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  1. 1. TEMA 12 EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978.-LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000).- PROGRAMACIÓN I.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO: 1.-INICIOS DE LA TRANSICIÓN (1975-78): A) INMOVILISMO, REFORMISMO Y RUPTURA B) ADOLFO SUÁREZ Y EL CONSENSO C) CONSTITUCIÓN DE 1978 D) LOS ENEMIGOS DEL PROCESO DEMOCRÁTICO 2.-CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1978-82): A) DECLIVE DE LA UCD B) GOLPE DE ESTADO DE TEJERO C) VICTORIA DEL PSOE 3.-LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000) II.-COMENTARIOS: 1.-CONSTITUCIÓN 1978 2.-PRIMER GOBIERNO SUÁREZ 3.-ESTADO AUTONÓMICO
  2. 2. Desarrollaremos los siguientes aspectos del tema: 1.-Iniciación de la transición (1975-78): A) Inmovilismo, reformismo, ruptura B) Adolfo Suárez C) La Constitución de 1978 D) Enemigos de la transición 2.-Consolidación de la democracia (1978-82): A) Declive de la UCD B) El golpe de Estado de Tejero C) Victoria electoral del PSOE 3.-Los gobiernos democráticos (1982-2000) A) Hegemonía socialista (1982-96) B) Vuelta de la derecha o PP (1996-2000) Veamos, a continuación, los aspectos mencionados: 1.- A la muerte de Franco, en 1975, se inició en nuestro país un complicado proceso de transición política desde la dictadura a la democracia que, situado entre 1975-1982, con la subida al trono de D. Juan Carlos I y el primer gobierno socialista del PSOE, representó una profunda modernización del país tanto política, con la recuperación de la democracia y de la monarquía parlamentaria, como económicamente, al sentar las bases del futuro Estado del bienestar. Todo el proceso de transición fue dirigido y controlado desde el poder por los herederos reformistas del régimen franquista puestos al servicio de la reciente monarquía, apoyados por la oposición democrática y por la inmensa mayoría del pueblo español. En el éxito del proyecto desempeñó, pues, un papel crucial el consenso logrado entre el rey, los reformistas del régimen liderados por Adolfo Suárez, la oposición democrática y el pueblo, todos ellos enfrentados a los inmovilistas del régimen, extrema derecha que soñaba con recuperar las esencias franquistas, y a los terrorismos, de izquierda (GRAPO, FRAP, ETA) y de derecha (Guerrilleros de Cristo Rey), que pretendían desestabilizar el proceso. El proceso de transición suele dividirse en dos etapas: la 1ª, iniciación de la transición, se extendería desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución (1975-1978); la 2ª, consolidación democrática, coincidiría con el declive de la UCD y el golpe de Estado de Tejero, que terminaría con la victoria electoral del PSOE (1978-1982) Durante la primera fase, el rey D. Juan Carlos I, elegido sucesor dos días después del fallecimiento de Franco (22 noviembre 75) de acuerdo con la Ley de Sucesión franquista, dirigirá la actualización del régimen franquista a la realidad española, que se hallaba dividida en tres opciones políticas enfrentadas: inmovilistas del régimen, que defendían su continuidad; reformistas del régimen, que promovían su democratización controlando el proceso por el propio régimen; y rupturistas de la oposición (particularmente PSOE y PCE), partidarios de articular un nuevo sistema democrático mediante un proceso constituyente, alejado del régimen y liderado por las fuerzas democráticas. En un principio, el monarca eligió presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, quien, incapaz de reformar el régimen al defender posturas inmovilistas, tuvo que cesarlo ante la alianza de toda la oposición en la Coordinación Democrática (alianza de los integrantes de las anteriores Junta Democrática, creada en 1974 por el PCE, y Plataforma de Convergencia Democrática, en 1975, impulsada por el PSOE), las constantes movilizaciones populares (en especial, durante 1975-76, en las que buena parte del país exigía la democracia y la amnistía de presos políticos), huelgas obreras (sobre todo, en Cataluña, P. Vasco y Madrid) y terrorismo (atentados de ETA y GRAPO). Con su sucesor, Adolfo Suárez (julio 1976), de la corriente reformista del régimen (procurador de las Cortes franquistas, desempeñó diversos
  3. 3. cargos dentro de la administración del régimen, entre los que destaca la Secretaría General del Movimiento), comenzó verdaderamente la transición de la dictadura a la democracia al diseñar la Ley de Reforma Política, las primeras elecciones generales, la Constitución de 1978 y las primeras elecciones sindicales, que terminaron totalmente con la dictadura. La Ley de Reforma Política, que defendía un proyecto democrático para el país (restablecía las Cortes bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio universal), fue aprobada por mayoría del pueblo (81% de los españoles, siendo la abstención, defendida por la izquierda, minoritaria, cerca del 30%) en referéndum (15 diciembre 1976). A continuación, preparó las condiciones para que pudieran celebrarse las elecciones generales, en especial la recuperación de las libertades (principalmente, libertad sindical, legalización de los partidos políticos y más tarde, en abril del 77, también el PCE; amplía amnistía), para las que se preparan todos los partidos, incluidos los dos nuevos creados por la derecha, tanto Alianza Popular (liderada por Fraga Iribarne, creada en octubre del 76, representaba el inmovilismo) como la Unión de Centro Democrático (por Adolfo Suárez, incluía a los reformistas del régimen, básicamente liberales y democristianos), ambos surgidos del desmantelamiento del régimen, junto a los partidos históricos del PSOE (renovado y dirigido por Felipe González) y el PCE (liderado por el histórico Santiago Carrillo), ambos moderados, y los partidos nacionalistas: en el País Vasco, PNV (derecha) y Herri Batasuna (formación política de ETA); en Cataluña, CiU (Convergencia i Unió, de Jordi Puyol). Celebradas el 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas fueron ganadas por la UCD (166 diputados de un total de 350=34%), seguida del PSOE (118 =29%), PCE (19=9%) y AP (16=8%), que permitieron a Suárez constituir el primer gobierno democrático y las primeras Cortes democráticas después de la dictadura, que se convirtieron en constituyentes al encargarse de elaborar la futura Constitución, redactada por una comisión representativa de aquellas Cortes (menos la minoría vasca, que renunció), cuyo éxito fue posible mediante el consenso o acuerdo negociado entre todas las fuerzas políticas participantes, ya que cada una renunció a aquellas ideas de su ideología imposibles de ser admitidas por las otras con el objeto de avanzar hacia la democracia; por ello, la Constitución resultó una amalgama de artículos progresistas que recogían la diversidad ideológica de todos los partidos políticos participantes. Mientras la derecha renunciaba al régimen franquista, la izquierda tuvo que hacer lo mismo con parte de su ideario político, en especial su republicanismo (aceptó la monarquía borbónica impuesta por Franco), la revolución social, la independencia de Cataluña y el País Vasco o la exigencia de responsabilidades a los herederos del franquismo por la brutal represión de la oposición durante todo el franquismo. Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y vigente aún hoy, nuestra Constitución defiende la soberanía popular, la monarquía parlamentaria como forma de Estado (el rey posee sólo funciones representativas, necesitando el refrendo para intervenir directamente en la vida política), separación de poderes, amplios derechos y libertades democráticos (incluidos los de huelga y sindicación), la no confesionalidad del Estado, abolición de la pena de muerte, la posibilidad de intervención del Estado en la propiedad en defensa del interés público, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el plurilingüismo (el castellano, lengua oficial; las demás, en sus respectivas comunidades) y la organización autonómica del Estado, abierta a todas las regiones, a la que se podía acceder bien por la vía “rápida” del artículo 151 (comunidades históricas; Andalucía donde, además de su aprobación por cada provincia, tuvo que ratificarse en referéndum; caso especial de la foralidad Navarra) o la vía “lenta” del artículo 143 (restantes). Cada Comunidad aseguraba su autogobierno y competencias dentro de su territorio, recogidos en sus respectivos Estatutos, promulgados en 1979 (Cataluña y País Vasco), 1981 (Galicia y Andalucía), 1982-83 (las restantes) y 1995 (Ceuta y Melilla). Finalmente, también a fines del 78, se celebraron las primeras elecciones sindicales de la democracia, que apuntillaron el Sindicato Vertical franquista, ganadas por CCOO (Comisiones Obreras, 34%), UGT (21%) y USO (Unión Sindical Obrera, 3,9%), aunque parte de los trabajadores electos (30%) no estaban afiliados a ningún sindicato. El proceso de transición, sin embargo, también contó con sus enemigos, tanto económicos como políticos. Los primeros, representados por la crisis económica internacional (1975-79) provocada por la subida de los precios del petróleo, fue acompañada de una elevada inflación (20% anual) que, al provocar la reducción de las exportaciones (se duplicó el déficit de la balanza comercial), provocó una profunda crisis industrial (además de elevar sus costes, disminuyen sus ventas o beneficios), acompañada de paro (10% en 1979) y disminución de la renta “per cápita”, aunque paliado, sólo parcialmente, por la depreciación de la peseta, los ingresos por turismo y las inversiones de capital extranjero. Para disminuir sus efectos, los principales partidos políticos, siguiendo con el exitoso consenso político, lo extendieron a la economía, firmando los Pactos de la Moncloa (octubre 1977), donde, al lado de medidas económicas (devaluación monetaria, crecimiento moderado de salarios, reducción del gasto público…), se reformaron la Seguridad Social (se incrementó la financiación por parte del Estado, lo que permitió amentar las pensiones por jubilación y mayor extensión del seguro de
  4. 4. desempleo) y el régimen fiscal, apareciendo los nuevos impuestos sobre el patrimonio (Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, 1977) y el IRPF (Impuesto Renta de las Personas Físicas, 1978, un siglo más tarde que en Europa, por el que todas las rentas, y no sólo las asalariadas como antes, contribuían por su trabajo). El conjunto de medidas permitiría sentar las bases del futuro Estado del bienestar. Los segundos, los enemigos políticos, una minoría que trató de desestabilizar el proceso democrático, incluían el secuestro, atentados y terrorismo, en especial sobre fuerzas del orden público y militares, tanto desde la extrema derecha (colectivos de pistoleros que añoraban el pasado dictatorial franquista, como los Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A o Batallón Vasco Español, cuyo atentado más sangriento fue el asesinato de cinco abogados laboralistas en Madrid, vinculados a CCOO) como de la extrema izquierda (que también añoraban las pasadas dictaduras de Stalin o Mao o el pensamiento anarquista (GRAPO, Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre, secuestraron a dos altos cargos del Estado, Oriol y al teniente general Villaescusa; FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) o la independencia (Terra Lliure, en Cataluña; en el P. Vasco, ETA, la más sanguinaria, autora de 77 asesinatos en 1979 y 95 en 1980). 2.- La segunda fase del proceso de transición o consolidación de la democracia, situado entre 1978-1982, estuvo vinculada con el declive de la UCD, la superación del golpe de Estado de Tejero y la victoria electoral del PSOE. Aprobada la Constitución y disueltas las Cortes constituyentes, se convocaron las elecciones legislativas (marzo 1979), también ganadas por la UCD (168 diputados), seguida del PSOE (121), del PCE (23) y de Coalición Democrática (anterior Alianza Popular, con 10). Sin embargo, la inestabilidad de los gobiernos de Suárez, su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (abril 1979: la izquierda controlaría los ayuntamientos de las grandes ciudades), y en las autonómicas en el País Vasco y Cataluña (marzo 1980: perdió la mitad de los votos conseguidos en el 1979), junto con la contestación de su liderazgo en el interior del partido y las presiones recibidas por parte del ejército, motivaron su dimisión, enero 1981, tanto como presidente del partido como del gobierno, creando su nuevo partido, Centro Democrático y Social (CDS), en julio de 1982. El declive de la UCD, ahora con Leopoldo Calvo Sotelo de presidente, y a pesar de sus logros (desarrollo del Estado autonómico, Estatuto de los Trabajadores, Ley del Divorcio, ingreso en la OTAN) resultó progresivo, hasta las nuevas elecciones generales (octubre 1982), ganadas por el PSOE (202 diputados) frente a una coalición de la derecha (106 dip.) y el descalabro electoral tanto de la UCD (12 tan solo) como del CDS (sólo 2). La victoria del PSOE supuso la consolidación definitiva tanto de la democracia al acceder al poder la izquierda moderada por primera vez desde la dictadura, como del sistema bipartidista, caracterizado por la alternancia democrática de la derecha e izquierda moderadas, acompañadas del debilitamiento de la izquierda radical (en especial, PCE, 4 diputados) y de la fuerza de partidos nacionalistas de ámbito autonómico: en Cataluña, CiU (12 diputados) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, radical, 1 diputado); en el P. Vasco, PNV ( 8 diputados) y los radicales HB (Herri Batasuna, 2) y EE (Euskadiko Ezquerra, 1). Finalmente, la superación pacífica del golpe de Estado del teniente coronel Tejero (23 febrero 1981) afianzó aún más todo el proceso democrático. Aprovechando la votación en el Congreso sobre la investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez, un grupo de 200 guardias civiles al mando de Tejero, interrumpió la votación por la violencia secuestrando a los diputados, mientras el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia, en connivencia con la extrema derecha y altos jefes militares, en especial el general Armada. La descalificación de los golpistas por parte del rey y del pueblo español, abortaron el golpe. La intentona, que simbolizaba el descontento de una minoría del ejército frente a todo el proceso de transición, no contó con el apoyo de los altos mandos militares, manteniéndose la democracia hasta hoy.
  5. 5. 3.- Durante la larga hegemonía socialista por cuatro legislaturas consecutivas (14 años), liderada por Felipe González, el país se modernizó profundamente, se consolidó el estado del bienestar y pudo superarse definitivamente su anterior imagen de subdesarrollo. Durante la primera legislatura (1982-86), marcada por una gravísima crisis económica, que exigió una dura reconversión de las industrias siderometalúrgica y naval estatales y un plan de estabilización (devaluación monetaria, subida de impuestos y de tipo de interés, devaluación monetaria…), que rebajaron la calidad de vida e incrementaron el paro, fueron acompañadas de reformas muy importantes, que afectaron a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado (reducción de plantillas y relegación de franquistas), al sistema educativo básico (LODE, enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años) y al universitario (mayor autonomía y mejoras laborales del profesorado), junto con la despenalización del aborto y, muy especialmente, con nuestro ingreso en la CEE (enero 1986) y nuestra permanencia en la OTAN (marzo 1986), tan decisivas en nuestro futuro desarrollo económico y modernización de nuestras F. Armadas. Durante la segunda legislatura (1986-89), en la que el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta y apareció la coalición IU (Izquierda Unida) como tercera fuerza de ámbito nacional, las reformas económicas anteriores permitieron la ampliación del estado del bienestar (modernización de infraestructuras, ampliación de las coberturas educativas y sanitarias) y la configuración definitiva del Estado autonómico. Sin embargo, su política económica de liberalización laboral y enormes diferencias de calidad de vida entre las categorías sociales fueron contestadas por los sindicatos UGT y CCOO con la huelga general de 1988 (14/XII), tan exitosa que obligaron al gobierno a rectificar su programa económico. La tercera legislatura (1989-93), marcada por el avance en el estado del bienestar (completar infraestructuras y servicios sociales), la inversión educativa (construcción de nuevos centros escolares, de nuevas universidades, ampliación de becas) y nuestra participación en la guerra del Golfo como miembro de la OTAN, tuvo en la Exposición Internacional de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ambos en el 92, los dos acontecimientos extraordinarios del período. Ambos supusieron cuantiosas inversiones en modernizar ambas ciudades y sus medios de transporte (en especial el AVE Madrid-Sevilla), que difundieron mundialmente la imagen moderna de nuestro país, rompiendo con el tópico de país atrasado que todavía dominaba. Al final de la legislatura, aparecen los primeros escándalos, que debilitarían lentamente al PSOE, especialmente el caso Filesa, trama de empresas de financiación ilegal del PSOE, y sobre todo, el GAL, grupo armado antietarra formado por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios, que atentaron, ya desde la primera legislatura, contra etarras. La cuarta legislatura (1993-96), finalmente, de nuevo ganada por el PSOE pero sin mayoría absoluta y dependiente del pacto parlamentario con CIU, a pesar de algunas aportaciones positivas como el Pacto de Toledo (gran acuerdo entre partidos, sindicatos y patronal para garantizar la prestación de las pensiones), se halló dominada por los continuos escándalos de corrupción, que terminarían provocando el descrédito de Felipe González y de todo su gobierno: el caso Luis Roldán y, muy especialmente, la localización de los cadáveres de los etarras Lasa y Zabala, secuestrados en Francia en 1985. Luis Roldán, un alto cargo del gobierno (director general de la Guardia Civil), acusado de haber estafado cerca de 5.000 millones de pesetas de los fondos reservados (destinados a operaciones secretas) y de comisiones por obras en las casa-cuartel, logró huir de España. Las investigaciones sobre Lasa y Zabala demostraron que, traídos a San Sebastián, fueron torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil y con conocimiento de los responsables políticos. CIU dejó de apoyar al gobierno, obligándole a adelantar las elecciones para mayo del 96, ganadas por el PP (Partido Popular), liderado por José Mª Aznar. La estrecha victoria del PP, que le obligó a sellar un pacto de gobernabilidad con CIU y Coalición Canaria, y que ampliaría con importantes victorias en las municipales y autonómicas posteriores (dominaría la mayoría de las capitales de provincia y de las comunidades, salvo Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha), favorecido por la falta de liderazgo dentro del PSOE, le permitieron, además de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y de la futura extinción del servicio militar obligatorio, imponer una política económica neoliberal, encaminada a la reducción brutal del gasto público para beneficiar a la empresa privada, que provocó graves insuficiencias en los servicios públicos (sanitario, tercera edad, escuela pública, investigación…) y una mayor desigualdad social. La política incluía también la privatización de las mejores empresas estatales (Telefónica, Repsol,
  6. 6. Argentaria) cuyos ingresos, al lado de los fondos de cohesión europeos, permitieron sostener las pensiones y reducir el paro. El gobierno popular preparó, por otro lado, la puesta en circulación del euro, que entraría en vigor en 2002. El terrorismo etarra, finalmente, seguía representado un gravísimo problema: los asesinatos de Fco. Tomás y Valiente, en 1996 (expresidente del Tb. Constitucional) y del concejal del PP, Blanco, en 1997, provocaron las mayores movilizaciones sociales en todo el país y el distanciamiento de muchos vascos respecto de ETA, a pesar de lo cual los partidos nacionalistas vascos acordaron avanzar juntos hacia la independencia (Pacto de Lizarra), mientras ETA declaraba una tregua unilateral en 1998 ( duraría un año), iniciándose su progresivo debilitamiento. II.-COMENTARIOS: 1.-Constitución de 1978 (p. 312) 2.-Fotografía del primer gobierno de Adolfo Suárez, 1976 (p.290) 3.-Mapa del Estado Autonómico (p. 298) 4.-Los cuatro primeros presidentes en Moncloa (Akal, p. 354) ----------------------------------------------------------------------- TEMPORALIZACIÓN BCT MIX BCS B Días Contenidos Días Contenidos Días Contenidos 29/abril I 30/abril I 30/abril I 4/mayo II.1 Laura L. (TODOS) 2 Julio M. 3 Triana V. 4/mayo II.1 Adrián B. (TODOS) 2 Adrián M. 3 Fco.J.Martín 4/mayo II.1 Esther R. (TODOS) 2 Esperanza G. 3 Jésica A. 6 Control temas 11-12 8 Control comentarios 11 Recuperación 11-12 6 Control temas 11-12 7 Control comentarios 11 Recuperación 11-12 7 Control temas 11-12 8 Control comentarios 11 Recuperación 11-12
  7. 7. Argentaria) cuyos ingresos, al lado de los fondos de cohesión europeos, permitieron sostener las pensiones y reducir el paro. El gobierno popular preparó, por otro lado, la puesta en circulación del euro, que entraría en vigor en 2002. El terrorismo etarra, finalmente, seguía representado un gravísimo problema: los asesinatos de Fco. Tomás y Valiente, en 1996 (expresidente del Tb. Constitucional) y del concejal del PP, Blanco, en 1997, provocaron las mayores movilizaciones sociales en todo el país y el distanciamiento de muchos vascos respecto de ETA, a pesar de lo cual los partidos nacionalistas vascos acordaron avanzar juntos hacia la independencia (Pacto de Lizarra), mientras ETA declaraba una tregua unilateral en 1998 ( duraría un año), iniciándose su progresivo debilitamiento. II.-COMENTARIOS: 1.-Constitución de 1978 (p. 312) 2.-Fotografía del primer gobierno de Adolfo Suárez, 1976 (p.290) 3.-Mapa del Estado Autonómico (p. 298) 4.-Los cuatro primeros presidentes en Moncloa (Akal, p. 354) ----------------------------------------------------------------------- TEMPORALIZACIÓN BCT MIX BCS B Días Contenidos Días Contenidos Días Contenidos 29/abril I 30/abril I 30/abril I 4/mayo II.1 Laura L. (TODOS) 2 Julio M. 3 Triana V. 4/mayo II.1 Adrián B. (TODOS) 2 Adrián M. 3 Fco.J.Martín 4/mayo II.1 Esther R. (TODOS) 2 Esperanza G. 3 Jésica A. 6 Control temas 11-12 8 Control comentarios 11 Recuperación 11-12 6 Control temas 11-12 7 Control comentarios 11 Recuperación 11-12 7 Control temas 11-12 8 Control comentarios 11 Recuperación 11-12

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