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1. TEMAS CRITICOS DE LA
CONSTITUCION DEL MAS
APROBADA
EN EL LICEO MILITAR DE SUCRE
Diciembre de 2007

2. TEMAS CRITICOS DE LA CONSTITUCION DEL MAS APROBADA
EN EL LICEO MILITAR DE SUCRE
I. COMENTARIOS ESPECÍFICOS
Artículo 2 y 289
Se establece que los pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho a la
autonomía y al autogobierno. Lo señalado puede dar lugar a la fragmentación de la
unidad del país. Autogobierno y autodeterminación implican la capacidad de elegir
a sus propias autoridades, pero también determinar sus propias normas, leyes y
decisiones que serán válidas en su territorio. Los conceptos de autogobierno y
autodeterminación son intrínsecos a la independencia y soberanía de las naciones,
por lo que el riesgo de lo establecido es que derive en la fragmentación del país.
El principio de autogobierno fue acuñado en el siglo XVIII, para referirse a la
liberación del individuo, que posteriormente ha pasado a designar la aspiración de
un grupo, que se arroga una voluntad distinta y separada como pueblo, a
determinar colectivamente el estatus político de su territorio con respecto a la
potencia que lo administra. La admisión de este derecho para un grupo implica que
éste dispone de una soberanía potencial de forma que, si bien su ejercicio no
supone la automática independencia, la autodeterminación está intrínsecamente
orientada a la creación de nuevos estados.
Artículo 11
Se establece que la democracia se ejerce (entre otras) por la forma comunitaria, por
medio de la elección, designación o nominación de autoridades por normas y
procedimientos propios de los pueblos y naciones indígena originario campesinas.
Vale decir, que el poder público se conformaría en unos casos a partir del voto
universal, que asegura la igualdad y en otros casos por otras formas distintas, por
ejemplo, la asamblea o la proclamación y muchas otras formas distantes de la
democracia. Lo propuesto crea dos regimenes totalmente distintos y el segundo,
sin duda, es un proceso muy vulnerable y sujeto a distorsión y fraude.
Conceptualmente, todos los ciudadanos deberían ser considerados iguales ante el
Estado. Igualmente, todos son iguales ante la ley. La igualdad ante la Ley
constituye el presupuesto fundamental del ordenamiento jurídico en los Estados
democráticos de Derecho; es, por tanto, una exigencia común en las Constituciones
de países que proclaman derechos fundamentales de las personas.
En los estados democráticos se expresa la igualdad como valor superior del
ordenamiento del Estado social de Derecho. Esta exigencia establece, de modo
explícito y formal, la igualdad ante la Ley al señalar que los ciudadanos son iguales
ante ésta, y se prohíbe la discriminación por cualquier motivo (nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión). La igualdad exige entonces la no discriminación. Cabe
aclarar que en ese concepto, se rechaza tanto la discriminación negativa como
también aquella positiva que prioriza a ciertos segmentos en detrimento de otros.
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3. El establecer dos regímenes distintos, con procedimientos diferentes, con
requisitos y formalidades particulares para constituir poder público, y con
mecanismos especiales para el ejercicio de los derechos políticos, constituye la
vulneración del precepto central señalado. Con dos mecanismos diferentes, se
estaría rompiendo el precepto de igualdad de todo ciudadano ante el Estado.
Artículo 20
Se señala que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los
servicios básicos de: agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario,
telecomunicaciones y transporte. Expresamente, se incluye al transporte en su
más amplia definición, lo que involucra no solamente el transporte aéreo, terrestre,
pluvial interdepartamental, interprovincial e inclusive urbano, como un servicio
básico. Incluye el transporte de personas y carga por todos los medios en todas las
regiones del país.
Luego se señala que “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de
gobierno, la provisión de servicios básicos a través de entidades públicas,
autárquicas, mixtas, cooperativas o comunitarias”.
Se excluye expresamente a las empresas privadas como proveedoras de servicios
públicos. En tal sentido, quedan afectados el sector eléctrico donde se tiene
generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad. Así mismo, las
empresas privadas que prestan servicios de telecomunicaciones estarían fuera de
la posibilidad de seguir prestando servicios a la comunidad.
En materia de transporte, se excluye toda posibilidad de que un agente privado
preste servicios públicos. Así, las empresas privadas de transporte aéreo,
aerolíneas nacionales grandes y pequeñas, quedan sin posibilidad de persistir en el
nuevo esquema. Pero igualmente, el transporte terrestre de carga mediante
entidades privadas de transporte queda sin posibilidad de existir. El transporte
interdepartamental mediante empresas como las flotas igualmente queda sin
espacio en esa constitución. Finalmente, el transporte urbano estaría en duda.
Cabe señalar que muchas de las formas privadas de organización actual, como los
taxis libres, transporte de carga interprovincial y otros, no son entidades públicas,
mixtas, cooperativas y tampoco entidades comunitarias.
Artículo 26
Se establece el derecho al sufragio a partir de los 16 años, con lo que se incorpora
un segmento de cerca de 420 mil personas que podrían representar un incremento
de 13% en el padrón electoral. Estas medidas se complementan con el voto de
residentes en el exterior. En este último caso, es claro que se votarán en los
consulados, dependencias que son parte del Poder Ejecutivo y son vulnerables al
fraude electoral.
El inconveniente mayor ante esta medida consiste, por una parte, en que el voto de
estas personas (entre 16 y 18 años), que mayoritariamente dependen de sus padres,
estaría condicionado por los mismos y no sería libre en sentido estricto. Aparte de
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4. que es muy dudoso el interés que pueda tener esta franja de jóvenes por participar
tan tempranamente en la política.
En otros segmentos sociales, la precaria situación económica de menores
trabajadores, daría paso a exponer su vulnerabilidad para ser capturados y
cooptados económicamente para favorecer a determinadas propuestas políticas
que dispongan de recursos para el efecto.
Dentro el propio frente oficialista promotor de esta Constitución, la posición del
Movimiento Sin Miedo es que el voto a los 16 años debería ser voluntario. Es decir,
no se debería exigir como obligación ciudadana, el sufragio en el tramo de 16 a 17
años.
Artículo 30, inciso 17
Se establece como derecho de las naciones originario campesinas el uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su
territorio.
Lo expuesto en el texto resulta contradictorio con lo que señala en otras secciones
del mismo y vulnera el concepto de que los recursos naturales y los beneficios que
éstos generan son de propiedad del total de los bolivianos y son administrados por
el Estado. En la redacción se dice que los recursos son solamente de los pueblos
originarios cuando estén en su territorio. Por lo tanto, todos los recursos que
estuvieran en dichos territorios dejarían de ser del conjunto de los ciudadanos.
Artículo 41
El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento a la
producción nacional y, en su caso, su importación.
El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos
de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y
primera generación.
Lo establecido en el artículo desconoce el derecho que asiste a quienes invierten
recursos en la investigación y desarrollo tecnológico en materia de medicamentos.
Puesto que no se puede proteger estos derechos, dado que quien desarrolle no
podrá recuperar su inversión en precios de venta que, presumiblemente, sean
calificados como atentatorios al acceso de parte de la población, queda totalmente
eliminada la posibilidad de realizar este tipo de inversiones.
En el caso de la comercialización sucede lo propio. Un importador que realice
acuerdos para lograr traer medicamentos al país, realizando inversiones para
desarrollar el mercado o para crear canales de distribución, podrá ser obligado a
distribuir el producto por otros medios y a precios que se definan fuera de su
estructura de costos. En ese escenario, el propio Estado podría importar los
productos y venderlos a precios subvencionados de modo que deja sin mercado al
importador.
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5. Finalmente, este precepto desconoce las patentes que hoy dan derechos a los
productores y comercializadores. Al mismo tiempo desconoce acuerdos
internacionales en la materia.
Artículo 45
Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la seguridad social, sin carácter
lucrativo ni mercantilista.
Se dice que los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni
concesionados.
Se señala que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad,
integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, etc. Se dice que la dirección y
administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y
participación social.
La propuesta, como se plantea, estaría eliminando la participación de entidades
privadas como las Administradoras de Fondos de Pensiones. Las AFP´s son
entidades especializadas en el manejo de recursos e inversiones de largo plazo.
Prestan un servicio de manejo de dinero y otros relacionados a la calificación y
prestación de pagos. Las AFP´s son entidades privadas creadas bajo el Código de
Comercio, invierten y esperan recuperar sus inversiones y lograr un retorno
adecuado.
Adicionalmente, cabe señalar que los preceptos señalados corresponden al sistema
de pensiones de reparto que había sido instalado en Bolivia en 1956. Es decir, lo
que se estaría anunciando es el regreso al sistema de reparto, eliminando con ello
la única fuente de ahorro e inversión de largo plazo.
Finalmente, lo propuesto pone en serio riesgo los recursos acumulados en el Fondo
de Capitalización Individual. Todo el ahorro forzoso que se ha acumulado, más el
rendimiento de éste, quedaría vulnerable a ser confiscado o compensado con
derechos expectaticios de acceder en el futuro a una pensión incierta.
Artículo 47
Se señala que las trabajadoras y trabajadores de pequeñas unidades productivas
urbanas y rurales, por cuenta propia y gremialistas en general, gozarán por parte
del Estado de un régimen de protección especial mediante una política de
intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como
la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su
producción.
La primera dificultad con lo propuesto tiene relación con la discriminación positiva
que se realiza a favor de unos y que repercute en detrimento de otros.
En lo puntual, si bien es cierto que es necesario mantener competitivos los
términos de intercambio campo-ciudad, una propuesta como la que se señala
puede dar paso a que se fijen precios desde el Estado y que estos no reflejen las
condiciones de producción. La forma de mejorar los precios de los productos
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6. rurales, es con mayor demanda, mejora en la calidad de éstos y su incorporación en
procesos de generación de valor – industrialización o transformación básica. En el
objetivo de proteger precios y fijarlos mediante norma, se puede llegar a
incrementar el costo de materias primas, principalmente para la agroindustria. Eso,
al final del día, se concreta en precios mayores y pérdida de competitividad.
Artículo 49
Se define que por ley se regulará temas como contratos laborales, salarios
mínimos, incrementos salariales, reincorporación etc. El problema con lo señalado
es que por ley no se puede determinar la sostenibilidad financiera de las empresas.
Por ley no se puede mantener o incrementar sus ventas y generarles un ingreso
suficiente como para cubrir estas obligaciones laborales, que se les establece
Constitucionalmente.
Artículo 51
Se señala que todos tienen el derecho a sindicalizarse. No se hace una distinción
entre sector privado o público. En consecuencia, a partir de lo señalado, todos los
trabajadores en el sector público, ministerios, entidades y empresas públicas
tendrán pleno derecho a la organización sindical. No solamente los sectores de
empleados públicos mayoritarios como el magisterio fiscal y los trabajadores de
salud, sino todos. El concepto “todos” no excluye a nadie, ni a la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas. Si bien una ley expresa, como la Ley Orgánica de la Policía,
podría intentar establecer lo contrario, la primacía de la Constitución no podrá ser
vulnerada ni en el caso de las instituciones señaladas.
Se establece que los dirigentes sindicales no serán sometidos a persecución ni
privación de libertad, por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.
La preocupación al respecto surge de la posibilidad que en el ejercicio de sus
funciones se realicen hechos antijurídicos, situación que puede darse y resultar
impune por la aplicación de este precepto.
La Policía es una institución cuya principal atribución es el uso legal de la fuerza
pública para precautelar el orden interno. Para ello cuenta, legalmente, con armas y
equipo especial. Su función no puede suspenderse dejando desprotegida a la
sociedad, creando un espacio para el caos, la delincuencia y el bandalismo.
En ese marco, cabe recordar que uno de los principales derechos de la
organización sindical es el derecho al paro y la huelga. En tal sentido, el establecer
de manera tan abierta el derecho al sindicalismo y afectar a sectores tan sensibles
como los del ejemplo, trae problemas que serán muy difíciles de controlar.
En cuanto a reclamos relacionados a salarios, bonos y otros, en un escenario de
pleno reconocimiento constitucional, cabe señalar que se trataría de un segmento
de empleados públicos organizados entorno a un sindicato armado. Ello conduce a
un escenario delicado en cuanto a las medidas de presión que puedan tomar los
sindicalizados en contra de su empleador, que es el propio Estado.
Aún cuando no existe ahora ninguna norma que reconozca el sindicalismo en estos
sectores, la reciente historia muestra periodos en los que se han producido
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7. amotinamientos que han generado crisis internas y ajustes salariales inesperados
en monto y pertinencia para el Estado.
Artículo 52
El artículo señala
“El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
asociaciones empresariales, así como las formas democráticas organizativas
empresariales, de acuerdo a sus propios estatutos y la ley“
Lo señalado significa que a partir de este precepto, la personalidad jurídica de estas
organizaciones estará sujeta al alcance de leyes que definirán expresamente las
condiciones para la existencia y funcionamiento de las entidades gremiales.
Artículo 54
“Las trabajadoras y trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en
resguardo del interés social, podrán recuperar, reactivar y reorganizar empresas en
proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas en forma
injustificada, y conformaran empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá
coadyuvar a la acción de las trabajadoras y trabajadores”
Lo señalo incluye el concepto “recuperar” lo que significa retomar para sí lo que
previamente fue suyo. Es decir, los trabajadores estarían recuperando algo que
previamente fue de ellos. Con esto, se desconoce la propiedad inicial de la
empresa, a favor de sus accionistas.
En caso de que la empresa este en medio de un concurso de acreedores y
liquidación, ésta sería dispuesta por los trabajadores. Desde el punto de vista de los
acreedores ello genera la dilución total de las garantías reales. Un acreedor
bancario que en un concurso de acreedores tiene el derecho legítimo a resarcirse
de la deuda, quedaría imposibilitado de hacerlo. Legalmente, todos los activos
pasarían a poder de los trabajadores y nunca podría llegarse al momento de la
liquidación o remate de activos que puedan servir para la liquidación de la deuda.
Por lo señalado, a partir de lo que se propone, ninguna empresa será elegible para
crédito comprometiendo sus propios activos como garantía. En definitiva, la
propuesta no solamente vulnera el derecho propietario sobre la empresa y las
inversiones de sus accionistas, pero también elimina la efectividad de la garantía
real como colateral de préstamos.
Artículo 56
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre
que ésta cumpla con una función social.
La preocupación surge en la medida que se desconoce qué puede ser definido
como función social y quién la califica. En mercados dinámicos de activos reales
(propiedad) o financieros (valores y otros), el rol de quienes adquieren propiedad o
invierten aprovechando oportunidades de coyuntura se denomina arbitraje, lo que
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8. contribuye al funcionamiento adecuado de esos mercados. Si este tipo de actividad
fuera calificado como especulación, entonces nadie podría comprar y vender
activos para estos fines. No funcionaría nunca la bolsa de valores y tampoco
empresas desarrolladoras y corredoras de bienes raíces.
Artículos 73 y 74.
Se establecen derechos de las personas privadas de libertad. La vulneración mas
frecuente en la materia es la retardación de justicia al extremo que una parte
importante de la población penal esta detenida sin sentencia ejecutoriada.
Consideramos que debe establecerse como principio, el derecho a procesos
diligentes y la no retardación de justicia.
Artículos 76 y 77.
Se fijan los derechos de los consumidores. Sin embargo, no se señala nada en
relación a los derechos de los productores. En particular, no se señala como
derecho, la protección de parte del Estado contra la competencia desleal que
emerge, entre otras formas, a partir del contrabando y la producción en la
clandestinidad.
Artículo 78
Se señala que el sistema educativo se fundamentará en una educación abierta,
científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora
y revolucionaria.
Al respecto, surge la natural preocupación respecto al contenido de lo que se
pretende inculcar a los niños y adolescentes, bajo el concepto de “revolucionaria”.
Con justa preocupación se teme que dada la elevada naturaleza ideológica del
gobierno, se imparta formación doctrinal y política a personas jóvenes que aún no
tienen capacidad plena de discernimiento.
Artículo 82.
Se señala que la educación fiscal es gratuita hasta el nivel superior. De lo señalado
se deriva que se mantiene la universidad pública gratuita y los centros de formación
vocacional. Al respecto, cabe señalar que el costo de las subvenciones a las
universidades es un factor importante de gasto que se financia con recursos
estatales generados a partir de impuestos pagados por toda la ciudadanía y en
particular el sector empresarial.
Al respecto, surge la pregunta en relación a si se debe establecer algún límite a los
beneficiarios finales. Por ejemplo, el Estado, que es la sociedad en su conjunto,
podrá subvencionar por un máximo determinado de años o su equivalente en
materias, a todo estudiante. Excedido ese tiempo, quien permanece por 20 años en
la universidad pública, en base a otros intereses, debería quedar fuera del alcance
del beneficio.
Artículo 89
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9. Las unidades educativas privadas, en todos los niveles y modalidades, se regirán
por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su
funcionamiento será autorizado previa verificación de las condiciones y el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Es natural que el Estado tenga capacidad de generar políticas públicas en cuanto a
la educación privada. Sin embargo, en la propuesta se va más allá en el sentido que
los planes y programas educativos de las unidades privadas serán definidas por el
Estado.
En el artículo 78 se establece que la educación será unitaria, fiscal, pública,
universal, etc. Con ello, se deja establecido que los contenidos serán estándares e
idénticos y en los hechos, los padres de familia no podrán elegir el tipo de
educación que consideren pertinente para sus hijos.
Artículo 97
Se dice que las universidades (se entiende todas, públicas y privadas) están
obligadas a crear y sostener centros de formación y capacitación popular e
intercultural, de acceso libre, en concordancia con los principios y fines del sistema
educativo.
Siendo que el acceso es libre, lo que se podría interpretar como gratuito, y dado
que estos servicios representan costos, la pregunta inmediata es cómo se financian
dichos egresos. Lo propio sucede con el mandato obligatorio que se les establece
para crear programas para la recuperación, enseñanza y divulgación de lenguas de
origen indígena originario.
Artículo 110
“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación
social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.”
Lo propuesto es el inicio de un proceso de control y limitación de la libre expresión.
Principios como la veracidad y la responsabilidad ciertamente son atractivos en la
medida que no sean empleados como argumentos para acallar a la sociedad. La
calificación de la veracidad y la responsabilidad será un proceso subjetivo y abierto
a la manipulación.
“La ley limitará las inversiones públicas o privadas, bolivianas o extranjeras, en los
medios de comunicación cuando atenten contra los intereses generales”.
Lo propuesto es mucho más directo en cuanto al riesgo de que dicha disposición
sea usada para limitar la libre expresión.
Artículo 148
Se dispone que la Asamblea Legislativa estará constituida por una sola cámara. La
propuesta significa reducir la representatividad de los territorios del país y también
implica eliminar un importante componente de contra peso. Lo propuesto elimina la
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10. posibilidad de contar con una instancia con capacidad de disenso y revisión.
Reduce la necesidad de apelar a la pluralidad y abre el espacio al totalitarismo.
En contraste, una segunda cámara permite la revisión y perfeccionamiento de las
leyes aprobadas en la primera. Exige el debate y la construcción de consensos. La
existencia de dos cámaras introduce en el trabajo parlamentario una mejor división
técnica y mayor especialización.
Artículo 149
La Asamblea Legislativa Plurinacional estará conformada por 157 asambleistas
elegidas y elegidos con base en criterios territoriales y poblacionales.
La propuesta elimina la cámara de senadores, donde la representación es
estrictamente territorial. Como compensación se considera que parte de la
asamblea podría responder a representación territorial.
La realidad del país muestra que existen regiones con baja concentración
poblacional. Si predominará exclusivamente la ponderación poblacional, quedarían
regiones sin representación política, como es el caso de los departamentos de
Pando, Tarija, Beni y otros. Las personas en estas regiones no tendrían voz en los
poderes públicos y quedarían sometidos, por su bajo peso poblacional.
En la propuesta no se establece qué porcentaje de los representantes de la
Asamblea respondería al criterio territorial. Sin embargo, para mantener una
ponderación comparable con lo que hoy se tiene, al menos el 50% del total de los
representantes de esa Asamblea debería ser territorial. Si se tiene una cantidad
menor de representantes territoriales, el resultado final sería la contracción del
peso político que tienen los departamentos más pequeños en las decisiones
nacionales.
La determinación del porcentaje señalado determina en términos políticos la
existencia o no de al menos 5 departamentos de Bolivia. Si la cantidad de
Asambleístas territoriales es pequeña, claramente las regiones menos pobladas no
tendrán capacidad de decidir nada en el país. Políticamente NO existirán.
Por la relevancia de lo señalado, resulta inaceptable una sola cámara y que en la
Constitución propuesta no se defina con precisión cual es el peso que tiene la
visión territorial en la composición de la llamada Asamblea Legislativa.
Artículo 151
La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario
campesinas, donde NO deberán ser considerados como criterios condicionales la
densidad poblacional, los límites departamentales ni la continuidad geográfica.
Resulta incoherente que en un caso general si importa la densidad poblacional,
como es el referido a la representación en base a circunscripciones regulares y en
este otro caso “especial” no interesa este fundamental criterio electoral.
Igualmente, en el caso general si es relevante la continuidad geográfica y en este
otro caso no.
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11. Lo propuesto es discriminatorio y no refleja el principio de igualdad de los
ciudadanos ante la Ley y el Estado. Lo propuesto esta forzando una representación
política y en el extremo del absurdo se podría contar con legisladores que
representan solamente a sí mismos o a un reducido grupo de personas. Con esa
propuesta, se alcanzaría un poder legislativo que no representaría al conjunto de la
sociedad.
Artículos 157 y 166
El mandato de los asambleístas (ex congresistas) es de cinco años con límite de 2
periodos constitucionales continuos. En cambio el mandato del presidente y
vicepresidente es de cinco años, pero con reelección indefinida y consecutiva.
Aparte de la asimetría que se propone, resulta totalmente inaceptable que se
establezca la reelección indefinida y consecutiva. La propuesta crea todas las
condiciones e incentivos para que el gobernante haga todo lo necesario para
perpetuarse en el poder, tomando acciones que le permitan controlar las
instituciones democráticas electorales, modificar leyes y la propia constitución,
para permanecer indefinidamente en funciones.
Artículos 159 y 170
En estos artículos se establecen las atribuciones de la Asamblea y del Presidente.
Al respecto se señala en la redacción “son atribuciones del Presidente (Asamblea)
las que se enumeran, además de otras que se definan en la Constitución y las Leyes
posteriores.
Es decir, la enumeración de atribuciones resulta siendo meramente enunciativa,
puesto que luego, por Ley se podrán definir otras atribuciones que pueden
fácilmente concentrar poder en alguno de los órganos del Estado. Esto puede
vulnerar el cimiento de la democracia sobre la base de la independencia de
poderes, pesos y contrapesos, controles y la NO delegación ni captura de
competencias de un poder en detrimento de otro. Se deja absolutamente
vulnerables los equilibrios del balance democrático de modo que eventualmente se
puede romper dicho balance.
Artículo 161
Se dispone que en la Asamblea Unicameral será necesaria sólo la mayoría simple
para la aprobación de leyes.
La propuesta representa un retroceso inaceptable puesto que con la medida se
prescinde en los hechos de toda concertación. Se debilita al extremo el rol de las
circunstanciales oposiciones, de modo que el proceso legislativo sería un mero
formalismo para legalizar la decisión del gobernante.
Igualmente, es un retroceso respecto a lo que hoy existe en el proceso legislativo,
en el cual se requiere para la aprobación y modificación de varias leyes dos tercios
de los presentes o dos tercios del total de miembros. En el caso de nombramiento
de autoridades en poderes públicos, como magistrados, se requiere dos tercios.
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12. Con la propuesta, en la práctica, se restituiría la designación de autoridades desde
el Poder Ejecutivo.
Artículo 170
Dentro las atribuciones del Presidente se establece el nombramiento de miembros
del servicio exterior (embajadores y otros). En el caso actual, existe un rol de
ratificación en el Senado. Con la propuesta, será suficiente la decisión del Organo
Ejecutivo.
La preocupación natural es que el servicio exterior se consolida como un espacio
de uso político y no de representatividad diplomática profesional.
Artículo 187
“Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato”
El voto para constituir poder es libre pero obligatorio. Todo ciudadano esta
obligado a concurrir a las urnas. En el caso del referendo revocatorio, no se
establece similar obligatoriedad. Esto puede derivar en que se creen condiciones
adversas para la asistencia y participación de la ciudadanía, desde el propio
Estado, de modo que la ciudadanía se vea desmotivada o impedida para asistir a
emitir su voto. Se crea un incentivo para manipular la asistencia en la procura de
impedir un resultado que revoque el mandato. Esto puede pasar para cualquier
cargo electivo, desde el presidente hasta los alcaldes rurales y otros.
Artículo 189
La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de
igual jerarquía. (ver comentario al Art. 200)
Artículo 192
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo (Actual Corte Suprema de
Justicia) serán elegidas mediante sufragio universal al igual que los miembros del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Siendo que son elegidos mediante votos, también están sujetos a referendo
revocatorio, con una convocatoria a referendo que se perfecciona con el 20% del
padrón electoral específico para cada caso.
Ante un escenario de administración de justicia ordinaria y en particular
constitucional, que sea adverso a un determinado grupo, lo propuesto abre la
posibilidad para que con el 20% del padrón se convoque a un referendo revocatorio
de las autoridades del máximo órgano de administración de justicia. Es decir, se
incorpora un componente de inestabilidad institucional que incidirá en la calidad de
los fallos judiciales. En concreto, la propuesta abre el espacio para
constitucionalizar la presión de las calles sobre los órganos judiciales.
Por otra parte, al establecerse un régimen electoral para los cargos de mayor
jerarquía en el Poder Judicial, se induce e impulsa expresamente a que los
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13. candidatos a estos cargos técnicos sean promocionados por partidos políticos y
organizaciones con visiones políticas. Este tipo de resultado, denominado a veces
“cuoteo político”, es paradójicamente el que se ha venido cuestionando a lo largo
de los últimos años.
Artículos 200 y 201
La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones
jurídicas, así como actos y hechos que vulneren los bienes jurídicos realizados por
cualquier persona dentro el ámbito territorial indígena originario campesina. La
jurisdicción indígena originario campesina decidirá en forma definitiva, sus
decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria y ejecutará sus
resoluciones en forma directa.
El problema con lo señalado surge a partir del origen del derecho y la justicia en el
ámbito originario. En ese ámbito no existen normas estables ni escritas, responde a
usos y costumbres como también la discrecionalidad y la arbitrariedad. No existen
garantías y el resguardo al debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción
de inocencia y la obligación de la carga de la prueba en la parte acusadora. En la
práctica, al amparo de este tipo de justicia se han cometido delitos extremos en los
últimos años.
A manera de ejemplo, se puede pensar en una circunstancia en la que una persona
del área urbana se ve ante un problema como un accidente de tránsito en el que
fallece un originario. Ante esa circunstancia, no existen diferenciaciones de
tipificación de hecho antijurídico, lo que puede conducir a que sea acusado de
homicidio o asesinato, enfrentando la pena que en ese momento se le imponga, sin
derecho a apelación ante ninguna instancia.
Al respecto, se puede interpretar que el Artículo 255, que otorga calidad de supra
constitucional a los acuerdos y tratados en materia de derechos humanos, limita los
excesos discutidos. Es decir, de acuerdo a estos tratados, se reconocen el derecho
al debido proceso, la presunción de inocencia y otros. Sin embargo, este tipo de
protección requeriría una acción interpretativa y no es explícita en la propuesta de
Constitución.
Artículo 206
El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistrados que
hayan ejercido su profesión en el marco de la jurisdicción ordinaria y Magistrados
que hayan pertenecido a la jurisdicción indígena originario campesina, en número
igual de miembros…
La propuesta incorpora a personas posiblemente reconocidas en el ejercicio de la
Justicia Comunitaria. Sin embargo, esa experiencia resulta a todas luces
insuficiente para desempeñar un cargo donde se requiere formación en doctrina,
procedimientos y diversas especialidades del derecho - en particular derecho
constitucional. La adecuada administración de justicia al más alto nivel requiere
mucho más que voluntarismo y sentido común. Se requiere un profundo
conocimiento del derecho, la jurisprudencia nacional e internacional.
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14. Lo propuesto es equivalente a pensar que los antiguos corregidores, que podían
haber sido probos, honestos y reconocidos en sus provincias y pueblos, puedan
llegar a ser magistrados de la corte suprema de justicia, sin saber nada de derecho.
La norma en el mundo establece que ningún ciudadano puede ejercer la profesión
de abogado sin tener estudios y títulos de acreditación. Entonces, ¿como se puede
disponer que para ser parte del Organo Máximo de Justicia del País no se requiera
ser abogado y tampoco tener experiencia suficiente en derecho?
Artículo 266
Se establece que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios
pacíficos, y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituirán
objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
Esta definición constitucional elimina toda posibilidad de establecer un acuerdo
que no implique la soberanía. Es decir, al fijarse esta posición maximalista se
descarta toda posibilidad de un acuerdo con la posibilidad de acceder con plena
capacidad administrativa por periodos de tiempo determinados.
Artículo 277
Además de las autonomías departamentales, se establece la autonomía Regional.
Es decir, se reconoce la existencia de Departamentos y Regiones.
Se dice que la Región se constituirá por voluntad democrática de la ciudadanía y
por la unión de municipios, de provincias o territorios indígena originarios con
continuidad geográfica. Es decir, a partir de la fusión de esas instancias se
establecen las Regiones.
Queda claro en el texto que las Regiones son totalmente autónomas. En tal sentido,
siendo que los municipios, territorios indígenas y provincias están necesariamente
dentro algún departamento, es natural que dentro uno o mas departamentos surjan
Regiones que serán autónomas e independientes de los gobiernos
departamentales.
Con lo señalado, se establece un escenario en el que es posible que surjan
Regiones autónomas dentro departamentos. En consecuencia, las autoridades
departamentales no tendrán competencias en parte o la totalidad de su territorio (en
el extremo posible de la hipótesis que se crean Regiones que cubren el territorio
departamental). Al final, se vulnera el orden de las autonomías departamentales,
dado que eventualmente el departamento puede tener muchas regiones donde no
tendrá competencia de ninguna naturaleza.
Artículo 298
Se establece un listado de lo que denominan competencias privativas del Estado
Plurinacional Central. Si bien existen criterios indiscutibles por los cuales no se
puede delegar competencias propias de un estado unitario, poner un listado amplio
de competencias y añadir la cláusula que establece que cualquier otra competencia
13

15. no incluida corresponde al Estado Central es un exceso y devela un escenario
centralista.
De acuerdo al desarrollo de la institucionalidad y en el tiempo, este tipo de
propuesta puede conducir a situaciones insalvables y dificultades para la actual y
futuras administraciones gubernamentales. Como ejemplo se puede señalar el
inciso 6 en el que se dice que es atribución privativa del Estado central la
planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad o igualdad de
oportunidad para hombres y mujeres. Esto impide que los gobiernos sub
nacionales puedan asumir iniciativas en el ámbito de su territorio para crear
condiciones de mayor equidad con sus propios recursos. En los hechos, ya se han
venido gestionando mejoras en salud, educación y otros ámbitos, en los municipios
y departamentos que han contado con recursos para el efecto. Se han diseñado
transferencias condicionadas como bonos para incentivar la escolaridad y otros.
Todo esto quedaría afectado por una disposición que impide que se puedan tomar
iniciativas en esa dirección. En definitiva, lo propuesto desemboca en un escenario
en el que las autonomías no significan ninguna oportunidad de mejora en las
condiciones de desarrollo y calidad de vida en esos niveles.
Se ha eliminado el alcance de lo que establece la actual CPE en relación a las
rentas. Actualmente, el artículo 146 de la CPE reconoce las rentas nacionales,
departamentales y municipales, las que se invierten independientemente por sus
tesoros conforme a sus respectivos presupuestos. Al quitar esto se produce un
retroceso en el proceso de transferencia de competencias y autonomías.
Artículo 308
Todas las formas de organización económica (estatal, privada, comunitaria) tienen
la obligación de generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las
desigualdades y a la erradicación de la pobreza.
El fin central de la actividad económica privada es lograr beneficio y retribuir la
inversión de sus accionistas mediante adecuados retornos al capital. En el camino,
las empresas generan empleo y otros beneficios sociales como el pago de
impuestos, la generación de divisas y otros. Sin embargo, no es el objetivo central
de las empresas asumir roles propiamente estatales como reducir la pobreza y
lograr mayor equidad.
Con lo propuesto se desconoce el derecho y objetivo fundamental de quien invierte
en el desarrollo empresarial. Por lo tanto, el mensaje adverso para los
inversionistas locales y externos se convierte en el factor central por el cual no se
producirán nuevas inversiones.
Artículo 313
Se prohíbe el monopolio y oligopolio privado y toda otra forma de asociación que
pretenda el control y exclusividad en la producción y comercialización de bienes y
servicios.
14

16. Lo que se debe evitar es la conducta de monopolio y no así la situación de pocos
oferentes en el mercado. Producto de muchas circunstancias, puede presentarse
una situación accidental en la que el único oferente es resultado de un proceso de
quiebra de la competencia. Es el caso de las líneas aéreas que en el pasado
reciente dejaron a un solo operador importante, sin que éste hubiera tomado
acciones para lograr esta condición de singularidad. En tales casos, al prohibirse el
monopolio se produciría un escenario en el que no habría ningún oferente.
La regulación de la conducta monopolica debe extenderse a toda empresa pública
que opera con servicios básicos y bienes de primera necesidad. Este alcance no
esta contemplado en el texto de Constitución.
Artículo 318
La inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera
Lo señalado rompe con principios internacionales de no discriminación por el
origen de la inversión, aspecto que es central para la competencia por la inversión
extranjera. Se rompe el principio de nación mas favorecida en la materia. Con todo
ello se crea un escenario adverso a la capacidad de atraer capital externo.
Artículo 320
Se dice que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido
autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa. Con base a
lo señalado, la emisión de bonos y títulos de deuda en general, inclusive para el
mercado interno, deberían ser autorizadas expresamente cada una, para tener la
garantía soberana. Al presente, el Congreso autoriza la emisión global de deuda,
mediante la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Es decir, se
aprueban techos de endeudamiento adicional.
Con lo señalado, cada emisión debería pasar por la Asamblea. Cabe señalar que de
manera diaria se colocan papeles y por lo tanto, resultaría operativamente complejo
cumplir con lo que se propone. Por otra parte, el sector privado dejaría de invertir
en títulos estatales sin garantía soberana. Finalmente, existen condiciones
transitorias de excedente de liquidez que no coincidirán necesariamente con los
plazos de aprobación de las emisiones por parte de la Asamblea.
Artículo 321
Se dice que la política fiscal se basa en un conjunto de principios que detalla el
texto. Sin embargo, se olvida el principal que tiene que ver con el balance fiscal
intertemporal. Esto significa que en el tiempo, el equilibrio fiscal debe ser
precautelado a efectos de evitar situaciones de crisis fiscal que han sido frecuentes
en la historia nacional. El balance intertemporal significa que si bien se puede
financiar déficit en ciertos periodos, en el promedio debe existir también superávit
para compensar y llegar al balance. Los ingresos corrientes deben lograr ser
suficientes, en el tiempo, para cubrir el gasto corriente.
Artículo 324
15

17. Se señala que el Estado a través del Organo Ejecutivo determinará los objetivos de
la política monetaria y cambiaria del país. Este es otro retroceso, puesto que en la
normativa actual se asigna esta competencia a una entidad independiente que es el
BCB. Por otra parte, en la redacción propuesta se excluye un componente central
del balance monetario que es la definición de políticas y la gestión de las Reservas
Internacionales.
Artículo 326
Se establece que el BCB no podrá realizar préstamos a ninguna entidad, ni siquiera
pública. Lo propuesto es un exceso en relación al Tesoro General de la Nación. En
la experiencia nacional, se han presentado periodos de abuso en los que el Poder
Ejecutivo ha expandido el crédito interno neto acudiendo al BCB y a la emisión
monetaria (caso de la hiperinflación). Sin embargo, virar al otro extremo es un
despropósito en la medida que, bajo un régimen de independencia del BCB y bajo
un programa monetario-financiero, el TGN debería poder acceder a créditos de
liquidez de corto plazo, que no comprometan la estabilidad macroeconómica.
Lo que se propone es altamente riesgoso en la medida que se pueden presentar
muchas circunstancias en las que, por falta de liquidez, se dejaría al Estado sin
recursos para su funcionamiento. Quedarían maestros impagos, policía impaga y
otros sectores que podrían crear las condiciones para inestabilidad de un gobierno
legalmente constituido.
Artículo 328
El Estado regulará el sistema financiero, con criterios de igualdad de
oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.
El principio mundial de regulación financiera es la prudencia y la adecuada gestión
de riesgos. Con lo señalado, se abre la puerta para establecer cupos mínimos de
cartera por sectores económicos, tasas de interés diferenciadas para establecer
subvenciones cruzadas, igualdad en el acceso al crédito sin tomar en cuenta
criterios de elegibilidad de capacidad de pago y garantías. En definitiva se imponen
principios totalmente distantes y ajenos a la gestión de la intermediación financiera.
Lo propuesto abre el espacio para la intervención en el sistema financiero y ello
representa su debilitamiento en su rol de intermediador de recursos con
responsabilidad sobre sus resultados.
Artículo 331
Se señala que las instancias llamadas por ley podrán conocer todas las
operaciones financieras de las que se presuma responden a la comisión de delitos
y que estén en el marco de las acciones de investigación de fortunas. Para el efecto,
NO será necesaria autorización de un juez. Es decir, no es necesario que exista un
proceso en curso ni la participación de una autoridad competente del ámbito
judicial. Así, tampoco será necesario que exista una denuncia formal ante los
tribunales competentes, ni proceso alguno.
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18. El impacto de lo señalado responde a los anuncios de levantar el secreto bancario y
el efecto directo será un fuerte desincentivo al ahorro.
Artículo 349
Se define como recursos naturales a:
Minerales en todos sus estados, Hidrocarburos, Agua, Aire, Suelo y Subsuelo,
Bosques, Biodiversidad, Espectro Electromagnético, y todos los elementos y
fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
Luego, se dice que las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán
impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de recursos naturales y
tales pagos no serán reembolsables. No se hace diferenciación entre recursos
naturales renovables y no renovables. Cuando se trata de no renovables hacen
sentido las regalías puesto que compensan por el carácter no renovable. Sin
embargo, establecer regalías a los renovables es un exceso.
Este esquema establece impuestos nuevos a varios sectores productivos. Para
poner un ejemplo, la producción de agua para consumo humano (bebible), filtrada,
ionizada o similar, pagaría una regalía o un impuesto adicional a lo que establece la
norma tributaria actual (Ley 843). Lo propio en la elaboración de bebidas, gaseosas
y cerveza y toda otra actividad que emplee agua en el proceso productivo.
Las empresas hidroeléctricas estarán sujetas a este pago, mismo que es adicional.
La generación de energía eólica igualmente estaría sujeta a este pago.
Artículo 407
Se dice que la aplicación de normas jurídicas se somete a la siguiente jerarquía:
Constitución
Leyes y tratados internacionales
Decretos supremos y reglamentarios
Disposiciones departamentales, regionales y municipales
Normas de carácter administrativo.
Lo señalado implica un problema importante. Cuando una autonomía defina
mediante una norma a su alcance sobre un tema sobre el cual tiene atribución y con
efecto sobre su territorio, se podría producir que se impone otra norma “superior”
que puede ser un decreto del gobierno central que cambia lo señalado, sin que
exista posibilidad de que la disposición inicial se mantenga. Así, las autonomías no
tienen verdaderamente capacidad normativa en las atribuciones que son de su
competencia.
En rigor, cuando se delega la capacidad normativa sobre una materia a una
autonomía, no debería existir capacidad de vulnerar esa competencia a partir de
otra norma. Entonces, con esto se termina de liquidar los regimenes autonómicos.
Como ejemplo, si un municipio define normas de circulación y establece que una
calle se circula en un sentido (por ejemplo con Resolución de Concejo Municipal)
17

19. con un Decreto Supremo se puede revertir ese tipo de decisión. Entonces, se
vulnera la capacidad normativa en el campo de las atribuciones de las autonomías.
Artículo 408
En el inciso segundo, este artículo dispone que la reforma parcial de la constitución
podrá realizarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del
electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma
constitucional aprobada por mayoría absoluta. Se dice que hará falta una
ratificación mediante referendo.
Este es posiblemente uno de los artículos más nocivos en la medida que solamente
hará falta el 50% mas uno para cambiar la constitución de manera parcial. Lo que
esto genera es la mayor inestabilidad en el marco constitucional, puesto que podrá
ser cambiado, por la Asamblea Legislativa, con solo la mitad mas uno de sus votos.
Es decir, el cambio de la Constitución tendrá menos exigencia que muchas leyes
actuales en las que se requiere al menos 2/3 de los votos de los presentes o 2/3 de
los votos de los miembros del Congreso.
Es decir, será muy sencillo cambiar la Constitución y más aún cuando se tengan
mayorías transitorias. Siendo así, se llega al absurdo que no hará falta tramitar
leyes y construir consensos para gobernar. En los hechos se podrá gobernar
cambiando la constitución las veces que esa mayoría considere pertinente a sus
intereses, todo dentro de un mismo periodo constitucional de gobierno.
El contraste con la actual disposición es importante. La actual carta magna dispone
que se puede cambiar parcialmente la CPE, previa consideración y aprobación de
una Ley Especial de Necesidades de Modificación (por dos tercios). Esta ley de
necesidades se debe aprobar en un periodo constitucional para ser ratificado en
una Ley Expresa en el siguiente periodo constitucional (por dos tercios de votos).
Es decir, se genera un mecanismo adecuado para que no exista el incentivo para
que el gobierno adecue la CPE a su medida. Siendo que no existe reelección
consecutiva, ningún cambio puede beneficiar al gobierno proponente
inmediatamente.
A partir de lo propuesto se abre un periodo de inestabilidad constitucional que hará
totalmente impredecible marco legal del país en su conjunto.
18

20. II. COMENTARIO GENERAL
Primero
Tal como se ha reflejado en la sección previa, la propuesta de constitución tiene
innumerables excesos y deficiencias que son inaceptables desde el punto de vista
conceptual y técnico. Adicionalmente, existen importantes componentes de
vulneración de la legitimidad y la legalidad.
Conceptualmente, cabe señalar que existen dos tipos de gobierno que se pueden
diferenciar a partir de un escenario de democracia y, en contraste, a partir de un
escenario de totalitarismo, que puede tomar diversas formas, desde una monarquía
hasta la dictadura.
El término Democracia proviene de los vocablos griegos “demos” que significa
gente y “kratos” que significa autoridad o poder. Es decir, la democracia se
conforma como el gobierno de la gente o el gobierno del pueblo. ¿Como se refleja
esta voluntad popular? A través de la competencia legislativa. Es decir, se instaura
el gobierno de las leyes. El gobierno de la Ley quiere decir que ésta, promulgada de
manera adecuada, es de carácter obligatorio para todos. Nadie esta por encima de
la Ley, ni el propio mandatario, ni el gobierno.
En contraste, en un escenario totalitarista, se establece el gobierno del hombre. Por
ejemplo, la palabra del monarca es la Ley o la palabra y la decisión del dictador o
del gobernante totalitario es definitiva. En tal caso, el pueblo queda sometido a la
decisión del gobernante sin derecho a réplica.
¿Como se instrumentaliza un escenario de gobierno democrático?
La Constitución Política del Estado es el instrumento que establece los cimientos
de la democracia. Es un pacto social, por el cual la mayor parte de la población, en
el marco de la amplitud y la pluralidad, llega a un acuerdo esencial respecto a la
forma de gobierno, la relación con éste y los derechos y deberes de los miembros
de la sociedad.
A partir de lo señalado, conceptualmente la Constitución también se constituye en
el instrumento que limita los potenciales excesos del gobernante sobre los
ciudadanos. Es un mecanismo de regulación del poder y de protección de las
personas. Precautela el cumplimiento de los derechos fundamentales. A diferencia
que en el totalitarismo, en la democracia existen garantías constitucionales y
derechos que ningún gobernante puede vulnerar. En democracia, el gobernante es
el primero en someterse a la Constitución y las Leyes. En tal sentido, se conforma
el gobierno de la Ley al cual todos, incluso el primer gobernante, queda sometido.
Es por ello, que el primer acto que realiza un nuevo gobernante es jurar el
cumplimiento de la Constitución y las Leyes de la República en el día de su
posicionamiento.
A partir de los conceptos señalados, se derivan dos cometarios inmediatos
respecto al contenido de la Constitución analizada y el proceso de aprobación en
grande de la misma:
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21. a) Cumplimiento del precepto de ser un pacto.
Una nueva constitución representa un nuevo pacto, un acuerdo y una voluntad
de someterse voluntariamente al gobierno de la Ley y al contenido de la
Constitución. Es un punto de encuentro y de síntesis de las aspiraciones de
cada segmento de la sociedad.
En las constituciones pactadas la primera idea que se tiene es el consenso.
Nadie las otorga en forma unilateral, ni tampoco las impone debido a que si son
impuestas y no se pactan carecerían de un marco de legitimidad. Estas
constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la
voluntad de dos o más agentes; por lo tanto, son contractuales y se dice que
parten de la teoría del pacto social.
Las constituciones pactadas o contractuales implican: primero, una mayor
evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas; segundo, en
las pactadas hay, una fuerte influencia de la teoría del pacto social; tercero, en
aquellas que son pactadas este pacto o consenso se debe dar entre diversos
agentes políticos.
Lo sucedido en el Liceo Militar de Sucre es lo más distante que existe respecto
de un pacto social. El proceso excluyó al menos a 110 asambleistas de
diferentes frentes políticos y agrupaciones ciudadanas. En el otro frente, solo el
MAS y algunos aliados menores llegaron a la aprobación en grande. Se conoce
que solo se aprobó un índice y que nunca se dio lectura a un texto. Como sea, el
punto central es que es imposible llegar a la conclusión que lo sucedido en
Sucre fue plural y representa un pacto social.
b) Cumplimiento del precepto de ser un instrumento de regulación y limitación
del poder del gobernante.
En la esencia de toda Constitución está servir de protección al individuo frente a
la amenaza potencial representada por los excesos de cualquier gobierno. Es lo
que en el derecho constitucional se conoce como el Principio de Limitación.
De la lectura del texto propuesto en su conjunto, es claro que la propuesta de
Constitución no limita los poderes del gobernante y no se conforma como una
herramienta de protección de la sociedad ante excesos del gobierno. Al
contrario, el texto abre posibilidades reales para que el gobernante pueda
acumular poder, para gradualmente migrar hacia un escenario de totalitarismo.
La posibilidad de que el Gobernante pueda cambiar la constitución con mayor
facilidad que una ley refleja este extremo y confirma que la propuesta es un
retroceso inmenso en esa línea.
Segundo
El criterio de otorgar condiciones de privilegio y de discriminación positiva a favor
de los pueblos indígenas originarios es transversal en toda la constitución
20

22. propuesta. En todos los frentes se establecen regímenes especiales,
procedimientos y concesiones particulares. En suma, expresamente se establecen
alcances de discriminación positiva, hecho que rompe el principio de igualdad de
todos los ciudadanos.
La solución propuesta en el texto, para resolver las deficiencias de exclusión
económica, política y social que han relegado a este importante segmento social,
implica convertir a los antes excluidos en ciudadanos de primera categoría, dejando
a toda la clase mestiza y media, junto al resto, como ciudadanos de segunda
categoría. Se busca remediar un problema de discriminación con una solución
también fundada en la discriminación.
En el extremo, cuando se establece primero que los recursos naturales son de
todos los ciudadanos y luego se señala que cuando se encuentren en territorio
indígena son sólo de estos grupos, se esta constitucionalizando el escenario en el
que éstos segmentos privilegiados estarán por encima del resto de los bolivianos.
En el Estado Social de Derecho, la igualdad se consolida como valor superior del
ordenamiento. En consecuencia, las diferencias que se incorporan
transversalmente representan un retroceso en la normativa.
Consideramos que este enfoque no representa una solución sostenible para crear
igualdad (si es que se pretende eso). En contraste, consideramos que se podía
haber trabajado en la línea de otorgarle al concepto de igualdad un significado
también material en la Constitución. Expresamente, se podría estipular que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para
conseguir que la igualdad sea real y efectiva. En definitiva, se trata de que, en el
Estado social y Democrático de Derecho, los poderes públicos promuevan los
medios necesarios para tender progresivamente a una igualdad de facto. Esto
último sería un salto cualitativo importante para pasar del mero enunciado a un
sendero de acción progresiva en búsqueda de la igualdad.
Comentario Final
Respecto a la legalidad se ha escuchado a varios analistas cuestionando la
realización de la sesión fuera del hemiciclo del Teatro Gran Mariscal de la ciudad de
Sucre. Se han presentado argumentos respecto a la vulneración del reglamento de
debates, cuando este se ha modificado sin convocar con una antelación de 72
horas para ese propósito. Se ha argumentado que se requería una publicación de
convocatoria al Pleno para modificar el reglamento, acto que debería cumplirse
previa publicación en un periódico de circulación nacional. Este requisito no fue
cumplido.
Un añadido con relación a la ilegalidad tiene que ver con el lugar donde se realizó la
sesión. En vez de convocarse a la plenaria en el hemiciclo del teatro Gran Mariscal,
se convocó en un Liceo Militar, en la zona de la Glorieta de esa ciudad.
Para analizar este aspecto se puede citar la disposición final segunda de la Ley
3728 de 4 de agosto de 2007, mediante la cual se extendió hasta el 14 de diciembre
el plazo para la Constituyente.
Dicha disposición establece:
21

23. “En caso de existir riesgos de agresiones o actos de violencia que pongan en
peligro la integridad física de los Constituyentes e impidan su libre acceso al
hemiciclo, la Presidencia en coordinación con los miembros de la Directiva
suspenderán la Sesión hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias
que garanticen el acceso de quienes se encuentran impedidos de ingresar a los
recintos de la Asamblea Constituyente”.
En el análisis, queda evidente que la norma previó que podrían presentarse
conflictos que impedirían la realización de sesiones en el hemiciclo del Teatro. Es
en respuesta a este tipo de eventos, que la Ley dispuso que, frente a ello, la única
decisión de la Presidencia y la Directiva debería ser la suspensión de la sesión.
En vulneración a lo establecido por esta Ley, la Presidencia y la Directiva, frente a la
posibilidad de conflictos, DECIDIÓ CONVOCAR A LA PLENARIA EN EL LICEO
MILITAR (un recinto diferente al hemiciclo del Teatro Gran Mariscal), cuando debió
proceder a suspender convocatorias, hasta que existan las condiciones de
seguridad necesarias, tal como explícitamente señala la ley.
22