Programa electoral de UPyD a la Comunidad de Madrid de 2011

Programa Autonómico
Comunidad de Madrid
Lo
que
nos une
nos une
que
Lo
upyd.es
2011
LA ALTERNATIVA NECESARIA

PRESENTACION PROGRAMA AUTONOMICO 2011
Respetado conciudadano,
Tengo el placer de presentarle el programa de nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) para las próximas elecciones del 22 de mayo en la Comunidad Autónoma de Madrid. El
mismo ha sido elaborado en un proceso democrático entre nuestros afilados, simpatizantes y
voluntarios y en diálogo con los sectores ciudadanos.
Queremos que con este Programa entren los ciudadanos en las instituciones de la Comunidad de
Madrid y, con ellos, conceptos hoy olvidados como la transparencia, el control y la rendición de
cuentas, la ética y la austeridad. En resumen, queremos hacer realidad la responsabilidad del
político ante el ciudadano, algo que hoy ha sido también olvidado.
Queremos una Comunidad de Madrid más democrática, con limitación de mandatos, sin mayorías
absolutas, sin el control de Telemadrid, sin populismos que cuestan mucho dinero al
contribuyente, sin corrupción.
Queremos una Comunidad de Madrid que sea capaz de implantar políticas que, de verdad,
favorezcan la creación de puestos de trabajo y de nuevas empresas. Todo el esfuerzo y una parte
importante del presupuesto autonómico deben dedicarse a este objetivo prioritario.
Queremos una Comunidad de Madrid más justa, con mayor equidad en la distribución de la renta.
Nuestra Comunidad es una de las más injustas de España. Los insuficientes recursos públicos
dedicados a sectores como la enseñanza, la sanidad y la dependencia son, entre otros factores,
causa de ello.
Le llamamos a votar y a hacerlo de una manera meditada y beneficiosa no para tal o cual partido
sino para Vd. Eso es, para UPyD, el verdadero voto útil. Entendemos que ese voto útil es para
nuestro partido, el único que es una alternativa, algo nuevo, y no una alternancia, es decir más de
lo mismo.
Reciba un cordial saludo,
Luis Velasco Rami
Candidato UPyD
a la Asamblea de Madrid

PROGRAMA AUTONÓMICO DE MADRID 2011 – UPyD
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ÍNDICE
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 3
LA COMUNIDAD DE MADRID 4
LA POLÍTICA MADRILEÑA 5
UN MENSAJE NACIONAL 7
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 10
CAPÍTULO II. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LOS MADRILEÑOS 14
EDUCACIÓN 14
SANIDAD 19
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 23
CAPÍTULO III. ECONOMIA Y EMPLEO 28
ECONOMIA Y FACTORES DE CRECIMIENTO 28
SECTORES ECONÓMICOS E INNOVACIÓN 29
TEJIDO EMPRESARIAL 31
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 32
PRESUPUESTOS E INVERSIONES PÚBLICAS 34
RACIONALIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL GASTO PÚBLICO 35
EMPLEO 37
CAPÍTULO IV. EL CIUDADANO MADRILEÑO EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA
40
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40
JUSTICIA 41
INTERIOR 44
CULTURA 45
ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 47
DEPORTE 48
INMIGRACIÓN 50
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 51
IV.8
CAPÍTULO V. EL ENTORNO DEL CIUDADANO 53
URBANISMO Y VIVIENDA 53
MEDIO AMBIENTE 57
CANAL DE ISABEL II 60
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 61
I.1
I. 2
I. 3
I. 4
II.1
II .2
II .3
III.1
II I.2
II I.3
II I.4
II I.5
II I.6
II I.7
IV.1
IV .2
IV .3
IV .4
IV .5
IV .6
IV .7
V.1
V.2
V.3
V.4

Los próximos comicios autonómicos y municipales de mayo de 2011 no serán unas elecciones al
uso, en las que primen las visiones particulares centradas en las necesidades concretas de cada
uno de los distintos escalones del poder territorial. La crisis del sistema político español nos exige
concurrir a las elecciones con una visión nacional y de conjunto que ponga en relación todas las
partes de nuestro sistema político ahora que la aguda crisis económica ha desnudado otra crisis
aún mayor y de consecuencias más peligrosas: la crisis política e institucional del modelo de
Estado nacido de la Constitución de 1978.
Una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en España radica en que el
entramado institucional tejido en los últimos años ha producido una estructura administrativa
ineficaz, insolidaria y en gran medida inviable, que lastra nuestras posibilidades de recuperación y
desarrollo futuro.
Tener una visión nacional no significa que debamos desentendernos de los problemas y
necesidades concretas de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de la región. Al
contrario, UPyD sostiene que la política debe ejercerse a pie de obra, cerca del ciudadano y de sus
problemas, y éste va a seguir siendo el compromiso de nuestros futuros representantes. Pero hay
que explicar a la ciudadanía que en la hora presente las cuestiones más domésticas están
absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político en su conjunto, que es preciso
regenerar de forma urgente si queremos encontrar solución a la mayoría de los problemas a los
que debemos enfrentarnos diariamente los españoles.
Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. Esto implica reformar la
Administración y las instituciones públicas desde el punto de vista de sus competencias y su
organización, y también acometer una verdadera regeneración de la vida pública española,
aquejada por la demagogia y el desgobierno que permite campar a sus anchas al partidismo, la
corrupción y la manipulación de las instituciones. Solo así será posible revertir el creciente y
peligroso alejamiento entre la Política y el ciudadano.
Como recogen las Resoluciones de nuestro I Congreso, hay que convertir el trabajo político en una
herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a
las instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de
los fondos públicos y comprometidos con el impulso ético de la vida pública. Y por eso nuestros
candidatos se comprometen, desde esta primera hora, a trasladar a todas las instituciones en que
participen el Código de Buenas Prácticas Públicas que forma parte no sólo de nuestro Estatutos,
sino que aspira a ser el código genético de este partido. Este Código exige a todos los cargos
públicos, entre otras obligaciones, a hacer declaración notarial de sus bienes e intereses, a
abstenerse de participar en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés personal y a
ejercer el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos.
Sabemos que ninguno de los cambios que España necesita será posible si no conseguimos que los
ciudadanos asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política, si, en
definitiva, no conseguimos una sociedad civil fuerte que sea capaz de liberarse del control
oligopólico que actualmente ejercen los partidos políticos.
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
3

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4
LA COMUNIDAD DE MADRID
I.1
El gran valor de la Comunidad de Madrid es haber sido capaz de construir una sociedad que acoge
a todos sus habitantes, vengan de donde vengan. Madrid es un lugar donde nadie se siente
extraño, y eso es algo que debemos mantener.
En los últimos treinta años, Madrid ha sido partícipe de la evolución que ha vivido toda la sociedad
española. Podemos afirmar que nuestra comunidad autónoma ha sido curiosamente la más
beneficiada del tránsito de un estado centralista a otro descentralizado. Es una región donde ha
crecido el espíritu emprendedor y el peso de su economía dentro del país. En la actualidad, la
Comunidad de Madrid está a punto de ser la primera Comunidad Autónoma en PIB de España y se
encuentra a la cabeza de la mayoría de los indicadores económicos.
Como consecuencia, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas que más
contribuye a la solidaridad con otras regiones españolas. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos
y queremos seguir estándolo.
Pensamos que el gran impulso de Madrid ha sido consecuencia de su propia vitalidad, pero
también de la ausencia de ejercicios identitarios estériles que han sumido a otras regiones −otrora
a la vanguardia española− en un estado de letargo del que no saldrán hasta que no consigan
desembarazarse de aquellos.
Fue en Madrid donde UPyD consiguió su primer representante a nivel nacional y es donde ahora
esperamos recibir un nuevo espaldarazo de la ciudadanía para poner en práctica nuestro mensaje
de regeneración democrática.
Es también en Madrid donde podemos hacer oír nuestro malestar por un Estado cada vez más
débil, en el que las tensiones centrífugas, pero también una estructura ineficiente, ponen en
riesgo su supervivencia.
También queremos destacar la transformación humana que ha sufrido Madrid en los últimos 10
años. De una sociedad "homogénea", cuyos nuevos miembros eran compatriotas que venían de
otras regiones españolas, hemos pasado a ser la región con más inmigrantes procedentes del
exterior. En la actualidad en nuestra región reside aproximadamente un 17% de personas nacidas
fuera de España. Eso ha supuesto un importante aumento de población y la entrada en pocos años
de factores distintos y enriquecedores, pero al mismo tiempo, ha significado una prueba de la
capacidad de adaptación de la sociedad madrileña, de la que hemos salido reforzados. El balance
es en este apartado claramente positivo. Pero que lo haya sido hasta ahora no es garantía de que
lo sea en el futuro, por lo que tenemos que perseverar en nuestros aciertos y corregir aquellos
aspectos que hasta ahora han dificultado la integración y la convivencia pacífica.
Pero junto a estas luces también hay sombras. Si bien Madrid ha crecido en términos económicos,
no lo ha hecho en equidad y cohesión social. Los últimos años han contemplado la erosión de
servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. La ideología del
partido gobernante por un lado y la voluntad de favorecer a determinados intereses por otro han
ocasionado que estos tres servicios que consideramos fundamentales se encuentren en la
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

actualidad en retroceso. Es difícil encontrar en España comparativas por CCAA, pero en los casos
en los que éstas existen, la mayoría indican que ese retroceso existe y que va a más.
Asimismo, el crecimiento urbano desmesurado ha modificado intensamente la configuración
territorial de nuestra Comunidad y puesto en peligro los escasos reductos rurales que todavía
existen. Ese crecimiento desmesurado de "la ciudad" ha traído de la mano un afán especulador,
directamente corrupto en ocasiones, que ha golpeado a los grandes partidos y a la sociedad
española en su conjunto.
La Comunidad de Madrid no es solo la ciudad de Madrid, como no lo son tampoco sus grandes
urbes del norte o del sur. Madrid es una Comunidad Autónoma con un fuerte componente
urbano, donde el 73% de sus habitantes vive en ciudades de más de 100.000 habitantes pero que
no renuncia a contar entre su patrimonio con zonas naturales que precisan de protección, como el
Monte del Pardo, la sierra de Guadarrama o la cuenca alta del Manzanares, entre otras; todas ellas
exigen de los madrileños un especial cuidado en su conservación para su transmisión a las
generaciones futuras.
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5
LA POLÍTICA MADRILEÑA
Como partido nacido para la regeneración democrática, no nos sentimos cómodos en una
Comunidad Autónoma donde se gobierna desde hace ya varias legislaturas a golpe de mayoría
absoluta. Las mayorías absolutas en sí no son necesariamente malas pero sí el uso que
habitualmente se hace de ellas en la política española. Y uno de los ejemplos más destacables es el
ejecutivo madrileño.
Además, los ciudadanos madrileños hemos tenido que observar cómo el caso Gürtel hundía sus
raíces en nuestra Comunidad, cómo varios alcaldes se veían salpicados y cómo tres diputados
autonómicos pasaban al grupo mixto como consecuencia de su supuesta implicación en la trama.
A tal extremo llegó la situación que un Consejero cercano a la Presidenta se vio forzado a dimitir
de su cargo.
La impunidad con la que estas tramas, cuyas dimensiones reales todavía no conocemos, se han
estado moviendo en la administración de la Comunidad de Madrid resulta escandalosa. Creemos
que esto debe tener consecuencias políticas, sin perjuicio de las responsabilidades jurídicas que ya
se están depurando en los órganos correspondientes.
Asimismo, en la última legislatura hemos tenido que asistir al rocambolesco episodio de las
acusaciones de espionaje dentro del propio Partido Popular y a que el presidente de la Comisión
constituida en la Asamblea para su investigación tuviera que dimitir a los pocos días de tomar
posesión por su supuesta implicación en la trama Gürtel.
Ambos episodios ponen de manifiesto la impunidad de una determinada manera de actuar en
política, que ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a calificar de “inevitable” la
existencia de corrupción. Nosotros pensamos que es imprescindible una actuación decidida de los
partidos contra todos sus militantes bajo sospecha. El gobierno de la Comunidad de Madrid no lo
entiende así, por lo que es cómplice de la corrupción.
I.2

En las dos últimas legislaturas, los ciudadanos madrileños hemos tenido que asistir también al
enfrentamiento continuo entre las dos mayores instituciones madrileñas (la Comunidad y el
Ayuntamiento), convirtiéndonos en rehenes del enfrentamiento personal entre dos líderes que
anteponen su ambición personal al interés general. Es destacable también su continuo
enfrentamiento con el Gobierno central, cayendo muchas veces en el victimismo nacionalista y en
la protesta por el maltrato que Madrid sufre del gobierno Zapatero.
Caso aparte merece el afán intervencionista del Gobierno madrileño, que contraviniendo su
declarada ideología liberal, se ha esforzado por controlar el poder económico (Caja Madrid) y el
mediático (Telemadrid). En el primer caso, de una manera absolutamente intervencionista, sin
olvidar los comentarios inadecuados de nuestra Presidenta, consecuencia de su decepción por no
conseguir colocar a uno de sus peones a la cabeza de la cuarta entidad financiera de España. En el
segundo, el control férreo de la cadena pública ha traído como consecuencia, además de la
manipulación informativa, el desplome de las cifras de audiencia, que se han reducido a casi la
mitad en los últimos ocho años. En ambos casos, la actuación del gobierno madrileño ha puesto
en riesgo la viabilidad de ambas entidades.
Por otro lado, la oposición se ha mostrado ineficaz y conformista, incapaz de conseguir que la
situación cambie y limitándose a actuar como mera correa de transmisión del gobierno Zapatero
en la Comunidad de Madrid. Tenemos la sensación de que los actuales actores de la política
madrileña se sienten satisfechos con el papel que les toca y no les importa demasiado que nada
cambie siempre que mantengan su cuota de poder, por pequeña que sea. A lo más que aspiran es
a una alternancia entre iguales y no a una alternativa, que es lo que verdaderamente representa
UPyD.
En los últimos meses también hemos asistido al bochornoso espectáculo del PSOE madrileño, que
después de la condena judicial sufrida por destacados militantes de su organización −por el delito
más grave que puede cometer un servidor público, la prevaricación−, han optado por minimizar su
consideración, con evidente falta de convicciones democráticas o simplemente éticas. Esta
actuación es otro ejemplo del deterioro de la política española y de los dos partidos mayoritarios.
La complicidad entre ambos, aunque se enmascare en el ruido de las acusaciones mutuas,
conduce al descrédito de lo público y a la desafección de la ciudadanía hacia la política.
Pues bien, podemos decir bien alto que la presencia de UPyD en las elecciones de mayo va a
significar un gran cambio en la política madrileña. Y es que realmente, la única posibilidad de que
la situación cambie en Madrid pasa porque UPyD entre en las instituciones. Nuestra llegada
supondrá que los partidos políticos establecidos se vean obligados a centrarse en la ciudadanía y
en la defensa del interés general y no en sus propias ambiciones y rencillas partidistas.
Por eso proponemos un amplio conjunto de medidas que iremos detallando en este programa.
Todas ellas tienen como denominador común la regeneración democrática, la austeridad y la
transparencia. Entre ellas está el rebajar al 3% el umbral de entrada en las instituciones políticas
madrileñas, con el fin de dar entrada a corrientes políticas no mayoritarias, en línea con el resto de
leyes electorales autonómicas; o exigir que Telemadrid sea realmente independiente y que solo
esté controlada por la Asamblea de Madrid; o promover la igualdad de todos los españoles, para
lo cual exigiremos que las competencias de Sanidad y Educación sean recuperadas por el Estado.
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I.3
7
UN MENSAJE NACIONAL
Consideramos que el proceso de descentralización político-territorial previsto en la Constitución
Española ha supuesto un impulso para la modernización de España, contribuyendo decisivamente
a superar cuatro importantes retos:
a) Económico: autonomía y redistribución territorial de la riqueza han ido de la mano desde
1978, de modo que la España autonómica es más equilibrada económicamente que antes del
proceso.
b) Democrático: las instituciones autonómicas han impulsado la democratización horizontal de la
sociedad.
c) Gobernabilidad: la democratización horizontal ha generado un complejo sistema de equilibrios
de poderes.
d) Cultural: ha posibilitado la recuperación del patrimonio cultural marginado por décadas de
centralismo.
Sin embargo, cada uno de estos éxitos parciales ha generado problemas y disfunciones,
acentuadas por la presión nacionalista y por la permanente provisionalidad de un modelo
territorial que, de no corregirse, amenaza la viabilidad del sistema político. La descentralización
tampoco ha conseguido la satisfacción de los nacionalistas: al contrario, sus expectativas y
reivindicaciones han ido creciendo a un ritmo superior al que lo hacía la descentralización política
del Estado. Probablemente porque mantener abierta la cuestión territorial asegura a estos
partidos nacionalistas no sólo influencia política, sino también sobrevivir como proyecto de
partido autónomo.
El desconcierto en el que nos hallamos sumidos, y que la Sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el Estatuto de Cataluña no ha conseguido mitigar, obliga a replantear el futuro. No es
posible emprender una modificación sustancial del modelo territorial fijado en la Constitución sin
dibujar un horizonte para el Estado en su conjunto. España no puede ser un mapa de excepciones
que fácilmente derivan en privilegios, ni puede resistir sin pagar un alto costo la constante
reivindicación territorial.
El Estado existe y la Nación Española que proclama la Constitución también, y no por esencia
mítica alguna sino porque así lo quieren sus ciudadanos. Como Estado y como Nación, España no
puede soportar privilegios para los ciudadanos residentes en una parte del territorio.
Fortalecer el Estado y conseguir la integración nacional son una obligación para las fuerzas
políticas de carácter nacional que aspiran a dirigirlo. Ya no es posible seguir avanzando mediante
modificaciones estatutarias parciales, en una carrera sin fin de emulación de los procesos de
reforma constitucional encubierta iniciados por el Estatuto catalán. Es imprescindible un nuevo
diseño constitucional estable, libre de las actuales presiones sobre la organización territorial del
Estado que resultan de la negociación política de cada legislatura.
En este sentido formulamos las siguientes propuestas nacionales en lo relativo al diseño
autonómico y municipal para hacer frente a la crisis política y económica:
 El ciudadano debe ocupar el centro de la acción pública, convirtiendo la prestación de
servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones en el objetivo de toda reorganización

administrativa. No se trata de que la titularidad de esta o aquella corresponda a la Comunidad
Autónoma, al Ayuntamiento o al Estado, sino de que se ejerza adecuadamente, redundando
en una mejor calidad de vida del ciudadano.
 Promoción de cambios en el actual modelo de modo que permita más evaluación,
transparencia y rendición de cuentas, elementos imprescindibles de toda dirección pública
como primer paso para reducir el coste de los servicios públicos, eliminando duplicidades y
redundancias.
 La organización y gestión de las CC.AA. debe someterse a criterios de simplificación,
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evaluación y control que redunden en un mejor servicio público.
 Reconversión del sector empresarial y fundacional público. El Gobierno, en conjunción con las
CC.AA. y entes locales, debe elaborar un censo las de empresas y entes públicos existentes,
presentarlo ante la Asamblea y elaborar un plan de simplificación administrativa para dejar
sólo las realmente imprescindibles, sometidas en todo caso a evaluación y control público de
sus presupuestos y deudas, con un sistema de selección, tanto de personal como de directivos,
objetivo y riguroso.
 La creación de nuevos entes o empresas públicas, así como cualquier reestructuración
ministerial o de gobiernos autonómicos o locales, debe ir acompañado de un “estudio de
impacto organizativo” abierto al conocimiento público, que evalúe su necesidad, alternativas y
oportunidad (incluidos los posibles beneficios de no crearlas), su eficacia y eficiencia, coste
económico y cargas administrativas e implicaciones para el déficit y el desarrollo económico y
social, así como su aportación a la mejora de los servicios a los ciudadanos. Los responsables
rendirán cuentas anuales sobre los resultados conseguidos.
 Hacer público anualmente el personal adscrito a las Consejerías autonómicas y Concejalías
para establecer posibles análisis y estrategias de eficacia y eficiencia, tratando de fijar módulos
máximos y mínimos en función de criterios objetivos comparados. Proponemos una
evaluación cooperativa de las CCAA efectuada por una terna de Administraciones: las dos
mejores CCAA y la Administración General del Estado, que puede estar representada por la
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. La AGE debe someterse a la misma
evaluación.
 Aplicación de algunos artículos de la Constitución en toda su virtualidad, como el art.149.1.1ª
o el 150.3, relativos a leyes de armonización, como paso previo a una reforma constitucional
que solucione el actual caos competencial de las Administraciones. La reforma regulará las
relaciones interadministrativas según principios de coordinación, no duplicidad, simplificación,
austeridad, cooperación, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.
 Convertir la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en una Agencia Independiente
o, en todo caso, dependiente del Senado, con capacidad para influir en el diseño de las
políticas públicas en fase piloto, velar para que la evaluación responda a los objetivos
propuestos, distribuir libremente los resultados de las evaluaciones para favorecer la
transparencia y la emulación, mejorando la gestión de los recurso públicos.

 El Gobierno Central debe tener poderes de coordinación de las CCAA equiparables, al menos,
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a los de la Comisión Europea sobre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con
mecanismos de alerta y control del déficit de todas las Administraciones para que la mala
gestión de una de ellas no redunde en graves problemas para el conjunto del Estado.
 Despolitizar y profesionalizar los Tribunales de Cuentas estatales y autonómicos, que deben
trabajar de forma independiente, conjunta y coordinada, produciendo un informe técnico
anual para el Parlamento y otro de divulgación, breve e inteligible. Las cuentas de los
Parlamentos Autonómicos serán controladas por el Tribunal de Cuentas del Estado y no por
los tribunales Autonómicos.
 Ley de rendición de cuentas homologada y unificada para la totalidad de las Administraciones
Públicas, haciendo posibles su evaluación y el establecimiento de criterios de mejora.
I.3.1 Un estado fuerte
La Constitución debe fijar las competencias de cada entidad territorial; definir los instrumentos de
cooperación, coordinación y solidaridad y la obligatoriedad jurídica de sus acuerdos; las reglas
esenciales de relación entre los diversos entes territoriales; las reglas de financiación; los criterios
de intervención estatal de las competencias autonómicas en caso necesario.
Como mínimo, el Estado debería tener las siguientes competencias exclusivas: órganos
constitucionales, derechos fundamentales, legislación civil, penal y laboral, unidad de mercado,
representación internacional, defensa, justicia y legislación procesal, educación, sanidad, medio
ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin desechar el
estudio de otras materias como impuestos, seguridad social y función pública.
Esta lista puede completarse con otra de materias que pueden ser compartidas entre Estado y
CCAA, poseyendo el primero en cualquier caso la posición preponderante. Y dentro de éstas
pueden identificarse las que solo pueden ser ejercidas por las CCAA en los términos que regule el
Estado, y cuando proceda a tal regulación, mediante una Ley de Armonización. El objetivo es
garantizar que todas las CCAA tengan las mismas competencias constitucionales, y que subsista un
Estado con capacidad de intervención y regulación de obligado cumplimiento cuando aparezcan
fenómenos de dispersión competencial, contradicción en el ejercicio o erosión de los objetivos
constitucionales.
Además, propondremos establecer una mayoría de dos tercios en cada Cámara para aprobar las
reformas de los Estatutos de Autonomía.
I.3.2 Revisión del sistema de financiación autonómica
Nos oponemos al actual sistema de financiación autonómica porque instaura la negociación
bilateral entre las CCAA y el Estado, según el modelo del Estatuto catalán. Rompe los cauces
institucionales e impone al resto de las Comunidades los acuerdos alcanzados, vaciando de sentido
el foro multilateral y la LOFCA.

Es pues un sistema de financiación que será preciso reformar, porque de este depende en buena
medida que las Comunidades Autónomas presten los servicios que configuran el Estado del
Bienestar. El sistema de financiación debe adoptar un marco multilateral donde se contemplen las
necesidades de financiación territorial según las competencias de cada entidad. La reforma debe
definir un sistema estable aunque sometido a revisiones periódicas de los recursos atribuidos a
cada CCAA en función de sus necesidades y objetivos.
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LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
I.4
Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos
partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, partidos que han perdido el
sentido de Estado, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley
Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar
severamente la voluntad popular.
El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de
países autoritarios que de las democracias avanzadas. La corrupción es un cáncer que destruye las
instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades
sociales. A finales del año 2009 había imputados más de 800 cargos públicos de todos los colores
políticos. Esa cifra continúa en aumento. La percepción del aumento de la corrupción compromete
el prestigio internacional de España y la credibilidad de nuestro sistema político, como lo revela
que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres sitúe el descrédito de los partidos políticos
como el tercer problema principal, sólo aventajado por el paro y la situación económica.
Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles: clientelismo, deficiencias
de la transparencia en la gestión pública, proliferación innecesaria de normas y burocracia
superflua, y Administración de justicia lenta y politizada, colonizada por los partidos tradicionales.
Lo que se traduce en algo clave para la propagación de la plaga: impunidad. Sobran normas y
faltan buenas prácticas.
Necesitamos una sociedad de ciudadanos conscientes, capaces de exigir responsabilidades a sus
representantes para que no resulte indiferente practicar una política o su contraria, para que la
corrupción no salga gratis ni sea posible someter el interés general a los intereses particulares.
Para devolver el control político a los ciudadanos es fundamental:
a) La reforma de las leyes electorales, de modo que restituyan la igualdad de oportunidades en el
acceso a la representación pública y el valor de la igualdad de voto de cada ciudadano más allá del
territorio en el que resida, permitiendo una mayor intervención en la selección de sus
representantes, fundamentalmente en el ámbito local, a costa del poder de los aparatos de los
partidos.
b) Una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública en todas las
instituciones, que propicie la participación ciudadana partiendo de los niveles básicos de la
actividad pública. Nuestros representantes públicos promoverán la transparencia de las
administraciones en todas las facetas de su funcionamiento, de modo que los ciudadanos

podamos conocer y valorar las decisiones de nuestros gobernantes. El desarrollo actual de la
tecnología facilita que toda la información, sobre todo la que afecta al manejo de los fondos
públicos, sea accesible de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla
que afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las personas.
En este sentido, en el plazo de un mes a partir de la constitución de la nueva Asamblea, los
diputados autonómicos de UPyD presentarán una moción estableciendo una disminución de las
retribuciones totales percibidas (sueldos, dietas y cualquier otro concepto) por cada parlamentario
autonómico, de un diez por ciento, con aplicación desde su aprobación. Asimismo, la moción
pedirá el acuerdo para eliminar cualquier diferencia entre el régimen de pensiones de jubilación
de los diputados, adaptando el mismo al régimen general.
I.4.1 Reforma de las Leyes electorales
La reforma de la ley electoral es parte esencial del programa político de UPyD desde su
nacimiento. Por eso hemos presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que
propone una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)
compatible con la Constitución en su estado actual. Propuesta que ha sido rechazada por los
partidos beneficiarios de un sistema injusto: PSOE, PP y nacionalistas.
A nivel nacional proponemos las siguientes medidas:
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1. Aumento del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada
circunscripción (provincia) a 1.
2. Distrito único de ámbito nacional para la elección de parte de los 400 diputados.
3. Limitación del sufragio autonómico y local para residentes habituales en el extranjero.
4. Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente,
con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en
nuestro país, puedan participar como electores y candidatos en las elecciones
autonómicas y locales.
En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, proponemos:
 La reforma del Estatuto con el fin de establecer un número máximo de 100 diputados
autonómicos, independientemente del tamaño de la población de la Comunidad Autónoma,
más acorde además con los principios de austeridad que defendemos en la actividad pública.
 Sustitución de la fórmula D’Hondt de reparto de escaños por la Hare, más proporcional.
 Unificación en el 3% de los votos válidos por circunscripción como umbral mínimo de acceso a
la Asamblea de Madrid, igual que la fijada por la LOREG para el Congreso de los Diputados.
I.4.2 Transparencia y acceso a la información pública
España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a
la información pública de forma suficiente. 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el

derecho de cualquier ciudadano a conocer, con la correlativa obligación de informar de las
administraciones, instituciones, organismos, empresas, asociaciones, fundaciones que realicen
servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la información registrada de
cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible
a los ciudadanos de forma rápida, gratuita y comprensible. No se trata de una concesión graciosa
de la Administración sino de un derecho del ciudadano.
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En este sentido, proponemos:
 Desarrollo legislativo y ejecución de una Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su desarrollo legislativo correspondiente en las distintas Comunidades
Autónomas, que comprenda en su ámbito de aplicación todas las administraciones y los
organismos autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones vinculados a
ellas o sostenidos con fondos públicos, de tal forma que cualquier ciudadano, sin necesidad de
acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones
públicas, incluidas las cuentas financieras, sin más excepción que aquella que afecte a la
seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas.
 Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse todas las
contrataciones de las Administraciones Públicas, todos los Convenios de las mismas y todas las
subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o
particulares, permitiendo la búsqueda tanto por adjudicadores o emisores como por
contratistas o perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente los elementos
esenciales de la contratación o convenio, el fin de la subvención y los mecanismos que se
dispondrán para comprobar su correcta ejecución. Las mismas deberán estar visibles de
manera pública en plataforma Internet y permitir conocer las adjudicaciones realizadas.
También se desarrollarán herramientas de subasta u ofertas en línea y en tiempo real para los
concursos públicos.
 Creación de un Registro de estudios financiados con fondos públicos encargados a terceros
externos a la Administración y de acceso público, con los datos del expediente de contratación
que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos
públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.
 Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los
gabinetes de los miembros de los Gobiernos central, autonómico y municipales, y de empresas
públicas. Detallando identidad, curriculum vitae y méritos tomados en consideración para su
contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban cualquier concepto (incluyendo
disponibilidad de vehículos oficiales y tarjetas de crédito), jornada laboral y sistema de control
sobre su régimen de dedicación.
 Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales
éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin
temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de
interés y transgresiones de la normativa legal.

 Habilitación de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina
upyd.es/madrid
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del Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones
recibidas a través del canal ético de las administraciones locales.

upyd.es/madrid
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CAPÍTULO II.
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LOS MADRILEÑOS
La crisis económica ha golpeado a nuestro país con especial fuerza. La negación reiterada de la
crisis primero y las erróneas medidas del Gobierno después, la han agravado de forma sustancial.
En dos años, las cuentas públicas han experimentado un deterioro espectacular, pasando de un
superávit del 2% del PIB en 2007 al actual déficit superior al 11%. Es evidente que el equilibrio de
las finanzas públicas es imprescindible para mantener nuestro incipiente Estado del Bienestar.
La devolución de competencias al Estado sobre Educación, Sanidad o los Servicios Sociales no será
solo una cuestión de justicia y cohesión social, sino condición necesaria para la supervivencia del
Estado de Bienestar. Los grandes servicios públicos que lo definen serán nacionales o,
sencillamente no serán posibles.
La estructura territorial complica la situación: los principales servicios del Estado de Bienestar
dependen hoy de la Comunidad de Madrid. Su gestión es en muchos casos descoordinada con el
resto de CCAA, con notables diferencias de financiación y prestaciones. No será posible mantener
un nivel adecuado de prestaciones sociales para todos los ciudadanos españoles,
independientemente de la Comunidad donde residan, si continúa esta fragmentación de servicios
públicos.
EDUCACIÓN
II.1
II.1.1 Enseñanza no universitarias
La educación española no está a la altura de lo que le corresponde, ni por el grado de desarrollo
económico del país, ni por lo que demandan los ciudadanos. En ocasiones se atribuyen los malos
resultados a los cambios en la sociedad y a la presencia de emigrantes. Sin negar la importancia de
esos factores, pensamos que la causa de la situación está en que las leyes educativas han
resultado fallidas, al haber impuesto un modelo pedagógico que no valora ni el esfuerzo, ni el
aprendizaje, ni la excelencia ni la responsabilidad.
En nuestra Comunidad, la Administración ha abandonado a su suerte a muchos centros públicos
de enseñanza y a sus alumnos, principales víctimas de la aplicación las leyes educativas. Se ha
abierto una brecha entre los centros de gestión privada y los de gestión pública que el gobierno de
la Comunidad no parece dispuesto a cerrar, más interesado por una red pública subsidiaria donde
marginar alumnos procedentes de familias desfavorecidas o de problemática integración cultural
En Unión Progreso y Democracia defendemos un sistema educativo laico y de calidad, asentado
sobre el saber, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades, en el que los poderes públicos prestan
especial atención a la educación pública de la que son responsables. UPyD lucha por la igualdad,
entendida ésta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos deben
beneficiarse de la educación obligatoria. Pero somos contrarios a la igualación por abajo, que
obliga a rebajar los niveles de calidad y perjudica, sobre todo, a los estudiantes de familias de

menor renta, a quienes se les hurta la única oportunidad que tienen de adquirir una formación
sólida.
Para lograr estos objetivos y para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible
con la estructuración de España en comunidades autónomas, proponemos la devolución al Estado
de las competencias en educación. Mientras esto no suceda, es necesario exigir que la Comunidad
de Madrid ejerza las que tiene de forma responsable y para ello realizamos las siguientes
propuestas:
 Ha de asegurarse la disciplina en las aulas y el respeto al profesor. Inspección y administración
upyd.es/madrid
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deben involucrarse para asegurar el cumplimiento de las normas que hacen posible la
convivencia y la enseñanza.
 Ha de garantizarse el acceso gratuito a la educación infantil en toda la etapa, en especial para
los hijos de familias de menor renta, así como velar por que esta etapa tenga un carácter
preparatorio para la educación primaria y no meramente asistencial.
 La educación primaria es el pilar básico del sistema educativo. La Administración debe
intensificar sus esfuerzos en esta etapa, incubadora de posteriores éxitos y fracasos. Es
imprescindible tanto un plan de estudios que proporcione una sólida base, como contar con
maestros que sean un referente ético e intelectual para sus alumnos.
 La educación secundaria debe proporcionar a los alumnos conocimientos de alto nivel
científico, técnico, artístico, literario, etc. Se estudiará la reducción del número de asignaturas
en los primeros cursos, así como dedicar una hora diaria a las asignaturas de Lengua y
Matemáticas, y a Inglés en los centros no bilingües. Se estudiará la posibilidad de, durante el
mes de julio, ofrecer en los centros de secundaria clases de recuperación para aquellas
materias con mayor número de suspensos, impartidas por licenciados contratados al efecto.
 Se potenciará una iniciación profesional a partir de los 14 años que garantice tanto la
adquisición de competencias básicas como la formación específica propia del módulo o
programa, y que permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
 Debe aumentarse el número y la efectividad de aulas de enlace para que alumnos
procedentes de sistemas educativos extranjeros puedan no solo aprender lengua española,
sino también suplir carencias en otras materias.
 Impulsar de manera decidida la enseñanza bilingüe, fomentando su extensión sin menoscabo
del nivel académico del conjunto del currículo de la etapa correspondiente.
 Debe limitarse la burocracia escolar. Los profesores deben centrarse en el aprendizaje de los
alumnos y deben estar enfocados a obtener buenos resultados. La Administración debe
precisar claramente lo que se debe aprender cada año, así como establecer refuerzos que
impidan que haya alumnos que pasen de curso sin el nivel necesario, y que limiten la
repetición de curso y el abandono escolar.
CAPÍTULO II. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LOS MADRILEÑOS

 El trabajo del profesor debe ser reconocido, evaluado con criterios técnicos y objetivos, e
incentivado en función de objetivos educativos alcanzados y de condiciones laborales de
especial dificultad. Debe identificarse asimismo a aquellos docentes mediocres y tomar las
medidas necesarias para mejorar su desempeño.
 El acceso a la función docente debe valorar equilibradamente la excelencia académica, los
ejercicios desarrollados en la fase de oposición y la experiencia docente. Para acceder a los
Cuerpos de Maestros y de Profesores debe aprobarse tanto la parte que demuestra posesión
de conocimientos específicos, como la que demuestra dominio de técnicas para la docencia.
 Debe fomentarse el control inspector de prácticas contrarias a la Ley que limiten o impidan la
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Debe promoverse una
distribución homogénea entre centros públicos y concertados de alumnos procedentes de
capas sociales desfavorecidas, siendo para ello fundamental que la red pública recobre la
calidad perdida y con ello la confianza de las familias.
 Las evaluaciones externas han de servir para detectar los principales problemas del sistema.
Se ha de analizar los recursos humanos y técnicos de los centros y adoptar medidas para
mejorar la formación de sus alumnos. Los resultados de esas evaluaciones −ocultando los
datos personales de los alumnos− deben ser completamente accesibles para cualquier
ciudadano, y el órgano encargado de su gestión independiente del poder político.
 Debe aumentarse la cuantía de las becas y ayudas a la educación para familias de rentas bajas,
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aunque no posean la condición de familia numerosa.
 Han de revisarse los criterios de baremación para el acceso a los centros educativos, con el fin
de adjudicar un punto extra a los alumnos y padres de alumnos de las etapas de infantil,
primaria y secundaria, con movilidad reducida reconocida.
 Debe reforzarse la Inspección, dotándola de funciones de apoyo y evaluación y no sólo de
fiscalización.
 En las zonas rurales de la Comunidad debe favorecerse el transporte escolar y la coordinación
entre los centros para mejorar la oferta educativa.
 La Comunidad de Madrid ha de garantizar en un plazo máximo de 2 años la total accesibilidad
arquitectónica en todos los Centros Educativos madrileños; así como el desarrollo normativo
de lo dispuesto en la LOE para garantizar apoyos profesionales y técnicos, promoción de la
formación del profesorado, identificación e intervención temprana de necesidades específicas
de apoyo educativo y creación de protocolos de acción común para la diversidad en los
centros educativos, con el fin de hacer efectiva la inclusión del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en el sistema educativo general.

La Comunidad de Madrid alberga en su territorio 6 universidades públicas (Alcalá, Autónoma,
Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos), 7 privadas y de la Iglesia (Alfonso X el Sabio,
Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Pontificia Comillas,
y San Pablo-CEU), y la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); lo
que supone la mayor concentración de estudiantes de España y una de las mayores de Europa. Se
puede afirmar que la universidad cuenta, en la Comunidad de Madrid, larga tradición, aunque
ninguna de nuestras universidades figura entre las más importantes del mundo.
En la actualidad, a pesar de la política de restricciones presupuestarias de la administración
autonómica, la Comunidad de Madrid cuenta en algunas carreras y especialidades con un alto
nivel docente e investigador en las universidades públicas, equiparable al de países de nuestro
entorno. Esto, unido a la concentración de empresas multinacionales, hace de Madrid destino
elegido por estudiantes de otras partes de España, Latinoamérica y Europa para la realización de
sus estudios superiores.
Por otra parte, la pérdida de alumnos por causas demográficas y la aparición de universidades y
centros de estudios privados ha generado una fuerte competencia con la universidad pública. Esto
ha llevado a que el alumno, haya pasado de jugar el papel de estudiante al de cliente. La lucha por
obtener clientes (en función de cuyo número las universidades reciben financiación de la
Comunidad Autónoma) está llevando a un proceso perverso inverso al deseable, donde el valor
añadido de cada universidad está más ligado a la facilidad de consecución de titulaciones que a la
calidad de la formación.
En cuanto las nuevas generaciones de profesores, éstos son en una alta proporción contratados
laborales con sueldos muy por debajo de la media europea y un futuro incierto. Provienen,
además, de un amplio colectivo de becarios de investigación con salarios míseros, que sobreviven
gracias a sus familias y a un cierto romanticismo vocacional que es difícil encontrar en otros países
desarrollados. En cuanto a las universidades privadas, han optado por un modelo de profesor
joven, con dedicación parcial, escaso currículo y pocas posibilidades de llevar a cabo investigación
científica de calidad.
Se está haciendo de muchas universidades públicas centros educativos superiores de baja calidad,
para todos aquellos que no se puedan pagar una universidad privada de élite o irse al extranjero.
Puede decirse que lo único que salva en este momento a la universidad pública madrileña es la
financiación estatal de la investigación, pero en el proceso de desmantelamiento del Estado es
posible que tarde o temprano la financiación quede completamente en manos de las
Comunidades Autónomas. El día que esto ocurra si la política universitaria no cambia, la
universidad pública madrileña generará titulados peor formados desde el punto de vista científico
pero más atractivos para el empresario.
 Implantación de la competencia entre universidades para mejorar sus niveles de calidad y
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Universidades
Proponemos las siguientes medidas:
17
eficiencia mediante sistemas de financiación con incentivos.

 Racionalización del número de universidades públicas mediante fusiones en función de la
proximidad geográfica o la complementariedad académica, así como de titulaciones
universitarias considerando el número de alumnos matriculados.
 Apostamos por la integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de
Educación Superior. No obstante, rechazamos algunas de las reformas ajenas a la Declaración
de Bolonia, que tomando a ésta como pretexto, se están imponiendo a las universidades.
Entre éstas cabe citar la subordinación de los estudios universitarios a supuestas necesidades
del mercado de trabajo, la privatización indirecta de las titulaciones en las universidades
públicas, el intento de imponer en la enseñanza superior una metodología didáctica uniforme
inspirada en reformas ya fracasadas de la secundaria o el nuevo master de formación de
profesorado.
 Proponemos retomar la idea de un catálogo nacional de titulaciones y la elaboración de
directrices específicas para cada una de ellas, a fin de obtener la homogeneidad necesaria para
garantizar la movilidad de los estudiantes promovida por Bolonia.
 Además de la de los estudiantes, debe facilitarse la movilidad del profesorado, superando la
endogamia, que constituye una de las principales lacras de la universidad española. Para ello
es necesario reformar el sistema de selección del profesorado, personal investigador y de
administración y servicio y restituir a los funcionarios universitarios el derecho al traslado en
todo el territorio nacional. Ello exige sustituir la habitual interpretación estrecha de la
autonomía universitaria (entendida como la discrecionalidad de cada universidad para
contratar a su profesorado) por una interpretación más amplia (la autonomía de la academia
respecto al poder político).
 La evaluación de la calidad de la enseñanza de los centros y los profesores es una de las
asignaturas pendientes de la educación superior española. Desgraciadamente, los
procedimientos de evaluación que se están implantando son insufriblemente burocráticos,
además de arbitrarios e ineficaces. Como alternativa proponemos que la docencia
universitaria sea evaluada por sus resultados, es decir, por la formación adquirida por sus
titulados. Para ello deberá incentivarse a los titulados recientes para que realicen pruebas
homologadas externas.
 Debe existir un sistema de becas que garantice que toda persona tenga la oportunidad de
estudiar con dedicación y aprovechamiento. Las ayudas financieras podrán complementarse
(no reemplazarse) con otros sistemas como becas de colaboración, préstamos a bajo o nulo
interés, préstamos-renta, etc. Los estudios de postgrado deberán tener unas tasas fijadas
similares a las de los de grado para evitar que factores económico-sociales prevalezcan sobre
la capacidad y el mérito.
 El alto fracaso estudiantil demuestra la conveniencia de implantar un sistema de acceso más
riguroso que permita la realización de pruebas específicas en las titulaciones en que se estime
necesario. Al mismo tiempo, conviene reducir el número de convocatorias suficientes para
aprobar una asignatura, y establecer unos límites de extensión del estudio de una carrera.
Superados esos límites, únicamente se podrá continuar los estudios en centros públicos en la
UNED.
upyd.es/madrid
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 El fomento de la investigación exige desvincular las plantillas de los departamentos
upyd.es/madrid
II.2
19
universitarios de las necesidades docentes, pudiendo crearse itinerarios diferentes de
selección del personal según el perfil docente o investigadora del contrato. Ello permitiría un
aumento del personal investigador, que sería contratado sólo sobre la base de su
productividad investigadora.
 Es deseable una mayor interrelación entre la sociedad civil y la comunidad universitaria. Debe
incentivarse la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la
investigación y las prácticas de los estudiantes (sometidas a una supervisión que garantice su
valor formativo). No obstante, esto no debe ser obstáculo para el impulso de la investigación
básica, cuya financiación deberá hacerse fundamentalmente con fondos públicos.
 Se debe incidir en el establecimiento de horarios de jornada lectiva continua (mañana
o tarde) que permitan a los estudiantes realizar prácticas en empresas e instituciones de
media jornada, simultaneándolas con los estudios. Con ello se conseguirá la formación en
competencias en diversos centros de trabajo y que se apliquen los conocimientos al entorno
laboral con anterioridad a la finalización del período universitario.
SANIDAD
El mantenimiento de un sistema sanitario público, universal, garante de la igualdad de acceso a la
prevención, educación y atención sanitarias, constituye uno de los pilares de nuestro Estado de
bienestar que debe ser conservado y mejorado con criterios de eficiencia y calidad.
Una de las señas de identidad de UPyD, quizás la principal, es lograr que los españoles tengan
igualdad de derechos efectivos, independientemente del lugar donde residan. El derecho que
tienen los españoles a la Salud y el acceso a la Sanidad no deben estar condicionados por edad,
sexo, raza o clase social, o por la comunidad autónoma donde se encuentren. Por eso
consideramos que el Estado debe recuperar parte de las competencias en materia sanitaria.
Como se recoge en el programa electoral de UPyD para las Elecciones Generales de 2008, en la
sanidad española nos encontramos con diecisiete servicios regionales de salud, dando lugar a “la
España de las desigualdades sanitarias”, tanto en prestaciones como en regulación de las
condiciones de trabajo del personal sanitario.
Un grave problema del sistema sanitario, que se arrastra desde hace muchos años y no se ha
logrado atajar pese a la estabilidad del sistema democrático y la alternancia en el poder, es que los
responsables de gestionar empresas sanitarias que manejan enormes presupuestos sean
nombrados fundamentalmente según criterios de afinidad política en lugar de por criterios
técnicos y de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Otro problema es la falta de
continuidad en la gestión y los vaivenes que se producen como consecuencia de los cambios
políticos. Se hace preciso y urgente profesionalizar, de una vez por todas, la gestión sanitaria.
Los problemas de la sanidad madrileña están determinados por el desequilibrio que se registra
entre las necesidades y los recursos económicos y humanos disponibles para satisfacerlas. Junto a

este desajuste general, problemas derivados de la heterogeneidad social de las distintas áreas
sanitarias de la Comunidad de Madrid van a ensombrecer todavía más el panorama. Asimismo,
queremos destacar las carencias de servicios sanitarios en determinadas zonas rurales de nuestra
Comunidad alejadas de la capital, para lo cual promoveremos la realización de un estudio riguroso
de la demanda y de sus necesidades que permitia ampliar en un futuro la oferta hospitalaria
actualmente existente.
El aumento de la demanda sanitaria y la inadecuada satisfacción de la misma se ha traducido en
masificación de consultas, colapso de los servicios de Urgencia, bloqueo de los hospitales y
crecimiento de las listas de espera de primeras consultas, diagnósticas y de tratamiento. Frente a
esto, la respuesta ha sido poco planificada y en ocasiones atentando contra la calidad de la
asistencia.
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Estas son nuestras propuestas en Sanidad:
 Propugnamos la recuperación por el Estado de parte de las competencias sanitarias para
poder reconstruir de nuevo un sistema armónico de sanidad pública en toda España, creando
fórmulas que sirvan para imponer principios rectores, de racionalidad del gasto, igualdad y
equidad en las prestaciones a los pacientes en todas las comunidades autónomas.
 Establecer un Plan Estratégico de la Sanidad Madrileña encaminado a conseguir la cohesión en
sanidad dentro de la Comunidad de Madrid, donde se adopten las siguientes medidas:
o Tarjeta sanitaria única en toda España.
o Homogeneización de los sistemas informáticos, de forma que permitan el acceso a los
datos en cualquier punto que el paciente solicite asistencia
o Cartera de servicios general de la Consejería de Sanidad para asegurar la igualdad en
la asistencia.
o Homogeneizar la cartera de servicios en todas las áreas sanitarias, teniendo en cuenta
la demanda real en cada especialidad y las recomendaciones de demanda mínima que
permita una atención de excelencia.
o Asegurar el acceso de todos los usuarios a las prestaciones de la cartera de servicios,
ya sea en su institución sanitaria de referencia o en las que se habiliten como
referencia, cuando las necesidades reales de demanda no hagan necesario su
desarrollo en todas aquellas.
o Asegurar el cumplimiento de la libre elección de médico de atención primaria,
especializada y centro sanitario.
o Proyectar la apertura de hospitales de acuerdo con criterios modernos, para áreas de
influencia de 300.000-350.000 habitantes, que permitan un mejor aprovechamiento
de recursos técnicos y humanos, con un mayor nivel asistencial y con atención a
pacientes en un área geográfica adecuada.

upyd.es/madrid
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o Planificar la construcción de centros de salud en todos los distritos de la capital y
municipios de la comunidad, para evitar masificaciones innecesarias
o Incrementar el número de camas hospitalarias en la Comunidad de Madrid hasta
alcanzar la media europea (superior a 5 camas por cada mil habitantes), y
aproximándonos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que fija como recomendable entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes.
o Asegurar que el incremento de camas se realiza de forma homogénea por área
sanitaria.
o Desarrollar una política de reordenación de recursos humanos real, basada en la
densidad poblacional y las recomendaciones de la OMS en cuanto a ratio personal
sanitario/número de pacientes.
o Creación de bolsas de empleo únicas de manera que se facilite el acceso a las mismas
y se incremente la transparencia en la adjudicación de los puestos de trabajo.
o Puesta en marcha de una política de recursos humanos que asegure la viabilidad de la
sanidad pública. Control de las homologaciones de los títulos de los médicos
extranjeros, con un examen para los extracomunitarios. Un buen médico puede
ahorrar no sólo en el número de consultas si no también en la cantidad y calidad de las
pruebas sanitarias y del tratamiento que precise el paciente.
o Plan de gestión de recursos económicos, estructurales y humanos transparente, que
permita la adecuada asignación de los mismos en todos los ámbitos de actuación, con
la mayor eficiencia y que asegure la supervivencia del sistema de salud público.
o Incrementar el presupuesto en Sanidad Pública hasta igualarlo a la media del
presupuesto destinado a Sanidad por habitante de las demás Comunidades
Autónomas.
o Asegurar un modelo de sanidad público de excelencia, contemplando alianzas
puntuales complementarias con la sanidad privada, siempre con contratación pública
transparente y con control de calidad de resultados
 Promover actuaciones en salud pública:
o Se debe volver a potenciar la Dirección General de Salud Pública, un elemento esencial
en la política sanitaria de cualquier administración pública y que ha sido suprimida en
la Comunidad de Madrid. Desde ésta hay que organizar y poner en práctica las
siguientes medidas:
o Elaboración y mantenimiento de registros. Establecer mediante ley la obligación para
el médico de registrar todo nuevo diagnóstico de cáncer y enfermedades

infectocontagiosas de interés epidemiológico. A tal fin se crearán plataformas de
registro online a nivel estatal.
o Planes de prevención y control de factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, consumo
de alcohol y drogodependencias.
o Programas de control de las patologías que por su prevalencia y relevancia social
constituyen problemas de salud pública: cáncer, enfermedad cardiovascular,
enfermedad respiratoria crónica, asma, tuberculosis, diabetes, enfermedades infecto-contagiosas
y de transmisión sexual, enfermedades neurodegenerativas,
enfermedades mentales, enfermedades ocupacionales y relacionadas con la
contaminación medioambiental.
o Ejecutar específicamente los programas de salud pública dirigidos a jóvenes y
adolescentes: drogas, alcohol, salud sexual, trastornos de la conducta alimentaria.
o Potenciar la inspección y educación sanitaria como medida de protección para un
buen control de la salud pública en restaurantes, tiendas de alimentación, gimnasios,
clínicas médicas, estéticas, veterinarias, etc.) evitando posibles problemas: contagios,
infecciones, epidemias, etc.
o Velar por el cumplimiento de la Ley para el control del tabaquismo como forma
fundamental de proteger la salud de los ciudadanos.
o Mayor control público y científico para todas las medidas sanitarias relacionadas con
las vacunaciones masivas o fomento de determinados medicamentos.
o Prevención y control de riesgo laborales:
o Favorecer la participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, en
colaboración con el Servicio Madrileño de Salud, con el objetivo de desarrollar
criterios de modernización en los ámbitos social, sanitario y laboral – redes
asistenciales, recursos humanos, etc.
o Adecuar a la nueva realidad socio-laboral que estamos viviendo, los conceptos
clásicos de Enfermedad Profesional, dando cabida a procesos emergentes como el
“mobbing”, acoso, etc.
Tenemos el pleno convencimiento de que la Atención Primaria es la base de la sanidad. Una
atención primaria de calidad, con sus funciones de educación sanitaria de la población, prevención
y tratamiento, mejoraría el resto de la sanidad, al filtrar y descargar la atención especializada y
hospitalaria, así como el control del paciente y su tratamiento. Una buena red de Atención
Primaría permite, además, gran ahorro en la atención especializada y hospitalaria, que es donde
actualmente se sustenta la sanidad.
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 Aumento de la plantilla en los centros de salud, imprescindible para una atención correcta al
upyd.es/madrid
II.3
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paciente. Proveer a centros de salud y hospitales con el personal necesario para la asistencia,
de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.
 Mejorar la dotación de las consultas de Urgencia de los centros de salud para que sean más
resolutivos y conseguir que disminuya el porcentaje de pacientes vistos en Urgencias de los
hospitales que no precisan ingreso.
 Promover la autonomía de gestión de los centros o las zonas.
 Elaborar, de acuerdo con sociedades científicas y organizaciones profesionales, estándares de
tiempos de atención por paciente y proceso, tanto en atención primaria como en atención
especializada, de forma que se puedan establecer las necesidades de profesionales de la salud
para asegurar una atención de excelencia.
 Dotar a los centros de salud mental de los recursos físicos y humanos necesarios.
 Incrementar unidades y recursos dirigidos al tratamiento de los trastornos de la conducta
alimentaria.
 Impulsar la creación de unidades para la atención domiciliaria, fundamentalmente dirigidas a
pacientes crónicos.
 Incrementar el número de camas disponibles para la atención a pacientes crónicos de larga
estancia.
 Implementar consultas de enfermería, tanto en atención primaria como en especializada.
 Potenciación de las funciones de los Consejos de Salud, en sus vertientes de control e
información, adaptándolos a las estructuras territoriales existentes.
 Desarrollo de cauces activos de participación social, dando cabida al mayor y más amplio
grupo de sectores: ciudadanos, profesionales, de representación local y regional, etc.
 Creación del Consejo de Participación Ciudadana en el Sistema Regional de Salud, como
órgano de representación activa, con funciones de vigilancia y control, evaluación y gestión de
calidad; dotándolo de medios efectivos para ejercer sus funciones.
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA
El derecho a los servicios sociales y la atención a las situaciones de dependencia, junto con el
derecho a la salud, la educación y las pensiones, constituye nuestro legítimo patrimonio de
bienestar social, además de ser uno de los indicadores más fiables de la salud moral de una
sociedad.

La importancia que para los ciudadanos, así como para el progreso social y económico de un país y
para la garantía de igualdad y equidad, tienen tanto los servicios sociales como la atención a la
dependencia, hacen necesario que ambos adquieran el estatus de cuestión de Estado, siendo por
tanto competencia de éste, quien delegará competencias de gestión en las CCAA y en los entes
locales que son la verdadera piedra angular del Sistema.
Los servicios sociales contribuyen activamente al progreso de nuestra sociedad, no sólo por los
objetivos que les son propios, sino también por su capacidad para la creación de puestos de
trabajo, más aún con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia.
La capacidad de gasto de una sociedad tiene que ser acorde con su capacidad para generar
riqueza, por ello, la cuestión de la sostenibilidad del gasto, así como la rentabilidad que de la
inversión se espera, en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar, ha de ser
siempre tenida en cuenta.
El concepto de gasto social debe ser sustituido por el de “inversión social”, porque sólo así podrán
aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo
modelo productivo.
En la actualidad, el Plan Concertado, instrumento para la cooperación en materia de servicios
sociales entre administraciones que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la
financiación estatal, como por la falta de liderazgo. Esta situación, así como la fragmentación que
se deriva de las competencias autonómicas actuales en la materia, hace imprescindible la
existencia de un marco normativo estatal que garantice el acceso a las prestaciones básicas a
todos los ciudadanos y establezca una cobertura básica y una financiación estable del Sistema y de
sus prestaciones; así como un soporte jurídico que establezca como estructuras básicas del
Sistema de Protección Social, a las Entidades Locales.
En cuanto a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la Dependencia,
defendemos su modificación para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de
Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único
sistema, coordinado con el sistema socio-sanitario por razones de eficiencia en la intervención
social, e integrando en la gestión a los entes locales, puerta de entrada al sistema protector.
Se debe también mejorar la implantación de la Ley y su financiación, con el objetivo de cumplir el
principio de suficiencia financiera que se proclama en su art. 32, acometiendo la reforma de
aquellos aspectos que conduzcan a los siguientes objetivos: asegurar la tutela efectiva del derecho
subjetivo por parte de los poderes públicos, y garantizar los mismos derechos en todas las CCAA
de manera igualitaria con independencia del lugar de residencia.
No es admisible que el criterio de residencia impida que haya ciudadanos que se puedan
beneficiar de los derechos que esta Ley reconoce al mismo nivel, intensidad, diligencia y garantías
en toda España. El ritmo de despliegue de la Ley depende, en el momento actual, exclusivamente
de cada Comunidad Autónoma y el de la Comunidad de Madrid es muy bajo en comparación con
el resto de CCAA. Al mismo tiempo, el Estado central ha aceptado con complacencia una mera
función pasiva de aportación de recursos, sin apenas capacidad de coordinación y cohesión.
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Exigimos de la Administración central que ejerza un auténtico papel de coordinador activo y
fiscalizador de la actividad de las CCAA en materia de Dependencia y Autonomía Personal.
Consideramos necesario distinguir entre discapacidad y dependencia, promoviendo planes
concretos para cada uno de los colectivos. Nuestra formación, apuesta además decididamente por
la promoción de la Autonomía Personal y la permanencia en el entorno familiar, para lo que es
imprescindible garantizar: las ayudas técnicas necesarias, la ayuda a domicilio y la promoción de la
Asistencia Personal y de las Oficinas de Vida Independiente (OVIs).
Nuestras propuestas en Servicios Sociales y Dependencia son:
 Impulsar la promulgación de una ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, que
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garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y establezca una
cobertura básica y una financiación estable del sistema y de sus prestaciones; así como un
soporte jurídico que establezca como estructuras básicas del Sistema de Protección Social, a
las Entidades Locales.
 Promover el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid, con el objetivo de realizar una planificación realista de los recursos y servicios
disponibles
 Hacer partícipes a las personas con discapacidad y a sus asociaciones, en el estudio, propuesta
de soluciones, planificación y seguimiento de todas las políticas dedicadas al colectivo.
 Promover nuevas medidas de inserción laboral con el objetivo de mejorar la visibilidad de las
personas que conviven con una discapacidad, revisando el catálogo de ayudas e incentivos al
empleo ordinario, centros especiales de empleo y empleo autónomo, servicios de orientación
y asesoramiento al empresario, etc.
 Establecer prioridades en el calendario de implantación de la Ley de Dependencia o niveles de
copago para adaptarla a la actual situación de crisis y atender con carácter urgente los casos
más graves
 Garantizar la suficiencia financiera del Sistema de Atención a la Dependencia, asegurando las
cargas de las diferentes administraciones implicadas y marcando unos criterios objetivos de
reparto en las aportaciones, que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por
razón de residencia.
 Aumentar el número de personas con prestación de Dependencia en Madrid al menos hasta la
media nacional en un plazo de 12 meses (a día de hoy eso significaría doblar el número de
personas atendidas) y corregir de manera drástica la posición de la Comunidad de Madrid en
el furgón de cola de las CCAA españolas.
 Creación de una partida específica en el Presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales donde se gestionen de manera centralizada todos los costes de Dependencia,
evitando la dispersión actualmente existente y que permita hacer realidad la transparencia
que defendemos en la actividad pública.

 Dotar con carácter inmediato de los recursos humanos necesarios para el impulso urgente de
upyd.es/madrid
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la Ley de Dependencia en Madrid en línea con los objetivos expresados en primer lugar.
 Homogeneizar las prestaciones y servicios, ortoprotésicos y homogeneizarlas respecto al resto
de CCAA a través del Catálogo Común de Prestaciones Básicas.
 Impulsar el reconocimiento de la figura del Asistente Personal; delimitando sus funciones y
creando un perfil profesional y académico; así como los cambios legales que favorezcan la
creación de Oficinas de Vida Independiente, con financiación pública, pero gestionados por el
colectivo de personas con discapacidad.
 Avanzar en una mayor profesionalización de los órganos de valoración y establecimiento de un
sistema de valoración de la calidad en la prestación de todos los servicios a la dependencia.
 Apostar decididamente por la creación de plazas residenciales públicas de gestión directa y
ampliar la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia. Asimismo es
imprescindible suscribir conciertos con entidades privadas acreditadas que complementen la
oferta pública, y aumentar la colaboración entre las distintas administraciones involucradas
Dicha apuesta permitirá además cumplir el mandato legislativo de priorizar las prestaciones de
servicios frente a las prestaciones económicas. Con tal fin, en los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid deberá incluirse la creación de 1.500 plazas anuales durante los
próximos 8 años.
 Promover la realización de estudios de impacto social y convivencial junto a los preceptivos de
impacto medioambiental en el diseño de los Planes urbanísticos con objeto de favorecer la
creación de espacios inclusivos.
La crisis económica está haciendo crecer exponencialmente el problema de las personas “sin
techo”. Su proceso de inclusión social debe ser un proceso paulatino, en el que la persona reciba
un apoyo continuado en primera instancia en la calle, y en segunda instancia en Centros de
Acogida, para pasar después a las viviendas de inclusión para cuyo acceso será necesario el
requisito de capacidad de convivencia.
Consideramos que el camino para la inclusión social de los “sin techo”, pasa por apostar por la
inversión en microestructuras (viviendas tuteladas donde reciben apoyo y acompañamiento
social), que sustituyan progresivamente las grandes instituciones, con medidas de vigilancia y
horarios restrictivos.
Los Centros de Acogida para personas “sin techo” tienen que ser diversos, flexibles, favorecer la
autonomía y proporcionar intimidad.
La igualdad real de hombres y mujeres pasa por la posibilidad de conciliar trabajo y familia de tal
forma que la co-responsabilidad en el cuidado de los menores y dependientes sea un hecho y
ningún ciudadano renuncie a su trabajo o a su carrera profesional por incompatibilidad con sus
obligaciones familiares.

También consideramos necesario que desde nuestra administración autonómica se destinen más
recursos para fomentar el trabajo de prevención con los colectivos más vulnerables, colectivo
englobado dentro del grupo de personas sin hogar (familias a las que les embargan su casa por
impago, inmigrantes, ex reclusos, personas que ejercen la prostitución en la calle, personas que
viven en infraviviendas, etc.) para evitar que se llegue a la situación más extrema que es la de vivir
en la calle y desde la que resulta más difícil la inclusión social.
La conciliación familiar, laboral y personal se aborda desde tres planos: el doméstico (educación y
sensibilización hacia la co-responsabilidad); el ámbito empresarial (flexibilidad, trabajo a tiempo
parcial y tele-trabajo) y el de la Administración (apoyar y potenciar las buenas prácticas en el
ámbito doméstico y en el empresarial).
En este sentido, nuestras propuestas son las siguientes:
 Corregir los déficits que sigue padeciendo nuestro Estado del Bienestar en aspectos clave,
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27
como la falta de guarderías públicas y/o concertadas que cubran el primer ciclo de Educación
Infantil (0-3 años) o el desarrollo de la Ley de Dependencia que permita a los cuidadores de
dependientes (en la actualidad más del 90% son mujeres) volver al mercado laboral además de
contratar a cuidadores profesionales
 Elaborar un Plan integral de infancia en la Comunidad de Madrid con suficiente dotación
presupuestaria y en coordinación con el resto de políticas de familia y servicios sociales con
todos los ayuntamientos de la región. Este Plan deberá contener acciones específicas que
mitiguen los efectos de la crisis económica sobre los niños y que contribuyan a erradicar
cualquier proceso de exclusión y pobreza.
 Introducir en la Comunidad de Madrid unos horarios más racionales, semejantes a los del
resto de Europa: sin largas pausas al mediodía, finalizando la jornada laboral a horas más
razonables e incorporando una mayor flexibilidad, así como potenciar el tele-trabajo y los
contratos a tiempo parcial
 Potenciar que los servicios que proporciona la Comunidad de Madrid al ciudadano sean
incrementados a través de contratos a tiempo parcial que potencien el horario de atención al
público en las horas de mayor afluencia
 Continuar el apoyo a las víctimas de violencia doméstica, equiparando en la atención a todos
los colectivos víctima de violencia (mujeres, hombres, niños, colectivo LGTB, personas
mayores especialmente indefensas, padres de jóvenes y adolescentes de alta conflictividad…)

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28
CAPÍTULO III.
ECONOMIA Y EMPLEO
ECONOMÍA Y FACTORES DE CRECIMIENTO
III.1
De igual forma que el resto de las regiones de España, Madrid sufre las consecuencias de la doble
crisis en que se halla inmersa la economía española: por una parte la crisis económica
internacional, que en algunos países ya empieza a mostrar síntomas de recuperación, y por otra
parte la particular crisis económica y también institucional que se vive en España. La Comunidad
de Madrid se ha visto menos afectada que el resto de regiones debido a su estructura económica,
en la que tiene un mayor peso el sector servicios.
Madrid es la tercera comunidad más poblada de España. El porcentaje de población de Madrid
sobre el total de España ha ido avanzando desde el 12,8% en 1995, al 13,9% en 2009. El Producto
Interior Bruto a precios de mercado de la Comunidad de Madrid en 2009 asciende a 189.059
millones de euros, sobre un total de España de 1,05 billones, siendo la segunda región en valor
absoluto después de Cataluña. El PIB ha ido ganando peso en el conjunto de España, desde el
16,7% en 1995, al 18% en 2009. En términos de PIB per cápita, Madrid es la segunda región de
España, con 30.029 euros, después del País Vasco, con 30.703 euros. Pero al mismo tiempo,
Madrid es la duodécima en igualdad de renta.
Durante el periodo de 14 años entre 1995 y 2009, y considerando las tres variables: población, PIB
y PIB per cápita; puede afirmarse que la Comunidad de Madrid crece de forma más rápida en esas
tres magnitudes que el conjunto de España, ganando 0,9 puntos porcentuales en población, 1,3 en
el peso del PIB, y 0,4 en el índice del PIB per cápita.
El peso de los sectores productivos de la Comunidad de Madrid en la formación del Valor Añadido
Bruto (VAB) refleja un perfil propio de una economía altamente desarrollada, en la que el peso del
sector servicios está próximo al 80%. Un sector servicios heterogéneo donde conviven empresas
de alta y de baja productividad.
Según el Eurostat Regional Yearbook de 2010, en el año 2007 la Comunidad de Madrid ocupa el
puesto número 23 en términos de paridad de poder adquisitivo entre las 301 regiones europeas
consideradas. No obstante, siendo la primera región española en términos de poder adquisitivo,
Madrid se halla muy lejos de las primeras regiones europeas (Inner London, Luxemburgo,
Hamburgo o Ille de France).
Los principales factores que contribuyen al crecimiento de la Comunidad de Madrid son los
siguientes: excelente situación geográfica; capitalidad política; capital de servicios, especialmente
financieros; importante centro de decisiones empresariales; centro de sedes sociales y sedes
corporativas de las grandes compañías españolas y de compañías multinacionales con presencia
en España; centro de producción y consumo que dispone además de abundantes polígonos de
desarrollo y zonas logísticas; elevados niveles de educación y de salud; amplio desarrollo de la
sociedad civil, con gran número de asociaciones. La conjunción de estos factores propicia que la
Comunidad de Madrid, siendo uno de motores de la economía en España, lo sea por razones
fundamentalmente ajenas al Gobierno de la Comunidad.

Los retos económicos de la Comunidad de Madrid pasan por batirse a sí misma, mantener el
liderazgo económico dentro de las regiones de España, seguir siendo uno de los motores
económicos y avanzar posiciones en el ámbito de las principales regiones europeas. Para ello la
CM cuenta con las bases necesarias en recursos humanos, infraestructuras y capital.
Además, la Comunidad de Madrid ha de asumir como reto propio los objetivos económicos de la
estrategia planteada por la Comisión Europea en el documento “Europa 2020: Una estrategia para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”:
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III.2
29
a) Tasa de empleo o índice de ocupación mínimo de un 75% en la población entre 20 y 64
años, incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores con bajas
cualificaciones e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular. Actualmente la
tasa de empleo de la Comunidad de Madrid está en el entorno del 65%.
b) Invertir el 3% del PIB en I+D, pública más privada, mejorando las condiciones para la
inversión en I+D por parte del sector privado, y adaptándose a los indicadores que ha de
desarrollar la Comisión para I+D+i. Actualmente la inversión en I+D en la Comunidad de
Madrid está en el entorno del 2% del PIB.
SECTORES ECONÓMICOS E INNOVACIÓN
El sector industrial en la Comunidad de Madrid ha crecido en términos absolutos en Valor añadido,
pero ha ido perdiendo peso en términos relativos de forma notable durante los últimos diez años.
El empleo en el sector industrial de la Comunidad de Madrid, prácticamente se ha mantenido
estable en términos absolutos en la última década, no así en términos relativos, pues ha pasado
del 12,8% al 9,5%.
El gasto en I+D en la Comunidad de Madrid ha ido bajando frente al total de España. En 2000 el
gasto de la CM era el 30,72% del total, en 2008 es el 26,32%. No obstante, la CM está a la cabeza
(2%) en cuanto al gasto en I+D, muy por encima de la media de España (1,35%). La política de I+D+i
ha de tener como objetivos aumentar y mejorar la productividad de las empresas.
Las claves del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid pasan por el apoyo a
emprendedores y pymes para que puedan incorporar mejoras tecnológicas y de gestión, que les
permitan ser competitivas y rentables en un mercado con mucho dinamismo, ayudarlas a crecer,
hacerse sólidas y exportar e invertir en el exterior. Generalmente los emprendedores que lanzan
las empresas ya escogen muchas veces sectores innovadores en los que su idea puede ser
competitiva. Sin embargo, hay líneas de trabajo y de apoyo que son indiscutiblemente positivas y
aplicables de manera transversal en todos los sectores.
Éstas son nuestras propuestas:
 Aumentar el peso del sector industrial en la Comunidad. Para ello, son necesarias medidas de
tipo “horizontal”, como fomento de I+D+i, creación de recintos industriales y parques
tecnológicos, facilidades financieras, estímulos fiscales, fomento de los “clusters”, o atracción
de inversión extranjera. Es decir, medidas que faciliten el emprendimiento industrial.

 Aumentar el apoyo a los sectores de innovación que aportan mayor valor añadido, tales como:
aeroespacial (aeronáutico y espacial); audiovisual; farmacéutico y biotecnológico;
Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería; tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC); agroalimentario; turístico; para que el peso del sector construcción en
la CM sea más lógico y razonable.
 Mantener y desarrollar incentivos fiscales y financieros (avales, capital riesgo, etc.) y ampliar la
financiación pública de las actividades de investigación, con el objeto de atraer inversiones en
investigación a los sectores de mayor valor añadido.
 Facilitar la puesta en marcha de pymes innovadoras, generando espacios de colaboración a
precios competitivos subvencionados, dotados de la infraestructura necesaria y facilitar la
colaboración y el intercambio de ideas entre autónomos y pymes innovadoras. Generar
centros públicos como espacios de co-working (colaboración) o enlaces entre pymes e
innovadores, pues estos espacios han tenido un papel clave para el desarrollo de este tipo de
proyectos en otros países.
 Reforzar los mecanismos de transferencia del conocimiento desde las Universidades y desde
los centros públicos a las empresas y poner en práctica sistemas de evaluación permanente y
de retorno de investigadores, así como potenciar y mejorar la creación y el funcionamiento de
empresas de base tecnológica en las universidades.
Según datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el comercio de la Comunidad,
constituido por cerca de 37.000 establecimientos mayoristas y más de 71.000 minoristas, es uno
de los sectores empresariales productivos más relevantes, aportando el 13,2% del PIB Regional,
del que el 7,4% corresponde al comercio minorista.
La existencia del pequeño comercio es imprescindible como elemento no sólo creador de riqueza y
empleo sino también como indispensable factor de cohesión en zonas urbanas. Su reforma y
modernización, ya en marcha desde hace años, debe contar con el apoyo de la CM a través de
diversos sistemas que van desde medidas financieras, fiscales, fomento del asociacionismo y la
formación, hasta el establecimiento de horarios que garanticen igualdad de competencia.
 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas comerciales, de hostelería y servicios para
potenciar la innovación tecnológica, la modernización, la especialización y competitividad de
las áreas, ejes y centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Impulsar el asociacionismo y
reforzar la promoción comercial, dando un alto valor a la formación y a la modernización de la
red comercial por la vía de las reformas directas y de la renovación del equipamiento.
 Durante los últimos años, la industria turística ha ido cobrando mayor importancia en la
Comunidad de Madrid, tanto en aportación al PIB como al empleo, que se estiman en los
entornos del 11% y del 12% respectivamente.
 Coordinar esfuerzos y llevar a cabo una política de potenciación de los destinos turísticos de la
región a través de la ejecución de diversos planes de desarrollo del producto turístico. Mayor
coordinación entre la CM, Ayuntamiento, Administración central, y especialmente con las
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CAPÍTULO III. ECONOMIA Y EMPLEO

upyd.es/madrid
III.3
31
Comunidades Autónomas limítrofes, aprovechando las comunicaciones que ofrece la región.
Todo ello teniendo en consideración y cooperando con el sector privado.
La dinamización de las zonas rurales requiere el aprovechamiento de las iniciativas comunitarias
“Leader+”, el fomento del agroturismo, programas de formación de empleo rural, promoción de
industrias artesanas, mejora de las infraestructuras rurales y modernización de las instalaciones
agrícolas y ganaderas.
 Aplicar innovación y fomentar la agricultura y la ganadería ecológica, los productos con
etiqueta ecológica y con denominaciones de origen y procedencia y la venta directa de
productores a consumidores eliminando intermediarios, muchas veces improductivos y
encarecedores del precio final.
 Aprovechar la riqueza forestal de determinadas zonas de la comunidad de Madrid (biomasa)
para la consecución de energías alternativas lo que redundaría también en la limpieza de los
bosques, la creación de empleo, y evitar incendios.
TEJIDO EMPRESARIAL
La Comunidad de Madrid cuenta con un importante grupo de compañías multinacionales que han
realizado sus ajustes y reconversiones y que son competitivas en los mercados internacionales. De
las principales empresas españolas, aproximadamente un 28,4% de los mayores 1.200 grupos
tienen su sede social en Madrid, que representa el 60% de los ingresos de la muestra y el 56,6% de
los empleados. La mayor parte de las empresas cotizadas en el IBEX-35 tienen su sede social o bien
su sede corporativa en Madrid. Igualmente en la Comunidad de Madrid existe un gran número de
empresas medianas y pequeñas que están luchando y tratando de adaptarse a las circunstancias
adversas de la crisis.
Desde el Gobierno de la Comunidad se han de crear las condiciones óptimas para que tanto las
grandes empresas, como las medianas y pequeñas, puedan mejorar su competitividad,
recordando siempre que lo más importante es la propia actitud emprendedora. Es necesario tener
en consideración que una parte fundamental de la viabilidad de un modelo económico
competitivo y generador de empleo son las pymes, los emprendedores y los autónomos, que
deberán recibir una atención superior a la que han disfrutado hasta ahora por parte de la
administración.
Según datos del inventario de entes dependientes de las CCAA del Ministerio de Economía, a
enero de 2010 existen en España un total de 2.181 Entes Públicos, de los cuales 152 corresponden
a la Comunidad de Madrid, predominando en ella las Fundaciones, Consorcios y Sociedades
Mercantiles.
En este sentido, proponemos lo siguiente:
 Reducción considerable del número de entes dependientes de la Comunidad, hasta situarlos
en el nivel estrictamente necesario, siendo absorbidos sus cometidos por parte de las
correspondientes consejerías.
CAPÍTULO III. ECONOMIA Y EMPLEO

 Suprimir consejeros de los entes dependientes de la Comunidad, reduciéndolos a los mínimos
establecidos por la ley o los estrictamente necesarios, y también reducir los cargos directivos a
los funcionalmente necesarios, huyendo de utilizar estos entes como recurso de empleo
clientelar.
UPyD ha venido planteando la despolitización de los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro.
Caja Madrid, junto con otras Cajas de Ahorro, ha constituido un banco denominado BANKIA, que
se ha convertido en una de las principales entidades financieras españolas y de la cual Caja Madrid
será el primer accionista de referencia con un una participación inicial del 52,06%. De los 21
miembros del Consejo del nuevo banco 11 corresponden a Caja Madrid, y de estos, 8 tienen un
perfil y procedencia política.
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En relación a esta nueva configuración de Caja Madrid, proponemos las siguientes medidas:
 Revisar la composición de los Órganos de Gobierno de Caja Madrid, en los cuales continúa
existiendo una desproporcionada representación de personas procedentes de la política.
 Evitar que en la salida a bolsa de BANKIA se produzca una dilución excesiva de la participación
de Caja Madrid.
 Mantener las señas de identidad de Caja Madrid, entendidas como la práctica de revertir a la
sociedad los dividendos que percibirá por su participación inicial del 52,06% en BANKIA. Esto
se realizará a través de la Obra Social y/o la Fundación de Caja Madrid.
 La decisión de las inversiones a realizar por la Obra Social y/o la Fundación de Caja Madrid se
harán con total transparencia y con criterios profesionales en sus respectivos ámbitos.
ECONOMÍA Y FACTORES DE CRECIMIENTO
III.4
El sistema de financiación de las CCAA se ha acompasado al proceso de transferencia de
competencias desde el Estado con tres importantes hitos: LOFCA 1980, Ley 21/2001 y la Ley
22/2009. Entre los gastos de las CCAA, la sanidad, educación y servicios sociales son calificados de
“pilares del Estado del Bienestar”.
UPyD, por razones tanto políticas, como de eficacia y eficiencia, considera necesario devolver
determinadas competencias en materia de Educación y Sanidad. Con ello se pretende asegurar la
igualdad de tratamiento a los ciudadanos cualquiera que sea el territorio de su residencia. Dado el
peso relativo de estos servicios en el conjunto del gasto autonómico, la aplicación de tal medida
comportaría una importante disminución del volumen de las necesidades de financiación de las
CCAA.
Con el sistema de financiación anterior (Ley 21/2001), la Comunidad de Madrid, dado el nivel
medio de renta de sus habitantes, su grado de desarrollo y su capacidad fiscal no sólo no percibió
subvención alguna con cargo a los Fondos LOFCA, sino que tuvo que devolver sus excesos de
capacidad fiscal en relación con las necesidades de gasto que le fueron estimadas.

Esta situación ha cambiado con el nuevo sistema (Ley 22/2009), si bien previsiblemente la
financiación de la Comunidad de Madrid continuará basándose fundamentalmente en su
capacidad fiscal, siendo anecdótica su financiación vía subvenciones. A pesar de ello, es de interés
para la CM que el régimen de subvenciones con cargo a los Fondos LOFCA se ajuste a criterios de
transparencia, eficacia y eficiencia, que eviten derroches injustificables y financieramente
insostenibles.
Consideramos necesaria la armonización de impuestos entre CCAA con el fin de evitar la
competencia fiscal, proceso claramente perjudicial para todos.
Debido a que los Ayuntamientos son la administración más próxima en la relación de los
ciudadanos con los poderes públicos, reciben una doble presión: por un lado son los primeros
receptores de las demandas de servicios por parte de los ciudadanos, y por otro reciben el rechazo
ante cualquier subida de impuestos municipales. Es decir, sufren una cierta propensión al
aumento del gasto y a la limitación de los ingresos.
Durante los años de bonanza económica (2000-2007) los Ayuntamientos, además del aumento de
ingresos por la actividad económica y por las transferencias del Estado, han recibido inesperadas
cantidades de ingresos extraordinarios derivados principalmente del sector constructor e
inmobiliario. Esta situación les ha animado a prestar servicios y realizar inversiones que en algunos
casos se encuentran en la zona gris de sus competencias. Es decir, han asumido numerosas
competencias calificadas como impropias, que probablemente corresponderían a otras
administraciones.
Ahora los Ayuntamientos se enfrentan a dos problemas: primero la caída de los ingresos
(ordinarios y extraordinarios), y segundo la obligación que se han creado de seguir prestando
determinadas competencias impropias. Derivado de la caída de ingresos y de la dificultad de
reducir el gasto, se ha producido una situación de déficit generalizado, que ha derivado en un
aumento de la deuda y en el retraso de los pagos a proveedores.
 Clarificar la distribución de competencias entre las tres administraciones: estatal, autonómica
upyd.es/madrid
Por eso proponemos:
33
y local. Revisión de los servicios que prestan, de forma que se eviten aquellos que tengan
finalidades exclusivamente clientelares y que no obedezcan a principios de solidaridad, justicia
y equidad.
 Revisión del modelo de financiación local, así como del escenario presupuestario que se aplica
a las Administraciones Locales, garantizando el principio de lealtad institucional de forma que
cuando el legislador estatal o regional introduzca obligaciones de servicios a prestar por parte
de los Ayuntamientos. éstas vengan acompañadas de la adecuada y suficiente dotación de
recursos para llevarlos a la práctica. La Ley de Haciendas Locales ha de tener como principios
el respeto a la autonomía municipal, la suficiencia, la corresponsabilidad fiscal y la
transparencia.
III.5

Programa electoral de UPyD a la Comunidad de Madrid de 2011

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