MADRID // El Gobierno del PP aspira a financiar con fondos del erario público los negocios privados de las empresas españolas en el extranjero y, para ello, ha presentado una ley que pondrá 9.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a disposición de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Amparado en su mayoría absoluta, el Ejecutivo avanza hacia ese fin. El pasado jueves, el pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario socialista presentó a esa ley auspiciada por el Ministerio de Economía.

1. 9.000 millones de dinero público para asegurar negocios de
multinacionales
El rey de España ha abogado a menudo por los negocios de las
multinacionales españolas en el extranjero. EFE
23 de noviembre de 2013. Juan Antonio Cañero
MADRID // El Gobierno del PP aspira a financiar con fondos del erario
público los negocios privados de las empresas españolas en el
extranjero y, para ello, ha presentado una ley que pondrá 9.000
millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a
disposición de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (Cesce). Amparado en su mayoría absoluta, el
Ejecutivo avanza hacia ese fin. El pasado jueves, el pleno del
Congreso rechazó la enmienda a la totalidad que el grupo
parlamentario socialista presentó a esa ley auspiciada por el
Ministerio de Economía.
En realidad, la ley que ha presentado el titular de la cartera, Luis de
Guindos, abre la posibilidad de que otras sociedades actúen como
“agente gestor”, aunque será Cesce la que seguirá actuando como
aseguradora durante los próximos siete años con el mencionado
colchón de 9.000 millones de euros.Desde septiembre de 2012,
cuando se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012, el Estado ya no
está obligado a ser el accionista principal de Cesce, lo que
representa el inicio de su proceso de privatización. Cesce nació
en 1970 como una sociedad de capital mixto (público y privado) que
aseguraba las posibles pérdidas de las empresas españolas en el
extranjero para facilitar la expansión internacional de las
corporaciones más grandes del país.

2. “El problema no es sólo la privatización de Cesce” –asegura Mónica
Vargas, del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG)–
“sino que con la nueva ley no se va a poder mantener apenas
control sobre este mecanismo por la sociedad civil”. Son varios
los colectivos y ONG que llevan años denunciando las negativas
consecuencias sociales y ambientales que produce la actuación de las
empresas que ampara Cesce en otros países.
La diputada de ICV, Laia Ortiz, lo describe de la siguiente forma: “la
falta de regulación respecto a los Derechos Humanos y al
medioambiente es algo histórico, que viene de lejos en Cesce, pero
desde que está el PP hay claros pasos atrás”. Además de la
privatización, o debido a la misma, Ortiz asegura que el proceso de
actuación de Cesce “está cada vez más mercantilizado” y que
la entidad “es un mecanismo que ya no funcionaba a nivel de
garantías, por lo que si se pierde la capacidad del Estado de controlar
el agente gestor se incrementan los riesgos todavía más”.
Para Mónica Vargas estos riesgos son claros y entre ellos destaca la
posibilidad de que siga aumentando la distancia entre la justificación
teórica de Cesce y su labor real. De partida, se supone que Cesce ,
entre otras cuestiones, sirve para conectar países que necesitan
nuevas proyectos con empresas que puedan acometer las
inversiones, pero lo que en realidad sucede “es que las empresas
españolas invierten en países como Irak y Colombia donde no
se aseguran los derechos laborales”.
El nombre de Colombia también saltó a la palestra en la tribuna del
Congreso, cuando el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, se refirió
a las inversiones que empresas como Telefónica, Fenosa, Aguas
de Barcelona y el BBVA hacen en este país. Refiriéndose a las
ganancias que estas empresas obtienen de Colombia, Cuadra
preguntó a De Guindos “¿pero acaso sus beneficios, señor ministro,
no tienen que ver con el hecho de que en los últimos años, por
ejemplo, más de 3.000 sindicalistas hayan sido asesinados en este
país y como consecuencia la situación de la clase trabajadora esté en
unas condiciones de defensa bastante debilitadas?”
Sin transparencia ni adecuación con Europa
Otro de los puntos que denuncian las organizaciones firmantes de la
nota de prensa que el ODG publicó respecto a la nueva ley es que no
se soluciona la falta de transparencia que Cesce arrastra desde
siempre. Según el ODG, es muy difícil encontrar información
sobre las operaciones que cubre la entidad y, si la hay, está
poco detallada, lo que les impide tener margen de maniobra para
actuar. Para
Laia Ortiz, el secreto de confidencialidad
comercial en el que se ampara esta restricción de datos genera un
problema: que los contratos que establece Cesce con las empresas no

3. pueden ser analizados según los parámetros que requerirían el
cumplimiento de los Derechos Humanos e incluso el propio marco que
la Unión Europea marca para las Agencias de Crédito a la
Exportación, entre las que se encuentra Cesce.
En lugar de regirse por la normativa que la UE tiene al respecto, que
es vinculante, la nueva ley ha sido argumentada siguiendo los
presupuestos de la OCDE al respecto, mucho más laxos y que no
reflejan los objetivos de la UE de respeto a los Derechos
Humanos y el medioambiente, no asumen la promoción de la
democracia o la erradicación de la pobreza, además de no
requerir el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos, ni la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, ni tampoco el Convenio 169 de la OIT.
Un negocio asegurado
Durante la defensa de su ley, Luis de Guindos argumentó
que Cesce no había supuesto pérdidas en el último año para el
Estado, sino por el contrario beneficios, por lo que si ya estuviera
vigente el sistema que se quiere instaurar, Cesce no habría tenido
que utilizar ese fondo de 9.000 millones de euros de los presupuestos
generales del Estado. Laia Ortiz advierte que esta situación no es
invariable porque “ahora no se ha incurrido en gasto pero eso no
quiere decir que no se pueda incurrir en gastos públicos más
adelante”. Según la nueva ley, “hay muchas partidas que provocarían
que el Estado sea el acreedor directo con terceros países por lo que
hay poco riesgo para las empresas y menos para las aseguradoras
privadas, que se quedarán con el monopolio de la gestión”, apostilla
la representante de ICV en el Congreso.
Cesce va a funcionar, así, como un transmisor de riesgo de las
empresas al Estado, es decir, cuando las empresas estén en peligro
de no cobrar, el fondo de 9.000 millones de euros las
indemnizará y el derecho a cobrar la deuda pasará a manos de
Cesce. Además, este riesgo no es un riesgo cualquiera ya que, según
Mónica Vargas las aseguradoras privadas se quedarán con los
proyectos más seguros mientras que Cesce asumirá el amparo
de las operaciones con más peligro de impago y las que tienen
un mayor impacto socioambiental en el país que recibe la
inversión. De esta forma, la iniciativa privada se va a quedar con el
control de lo que, hasta hoy, era un cuasi monopolio estatal: se va a
liberar de los proyectos de más riesgo y va a ser indemnizada con
dinero público si finalmente la iniciativa sale mal.
El debate parlamentario
Durante el debate que se produjo en la discusión de la enmienda a la
totalidad que el PSOE presentaba a la ley aparecieron tres posturas.

4. Una de ellas era la del PP, el promotor de la ley sobre la que se
discutía y que, junto a CiU y PNV, aseguraban que la nueva
norma era un impulso a la internacionalización de las
empresas españolas.
En el otro lado estaba el resto de la Cámara, contraria a la norma,
pero que se dividían entre los que hacían una crítica de un
carácter más técnico y los que además hacían incidencia en las
condiciones de la población de los países receptores. Entre los
primeros estaban el PSOE, Geroa Bai y UPyD, que, a grandes
rasgos, se preguntaban el porqué de privatizar un instrumento que
no suponía ningún coste y además pedían una mejor conexión del
Cese con otros organismos como el ICEX. Por su parte, el
mencionado Sabino Cuadra, por parte de Amaiur, y Joan Josep
Nuet, como representante de la Izquierda Plural, pusieron el
foco en las consecuencias negativas que la inversión española
produce en algunos casos y se lamentaron de que la nueva ley no
proponga nuevas herramientas para evitarlo.
Para Laia Ortiz, tanto PP como PSOE, CIU y PNV “han tenido una
visión completamente miope y sesgada de las políticas a la
internacionalización”, en la que “siempre se prioriza la cuestión
económica” y que acaba porque las políticas de desarrollo que se
ponen en marcha sea anuladas por “la anticooperación que se hacen
desde otras políticas”.