CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES.

                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discusió...
Una buena parte del debate sobre este nuevo paradigma se concentra aún en dos
temas: el primero, la conveniencia de aplica...
La política de crecimiento productivo en los países en desarrollo está condenada a
priorizar su accionar, a generar bienes...
El gobierno del Presidente Rafael Correa, en su Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)
2009-2013, plantea como reto la constr...
consumo sustentables, la matriz energética, la reforma educativa y salud
fundamentales para el desarrollo del talento huma...
2. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación
      activa de bloques económicos y políti...
estratégicos para el Estado, las regulaciones actuales no dejan espacio a establecer
mecanismos de incentivos de acorde a ...
contrato debería concebirse como una herramienta inicial para fomento de la inversión,
sin perjuicio de la obtención de lo...
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES

                   DEL ÁMBITO Y OBJETIVOS DE ESTE CÓDIGO
Art. 1....
LIBRO I

    DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LAS INVERSIONES

                                    CAPITULO I
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g) La adquisición de los bienes inmuebles y muebles, tales como plantas industriales,
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DE LAS DERECHOS Y GARANTIAS

Art. 9.- Libre Competencia.- Se garantiza un régimen de libre competencia que
comprenderá:

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reglamento el encargado de implementarlos, dentro del plazo que se establezca en la
Resolución que se aprobó el acceso a l...
regulará el mercado de permisos de descarga o derechos de contaminación, con sus
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Los beneficiarios con el acceso a los incentivos tributarios deberán cumplir con las
formalidades establecidas por la Admi...
Art. 22.- La revocatoria prevista en este capítulo será dispuesta por la autoridad
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El acogerse a la suscripción de un contrato de inversión excluye cualquier beneficio
previsto en otros instrumentos de pro...
Art. 31.- El Estado podrá delegar, a la iniciativa privada y a la economía popular y
solidaria, las inversiones en los sec...
requisitos y del procedimiento que se contemplará en el reglamento a esta ley. Este
tratamiento no se extiende a las tasas...
CAPITULO VII

 DE LA DEMOCRATIZACION DE LA PROPIEDAD Y DE LOS INCENTIVOS A LA
              APERTURA DEL CAPITAL DE EMPRES...
empresas ser más eficientes y atractivas, tanto en el mercado nacional como en
       el internacional; e,
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              accionistas, ninguno de ellos posea m...
CAPITULO VIII

                        Zonas Especiales de Desarrollo Económico

       Del Objeto y Constitución de las Z...
Art. 47.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas
geográficas delimitadas del territorio nacio...
indicadas, siempre que se justifique que la variedad de actividades responde a la
facilitación de encadenamientos producti...
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Art. 53.- La constitución de una zona especial de desarrollo económico podrá solicitarse
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e) Proveer a la Autoridad Aduanera, en la zona concesionada, las instalaciones
      necesarias para el eficaz cumplimient...
Los operadores deberán informar mensualmente al administrador, de la entrada, uso y
salida de todos los bienes e insumos a...
presente Ley y su Reglamento de aplicación, dependiendo de la gravedad de cada
caso, con:

   a) Amonestación por escrito;...
gozarán de exoneración de todo impuesto vigente relativos a regalías sobre
       patentes y pagos derivados de contratos ...
Art. 72.- Los bienes de capital de origen extranjero utilizados en una zona autorizada,
para efectos de su nacionalización...
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Código de la Producción es un instrumento jurídico que va a operar la Agenda de Transformación Productiva, el Código es un conjunto de leyes

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  1. 1. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La discusión sobre el rol del estado en el fomento productivo y el rol de la política industrial, comienza a adquirir mayor preponderancia en la década pasada, ante el fracaso de las políticas minimalistas del Estado y del conjunto de políticas denominada del Consenso de Washington. La reciente crisis financiera global capitalista ha obligado a múltiples cuestionamientos sobre los límites del mercado y de la auto-regulación, profundizando el debate ya existente sobre las llamadas políticas “selectivas”, “industriales” o “sectoriales”; que son aquellas que deliberadamente fomentan ciertos sectores, ignorando las señales del mercado, usualmente –no siempre- para mejorar su eficiencia y promover incrementos de productividad. En el debate sobre las nuevas formas de hacer política industrial en América Latina se ha recurrido, en forma frecuente, a comparar paradigmas de desarrollo de países emergentes en Asia, de países europeos de menor desarrollo o de algunos países latinoamericanos que han probado ser exitosos, a pesar de los efectos limitantes de las reformas de los años noventa. Las experiencias exitosas de desarrollo de países asiáticos, europeos y latinoamericanos, arrojan importantes lecciones que deben ser sistematizadas para orientar el desarrollo productivo de nuestro país; así se podría establecer las siguientes: i) Las políticas sustitutivas de importaciones, y por ende de protección de la producción local se han mantenido solo por un tiempo determinado y nunca dejaron de estar acompañadas de políticas de mejora de productividad y promoción de exportaciones industriales y de servicios; ii) Las medidas tradicionales de política industrial, verticales y selectivas, han estado condicionadas a determinadas metas e indicadores de eficiencia productiva y de capacitación de la mano de obra, y, muy vinculadas a utilizar en forma creciente el factor de la innovación tecnológica; iii) Las políticas de competitividad sistémica, la calidad de la infraestructura, los servicios básicos y una mayor institucionalización de las reglas del juego de la competencia, como la de regulación de los mercados, son condiciones indispensables para el éxito de políticas de desarrollo productivo o de fomento industrial; iv) Un crecimiento económico sostenido no solamente puede ser el resultado de mayor valor agregado industrial, sino de una diversificación optima de otros sectores productivos con alto contenido tecnológico; v) En forma creciente se comprueba que las políticas de desarrollo productivo exitosas ya no derivan de medidas de políticas unilaterales o únicas del Estado, o de la entrega de paquetes económicos al sector privado por parte del sector público, sino de instancias de consenso público-privado como un medio de provocar mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de estas políticas. Y estas instancias de diálogo tienen también que darse no sólo a nivel nacional sino regional y local. 1
  2. 2. Una buena parte del debate sobre este nuevo paradigma se concentra aún en dos temas: el primero, la conveniencia de aplicar políticas industriales ante la potencial captura de grupos de interés, dado que la experiencia latinoamericana de sustitución de importaciones fue intermitente, poco estratégica y plagada de capturas; y el segundo, el límite para su accionar, es decir que si estas políticas sólo se deben centrar en la generación de bienes públicos faltantes por fallas de mercado, o si incluso deberían proveer en ciertos casos bienes considerados como privados. Por otro lado, una de las críticas a las políticas horizontales implementadas, ha sido que las mismas han estado orientadas casi exclusivamente a la atracción de la inversión extranjera y a la promoción de las exportaciones no tradicionales, sin que estas políticas hayan cerrado las brechas estructurales de productividad entre actores heterogéneos como las micro y pequeñas unidades productivas y entre sectores. De una revisión reciente de la literatura sobre transformación productiva, mirada como la migración de un portafolio de productos con poco valor agregado a uno de mayor sofisticación, se establece que es imperativo la producción de bienes públicos muy específicos, sectoriales, para generar la transición. La institucionalidad de este nuevo enfoque de política industrial es muy relevante a la hora de abordar las fallas de mercado con intervenciones estatales, para sentar las bases y condiciones necesarias para la diversificación productiva, industrial y de servicios. Ahora el Estado no diseña aisladamente estas intervenciones, en primer lugar, porque el Estado maneja menos información que el sector privado sobre los obstáculos y fallas de mercado que impiden el desarrollo de productos nuevos, y en segundo, porque los actores productivos tienen que tener claros incentivos para generar la transformación productiva deseada. En consecuencia, las decisiones de políticas deben necesariamente realizarse en forma conjunta y a partir del serio trabajo del Estado con el sector privado. Un factor clave para el éxito de estas políticas es el establecimiento de claros indicadores de mejora de productividad y generación de empleo, los que tienen que ser monitoreados de manera transparente. Por lo tanto, la institucionalidad de esta nueva forma de hacer política industrial debería asegurar coordinación y monitoreo constante del proceso de tomas de decisiones, de políticas conjuntas entre sector público y privado, un apoyo al mas alto nivel posible de gobierno a este proceso, y creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas constante de las políticas adoptadas. Hay claros consensos en que la nueva agenda industrial para los países en desarrollo debe contemplar dos aspectos importantes. El primero es la provisión sustentable de bienes públicos para el sector productivo, que fomenten la innovación tecnológica, el manejo sustentable del recurso natural, la capacitación de los recursos humanos para la innovación, en proveer más y mejor infraestructura física, etc.; orientadas todas ellas a una mayor productividad y capacidad tecnológica de las empresas. El segundo aspecto tiene relación con la efectividad de estos bienes públicos para generar desarrollo y con la necesidad de contar con buenas instituciones para gerenciar estos bienes y lograr los resultados ya mencionados. Así, una nueva modalidad de la política industrial en América Latina resulta de la combinación de bienes públicos sustentables e innovadores para el sector productivo y de buenas instituciones gerenciadoras de estos bienes. 2
  3. 3. La política de crecimiento productivo en los países en desarrollo está condenada a priorizar su accionar, a generar bienes públicos específicos y a fomentar bienes privados también específicos, no sólo por las razones anotadas, sino también por restricciones presupuestarias; sin que esto implique que el Estado no tendrá una política general de fomento de las inversiones y propenderá al adecuado clima de inversión, reduciendo los costos de transacción y con una reducción drástica de la tramitología en todas sus áreas. En 1957 se expidió la Ley de Fomento Industrial, que sintetiza la primera política de fomento industrial que se fortaleció con la creación de la Junta Nacional de Planificación en 1962 y con el ingreso de Ecuador al Pacto Andino en 1966. En los años setenta, gracias a los recursos petroleros, el Estado pudo reforzar las políticas de desarrollo industrial. La dictadura de entonces eliminó una serie de tributos e incrementó los niveles disponibles de crédito sectorial a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera Nacional. El tamaño del Estado pasó de 35 agencias e instituciones estatales en 1965, a 163 en 1976; sin embargo, existieron distorsiones que deterioraron la competitividad de la economía, y se incrementó en forma sustancial la deuda externa. Hacia fines de los ochenta se implementaron en el país un conjunto de políticas orientadas a desmantelar muchas de las instituciones y políticas que habían regido las anteriores décadas. La nueva dirección minimizaba el rol del Estado y favorecía a las exportaciones. Se enfatizó la desgravación arancelaria, la simplificación de la tramitología, y la participación en el esquema de arancel externo común en el sub- mercado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Ecuador enfrenta varios problemas en su estructura productiva, que bien pueden ser explicadas por los fallas de mercado y de Estado ya mencionadas, en particular la ausencia de políticas de desarrollo productivo sectoriales integrales y además de la preeminencia del sector petrolero que ha generado problemas adicionales en la economía. Ecuador, en el 2007 experimentaba una triple concentración: 1. Concentración del valor agregado en pocos productos de exportación, solo el 46% de las exportaciones no petroleras son industriales (2008), y de éstas, las no petroleras constituyen apenas el 36% del total de las exportaciones. 2. Concentración de mercados de destino: Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia constituyen los más importantes destinos, y diez países, entre los que se encuentran Venezuela, Italia, España, Alemania, Holanda, Bélgica concentran el 81% de las exportaciones. 3. Alta concentración de la propiedad empresarial: De las empresas que hay información sobre su capital accionario, el 95% de las empresas tienen el capital en manos de cinco accionistas y de éstas, el 72% en un accionista, y en que la mayor parte de sectores empresariales su actividad se encuentra concentrada. Las políticas de fomento productivo en el Ecuador fueron en el pasado de carácter horizontal, sin asignar prioridades estratégicas, orientadas únicamente a la promoción de exportaciones por demanda y sin la potencia, cobertura e integralidad suficiente. 3
  4. 4. El gobierno del Presidente Rafael Correa, en su Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013, plantea como reto la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, que incluye una nueva manera de generación de riqueza y redistribución post-petrolera para el Buen Vivir, la misma que define, para la primera fase de su aplicación durante el período 2009- 2013, doce estrategias de cambio: 1. Democratización de los medios de producción, redistribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización; 2. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir; 3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales; 4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana; 5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación; 6. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información; 7. Cambio de la matriz energética; 8. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible; 9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia; 10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario; 11. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; y, 12. Poder ciudadano y protagonismo social. A partir del análisis del debate de las políticas de fomento productivo y en línea con nuestro PNBV; la Presidencia de la República y el Consejo de la Producción aprobaron los ejes para el diseño de una Agenda de Transformación Productiva (ATP), basada en políticas sectoriales, transversales y programas, que provoque una verdadera transformación económica, que se aleje del modelo primario exportador para pasar a una economía de conocimiento, de exportaciones de alto valor agregado, y en total sintonía con la protección de la naturaleza. Para ello se utilizarán políticas industriales activas, integrando las políticas de fomento productivo, con las comerciales, empleo y las de promoción de exportaciones. Así también las políticas ambientales y de innovación, capacitación, calidad, desarrollo empresarial, financiamiento al sector privado, laboral, compras públicas, como instrumentos de desarrollo productivo; entre otras, fomentarán prioritariamente los sectores que desde una óptica de sustitución estratégica de importaciones, potencial exportador y de soberanía alimentaria, presenten las mayores potenciales para la diversificación productiva y la generación de empleo. La Agenda integra también todas las políticas sectoriales ya aprobadas por el Ejecutivo y debidamente consensuadas con los actores relevantes, como son la de agricultura familiar, agricultura empresarial, ganadera, pesquera, soberanía alimentaria, turismo, servicios e industrial. Hemos empezado ya con una lista de sectores que hemos denominado Apuestas Productivas, pero sin desconocer que este es un proceso de construcción permanente y en conjunto con el sector privado. La Agenda descansa en una política y estrategia de competitividad o productividad sistémica, la misma que abarca todos los esfuerzos del gabinete por mejorar la infraestructura con un enfoque integral logístico, nuevos patrones de producción y 4
  5. 5. consumo sustentables, la matriz energética, la reforma educativa y salud fundamentales para el desarrollo del talento humano; y la estrategia y programa “Sin Trámites” orientado a reducir los costos de transacción en toda la tramitología empresarial y que comprende también la iniciativa de ventanilla única electrónica, que busca hacer eficiente los procesos de todas las instituciones involucradas en el comercio exterior. Esta estrategia del Consejo de la Producción se complementa con las iniciativas que desde la Secretaria Nacional de la Administración Pública y otros entes se implementan para llegar a tener un gobierno electrónico mediante la simplificación y puesta en línea de los principales trámites que la ciudadanía tiene que realizar con el Gobierno Central. El proceso de construcción de la Agenda de Transformación Productiva (ATP) es un proceso permanente y nos encontramos en el proceso de afinamiento de las siete agendas regionales, las que serán complementadas con el diseño e implementación de planes de mejora competitiva y de logística. Así también, la Agenda Nacional y las de las 7 regionales contarán con acciones específicas para cumplir con cuatro ejes transversales: Fomento de la equidad y democratización del acceso a los medios de producción; Inclusión de la dimensión ambiental; Equidad regional; y, Competitividad Sistémica En la actualidad, la Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir establecen los principios que deben regir la política comercial, y que en lo fundamental se orientan a una articulación inteligente del país a nivel internacional, privilegiando la integración latinoamericana, promoviendo la inclusión económica de las pequeñas unidades productivas y propiciando la diversificación productiva; en última instancia, se busca modificar el patrón de especialización productiva del país, caracterizado por la múltiple concentración (productos, mercados, empresas, propietarios) y un enfoque extractivista primario. La Constitución marca las pautas para la definición de política comercial y la administración del comercio: diversificación de los mercados y la gama de productos exportados, atendiendo a los ciclos físicos y materiales de reproducción de la naturaleza y fomentando a nivel internacional una gestión responsable en temas de producción y medio ambiente. Es decir, la política comercial es un instrumento de la política de fomento productivo y del cambio del modelo extractivista para pasar a uno incluyente y de transformación basado en el conocimiento y en actividades de alto valor agregado. La política comercial también debe propiciar un intercambio justo y mercados transparentes, deben impulsar el comercio justo y la promoción del consumo y producción de bienes ambientalmente responsables. Las relaciones Internacionales, en lo que se refiere a la política comercial, se impulsan, entre otros, los siguientes principios: 1. Independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. 5
  6. 6. 2. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 3. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 4. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. Además, la Constitución promueve el impulso, la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. En suma, la Constitución en materia de política comercial establece la necesidad de que las acciones se orienten a propiciar la articulación internacional bajo principios de equidad y solidaridad, para propiciar el desarrollo equilibrado de la economía, la sociedad y el ambiente; propicia la integración de bloques, principalmente en América Latina y promueve la diversificación de destinos, de productos y de exportadores; además privilegia la constitución de cadenas productivas que relacionen a pequeños y medianos productores con los mercados internacionales. Por otro lado, la legislación nacional vigente en materia de fomento productivo y de facilitación a las actividades productivas se encuentra caduca. Así como todo este marco regulatorio vigente no es adecuado para el fomento de actividades de servicios e intensivas en conocimiento, que justamente el Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda de Transformación Productiva buscan impulsar. La institucionalidad creada en las distintas leyes que se buscan derogar o reformar con este código, necesita una reestructuración integral, que agilite la promoción, facilitación y control de los incentivos en las actividades productivas. Así, por citar varios ejemplos, la Ley de Comercio Exterior e Inversiones vigente está basada en una política aperturista, pero no contiene los instrumentos de política comercial y de administración de comercio, necesarias no sólo para implementar una política de fomento productivo integral, sino para manejar shocks externos, sobre todo cuando el esquema monetario actual no permite la implementación de una política monetaria nacional. La ley actual ha relegado la ejecución de la política comercial a las generalidades de las regulaciones establecidas en los tratados internacionales, lo cual ha demostrado no ser eficiente a la hora de aplicar estos mecanismos a la realidad ecuatoriana, lo que, a su vez, ha generado cuestionamientos legales que se reflejan en procesos administrativos y judiciales que muchas veces han afectado la actividad del Estado. De igual manera, la misma ley mantiene un capítulo sobre la regulación de inversiones en el Ecuador, que en la práctica no ha fomentado el incremento e interés de inversiones productivas, nacionales o extranjeras, en nuestro país. Más aún, en sectores 6
  7. 7. estratégicos para el Estado, las regulaciones actuales no dejan espacio a establecer mecanismos de incentivos de acorde a la planificación nacional y sectorial. Por su parte, la actual Ley Orgánica de Aduanas no permite, en algunos aspectos, que el accionar en los procesos de comercio exterior sea el adecuado, con la consecuente afectación a la competitividad de la producción nacional. Esta legislación en particular promovió una serie de procesos administrativos y de tramitología engorrosa en las importaciones y exportaciones, que al intentar modernizarse se han encontrado con la traba de una reforma legal de difícil viabilidad. De esta manera, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador debe estar acorde a la realidad del comercio exterior, para lo cual resulta indispensable una reforma integral que cambie sustancialmente la operación aduanera. Está Institución se debe volver facilitadora y ágil, pero con un adecuado equilibrio en el aspecto sancionador, debido a que si bien una mayor apertura permite ser más eficientes, esto debe ser compensado con un régimen sancionatorio práctico, drástico y fácil aplicación. En el presente proyecto se procura reducir las normas reglamentarias contenidas en la ley, remitiendo al reglamento un sinnúmero de aspectos operativos, lo que permitirá una normativa dinámica, que pueda ser actualizada permanentemente conforme a los cambios producidos en la realidad comercial de nuestro país. Los aspectos reservados a la ley son aquellos que forman el marco fundamental que garantice la seguridad jurídica para las inversiones, que establezca con claridad los instrumentos de política comercial, que actualice los regímenes aduaneros de fomento productivo y garantice las competencias administrativas de control aduanero, tributario y régimen sancionatorio. Así también, se busca cubrir los vacíos legales que existen en la actividad tanto pública como privada, relacionada con el fomento e incentivos a las micro, pequeñas y medias empresas, que deben ser el motor del crecimiento productivo de la economía nacional. Por su parte, los sectores estratégicos de la economía, reconocidos en la Constitución de la República vigente, se caracterizan por integrar un conjunto de actividades que requieren de inversiones intensivas, a veces en sectores de riesgo como minería, hidrocarburos, etc. Considerando entonces que se trata de sectores en los que tanto la inversión, cuanto su recuperación, se hacen a largo plazo, es necesario establecer parámetros que permitan a los inversionistas definir con claridad las reglas que se aplicarán a sus actividades en un determinado periodo, otorgando estabilidad en cuanto a la imposición de cargas tributarias y obligaciones jurídicas, que generalmente son las que mayor impacto tienen al momento de tomar la decisión de invertir en estos sectores. Además de los aspectos generales, esta propuesta sugiere el establecimiento de una alternativa impositiva para los inversionistas, en el sentido de que ellos puedan acogerse a un régimen tributario diferenciado, según el sector de la economía donde inviertan y los parámetros de la inversión que realicen; todo lo cual puede complementarse con las medidas adicionales, de carácter general, para todo tipo de inversiones que se plantean en esta propuesta. En lo que respecta a la estabilidad para el inversionista en megaproyectos estratégicos, los contratos de inversión serían una alternativa válida para su desarrollo, siempre que se establezcan los límites adecuados para su duración y ejecución. Adicionalmente, este 7
  8. 8. contrato debería concebirse como una herramienta inicial para fomento de la inversión, sin perjuicio de la obtención de los títulos habilitantes (concesiones, licencias, permisos, etc.), que deben otorgarse en cada sector; y, evidentemente, sin que el contrato de inversión implique una limitación o anulación en el ejercicio de las atribuciones de regulación y control sectorial específico del Estado, que puede ejercerlas cuando lo considere conveniente. Respecto de las propuestas específicas que se plantean para el sector eléctrico, cabe indicar que éstas buscan resolver dos aspectos puntuales vigentes en la actualidad. Primero, si bien la ley tiene prevista una garantía de pago de la energía vendida, ésta, en la práctica, no es aplicada. La propuesta busca que la generación eléctrica nacional tenga las mismas garantías y condiciones de pago que las que se aplican a las transacciones internacionales de energía, de manera que los nuevos inversionistas tengan definido el mecanismo de pago de la energía vendida, y no se generen los déficits que han sido característicos en el sector. Esta medida deberá ir acompañada de una mejora en la gestión de las empresas distribuidoras públicas, de manera que la recuperación de la facturación y la reducción de pérdidas sea cada día menor. Finalmente, la reforma a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico busca resolver la limitante actual que existiría de otorgar concesiones o permisos al sector privado, para desarrollar actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. 8
  9. 9. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES DEL ÁMBITO Y OBJETIVOS DE ESTE CÓDIGO Art. 1.- El ámbito de esta normativa abarcará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo, con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y en la producción de bienes ambientalmente responsables; buscará incentivar las inversiones privadas en el país, nacionales o extranjeras, con el fin de asegurar patrones de producción y consumo sustentables en el que se priorice el desarrollo humano y un crecimiento sostenibles, a través de inversiones con altos efectos multiplicadores, que generen una amplia demanda de trabajo de calidad, formen fuertes encadenamientos productivos, incrementen la productividad, creen valor agregado, diversifiquen la oferta exportable, asimilen tecnologías adecuadas, garanticen la soberanía y seguridad alimentaria, promuevan el desarrollo territorial y permitan una inclusión competitiva e inteligente del país en los mercados globales. En última instancia, se busca modificar el modelo extractivista primario y concentrador en que se ha basado la producción, el comercio y las inversiones en el Ecuador. Además se busca impulsar los mecanismos de un comercio justo y un mercado más transparente. Este código incluye todos los principios jurídicos reguladores de la política de fomento productivo, de tratamiento de las inversiones, de la articulación internacional de nuestra política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación, y busca fomentar la facilitación del comercio exterior con un régimen aduanero moderno, transparente y eficiente. Art. 2.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes objetivos: a) Fomentar la producción nacional de bienes y servicios y su comercialización; b) Incrementar la competitividad sistémica de la economía nacional; c) El democratizar las oportunidades y el acceso a los factores de la producción; d) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios; e) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al plan nacional de desarrollo; f) Impulsar el crecimiento productivo en zonas de menor desarrollo económico; g) Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional de la política comercial de Ecuador; h) Fomentar y diversificar las exportaciones; i) Facilitar las operaciones de comercio exterior; j) Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; y, k) Fomentar la producción y exportación de bienes ambientalmente responsables. 9
  10. 10. LIBRO I DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LAS INVERSIONES CAPITULO I DE LAS INVERSIONES Art. 3.- Definiciones: a) Inversión: Asignación de recursos a un proyecto productivo nuevo o existente b) Inversión extranjera: La inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras. c) Inversión extranjera directa, inversión subregional, inversión de capital neutro e inversión de una Empresa Multinacional Andina: Las definidas como tales en las Decisiones aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones. d) Inversión nacional: La inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas o por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no generado en el Ecuador. e) Inversionista nacional: La personal natural o jurídica ecuatoriana propietaria o que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. Para los fines de esta ley no se considerará como inversión extranjera, aquella realizada por una empresa nacional o extranjera, cuya propiedad o control, total o mayoritario, le pertenece a un ecuatoriano. Art. 4.- Los beneficios de esta ley se aplicarán a las inversiones nuevas que se realicen a partir de la vigencia de esta normativa. Las inversiones nuevas también incluirán aquellas que se realicen sobre proyectos ya existentes en el país, al momento de la entrada en vigencia de esta ley. El reglamento regulará los parámetros de aplicación de los incentivos a todos los sectores que lo soliciten. Art. 5.- Los beneficios y garantías reconocidos por esta ley se aplicarán sin perjuicio de los establecidos en otras leyes. Art. 6.- Modalidades de inversión: La inversión podrá realizarse mediante: a) Aportes en dinero; b) La participación en sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, realizada mediante aportes en numerario o en especie; c) La participación en el capital de una compañía en cualquiera de las formas societarias señaladas en la legislación ecuatoriana; d) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, y en general, aportes que representen derechos sobre el capital de una compañía, ya sean adquiridos como parte de un proceso regular de transferencia o compra de acciones, o como parte de un proceso de democratización o apertura del capital de una empresa; e) La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia mercantil, debidamente registrado, como medio para desarrollar una actividad económica; f) La adquisición de los títulos de participación emitidos como resultado de un proceso de titularización, ya sea por medio de oferta pública o privada; 10
  11. 11. g) La adquisición de los bienes inmuebles y muebles, tales como plantas industriales, maquinarias y equipos en funcionamiento, así como sus repuestos, partes y piezas, empaques y envases; los inventarios de materias primas, insumos, productos intermedios y terminados; h) Inversiones en control ambiental destinadas con carácter exclusivo y en forma directa a la obtención, verificación, procesamiento, vigilancia, seguimiento o monitoreo del estado, calidad, comportamiento y uso de los recursos naturales renovables y del ambiente, variables o parámetros ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones; i) Inversiones en mejoramiento del medio ambiente, necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto la restauración, regeneración, preservación y conservación de los recursos naturales renovables y el ambiente en general; j) Los derechos contractuales, tales como los derivados de contratos de colaboración, concesión, participación, prestación de servicios de administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando estos no representen una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa; k) Los recursos destinados a las inversiones que realizan los inversionistas en bienes o servicios para las empresas, que no constituyen aportes de capital sino operaciones comerciales de carácter contractual, que otorga al inversionista una participación en el volumen de la producción física, en el monto global de las ventas, o en las utilidades netas de la empresa; l) Los derechos conferidos por la ley, tales como, licencias, autorizaciones y permisos; m) Las contribuciones intangibles, tales como marcas, patentes, modelos industriales y conocimientos técnicos patentados o no patentados, o modelos comerciales tales como franquicias y licencias, amparados en contratos; y, n) La reinversión mediante la capitalización de utilidades del ejercicio económico, reservas facultativas o de libre disposición, en la proporción que representen los derechos de socios o accionistas. CAPITULO II PRINCIPIOS GENERALES Art. 7.- Igualdad.- Las inversiones y los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Sin embargo, la Ley podrá reservar determinados sectores de la actividad económica al Estado o a inversionistas locales. Art. 8.- Protección a la propiedad del inversionista.- No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras bajo ninguna circunstancia. El Estado podrá expropiar en los casos previstos en la Constitución siguiendo el procedimiento legalmente establecido, de manera no discriminatoria y mediante una indemnización apropiada. La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenga inmediatamente antes de dicho proceso. La indemnización, que incluirá el pago de intereses hasta el día efectivo del pago, será calculada sobre la base de criterios comerciales usuales. CAPITULO III 11
  12. 12. DE LAS DERECHOS Y GARANTIAS Art. 9.- Libre Competencia.- Se garantiza un régimen de libre competencia que comprenderá: a) La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley; sin perjuicio de las políticas que establezca el Estado para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal; y, b) La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos límites establecidos por la Ley; Art. 10.- En materia impositiva, las inversiones nacionales y extranjeras estarán sujetas al mismo Régimen Tributario. Art. 11.- Los inversionistas nacionales y extranjeros deberán respetar las normas laborales, tributarias, ambientales y de Seguridad Social vigentes en el país. CAPITULO IV DE LOS INCENTIVOS Art. 12.- El Estado promoverá la inversión productiva mediante el desarrollo de un sistema de incentivos, otorgando especial atención, entre otros, a los programas de inversión selectiva que fomenten la puesta en marcha, amplíen o modernicen la oferta y demanda de mano de obra calificada, ampliación de plazas de trabajo de calidad, incremento de productividad del sector privado, promoción de desarrollo territorial y de las zonas geográficas menos favorecidas, desarrollo del mercado interno, impulso de los encadenamientos y circuitos productivos preferenciales y que serán determinados en el reglamento de esta ley; promoción de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica; entre otros. Art. 13.- Los proyectos de inversión en actividades productivas y de servicios que opten por beneficiarse de los incentivos reconocidos en la presente ley, se presentarán ante la Secretaria Técnica del organismo rector en materia de política comercial e inversiones, adjuntando los requisitos e información mínimos requeridos para tal efecto. Los requisitos, montos y plazos que deberán cumplir los proyectos de inversión, se establecerán en el reglamento de este código. Para el análisis de la Secretaria Técnica y posterior aprobación del proyecto por parte del organismo rector en materia de política comercial e inversiones, se deberá contar con el criterio del ministerio del ramo de que se trate la inversión. Esta información deberá ser remitida a los organismos de control pertinentes en cada aspecto de la inversión. Una vez que la inversión ha sido calificada y se ha establecido el tipo de incentivos para cada proyecto de inversión, será el organismo ejecutor que se establezca en el 12
  13. 13. reglamento el encargado de implementarlos, dentro del plazo que se establezca en la Resolución que se aprobó el acceso a los incentivos. Art. 14.- Dependiendo del alcance de aplicación de los incentivos, éstos serán: generales, sectoriales, para el fomento de las MIPYMES, territoriales y para el desarrollo de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Art. 15.- Los incentivos generales que se podrán aplicar a todas las inversiones que reconoce la presente ley, son las siguientes: a) Derecho a acogerse optativamente a un régimen tributario especial, con una tarifa del 30% de impuesto a la renta. En caso de acogerse a este sistema, los inversionistas tendrán derecho a suscribir un contrato de inversión que les reconozca un régimen de estabilidad tributaria hasta por quince (15) años. b) Deducción del impuesto a la renta el costo de adquisición de maquinarias y equipos para control y mejoramiento del ambiente, que no sean producto del mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto de una obra o actividad sujeta a licencia ambiental; así como exoneración del Impuesto al Valor Agregado en la adquisición o importación de este tipo de maquinarias y equipos, con fines productivos. c) Exoneración total del Impuesto a la salida de divisas si el financiamiento de la inversión se realiza por una institución financiera internacional legalmente reconocida. El proceso de verificación del financiamiento de la inversión realizada se establecerá en el reglamento a esta ley. Se exceptúa de este beneficio el financiamiento obtenido a través de instituciones financieras domiciliadas en paraísos fiscales; d) Exoneración del 100% del pago del impuesto a la renta que grava a los dividendos que perciban los accionistas de empresas de capital abierto, mientras éstas conserven ese estatus, por el plazo de 5 años; e) Acceso a programas de financiamiento de capital de riesgo promovidos por el Estado, especialmente para aquellos proyectos que impulsen la innovación y diversificación productiva, y que aporten al cumplimiento del plan nacional de desarrollo. f) Subsidios económicos con fines ambientales, con miras a promover la imagen corporativa de un productor, o a mejorar las condiciones de acceso a mercados, locales o internacionales, de un bien o un servicio determinado. Los bienes o servicios que aspiren a este beneficio deberán cumplir metas predeterminadas de calidad ambiental y de producción limpia, que se regularán de acuerdo a lo señalado en el reglamento de esta normativa; g) Subvenciones a fondo perdido para fomento al empleo y para capacitación; h) Condiciones especiales en préstamos y créditos, con flexibilidad en las tasas de interés y largos plazos; e, i) Beneficios de índole económico que se obtengan de las transferencias de “Permisos Negociables de Descarga”. En el reglamento a esta normativa se fijarán los parámetros que deberán cumplir las empresas que apliquen a estos beneficios y la forma como se 13
  14. 14. regulará el mercado de permisos de descarga o derechos de contaminación, con sus respectivos plazos de vigencia, el mecanismo de transferencia de estos derechos y el objetivo de calidad ambiental que se desee obtener a largo plazo. Art. 16.- Los incentivos sectoriales que podrán ser conferidos a los proyectos de inversión, dependiendo del sector productivo en el que se va a invertir, serán los siguientes: a) Reducción parcial del Impuesto a la Renta a las nuevas inversiones que se desarrollen en el país a partir de la vigencia de esta Ley, y cuyo capital, monto mínimo de inversión, generación de empleo de calidad y potencial desarrollo económico, califiquen dentro del criterio de prioridad sectorial y ambiental a establecerse en el reglamento de esta ley. También se considerará el potencial desarrollo económico que se realicen en zonas económicas deprimidas. Esta reducción no podrá ser superior al 5% adicional a la reducción general actual. b) Exoneración total o parcial de tributos o gravámenes de cualquier naturaleza que graven los siguientes actos o contratos: actos societarios de emisión, suscripción y transferencia de acciones o cuotas sociales; aumentos de capital de sociedades o empresas y la transferencia de cualquier bien o derecho susceptible de valuación pecuniaria que los socios o accionistas aporten a la sociedad como integración de capital, y los que graven la emisión, compra y venta de bonos y otros títulos de obligaciones de las sociedades y empresas, que se encuentren previstos en el proyecto de inversión respectivo. Lo anterior, excluye los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas generados por transacciones habituales que constituyen el giro ordinario del negocio o de las actividades habituales, en los términos dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. c) Exoneración total o parcial de los aranceles de aduana a la importación de bienes de capital que no se produzcan en el país, destinados a la ejecución del proyecto de inversión; previo cumplimiento de los requisitos y del procedimiento que se contemplará en el reglamento a esta ley. Este tratamiento no se extiende a las tasas por servicios de carácter aduanero, o vinculados con las operaciones de comercio exterior. Art. 17.- Serán incentivos de orden exclusivamente territorial los que se utilicen para potenciar inversiones nuevas en zonas económicamente deprimidas, cuya determinación se realizará por el órgano rector de la política de fomento productivo. Estos beneficios pueden ser de orden fiscal o subvenciones, tales como: a) Deducción del impuesto a la renta el costo total que represente la creación de nuevos puestos de trabajo, sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante los primeros cinco años de la inversión; y, b) Programas especiales de co-financiamiento para mejoramiento de productividad, calidad, y promoción de las MIPYMES, siempre que su actividad se desarrolle en territorios económicamente rezagados, que han sido priorizados por el gobierno nacional. 14
  15. 15. Los beneficiarios con el acceso a los incentivos tributarios deberán cumplir con las formalidades establecidas por la Administración Tributaria. Art. 18.- Los incentivos puntuales para las MIPYMES y para las ZEDE se especifican en los capítulos de este código relacionados con cada materia. Art. 19.- La clasificación de incentivos en: generales, sectoriales, territoriales, de ZEDE o MIPYMES, no los hace excluyentes. De esta manera, una inversión que cumpla con los distintos parámetros que se establecen en este código, podrá beneficiarse de los distintos tipos de incentivos que reconoce esta normativa, excepto en el caso de exoneraciones y deducciones al Impuesto a la Renta que no serán acumulables. Art. 20.- En general, los parámetros para la evaluación y aprobación del acceso a incentivos, serán: el sector económico en el que se va a invertir, el espacio territorial donde se ejecutará la inversión, el nivel de desarrollo económico de esa zona, los empleos que se generen, los beneficios ambientales y energéticos que se desarrollen, la fuente de financiamiento de la inversión y el tiempo de desarrollo de la inversión, con los plazos límites de los beneficios reconocidos. Art. 21.- Constituyen causales de revocación del acceso a los incentivos de las inversiones, las siguientes: a) Incumplimiento por parte de los inversionistas de efectuar oportunamente los aportes o adquisiciones a que se hayan comprometido, dentro del plazo previsto para el efecto en el respectivo proyecto de inversión; b) Retiro de la totalidad o parte de la inversión; c) Incumplimiento por parte de los inversionistas de generar el mínimo de plazas de trabajo en las condiciones que hayan sido autorizadas, o el monto de divisas por concepto de exportaciones a que se hayan obligado dentro del plazo previsto para el efecto en el respectivo proyecto de inversión; d) Cesión de la inversión, sin cumplir con los requisitos y condiciones previstos reglamentariamente; e) Incumplimiento de las leyes laborales, tributarias o ambientales del país; f) Falsedad comprobada judicialmente en los documentos o información proporcionada, que sirvió de base para obtener los incentivos a la inversión; g) Impedir o dificultar las comprobaciones de los funcionarios de las entidades del Estado, competentes en esta materia, o recurrir a medios de cualquier clase para inducir a error a estas entidades o a sus funcionarios oficiales, con el objetivo de beneficiarse de los incentivos que reconoce esta ley; h) Cohecho o intento de cohecho a los funcionarios oficiales encargados del control y supervisión de los beneficios reconocidos por esta normativa, declarado judicialmente, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 15
  16. 16. Art. 22.- La revocatoria prevista en este capítulo será dispuesta por la autoridad ejecutora en materia de Inversiones, determinada en el reglamento de esta ley. El inversionista sancionado podrá apelar administrativamente ante el organismo rector en materia de política comercial e inversiones, siguiendo el procedimiento que establece el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. CAPITULO V DE LA INVERSION EXTRANJERA Art. 23.- Trato nacional.- Los inversionistas extranjeros recibirán del Estado ecuatoriano el mismo trato, los mismos derechos y garantías que los nacionales, en los términos exigidos por el derecho internacional consuetudinario y en la presente norma. La inversión extranjera directa se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. Art. 24.- Trato justo y equitativo.- Las inversiones extranjeras tendrán derecho a un trato justo y equitativo, conforme a las normas y criterios que constituyen el estándar mínimo internacional reconocido por el derecho internacional consuetudinario y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Art. 25.- Protección y seguridad.- Las inversiones y los inversionistas extranjeros gozaran de protección y seguridades plenas, de acuerdo al estándar mínimo internacional reconocido por el derecho internacional consuetudinario, por lo mismo, gozarán de la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional. Art. 26.- Libre transferencia de recursos.- Los inversionistas extranjeros tendrán derecho, previo cumplimiento de la normativa interna y al pago de los tributos a los que hubiere lugar, a transferir todos los valores a los que tengan derecho que se encuentren relacionados con sus inversiones, sin perjuicio del cumplimiento de medidas judiciales o administrativas previstas en la ley para la protección de los derechos de terceros. Art. 27.- Contratos de Inversión.- Dependiendo del sector de la economía en el que se invertirá, el Estado y el inversionista extranjero podrán suscribir contratos de inversión, mediante escritura pública, en la que se hará constar el tratamiento que se le otorga al inversionista bajo el ámbito de la presente Ley y su Reglamento. Los contratos de inversión podrán otorgar estabilidad y garantía a las condiciones económicas y jurídicas de la inversión, en el tiempo de vigencia de los contratos. El organismo rector en materia de política comercial y de inversiones establecerá los parámetros que deberán cumplir las inversiones consideradas prioritarias o estratégicas que puedan someterse a este régimen de garantía. Los contratos de inversión tendrán una vigencia no mayor de quince (15) años a partir de la fecha de su celebración, y su vigencia no limitará la potestad del Estado de ejercer su potestad de control y regulación a través de sus organismos competentes. 16
  17. 17. El acogerse a la suscripción de un contrato de inversión excluye cualquier beneficio previsto en otros instrumentos de protección de inversiones. Mientras subsista la vigencia de algún Tratado Bilateral de Inversión, los inversionistas extranjeros deberán decidir entre acogerse a la protección y tratamiento previstos en esta ley o a los del convenio internacional. Los contratos que confieran estabilidad tributaria requerirán un pronunciamiento previo del Servicio de Rentas Internas. Art 28.- Solución de controversias.- Las controversias entre un inversionista extranjero con el Estado ecuatoriano intentarán solucionarse de manera amistosa. Si no se llegase a una solución directa entre las partes deberá existir una instancia obligatoria de conciliación dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de inicio de la controversia. Si luego de esta instancia de conciliación la controversia subsiste, el conflicto podrá ser sometido a conocimiento de un Tribunal Arbitral cuya composición, mecanismo de designación, procedimiento y régimen de gastos serán acordados con el inversionista a través de un contrato de inversión, acorde a lo que dispone la Constitución de la República; caso contrario se someterán a conocimiento de la justicia ordinaria. Las decisiones de ese Tribunal Arbitral serán en derecho, la legislación aplicable será la ecuatoriana y los laudos serán definitivos y obligatorios para las partes. Art. 29.- Registro de Inversiones extranjeras.- Las inversiones extranjeras debidamente registradas en el Banco Central del Ecuador podrán gozar del régimen de incentivos previstos en esta ley. Dentro de los 90 días de realizada su inversión, todo inversionista extranjero deberá registrar su inversión ante el Banco Central. A estos fines entregará los siguientes documentos: a. Solicitud de registro, en la cual deberá incluir toda la información relativa al capital invertido y al área donde se ha efectuado la inversión; b. Comprobante de ingreso al país de los recursos o de los bienes; y, c. Documentos constitutivos de la Sociedad o la autorización de la operación de sucursales mediante la fijación de domicilio. Cumplidos los requisitos del depósito de los documentos, el Banco Central expedirá de inmediato un certificado de su registro al solicitante. Art. 30.- El reglamento a esta normativa establecerá en detalle los mecanismos y requisitos por los cuales el Estado: a) realizará el Registro de las inversiones, b) calificará las inversiones, c) tramitará los requerimientos para reconocer los beneficios e incentivos, y, d) determinará las sanciones aplicables. CAPITULO VI DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS 17
  18. 18. Art. 31.- El Estado podrá delegar, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, las inversiones en los sectores estratégicos, en los casos que establezcan las leyes de cada sector. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes, podrán acogerse adicionalmente a lo previsto en este capítulo los inversionistas nacionales y extranjeros, que desarrollen proyectos en los sectores estratégicos definidos en la Constitución y en las demás disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable. Para acceder a los incentivos previstos para los sectores estratégicos, en el reglamento a esta normativa se establecerán los montos mínimos de inversión y demás parámetros que deberán cumplir los inversionistas para obtener su registro y los beneficios correspondientes en el sector estratégico en que participan. Art. 32.- Las inversiones en sectores estratégicos estarán respaldadas por un contrato de inversión suscrito entre el o los inversionistas y el Estado ecuatoriano, al tenor de lo dispuesto en este libro. Sin perjuicio de los demás requisitos señalados en este Código, dicho contrato deberá indicar el plazo para el desarrollo de la inversión en todas sus etapas (internación de capitales, activos, créditos, fases de inversión, etc.), así como los demás cláusulas propias de la naturaleza de los contratos para cada sector de la economía. En el reglamento a esta normativa se establecerá el procedimiento y plazos a cumplirse para el inicio y posterior desarrollo de la inversión. Los plazos otorgados podrán prorrogarse siempre y cuando el o los inversionistas comprometan un volumen de inversión mayor al originalmente propuesto, y siempre que se hayan cumplido los demás requisitos que establezca el órgano rector en materia de política comercial e inversiones para cada caso específico. Para el establecimiento de estos requisitos se contará previamente con el pronunciamiento del ministerio del ramo pertinente. Art. 33.- El contrato de inversión para los sectores estratégicos incluirá una cláusula de estabilidad tributaria de quince años, tiempo durante el cual, el o los inversionistas que hubieran escogido tributar con el régimen impositivo especial para la inversión en sectores estratégicos, pagarán una tarifa del 30% de impuesto a la renta. En caso de que el inversionista no se acoja al régimen de estabilidad tributaria señalada en el párrafo anterior, tributará aplicando el régimen general vigente a la fecha del cumplimiento de la obligación tributaria. Art. 34.- El contrato de inversión no podrá entenderse como autorización para el desarrollo de actividades en sectores estratégicos, en los que se requieran otros títulos habilitantes específicos definidos por las leyes sectoriales, tales como permisos, autorizaciones, concesiones, etc., ni implicará una limitante de aplicación de actos de regulación y control por parte del Estado, a través de las entidades competentes. Art. 35.- Los inversionistas que hubieren suscrito contratos de inversión con el Estado, gozarán de la exoneración total o parcial de los aranceles y tributos aduaneros, incluyendo los impuestos internos de aplicación específica para la importación de bienes de capital que no se produzcan en el país, destinados a la ejecución del proyecto de inversión autorizado en uno de los sectores estratégicos; previo cumplimiento de los 18
  19. 19. requisitos y del procedimiento que se contemplará en el reglamento a esta ley. Este tratamiento no se extiende a las tasas por servicios aduaneros o vinculados con las operaciones de comercio exterior. Art. 36.- Los inversionistas suscriptores de contratos de inversión con el Estado, podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas un tratamiento especial de depreciación acelerada de activos, en los siguientes casos: 1. Para aquellos activos fijos que tienen una vida útil más corta como consecuencia del mayor desgaste, que se produce en la operación en un proyecto específico en uno de los sectores estratégicos; y 2. Para recuperar la inversión en el plazo de vigencia del título habilitante para el desarrollo de actividades en sectores estratégicos. La autoridad tributaria, previo informe del regulador sectorial del área que se trate, calificará o desechará la petición. Art. 37.- En el sector eléctrico, las empresas nacionales, públicas y/o privadas de generación eléctrica, gozarán de igual tratamiento, mecanismo y condición de garantía y pago en la compra de energía por parte del Estado, que el aplicado para las transacciones internacionales de electricidad, acorde con la Decisión 536 del Acuerdo de Cartagena y las disposiciones normativas emitidas por el ente regulador del sector eléctrico, respecto de las garantías de pago. Art. 38.- De la simplificación de los trámites administrativos.- De conformidad con el objetivo del Sistema Nacional de Registros Públicos, las entidades, instituciones y organismos del Estado, en el ámbito de sus competencias, deberán simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos. Dentro de este contexto, las entidades, instituciones y organismos públicos deberán implementar bases de datos automatizadas y no podrán exigir la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que esas entidades, instituciones y organismos tengan en su poder o de los que tenga posibilidad legal y operativa de acceder. Las entidades, instituciones y organismos públicos procurarán limitar al mínimo, la exigencia de presentación de copias certificadas actualizadas de documentos públicos que puedan obtenerse por vía legal u operativa, a través de la interconexión de bases de datos del Sector Público. Art. 39.- Disposición reformatoria al artículo 2 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.- Agréguese un párrafo adicional al artículo 2 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico que diga: “El Estado podrá delegar la prestación del servicio de energía eléctrica en sus fases de generación, transmisión, distribución y comercialización a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. De forma excepcional, podrá otorgar delegaciones a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria para la prestación del servicio público de energía eléctrica, en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general. 2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas.” 19
  20. 20. CAPITULO VII DE LA DEMOCRATIZACION DE LA PROPIEDAD Y DE LOS INCENTIVOS A LA APERTURA DEL CAPITAL DE EMPRESAS Art. 40.- Con el objetivo de incentivar la participación de los particulares en empresas públicas y privadas y democratizar la propiedad de las inversiones que fomenta esta normativa, el organismo rector en materia de política comercial e inversiones, implementará mecanismos de fomento productivo que permitan maximizar la inversión del estado, rentabilizar desde lo productivo la inversión pública, y potenciar el desarrollo de los sectores priorizados en zonas de menor desarrollo, a través del apoyo y facilitación al acceso equitativo a los factores de producción, que contribuyan a revertir la concentración de los recursos productivos, mediante la creación de sistemas y herramientas de apoyo financiero y no financiero para el emprendimiento, el acceso a la propiedad productiva, la innovación y la inversión nacional. Con estos mecanismos se facilitará la diversificación de la producción, de los mercados de destinos, del número de empresas y participación accionaria en ellas, por parte de grupos sociales organizados, empleados, profesionales, emprendedores y particulares en general. Art. 41.- En cumplimiento de los objetivos señalados, el organismo rector en materia de política de fomento productivo, tendrá las siguientes atribuciones: - Fomentar y facilitar el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a la propiedad y transformación de los medios productivos; - Facilitar la ciudadanización de empresas, a través del diseño e implementación de herramientas que permitan el acceso de ciudadanos a las acciones de empresas en manos del Estado; - Crear un fondo especial de acceso a la propiedad de la tierra, a través del financiamiento con recursos de la banca pública, con créditos preferenciales y subvenciones para capacitación tecnológica, que permitan a los ciudadanos en general acceder a toda clase de medios productivos; con el objetivo de desarrollar proyectos de transformación productiva cuyos frutos serán parte, entre otros programas, de las compras inclusivas del sistema de compras públicas. Los recursos para estos programas se asignarán anualmente del presupuesto general del Estado. - Crear un sistema nacional de apoyo al emprendimiento que cuente con una red de actores públicos y privados, que fomente y coordine el emprendimiento en el país; - Fomentar el cumplimiento de las obligaciones sociales por parte de las empresas ecuatorianas, a través de incentivos no fiscales, tales como el sello de reconocimiento: “Hace Bien, Hace Mejor”, o programas similares, en los que se fomentará el cumplimiento de las obligaciones de las empresas con sus trabajadores, con la comunidad y con el Estado; - Fomentar el cumplimiento de las éticas empresariales que promueve el Gobierno Nacional, a través de la creación de un sello de gestión de reconocimiento público, que permita alentar e incentivar a las empresas que realizan sus actividades respetando el medio ambiente; cumpliendo con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones laborales y de seguridad social; y, con la comunidad, con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias; - Apoyar el desarrollo de procesos de innovación en las empresas ecuatorianas, a través del diseño e implementación de herramientas que permitan a las 20
  21. 21. empresas ser más eficientes y atractivas, tanto en el mercado nacional como en el internacional; e, - Incentivar y atraer inversiones que generen desarrollo local y territorial, mayores encadenamientos productivos con equidad, una inserción estratégica en el mercado internacional, empleo de calidad, innovación tecnológica y democratización del capital. Las iniciativas que se buscan fomentar con estos mecanismos serán aquellas que realicen transformación productiva y agregación de valor. De esta manera, no solo se impulsarán proyectos exclusivamente con alcance de exportación, si no que se planificará que estas iniciativas se desarrollen en el tiempo previsto en cada caso, hasta que perfeccionen sus procesos, soportados por la política ecuatoriana de fomento de exportaciones, para llegar posteriormente a los mercados internacionales, cumpliendo las respectivas metas de crecimiento empresarial. El reglamento a esta normativa establecerá los parámetros técnicos y requisitos que deberán cumplir los particulares y las empresas que se involucren en estos procesos. Art. 42.- Para el cumplimento de los objetivos señalados en el artículo anterior, el organismo rector en materia de política de fomento productivo, podrá implementar los siguientes mecanismos: 1. Diversificación de la participación accionaria de empresas donde el Estado sea propietario de una parte del capital social, a favor de ciudadanos ecuatorianos. De esta manera, los trabajadores de estas empresas, de manera preferencial, y los ciudadanos en general, podrán acceder a las acciones de empresas ya establecidas o empresas nacientes. La adquisición de los paquetes accionarios se deberá realizar a través de los mecanismos del sistema nacional de mercado de valores, reconocidos por la ley. 2. El Estado podrá invertir, temporalmente, en el capital de las empresas de transformación productiva que se encuentren en los sectores priorizados de la economía, para, posteriormente, financiar a los trabajadores de dichas empresas, productores y la comunidad en general, en la compra de sus paquetes accionarios, con créditos y programas de financiamiento preferenciales. La participación del Estado en estos programas temporales se realizará por intermedio de cualquiera de las instituciones dependientes de la Función Ejecutiva. 3. Impulsará la apertura del capital de las empresas privadas, a favor de ciudadanos ecuatorianos, y de manera preferencial a los trabajadores de dichas empresas, a través de la aprobación de incentivos fiscales y financieros en el siguiente orden: a. Los dividendos que perciban los accionistas de las empresas de capital abierto, mientras éstas conserven ese estatus, estarán exentos del pago del impuesto a la renta, por el plazo de 5 años; siempre que el proceso de apertura de capital haya sido ejecutado a través de una Bolsa de Valores legalmente reconocida en Ecuador. Para los efectos de este beneficio, se considerará empresa de capital abierto aquella que esté inscrita en una Bolsa de Valores legalmente 21
  22. 22. reconocida en Ecuador, su capital esté conformado por lo menos por 100 accionistas, ninguno de ellos posea más del 50% de participación accionaria, la suma de los 20 mayores accionistas no supere el 70% de la participación accionarial, ni estén vinculados entre sí en los términos que establece la legislación tributaria. b. Si la empresa de capital abierto desarrolla sus actividades en una zona de menor desarrollo económico, definida como tal por el organismo rector en materia de política de fomento productivo, la exención señalada anteriormente se otorgará por el plazo de 10 años, mientras se mantenga el estatus de empresa de capital abierto. c. Las empresas que requieran financiamiento para desarrollar nuevas inversiones, y a que a su vez quisieran ejecutar un programa de apertura de su capital, en los términos de esta legislación, podrán beneficiarse de los programas de crédito flexible que implementará el gobierno nacional para la masificación de estos procesos, con tasas de interés preferenciales y créditos a largo plazo. d. Las empresas que decidan financiar directamente a sus trabajadores la adquisición de sus paquetes accionarios, dentro de un proceso de apertura de capital en los términos de esta legislación, podrán deducir del impuesto a la renta el costo de dicho financiamiento. Los beneficios señalados en este capítulo regirán para los nuevos accionistas desde la fecha de adquisición de la acción o acciones del capital social de la empresa; mientras que para los accionistas anteriores los plazos se contabilizarán desde la fecha de formalización del proceso de apertura del capital de la empresa. El reglamento a esta normativa establecerá los demás parámetros que deberán cumplir las empresas y los inversionistas que participen en los procesos de apertura de capital de empresas, de manera especial, los mecanismos que limiten la vinculación entre los participantes y cualquier acto de simulación de la masificación del capital empresarial. De igual manera, se establecerán las facultades especiales de la autoridad de Mercado de valores, para garantizar la transparente difusión de estos procesos a la sociedad en general y la evaluación adecuada de los objetivos alcanzados por los mismos. Art. 43.- Para efectos de concretar la ciudadanización de empresas, diversificar la participación accionaria y la apertura del capital de las empresas donde el Estado sea accionista o sea el propietario exclusivo, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, el Estado iniciará un proceso de desinversión en dichas empresas, siempre que no sean parte de los sectores estratégicos de la economía establecidos en la Constitución. De esta manera, en dicho periodo, el organismo rector en materia de fomento productivo diseñará los mecanismos de financiamiento y procesos de venta de las respectivas acciones o empresas, a favor de los ciudadanos ecuatorianos o inversionistas en general, dando preferencia a la adquisición de éstas a los trabajadores de dichas empresas. 22
  23. 23. CAPITULO VIII Zonas Especiales de Desarrollo Económico Del Objeto y Constitución de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Art. 44.- Para efectos de promover y estimular las exportaciones, la diversificación industrial, la inversión productiva en áreas estratégicas de la producción, la transferencia de tecnología e innovación, la generación de empleo y las operaciones logísticas nacionales e internacionales de comercio exterior, el Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en la presente normativa, mismos que estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en este Código, de conformidad con los parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria. Art. 45.- Zonas especiales de desarrollo económico.- Son espacios del territorio nacional delimitados por el Estado, en los que, con inversión pública y/o privada, se impulsa el desarrollo de actividades ligadas a la transferencia de tecnología, innovación, provisión de servicios logísticos especializados y transformación industrial, a través del establecimiento de incentivos especiales condicionados al cumplimiento de objetivos específicos de inversiones nuevas, orientados a la generación de empleo de calidad, desarrollo territorial y transferencia tecnológica. El reglamento de esta ley establecerá los parámetros que determinarán una inversión nueva. Art. 46.- Objetivos.- Con el fin de lograr la aceleración del proceso de diversificación y transformación productiva del país, las ZEDE perseguirán los siguientes objetivos específicos: - Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles; - Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y desarrollo; - Generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con alta agregación de valor para la exportación; - Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior; - Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y mejorar la competitividad del transporte, y de esta manera de la producción nacional; - Establecer nuevos polos de desarrollo territorial; - Generar empleo de calidad; y, - Generar divisas. 23
  24. 24. Art. 47.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, previamente determinadas por el organismo rector en materia de fomento productivo, y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero. Art. 48.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de los siguientes tipos: a) Para ejecutar actividades de transferencia de tecnología e innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético, y todo tipo de procesos que impliquen innovación tecnológica en sectores definidos como estratégicos para el gobierno nacional. b) Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente a la exportación de bienes, con utilización de empleo de calidad. En estas zonas se podrá efectuar todo tipo de actividades de perfeccionamiento activo, tales como: transformación, elaboración (incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) y reparación de mercancías (incluidas su restauración o acondicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportación principalmente. c) Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, reempaque, refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos o terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de distribución nacional o internacional de mercancías; así como el mantenimiento o reparación de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre de mercancías. De manera preferente, este tipo de zonas se establecerán dentro de o en forma adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo almacenamiento de carga o acopio no podrá ser autorizado dentro de este tipo de zonas. Los servicios logísticos estarán orientados a potenciar las instalaciones físicas de puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan para potenciar el volumen del comercio exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros permitidos, en atención a los requisitos establecidos en el Reglamento a la presente ley. Los bienes que formen parte de estos procesos servirán para diversificar la oferta exportable y sólo se autorizará su nacionalización para el consumo en el país, en aquellos casos en que no exista producción nacional del mismo bien o de bienes directamente competidores, idénticos o similares; o en aquellos porcentajes de producción que establezca el reglamento a la presente ley. Estos límites no se aplicarán para los productos obtenidos en procesos de transferencia de tecnología y de innovación tecnológica. Las personas naturales o jurídicas que se instalen en las zonas especiales podrán operar exclusivamente en una de las modalidades antes señaladas, o podrán diversificar sus operaciones en el mismo territorio con operaciones de varias de las tipologías antes 24
  25. 25. indicadas, siempre que se justifique que la variedad de actividades responde a la facilitación de encadenamientos productivos, en los sectores a desarrollarse en la zona autorizada y que, la Zona Especial de Desarrollo cuente dentro de su instrumento constitutivo con la autorización para operar bajo la tipología que responde a la actividad que se desea instalar. Art. 49.- Se declara zona primara aduanera el territorio autorizado para una zona especial de desarrollo económico. Los límites, puntos de acceso y de salida de las zonas especiales de desarrollo económico podrán estar sometidos a la vigilancia de la administración aduanera. El control aduanero podrá efectuarse con carácter previo al ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la zona o con posterioridad a su salida. Los procedimientos que para el control establezca la administración aduanera, no constituirán obstáculo para el flujo de los procesos productivos de las actividades que se desarrollen en las ZEDE. Las personas y los medios de transporte que ingresen en una zona especial o salgan de ella también podrán ser sometidos a control aduanero. La administración aduanera implementará procesos simplificados para el ingreso y salida de las mercancías de estos territorios. Art. 50.- Las zonas especiales de desarrollo económico se constituirán mediante resolución del organismo rector en materia de política comercial e inversiones, teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los territorios donde se instalen las zonas especiales, los objetivos, planes y estrategias del plan nacional de desarrollo, sobre la base de los requisitos y formalidades que se determinarán en el reglamento a esta Ley. La concesión se otorgará por un período de veinte (20) años, que podrán ser prorrogables, con sujeción al procedimiento de evaluación establecido en el Reglamento a la presente Ley. Art. 51.- Serán atribuciones del organismo rector en materia de política comercial e inversiones, para el establecimiento de las ZEDE, las siguientes: a) Dictar las políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las ZEDE; b) Autorizar las concesiones para el establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico que cumplan con los requisitos legales establecidos; c) Calificar y autorizar a los operadores de las ZEDE; d) Absolver las consultas que se presentaren respecto de la aplicación de esta ley en cuanto a las zonas especiales de desarrollo; e) Aplicar las sanciones que establece esta normativa y sus reglamentos a las empresas administradoras y operadoras que incumplieren las disposiciones establecidas en los mismos; y, f) Las demás que establezca el reglamento a esta normativa. Art. 52.- Para efectuar la supervisión y control del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el Ministerio responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, que será la autoridad ejecutora de las políticas que establezca el órgano rector en materia de política comercial e inversiones, en relación a las ZEDE. 25
  26. 26. . Art. 53.- La constitución de una zona especial de desarrollo económico podrá solicitarse por parte interesada, a iniciativa de instituciones del sector público o de gobiernos seccionales. La inversión que se utilice para el desarrollo de estas zonas puede ser pública, privada o mixta. De igual manera, tanto la empresa administradora como los operadores que se instalen en dichas zonas pueden ser personas naturales o jurídicas: privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras. A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de una zona especial de desarrollo económico, se exigirá una descripción general del proyecto, que incluirá los requisitos que establezca en el reglamento de esta normativa. De los Administradores y Operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Art. 54.- Las personas jurídicas privadas, públicas o de economía mixta, nacionales o extranjeras, que lo soliciten, podrán constituirse en administradores de zonas especiales de desarrollo económico, siempre que obtengan la concesión para desarrollar una de las actividades descritas en el Art. 48 de la presente ley. Su función será el desarrollo, la administración y el control operacional de la ZEDE, de conformidad con las obligaciones que establece el reglamento a esta Ley y las que determine el organismo rector en materia de política comercial e inversiones. El administrador de la Zona deberá autorizar todo ingreso y salida de bienes, de manera temporal o definitiva del territorio a su cargo, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos aduaneros a que hubiere lugar. Art. 55.- De los operadores de las ZEDE.- Los operadores son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, propuestas por la empresa administradora de la ZEDE y calificadas por el organismo rector en materia de política comercial e inversiones, que pueden desarrollar las actividades autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio nacional. Art. 56.- Las atribuciones que tendrá el administrador de la zona autorizada serán las siguientes: a) Administrar la zona especial concesionada; b) Construir la infraestructura básica de la zona autorizada y edificaciones necesarias para el desarrollo de su actividad y de sus operadores. De igual manera, podrán realizar las actividades de promoción y vinculación de operadores; c) Construir o autorizar la construcción de inmuebles dentro de la zona autorizada, tales como edificios, naves industriales, patios, o infraestructura para servicios de apoyo. d) Vender, comprar, alquilar o explotar a cualquier título inmuebles dentro de la zona concesionada, siempre que sean destinados a las actividades previamente autorizadas, y, únicamente a los operadores debidamente calificados; 26
  27. 27. e) Proveer a la Autoridad Aduanera, en la zona concesionada, las instalaciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus labores; así como brindar las facilidades requeridas para el ejercicio de su actividad de control; f) Ejecutar el proyecto aprobado en la concesión, en los términos y plazos convenidos, según el plan maestro presentado en la solicitud o en sus modificaciones previamente aprobadas; g) Suministrar, directamente o a través de terceros, los servicios básicos necesarios para la eficiente operación de los usuarios, tales como: agua, energía eléctrica, gas, telefonía, aseo, vigilancia, internet, mantenimiento, servicios de capacitación, de personal, entre otros; h) Informar a las autoridades de control competentes sobre las actividades de sus operadores y el cumplimiento de las normas que regulan este sistema; y, i) Prohibir el ingreso al territorio autorizado de mercancías que hayan sido declaradas como de prohibida importación al país, por parte del organismo de control competente, a no ser que sean utilizadas como materia prima para algún proceso productivo de bienes de exportación debidamente autorizado. Para estos casos deberá contarse con la aprobación de la Unidad Técnica Operativa de supervisión y control previo el ingreso de la mercancía a la ZEDE. j) Las demás que se establezcan en el Reglamento a la presente normativa. Art. 57.- Los administradores tendrán la obligación de presentar a la autoridad de control competente un informe semestral sobre la producción, operaciones comerciales, movimiento de divisas y utilización de mano de obra en la zona que administren. Art. 58.- Los administradores no podrán ostentar simultáneamente la calificación de operador, ni tendrán ninguna vinculación económica o societaria con los demás operadores de la ZEDE, bajo pena de revocación. Art. 59.- Se calificará como operador de una zona especial de desarrollo económico, a las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento a la presente ley y que tengan interés en desarrollar, dentro del territorio autorizado, un proyecto relacionado con las modalidades fijadas en el Art. 48 de esta ley. Para el efecto, el interesado presentará al administrador la correspondiente solicitud, la cual será remitida para resolución del organismo rector en materia de política comercial e inversiones, conjuntamente con el informe que elabore el administrador y el criterio de la Unidad Técnica Operativa de control de las ZEDE. Art. 60.- Los operadores de las zonas concesionadas podrán realizar exclusivamente las actividades para las cuales fueron autorizados en la correspondiente calificación, en los términos de la presente Ley, su Reglamento de aplicación, la legislación aduanera en lo que corresponda, y la normativa expedida por el órgano rector en materia de política comercial e inversiones. 27
  28. 28. Los operadores deberán informar mensualmente al administrador, de la entrada, uso y salida de todos los bienes e insumos a ser elaborados, transformados, procesados en el territorio autorizado, incluida la utilización de la mano de obra nacional o extranjera. La forma de presentación de este informe será determinada en el reglamento que dicte la Unidad Técnica Operativa de control de las ZEDE. Art. 61.- Los administradores y operadores de las zonas especiales autorizadas podrán acceder a los incentivos específicos a la inversión productiva, previa calificación por parte del organismo rector en materia de política comercial e inversiones. Art. 62.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desee establecerse en una Zona Especial de Desarrollo Económico, para brindar servicios de apoyo o soporte a los operadores instalados en la zona autorizada, deberá presentar su solicitud a la empresa administradora respectiva, quien aprobará o negará su pedido previo dictamen favorable de Unidad Técnica – Operativa, responsable de la supervisión y control de las ZEDE. Las empresas que se instalen para brindar servicios de apoyo a los operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico, deberán cumplir con todas las normas de seguridad y de control que se deriven de la presente ley, su reglamento, así como de las directrices que emita el organismo rector en materia de política comercial e inversiones. En el caso de instituciones del sistema financiero privado, nacional o extranjero, deberán obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos, que fijará los requisitos que deban cumplir estas empresas. Art. 63.- Los operadores y el administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico serán solidariamente responsables respecto al ingreso, tenencia, mantenimiento y destino final de toda mercancía introducida o procesada en las zonas autorizadas, y responderán legalmente por el uso y destino adecuado de las mismas. La responsabilidad solidaria establecida opera sobre las obligaciones tributarias incumplidas y sobre las sanciones pecuniarias que se impongan por infracciones cometidas, reconocidas en esta ley y en su reglamento. Tratamiento aplicable a las mercancías introducidas en Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Art. 64.- Corresponderá al organismo rector en materia de política comercial e inversiones establecer los requisitos generales y específicos, incluidos los de origen, valor agregado nacional o, cuando fuere el caso, porcentajes mínimos de exportación, para que un producto transformado, elaborado (incluido su montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) o reparado (incluido su restauración o acondicionamiento) dentro de una zona especial, pueda ser nacionalizado sin el pago total o parcial de aranceles. Art. 65.- La entidad habilitada para el efecto certificará el origen de las mercancías sujetas a operaciones de perfeccionamiento activo, que cumplan las normas que se establezcan para el reconocimiento del origen del producto procesado, o de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, tanto para su exportación como para su introducción al territorio aduanero nacional. Art. 66.- Los administradores u operadores de zonas especiales de desarrollo económico serán sancionados por infracciones a las obligaciones impuestas por la 28
  29. 29. presente Ley y su Reglamento de aplicación, dependiendo de la gravedad de cada caso, con: a) Amonestación por escrito; b) Multa cuyo valor será de un mínimo de diez y un máximo de cien salarios mínimos vitales para los trabajadores del sector privado; c) Suspensión de la autorización otorgada para desarrollar sus actividades, por un plazo de hasta tres meses; d) Cancelación definitiva de la autorización para operar como usuario dentro de la respectiva zona especial de desarrollo económico; y, e) Terminación anticipada de la concesión de una zona especial de desarrollo económico Las sanciones previstas en los literales a) y b) podrán ser adoptadas por la unidad Técnica Operativa del control de las zonas especiales. Las sanciones previstas en los literales c), d) y e), serán adoptadas por el órgano rector de la política comercial y de inversiones. Para la aplicación de las sanciones detalladas en este artículo, deberá instaurarse previamente el respectivo proceso administrativo, cuyo procedimiento será establecido en el Reglamento a esta normativa. De los incentivos para las zonas especiales de desarrollo económico Art. 67.- Las empresas administradoras y los operadores de las zonas especiales de desarrollo económico, en sus distintas modalidades, gozarán de los siguientes incentivos condicionados para su crecimiento: - Exoneración total de los aranceles de aduana y demás tributos al comercio exterior, que se generen por las operaciones de importación o exportación de mercancías hacia y desde el territorio de la zona concesionada; - Exoneración total de los aranceles de aduana y demás impuestos al comercio exterior, que se generen por la importación de bienes necesarios para el desarrollo de la infraestructura de la zona especial autorizada; - Deducción adicional de hasta el 5% del impuesto a la renta, en razón de los siguientes parámetros: actividad económica a desarrollar, generación de empleo, ubicación de la ZEDE en regiones definidas como prioritarias por el Ejecutivo, y valor agregado de componente nacional en los bienes y servicios a producir o proveer; - Exoneración total del Impuesto a la salida de divisas, siempre que el financiamiento de la inversión haya provenido por una institución financiera internacional, excepto las que se domicilian en paraísos fiscales. - Exoneración total del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a los Consumos Especiales en las transferencias de bienes desde el territorio nacional hacia la zona especial de desarrollo económico, siempre que dichos bienes sean necesarios para el proceso productivo o para la actividad que desarrolla la empresa adquirente dentro del territorio autorizado. - Exoneración total de los impuestos municipales de patentes, del impuesto a los activos de las empresas, alcabalas, prediales (sobre los predios en donde se encuentra instalada la ZEDE), utilidad en la compra venta de inmuebles destinados al funcionamiento de la ZEDE, e impuestos generados en la concesión de créditos por parte del sistema financiero nacional. También 29
  30. 30. gozarán de exoneración de todo impuesto vigente relativos a regalías sobre patentes y pagos derivados de contratos de transferencia de tecnología; y, - Exoneración de tributos al comercio exterior y demás impuestos internos para la adquisición de equipos y maquinarias de prevención y control ambiental, que sean necesarios para el proyecto a desarrollarse en la ZEDE. Los incentivos mencionados se podrán hasta duplicar, en sus cuantías y plazos de ejecución, siempre que la zona autorizada se establezca en un territorio de menor desarrollo económico, determinado como tal por el órgano rector en materia de política de fomento productivo, o que el proyecto a desarrollarse sea parte de los considerados como sectores estratégicos de la economía nacional. Art. 68.- Plazo de los incentivos y beneficios.- Los incentivos y beneficios descritos en esta Ley se mantendrán vigentes para las empresas administradoras y los operadores de zonas especiales de desarrollo económico, por el tiempo de autorización otorgado, el mismo que no excederá de 20 años, que podrán ser prorrogables de acuerdo a los resultados de la gestión de la ZEDE. Art. 69.- Del tratamiento aduanero y de comercio exterior.- Por tratarse de una estructura jurídica de excepción, las zonas especiales de desarrollo económico gozarán del tratamiento de destino aduanero que les otorga el régimen legal aduanero. Los procedimientos para ingreso y salida de mercancías de las ZEDE serán establecidos por el organismo rector en materia de política comercial e inversiones. De igual manera, el uso de los desperdicios, mermas y sobrantes, así como su posible nacionalización, re- exportación o destrucción de mercancías en estado de deterioro, serán regulados en el reglamento a la presente ley. Art. 70.- Los bienes de capital ingresados al país por medio de una importación temporal con reexportación en el mismo estado o importación temporal para perfeccionamiento activo, podrán finalizar su régimen con la reexportación del bien a una zona especial de desarrollo económico, siempre que un operador haya solicitado su ingreso respectivo para utilizarlos en las actividades autorizadas. El reglamento a la presente ley establecerá los parámetros en los que el ingreso de una mercancía a una zona especial de desarrollo económico se consideré una exportación, y, a su vez, cuando el ingreso al territorio aduanero nacional de un bien que proviene de una zona autorizada se considera una importación. Art. 71.- Para efectos tributarios y aduaneros, al ingreso al territorio aduanero nacional de un bien que ha sido producido o transformado en una Zona Especial de Desarrollo Económico, deberá ser liquidado y pagará los tributos correspondientes, considerando el valor en aduana de la mercancía a nacionalizarse, debiendo descontarse el valor agregado nacional y/o el valor de los bienes nacionales o nacionalizados que se hayan incorporado en el proceso productivo del bien a nacionalizarse. En el reglamento a la presente ley se establecerá el procedimiento para determinar el valor agregado nacional en los productos procesados en las zonas especiales de desarrollo económico, y los métodos de clasificación arancelaria que deban aplicarse. 30
  31. 31. Art. 72.- Los bienes de capital de origen extranjero utilizados en una zona autorizada, para efectos de su nacionalización, serán valorados considerando el estado en que se encuentren al momento de realizar el trámite de la declaración a consumo. Art. 73.- Del régimen laboral.- A las actividades que se desarrollen en las zonas autorizadas serán aplicables las disposiciones de las leyes y reglamentos que rigen las relaciones laborales y de seguridad social en la República del Ecuador, con excepción de los servicios técnicos especializados que se contraten entre las empresas administradoras u operadores y técnicos especialistas, extranjeros, que se regularán exclusivamente por lo que acuerden las partes en sus respectivos contratos. Los pagos que se realicen por este concepto a los técnicos especialistas estarán exentos del impuesto a la renta y del Impuesto al valor agregado. No obstante lo indicado, los especialistas contratados serán sujetos pasivos de las demás obligaciones tributarias que se generen por las actividades económicas realizadas en el país. 31

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