Pretender resolver el tema de la justicia y reparación para las víctimas, basándose en esta forma de política de “transición”, sería un grave error ético y político que no contribuiría ni a pacificar a nuestra sociedad, ni a crear unidad social.

1. Tres interesantes artículos sobre las víctimas y Conversaciones La Habana LAS VÍCTIMAS Y EL DESAFÍO DE UN MODELO ALTERNATIVO DE “TRANSICIÓN”
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18 Agosto 2014. Fuente: Palabras al Margen
Pretender resolver el tema de la justicia y reparación para las víctimas, basándose en esta forma de política de “transición”, sería un grave error ético y político que no contribuiría ni a pacificar a nuestra sociedad, ni a crear unidad social.
Alfredo Gómez Muller palabras al Margen
El hecho de que el tema de la justicia y reparación para las víctimas sea abordado solo en la fase final de los diálogos de La Habana, no significa que se trate de un punto menor o secundario para la sociedad colombiana. Se trata, por el contrario, de un punto crucial, no solo porque la forma en que será tratado tendrá incidencias determinantes para la implementación de otros puntos de la agenda de negociaciones —como la participación política y el desarrollo agrario integral— sino también, y más fundamentalmente, porque en la manera de dar respuesta a las exigencias de las víctimas se pone en juego el sentido mismo de lo social y de lo político.
Para entenderlo, conviene recordar que las víctimas son ante todo, en el contexto del conflicto colombiano, víctimas de la violencia y, más precisamente, de formas de la acción humana que son precisamente negadoras de lo humano, esto es, que no reconocen la humanidad de las personas y grupos victimizados. Por ello, la exigencia de justicia

2. de las víctimas dice siempre algo ético y político sobre lo humano y lo inhumano, trazando en el espacio público y para el espacio público una línea que separa lo inaceptable y lo aceptable para una sociedad. Por ello también esa exigencia no concierne únicamente a las víctimas “directas” e “indirectas”, sino también al conjunto de la sociedad. Victimizar a una persona o a un grupo de personas es también victimizar a la sociedad entera, porque la sociedad no es la simple suma de sus miembros sino la relación entre éstos. Ignorar o distorsionar la exigencia de justicia de las víctimas y de la sociedad- víctima equivale, entonces, a ignorar o distorsionar los elementales valores y normas que fundan la vida social y constituyen el núcleo de la cultura y, por ende, de la producción de sentido y valor.
En Colombia, como en otros contextos históricos, la exigencia de justicia —que supone verdad e implica reparación— de las víctimas se enfrenta no solo a las políticas de impunidad (“olvido” y “perdón” decretados) y de ocultamiento de la verdad de los hechos promovidas por los perpetradores de inhumanidad desde dentro y fuera del Estado, sino también a ciertas políticas de “reconciliación” o de “transición” basadas en un tipo de racionalidad meramente calculadora y estratégica. La instancia que se atribuye a sí misma la función de agente exclusivo o fundamental de estas políticas es el Estado, que le sustrae de esta manera a la sociedad civil toda capacidad de iniciativa, o la subordina y canaliza en función de los intereses de los grupos sociales y políticos que controlan el Estado. En la perspectiva de estas políticas, la salida del estado de violencia —que es superficialmente identificada a la “paz”— debe basarse en una especie de “compromiso” imaginado por los agentes del Estado e impuesto verticalmente a las víctimas y a la sociedad-víctima, en el cual se define la parte supuestamente “aceptable” de verdad, justicia y reparación que puede ser reconocida públicamente a cambio de una parte supuestamente “aceptable” y “equivalente” de ocultamiento de la verdad y de impunidad. Dicho en los términos del expresidente Álvaro Uribe, para construir la “paz” se requiere “…tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria” (declaración del 12 de febrero de 2005).
En lo ideológico, esta forma de las políticas de “transición” se construye en un sistema de oposiciones binarias: se presenta a sí misma como única política “realista”, y presenta las exigencias de las víctimas como “maximalistas”; pretende encarnar la única forma posible de “reconciliación” nacional, y señala a las asociaciones de víctimas como enemigas de la “unidad” de la Nación; tiende a presentarse como expresión única de la racionalidad pública, y a describir la subjetividad de la víctima como pura irracionalidad dominada por el “resentimiento”. Ampliamente difundidos en la prensa y en ciertos espacios académicos, estos contenidos ideológicos impregnan a gran parte de la sociedad —contribuyendo a su

3. alienación en tanto que sociedad— y construyen el aislamiento social y político de las víctimas.
Pretender resolver el tema de la justicia y reparación para las víctimas, basándose en esta forma de política de “transición”, sería un grave error ético y político que no contribuiría ni a pacificar a nuestra sociedad, ni a crear unidad social.
Error ético, porque tal política supone una simetría entre las exigencias de las víctimas y las de los perpetradores, entre verdad y ocultamiento, entre justicia e impunidad. Afirmar que el Estado sería el “árbitro imparcial” entre exigencias de mismo nivel significa igualar lo ético (exigencia de humanidad) y su contrario (la negación de la humanidad del ser humano); equivale, en última instancia, a desconocer la primaria asimetría que separa a la víctima indefensa del perpetrador armado. Implica, por consiguiente, borrar lo ético de lo público y propagar la idea de que finalmente cualquier proceder es equivalente a cualquier otro con tal de alcanzar la meta fijada.
Error político, tanto en su concepción como en su práctica y en sus efectos. Sorprende que se presente como “realista” una política basada en una pura ficción, esto es, en el “compromiso” entre víctimas y perpetradores imaginado por los agentes que dirigen el Estado. En la realidad, tal compromiso no existe y solo podría tal vez existir si lo decidiesen las víctimas mismas bajo determinadas condiciones. Por ello, tanto en Colombia como en los países del Cono Sur y en otras partes del mundo, este modelo de política de “transición” no puede aportar ninguna verdadera respuesta a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas y de la sociedad- víctima: en Argentina, la ominosa ley de “Punto final” (1983) tuvo que ser abrogada 22 años después por la presión de las víctimas y de la sociedad-víctima, y en España, a los 70 años de finalizada la Guerra civil, más de la mitad de la población apoya las exigencias de reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto (El País, 18 de julio de 2006). La experiencia histórica revela que la imposición vertical y autoritaria de un “compromiso” ficticio solo consigue, en el mejor de los casos, instaurar un precario equilibrio, que será posteriormente modificado en función de la correlación de fuerzas sociales y políticas. Al mismo tiempo, esta experiencia histórica, y en particular la más reciente en Colombia y América Latina, revela igualmente la importancia pública de las asociaciones de víctimas y del proceso de concientización de la sociedad-víctima en las tareas de reconstrucción social y nacional, sugiriendo que otra política de transición es posible.
La racionalidad que sustentaría esta política de transición alternativa no sería estratégica sino comunicacional, y su agente fundamental no sería el Estado sino la sociedad civil. En Colombia, diversas iniciativas

4. de las asociaciones de víctimas, y en particular aquellas en las que se abre un diálogo entre víctimas de los diferentes actores armados del conflicto —Fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla—, así como ciertas experiencias como las Comunidades de Paz o como la movilización de comunidades indígenas contra la presencia de actores armados violentos en sus territorios, indican la capacidad política de la sociedad civil. Un nuevo modelo de transición debería erigir como principio rector el protagonismo de la sociedad civil, en particular el de las asociaciones de víctimas. En vez de marginar a las asociaciones de víctimas, como sucede habitualmente en las políticas estatales de transición que tienden a excluir a las víctimas de las comisiones de verdad, justicia y memoria, se buscaría reconocer su activa participación y su capacidad de contribuir a la común reconstrucción de lo público. Reconstrucción en la cual la sociedad misma, y no la burocracia estatal o partidista, deberá delimitar la frontera entre lo inaceptable y lo aceptable ética y políticamente, esto es, decidir la base de valores y normas que deberán regirla. Se trataría de un modelo de transición desde la sociedad civil y no desde la burocracia estatal, lo cual no implica evidentemente que el Estado no tenga que intervenir.
El desafío que plantea a nuestra sociedad la exigencia de verdad y justicia de las víctimas no se reduce a un problema de “pacificación” —entendiendo la paz como estado de no guerra— y menos aun de simple “indemnización” de las víctimas. En la manera de responder a esta exigencia estaremos decidiendo si aceptamos una base ética para nuestro convivir —definiendo precisamente si lo que anhelamos es convivir o simplemente coexistir—. O, en otros términos, decidiendo si lo que queremos es paz —relaciones sociales basadas en el bien común y la solidaridad— o pacificación, hasta la siguiente Violencia.

5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ TERRITORIAL
Fuente de la imagen: www.vanguardia.com
01 Septiembre 2014. Fuente: Palabras al Margen
La paz territorial necesita de la ampliación de la esfera pública a la que deben tener acceso todas las personas para participar en los destinos del país. Situaciones como la que está sucediendo entre el profesor Miguel Ángel Beltrán y la Procuraduría General de la Nación muestra que hay serias restricciones en el mantenimiento de una esfera pública democrática.
Ricardo Cita Triana1
Los últimos avances en los diálogos de paz que se adelantan desde hace dos años en La Habana están relacionados con el tema de las víctimas del conflicto colombiano. Aunque este escenario no ha estado exento de polémicas y ataques de diverso tipo y talante, lo cierto es que la participación de las víctimas en la negociación es esencial para el establecimiento de una paz duradera, dado que no sólo se involucra en el diálogo a las partes que se han enfrentado militarmente, sino también a amplios sectores de la sociedad que han sufrido la expresión violenta de esa confrontación.
En el actual proceso de paz es importante resaltar dos situaciones con relación a la participación de las víctimas, en las que pueden estar cifradas las esperanzas, a largo plazo, y el éxito de la negociación. En primer lugar, es importante reconocer el potencial que tiene esta participación para ampliar los términos del debate

6. acerca de qué deberíamos entender los colombianos como una negociación de paz. Ello radica en que, poco a poco, pierde fuerza y respaldo la idea de que los términos centrales del proceso deben ser los de la rendición, entrega y sometimiento a la justicia de una de las partes, es decir, el reconocimiento de una derrota militar antes de que se aniquile al último combatiente de la contraparte. Sin duda, el hecho de que las víctimas del conflicto colombiano participen de los diálogos adiciona nuevos elementos, más allá de los punitivos y militares, a la discusión como, por ejemplo, el del acceso y la distribución de la tierra, el de la convivencia en un escenario de posconflicto y el de constitución de criterios para el consenso y la disputa que no lleven a un nuevo enfrentamiento con niveles de violencia como los que vivimos en la actualidad.
En segundo término, en el contexto de esta negociación se ha venido hablando de la «paz territorial», idea a través de la cual se marca un acento en la construcción de condiciones duraderas que pasan por la reorganización del territorio y de un conjunto formado por múltiples instituciones que garantizarían, no solo los derechos de las víctimas y su retorno a sus lugares de origen, sino el de las generaciones presentes y futuras de colombianos, a fin de ampliar su participación en la vida política, social y económica del país.
Estas dos situaciones presentes en las negociaciones de La Habana muestran que para la construcción de la paz duradera, los procesos y los diálogos relativos a la misma no han de estar solamente circunscritos a imperativos de pacificación (cese de la confrontación armada y violenta, sometimiento a la justicia penal de los perpetradores de crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos, etc.) y de indemnización-reparación económica y simbólica de las víctimas del conflicto. También hay, por lo menos, dos elementos que se suman a partir de la integración de la perspectiva de las víctimas: la necesidad de intervenir en la actual configuración de la participación de todos en las decisiones de la vida nacional y la necesidad de repensar los espacios y las instituciones donde ocurre y se desarrolla la vida de todos los colombianos, sean víctimas, excombatientes, representantes de la institucionalidad del posconflicto e, inclusive, las nuevas generaciones que vendrían a sumarse sin experimentar en sus propias vidas la confrontación violenta.
Ahora bien, con lo señalado hasta este momento, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo de los diálogos? Evidentemente, lo importante sobre este punto es que no se queden como retórica y argumentos para disimular otras dinámicas de la negociación. Si realmente hay un compromiso real, no solo de acabar con el conflicto, sino, desde allí, construir una paz duradera, resulta necesario, en relación con esas dos situaciones que se han indicado, tener en consideración varios

7. elementos que se pueden tomar como retos para la participación real de las víctimas y la construcción efectiva de una paz territorial.
El hecho de que en Colombia el número de víctimas directas rebase los cinco millones de personas, hace que la participación de éstas en la construcción de la paz no se reduzca a las sesenta personas que se tienen proyectadas para participar de las mesas en La Habana. Si bien su participación es valiosa y contribuye de muchos modos a la reconciliación, este gesto no debe agotar el carácter simbólico y de representación; aunque es imposible asegurar que todas y cada una de las víctimas del conflicto puedan participar directamente en el desarrollo de las negociaciones, sí es posible asegurar esa participación en un contexto de transición. Pero para ello, es importante señalar dos puntos: el carácter representativo y simbólico de las víctimas que se sientan en la mesa de negociación necesita tener en cuenta precisamente que el papel y el lugar no se agota en lo que sucede en Cuba, sino que tendrá una prolongación permanente en lo que sucederá con el país (i) y, por ello, como ya lo ha afirmado Alfredo Gómez-Müller en este mismo portal, «un nuevo modelo de transición debería erigir como principio rector el protagonismo de la sociedad civil, en particular el de asociaciones de víctimas»2. En últimas, se trata de reconocer que la paz no es para los actores armados, sino para la sociedad en su conjunto.
En cuanto a los retos de la paz territorial, es importante mencionar que ésta no puede quedar reducida a llevar el Estado a los lugares donde ha estado ausente. La paz no es sinónimo de dejación de las armas más indemnización de los afectados, pero tampoco se agota con la realización de Estado Social de Derecho en todos los rincones del territorio.
Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, ha mencionado algo muy interesante al respecto. En marzo del presente año, en una conferencia en la Universidad de Harvard, señaló que «[n]o podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos»3. Frente a ello, se puede considerar que el Alto Comisionado acierta en la primera afirmación, pero no lo hace con la segunda.
El espacio no es un vaso esperando a ser llenado por cualquier sustancia, un continente para un contenido y, por ello, no es posible llenar el espacio como se llena un vaso con agua. El espacio, más bien, es producto de las relaciones sociales, de la acción de los hombres y de las mujeres, razón por la cual la paz territorial no puede tener como referencia únicamente al Estado, sino que debe considerar las prácticas sociales que producen ese espacio. La institucionalización del territorio, en ese sentido, pasa por garantizar

8. las instituciones y las prácticas necesarias que aseguren relaciones sociales para la paz, como por ejemplo, las que reconocen los derechos de las víctimas en relación con su territorio.
De acuerdo con ello, la territorialización de la paz, por decirlo de algún modo, enfrenta retos que no solo están encargados para el futuro, como puede serlo la realización del Estado de Derecho en todo el país. En el presente hay también elementos que necesitan ser considerados si se busca la producción de espacios para la reconciliación y, especialmente, para la participación de las víctimas. Algunos ejemplos:
- Hay que revisar la relación entre los procesos productivos y el territorio, lo que se traduce en el contexto colombiano en reconocer el grado de compatibilidad entre la paz territorial y los procesos de megaminería que plantean gravísimas tensiones entre los derechos, sociales y fundamentales, de los habitantes y el horizonte económico del país. Lo anterior se agrava cuando se tiene en cuenta que la minería en Colombia, además de estar vinculada con violaciones de derechos humanos, está generando nuevas formas de desalojos, ya no categorizados como «desplazamientos forzados», sino como «reasentamientos involuntarios por proyectos productivos» e institucionalizados bajo formas jurídicas como la de los planes de reasentamiento involuntario4, que no son más que contribuciones a la liquidación del espacio.
- En relación con las fallidas estrategias de lucha contra las drogas, una paz territorial duradera debe considerar la supresión completa de las fumigaciones aéreas. La institucionalización del territorio implica su respeto y la garantía de las condiciones de existencia de sus habitantes.
- En el caso de los procesos de restitución de tierra que se adelantan, la paz territorial debe garantizar no solo el reconocimiento formal de la restitución, sino también la efectividad de los planes de retorno, afectados actualmente por la persistencia del conflicto, expresado en el asesinato selectivo de líderes sociales y en la violencia ejercida por los despojadores.
- La paz territorial necesita de la ampliación de la esfera pública a la que deben tener acceso todas las personas para participar en los destinos del país. Situaciones como la que está sucediendo entre el profesor Miguel Ángel Beltrán y la Procuraduría General de la Nación muestra que hay serias restricciones en el mantenimiento de una esfera pública democrática. El hecho de que a un ciudadano que ha sido absuelto en una investigación penal por vínculos con organizaciones armadas, sea sancionado en un proceso disciplinario, que le impide continuar sus actividades de docencia e investigaciones en instituciones públicas, en el que se debatía precisamente el mismo

9. problema de pertenencia, muestra que la institucionalización del territorio no se da solo con la llegada del Estado de Derecho y su Ministerio Público; es preciso que, de un lado, el mismo Estado y sus agentes no se erijan como restrictores de la participación y del reconocimiento, y, de otro, exista la posibilidad real de tener un lugar en el espacio de la esfera pública.
Así, el horizonte de la participación de las víctimas en los diálogos de La Habana y en el eventual escenario de posconflicto y de construcción de la paz duradera se hace aún más rico y, a su vez, más complejo. Lo primero, porque las perspectivas del diálogo y la reconciliación tienen la oportunidad para descentrarse de los partes combatientes e involucrar a múltiples actores sociales con las víctimas a la cabeza. Lo segundo, porque los problemas, tanto de la paz como de las víctimas, no comienzan con la finalización de los diálogos y la implementación de los acuerdos; sino que, desde el presente, hay que comenzar la transformación a fin de evitar que pueda en el futuro presentarse nuevas víctimas, ya no sólo del conflicto, sino de algunas condiciones sociales persistentes. Con esto en mente, no podemos cometer el error de pensar que la paz se trata de pacificar el país, satisfacer a los agraviados y realizar el Estado de Derecho. Hay que insistir en la construcción del espacio y en las instituciones que garanticen los derechos y el territorio y sostengan las promesas necesarias para que no haya más víctimas. Y hay que hacerlo entre todos.
***
1Abogado, Especialista en Instituciones Jurídico-Penales y Magíster en Derecho, Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del programa de Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana. Contacto: racitat@unal.edu.co 2Las víctimas y el desafío de un modelo alternativo de “transición”. Disponible en:http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/las-victimas-y-el-desafio-de-un-modelo-alternativo-de- transicion?category_id=138 3Sergio Jaramillo. “La paz territorial”. En: Todo lo que debería saber sobre el proceso de paz. Visión, realidades en las conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional en La Habana (pp. 4-8). Documento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014, p. 7. 4Ver, por ejemplo, las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 del Ministerio de Ambiente.

10. UN RETO PARA LA HISTORIA DEL CONFLICTO
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31 Agosto 2014. Fuente: Palabras al Margen
La Comisión Histórica es un aporte significativo a la compresión del conflicto. Sus informes serán un avance y jugará un papel fundamental en la construcción de la memoria histórica del país, pero Colombia necesita una comisión de la verdad con enfoque diferencial e independiente.
Fernanda Espinosa. Palabras al margen
El pasado jueves 21 de agosto se instaló la Comisión Histórica del Conflicto, la cual tendrá la misión de “contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno”. La Comisión está integrada por 12 expertos, seis propuestos por las FARC y seis propuestos por el gobierno, más dos relatores1. Según Santos “se trata de 12 historiadores que mostrarán la complejidad del conflicto y harán un trabajo académico serio”.
Los expertos deben producir un informe cada uno. Posteriormente, los dos relatores, teniendo en cuenta aquellos informes, deben elaborar una síntesis que será presentada a la mesa de negociación. Luego de la revisión de los 12 expertos, se reflejarán sus consensos, sus disensos y la pluralidad de sus visiones. El informe debe ser entregado cuatro meses después de que comience a trabajar la comisión. Es decir, máximo el 21 de diciembre de 2014.
Cada informe, incluyendo el informe síntesis, tratará los siguientes tres puntos2:
1. Los orígenes y las múltiples causas del conflicto.

11. 2. Los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto.
3. Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.
Por otro lado, con su ya característico talante, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, envío una carta en la cual señala sus discrepancias frente a la conformación de la comisión: "Señor Presidente, en una democracia no puede haber verdad oficial y menos resultado de la imposición de los victimarios de las FARC en una mesa de negociación… tal informe resultará de supuestos expertos cuya forma de designación cuestiona seriamente su imparcialidad e independencia… el ocultamiento, el silencio o la mentira sobre los delitos cometidos, no pueden ser bases de un proceso de negociación que se ajuste a la Constitución".
Para el procurador, la guerrilla puede direccionar a los autores del documento y mostrar la verdad que ellos quieren contarle al país. El argumento del procurador lo reafirma Rafael Guarín en su columna “A reescribir la historia” cuando plantea: “Uno de los ámbitos de toda organización que emplea la violencia en el marco de una guerra irregular es el de la narrativa y es en éste donde se ubica la mencionada comisión”3. Señalando entonces que a las FARC les interesa que la historia quede escrita a su conveniencia. Incluso afirma que se está negociando la historia. Este sector político la única verdad del conflicto que quiere escuchar es la negación de su existencia y su reemplazo por la “amenaza narco-terrorista”. Esto además le niega a los designados en la comisión la capacidad de pensar por sí mismos.
En realidad, esta comisión es un significativo ejercicio académico para la memoria histórica, se trata tal vez de uno de los más importantes en nuestro país. Además juega un papel en la construcción de la memoria histórica de Colombia. Al contrario de lo que opina Juan Diego Restrepo, que los califica de “académicos innecesarios”4, pienso que la comisión muestra el papel que juegan las ciencias humanas, y en particular los y las historiadoras, en la construcción de un país en paz. Ciertamente hay muchas cosas escritas sobre la violencia y el conflicto, pero estamos hablando del reconocimiento del profundo contenido político que tiene la memoria histórica.
Para el desarrollo de este mandato, los expertos no tendrán ninguna restricción en los temas que aborden. Deben tener una visión transversal y diversa del conflicto. Pero sin duda alguna será un acierto que se incluya el tema agrario y el conflicto por las tierras, el cual es pieza fundamental para entender el surgimiento y continuidad del conflicto. De ello resalta que se incluyan en la comisión a Alfredo Molano y Darío Fajardo Montaña, expertos en el tema agrario.

12. Frente a la postura ideológica de los miembros de la comisión histórica, varios están más a la derecha de lo que se plantea el artículo de La Silla Vacía5. Ordenados de izquierda a derecha, según su posición ideológica aproximada, vale la pena mirar en detalle la postura de los de la izquierda renegada, quienes tienen un pasado en la izquierda y que resultan en la actualidad con posturas aun más apegadas al establecimiento. Esto nos daría una figura más marcada en los dos extremos y más vacía en el centro.
Reconociendo la importancia de la comisión y del trabajo que realizará, me asaltan algunas preguntas:
¿No hay suficientes mujeres en la academia? ¿Las académicas de las ciencias sociales colombianas no tiene las capacidades que tienen los hombres nombrados en esta comisión? Y, más grave aún, ¿no cuenta para el país narrar el conflicto desde la perspectiva femenina? No deja de sorprender que entre los 12 expertos y los dos relatores sólo se encuentre una mujer: María Emma Wills, quien ha trabajado el tema de violencia de género. Tres cosas resaltan en esta sorpresa: 1. Las mujeres colombianas han vivido cotidianamente el conflicto, son víctimas y actrices de la guerra; 2. Son más de la mitad de la población colombiana; 3. En las ciencias humanas hay mayoría de mujeres, académicas historiadoras con capacidades significativas.
¿Y dónde queda la academia regional y las dinámicas regionales? Cieramente se trata de una comisión centrada únicamente en Bogotá; solo hay un experto que actualmente trabaja en una universidad de fuera de la capital. No hay integrantes de espacios reputados de investigación del conflicto o de departamentos de historia regionales, como la Universidad del Valle. El conflicto colombiano se ha desarrollado particularmente en regiones y tiene características regionales diversas. La comisión histórica tiene el reto de analizar las lógicas regionales del conflicto y aportar a regionalizar la Paz; cosa que ciertamente es más difícil parándose únicamente desde Bogotá.
Además, aún no están claros los límites y la metodología de los informes. Por ejemplo, ¿es un trabajo de recopilación-síntesis de lo ya existente o producción de conocimiento nuevo? “Todos llegamos con nuestros libros” ha señalado Alfredo Molano6. Es una tarea fácil en la medida que cada uno tiene una trayectoria de investigación sobre el conflicto, la cuestión es ponerse de acuerdo en temas específicos. ¿El tiempo establecido (4 meses) es suficiente para tener un informe final?
Los expertos podrán definir la delimitación temporal de sus estudios. No obstante, ¿cuándo empezó el conflicto colombiano? No es una pregunta fácil. Según dijo Renán Vega Cantor deberá remontar su trabajo hasta los años 40. La ley de víctimas planteó como fecha de reconocimiento a las víctimas en relación con el conflicto armado a

13. partir de 1985. Es decir, pone esta fecha como inicio del conflicto, desconociendo a las victimas anteriores y negándoles sus derechos. Aunque es un consenso general entre los historiadores reconocer en el inicio del conflicto en 1948, la periodización del conflicto no es simple y esto tendrá implicaciones prácticas en la política presente del país.
¿Hay compromiso de las partes de aceptar los daños perpetrados durante sus 50 años de confrontación armada? Una parte del informe serán los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. ¿Estos impactos serán reconocidos y reparados por las guerrillas? Recientemente en una carta pública Gabino, jefe del ELN, sostuvo “asumimos la responsabilidad que nos toca”. Se trata es de reconocer los principios de Verdad, Justicia y Reparación a que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Las FARC también han señalado su disposición, pero aún falta mucho en ese camino. Me aventuro incluso a preguntar si el gobierno está dispuesto a reconocer las acciones de agentes estatales y las responsabilidades de instituciones del Estado como el Ejército y la Policía en los hechos de victimización contra comunidades, organizaciones y líderes. Responsabilidades que van más allá de un “par de manzanas podridas” y que han sido políticas de Estado.
Y ¿qué pasará ante el eventual inicio de una mesa de negociación con el ELN y con el EPL? ¿Se harán nuevas comisiones históricas con académicos propuestos por estas insurgencias? Si se trata de un solo conflicto armado deben incluirse desde ya todas las partes.
¿Qué implicaciones tendrá para la sociedad colombiana este informe? El Informe Final de la Comisión, del que harán parte tanto el informe síntesis como los informes individuales o colectivos de los expertos, será entregado formalmente a la Mesa y será publicado y difundido ampliamente7. Es substancial que se haya tenido en cuenta desde ya la difusión del informe, pero ¿cómo se logra una lectura masiva del informe y sobre todo cómo se hace una pedagogía con él?
¿Hasta dónde llega la verdad judicial y hasta donde la verdad histórica? Los principios por los que se deberán guiar, según acordó la Mesa de Negociaciones, son el respeto y la dignificación de las víctimas, no eximir a nadie de responsabilidades, pero no atribuir responsabilidades individuales. Los informes de los historiadores no servirán para imputar cargos jurídicos sino que tienen un carácter netamente académico e histórico. Es necesario distinguir la verdad histórica de la verdad judicial. Sin embargo, la verdad judicial se articula con la verdad histórica. La verdad judicial debe ser un complemento de las verdades que se construyan en otros escenarios. La verdad judicial –ceñida al proceso judicial- siempre será más corta

14. que la histórica, por lo cual se hace necesario un mecanismo no judicial de verdad.
Las partes y los expertos han aclarado que ésta no es una comisión de la verdad. Pero sí será un insumo básico para una futura comisión de este tipo. Colombia requiere una comisión de la verdad independiente, que permita conocer la verdad, toda la verdad. De acuerdo a lo que conocemos de los diálogos en La Habana, la comisión de la verdad se instalará después de firmados los acuerdos. Si bien Colombia ha avanzado significativamente en la construcción de memoria, tanto desde iniciativas oficiales como no oficiales, las discusiones sobre la verdad histórica son aún iniciales. En los últimos meses, sin embargo, la necesidad de la verdad se ha convertido en un reclamo recurrente.
Una comisión de la verdad en Colombia debe reunir tres perspectivas distintas: 1. El enfoque de género, en particular de las mujeres, 2. El enfoque étnico, la de los indígenas y los afro colombianos, y 3. Enfoque regional resaltando las memorias locales. Además, debe tener un componente jurídico y psicosocial centrado en la experiencia de las víctimas.
***
1Sus perfiles académicos se pueden ver en: Los 12 expertos que contarán la historia del conflicto colombiano
http://www.las2orillas.co/los-12-expertos-que-contaran-la-historia- del-conflicto-colombiano/
2COMUNICADO CONJUNTO, LA HABANA, 05 DE AGOSTO DE 2014https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-05-de-agosto-de-2014
3http://www.semana.com/opinion/articulo/reescribir-la-historia- opinion-de-rafael-guarin/400255-3
4“Académicos Innecesarios”, Juan Diego Restrepo E.
http://www.semana.com/opinion/articulo/proceso-de-paz- academicos-innecesarios-opinion-de-juan-diego-restrepo/400319-3
5http://lasillavacia.com/historia/de-izquierda-derecha-los-miembros- de-la-comision-historica-de-la-habana-48454
6Entrevista a Alfredo Molano sobre el tema http://bit.ly/YNufxP

15. 7COMUNICADO CONJUNTO, LA HABANA, 05 DE AGOSTO DE 2014https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-05-de-agosto-de-2014