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CSJ - Sentencia de Casación Laboral N° 139-2014 La Libertad - El daño moral producido por el despido laboral no se presume debe probarse

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La Corte Suprema ha señalado en la Sentencia de Casación Laboral N° 139-2014 La Libertad que el daño moral producido por un despido laboral no puede ser presumido, este debe ser acreditado.

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CSJ - Sentencia de Casación Laboral N° 139-2014 La Libertad - El daño moral producido por el despido laboral no se presume debe probarse

  1. 1. 66380 CASAClÓN El Peruano Jueves 30 de julio de 2015 criterio sería la correcta, en lugar de eno se limita a manifestar su discrepancia con el pronunciamiento judil, señalando que los tracto camiones o remolcadores si están afectos al impuesto vehicular, extremo que al no ajustarsea lo exigido porel modificado artículo 338 numeral 2 ya citado y, de conformidad con el articulo 392 del Código Procesal Civil, modificado porel artículo 1 de la Ley N° 29364, citados en el considerando sétimo de la prsente resolución, su denuncia casatoria en este extremo también resulta improcedente. Qécim : Finalmente, en lo atinente a la tercera denuncia de Infracción normativa del articulo 154 del Código Tributario, sustenta el impugnante que se viola dicha nomia en razón de que este artículo solo permite que la interpretación del colegiado se circunscriba a la interpretación del sentido de las normas tributanas y no ha otro tipo de normas, ya que si bien es cierto puede remitirse a integrar normas extm tributarias estas no se le pueden oponer o desnaturalízar como sucede en este caso, lo que genera increiblemente que una norma reglamentaria se prefiera y tenga impficancia e incidencia en materia tributaria. Décimo Primero: En este extremo, la parte recurrente tampoco cumple con desarrollar la infracción de la norma legal, sin descnbir con claridad y preasión de qué manera se la habria infringido, en lugar de ello en forma confusa señala que dicha norma solo pennite la interpretación del colegiado superior se circunscriba a la interpretación del sentido de las normas tributarias y no a otro tipo de nonnas, corno si en la presente controversia se estaría tratando sobre normas de otra naturaleza; por lo que resulta nuevamente improcedente su denuncia casatoria en este extremo de la impugnación, al haber incumplido las exigencias del numeral 2 del modificado articulo 388 del Código Adjetivo antes citado, lll. DEClSlON: Porestas consideraciones, y confomie al artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el articulo 1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandante Servicio de Administración Tributaria — SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por intermedio de su representante Roberto Carlos Zapata Vidal, de fecha siete de febrero de dos mfl catorce, obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de vista expedida el veintitrés de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos tres; en los seguidos por el Servicio de Administración Tnbutaria - SAT de la Municipalidad Metropolitana de I_ima contra el Ministerio de Economia y Finanzas — MEF (por el Tnbunal Fiscal), sobre Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron Juez Supremo Ponente Rueda Femández- SS. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, MALCA GUAYLUPO 64266783-1 CAS. LAB. N” 564-2014 AREQUIPA Lima, primero de octubre de dos mil catorce: l. VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del demandado Poder Judicial, de fecha diez de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos veinte, contra la sentencia de vista de fecha doce de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos cuatro, que confinna la sentencia apelada expedida el veinte de abril de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, que dedaró fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene ll. CONSIDERANDO: Primero: Por su propia naturaleza, el recurso de casación laboral es un medio impugnatono de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los ‘fines’ para los cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación de las nonnas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social y la unificación de la junsprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, tal como especifica el texto del artículo 54 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 Segundo: Atendiendo a los requisitos de carácter formal, regulados en el articulo 57 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el articulo 1 de la Ley N“ 27021, se procede a la verificación del cumplimiento de dichas exigencias en el caso concreto: a) El recurso ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Supenor de Justicia de Arequipa, b) dentro de los diez dias de notificada la sentencia de vista, c) tratándose la resolucion impugnada, de una sentencia que pone fin al proceso; d) siendo inexigible el pago del arancel judicial por el recurso planteado, al tratarse la parte recurrente de una Entidad pública, de conlonnidad con el literal g) del articulo 24 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo N° 017—93-JUS, y finalmente; e) se verifica que la parte impugnante, no consintió la sentencia de primera instancia que fue adversa a su pretensión de contradicción de la demanda incoada. Tercero: Al respecto, el artículo 58 de la Ley N“ 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley N“ 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precision las causales en que se sustenta descritas en el articulo 56 de la precitada Ley Procesal, modificado por el articulo 1 de la Ley N“ 27021, y, según el caso: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; b) Cuál es la correcta interpretación de la norma; c) Cuál es la norma ¡naplicada y por qué debió aplicarse; y, d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción, Cuarto: En el presente caso, la parte recurrente postula como causal de su recurso: 4.1 La causal prevista en el inciso c) del artículo 56 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, referido a la inaplicación del articulo 1764 del Código Civil; alegando la parte impugnante que no encuentra adecuado por parte del Juzgado y la Sala superior, que hayan postulado la existencia de una relacion laboral de carácter indeterminado en desmedro de la libre voluntad de la partes, eri irrestricto cumplimiento del pacta sunt servanta, por lo que es pertinente señalar que con la decisión integrada y confirmada por la Sala deménto al declarar la existencia de un contrato de trabajo ha incurrido en error, inaplicando el articulo 1764 del Código Civil por manto no se evidencia de modo alguno que se haya desvirtuado los alcances del contrato civil, debiendo conversarse el contrato celebrado; al ser vigente, válido y constitucional; agrega que según la Ley N° 28175 — Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto. 4.2 Del argumento desanollado por la Entidad recurrente, se advierte que la sustentación del recurso carece de precisión y clandad, lo que constituye una exigencia imperativa del artículo 58 de la Ley N’ 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el articulo 1 de la Ley N° 27021, ya que se limita a enunciar la norma que considera inaplicada, sin la justificación jurídica de la causal denunciada que desarrolle un argumento dingido a un cuestionamiento de los fundamentos de la decisión de instancia, lo que no satisface el requisito de procedencia precitado, a su vez se observa que la posición de la parte recurrente se cirurnscribe a la exposición de la discrepancia con la decisión de la Sala Superior, sin explicar ni detallaren una exposición ordenada, en qué consiste el error de derecho que alega, a su vez, no correladona la nonna que enuncia debió aplicarse, con la inferencia de prueba y los hechos determinados por la instancia de mérito; razón por la cual el recurso asi planteado deviene en improcedente. lll. DEClSlON. Por estas consideraciones, en aplicación de la parte rn fine del modificado articulo 58 de la Ley Procesal Laboral antes citada, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntosjudirjales del demandado Poder Judicial, de fecha diez de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos veinte, contra la sentencia de vista de fecha doce de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos cuatro; en los seguidos por doña Maria Salomé Abarca Lujan contra el Poder Judicial, sobre Desnatirralización de Contrato y otms; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández. - SS_ WALDE JAUREGUl, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, LAMA MORE 04266783-2 CAS. LAB. N° 139-2014 LA LIBERTAD SUMILLA: EI cumplimiento del deber de motivación exige necesanamente la existencia de una exposición clara y coherente enla sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en congmencia con los términos en los que se ha desarrollado el confradrclonb, ysobre la base de las pruebas actuadas en el proceso y las nonnas jurídicas aplicables al caso, Lima, dieciocho de mayo de dos mil quince, ‘ LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Sivina Hurtado — Presidente, Vinatea Medina, Morales Parraguez, Rodriguez Chávez y Rueda Femández, y luego de producida la votacion coníonne a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: l. - MATERIA DEL RECURSO: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por don Arsenio Rojas Amras, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos veintinueve contra Ia sentencia de vista de fecha seis de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos diecisiete, que revocando la sentencia apelada de techa diez de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y tres, declara mtundada la demanda de indemnización por despido arbitrario. ll. - CAUSALES DE CASACION: Mediante resolucion de fecha seis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas sesenta y dos del cuademo de casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de casación por la denuncia de infracción nonnatíva del inciso 5 del articulo 139 dela Constitucion Politica del Estado yel inciso 3 del articulo 122 del Código Procesal civil, la cual es sustentada por el recunente señalando que la sentencia de vista no contiene motivación expresa con las nonnas que le son aplicables, pues lo único que ha realizado el colegiado es resolver de fomia genénca mencionando normas que no tienen nada que ver en el proceso Ill. - CONSlDERANDO: Primero: El artículo 139, inciso 3, de nuestra Constitucion Politica consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpreta ción que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración‘. Segundo: Uno de los principales componentes del derecho
  2. 2. El Peruano Jueves 30 de julio de 2015 CASAClÓN 66381 fundamental al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a Ia motivación, consagrado por el articulo 139, inciso 5, de la carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiguen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congmentos con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. Este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular conespondiente a las partes involucradas en la Iitís, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. Razón por la cual su vigencia especifica en los distintos tipos de procesos ha sido desanollada por diversas nonnas de carácter legal, como el articulo 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial o los articulos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria a los autos; por el wal se exige que las decisión del juzgador cuenten con una exposición ordenada y precisa de los hechos y el derecho que las justifimn. Tercero: Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento especifico ha cumplido con el deber de motivación, en los ténninos antes reseñados, conviene recordar que el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de las razones intemas o sicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la adoptada, encpngniencia con los términos en los que se ha desarrollado el contradictorio, y sobre la base de las pniebas actuadas en el proceso y las normas jurídicas aplicables al caso. Cuarto: En el presente caso, a partir del análisis de los autos, puede observarse que el proceso se ha iniciado a causa de demanda interpuesta a fojas doscientos ocho por don Arsenio Rojas Annas, a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la Sociedad Paramonga Limitada Sociedad Anónima el pago de una indemnización ascendente a la suma de veinticinco mil nuevos soles (SI. 25,0000), por el daño moral inmaterial o moral ocasionado a causa del despido irregular del cual fue víctima el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete, más el pago del veinticinco por ciento de honorarios del abogado. Para ello alega haber sido victima de los ceses colectivos ouirridos en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, al haber sido despedido de manem prepotente de la empresa Sociedad Paiamonga Ltda. Sociedad Anónima, ahora en liquidación, habiendo sido incluido dentro de la primera lista de trabajadores beneficiarios de la Ley N° 27803 (Resolución Ministenal N“ 347- ZOOZ-TR). Y si bien, se acogió al beneficio de la compensación económica que esta norma contempló, recibiendo la suma de doce mil trescientos nuevos soles (SI. 12,300.00), este monto no comprende el daño moral o inmaterial que sufrió a causa del despido injusto, el cual causó que se inherrumpieia su acceso al sistema de seguridad social y de salud del Estado, asi como la afectación de su reputación y dificultad para acceder a un nuevo empleo. Demanda que es contestada por la empresa emplazada señalando, entre otras cosas, que el actor no ha acreditado de ningún modo que el despido ocunido el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete le haya producido algún daño moral que deba ser reparado por encima del beneficio económico que ya ha percibido, a causa de haber sido considerado dentro del Registro de los Trabajadores Casados lrregulannente, puesto que los daños a los cuales hace referencia, como la suspensión de la cobertura de salud estatal y de las aportaciones al sistema previsional constituyen en realidad asuntos con connotación económica que, por tanto, quedan fuera de krs alcances del daño a la persona. Quinto: En vista a lo antenor, puede desprende que el meollo de la controversia suscitada en autos radica en determinar si, a pesar de haberse beneficiado —por elección propia- con la compensación económica prevista en la Ley N‘ 27803, al demandante le asiste, además, el derecho a obtener de la parte emplazada una indemnización adicional por el despido del cual fue objeto el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete, en razón al daño moral que afinria haber sufrido a causa de la ruptura de su relación laboral, Es este debate el que ha infonnado el contradictorio producido entre las partes dentro del proceso, y el que, en consecuencia, debe recibir una respuesta adecuada del órgano jurisdiccional en ta sentencia de vista, a electos de poder dar por satisfechas las exigencias de una debida motivación Sexto: Ahora bien, al dar lectura a la sentencia de vista dictada por el Segundo Tribunal Unipersonal de la Pnmera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, esta Sala Suprema observa que la decisión adoptada en ella ha sido fundamentada por el órgano jurisdiccional bajo los siguientes ténninos: a. Dentro de este proceso, el ador no ha presentado prueba directa o indirecta que acredite la producción de algún daño moral que deba ser objeto de indemnización en esta via, puesto que, si bien es cierto el articulo 1332 del Código Civil no exige una pnieba precisa del daño extrapatrimonial sufrido por la víctima para los efectos de su cuantificación, ello no exime la carga que tiene el pretensor de acredimr la existencia de los hechos concretos que habrian provocado el daño moral que alega haber sufrido (independientemente de la cuantificación del mismo). b. El hecho del despido irregular perpetrado contra el demandante no constituye prueba suficiente para amparar la pretensión, dado que en los autos se encuentra acreditado que el actor ya fue objeto de resarcimiento por este hecho, a través del mecanismo creado por la Ley N° 27803. c. Es necesario tener presente que el articulo 16 de la Ley N° 27803 establece que la compensación económica prevista en ella ‘no comprende los años no Iaborados‘ y, por tanto, se infiere que los alcances de la compensación cobrada por el actor, al no incluir el lucm cesante (por los años no Iaborados), abarm fundamentalmente el daño emergente y el daño moral; razón por la cual resultaría incorrecto conceder una nueva indemnización al actor poreste mismo concepto. d. A pesarde ello, en ese caso, el actor no ha expuesto, como parte de su teoria del caso, ningún hecho o circunstancia concreta, distinta al hecho mismo del despido, que, como consecuencia de ste, le haya provocado gran atlicción o sufrimiento pasible de indemnización a título de daño moral; debiendo tenerse presente que el solo hecho de la ocurrencia del un despido inconstitucional o nulo, no constituye prueba suficiente de la efectiva concumencia de un supuesto daño moral, puesto que el despido inconstitucional tiene sus propios mecanismos de reparación. e. En consecuencia, si la producción de un despido inconstitucional ya posee dentro del sistema juridica un mecanismo de restitución del derecho lesionado, no es conecto sostener que la sola producción de este hecho (del despido inconstitucional) supone automáticamente inferir la existencia de un daño moral, como el que es materia de la demanda. Para ello es necesario alegar y probar la existencia de hechos que, como consecuencia del despido inconstitucional, de que se trate, constituyan indicativos inequivocos de la producción del daño moral invocado, dada su contundencia o gran poder lesivo a los sentimientos de la víctima. f. Se concluye, entonces, que si existió un daño resarcible en agravio del demandante, pero que éste ya ha sido reparado a través de los instnimentos creados Ad Hoc por la Ley N° 27803 y que la sola probanza del hecho del despido inegular no constituye razón ni prueba suficiente para concluir que existe un daño moral adicional que deba ser reparado, pues para ello seria necesana la alegación y probanza de eventos o circunstancias concretas que, con motivo del despido, hubieran producido un sufrimiento o gran aflicción uatalogable como daño moral que dé lugar a resarcimiento, como en otras ocasiones ha ocurrido, pero no se ha presentado en este caso. Sétimo: La descripción expuesta precedentemente pennite advertir que los fundamentos expuestos por la Sala de mérito en la sentencia de vista objeto de impugnación si han respondido congmentemente a los términos del debate producido entre las partes, pues el órgano jurisdiccional ha absuelto adecuadamente el meollo de la controversia suscitada en este proceso en cuanto a la posibilidad de conceder al actor una indemnización por daño moral adicional al resarcimiento económico que ya ha gozado a causa de la Ley N° 27803; habiendo sostenido para tal fin que; i) de acuerdo con el artículo 16 de la Ley N“ 27603, el beneficio económico recibido por el demandante resardó fundamentalmente el daño emergente y el daño nioial producido como consecuencia del acto de despido; ii) por esta razón no podria concederse al actor una indemnización adicional que respondiera al mismo concepto; iii) en todo caso, el actor podría acreditar la existencia de otros hechos ocunidos a causa del despido que implicaran la producción de un sufrimiento o gran aflicción adicional al que se desprende del acto de despido en si misirio, que pudieran merecer una indemnización complementaria; iv) empero, en este caso, el demandante no ha presentado prueba directa o indirecta que evidencie la existencia de circunstancias producidas a causa del despido, que hayan implicado un sufrimiento adicional, que merezca resarcimiento. Qetavo: Y estas razones no solo responden congruentemente a los términos del debate producido en los autos, sino que evidencian un análisis de los asuntos de hecho y derecho involucrados en la causa, capaz de justificar lógicamente la decisión de desestimar la demanda, adoptada en la sentencia de vista; es decir, que cumplen con contener una exposición clara de las razones que justifican Iogirzmente la decisión adoptada por el ad-quem, en congruencia con los términos en los que se ha desarrollado el contradictorio, y sobre la base de las pruebas actuadas en el proceso y las nonnas jurídicas aplicables al caso, independientemente del acierto o desacierto que estas razones pudieran tener. Noveno: Siendo ello asi, se concluye que la sentencia de vista si contiene una justificación adecuada para la decisión adoptada en ella y, por tanto, no incurre en infracción al derecho a la motivación consagrado en el articulo 139 inciso 5 de la Constitución Politica del Estado y en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y al ser esta la única causal casatoria por la cual se ha declarado la procedencia del recurso, corresponde desestimar los fundamentos del mismo. lV. - DECISION: Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Arsenio Rojas Annas, de fedia veintisiete de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos veintinueve; en consecuencia, N0
  3. 3. 66382 CASAClÓN El Peruano Juevs 30 de julio de 2015 CASARON la sentencia de vista de fecha seis de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas tresciemos diecisiete; en los seguidos por don Arsenio Rojas Armas contra la Sociedad Paramonga Limitada Sociedad Anónima en Liquidación sobre indemnización por daños y perjuicios; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme al articulo 41 de la Ley N° 29497; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rodriguez Chávez- SS. SNINA_HURTADO_, VINATEA MEDINA, _ MORALES PARRAGUEZ, RODRIGUEZ CHAVEZ, RUEDA FERNANDEZ ‘ Corte IDH. 009m7 ‘Garantias ¡iniciales en Estados de Emergencia’, párr, 28. 6-1266783-3 CAS. LAB. N" 229-2014 LIMA SUR SUMILLA: "Sentencia de vista que conlinna la sentencia apelada, y en consecuencia determina que la relación juridica habida entre las partes constituye un contrato de trabajo a plazo indeterminado, invalrdando los contratos CAS, no incurre en vicio de motivación alguna; por el contrano, satisface los estandares exigidos en tomo al respeto del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al dar cuenta de las razones minimas que sustentan tal decisión, respondiendo ademas a las alegaciones esenciales fonri uladas por las partes del procesoïirna, dieciocho de mayo de dos mil quince. - LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCtAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA- VlSTA: la causa número doscientos veintinueve — dos mil catorce; enAudiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado - Presidente, Iinatea Medina, Morales Panaguez, Rodriguez Chávez y Rueda Femández; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: l. - MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y ocho, interpuesto por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, contra la sentencia de vista de techa veinticinco de octubre de dos mil trece, obrante a fojas dosciemos cuarenta y dos, que confinnó la sentencia apelada de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, que declaró fundada la demanda; en los seguidos por doña Nay Reátegui Salas contra la parte recurrente, sobre Reconocimiento de Vinculo Laboral y otros. |l. - CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha seis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuademillo de casauón fonnado en esta Sala Suprema, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, por la siguiente causal: Infracción normativa del inciso 3 del articulo 139° de la Constitución Politica del Estado. lll. - CONSlDERANDO: Primero: PRONUNCIAMlENTO SOBRE LA CAUSAL DE INFRACCION NORMATIVA DEL lNC_lS0 3 DEL ARTICULO 139° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En principio, resulta adecuado precisar que, el articulo 139 inciso 3 de la Constitución Politica del Estado ha establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional ‘la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional". Sobre esta el Tnbunal Constitucional ha señalado que supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de Io decidido en la sentencia mientras que sobre aquel ha expresado que significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; resultando oportuno citar al respecto, la Sentencia N° 09727—2D05—PHCHC, del seis de octubre de dos mil seis, fundamento séptimo '(. ..) mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. es decir una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concemiente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso. en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales (, .) pnncipios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; enla de caráclerlormal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las fonnalidades estatuidas, tales corno las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación, en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabílidad y proporcionalidad que tada decisión judicial debe suponer". Segundo; Una de las reglas esenciales que componen el derecho fundamental al debido proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones judiciales, recogida expresamente dada su importancia en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Politica del Estado; derecho-principio sobre el cual la Corte Suprema en la Casación N“ 2139-2007-Lima, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, ha establecido lo siguiente: '(, ,.) además de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencias constituye el elemento intelectual de contenido critico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación constituye una garantia constitucional que asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejemcrb de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva’. Tercero: En igual línea de ideas, cabe indicar que sobre este tema el Tnbunal Constitucional ha establecido que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitranedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los Magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente inurrra una resolución judicial constituye automáticamente la VÍOÍGIZÍÓH del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, Así, en la sentencia recaída en el Expediente N“ D728»2008—PHClT C, de fecha trece de octubre de dos mil ocho, el Colegiado Constitucional en mención, ha precisado que éste contenido queda delimitado en los siguientes supuestos: a) inexistencia de motivación o motivación aparente. l. ..) en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento fomial al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento láctico o jurídico, b) Falta de motivación intema del razonamiento. l. ..) se presenta en una doble dimensión, ‘ por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamaite el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe rncoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir; de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. c) Deficiencias en la motivación extema; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confiontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o juridica, d) La motivación insuficiente, Se refiere, basicamente, al minimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la deosión está debidamente motivada. e) La motivación sustancialmente inoongruente. (m) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) f) Motrvaciones cualificadas- l. ..) resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales coma el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, refendo tanto al propio derecho a la justrficacrón dela decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”. Cuarto: Con relación a la causal denunciada, cabe anotar que, del examen de la resolución de vista matena del presente recurso, se aprecia que la misma no se encuentra incursa en ninguno de los vicios de motivación descritos en el considerando precedente: por el contrario, la motivación empleada por la Sala de mérito para confirmar la sentencia apelada -que declaro fundada la demanda, y en consecuencia detenninó que la relación juridica habida entre las partes, constituye un contrato de trabajo a plazo indeterminado da cuenta de las razones minimas que sustentan tal decisión, respondiendo además a las alegaciones esenciales formuladas por las partes del proceso Quinto: Efectivamente, de la lectura de la resolución matena del presente recurso. se aprecia que el Ad quem. ha sustentado su fallo principalmente, en las siguientes consideraciones: (i) Que en autos se encuentran acreditados los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, como lo son la prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, durante el periodo comprendido entre el dos de enero de dos mil siete hasta el treinta de septiembre de dos mil ocho, sobre la acreditación del elemento subordinación, señala que el mismo queda acreditado con la Constancia de Servicios, de techa diciembre de dos mi! ocho, obrante a fojas veintiuno, expedida por la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Gerencia de Servicios a la ciudad de la Municipalidad de San Juan de Miraflores; maxima, si la emplazada no olreció al proceso medio probatorio que permita inferir lo contrano; (ii) Que postenonnente el actor suscribió contratos administrativos de servicios - CAS, empero la demandada habría novado la relación laboral del actor a tiempo indelenmnado por otra que otorga derechos menores a los reconocidos por la pnmera, situación que contraviene lo establecido en el articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y, (iii) Que se encuentra acreditado que a partir del mes de abril de dos mil doce, el demandante no firmó contrato alguno, por lo que habiéndose acreditado que la accionante continúa prestando servicios a la emplazada, se evidencia que desde esa fecha la demandada contrató al demandante confonne a lo establecido en el articulo 4° del Decreto Supremo N“ OOJLSN-TR. Sexto: De lo anterionnente expuesto se desprende que, la fundamentación desarrollada por la Sala de mérito, satisface los estándares exigidos en tomo al respeto del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales‘, ello si se

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