Dr. Federico D. Sedlacek

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Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación
Aspectos procesales.

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  • Activismo Judicial: La lucha de maestros como Morello y Peyrano, que pregonaron tantos años, y trabajaron tan duro para luchar por un activismo judicial, parece haberse condensado en la sanción del nuevo Código.
    Algunos abogados se han quejado que es «malo», que «no regula nada», que deja todo al arbitrio del juez. No podemos dejar de encorcetarnos en el pensamiento desimónico, aquel que luego de la revolución francesa le asignó al Poder Judicial –en su teoría dogmática de división de poderes-, un rol de espectador sobre la sociedad, llamado a intervenir cuando las libertades de los individuos ya se habían exacerbado demasiado – a veces causando perjuicios irreparables. El juez estaba era llamado a ver como las partes dirimían su contienda, sin inmiscuirse sobre las circunstancias particulares de cada contendiente.
    El principio de igualdad era entendido en su sentido más legalista, más dogmático, pues siendo todos iguales ante la ley, era suficiente entonces que el juez manifieste quien tenía razón en la disputa para asignarle la declaración de derechos a su favor.
    Sin embargo, el tiempo y la historia fueron mostrando que el principio de igualdad no bastaba, que no bastaba el principio de legalidad, cuando en su nombre se asesinaron millones de judíos en la segunda guerra mundial, y el mundo vió el horror que podía producirse en los Estados Nacionales (aquellos que habían surgido de las propias palabras de «igualdad, libertad y fraternidad» de la revolución francesa, y de la teoría de la división de poderes de Montesquie. Se dieron cuenta que la garantía de los derechos fundamentales, pasaba por otro lado, y que en esas circunstancias, el Poder Judicial tenía asignado un papel mucho más preponderante.
  • Activismo Judicial: La lucha de maestros como Morello y Peyrano, que pregonaron tantos años, y trabajaron tan duro para luchar por un activismo judicial, parece haberse condensado en la sanción del nuevo Código.
    Algunos abogados se han quejado que es «malo», que «no regula nada», que deja todo al arbitrio del juez. No podemos dejar de encorcetarnos en el pensamiento desimónico, aquel que luego de la revolución francesa le asignó al Poder Judicial –en su teoría dogmática de división de poderes-, un rol de espectador sobre la sociedad, llamado a intervenir cuando las libertades de los individuos ya se habían exacerbado demasiado – a veces causando perjuicios irreparables. El juez estaba era llamado a ver como las partes dirimían su contienda, sin inmiscuirse sobre las circunstancias particulares de cada contendiente.
    El principio de igualdad era entendido en su sentido más legalista, más dogmático, pues siendo todos iguales ante la ley, era suficiente entonces que el juez manifieste quien tenía razón en la disputa para asignarle la declaración de derechos a su favor.
    Sin embargo, el tiempo y la historia fueron mostrando que el principio de igualdad no bastaba, que no bastaba el principio de legalidad, cuando en su nombre se asesinaron millones de judíos en la segunda guerra mundial, y el mundo vió el horror que podía producirse en los Estados Nacionales (aquellos que habían surgido de las propias palabras de «igualdad, libertad y fraternidad» de la revolución francesa, y de la teoría de la división de poderes de Montesquie. Se dieron cuenta que la garantía de los derechos fundamentales, pasaba por otro lado, y que en esas circunstancias, el Poder Judicial tenía asignado un papel mucho más preponderante.
  • Activismo Judicial: La lucha de maestros como Morello y Peyrano, que pregonaron tantos años, y trabajaron tan duro para luchar por un activismo judicial, parece haberse condensado en la sanción del nuevo Código.
    Algunos abogados se han quejado que es «malo», que «no regula nada», que deja todo al arbitrio del juez. No podemos dejar de encorcetarnos en el pensamiento desimónico, aquel que luego de la revolución francesa le asignó al Poder Judicial –en su teoría dogmática de división de poderes-, un rol de espectador sobre la sociedad, llamado a intervenir cuando las libertades de los individuos ya se habían exacerbado demasiado – a veces causando perjuicios irreparables. El juez estaba era llamado a ver como las partes dirimían su contienda, sin inmiscuirse sobre las circunstancias particulares de cada contendiente.
    El principio de igualdad era entendido en su sentido más legalista, más dogmático, pues siendo todos iguales ante la ley, era suficiente entonces que el juez manifieste quien tenía razón en la disputa para asignarle la declaración de derechos a su favor.
    Sin embargo, el tiempo y la historia fueron mostrando que el principio de igualdad no bastaba, que no bastaba el principio de legalidad, cuando en su nombre se asesinaron millones de judíos en la segunda guerra mundial, y el mundo vió el horror que podía producirse en los Estados Nacionales (aquellos que habían surgido de las propias palabras de «igualdad, libertad y fraternidad» de la revolución francesa, y de la teoría de la división de poderes de Montesquie. Se dieron cuenta que la garantía de los derechos fundamentales, pasaba por otro lado, y que en esas circunstancias, el Poder Judicial tenía asignado un papel mucho más preponderante.
  • CSJN in re Sociedad Comercial del Plata S.A. y otros, 20/10/2009, LA LEY 2009-F, 321
    Las situaciones jurídicas abusivas son creadas por el entrelazamiento de un cúmulo de derechos guiados por una estrategia contraria a la buena fe, las buenas costumbres o los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlos.
    En las costumbres negociales que se utilizan actualmente, puede ocurrir que no se observe un uso disfuncional en cada uno de los derechos, pero ello aparece con claridad cuando se valora el contexto situacional que es creado por el autor para desnaturalizar, obstaculizar o impedir el ejercicio de la facultad de su contraparte
  • ARTICULO 20. — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar:
    a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;
    b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;
    c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
    ARTICULO 21. — La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (10) horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El juez en un plazo máximo de TRES (3) días corridos de notificado debe:
    a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
    b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y/o;
    c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
    El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.
    ARTICULO 22. — La persona internada involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento.
    ARTICULO 23. — El alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria, o voluntaria ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo, las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal.
    ARTICULO 24. — Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (30) días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación.
    Si transcurridos los primeros NOVENTA (90) días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.
    ARTICULO 25. — Transcurridos los primeros SIETE (7) días en el caso de internaciones involuntarias, el juez, dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.
  • Asegurar la eficacia de la sentencia con medidas cautelares?
    II. Embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es una especie de embargo preventivo, pero fundado en un título que lo exime de demostrar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. No requiere contracautela y además puede prescindirse del mismo, sustituirlo por la inhibición general de bienes e incluso puede ser dejado sin efecto durante el juicio. Es también una medida cautelar . Remisión: Arts. 452 y siguientes.
    III. Embargo ejecutorio. El embargo ejecutorio es el que se efectúa para la realización práctica de ciertas sentencias de condena. A diferencia del embargo preventivo y del embargo ejecutivo, que son voluntarios, éste es necesario. No requiere tampoco demostrar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, ya que la sentencia es la máxima certeza del derecho y no se está tomando la medida para asegurar su cumplimiento, como sucede con el embargo preventivo y aun el ejecutivo, sino para lograr su cumplimiento. De manera que el embargo ejecutorio no es una medida cautelar, sino un sistema cautelar con características propias, donde el bien embargado va a ser el que se realice para cumplir con la sentencia de condena
  • Dr. Federico D. Sedlacek

    1. 1. BARILOCHE 28 DE AGOSTO DE 2015
    2. 2.  Cuestiones previas esenciales  Lo procesal en el “fondo”  Núcleo: acción preventiva (sistemas cautelares), cuestiones probatorias y acción civil y penal
    3. 3.  Contexto de crisis del sistema de administración de justicia  Discrecionalidad Judicial  La jurisprudencia como fuente  El tiempo de la decisión justa: plazo razonable y eficacia (sustancial y procesal)  Las tutelas procesales diferenciadas  Teoría de los sistemas cautelares (típicos y atípicos) ACCIÓN PREVENTIVA?
    4. 4.  ACCIÓN PREVENTIVA  RELACIÓN ENTRE ACCIÓN CIVIL Y PENAL  PRESCRIPCIÓN: suspensión / interrupción  LEGITIMACIÓN PROCESAL: nuevas circunstancias por capacidad progresiva y ejercicio de las acción  HECHOS: apreciación sustancial y procesal  PRUEBA: puntos destacados - carga de la prueba
    5. 5. • Falta de inmediación entre el juez y las partes • delegación de funciones • Ausencia de concentración de sus distintas fases • escasa publicidad • predominio de la escritura como práctica habitual de los actos del proceso • bajo nivel de eficiencia: medido en términos de duración razonable, costo sustentable y capacidad para producir decisiones justas apoyadas tanto en un grado adecuado de veracidad de los hechos alegados por las partes como en su capacidad para aplicar el derecho NUEVO CCCN: ¿oportunidad procesal?
    6. 6.  Activismo judicial / Garantismo judicial  Responsabilidad política / institucional / social de los jueces.  Historia de la discrecionalidad norteamericana  Case Management Anglosajón (gestionamiento judicial de las causas)  La regulación del «caso» en base a «principios»: juicios de ponderación.  Nuevo rol del Poder Judicial: jueces y abogados  Argumentación y motivación: «decisión razonablemente fundada»
    7. 7.  Diálogo de fuentes en el CCCN : ¿juriprudencia?  Responsabilidad de los jueces por sus decisiones  Efecto vertical / horizontal  Situación asistemática con control de convencionalidad (Art. 1 CCCN)  «decisión razonablemente fundada»
    8. 8.  Como parte de la tutela judicial efectiva  Como resultado de criterios convencionales y constitucionales.  Como fundamento de las medidas cautelares típicas  Como fundamento de los sistemas cautelares atípicos  Nuevas figuras: › rechazo in limine de la contestación de demanda › Tutela anticipatoria por parte incontrovertida y abuso de defensa
    9. 9.  Derecho sustanciales fundamentales  Defensa de los más débiles  Juez con rol activo y temprano control del caso  Posibilidad de delimitar las cuestiones debatidas  Fijación plazos estrictos o flexibilización de los legalmente dispuestos  Planificación de pasos procesales subsiguientes  Limitación temporal la etapa probatoria
    10. 10.  Medidas cautelares típicas  Procesos urgentes en general  Medidas de tutela anticipada  Medidas autosatisfactivas  Tutela de urgencia  Tutela de evidencia ACCIÓN PREVENTIVA
    11. 11.  Competencia provincial (Art. 75, inc. 12° CN - Art. 121 CN)  CSJN “BERNABÉ CORREA” (1926) El Congreso: “prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar” Fundamento de validez: Finalidad de asegurar la eficacia o efectividad ("la existencia misma de los derechos” - "Bernabé Correa") de los institutos de fondo, a lo largo de toda la extensión territorial argentina.
    12. 12.  Medidas cautelares típicas  Procesos urgentes en general  Medidas de tutela anticipada  Medidas autosatisfactivas  Tutela de urgencia  Tutela de evidencia ACCIÓN PREVENTIVA
    13. 13.  Art. 10, 3ºer Párrafo: «El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización»  1º Supuesto: PREVENCIÓN:- autosatisfactiva? - tutela anticipada? - tutela inhibitoria?  2º Supuesto: REPOSICIÓN: - autosatisfactiva? - Cautelar INNOVATIVA  Indemnización: naturaleza jurídica? Procedimiento?
    14. 14. ANTEPROYECTO - ARTÍCULO 34.- Intervención del interesado en el proceso – 3ºer Párrafo: «Durante el proceso, el juez puede ordenar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales del interesados» - ARTÍCULO 39: «Medidas de protección. El juez debe adoptar medidas tendientes a la protección de la persona y a la recuperación de su salud; a este fin puede establecer redes de apoyo y designar personas que actúen con funciones específicas según sea la causa de la discapacidad mental»
    15. 15.  CCCN - ARTICULO 34.- «Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso.
    16. 16.  CODIGO CIVIL VIGENTE – 482, 2ºdo y 3ºer párr. Art. 482. No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.
    17. 17.  ARTICULO 41.- Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta Sección. En particular:  a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;  b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros;  c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada periódicamente;  d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica;  e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión.  Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones.
    18. 18.  ARTICULO 42.- Traslado dispuesto por autoridad pública. Evaluación e internación. La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato.  LEY Nº 26.657 SALUD MENTAL ARTICULO 21. — La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (10) horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20.
    19. 19. Afectaciones a la dignidad – Art. 52 «Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1»
    20. 20. Ausencia simple Art. 82.- Procedimiento, 3º párrafo: En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan.
    21. 21. TUTELA ESPECIAL (por designación judicial) ARTÍCULO 109.- Tutela especial. Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos: g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda. ARTÍCULO 118.- Responsabilidad. El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, por acción u omisión, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. El tutelado, cualquiera de sus parientes, o el Ministerio Público pueden solicitar judicialmente las providencias necesarias para remediarlo, sin perjuicio de que sean adoptadas de oficio. ARTÍCULO 135.- Causas de terminación de la tutela…En caso de muerte del tutor, el albacea, heredero o el otro tutor si lo hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela. En su caso, debe adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo. ARTÍCULO 137.- Suspensión provisoria. Durante la tramitación del proceso de remoción, el juez puede suspender al tutor y nombrar provisoriamente a otro.
    22. 22. Separación judicial de bienes e Indivisión postcomunitaria ARTICULO 479.- Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483. ARTICULO 483.- Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes: a) la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa es injustificada; b) su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia.
    23. 23.  ARTICULO 544.- Alimentos provisorios. Desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios.  ARTICULO 550.- Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. (¿Cautelares EJECUTORIAS?)  ARTICULO 553.- Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.  ARTICULO 557.- Medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenio homologado medidas razonables para asegurar su eficacia.
    24. 24.  ARTICULO 721.- Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente:…uso de la vivienda familiar…; establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda…; ordenar la entrega de los objetos de uso personal…; disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos…; alimentos a favor del cónyuge
    25. 25. ARTICULO 722.- Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares. La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración
    26. 26.  ARTICULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud;…” c) no agravar el daño, si ya se produjo. Codigo Vélez Nota Art. 1132: las medidas preventivas de los daños no eran de incumbencia del poder judic: "La admisión de una acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenace ruina están garantizados por la vigilancia de la policía y por el poder generalmente concedido a las municipalidades de ordenar la reparación o demolición de los edificios que amenacen ruina".
    27. 27.  ARTICULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.  Mandato preventivo: ejercicio oficioso de facultades judiciales para intentar aventar la posibilidad cierta de daños en ciernes descubierta por el magistrado con motivo de la sustanciación de un proceso civil
    28. 28.  Naturaleza jurídica pretensión  Procedimiento conocimiento conocimiento + cautelar urgente (autónomo)  Presupuesto de hecho: acción u omisión antijurídica (amenaza) que hace previsible: producción de daño (hecho futuro) continuación del daño (hecho presente) agravamiento del daño (hecho presente y futuro)
    29. 29.  Urgencia no necesariamente, excepto la acción de cese  Legitimado activo interés razonable acción popular? interés legítimo / simple?  Sentencia dar, hacer o no hacer PERJUICIO NO OCURRIO PERJUICIO OCURRIO CAUTELAR PROHIBICIÓN DE INNOVAR INNOVATIVA SUSTANCIAL PREVENTIVO OBLIGACIÓN DE NO HACER OBLIGACIÓN DE HACER
    30. 30.  Daño no ocurrió  Objeto (pretensión) evitar producción del daño  Sentencia de condena definitiva  Bilateralización del proceso  Dudas Puede ser inicia de oficio por el juez? Se encuentra el Juez dentro del deber dispuesto por el Art. 1710?  Urgencia MEDIDA CAUTELAR  Evidencia anticipo de mérito
    31. 31.  AUTONOMA ídem preventiva auténcia  DEPENDIENTE Incidental (sentencia ACCIÓN de conocimiento) REPARACIÓN DEL DAÑO Cautelar
    32. 32.  Prevención del daño o del ilícito?  Acción preventiva PURA - afectación libertad individual - Brasil, Alemania, sistema anglo-americ.  PRUEBA: hechos indiciarios, prueba de indicios, razonamiento presuntivo, presunción, decisión
    33. 33.  Principio: independencia de acciones y suspensión del dictado sentencia civil  Excepciones: - Causas de extinción acción penal - Frustración “efectiva” a ser indemnizado, por dilación del procedimiento penal - Fundabilidad acción civil en factor objetivo  Sentencia penal condenatoria / absolutoria Cosa juzgada existencia hecho y culpa / falta de participación  Sentencia sin responsabilidad penal Libertad en el proceso civil
    34. 34. SUSPENSIÓN Prescripción (Nuevo CCCN): ARTICULO 2541.- Suspensión por interpelación fehaciente. El curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. ARTICULO 2542.- Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes.
    35. 35. INTERRUPCIÓN Prescripción (Nuevo CCCN): ARTICULO 2546.- Interrupción por petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. ARTICULO 2547.- Duración de los efectos. Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal. La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia.
    36. 36.  ART. 2551Vías procesales. La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción.  ART. 2552.- Facultades judiciales. El juez no puede declarar de oficio la prescripción.  ART. 2553.- Oportunidad procesal para oponerla. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables a las partes, deben hacerlo en su primera presentación.
    37. 37.  Activa: Excepción de falta de personería / de capacidad en el actor?  Pasiva: capacidad para ser demandado por responsabilidad civil?  ARTICULO 24.- Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.
    38. 38. SECCION 2ª - Persona menor de edad  ARTICULO 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años.  ARTICULO 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. ….A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.
    39. 39.  ARTICULO 1772.- Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por: a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien; b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien. Ej. dudoso: titular registral automotor “…Se considera legitimado para demandar la reparación del perjuicio a quien invocó la calidad de propietario del automotor dañado al entender que, pese a no haber probado la calidad invocada, se encuentra en situación asimilable a la de propietario al haber demostrado su carácter animus domini y de usuario” (“IBARRA” – SCJBA)
    40. 40. USUARIO AUTOMOTOR: se lo releva de acreditar el pago, ya que si fuera condicionada la indemnización al previo pago se estaría en los hechos alterando la causa que legitima al actor, ya que no sería el ilícito sino el pago con subrogación” (“LAVALLE” – SCJBA)  ARTICULO 1773.- Acción contra el responsable directo e indirecto. El legitimado tiene derecho a interponer su acción, conjunta o separadamente, contra el responsable directo y el indirecto.  ARTICULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño.
    41. 41.  Código Civil (CC)  Art. 896. Los hechos de que se trata en esta parte del código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones.  Código Civil y Comercial (CCCN)  ARTICULO 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
    42. 42.  BÜLOW: «lo que los hechos son, se presupone como obvio. Todo lo que se encuentra en la realidad es un hecho. `De hecho´ y `en realidad´ son expresiones equivalentes. Más aún, se puede definir la realidad como la totalidad de los hechos. Pero si empleamos la expresión `en realidad´ en sentido fuerte, esto no es tan natural y conviene precisar el concepto de hecho con más detalle»  Noción habitual: el hecho es el «objeto» de la prueba y su finalidad fundamental. Es lo que «es probado» en el proceso
    43. 43.  Individualización de los hechos: a) A priori: imposible, descripciones infinitas de la realidad. b) En función del contexto que determina la descripción (proceso judicial): - LA DECISIÓN: la determinación del hecho se sitúa en el interior de la decisión judicial y que la prueba está dirigida a la determinación del hecho.
    44. 44. Acta notarial = CRÍTICA PROCESAL  ART. 310.- Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos.  ART. 311.- Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones:…”  ART. 312.- Valor probatorio. El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial.
    45. 45. Fecha cierta  CODIGO VÉLEZ - Art. 1.034. Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos.  CCCN - ARTICULO 317.- Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.
    46. 46. Capacidad progresiva?  EDAD CPCCN (Art. 426) 14 años  CCCN Persona 14 AÑOS Adolescente 13 años?  intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada  El paradigma de la capacidad progresiva ameritaría, según lo pensamos, desterrar de los Códigos Procesales los límites etáreos rígidos para declarar como testigo, y dejar la decisión del tema a resultas de lo que el juez considere, en la medida en que estime que la persona cuenta con la edad y grado de madurez suficiente para declarar.
    47. 47. CONTRATOS  ARTICULO 1019.- Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos.  ARTICULO 1020.- Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución.
    48. 48. CARGA DINAMICA  Art. 1734.— Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.  Art. 1735.— Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa.  Kemmelmajer de Carlucci: las cargas probatorias dinámicas en materia de responsabilidad civil son de aplicación inmediata.
    49. 49. CARGA COMÚN  Art. 1736.— Prueba de la relación de causalidad. La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.  Art. 1744.— Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.
    50. 50. Federico D. Sedlacek Universidad Nacional del Litoral fsedlacek@hotmail.com unl.academia.edu/FedeSedlacek

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