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Crónica. situación pequeña minería en chocó. 1º informe.

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Crónica. situación pequeña minería en chocó. 1º informe.

  1. 1. Agencia de Información Laboral Los pequeños mineros del Chocó (1º informe) Protestan y rezan para que se les reconozca su derecho a trabajar —Crónica de Manuela Torres— Y dadle Oh! Señor a quienes nos gobiernan la diligencia, la sabiduría y el amor por sus semejantes, conduciendo sus decisiones con sentido de justicia y amor fraterno. Aléjalos del espíritu de soberbia y ambiciones desatadas por el demonio para que los pequeños y medianos mineros de su propia nación no seamos despojados ni burlados en nuestros derechos a un trabajo digno y responsable del que dependen nuestras familias. Cadena de Oración de los mineros del ChocóEl debate sobre la mineríaen Colombia estáencendido. La intención desuprimir los pequeños ymedianos entables mineros,que se da paralela al arribode las multinacionales alpaís para la explotación delos recursos naturales, haprovocado diferentesreacciones. Los ecologistasalertan sobre las prácticasirresponsables de la mineríacon el medio ambiente, lospequeños empresariosdefienden su derecho a lasoberanía territorial, al tiempo Panorámica de Condotoque el Estado los califica deilegales y dificulta su proceso de formalización, mientras que funcionarios delGobierno y los medios de comunicación abren puertas a las grandes empresasextranjeras para que exploten el territorio nacional.En ese contexto el Chocó, departamento minero por tradición (el 90% de losempleos en esta región se derivan de las prácticas mineras), se encuentraentre la espada y la pared. Su derecho a explotar y beneficiarse de las riquezas
  2. 2. de su subsuelo pende de un hilo, del cual sus habitantes están dispuestosaferrarse para decir “aquí estamos, este oro es nuestro”. Ellos, que de susancestros heredaron tanto las tierras como la práctica de extracción de losmateriales preciosos, piden que no les hurten su derecho a continuar con unatradición que hoy constituye su única manera de sobrevivir. No quieren ser lospeones de las grandes multinacionales, no quieren retroceder al esclavismo.Es que la historia de los chocoanos tiene la marca original de la presencia deesclavos traídos desde el África en los tiempo de la colonia española, quienespor las características de su raza fueron destinados exclusivamente a laextracción de materiales preciosos, que hoy representa la mayor, por no decirla única, fuente de ingresos para sus habitantes. De un aproximado de 400 milhabitantes en el departamento, 350 mil viven de esta actividad.De ahí que en lo corrido del 2012 los pequeños y medianos mineros del Chocóhan organizado dos movimientos de protesta que han paralizado toda laactividad, puesto que comerciantes, organizaciones sociales e incluso algunosempleados públicos han apoyado su causa. “Queremos que nos incluyan en elCódigo de Minas y por tanto en el Plan de Desarrollo Nacional”, dice ArielQuinto, presidente de Fedemichocó, una organización de segundo nivel querepresenta 350 entables mineros, principal promotora de los paros.“¿Ilegales? ¡La suya!”El conflicto armado colombiano, aparte de ocasionar desplazamiento forzado,muerte, miedo e intimidación, y de incrementar la desigualdad y la corrupción,también ha desprestigiado y “criminalizado” la práctica ancestral de la minería.El incremento del precio del oro en el mercado internacional desató una fiebreque mantiene vivo el conflicto en el país. En varios departamentos, entre ellosChocó, grupos guerrilleros y paramilitares vieron en el oro un gran mercadopara fortalecer sus empresas criminales. No sólo son dueños de maquinarias yentables mineros, sino que también extorsionan a los pequeños y medianosempresarios de la zona con el cobro de vacunas y el pago de secuestros.En el 2011 el presidente Juan Manuel Santos, aludiendo comunicacionesinterceptadas a las FARC que mostraban que la extracción de oro se habíaconvertido en fuente de financiamiento para el grupo, ideó una nueva estrategiaque incluía redadas en contra minas ilegales. Sin embargo en dichas redadaslos pequeños y medianos mineros informales (más no ilegales) también hansido arrestados y se les han destruido sus maquinarias al no poseer los títulosmineros. Es más, la estigmatización contra estos pequeños empresarios haprovocado que los bancos y los grandes almacenes les nieguen los créditos,porque son mineros y eso ya es sinónimo de ilegalidad.“¿Ilegales? ¡La suya!”, es el elocuente letrero que lleva en su camisa FedericoTaborda, representante legal de Asodracho (Asociación de Dragueros 1 del1 Draga es una embarcación utilizada para excavar material debajo del nivel del agua, y elevarel material extraído hasta la superficie. Las dragas usadas en el territorio chocoano sonartesanales y más pequeñas que las habituales.
  3. 3. Chocó). Este paisa, minero y líder reconocido en la región, refuta indignado lasacusaciones del gobierno, que los tilda de tener nexos con los grupos ilegales. Por su parte Ariel Quinto, ante las afirmaciones de los medios sobre el vínculo de grupos ilegales con las actividades mineras, alega que eso es algo que se da en casi todas las actividades productivas del país. “Hasta la política está permeada”, dice. Pero también sostiene que no todos los pequeños mineros son ilegales y que no son los monstruos que el Ministro de Minas y el Presidente Santos dicen que son.Federico Taborda “Queremos que en el diccionario del gobiernose borre la palabra ilegales, porque no nos define”, reitera.La lucha por la formalizaciónSe calcula que en Colombia el 44% de los municipios viven de la pequeña ymediana minería. Los pequeños empresarios, empleados y rebuscadores (secalculan 2 millones de personas) que sobreviven con esta actividad tradicional,tienen hoy como su principal opositor al mismo Estado, que a partir del CódigoMinero (Ley 685 2001) pasó a ser un facilitador y fiscalizador de la actividadminera empresarial, desapareciendo la clasificación de pequeño y medianominero. Así la minería se privatizó, provocando en 2004 la disolución de laEmpresa Nacional Minera (Minercol). Ahora el Estado sólo puede obtenerganancias mediante el cobro de regalías e impuestos a los privados.Sin embargo, en la Ley 141 de 1994 se inscribe el término “minería de hecho”2,que cobija a los mineros tradicionales, con larga trayectoria de explotación, enlas zonas con raíces históricas y culturales mineras. Dicha ley indica que elEstado tiene la responsabilidad de brindar un acompañamiento técnico,liderado por una organización ambiental, para hacer diagnósticos sobre lascondiciones en las minas artesanales, corregir sus anomalías y adaptarlas a loexigido por la ley; además de estudiar la posibilidad de crear formas asociativasde explotación. Esta ley no fue suficiente para que el proceso establecido en elCódigo Minero, denominado “legalización de minería de hecho”, diera losresultados esperados.3De tal suerte que el deseo por formalizarse se ha convertido en toda una luchapara los mineros tradicionales. En el 2010 se presentaron 19.629 solicitudes deformalización, pero debido a la incapacidad oficial de atenderlas se aprobarontres resoluciones (en 2011 y 2012) que suspendieron año y medio la ley queobligaba a dar trámite a dichos procesos. Para completar, el artículo 106 de la2 Ver más sobre la Minería de Hecho haciendo clic aquíhttp://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf3 En el 2007 de 3.600solicitadas, sólo el 1% obtuvieron el título minero según registros de laConfederaión Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol.
  4. 4. Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo prohibió el uso de equiposmecánicos en los entables que no poseyeran el título minero. Los caminosquedaron bloqueados para el pequeño minero, y comenzó la persecución.Las medidas del gobierno también han generado la quema de maquinariasusadas para la minería. Conalminercol (Confederación Nacional de Mineros deColombia) asegura que el ejército procedió sin ninguna orden judicial en variasocasiones, y que además perjudicó a mineros que el Ministerio de Minas sabíaque estaban en proceso de formalizarse. Mientras los otros sostienen quedichas maquinarias pertenecían a grupos ilegales. Tales medida trajeron como consecuencia acciones penales para judicializar la pequeña minería. “Somos tratados como si fuéramos delincuentes”, dice Tibaldo Mosquera, chocoano, minero. Este hombre, de 50 años de edad, ha sido sacado de su mina y llevado a la estación de policía esposado, con sus ropas rasgadas, botas empantanadas y el sudor aún en la frente. Lo arrestaron por tener un entable minero,Tibaldo Mosquera por trabajar en un terreno que es de sus padres, por sobrevivir de la única manera que sabehacerlo, pero sin un título otorgado por el Gobierno.Gran parte de estos mineros obtiene lo justo para sostener el entable (salarios,insumos, regalías, proveedores, vacunas) o cuentan con un déficit que a vecesparece imposible de superar. La suerte siempre es un factor que determinaéxito o el fracaso. “El oro ya no está por encimita, hay que cavar un huecohondo”, asegura Francisco Taborda, para sostener que para ellos y lo demáshabitantes sería imposible extraer los metales sin el uso de las maquinarias. La cuestión no es de dinero, según Ramiro Restrepo, presidente de Conalminercol. Dice haber reunido los recursos económicos y enviado las solicitudes para obtener los títulos y formalizarse, pero nunca ha obtenido una respuesta. El 80% de los mineros asociados, como Tibaldo, se han comprometido a tener todos los documentos en regla y tratar bien a sus trabajadores. Según él, cada empleado que trabaja en suRamiro Restrepo mina tiene seguridad social y un salario quemuchas veces triplica el mínimo legal. Y en cuanto a las condiciones deseguridad en el trabajo, Tibaldo agrega: “no hemos recibido ninguna asesoríadel Estado, solo persecución”.La indignación de estas agrupaciones mineras es aún mayor cuando deregalías se trata. En 2011 el Chocó aportó el 49% del total obtenido por ventade metales preciosos, es decir $ 77 mil millones. Al respecto Federico Taborda
  5. 5. pregunta por qué el Estado no considera ilegales dichas regalías. “Cuando lospequeño mineros aporta tal cantidad de dinero al Estado, quiere decir queocupamos un papel importante en la economía del país”, asegura.El Chocó para las multinacionalesDurante la cumbre Río+20 el presidente Santos declaró: "Sobre esas zonas yano puede cualquier persona llegar y reclamar un título minero", meta ésta quesegún el mandatario tiene como objetivo controlar la zona “para que no seconviertan en una feria de títulos donde hay corrupción, una pésimaadministración e irrespeto por el medio ambiente”.Lo anterior significó que el 83% del área minera del Chocó (de acuerdo conConalminercol) haya sido concedida al capital extranjero. Ese es el caso deAnglo Gold Ashanti, compañía que, según el portal La Silla Vacía, tiene cercade 180.000 hectáreas tituladas.Según Fedemichocó, a las grandes compañías como Gold Ashanti (propietariade Colombian Gold), Condoto Platino, Anglo American y Aluviones, conpresencia en los principales municipios mineros, se le han entregado más de200 mil hectáreas, y tienen en solicitud para contratos de concesiones minerasalrededor de 630 mil hectáreas más. Lo anterior agudizó el temor de loschocoanos, quienes a pesar de poseer una importante cantidad de tierra, nopueden decidir cómo aprovecharla.Los consejos comunitarios de algunos municipios del departamento, despuésde una proceso legal, defendieron un derecho concedido mediante la Ley 70 de1993, que plantea que las comunidades afrocolombianas e indígenas sontitulares colectivos de terrenos baldíos de su zona, los cuales el Estado está enobligación de conferirles para la práctica tradicionales de producción, con el finde asegurar condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto dela sociedad. Sin embargo, aunque tengan esos terrenos a su nombre, el Estadoles impide ejecutar allí prácticas tradicionales de producción. Ese es el caso delmunicipio de Condoto, una de las principales zonas mineras del Chocó, a lacual el gobierno le entregó 87 mil hectáreas bajo la administración del consejocomunitario, pero cuyo subsuelo continúa siendo propiedad de la nación.Milson Gabriel Hurtado, representante legal de dicho consejo (compuesto por2.650 familias), asegura que gran parte de los terrenos se destinarán a laminería, pero ante la incapacidad de adquirir los títulos mineros, puesto que nopueden acceder a créditos, planean hacer acuerdos con grandes compañías(colombianas y multinacionales) para explotar el terreno. “No se puedendescartar las multinacionales porque estamos en un mundo de intereses ytrabajar con ellas representa ganancias”, asegura.A esto se le suma que el Estado, por ser el único dueño del subsuelo, tiene lapotestad para contratar su explotación con cualquier persona natural o jurídica.Esto indica que las comunidades propietarias de los territorios sólo tendrán elpapel de arrendadores. En resumen, los condoteños deberán sentarse a vercómo otros extraen sus riquezas y se apropian la mayor ganancia.
  6. 6. A pesar de que la Ley 70 garantiza que los afrocolombianos e indígenas tienenel derecho a ser consultados sobre todos los proyectos de desarrollo quepudieran afectar el patrón de uso de sus tierras, los condoteños no tendránmás opción que escoger al que les dé aunque sea algo. Sobre este aspecto, elCentro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport, reportóque éstos casi nunca, o nunca, son consultados por los inversionistas encuanto al impacto potencial de los proyectos específicos que se llevan a caboen sus comunidades y tierras.Durante cientos de años loschocoanos practicaron laminería a la usanza de susantepasados con métodosartesanales, luegoingeniaron efectivosmecanismos rudimentarios,hasta que la migración dehabitantes desde el interiordel país (a quienes ellosllaman “paisas”), trajeron lasprimeras máquinas para laextracción de los metales enmayores cantidades.Los blancos siempre trabajaron conjuntamente con los campesinos, diceFederico Taborda. En un tiempo eran los “paisas” quienes más entables ymaquinarias poseían, ahora es por igual. Al Chocó también llegaron brasilerosen la década del noventa con sus dragas, una nueva tecnología, ajustada porellos, para la extracción de los metales, y que ahora también está siendo usadapor los chocoanos. La pregunta es entonces: ¿por qué ahora rechazanenérgicamente a las empresas extranjeras si a lo largo de los años anterioresallí ha llegado gran cantidad de personas con significantes proyectos mineros?A esta pregunta Germán Range, mecánico industrial que trabaja de la manocon los pequeños mineros, responde que las grandes empresas no creanmuchos empleos en la zona, pues trabajan con personal que traen de otroslugares. “Aquí no se veían cercas, pero empresas como Aluviones llegaron acerrar la zona, militarizarla y prohibir que cualquier persona se acerque amenos de 300 metros”, dice.Estas declaraciones, que coinciden con las de Tibaldo, Ariel y otros más,derrumban la promesa de inclusión y beneficios para la comunidad que traeríanlos nuevos megaproyectos¿Y qué hay de los impactos ambientales?Sobre este tema, el argumento del gobierno es que la pequeña minería crea undaño irreparable en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta,como lo es el Chocó, y que eso lo podrían minimizar las grandes empresas
  7. 7. mineras con su tecnología. Por otro lado, Ramiro Restrepo asegura quealgunos asociados a Conalminercol en el Bajo Cauca y Antioquia, handesarrollado métodos y programas de trabajo, modelos en el país, pararecuperar la capa vegetal con experiencias positivas.Lo claro de todo este confuso panorama, es que la prohibición de acceso a latecnología impartida por el Gobierno, y la pobre política de formalización queno trasciende la presión por adquirir un título y un registro, no da ningunagarantía para el desarrollo de la minería colombiana, ni para su responsabilidadsocial. Así, las esperanzas para estos pequeños mineros chocoanos queda en el compromiso que el Ministerio de Minas y Energías adquirió con ellos el pasado 1º de agosto, en el sentido de incluirlos en el Código Minero. Esperemos que no sea otra promesa incumplida, como sucedió con el pasado Acuerdo de Caucasia, firmado en 2011.

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