El documento describe la creación secreta de un Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros por parte del gobierno guatemalteco para abordar los conflictos sociales relacionados con la minería desde una perspectiva de seguridad nacional. El grupo opera en San Rafael Las Flores, pero su existencia y nombre son desconocidos por los residentes locales. El grupo fue creado para monitorear y controlar la oposición a proyectos mineros, lo que genera preocupaciones sobre el secreto con que opera y su enfoque contrainsurgente.

1. El Gobierno crea en secreto un Grupo Interinstitucional de
Asuntos Mineros
Fuente: OCMAL- 23 julio 2014. Escrito por Plaza Pública
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un
Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la
explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el
Gobierno ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en
secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos
extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
San Rafael Las Flores se ha vuelto un extraño lugar donde todos
parecen precavidos. Desconfían. Desde mayo de 2013, luego de que
en este municipio de Santa Rosa se decretara un Estado de Sitio, las
cosas son así. En las calles, en los parques, en las pequeñas tiendas
de esquina, la gente observa con detenimiento a todo el que pasa
frente a sus ojos. La alerta es espontánea. Los extraños no suelen
pasar desapercibidos.
¿Es usted trabajador de la mina?
¿Viene de Canadá?
¿Qué quiere?
Son preguntas que se sueltan desde la incomodidad. Suceden en el
autobús, en el restaurante, a veces, en la calle. “Hay que tener
cuidado con eso de hablar de la minería”, advierte un tendero con
una sonrisa. La explicación que da es que cada quien, en San Rafael
Las Flores, reacciona bien o mal ante el tema, a favor o en contra del

2. proyecto minero El Escobal, que desde hace unos meses ha
empezado la extracción de plata en el subsuelo de San Rafael Las
Flores. “La población está dividida”, dice. Le indico, no obstante, que
con la minera no es necesario nada, que si no conoce la ubicación de
una oficina estatal, una oficina de Gobierno que en efecto tiene un
nombre minero: “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros”, si
acaso sabe algo de ella.
Tras el mostrador, el tendero se rasca la cabeza y dice: “Ese nombre
no me suena”.
Lo mismo pasa con un agente de tránsito, con la dependienta de una
farmacia, con un policía de seguridad privada. “El Grupo
Interinstitucional de Asuntos Mineros” es algo que no les suena.
“Quizá usted busca aquella oficina de Gobierno que tiene unos
carteles”, dice una anciana frente a la municipalidad. Indica, luego,
un largo camino de veredas y calles para poder llegar hasta allí. “Pero
la oficina no tiene ese nombre. No recuerdo ahora, pero ése no es”,
aclara.
Desde el 26 de marzo de 2013, el gobierno de Otto Pérez Molina ha
dado un trato especial a los conflictos sociales de San Rafael Las
Flores. En el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) se acordó que los
problemas sociales —protestas, altercados, provocaciones,
bloqueos— alrededor de los proyectos extractivos debían ser
abordados desde otro nivel, desde una perspectiva de Seguridad
Nacional, es decir, como una amenaza en contra de la seguridad del
Estado.
Para hacer frente a ello fue creado el “Grupo Interinstitucional de
Asuntos Mineros”, una instancia que trabaja bajo la supervisión del
coronel Ricardo Bustamante, encargado de la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad (STCNS).
Los viceministros de Gobernación, Edi Juárez; de Ambiente y
Recursos Naturales, Sergio Ruano; el director de minería en el
Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castellanos; y el encargado
del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, integraron el
primer grupo de funcionarios que escuchó las evaluaciones sobre
conflictividad elaboradas por la Secretaría de Inteligencia Estratégica
del Estado (SIE), a cargo de José María Argueta, tras los violentos
hechos desatados en San Rafael Las Flores en septiembre de 2012.
Durante esos incidentes fueron incendiadas casas, equipo y vehículos
de la empresa minera San Rafael, así como instalaciones de

3. entidades públicas y privadas. Hubo más de medio centenar de
heridos; y murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la
Policía Nacional Civil (PNC).
El “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros” fue creado en marzo
de 2013 bajo el amparo de la Política Nacional de Seguridad, dos
meses antes de que fuera decretado el Estado de Sitio en esa
población, y un mes antes de la aprobación de la licencia de
explotación al proyecto Escobal.
En el Ejecutivo se trazó un proyecto de Acuerdo Gubernativo para
darle vida legal a esa instancia. La Procuraduría General de la Nación
recibió la solicitud y le dio su “visto bueno”. Sin embargo, el acuerdo
para la creación del “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros”
nunca fue publicado.
El proyecto de Acuerdo Gubernativo faculta a esta instancia, entre
otras atribuciones, a “elaborar recomendaciones, políticas, estrategias
y proyectos de carácter político, social, económico y de seguridad al
Consejo Nacional de Seguridad para la atención integral de la
problemática de seguridad, generada por la exploración y explotación
de recursos naturales no renovables”.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en declaraciones
a Plaza Pública reconoció que este grupo opera desde hace casi un
año en San Rafael Las Flores, y que “su función es identificar lo que
ha fallado” en temas de seguridad e “impacto social” en los sitios
donde se impulsan proyectos mineros.
“Nosotros creemos que el Estado, como tal, cuando convoca a capital
extranjero, tiene que hacerlo con un acompañamiento de principio a
fin. Significa que si se identifican lugares potencialmente buenos para
explotación de recursos, hay que ir al lugar, evaluar el lugar, y así
como se está requiriendo productos de impacto ambiental, también
se pretende requerir estudios de impacto social”, explicó el Ministro.
Ello implica, agregó, que “por tratarse de un grupo interinstitucional
en asuntos mineros se involucra a todas las instituciones que tienen
que ver con este tema”.
Una oficina ubicada en San Rafael Las Flores era importante para el
funcionamiento de este grupo. Lo curioso: en San Rafael Las Flores
nadie sabe dónde está ubicada. Al menos no con su nombre real.
En la salida de San Rafael Las Flores hay un primer indicio de la
existencia de esta oficina. Una valla que anuncia la ubicación de una

4. oficina gubernamental. Hay que seguir las indicaciones —unas
flechas—, primero a la derecha, luego de nuevo un cruce en el mismo
sentido, luego recto, hasta salir del casco urbano y llegar a un camino
de terracería que da a unos potreros en medio de la nada.
Allí, lejos de todo, la oficina de Gobierno parece más bien una
fortaleza. Hay malla metálica a su alrededor. Alambres de púas. Hay
que rodearla por completo hasta dar con la entrada. Se encuentra
empotrada en un punto estratégico, en la cima de un cerro pequeño:
cualquier visita se vuelve anticipada. Gran parte del pueblo puede ser
visto desde esta oficina.
En la fachada se lee: “Oficina Interinstitucional para el Desarrollo
Integral”.
¿Es está la sede del “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros” a
cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad?
A primera vista no lo parece.
Semanas antes, Eduardo Spiegeler, de la Comisión de Asesoramiento
y Planificación (CAP) del Consejo Nacional de Seguridad confirmaba,
al igual que López Bonilla, que el grupo de asuntos mineros para la
seguridad nacional estaba en operaciones en San Rafael Las Flores.
“En un momento determinado se estimó que la minería está
desarrollando un tipo de conflictividad generalizada. Ya no es sólo el
problema de un lugar, como San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, o
la Compañía Guatemalteca de Níquel en Izabal, o El Tambor en San
José del Golfo. El consejo (CNS) tomó nota de esto y lo elevó a un
problema que podría reaccionar como una amenaza a la nación. Algo
que, en sí, puede afectar la gobernabilidad del país”, explicaba el
asesor del CNS.
Pero, ¿cómo opera un grupo de este tipo? ¿Cómo se maneja la
minería desde la perspectiva de una Política de Seguridad Nacional?
Spiegeler dice que han detectado varios factores que explican la
negativa de las comunidades a que se haga un aprovechamiento de
los recursos naturales. “Falta de información”, indica. “El problema de
eso es que no ha habido una buena comunicación estratégica, que
realmente genere confianza en lo que se va a hacer”.
 ¿Las compañías son las que deberían proporcionar información?
 Eso debe ser una actividad que le corresponde al Estado. Dar a las
comunidades información fidedigna y certera de lo que está
pasando.

5. López Bonilla lo explica con claridad: “La lógica es cambiar lo que ha
venido desarrollándose anteriormente. Por ejemplo, el Estado
convoca, otorga una licencia de reconocimiento, luego de exploración
y después la de explotación, y resulta entonces que tenemos un
problema de conflictividad en el área. Entonces, cómo administrar el
conflicto, en un orden lógico: ir al origen. Qué se hace, se habla del
proyecto, en qué consiste, el impacto, los beneficios. Y aquí el rasgo
más importante de la Política Nacional de Seguridad enfocado en
asuntos mineros”.
La “confianza” que según Spiegeler se busca generar en la población
es lo que menos se percibe en la oficina gubernamental “para
Desarrollo Integral”, sede, en realidad, del “Grupo Interinstitucional
de Asuntos Mineros”, ubicada en las afueras de San Rafael Las Flores.
Hay varios funcionarios públicos reunidos en su interior.
 ¿Son ustedes el Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros de la
STCNS? —se les pregunta al grupo que se observa en el interior de
la oficina.
 No. Si usted leyó afuera, esta es una oficina de Desarrollo Integral
—dice el coronel Mario René Gálvez, delegado del Ministerio de
Gobernación.
 No tenemos nada que ver con la mina —exclama, desde un inicio,
Giovanni Martínez, representante del Sistema Nacional de Diálogo
(SND).
En todo caso, parece una reunión de técnicos y rudos. Técnicos como
los ingenieros Fredy Navarro, del ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales; Julio Chacón, del Ministerio de Energía y Minas; y Luis
Martínez del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y rudos como
Mario Pozuelos —que toma fotografías al reportero de Plaza Pública —
de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el
coronel Gálvez.
 Disculpen pero el Ministro de Gobernación dice otra cosa.
—….
 La oficina es una expresión del Estado para cubrir las demandas
de los pobladores. Da asesoramiento, ofrece información a quien
la pida, con respuestas técnicas y científicas sobre la mina.
Fiscalizamos a la mina —explica Martínez del SND.
 ¿Qué actividades realizan?

6.  Por ejemplo, ahora mismo, evaluamos el agua. Pero también cada
institución recopila información, la trae, y entre todos la
analizamos. Remitimos todo a la STCNS —vuelve a responder
Martínez. Esta vez, muestra la hoja de ruta, señala que en efecto
dice “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros”, pero sostiene
que es un error, que en algún momento la STCNS decidió llamarla
así. La contradicción radica en que las hojas oficiales dicen un
nombre, y las instalaciones donde nos encontramos otro. Todo es
muy extraño. Absurdo casi.
 ¿El grupo opera en secreto?
—…
 No, no para nada—dice Gálvez.
Todo el grupo parece nervioso, a ratos molesto, otras veces
sorprendido, la mayor parte del tiempo incómodo. Dicen, seguros,
que tienen el Acuerdo Gubernativo para funcionar, pero no pueden,
no logran, recordar el número o la fecha de publicación en el diario
oficial. En realidad se intentó tener acuerdo, pero al final nunca fue
publicado. La STCNS defiende que el reglamento de la Ley Marco del
Sistema Nacional de Seguridad (decreto 18-2008 yacuerdo 166-
2011) les da la facultad de crear grupos interinstitucionales a su
antojo, incluso sin explicar su funcionamiento, su presupuesto.
“Hay dos formas de política pública: la de hecho y la jurídica”, explica
Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). “En el
caso del Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, dentro de la
Política Nacional de Seguridad, estamos ante una política pública de
hecho. El tema es que, más que llamarle una política minera, es más
una política de control social. En vez de reformar la Ley de Minería,
algo necesario, el Gobierno reacciona y sale con una cuestión
enfocada a la seguridad y la amenaza nacional. Se evidencia cómo el
Estado quiere organizarse para minimizar la protesta, que también es
un derecho constitucional”.
José Cruz, del colectivo ambientalista Madre Selva, va más allá. “Este
plan es contrainsurgente”, dice. “Ellos lo están aplicando en época
democrática. Las coordinadoras interinstitucionales de este tipo eran
parte de las estrategias del Ejército durante el conflicto armado
interno. Lo preocupante, sin embargo, es el secreto con que se ha
manejado”.

7. Desde 1999, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala
se empezó a plantear la construcción de una seguridad democrática.
El centro de la política pública de seguridad sería el desarrollo
humano. Se buscaba corregir algunas herencias del pasado, entre
ellas, la contrainsurgencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. En
2008 se aprobó la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Se
intentaba que distintas instituciones se coordinaran alrededor de un
eje central de poder —el CNS — y se abordara el tema de la
seguridad interior y exterior en manos del poder civil. Era abandonar
las viejas formas, la tradición de la seguridad en manos de lo militar,
pasar a una Política Nacional de Seguridad diferente. Héctor Rosada-
Granados, de la Junta Directiva del Centro de Estudios Estratégicos y
de Seguridad para Centroamérica (CEESC), dice que en todo ese
proceso nunca se abordó el tema de la oposición social a la extracción
minera como amenaza a la seguridad nacional, pero advierte que
cada gobierno puede identificar amenazas dependiendo de la
coyuntura.
“Es probable que en otro Gobierno se hubiera interpretado de otra
forma y procedido a integrar el grupo interinstitucional con otros
componentes. Por ejemplo, incluir en él a la institución del Procurador
de los Derechos Humanos, y darle otro enfoque a la conflictividad que
se plantea, de forma tal que destaque el cumplimiento de los
derechos ciudadanos a la protesta, sin visualizarla como una
amenaza a la seguridad de la nación”, señala Rosada.
 ¿Cómo se explica, entonces, que la conflictividad social generada
alrededor de la oposición a los proyectos mineros se esté
manejando desde una perspectiva de amenaza a la seguridad
nacional?
 Un Gobierno democrático que respeta el estado de derecho nunca
ubicaría una protesta social como una amenaza en contra del
Estado; nunca la clasificaría como generadora de desestabilización
y peligro para la seguridad de la nación. Por el contrario, un
Gobierno autoritario de corte militar y con profundos antecedentes
que lo ubican en la génesis de la política contrainsurgente aplicada
durante la guerra interna, reaccionará y priorizará en la misma
forma en que lo hizo antes.
En San Rafael Las Flores, la implementación de la Política Nacional de
Seguridad no ha pasado tan inadvertida. Los vecinos notan cambios,
a pesar de no haber sido informados que el CNS elevó la
conflictividad social en torno a la mina a un nuevo nivel. Apenas se

8. genera confianza para que alguien explique cómo ha sido la vida en
esa población luego del Estado de Sitio. Se vuelve complicado.
 Nos sentimos vigilados —dice un maestro que pide que no se
revele su nombre.
 Acá pasan carros con gente armada a cada rato —indica un señor
de gestos recios, de bota y sombrero.
 A nuestra producción le ponen precio. No hay modo de negociar.
Dicen que nuestro frijol, nuestro tomate, todo está contaminado
con cianuro y ya no podemos llegar a un precio justo —dice un
campesino de la aldea El Volcancito.
 Hay miedo, acá luego del Estado de Sitio, lo que hay es miedo.
Nadie habla como antes del problema de la minería. De ningún
tema en realidad. La resistencia fue aniquilada. El silencio, la
desconfianza, llena el pueblo —reclama Rudy Pivaral del Comité en
Defensa de la Vida y la Paz. Uno de los pocos que se atreve a dar
su nombre para hablar del tema.
Casi nadie se atreve a denunciar públicamente que la “Oficina
Interinstitucional de Desarrollo Integral” es en realidad, como dice
Pivaral, “una oficina de inteligencia militar”.
“Es igual a los años setenta. Es lamentable. Vivimos en alerta
permanente. Esa oficina siempre nos ha parecido sospechosa. Ubican
el nombre de los líderes, manejan información de las comunidades.
Lo sabemos aunque digan lo contrario”, asegura el líder comunitario.
Hasta antes de la escalada de violencia en San Rafael Las Flores el
Estado encaraba la conflictividad social alrededor de los proyectos
mineros mediante el Sistema de Diálogo Nacional (SDN). Dirigido por
Miguel Ángel Balcárcel, las críticas ante el SDN son varias. Muchas
coinciden en que la intención de diálogo, en realidad, no existe. “Se
organiza, se crea un proceso, un eufemismo del Estado, para que las
comunidades acepten las condiciones de las empresas”, resalta
Samayoa. Incluso el presidente Pérez Molina ha admitido que existen
errores en los mecanismos de gestión en esa instancia.
Mediar, informar, crear procesos para las gestión de conflictos,
prevenir, gran parte de sus funciones han sido adjudicadas al Grupo
Interinstitucional de Asuntos Mineros. Miguel Ángel Balcárcel
considera, a pesar de ello, que el SDN continúa su trabajo, no en
paralelo sino como acompañamiento.
“La creación de este Grupo Interinstitucional se da porque la situación
en San Rafael llegó a un punto complejo. Obligó a tomar medidas en

9. el campo de la seguridad, no se trató de eliminar el diálogo, sino que
el enfoque ha sido distinto: los cauces de la democracia, la
gobernabilidad”, dice Balcárcel.
Dentro de este contexto, según Cruz de Madre Selva, el SND ha
ampliado sus funciones. “Están haciendo mapeo de líderes. Evalúan
escenarios”. “El diálogo funciona de fachada para acercarse, obtener
nombres, establecer capturas”, indica.
La conflictividad social en torno a un proyecto extractivo no es algo
exclusivo de San Rafael Las Flores. Hay diversos puntos en choque, a
nivel nacional. Y cada uno es distinto, con sus propias complejidades,
con contextos divergentes. En Izabal, en San Marcos. En San Juan
Sacatepéquez. O entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo,
municipios de Guatemala, en los que la resistencia al proyecto minero
El Tambor fue abatida recientemente.
Yolanda Oquelí, al frente de La Puya, no descarta que el desalojo del
23 de mayo de este año, haya sido decidido desde una mesa de alto
nivel como el Consejo Nacional de Seguridad. Sospechan que una
sucursal del Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros quiera ser
instalada en San José del Golfo, en secreto.
No hay razones para ello, señala Oquelí. “Nosotros no somos una
amenaza”.
Spiegeler, en efecto, dice que el “Grupo Interinstitucional de Asuntos
Mineros” es una especie de plan piloto para toda Guatemala:
“Digámosle así: es un plan piloto, un respaldo para que se puedan
plantear las demandas de la comunidad. En este momento está
centrado en San Rafael Las Flores. No está viendo otro tipo de
conflicto. Fue conformado para ello. La otra conflictividad, no la
maneja este Grupo de Asuntos Mineros. La conflictividad nacional se
maneja a nivel de los Ministerios. Y cuando se solicite a ese nivel que
se replique este modelo, desde la Política Nacional de Seguridad, en
La Puya por ejemplo, la STCNS emulará este tipo de procedimientos”.
El día que se visitó la oficina gubernamental en San Rafael Las Flores,
esperaban, afuera, tres hombres que dijeron serían los encargados de
implementar una oficina de este tipo en San Juan Sacatepéquez, a
causa de la conflictividad social en torno al proyecto San Gabriel, de
la empresa Cementos Progreso.
Sobre la posibilidad de ampliar las funciones del Grupo
Interinstitucional para Asuntos Mineros en otros lugares, López
Bonilla dice que primero hay que “atender la conflictividad derivado

10. de lo que ya ha sido otorgado” para garantizar que el “nuevo modelo”
haga más viable la administración y certeza de los proyectos que
para el Gobierno “son estratégicos”.
Se trata del nuevo modelo de desarrollo basado en la explotación de
los recursos naturales, un modelo que según el Ministro de
Gobernación, tiene como objetivo que Guatemala se convierta en
destino para la inversión de capitales extranjeros.
Para Héctor Rosada, el paradigma de la seguridad democrática pasa
por la existencia de un Estado capaz de generar oportunidades de
desarrollo para toda su población, y en la capacidad de contener los
riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se presenten. Es decir,
“ubicarse por encima de los actores implicados en el conflicto, y
aplicar la ley con mesura en busca del restablecimiento de los
equilibrios que se hayan perdido. El sentido que se le dé a la ley
dependerá de la intencionalidad que posea el Gobierno que la aplica.
De ahí dependerá qué lectura se le dé a los hechos y qué estrategias
aplique para el manejo de los conflictos”.
 ¿Por qué se optó por no darle vida al Acuerdo Gubernativo que
otorga respaldo jurídico al Grupo Interinstitucional para Asuntos
Mineros? —se cuestionó a Spiegler.
 ¿Y no fue mejor así? —contestó Eduardo Spiegeler unos días
antes— Creo que si se publicaba el Acuerdo Gubernativo en ese
momento se hubiera dado una demanda masiva de oficinas de
este tipo. No sólo para San Rafael. Sino a nivel nacional. En esa
coyuntura no teníamos capacidad de reacción. Hoy sabemos que
tenemos capacidad. San Rafael fue un ensayo, una prueba.
“No sé qué pudo haber ocurrido allí”, dudaba López Bonilla ante la
falta del respaldo legal que contiene las funciones de un grupo de
este tipo. “Lo que hace un Acuerdo Gubernativo es institucionalizar
políticas. Sobre todo donde el Ejecutivo juega un gran papel. Pudo
haber algo administrativo. Pero le puedo decir que ese Acuerdo
Gubernativo si se va a concretar, porque lo que estamos haciendo es
trabajar en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
para crear condiciones de nueva y mejor gobernabilidad para el país”,
aseguraba el Ministro.
Salir de San Rafael Las Flores a veces es complicado. Has
preguntado. La gente ha desconfiado. Te han observado. Te tienen
ubicado como alguien externo al municipio. Muchos, es cierto, se
incomodan con el tema minero. A veces da miedo. A manera de

11. despedida, en el autobús, una chica —rubia, uñas color rosa,
delgada— se acerca y dice: “Ustedes (¿periodistas?) hacen quedar
siempre mal a la minería. Pero no entienden. En este lugar yo nunca
hubiese podido ganar lo que gano ahora. Tengo un buen sueldo. Este
pueblo estaba olvidado. Hoy hay progreso. Hay hoteles y
restaurantes. Estamos bien. Ganamos”.
Ella dice que estudia Derecho, que ahora lo puede pagar. Luego
escucha con calma, sin dejar su mirada desafiante, la búsqueda por
aquella oficina gubernamental en las afueras de San Rafael Las
Flores. Para calmarla un poco le digo que con la minera nada, que
mire —le muestro— el proyecto de Acuerdo Gubernativo, la Política
Nacional de Seguridad, el secreto, la fachada.
“Estos malditos”, exclama. “Siempre hacen las cosas mal. Siempre
mal”.