presentará al juez competente una solicitud, pidiendo se cite al deudor a la presencia judicial para que reconozca su firma puesta en el instrumento, a fin de preparar la vía ejecutiva y bajo apercibimiento de dar por reconocida la firma si no compareciere o sólo diere respuestas evasivas. 26. Todo deudor puede ser citado a reconocer firma o deuda. Todo acreedor tiene el derecho de pedir se cite a su deudor a la presencia judicial a fin de que reconozca la firma o la deuda, cualquiera que sea el origen de la obligación y aunque el acreedor tenga otras acciones ordinarias o especiales que ejercitar para hacer valer su acreencia. El Art. 435 del C. P. C. concede tal derecho al acreedor que no tenga título ejecutivo, en términos absolutos y sin establecer ninguna excepción. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado ampliamente este criterio en un fallo que sustenta la siguiente doctrina: “El Art. 435 acuerda a todo acreedor que carece de un título 1616
  16. 16. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO ejecutivo, el derecho de preparar la vía ejecutiva por el reconocimiento de firma o confesión a fin de que practique la que corresponda de dichas diligencias. Los términos absolutos de dicha disposición, que no hace excepción alguna, están manifestando que el propósito de la ley es no dejar subordinada a discusión o controversia de ningún género la formación del título que ha de servir de base a la ejecución, y tales propósitos resultarían burlados si por el hecho de que el acreedor tuviera otras acciones para alcanzar la satisfacción de su acreencia, se le negara el ejercicio de una que inequívocamente se le concede para que pueda estar en aptitud de ejercer la acción ejecutiva. En consecuencia, procede enmendar por la vía de la queja el fallo que acogió la oposición del deudor para que no se le obligue a confesar una deuda, mientras no esté rendida y aprobada la cuenta de la administración de que emanaría el saldo de que se le considera deudor. No obstante lo expuesto, hay casos en que el derecho del acreedor para pedir la citación de su deudor a la presencia judicial con el fin de que éste reconozca la firma o la deuda, se encuentra condicionado por la propia naturaleza de las cosas. A esos casos nos referiremos en el número siguiente. 27. Citación del heredero, del curador de la herencia yacente, del mandatario, y caso del documento firmado a ruego. A) No podría llamarse a reconocer firma al heredero del que suscribió el documento, ya que el reconocimiento de firma es por su naturaleza un “acto personal del que suscribió la obligación”, y no puede ser realizado por terceros, aunque sean sus herederos. Pero podría perfectamente llamarse a dicho heredero a confesar deuda, y una vez reconocida la deuda podría entablarse en su contra la ejecución. Así, la jurisprudencia ha determinado que “reconocida la deuda por alguno de los herederos de la sucesión, procede en su contra el juicio ejecutivo”. B) Por las mismas razones expuestas en la letra anterior, no podría llamarse al curador de la herencia yacente a reconocer la firma puesta en un documento por el causante de la herencia. Lo pertinente es la citación a confesar la deuda. No obstante, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia ha sustentado la doctrina de que “procede citar al curador de la herencia yacente para que reconozca la firma puesta en el pagaré por el causante de la herencia, porque, como curador de bienes, representa a la sucesión que inviste el carácter de persona, está autorizado para pagar los créditos y cobrar las deudas de su representado, le incumbe el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de la herencia yacente, y contra él pueden hacerse valer los créditos que se tengan en contra de la sucesión”. C) Por la razón ya anotada –ser el reconocimiento de firma un acto personal del deudor– creemos que no podría citarse al mandatario a practicar esa diligencia, a menos que el mandatario estuviese expresamente facultado para reconocer la firma. Podría, sí, citarse al mandatario a confesar la deuda, siempre que la deuda se encuentre dentro del giro de los negocios del mandato. D) Tampoco podría citarse al deudor a reconocer la firma de un documento firmado a ruego, ya que no podría reconocer una firma que no es suya, sino que sólo procedería citar al deudor a confesar la deuda. 28. Si el deudor es un incapaz, se citará a su representante legal. Si el deudor es un incapaz (menor, demente, etc.), podrá pedirse, de acuerdo con las reglas generales del C. Civil, la citación de su representante legal. Así lo ha fallado también la Corte Suprema en una sentencia que establece la siguiente doctrina: “El Art. 435 del C. P. C. confiere al acreedor el derecho de pedir, cuando no tiene título ejecutivo, que se cite ‘al deudor’ a confesar la deuda o a reconocer la firma, en su caso, y esta citación debe hacerse conforme a las reglas generales, al personalmente obligado, si es capaz de comparecer en juicio o a su representante, en caso contrario; ya que la ley no limita el derecho 1717
  17. 17. RAÚL ESPINOZA FUENTES de pedir esa comparecencia a las personas capaces de comparecer en juicio únicamente, pues las que no lo son deben hacerlo por medio de su representante”. El reconocimiento de firma prestado por el incapaz por sí solo, sin la intervención o autorización de su representante legal, es nulo. La vía ejecutiva no quedaría preparada, ya que le faltaría al título un requisito para que tuviese fuerza ejecutiva, y podría oponerse la excepción del N° 7° del Art. 464 del C. P. C. 29. Actitudes que puede asumir el deudor citado. La gestión preparatoria de la vía ejecutiva que nos preocupa tiene por exclusivo objeto que el deudor reconozca o niegue su firma puesta en el instrumento privado. En consecuencia, no podría el deudor citado hacer alegaciones de fondo ni oponer excepciones, lo cual debe hacerse en otra oportunidad, sino que debe limitarse a reconocer o desconocer el instrumento privado que le es exhibido. No obstante lo anterior, el deudor citado a reconocer la firma podría promover un incidente dilatorio que no afecte al fondo del asunto, ya que, de acuerdo con el Art. 3° del C. P. C., tales incidentes tienen cabida en cualquier gestión judicial. Consecuente con este principio, la jurisprudencia ha determinado de manera uniforme que procede la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal tratándose de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. También podría el deudor formular incidente para abstenerse de concurrir a la citación, cuando se trata de alguna de las personas que de acuerdo con el Art. 389 del C. P. C. están exentas de la obligación de comparecer ante el tribunal, caso en el cual el juez deberá trasladarse al domicilio del citado a recibir su declaración; o cuando el deudor se encuentre físicamente imposibilitado para comparecer, como por ej., si se encuentra enfermo. Todos estos incidentes dilatorios a que acabamos de referirnos, deberán promoverse necesariamente con anterioridad al día señalado para la diligencia del reconocimiento de firma (ver N° 33). Haciendo abstracción de estos incidentes dilatorios que excepcionalmente puede formular el deudor, tenemos que las actitudes que este último puede adoptar son fundamentalmente cuatro: 1. Comparece y reconoce su firma; 2. Comparece y da respuestas evasivas; 3. Comparece y niega la firma, y 4. No comparece. Estudiaremos separadamente cada una de estas situaciones. 30. El deudor comparece y reconoce su firma. En ese caso, la ejecución queda preparada, conforme a lo dispuesto en el Art. 436 del C. P. C., que dice: “Reconocida la firma, queda preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda”. El acreedor podrá presentar su demanda ejecutiva de inmediato, sin que sea necesaria ninguna resolución judicial que dé por reconocido el instrumento. La resolución judicial ejecutoriada que la ley exige para que el título tenga fuerza ejecutiva, se refiere al caso de rebeldía del deudor por no comparecer o dar respuestas evasivas, pero no tiene cabida cuando el deudor reconoce expresamente su firma, ya que en tal caso el Art. 436 dispone que queda preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda. Debe tenerse presente que el reconocimiento que presta el deudor se refiere a la autenticidad de la firma puesta en el instrumento privado; de manera que si éste no está firmado, no tiene cabida la gestión preparatoria de la vía ejecutiva que estamos analizando, sino que procedería únicamente la confesión judicial de la deuda a que nos referiremos más adelante. 31. Forma en que puede comparecer el deudor. Normalmente, el deudor comparecerá en persona ante el juez respectivo a reconocer el instrumento privado. 1818
  18. 18. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO Pero también podría hacerlo por escrito, presentando ante el tribunal una solicitud en que reconozca o niegue su firma. Así lo ha estimado la jurisprudencia en un fallo que sustenta la doctrina de que “el escrito presentado por el aceptante de una letra de cambio citado a reconocer su firma para preparar la vía ejecutiva, importa el reconocimiento judicial establecido por el N° 4° del Art. 434, ya que este reconocimiento no necesita formalidad alguna, y puede ser prestado ya en esta forma, o ante juez y secretario con las solemnidades legales. 32. Oportunidad en que puede comparecer el deudor. Por regla general, el deudor comparecerá a la diligencia del reconocimiento de firma el día y hora señalados previamente al efecto por el tribunal. Pero también, como lo ha estimado la jurisprudencia, podría comparecer válidamente con anterioridad a la fecha indicada por el juzgado, ya que esta última sólo constituye un plazo señalado en obsequio del deudor, al cual éste puede renunciar. También podría el deudor comparecer con posterioridad a la fecha señalada por el tribunal, siempre que lo hiciera antes de que, en su rebeldía, se tenga por reconocida la firma. La razón de ello se encuentra en que la fecha señalada al deudor para que comparezca, no constituye un término fatal, sino que es preciso solicitar y obtener que en su rebeldía se tenga por reconocida la firma. En consecuencia, su derecho para comparecer a negar la firma sólo se extingue una vez declarada su rebeldía. 33. La audiencia señalada para la comparecencia del deudor puede postergarse. La audiencia que el tribunal señala al deudor a fin de que comparezca a la diligencia del reconocimiento es, como hemos visto, un verdadero término judicial establecido en beneficio del deudor, y como tal puede ser prorrogado, conforme lo dispone el Art. 67 del C. P. C., que dice: “Son prorrogables los términos señalados por el tribunal. “Para que pueda concederse la prórroga es necesario: “1° Que se pida antes del vencimiento del término, y “2° Que se alegue causa justa, la cual será apreciada por el tribunal prudencialmente”. En consecuencia, la audiencia que nos preocupa puede ser postergada por el tribunal, siempre que con anterioridad a ella se haga petición en ese sentido, y que se invoquen razones suficientes, como por ejemplo, la enfermedad de la persona citada. 34. La diligencia del reconocimiento de firma debe necesariamente ser practicada ante el juez. No podría cometerse esta diligencia al secretario del tribunal o a otro ministro de fe, ya que la ley no permite tal delegación de funciones. Un reconocimiento prestado ante el secretario del tribunal o ante un receptor adolecería de nulidad, y el título ejecutivo no quedaría perfecto: le faltaría uno de los requisitos que la ley establece para que tenga fuerza ejecutiva y sería procedente la excepción del N° 7° del Art. 464 del C. P. C. 35. El acreedor no tiene la facultad de presenciar la declaración de su deudor. La diligencia preparatoria de la vía ejecutiva que consiste en el reconocimiento de firma o confesión de deuda es simple y sumaria, y sólo tiene por objeto obtener que el deudor manifieste categóricamente si reconoce o no la firma o la deuda. La declaración del deudor no puede, pues, estar sujeta a controversia de ninguna especie, y el acreedor no está facultado para presenciar dicha declaración ni para hacer observaciones o contrainterrogaciones. 36. Reconocimiento prestado por el socio de una sociedad. En caso de que el instrumento esté suscrito por una razón social, bastará para darle mérito ejecutivo el reconocimiento que preste el socio que tenga actualmente la administración de la sociedad. 1919
  19. 19. RAÚL ESPINOZA FUENTES Si la administración está a cargo indistintamente de varios socios que han suscrito el instrumento, bastará el reconocimiento de firma que preste cualquiera de ellos, aunque otro socio haya negado su firma. Pero si la administración está a cargo de varios socios conjuntamente, todos ellos deberán concurrir al reconocimiento de firma para que quede preparada la ejecución. Una vez reconocida la deuda por el o los socios que tengan la administración de la sociedad, quedará preparada la vía ejecutiva. Y si la responsabilidad de los socios es solidaria, el acreedor podrá ejecutar indistintamente a la sociedad o a cualquiera de los socios. 37. Reconocimiento prestado por el tesorero municipal. El tesorero es el representante de la municipalidad en juicios, según lo dispone el Art. 97, letra a), de la Ley N° 11.860, Orgánica de las Municipalidades. No obstante, ningún texto legal lo autoriza para reconocer firmas o confesar deudas, a fin de preparar ejecuciones en contra de las municipalidades. Si un tesorero se arrogara la facultad de confesar una deuda de la corporación, se estaría extralimitando en sus atribuciones, y comprometiendo el patrimonio de su representada al margen de las normas que la propia Ley Orgánica de Municipalidades señala para la administración de bienes y rentas municipales. No estando facultado el tesorero municipal para reconocer firma o confesar deuda con el objeto de preparar ejecuciones en contra de la municipalidad, no puede citársele con ese objeto; y si de hecho prestare ese reconocimiento o confesión, tal acto adolecería de nulidad. En la actualidad, la representación judicial y extrajudicial de la municipalidad corresponde al alcalde conforme a lo establecido en la letra a) del artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el Decreto Supremo Nº 662 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 27 de agosto de 1992). 38. El deudor comparece y da respuestas evasivas. Si el deudor citado a reconocer su firma comparece y da respuestas evasivas, esto es, no niega directamente la autenticidad de su firma, sino que contesta con vaguedad, eludiendo responder en forma categórica, como si dice que no puede precisar o que no se acuerda, se tendrá por reconocida la firma. Este caso está asimilado a aquel en que el deudor no comparece, como veremos luego. Será necesario que una resolución judicial dé al deudor por incurso en el apercibimiento legal y mande tener por reconocida la firma, del mismo modo que cuando el deudor no comparece (ver N° 41). Se ha fallado que es respuesta evasiva la que da el citado expresando que no debe la cantidad que se indica por el acreedor, sino otra menor que no puede precisar; y que es igualmente evasiva la respuesta que da el deudor diciendo que no puede reconocer deuda determinada por no tener los antecedentes a la vista. La jurisprudencia ha fallado también que es un hecho de la causa que no está sujeto a revisión por el tribunal de casación la estimación que hacen los jueces del fondo de ser evasiva la respuesta dada por el absolvente. 39. El deudor comparece y desconoce la firma. En caso de que el deudor comparezca a la citación y desconozca la firma puesta en el instrumento privado, termina la preparación de la vía ejecutiva y el acreedor carecerá de título suficiente para iniciar ejecución. El acreedor no tendrá otro camino que la vía ordinaria para resguardar sus derechos. No sería posible discutir, en la preparación de la vía ejecutiva, la autenticidad de la firma desconocida por el deudor. 40. El deudor no comparece. Si el deudor citado no comparece, incurre en el apercibimiento señalado en el artículo 435 del C. P. C. y se dará por reconocida la firma en su rebeldía. 2020
  20. 20. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO Por supuesto que el deudor no incurre en el apercibimiento indicado si su no comparecencia se debe a caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal caso podría, de acuerdo con el artículo 79 del C. P. C., “pedir la rescisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. “Este derecho sólo podrá reclamarse dentro de tres días, contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio” (artículo 79 del C. P. C.). El indicado artículo 79 del C. P. C. se refiere al caso de fuerza mayor, es decir, de imposibilidad absoluta del deudor para ocurrir ante el tribunal. Ahora si el deudor no puede concurrir personalmente, pero puede hacerlo por escrito o por mandatario, deberá presentarse en esta última forma, haciendo presente la imposibilidad en que se encuentra para comparecer en persona a la diligencia de reconocimiento de firma y solicitando que se practique esa diligencia en su domicilio o que se suspenda hasta que cese el impedimento. Si el deudor no obra en esta forma, se dará por reconocida la firma o por confesa la deuda en su rebeldía. De acuerdo con lo expuesto, la jurisprudencia ha determinado que debe darse por reconocida la firma en rebeldía del deudor, si éste no hizo petición alguna a fin de que, en razón de su enfermedad, se postergara la diligencia de reconocimiento de firma, o se realizara dicha diligencia en su domicilio. Se ha fallado también que si el deudor citado no comparece, no es necesario dejar constancia de ese hecho, el cual puede certificarse posteriormente. 41. Si el deudor no comparece o da respuestas evasivas es menester que una resolución judicial dé por reconocida la firma, o por confesa la deuda. No obsta que el deudor no comparezca a la audiencia que se le señaló para que la vía ejecutiva quede preparada. Es menester, como se desprende del propio artículo 434, N° 4°, del C. P. C., que el instrumento privado esté “mandado tener por reconocido” por una resolución judicial. En consecuencia, es procedente la excepción de insuficiencia del título (artículo 464 N° 7° del C. P. C.), si el mandamiento se despacha sólo a virtud de la certificación de no haber comparecido el deudor a reconocer su firma, y sin que se la hubiera declarado antes reconocida. 42. La resolución judicial que da por reconocida la firma es una sentencia interlocutoria y ella debe estar ejecutoriada. De acuerdo con la clasificación que hace el artículo 158 del C. P. C., la resolución que analizamos es una sentencia interlocutoria, ya que “resuelve sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria”. En efecto, la resolución que da por reconocida la firma sirve de base en el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria que despacha la ejecución (mandamiento de ejecución y embargo) y en el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Además, el propio legislador la ha calificado de sentencia interlocutoria, porque esa resolución tiene por objeto dejar preparada la vía ejecutiva, y de acuerdo con el artículo 434 del C. P. C., sólo dos clases de resoluciones judiciales tienen mérito ejecutivo: las sentencias definitivas y las interlocutorias, y si la resolución en su referencia no es sentencia definitiva, hay que reconocerle forzosamente el carácter de sentencia interlocutoria. De lo contrario llegaríamos al absurdo de que se trataría de un auto o decreto que, en ningún caso, tiene mérito ejecutivo. La jurisprudencia ha dado uniformemente a esta resolución el carácter de sentencia interlocutoria. Asimismo, la sentencia interlocutoria que da por reconocida la firma debe encontrarse ejecutoriada para que pueda entablarse la demanda ejecutiva, ya que mientras no adquiera el carácter de firme, carece de mérito ejecutivo. 43. La resolución judicial que da por reconocida la firma produce cosa juzgada. Dado el carácter de sentencia interlocutoria que reviste la resolución que da por reconocida la firma (o por confesa la deuda, en su caso), ella, una vez firme, goza de la autoridad de cosa juzgada. 2121
  21. 21. RAÚL ESPINOZA FUENTES Sin embargo, nuestra jurisprudencia no ha sido uniforme en el sentido anterior. Hay fallos según los cuales la resolución judicial que declara reconocida una firma o confesa una deuda en rebeldía del deudor, no tiene el carácter de sentencia y no produce, por tanto, cosa juzgada en contra del deudor. Estos fallos no están ajustados a derecho. Desde luego, sin lugar a dudas y como hemos visto en el número anterior, la resolución judicial en estudio es una sentencia interlocutoria y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 175 del C. P. C., ella produce la acción y la excepción de cosa juzgada. Es claro que, lógicamente, esta resolución sólo producirá cosa juzgada respecto de lo que en ella se declara, esto es, el deudor no podrá ya más discutir la autenticidad de la firma o la existencia de la deuda, pero el deudor, sin desconocer la autenticidad del instrumento o la existencia de la deuda, podrá oponerse a la ejecución fundado en que la obligación es nula o en que ella se extinguió por otro medio de extinción de las obligaciones. Esto es, en el fondo, lo que han querido decir los fallos que hemos calificado de equivocados; que la resolución judicial que da por reconocida la firma o la deuda, en rebeldía del deudor, no produce cosa juzgada respecto de cuestiones que no sean la autenticidad de la firma o existencia de la deuda. Y esto último sí que es correcto y nada tiene de extraordinario, ya que toda sentencia sólo produce cosa juzgada respecto de lo que en ella se declara, y no respecto de otras cuestiones que le son ajenas. F. LETRA DE CAMBIO, PAGARÉ Y CHEQUE 44. Diversos casos que contempla el Código. La segunda parte del N° 4° del artículo 434 del C. P. C. expresa: “Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. “Tendrá también mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario, o por el oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario”. De la disposición transitoria se desprende que son tres las situaciones que contempla el Código respecto de estos instrumentos: 1. Letra de cambio o pagaré protestados personalmente. 2. Letra de cambio, pagaré o cheque, cuyo protesto ha sido puesto en conocimiento del obligado por notificación judicial. 3. Letra de cambio, pagaré o cheque, en que la firma del obligado aparece autorizada por el notario o por un oficial civil, en su caso. Estudiaremos separadamente cada una de estas tres situaciones. 45. Letra de cambio o pagaré protestados personalmente. En la actualidad, los artículos 1º, 14 y 102 de la Ley Nº 18.092, no definen la letra de cambio y el pagaré, sino que se limitan a señalar las menciones que dichos títulos de crédito deben necesariamente contener y sus enunciaciones accidentales. En el artículo 108 de la mencionada ley se derogaron las disposiciones del Código de Comercio que regulaban la letra de cambio y el pagaré. De acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 18.092, si la letra de cambio no es aceptada o pagada oportunamente, puede ser protestada por falta de aceptación o de pago. El pagaré también puede ser protestado por falta de pago. Este protesto, conforme a la Ley Nº 18.092, puede hacerse al aceptante personalmente o a otras personas. Si una letra de cambio o un pagaré es protestado por falta de pago y el protesto se hace personalmente al aceptante o suscriptor, sin que éste tache de falsedad su firma al tiempo del protesto, tal documento adquiere mérito ejecutivo en contra del aceptante o suscriptor. El 2222
  22. 22. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO título ejecutivo queda formado por la letra o pagaré y la respectiva acta de protesto. En la actualidad, el artículo 62 de la Ley Nº 18.092 no exige la firma del librado; y por otra parte, su artículo 77 establece que el tribunal podrá desechar la nulidad de un protesto cuando el vicio no hubiere causado un efectivo perjuicio al que lo invoca. Debe tenerse presente que la letra o pagaré que se encuentran en la situación anterior sólo tienen mérito ejecutivo en contra del aceptante o suscriptor, y no en contra de otros obligados. Para darle fuerza ejecutiva respecto de otro obligado, sería menester notificarle judicialmente el protesto, situación a que nos referiremos más adelante. 46. Requisitos para que la letra de cambio o el pagaré tengan mérito ejecutivo. Para que estos documentos tengan fuerza ejecutiva, es menester que reúnan tres órdenes de requisitos: a) En primer lugar, la letra de cambio o el pagaré deben reunir las condiciones que para su validez exigen los artículos 1º y 102 de la Ley Nº 18.092, respectivamente. b) En segundo lugar, el protesto debe ser eficaz, esto es, debe haberse hecho en la oportunidad y con las formalidades prescritas por la ley. Así, la jurisprudencia ha establecido que un protesto tardío, que se ha hecho en una época posterior a la señalada por la ley, es ineficaz y no confiere mérito ejecutivo a la letra. Asimismo, se ha fallado que tampoco confiere mérito ejecutivo a la letra un protesto que no contiene la firma de la persona contra quien se hace, o la causa por la cual ésta no firmó (requisito que exige el artículo 732 del C. de Comercio), ya que el protesto reviste los caracteres de un instrumento público que, para su validez, con tal carácter, es indispensable que sea autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. c) Finalmente, es preciso que el aceptante o suscriptor a quien se hace personalmente el protesto no oponga tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento. Reunidos estos requisitos, la letra de cambio o el pagaré gozan de mérito ejecutivo. Por el contrario, si no se reúnen todos los requisitos indicados, le faltaría al título alguna de las condiciones establecidas por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva, y el juez, al examinarlo, deberá denegar la ejecución. Y si por error ordena despachar el mandamiento de ejecución, el ejecutado podrá oponer la excepción del N° 7° del artículo 464 del C. P. C. 47. Si el ejecutante es el propio librador de la letra, deberá probar que ha provisto de fondos al aceptante. El aceptante de una letra de cambio está obligado a pagarla a su vencimiento, aun cuando no haya recibido provisión de fondos (artículo 676 del C. de Comercio). Pero esto sólo tiene plena aplicación cuando el beneficiario de la letra es un tercero, pues si el beneficiario es el propio librador, sólo tiene acción en contra del aceptante si lo ha provisto previamente de fondos (artículo 704 del C. de Comercio). Ahora, como la provisión de fondos no se presume (artículo 677 del C. de Comercio), el librador deberá probarla si quiere que prospere su acción en contra del aceptante. En consecuencia, si el librador no prueba que ha provisto de fondos al aceptante, la letra carece de mérito ejecutivo, ya que le faltaría uno de los requisitos establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva. La jurisprudencia ha ratificado uniformemente la conclusión anterior. Al respecto, un fallo de la Corte Suprema sustenta la doctrina de que “si bien es cierto que con arreglo a lo preceptuado en el artículo 434, N° 4°, del C. P. C., la letra de cambio tiene mérito ejecutivo en contra del aceptante en los casos que contempla, tal disposición sólo puede tener aplicación respecto del librador si ha provisto previamente de fondos a su aceptante, único evento en que la ley confiere acción al primero contra el último y, por tanto, no constando de autos la provisión de fondos, la cual no se presume, le falta al título un requisito para que tenga fuerza ejecutiva”. 2323
  23. 23. RAÚL ESPINOZA FUENTES Otro fallo inspirado en la misma doctrina, resolvió que “el aceptante no puede oponer al endosatario la excepción de falta de provisión de fondos” y que “la falta de provisión de fondos influye en el régimen de la letra, pero sólo en el círculo de las relaciones entre el librador que no ha cumplido su obligación y el aceptante, únicos que invisten el carácter de legítimos contradictores para discutir tal excepción”. No obstante todo lo expuesto anteriormente, un fallo de la Corte Suprema, acordado por mayoría de votos, ha resuelto que la norma contenida en el Art. 676 del Código de Comercio, de acuerdo con la cual el aceptante de una letra de cambio está obligado a pagarla a su vencimiento, aun cuando no haya recibido provisión de fondos, es una norma absoluta que no admite distingos, de modo que el aceptante de la letra está obligado a pagarla aun cuando el demandante sea el propio librador. Se fundamenta ese fallo, además, en que la letra ya no es la expresión de un contrato de cambio, sino un instrumento de pago, desligado de toda vinculación con relaciones preexistentes entre las partes, y al cual no pueden oponerse otras excepciones que las derivadas del título mismo. En consecuencia, el aceptante podrá oponer la excepción de falta de provisión de fondos solamente cuando esa falta de provisión conste de la letra misma. Con motivo de la dictación de la Ley Nº 18.092 sobre letra de cambio y pagaré se eliminó en su texto toda referencia a las relaciones causales entre el librador y librado (provisión de fondos) que existía en el Código de Comercio. Este principio del carácter abstracto de la letra de cambio en nuestra actual legislación se reconoce expresamente en el artículo 79 de la mencionada ley, la que consagra la solidaridad cambiaria en el pago del documento de todos los obligados por el solo hecho de su firma. 48. Letra de cambio o pagaré otorgados en el extranjero. Si estos documentos guardan conformidad a las leyes del país en que se otorgaron, ellos tienen plena eficacia en Chile (artículo 17 del C. C.). Y tendrán en este último país mérito ejecutivo si se encuentran en alguno de los casos contemplados en el N° 4° del artículo 434 del C. P. C. Al respecto, la Corte Suprema ha fallado que si las letras que sirven de base a la ejecución guardan conformidad con las leyes inglesas, y no han sido tachadas de falsedad por el ejecutante al tiempo de protestárselas, no es necesario que el ejecutante pruebe que la legislación inglesa autoriza al girador para ejercitar la acción ejecutiva a fin de obtener el pago, ya que ellas tienen mérito ejecutivo, de acuerdo con el N° 4° del artículo 434 del C. P. C. 49. Letra de cambio, pagaré o cheque cuyo protesto ha sido puesto en conocimiento del obligado por notificación judicial. A más de la letra de cambio y del pagaré, la ley contempla aquí la situación del cheque. El cheque, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 10 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, “es una orden escrita y girada contra un Banco para que éste pague, a su presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente”. Si un cheque no es pagado a su presentación, puede protestarse por falta de pago. El protesto se estampará en el dorso, al tiempo de la negativa del pago, expresándose la causa, la fecha y la hora, con la firma del librado, sin que sea necesaria la intervención de un ministro de fe (artículo 33 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques). El cheque deberá presentarse para su cobro dentro de los 60 días siguientes a su fecha, si el librado estuviere en la misma plaza donde se emitió el cheque y dentro de 90 días si estuviere en plaza distinta. Como se comprenderá, el protesto del cheque no puede nunca ser personal, ya que él se realiza sin la intervención del girador. La letra de cambio, pagaré o cheque cuyo protesto no ha sido personal carece de mérito ejecutivo por sí solo, y para conferirle ese mérito es menester que el protesto se ponga en conocimiento del deudor en una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Se indicará expresamente que esa gestión se hace 2424
  24. 24. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO a fin de obtener un título ejecutivo y bajo apercibimiento de quedar preparada la vía ejecutiva si el deudor no opone tacha de falsedad a su firma dentro de tercero día de notificado. Si la persona obligada al pago del documento no opone tacha de falsedad a su firma en el acto de la notificación o dentro de tercero día de notificado, la vía ejecutiva queda expedita, sin que sea necesario que ninguna resolución judicial así lo declare; bastará que el secretario del tribunal certifique de no haberse opuesto tacha de falsedad. La jurisprudencia ha determinado que “no habiéndose formulado tacha de falsedad a los documentos que se invocan como título de la ejecución, no obstante el conocimiento que de ellos tuvo el demandado en razón de la notificación de los protestos en los cuales aparecían literalmente insertos, deben reputarse legalmente reconocidos y, por consiguiente, con la fuerza ejecutiva necesaria para reclamar su pago por esa vía”. Se ha fallado también que la tacha de falsedad que impide el procedimiento ejecutivo, es la que se opone a la letra misma que se cobra y, en consecuencia, refiriéndose la tacha de falsedad, no a la letra de cambio, sino al protesto de esa letra, dicho documento (letra de cambio) debe considerarse como reconocido y con el mérito suficiente para iniciar una ejecución. Finalmente haremos notar que la gestión preparatoria de la vía ejecutiva consiste en la notificación judicial del protesto de una letra de cambio, pagaré o cheque; puede iniciarse en contra de cualquiera de los obligados al pago del documento, ya sea el aceptante o suscriptor, o el endosante, avalista o librador del documento. Todos ellos son solidariamente responsables de la obligación. 50. La letra de cambio, pagaré o cheque no tachado oportunamente de falsedad, queda definitivamente reconocido. Si el obligado al pago de alguno de los documentos indicados no opone tacha de falsedad a su firma oportunamente, esto es, en el momento del protesto, si éste es personal, o dentro de tercero día de notificado, si el protesto no es personal, se producirá un reconocimiento tácito del instrumento. No sería procedente, con posterioridad, durante el curso de la ejecución, oponer la excepción de falsedad del título. Así lo ha fallado también la jurisprudencia. Es claro que, como lo ha establecido también la jurisprudencia, el ejecutado conservará su derecho para oponer a la ejecución las demás excepciones contempladas en el artículo 464 del C. P. C., pues lo único que no podrá ya discutir es la autenticidad del documento. 50-a. Letra de cambio, pagaré o cheque cuya firma es tachada de falsedad. Caso en que se tachare de falsa la firma de una letra de cambio, pagaré o cheque en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación de protesto. Si se tachare de falsa la firma, en los casos de que trata el inciso primero del Nº 4º del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, la tacha se tramitará como incidente dentro de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación de protesto y corresponderá al demandante acreditar que la firma es auténtica. Si se acreditare la autenticidad de la firma, el tribunal lo declarará así y el documento constituirá título ejecutivo. Las apelaciones en este incidente se concederán en el sólo efecto devolutivo. (Artículo 111 de la Ley Nº 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré). Sin perjuicio de la constitución del título ejecutivo en caso de haberse declarado la autenticidad de la firma en la tramitación del incidente que se genera con motivo de la tacha de falsedad durante la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, se incurre además en una responsabilidad penal. Al efecto, conforme a lo previsto en los artículos 110 de la Ley Nº 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré y 43 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, cualquiera persona que en el acto del protesto de una letra de cambio o pagaré o en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación del protesto tachare de falsa su firma puesta en una letra de cambio, pagaré o cheque y resultare en 2525
  25. 25. RAÚL ESPINOZA FUENTES definitiva que la firma es auténtica, será sancionada con las penas indicadas en el artículo 467 del Código Penal, salvo que acredite justa causa de error o que el título en el cual se estampó la firma sea falso. Finalmente, es menester tener presente que no obstante haberse efectuado la declaración de autenticidad de la firma estampada en una letra de cambio, cheque o pagaré en la resolución que falla el incidente generado en la tramitación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación de protesto, el demandado en un juicio civil y el inculpado o procesado en el juicio criminal por el delito establecido en el artículo 110 antes mencionado, podrán oponer como defensa o excepción la falsedad del título o la de su firma y justificarla en dichos procesos. (Artículo 112 de la Ley Nº 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré). 51. Letra de cambio, pagaré o cheque en que la firma del obligado aparece autorizada por un notario o por un oficial civil en su caso. Estos documentos tienen mérito ejecutivo en contra del obligado cuya firma se encuentre autorizada por un notario o por el oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario. No es necesario un reconocimiento previo ni tampoco que el documento esté protestado, pues la ley no exige ninguno de esos requisitos. Así lo ha fallado también la jurisprudencia. Como puede verse, los documentos que se encuentran en la situación indicada quedan equiparados a los instrumentos públicos en lo que se refiere a su mérito ejecutivo. Sin embargo, es menester hacer presente que la jurisprudencia ha resuelto en forma reiterada últimamente que el vocablo “autorizar” no supone necesariamente la presencia de aquel cuya rúbrica autentifica y, por consiguiente, la correcta interpretación del artículo 434 Nº 4º inciso 2º del Código de Procedimiento Civil ni siquiera lleva a exigir la comparecencia, ante notario, del obligado que firma un instrumento mercantil, sea pagaré, cheque o letra de cambio; basta, al efecto, la sola actuación de ese ministro de fe. G. CONFESIÓN JUDICIAL 52. Generalidades. El N° 5° del artículo 434 del C. P. C. da mérito ejecutivo a la confesión judicial. Se entiende por confesión el reconocimiento que una persona hace de un hecho que genere en su contra consecuencias jurídicas. Ella puede ser judicial o extrajudicial. La confesión que se presta en juicio puede revestir el carácter de un medio de prueba o el de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La confesión judicial que sirve como medio de prueba es jurídicamente distinta de la prestada como medio de preparar la vía ejecutiva, y entre ambas pueden anotarse importantes diferencias. a) La confesión judicial que sirve como medio de prueba tiene por finalidad acreditar, en el juicio, un hecho controvertido; en tanto que la que consiste en una gestión preparatoria de vía ejecutiva tiene como objeto reconocer una obligación y constituir un título ejecutivo. b) La primera categoría de confesión puede producirse en cualquier forma, provocada o espontáneamente; en tanto que la segunda debe producirse precisamente en la forma indicada en el artículo 435 del C. P. C., citándose previamente al deudor con el fin de preparar la vía ejecutiva, y prestando éste su confesión ante el juez, o teniéndosele por confeso en rebeldía. c) En el primer caso, la confesión puede versar sobre cualquier hecho substancial y pertinente, controvertido en el juicio; en tanto que, en el segundo caso, la confesión sólo puede referirse a la existencia de una obligación. d) Tratándose de la primera categoría de confesión, si el confesante niega la efectividad del hecho sobre el cual se le interroga, es perfectamente posible recurrir a otros medios de prueba a fin de acreditar el mismo hecho. En cambio, tratándose de la segunda categoría de confesión, si el confesante 2626
  26. 26. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO niega la efectividad de la deuda, concluye la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, y no sería posible, dentro de esa gestión, recurrir a otras pruebas. Sólo quedaría al acreedor la vía ordinaria. e) Para que en la confesión judicial –medio de prueba– se tenga al absolvente por confeso en rebeldía, es menester que se le cite por dos veces consecutivas a absolver posiciones de acuerdo con el artículo 393 del C. P. C. En cambio, en la confesión judicial –gestión preparatoria de la vía ejecutiva– basta la no comparecencia del deudor a la primera citación para que se le dé por confeso en rebeldía. El artículo 435 del C. P. C., que rige esta última clase de confesión, sólo exige que se cite al deudor una sola vez. f) Finalmente, en la primera clase de confesión, la diligencia puede cometerse al secretario del tribunal o a otro ministro de fe (artículo 388 del C. P. C.). En tanto que en la segunda situación la confesión debe prestarse ante el propio juez, siendo nula la prestada ante el secretario del tribunal o ante un receptor. Si la confesión fuese prestada, no ante el juez, sino ante otra persona, faltaría al título así formado un requisito para que tuviese fuerza ejecutiva. 53. La confesión judicial considerada como gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La confesión judicial, considerada como una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, presenta entera semejanza con el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, a que ya nos hemos referido. En ambos casos se trata de gestiones que tienden a crear un título ejecutivo, y el propio C. P. C. las trata conjuntamente en el artículo 435. En consecuencia, y para evitar repeticiones del todo innecesarias, diremos que es aplicable a la confesión judicial todo lo dicho respecto de la gestión de reconocimiento de firma en los números 25 a 43, inclusive. Sólo nos referiremos, en los números siguientes, a algunas cuestiones particulares relativas a la confesión. 54. Divisibilidad de la confesión. De acuerdo con la regla general contenida en el artículo 401 del C. P. C., “el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante”. El que quiera aprovecharse de la confesión deberá, pues, aceptarla tanto en lo favorable como en lo desfavorable. Sin embargo, de acuerdo con el mismo precepto legal indicado, hay casos en que el mérito de la confesión puede dividirse. Para estudiar esos casos en que es permitido dividir la confesión, es menester hacer de ella la clasificación siguiente: 1. Confesión pura y simple. El confesante reconoce un hecho, sin hacerle modificación o adición alguna. No hay aquí dificultad; la confesión no puede naturalmente dividirse. 2. Confesión calificada. El confesante reconoce el hecho material que se le propone, pero le agrega circunstancias que hacen variar su naturaleza jurídica. Hay en este caso discrepancia en cuanto a la calificación jurídica del acto. Sería el caso de una persona que confiesa haber recibido una suma de dinero, pero agrega que la recibió a título de donación y no de préstamo. En este caso, la confesión es también indivisible, ya que se trata de un mismo hecho que es calificado en forma diferente por las partes. 3. Confesión compleja. El confesante reconoce el hecho material que se le propone, sin variar su calificación jurídica, pero le agrega hechos nuevos y distintos cuya existencia destruye o modifica las consecuencias jurídicas del hecho confesado. Esta clase de confesión sí que puede dividirse, conforme al artículo 401 del C. P. C., y para su debido estudio es menester subdividirla a su vez en: a) Confesión compleja conexa. Los nuevos hechos agregados por el confesante suponen necesariamente la existencia del primer hecho. Se trata de hechos ligados entre sí o que se modifican los unos a los otros. Sería el caso de una persona que reconoce haber recibido en préstamo una suma de dinero, pero agrega que la pagó. Esta categoría de confesión puede dividirse en perjuicio del confesante, siempre que el contendor pruebe la falsedad de los nuevos hechos agregados por el confesante. 2727
  27. 27. RAÚL ESPINOZA FUENTES Nuestros tribunales han fallado que el hecho de decir, el citado a confesar deuda, que ha pagado la cuenta cuyo reconocimiento se le pide, importa el no reconocimiento de la deuda, sin que pueda estimarse, en consecuencia, que la vía ejecutiva ha quedado preparada. b) Confesión compleja inconexa. El deudor citado a reconocer la deuda confiesa deber, pero agrega otros hechos que ninguna relación tienen con la deuda confesada. Por ejemplo, si el deudor confiesa deber una cantidad de dinero, pero agrega que, a su vez, es acreedor por una suma igual o mayor, y que, por tanto, se ha producido una compensación. En tal evento la confesión se divide siempre y sin más trámite. En consecuencia, dividida la confesión, se dará por reconocida la deuda en forma pura y simple y quedará preparada la vía ejecutiva. De acuerdo con lo dicho, la jurisprudencia ha establecido la doctrina de que “aun cuando el ejecutado sostenga, al confesar la deuda materia de la ejecución, que el ejecutante es deudor suyo por una suma mayor, tal circunstancia no quita mérito ejecutivo a la diligencia y es, por tanto, inaceptable la excepción de faltar al título alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva. Dicha confesión trata de hechos diversos enteramente desligados entre sí y es, en consecuencia, divisible”. 55. Divisibilidad de la confesión en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Los principios enunciados en el acápite anterior son ampliamente aplicables a la confesión considerada como una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. En consecuencia, las situaciones que pueden presentarse son las siguientes: a) El deudor, citado a la presencia judicial, confiesa pura y simplemente la deuda. La vía ejecutiva queda preparada y el acreedor presentará de inmediato su demanda ejecutiva. b) El deudor acepta el hecho del cual el acreedor hace derivar la obligación, pero lo califica en forma diferente, como, por ejemplo, si dice haber recibido una suma de dinero, pero manifiesta que la recibió en donación, y no en mutuo. La confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante y habrá fracasado la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. c) El deudor acepta los hechos invocados por el acreedor, pero les agrega hechos nuevos que los modifican directamente, como, por ejemplo, si manifiesta haber recibido en mutuo una suma de dinero, pero agrega que la pagó. Hemos visto que, en este caso, el acreedor podría dividir la confesión si prueba por algún medio legal la falsedad de los hechos agregados por el confesante. No obstante, el acreedor no podría probar la falsedad de los nuevos hechos agregados por el confesante dentro de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, ya que esta gestión es breve y sumaria y tiene por exclusivo objeto obtener la confesión del deudor. El acreedor deberá, pues, iniciar un juicio ordinario a fin de rendir las pruebas que le permitan dividir la confesión de su deudor. En consecuencia, debemos concluir que, en el caso que nos preocupa, la vía ejecutiva ha fracasado. d) El deudor reconoce los hechos invocados por el acreedor, pero les agrega otros hechos diversos, enteramente desligados de los primeros. Hemos visto que en este caso la confesión se divide sin más trámite, de lo cual debemos deducir que la vía ejecutiva ha quedado preparada. Es el caso, por ejemplo, en que el deudor reconoce una deuda, pero agrega que, a su vez, el acreedor le debe otra suma determinada; esta alegación no será obstáculo para que se presente la demanda ejecutiva y el ejecutado deberá excepcionarse oponiendo en su oportunidad la compensación. H. CUALESQUIERA TÍTULOS AL PORTADOR, ETC. 56. Cualesquiera títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos. El N° 6° del artículo 434 del C. P. C. confiere mérito ejecutivo a “cualesquiera títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. 2828
  28. 28. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EL JUICIO EJECUTIVO “Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio”. Se trata aquí de títulos emitidos por alguna institución legalmente autorizada, como por ejemplo, de los bonos hipotecarios emitidos por el Banco del Estado de Chile o un Banco Hipotecario. También lo eran los billetes de Banco emitidos por el Banco Central, bajo el régimen de conversión. No quedan comprendidos aquí los bonos emitidos por el Estado, ya que no procede el juicio ejecutivo en contra del Fisco. Si estos títulos emitidos en conformidad a una ley no son pagados a su vencimiento, el respectivo tenedor puede exigir ejecutivamente el cumplimiento de la obligación en ellos contenida. Lo mismo puede decirse de los cupones también vencidos de dichos títulos. Tratándose del título ejecutivo en estudio, será menester practicar previamente una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, cual es la confrontación de los cupones con los títulos y de éstos con los libros talonarios. Esta diligencia se solicitará del tribunal competente y ella será realizada por el propio juez o por un ministro de fe. Este se constituirá en el local donde se llevan los libros talonarios y hará la confrontación, y si ella resulta conforme, quedará preparada la vía ejecutiva. Si el director de la institución emisora del título o la persona que tenga la representación del deudor tachare de falso el título, no será éste un obstáculo para que se despache la ejecución, debiendo alegarse la falsedad como una de las excepciones del juicio. Tal es la regla contenida en el inciso 2° del N° 6° del artículo 434 del C. P. C., y ella tiende a impedir que se embarace la medida del embargo, que es la que asegura el cumplimiento de la obligación. De no ser así, quedaría al arbitrio del director de la institución eludir el procedimiento ejecutivo mediante la tacha de falsedad del título. I. CUALQUIERA OTRO TÍTULO A QUE LAS LEYES DEN FUERZA EJECUTIVA 57. Alcance de esta disposición. Finalmente, el N° 7° del artículo 434 del C. P. C. reconoce mérito ejecutivo a “cualquiera otro título, a que las leyes den fuerza ejecutiva”. Esta es la regla general que comprende a todos aquellos títulos a los que disposiciones especiales han dado el carácter de ejecutivos. Nos referiremos separadamente a algunos de esos títulos. 58. La sentencia que causa ejecutoria. El N° 1° del artículo 434 del C. P. C. da mérito ejecutivo a la sentencia firme. No obstante, hay sentencias que, a pesar de no estar firmes, pueden cumplirse ejecutivamente: son las sentencias que causan ejecutoria, esto es, aquellas sentencias cuyo cumplimiento la ley autoriza no obstante estar atacadas o ser atacables por algún recurso judicial. Es el caso de la sentencia respecto de la cual se ha concedido el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo; esta sentencia puede cumplirse y tiene mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 192 del C. P. C., en relación con el artículo 434, N° 7°, del mismo Código. En la misma situación se encuentra la sentencia en contra de la cual se ha entablado un recurso de casación de fondo o de forma, cuando de acuerdo con el artículo 773 del C. P. C. el recurso entablado no suspende el cumplimiento de la sentencia. En este caso, la disposición legal que confiere mérito ejecutivo a la sentencia es el artículo 773 del C. P. C. en relación con el artículo 434, N° 7°, del mismo Código. Aplicando los principios anteriores, la jurisprudencia ha determinado que no obsta a la iniciación de un juicio ejecutivo la circunstancia de haberse deducido recurso de casación contra la sentencia dictada en el juicio ordinario si esta sentencia puede cumplirse de acuerdo con el artículo 773 del C. P. C. Cabe recordar aquí lo expuesto al finalizar el N° 11 de esta obra: que la sentencia que causa ejecutoria sólo se cumplirá mediante el juicio ejecutivo, cuando su ejecución sea solicitada ante un 2929

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