1. INFORMACIONES EN EL MARCO DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA REPRESAS
Afectados/as efectúan manifestaciones en el
marco del Día Internacional de Lucha contra las
Represas
Natasha Pitts
Periodista de Adital
EL 14 de marzo, Día Internacional de lucha contra las represas, movimientos sociales y
ambientales harán resonar sus voces contra el actual modelo energético, en favor de sus
derechos, contra la privatización del agua y la energía y la construcción de represas. Entre
las demandas de esta población brasilera está la creación de un Fondo para los afectados
por represas y la cancelación de la planta hidroeléctrica de Belo Monte Río (Río Xingú,
Pará).
El Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, por su sigla en portugués) está
invitando a todos a unirse a las movilizaciones de la Jornada Nacional de Luchas, que
comenzó el martes y continúa hasta el jueves (15). El foco de las acciones es denunciar las
graves consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales del modelo energético
vigente.
Como parte de la Jornada, esta mañana, alrededor de 500 personas ocuparon la sede de
Eletrobrás, en Río de Janeiro, para presionar al Gobierno Federal para que cambie el actual
modelo energético y por más atención a las personas desalojadas debido a la construcción
de lagunas artificiales.

2. En las últimas horas de ayer y primeras de hoy, se dieron manifestaciones en el plantel de
construcción de la represa de Garibaldi, en Santa Catarina. 500 afectados por la represas
ocuparon el local para exigir sus derechos, que les están siendo negados y apoyar a los
trabajadores del proyecto, que están luchando por mejores salarios y condiciones de
trabajo.
Otras movilizaciones de la Jornada Nacional de Luchas también se están realizando en:
Altamira (Pará), Brasilia (Distrito Federal), Porto Velho (Rondonia), Belém (Pará),
Florianópolis (Santa Catarina), entre otras ciudades.
La presión de las manifestaciones llevadas a cabo esta mañana ya provocó reacciones
positivas. A las 4:0 pm el Ministro Gilberto Carvalho, Secretario General de la Presidencia,
debe recibir una Comisión de MAB para la audiencia en el Palacio del Planalto.
Los afectados demandan que sea creada una política nacional que defina las directrices y
criterios para el tratamiento de sus derechos, pidiendo también la creación de un fondo de
asistencia para reparar los daños causados a los personas afectadas por las represas, con
recursos suficientes para garantizarles un reasentamiento adecuado, asistencia técnica,
créditos y presupuesto de manutención.
Los reclamos se basa en el hecho siguiente: hoy, la decisión sobre cómo tratar a los
afectados, está en manos de las empresas. Ellas definen quien debe ser re-asentado y
quién debe recibir una indemnización. Las implicaciones de esta situación son, de acuerdo
con el informe del Consejo para la Defensa de los Derechos de la Persona Humana,
vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 16 tipos
de violaciones de los derechos humanos repetidas en la construcción de presas.
Otra reivindicación de la Jornada, es cancelar la construcción de la hidroeléctrica Belo
Monte y demás represas en la Amazonia. Los afectados demandan también que el
Gobierno renueve las concesiones del sector eléctrico, que vencen a partir del 2015. El
MAB cree que las renovaciones pueden evitar más privatizaciones de centrales eléctricas,
líneas de transmisión y distribución de la energía eléctrica.
Los trabajadores del sector eléctrico están siendo llamados a unirse a esta lucha.
Asimismo, a la población en general, que se paga muy caro para la energía, también es
invitada a movilizarse no sólo ahora, sino también durante la construcción de la Cumbre de
los Pueblos de Rio+20, evento paralelo a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo
Sostenible (Rio20+20), a fin de enfrentar "todas las injustas estructuras de la sociedad".
Perjuicios causados por las represas
Según el MAB, solamente en Brasil cerca de un millón de personas fueron expulsadas de
sus casas, quedando sin trabajo, vivienda y renta, como consecuencia de la construcción
de represas. La situación empeoró a partir de los años noventa, con la privatización del
sector eléctrico. En el mundo, la Comisión Mundial de Represas calcula en cerca de 80
millones las personas que han sido desplazadas, directa o indirectamente por la
construcción de represas.

3. Además, las represas son las principales responsables de la destrucción de miles de
hectáreas de bosques, que son inundadas. El estrago es causado por más de 45.000
grandes empresas que, con muros de estancamiento de más de 15 metros, están
obstruyendo ríos y cubriendo más de 400.000 km2 de tierras.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
Brasil: Afectados/as por represas ocupan sede de la
Chesf en Recife
CLOComunicacion
Martes 13 de Marzo de 2012
Cerca de 1.500 integrantes el Movimiento de Afectados/as por Represas (MAB) de toda la
región Nordeste ocupan y montan un campamento en la mañana de este martes (13/03), en la
sede de la Compañía Hidroeléctrica del San Francisco (CHESF), en la ciudad de Recife. Los
manifestantes protestan contra el actual modelo energético brasileño, las tentativas de
privatización del agua y de la energía en curso en el país, además de reivindicar la garantía de
derechos para las familias afectadas por represas.
La movilización forma parte de la jornada nacional de luchas del MAB que tiene lugar la
semana del Día Internacional de Lucha contra las Represas, por los Ríos, por el Agua y por la
Vida, celebrado el 14 de marzo. En Brasil, más del 90% del total de la electricidad generada
viene de las hidroeléctricas, De acuerdo con José Josivaldo, dirigente nacional del MAB, “este
modelo energético brasileño transforma agua y energía en mercancías, privilegiando a las
grandes corporaciones y empresas electrointensivas (que consumen mucha energía) y no
fortalece nuestra soberanía nacional”.
En este escenario, las construcciones de represas en Brasil vienen dejando un rastro de
violencia y crímenes cometidos contra las familias en el campo y en la ciudad y contra el medio
ambiente. Sólo en la región de la Cuenca del San Francisco, se estima que más de 200.000
familias han sido afectadas y expulsadas de sus tierras para la construcción de represas. El
Estado Brasileño tiene la función de planear y coordinar toda la política energética y financia
hasta el 80% de las obras con dinero público del BNDES. Por otro lado, “no hay política de
Estado para los/as afectados/as por las represas. Es el nivel de organización social local que
garantiza la consecución de los derechos de las familias”, destaca Josivaldo. Para el MAB, las
movilizaciones están siendo realizadas en empresas estatales del sector eléctrico por entender
que la creación de una política de reparación de los/as afectados/as por represas, es
responsabilidad del Estado Brasileño, ya que es también el Estado quien planifica, licencia y
financia las represas en Brasil. Por eso, una de las principales reivindicaciones del Movimiento

4. es que el Gobierno Federal cree una política adecuada de reparación de las pérdidas y
perjuicios de la población afectada, definiendo reglas y criterios en el tratamiento social de las
represas.
Durante la Jornada, el MAB reivindica también que el gobierno se posicione a favor de las
renovaciones de las concesiones del sector eléctrico, que vencen a partir de 2015. De acuerdo
con el Movimiento, la renovación de las concesiones es un camino que evitará una
privatización todavía mayor de las centrales, líneas de transmisión y distribuidoras de energía
eléctrica. En caso el Gobierno no opte por renovar las concesiones, el proceso se dará a partir
de la apertura de nuevas licitaciones, lo que representa una mayor privatización del sector.
Para el MAB esta es una lucha conjunta, que incluye organizaciones del campo y también de la
ciudad. De acuerdo con datos oficiales, Brasil posee la quinta mayor tarifa de energía del
mundo. “Es la clase trabajadora quien permanece perjudicada”, destaca el dirigente del MAB.
Además de eso, el Movimiento presta solidaridad a los trabajadores del sector eléctrico, que
están perdiendo cada vez más derechos y ven como sus salarios disminuyen en virtud de la
tercerización. Además de organizaciones de la Vía Campesina, como el CPT y el MST, otros
sectores urbanos están involucrados y apoyando la movilización, como es el ejemplo del
Sindicato de los Urbanitarios de Pernambuco y la Asamblea Popular. Otras movilizaciones de la
Jornada Nacional de Luchas del MAB están siendo realizadas en varias ciudades del país, entre
ellas, Altamira, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Velho, Belém y Florianópolis.
Viviana Rojas Flores
Comunicación CLOC- VIA CAMPESINA
Secretaría Operativa Ecuador
www.cloc-viacampesina.net
Comunicado en el Marco del Día Internacional
de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el
Agua y la Vida
RPAH
Red Panameña de Afectados por Hidroeléctricas
Adital
14 DE MARZO DE 2012
La Red Panameña de Afectados por Hidroeléctricas se manifiesta ante la opinión pública
nacional e internacional:

5. 1. Que existen más de 84 proyectos hidroeléctricos algunos aprobados y otros en trámite
en la autoridad de los servicios públicos de Panamá y en la autoridad nacional del
ambiente, instituciones que han estado vendiendo nuestros recursos naturales a empresas
privadas sin ningún tipo de planificación de todos estos proyectos. Los retamos a debates
públicos para desenmascarar sus mentiras.
2. La experiencia vivida que han tenido las comunidades campesinas e indígenas afectadas
por estos proyectos ha sido negativa, de violaciones de derechos humanos, de represión,
intimidación, corrupción. Jamás se ha respetado el derecho al consentimiento previo, libre
e informado de los afectados y los estudios de impacto ambiental son pura letra en papel
muerto.
3. Rechazamos el argumento de los sectores empresariales de que su seguridad jurídica
está por encima de la seguridad de comunidades enteras que serán desplazadas y sus
mejores tierras inundadas. Ellos no respetan títulos de propiedad, derechos posesorios,
tierras colectivas y tierras comarcales. Nos amenazan con expropiación y eso no es
considerado una violación a la seguridad jurídica del pueblo panameño.
4. proyectos hidroeléctricos, como Barro Blanco, no son construidos para beneficiar con luz
a las comunidades aledañas, ni mucho menos para bajar el costo de la luz al pueblo
panameño. Son para privatizar el agua. El Anam le otorga el derecho del 90% del caudal
del rio a través de concesiones permanentes. ¿Y que pasó con el agua de las comunidades,
con el caudal necesario para la vida de los peces y camarones, el caudal para la producción
agrícola y ganadera, el caudal para los proyectos de turismo comunitario. al pueblo y la
vida del rio le toca pelearse el 10%?
5. Exigimos al gobierno:
a. Cancelación del proyecto Barro Blanco;
b. Aprobación de la ley especial que prohíba la minería e hidroeléctricas en la comarca
Ngäbe-Buglé, para proteger este importante territorio de la devastación ambiental de los
empresarios codiciosos;
c. La discusión amplia sobre el tema energético para buscar verdaderas soluciones y
alternativas para beneficiar al pueblo panameño sin destruir el medio ambiente y privatizar
los recursos naturales necesarios para la continuidad de la vida;
d. La renacionalización del sector energético. Que los proyectos hidroeléctricos y
energéticos los construya y administre el Estado, para beneficio del pueblo;
e. Una ley especial que garantice el derecho de los afectados por hidroeléctricas y otros
proyectos de muerte;
6. Hacemos un llamado a todas las comunidades campesinas e indígenas del resto del país
afectados por los proyectos hidroeléctricos a que salgan a manifestarse para demostrarle a
la opinión pública que los afectados somos más que un grupo de empresarios culpables de

6. la pobreza y el conflicto socio ambiental de nuestro país. su intransigencia provoca nuestra
lucha en las calles.
SON NUESTROS RIOS, NUESTRAS TIERRAS Y NUESTROS DERECHOS.
12.03.12 - Panamá
Informe muestra trayectoria del conflicto minero
e hidroeléctrico en la Comarca Ngäbé Büglé
Natasha Pitts
Periodista de Adital
El Colectivo Voces Ecológicas (Covec) publicó este mes elInforme de los Hechos en Panamá
sobre el Conflicto Minero e Hidroeléctrico. El documento informa sobre la lucha de la
Comarca Indígena Ngäbé Büglé para defender sus tierras, y las ganancias de empresas
transnacionales y del propio gobierno, interesados en "desarrollar” el área, repleta de
riquezas naturales.
El Colectivo cuenta la historia desde febrero de 2011, cuando el gobierno de Ricardo
Martinelli sancionó la Ley 8 de 2011, que reformó el Código de Recursos Minerales. La
decisión desagradó a la coordinadora en Defensa de los Recursos de la Comarca Ngöbé
Büglé, que organizó el cierre de la Vía Interamericana por cuatro días. El conflicto sólo
finalizó con el Acuerdo de San Félix, el 27 de febrero de 2011.
La ley determinaba que el Gobierno tenía la obligación de proteger la Comarca contra la
explotación minera y debería adoptar medidas para proteger los recursos hídricos. A pesar
de esto, el 3 de marzo la Ley 8 fue anulada y el diálogo entre gobierno e indígenas tuvo
que ser reiniciado para la elaboración de una nueva ley minera.
En enero de este año, el Gobierno envió a la Asamblea de Diputados el proyecto de Ley
415, que unía lo que se consensuó en el Acuerdo de San Félix, con excepción del artículo
5, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos
y ambientales en la Comarca. De acuerdo con el Gobierno, este punto no formaba parte
del Acuerdo, pero los indígenas aseguran que sí.
La polémica sobre el artículo 5 se basa en el hecho de que el Gobierno queda obligado a
cancelar las concesiones vigentes y a paralizar los trabajos de las hidroeléctricas que se
están construyendo en la Comarca, además del compromiso de no permitir la construcción
de éstos y de nuevos proyectos.
La falta de consenso sobre este punto desencadenó una serie de acciones, como los
bloqueos en diferentes puntos de la Vía Interamericana. La respuesta del Gobierno fue una
fuerte ofensiva. El informe llama la atención sobre la represión ocurrida el 5 de febrero,

7. cuando la Policía, para dispersar el bloqueo que existía desde el 30 de enero, atacó con
bombas de gases lacrimógenos y armas de fuego. Más de 40 personas fueron detenidas,
entre ellas había menores de edad.
Además de negar la utilización de armas de fuego, el Gobierno justificó las acciones
afirmando que los indígenas estaban armados y que habían secuestrado a un extranjero.
Para el Covec, la intención era desprestigiar al movimiento, ya que los indígenas estaban
recibiendo apoyo del sector transportista y de viajantes.
El Colectivo también recuerda que después de la represión el Gobierno no ofreció ayudas
básicas, como alimentos y medicamentos. "Toda una acción de terror, para infringir en la
militarización de las áreas de conflictos, y para así aplicar la ley de criminalización de las
protestas”, señala el informe.
Para conocer el saldo de la represión después de una semana de protestas, los indígenas
crearon la Comisión de la Verdad, que se constituyó con médicos de la Comarca y personal
de apoyo. La Comisión escrituró dos muertos, 200 desaparecidos, dos violaciones a
mujeres, 119 detenciones, 135 Ngäbé Büglé bajo medidas cautelares y 47 heridos en los
hospitales de David, San Félix y Santiago de Veraguas.
Dos días después de la finalización del bloqueo, indígenas, Gobierno e iglesia católica
firmaron el Pacto de los Acuerdos de San Lorenzo para debatir el artículo 5. El acuerdo
definía: acordar el retiro de las tropas antimotines, restablecer las telecomunicaciones,
liberar a los detenidos, indemnizar a las familias de las víctimas, retirar denuncias del
Ministerio Público y pedir a los organismos de Derechos Humanos una investigación sobre
lo ocurrido.
Después de que el Gobierno aceptó cancelar las concesiones mineras ya otorgadas e
invalidar la Ley 41 (1975), que autorizaba el proyecto minero de Cerro Colorado, la
polémica se concentró en las concesiones hidroeléctricas, sobre todo en el proyecto Barro
Blanco, que ocupa siete hectáreas de la Comarca. Como no se llegó a un acuerdo sobre el
tema de las hidroeléctricas, la sugerencia del Gobierno fue un referendo para que el pueblo
decida sobre el permiso o no de implantar estos proyectos en la Comarca. La cacica
general Silvia Carrera no aceptó la propuesta por considerar el llamado al referendo una
‘posición politiquera’. Y así, la situación continúa sin resolución.
"El pueblo originario Ngäbé Büglé exige justicia por los caídos y victimas de la represión. El
pueblo panameño y sus distintos sectores organizados como ciudadanos hacen llamados y
denuncias por el secuestro de la democracia y el reino de un estado represor, que no cree
en la libertad de expresión y los derechos humanos.”
El Informe de los Hechos en Panamá sobre el Conflicto Minero e Hidroeléctrico se puede
leer en:www.radiotemblor.org/wp-content/uploads/2012/03/Informe-de-los-Hechos-en-
Panam%C3%A1-sobre-el-Conflicto-Minero-e-Hidroel%C3%A9ctrico1.pdf
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

8. Hidroeléctricas: negocio o
necesidad para el país
Panamá Miércoles, 07 de Marzo de 2012 19:25
El Gobierno Nacional ha señalado que no puede acceder a las demandas de los indígenas Ngäbes,
porque sería atentar contra la seguridad y el desarrollo del país. Según datos de la ASEP, la
capacidad instalada de generación eléctrica hasta el primer semestre de 2011 era de 2051.4 MW, la
cual ha estado en aumento desde 1998 cuando era de 1000 MW aproximadamente.
La generación hidráulica apenas representa el 48.6% de la capacidad, lo cual es explicado por la
ausencia de una política energética del país, más allá de hacer negocios, sacar rentabilidad. La
demanda máxima del sistema ha sido de 1286 MW, apenas el 40% de la capacidad instalada. Parte
de la generación se ha exportado.
La ASEP desde el 2011 no actualiza las estadísticas, aunque se reconoce una exportación, al
menos de 124 MW. Otros estudios señalan un promedio semanal de demanda de 700 MW a 1200
MW. La demanda máxima se ubica entre mediodía y las 2:00 PM, pues, debido al calor, se utilizan
más acondicionadores de aire. No es cierto que el país está en riesgo si no se construyen más
hidroeléctricas.
Otra mentira del gobierno. El consumo comercial corresponde al 44%, principalmente de los malls y
hoteles, que consumen tanta energía como los distritos de San Miguelito y Arraiján juntos. El
gobierno se ha negado a discutir el modelo económico altamente consumista de energía, diseños de
edificios y centros comerciales de alto consumo energético, un modelo económico que profundiza la
concentración de la riqueza donde los que más tienen, consumen y derrochan más electricidad. Sin
embargo, culpan a los pobres, los humildes, los grupos originarios, de ser responsables de poner en
riesgo el ‘desarrollo’ del país.
El consumo de energía de acondicionadores de aire representa un 35% y, añadiendo congeladores,
es 65%. La minería es altamente consumidora de electricidad y agua. Minera Panamá, proyecto
defendido por el gobierno, planea construir dos plantas a base de carbón de 150 MW cada una,
tecnología altamente contaminante, y la mina consumirá el 70%, lo que representa el 20% de la
demanda máxima del país. Es un modelo económico derrochador de energía, donde impera la
ambición de hacer ganancias a cualquier costo, aún sacrificando las fuentes de agua y las
poblaciones.
La lucha contra las hidroeléctricas va más allá de las exigencias Ngäbes-Buglés. Es un modelo
depredador del ambiente sustentado en la avaricia. Los pobladores nasos han luchado contra el
proyecto Bonyic, la población de Bocas del Toro contra Chan-75, sin que gobierno alguno importe.
Han obligado al desalojo y maltratado a la población, en complicidad con autoridades políticas y
policiales. Chiriquí y Veraguas, donde se concentran esos proyectos, han luchado por una década
contra las hidroeléctricas, debido a los daños que ocasionan. Pérdida de fertilidad de los suelos,
reducción de caudales, destrucción de los ríos (ríos Piedra y Chiriquí Viejo), escasez de agua,
debido al desvío de ríos y quebradas para alimentar los embalses en época de sequía, como ha
ocurrido en Gualaca, pérdida de lugares de recreación por la privatización del río que hacen las
empresas, devastación de vegetación y bosques, expulsión de comunidades, amenazas de
autoridades y empresas para que vendan sus tierras. Ha sido una lucha de años contra la avaricia
desmedida, contra una alianza empresarios-gobierno, para arrebatarles lo poco que tienen.
No es casual que el PRD, el panameñismo y otros partidos satélites estén apoyando la posición del
gobierno CD. Las poblaciones quieren electricidad, pero privilegian la vida. El país tiene suficiente
capacidad instalada para responder a la demanda; es necesario cambiar el modelo económico, que
sea menos derrochador de energía, que mejore la distribución de la riqueza. Cuando se privatizó el
IRHE se dijo que tendríamos energía más barata. El país ha duplicado su capacidad instalada de
generación eléctrica y el precio de la electricidad es cada vez mayor. El gobierno culpa al precio del
petróleo, pero la política energética del país ha privilegiado la generación térmica. La privatización
acelera el aumento de los precios de la electricidad, porque las empresas privilegian sus ganancias.
La política energética ha sido hacer negocios y no generar energía más barata.
La exigencia del Pueblo Ngäbe-Buglé es justa, como también lo es la de los pobladores de Chiriquí,
Bocas del Toro, Veraguas y de Petaquilla. Se deben cancelar todas las concesiones otorgadas y

9. hacer una discusión nacional en materia de energía, donde el Estado debe volver al control de la
generación eléctrica. Es la única forma de que los consumidores salgamos beneficiados. Lo demás
es sólo argumento de los grupos de poder económico y político con intereses en las concesiones
hidroeléctricas.
[Fuente: La Estrella de Panamá, 7marzo 2012].
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=64996
HUILA
Hidroelectrica el Quimbo, locomotora que
extermina la vida
Escrito por Minga social y comunitaria
"El río amigo, rio Gugugaga, Huacacayo, o Yuma como
llamaban los indígenas 1555 al que hoy conocemos como
rio grande de la Magdalena, está enfermo, esta triste, su
muerte fue pactada entre el Estado Colombiano y la
multinacional EMGESA.Pero sus hijos hoy se levantan
desde todas las regiones de Colombia
y están dispuestos defenderlo hasta las últimas
consecuencias.”
Respetar la vida de las comunidades y la madre
naturaleza, donde el Gobierno Nacional impone la
Locomotora Minero Energética, exige la Minga de
Resistencia social y comunitaria, al gobierno del
presidente Juan Manuel Santos.
Los días 3 y 4 de marzo de 2012, en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca más de 200
personas representantes de 60 organizaciones de todo el país nos reunimos en la Comisión Política, para
evaluar los impactos nocivos del Plan Nacional de Desarrollo y las estrategias políticas sociales y
económicas del Gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS que afectan al pueblo Colombiano en
general.
Las comunidades indígenas, negras, campesinas, sectores obreros, estudiantiles, cívicos y de derechos
humanos, reafirmamos la decisión de enfrentar y desenmascarar la acción del Gobierno Nacional y de las
Multinacionales en contra de la vida de las comunidades y de Madre Naturaleza, el Territorio y la
soberanía de los colombianos.
Los actos crueles, inhumanos y degradantes que se han presentado en el Municipio de Gigante Huila,1
son la muestra clara de la imposición de los Proyectos Minero Energéticos sobre los derechos ancestrales
de las comunidades en todo el territorio Nacional.
Es contradictorio que ante los estrados internacionales el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel
Santos se muestre respetuoso de los derechos humanos, pero en la práctica las comunidades afrontan la
imposición a sangre y fuego de proyectos como la hidroeléctrica del Quimbo, y en medio de las
manifestaciones pacíficas de la población, se imponga la desviación del río Magdalena para favorecer los
intereses del capital nacional y extranjero, en éste caso particular del consorcio de la compañía dePlan
Nacional de Desarrollo y las estrategias políticas sociales y económicas del Gobierno del presidente
JUAN MANUEL SANTOS que afectan al pueblo Colombiano en general.
Dos proyectos en contravia

10. Pese a que las comunidades del Huila han manifestado los impactos ambientales, culturales, sociales y
económicos que se generan con este proyecto, el Gobierno nacional ha hecho caso omiso de derechos
consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos y normas internacionales como el convenio 169
de la OIT, asumidos por el Estado colombiano en el sistema internacional. En la aplicación del Proyecto
hidroeléctrico del Quimbo, como en todos los proyectos Minero energéticos que se imponen en el país, se
han presentado irregularidades frente a la consulta previa, libre e informada y el Plan de manejo
ambiental. El gobierno nacional haciendo uso de un excesivo abuso de poder utiliza la acción brutal del
Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que con armas de fuego, gases lacrimógenos, gas pimienta, y
machetes golpearon a los campesinos, pequeños mineros artesanales, pescadores y demás habitantes
de la zona, en hechos que se vienen presentando desde los días 14 y15 de febrero, hasta la fecha,
pretendiendo acallar las voces de miles de campesinos y pobladores de la región.
Como lo relato Miller Armin Dussan Profesor e investigador de la Universidad Sur Colombiana y Doctor en
Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona:
"La forma violenta como nos desalojaron hoy, agrediendo a niños, mujeres, ancianos indefensos... es al
mismo tiempo un honor y una victoria de nosotros. Porque fuimos capaces de responder pacíficamente a
la violencia institucional. Ese es un ejemplo para decirles a los violentos del Estado, que nosotros
respondemos pacíficamente, pero que en última instancia tendrán que responder por los heridos porque
los hirieron de manera indefensa."
En este sentido, el proyecto de muerte de la hidroeléctrica, se contrapone al proyecto de vida de las
comunidades quienes conciben ésta como la protección y cuidado a la madre naturaleza, de sus usos y
costumbres. Las mentiras del presidente Juan Manuel Santos y del Ministro de Medio Ambiente Frank
Pearl 3, frente a las llamadas compensaciones sociales, de las 3000 personas que habitan el área
afectada por el proyecto, no pueden esconder el crimen ecológico y los impactos sociales y culturales que
se están ocasionando con este proyecto.
Ahora bien, entre los Impactos económicos, sociales, culturales y ambientales por los cuales las
comunidades han manifestado la inconveniencia del proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo, se cuentan:
Despojo de los bienes y recursos naturales renovables y no renovables de uso común de las
comunidades indígenas y campesinas del Huila.
Violencia, desplazamiento forzado y desempleo.
Alteración de la actividad pesquera.
Alteración de prácticas culturales ancestrales.
Alteración de la calidad del agua.
Alteración de la calidad del aire, producción de ruido y estrés ecológico de la fauna y flora presente en el
área.
Afectación por generación de residuos producto de excavaciones.
Generación de residuos sólidos domésticos e industriales.
Alteración del uso de suelos.
Pérdida y reducción de la vegetación.
Alteración de los lugares donde habitan los animales y de la calidad del entorno.
Afectación de la fauna y flora terrestre y acuática.
Desequilibrio del ecosistema en general.
Así entonces, la desviación del río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia es una afrenta contra
la madre naturaleza, contra el pueblo colombiano y contra los pobladores del Mundo. La Minga de
resistencia social y Comunitaria manifiesta su solidaridad y respaldo absoluto a las comunidades del
departamento del Huila afectados por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo.
Solicitamos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, medio ambientales, de derechos
humanos del país y del mundo, emprender una fuerte campaña en solidaridad con las comunidades
afectadas por la hidroeléctrica del Quimbo, los convocamos a todos a denunciar y condenar la desviación

11. del rio Magdalena materializada en:
1)Acompañamiento directo a las comunidades.
2)Acompañar la exigencia de las comunidades acerca de la realización de la Audiencia Pública Ambiental
y la suspensión inmediata de las licencias ambientales otorgadas a los mega-proyectos minero
energéticos en la Región.
3)Acompañar la solicitud de establecer las responsabilidades y la cuantificación del daño ambiental y
social a las poblaciones del suroccidente, por la desviación del Rio Magdalena.
4)Respaldo a la presentación de medidas cautelares para enfrentar la crisis humanitaria generada por el
Estado Colombiano y las multinacionales Endesa Engesa Y La Emerald Energy.
5)Emprender acciones colectivas, reuniones, mítines, protestas en todos los países del Mundo.
6)A las organizaciones y pueblos de España y Chile acompañar esta lucha por medio de un gran Boicot
contra Endesa Emgesa S.A. eps, Emerald Energy
7)Difundir el vídeo publicado en
8)http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA.
Minga de resistencia social y comunitaria
14 de Marzo: Día Internacional de Lucha contra
las Represas por los ríos, por el agua y por la
vida
Adital
El Movimiento de Afectados por Represas de
Brasil (MAB, por su sigla en portugués) convoca
a todas las entidades, organizaciones, activistas y
movimientos sociales a sumarse y apoyar las
movilizaciones que se llevarán a cabo en el Día
Internacional de Lucha contra las Represas,
en la jornada del próximo 14 de marzo. En esta
fecha, poblaciones afectadas por represas en todo
el mundo denuncian las graves consecuencias sociales, económicas, culturales y
ambientales que ha causado históricamente el modelo energético. Según el informe de la
Comisión Mundial de Represas (Organismo ligado a Naciones Unidas), cerca de 80 millones
de personas han sido desplazadas directa o indirectamente por la construcción de represas
en el mundo.
En los últimos años se observa el avance de las grandes empresas nacionales y
trasnacionales en el control de los recursos naturales, los minerales, el agua, las semillas,
los alimentos, el petróleo y la energía eléctrica. Todos estos bienes naturales los han
convertido en mercancías y son explotados por los sectores de la industria que necesitan
altos consumos de energía. La actual crisis del capitalismo muestra la insustentabilidad del
actual modelo de producción y consumo, que se centrar en generar lucro para una minoría.

12. El MAB considera impostergable la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, que
se enfoque en la búsqueda de condiciones dignas de vida para la clase trabajadora,
campesinos, pescadores, afrodescendientes e indígenas.
Movimientos de resistencia contra este modelos se
fortalecer y ahora, más que nunca, se hace necesaria la
realización de multitudinarias jornadas de luchas que
deberán ir más allá del 14 de marzo, deben avanzar hacia
Río+20, que se llevará a cabo en Junio en Río de Janeiro,
Brasil, y para enfrentar todas las estructuras injustas de la
sociedad.
Tratándose del modelo energético, la crisis en las actividades económicas abren la
posibilidad de discutir una restructuración profunda, que parta de las necesidades reales de
superación de las contradicciones del actual modelo y que contemple los principios de
soberanía energética a partir de un proyecto energético popular.
Cada vez más nuestro compromiso es organizarnos y sumarnos en las luchas contra las
trasnacionales, por los derechos de las comunidades más vulnerables, en la
defensa de los ríos, de las aguas y de la vida. Las manifestaciones de la semana del
14 de marzo exigirán la solución por las enormes deudas sociales y ambientales
ocasionadas por las represas ya construidas y para fortalecer la lucha por otro modelo
energético. Por esta razón, esta lucha no solo es de las poblaciones afectadas por los
embalses, pues todo el pueblo es afectado por las altas tarifas de la energía, por la
privatización de agua y de la energía, por el dinero público invertido en obras privadas.
Nuestra tarea es fortalecer las resistencias y construir un nuevo modelo energético y de
sociedad.
Finalmente, convocamos a todas las organizaciones para construir de manera conjunta la
cumbre de los pueblo en el Río + 20 que tendrá lugar en Brasil y juntos impedir los
grandes acuerdos de las trasnacionales y gobiernos de hacer de nuestras aguas, energía y
ambiente una mercancía.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía, no son mercancías!