1. Un río por alambres de púas
De alguna manera Cerrejón reúne a 300 indígenas, y les consulta sobre un
proyecto que tiene impacto sobre toda la nación wayuu, y que pretende
modificar el curso de 26 kilómetros del río Ranchería. A Cerrejón se le antoja
explotar el lecho del río.
El informe del primer trimestre del año, de la división de Gestión Social de esta
empresa, señala que “con el propósito de fortalecer las relaciones de las
comunidades indígenas vecinas a La Mina, se ha adelantado un total de 20
encuentros en los cuales participaron cerca de 300 miembros de los cuatro
resguardos indígenas del área de influencia, los cuales se reflejan en lo
siguiente:
acompañamiento a la apertura y taller de identificación de impactos y medidas
de manejo durante el proceso de consulta previa del proyecto expansión P500”.
Así se conoce, como P500, y tiene un nombre wayuu, –Iiwo’uyaa– que según
la fundación Wayuunaki quiere decir irónicamente “Lugar donde nace la
primavera”. El proyecto pretende mover el río, cambiarlo de lugar.
2. Estamos hablando de que Cerrejón evidencia sus ansias de expansión
traducida en la explotación de cientos de millones de toneladas de carbón, y
estamos hablando de que sus ínfulas, que pasan por encima de las lógicas del
medio ambiente, van muy de acuerdo con las apuestas desaforadas de la loca
y desquiciada locomotora minera que se ha trazado el Gobierno.
Movilizar un río no es como mover una porción de agua de un lado al otro ni es
como construir una carretera paralela. Cambiar el curso de un río significa la
muerte ambiental de 26 kilómetros de vida por encima y debajo del agua. Un
río es la razón de ser de las comunidades que crecen en sus orillas. Moverlo
podría implicar el desplazamiento de pueblos completos.
Al parecer, en el proceso de preacuerdo inicial, los miembros de las
comunidades han hecho peticiones como lanchas para actividad pesquera,
construcción de una enramada con sillas, alambre de púas, tanques de agua,
kits escolares y hasta bóvedas para los muertos. Una lista de solicitudes
irrisorias para el impacto ambiental y cultural que tendría el proyecto.
Sin embargo, la gran nación wayuu no ha sido consultada, y muchos lo
conciben como una violación de su territorio. Comunidades como San Antonio
Pancho, la Florida, y Flor de Olivo serían directamente afectadas, pero el
impacto sería sobre todo el gran pueblo indígena que todavía no encuentra
legítimas las lógicas devoradoras del Estado colombiano.
Acá en La Guajira se dice “Allá en Colombia”, una sutileza política que
demuestra la distancia de un país con apuestas económicas que pasan por
encima de sus propios pueblos.
Algunos han advertido el uso de engaños con los que persuaden a la
comunidad para que aprueben el proyecto, algo probable en este país en el
que la gente firma un listado a cambio de un refrigerio; a cambio de los
pasajes, el almuerzo y la promesa de invitarlos a la próxima reunión.
El desvío del río Ranchería implicaría pasar por encima de la cosmovisión del
pueblo wayuu, ya que de ninguna manera Cerrejón podría resarcir los impactos
por la desaparición de lugares de pagamentos, áreas sagradas que ninguna
oficina de gestión social podría cambiar por alambres de púas y rellenos.
Por Claudia Ayola
claudiaayola@hotmail.com
3. 7/10/2012
Por: Fernando García Ardila, Unimedios
¿Hasta dónde llega el derecho al ambiente?
Las cifras alarman: la minería de oro a gran escala en Marmato (Caldas)
produciría 160 mil toneladas de escombros al día, y en La Colosa
(Tolima), 100 mil. Obtener un gramo de oro requiere medio gramo de
cianuro y la remoción de una tonelada de roca. Los expertos coinciden en
que puede existir minería responsable, pero siempre habrá daños
colaterales irreparables.
La “locomotora” minera está en marcha. Prueba de su dinámica son los 12.239
millones de dólares que registró la inversión extranjera directa en el sector
energético, las 2,9 millones de hectáreas (ha) destinadas para la explotación a
comienzos de este año y los 9.200 títulos mineros adjudicados, sin contar los
cerca de 900 que están por asignarse.
Se suma el reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía, según el cual
“Colombia ha tomado la decisión de reservar 17,6 millones de hectáreas como
áreas mineras estratégicas”. Se refiere a la zona selvática de los
departamentos de Chocó, Orinoquía y Amazonas, áreas de reserva natural y
hábitat de algunas comunidades indígenas. Ya días atrás había dicho: “donde
hay páramo no habrá minería”.
4. Y, aunque los comunicados sugieren un compromiso con el ambiente y el
desarrollo sustentable, también se han convertido en una oferta directa para las
multinacionales con “vocación minera”, que apuntan a la explotación de los
suelos y subsuelos nacionales. ¿Qué tan responsable y sostenible es esta
labor? ¿Qué costos medioambientales tiene para el país? ¿Dónde está la
preservación de los recursos necesarios en un futuro?
El biólogo Robert Goodland, exasesor ambiental del Banco Mundial, indica
claramente los sitios en donde no debe desarrollarse minería: “las cuencas
frágiles, zonas de conflicto, de biodiversidad, de minoría étnica y de riqueza
cultural”.
Por su parte, el geotecnista Julio Fierro Morales, investigador del Instituto de
Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, señala
que, en efecto, la minería responsable se puede llevar a cabo. Pero precisa
que, aunque lo sea, siempre tiene impactos negativos.
“Es necesario entender que es una apuesta en la que se va a perder
biodiversidad, ecosistemas endémicos y riqueza cultural, porque indígena
minero ya no es indígena. Además, hay que sumar el desplazamiento. Es
inevitable que esto suceda”, expresa.
Las huellas de la minería son enormes: medio gramo de cianuro por un gramo
de oro; una tonelada de roca (o más) por cada gramo de oro, según estudios
de proyectos como La Colosa (Tolima) o Marmato (Caldas).
Las dimensiones son mucho más enormes si se tiene en cuenta que el país
posee el mayor número de ecosistemas representados en un mismo territorio:
99; alrededor de 1.600 fuentes hídricas (entre lagos, lagunas y humedales), de
acuerdo con cifras del Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia; y 34 páramos, que son el 60% de los que hay en el mundo
(1.932.987 ha, 2% de la superficie continental del país).
Normativa
No obstante, según el Instituto Humboldt, no existen inventarios biológicos
detallados y completos para todo el territorio. De este modo, a la hora de
efectuar una acción minera, dice Fierro, la certeza real de las pérdidas es muy
vaga, pues hay mucha biodiversidad aún desconocida.
“No se cuenta con una línea base científica previa a los proyectos. No
conocemos todo lo que tenemos, por ende, no se tiene claridad sobre las
pérdidas. Por ejemplo, la información con respecto al agua, los acuíferos y la
5. contaminación de ese bien es mínima”, afirma.
El problema es que la minería requiere de agua a raudales. El Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dice que el país tiene
415.000 km2 de acuíferos (el 34% del territorio colombiano), pero estos están
amenazados. De acuerdo con datos de la Fundación Cerrejón, para humedecer
vías en un proyecto de ampliación para transporte de minerales, por día se
utiliza un volumen de agua que serviría para suplir las necesidades de 200 mil
guajiros pobres y unos 20 mil no tan pobres.
Por otro lado, la extracción a gran escala usa una cantidad enorme de
compuestos químicos (mercurio, cianuro, plomo, arsénico, etc.), cuyo proceso
libera una cuantía mayor de tóxicos que están en la roca y acompañan al oro.
El resultado: contaminación de acuíferos (oxidación de las aguas).
“Cuando la minería ya no esté, van a quedar miles de toneladas de materiales
a la intemperie, los cuales sufren un proceso de meteorización o intemperismo,
también irreversible, que acidifica las aguas”, señala Fierro.
Todo esto se da a pesar de que la Corte Constitucional, en la sentencia C-339,
estableció el principio de precaución, que prioriza la conservación del
medioambiente, pues prima el derecho colectivo de la sociedad a gozar de un
ambiente sano, hoy y en el futuro. Así, el experto resalta: “no hay derechos
adquiridos en lo ambiental”.
A cielo abierto
En Colombia, a la fecha, se desarrollan unos veinte proyectos de minería a
cielo abierto, entre las que se pueden destacar Cerrejón, en la Guajira; Cerro
Matoso, en Córdoba; Marmato, en Caldas; y La Colosa, en Cajamarca, por
mencionar algunos.
En la actualidad, se exporta el 95% de la producción de carbón y el 99% de la
de oro, que corresponden al 65% de la explotación minera del país. Por su
parte, la obtención de materiales de construcción o calizas –consumidas
localmente– no alcanza el 12% de los títulos mineros, según el investigador
Guillermo Rudas.
De otro lado, la Gran Colombia Gold, multinacional que adelanta el proyecto de
Marmato, indica que “la opción de una gran operación de mina a cielo abierto
probablemente requiera escombreras para albergar 1.231 millones de
toneladas de residuos”, que serían producidas en 21 años, tiempo estimado de
la obra. Es decir, 58,62 millones de toneladas por año y 160.000 toneladas por
día, mientras que una ciudad como Bogotá o Buenos Aires produce cerca de
6. 5.000 toneladas de desechos diarios.
Por su parte, La Colosa –el hallazgo de oro más grande hecho en el país– pasó
de ser un proyecto de 12,3 millones de onzas del metal en 2006 a 24 millones
en la actualidad. Este proyecto, en manos de Anglo Gold Ashanti (AGA), podría
originar más de 100.000 toneladas de residuos al día. En 18 días originaría los
mismos desechos que dichas capitales en un año.
Abraham Korman, vicepresidente ambiental de AGA Colombia, reconoce los
impactos de la actividad minera. Por eso, destaca las medidas de prevención y
mitigación que han tomado en la parte exploratoria de la zona de influencia:
monitoreo de fuentes hídricas, reutilización de la capa vegetal, reforestación. A
la fecha todavía no han producido un solo gramo de oro.
Con este panorama, solo resta esperar hacia dónde se inclina la balanza. El
paso de la “locomotora” dejará ver si su abanico se sigue expandiendo y si es
capaz de minimizar los impactos, tal como afirman los líderes del gremio