"Treaty Alliance" defiende que desmantelar el poder corporativo es clave para construir sociedades sostenibles Una red mundial de sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pide a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que respalden el próximo mes una resolución para redactar un acuerdo vinculante, que permita sancionar a las empresas transnacionales que violen los derechos humanos. Lucia Ortiz, coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional, nos explica los detalles de esta iniciativa. Por Rosae Martín Peña.

1. Una red mundial pide a la ONU que regule las corporaciones
que violan derechos humanos
"Treaty Alliance" defiende que desmantelar el poder corporativo es
clave para construir sociedades sostenibles
Una red mundial de sociedad civil conocida como Treaty Alliance
(Alianza por el Tratado) pide a los países miembros del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
que respalden el próximo mes una resolución para redactar un
acuerdo vinculante, que permita sancionar a las empresas
transnacionales que violen los derechos humanos. Lucia Ortiz,
coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica de
Amigos de la Tierra Internacional, nos explica los detalles de esta
iniciativa. Por Rosae Martín Peña.
Eric Dooh, en el pueblo de Goi, Ogoniland, mostrando la
contaminación del mar por el petróleo debido a una actividad de la
empresa Shell en Nigeria. Fuente: "Marten van Dijl/Friends of the
Earth Netherlands
Casi un año después del accidente del edificio Rana Plaza en
Bangladesh, la situación para poner coto a los abusos de algunas
empresas transnacionales no se ha resuelto.
El pasado siete de mayo, una red mundial de la sociedad civil
conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los
países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que
respalde el próximo mes de junio una resolución para redactar un
acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los
mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por
empresas.
Protección de los derechos humanos y ambientales

2. La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de
mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones
internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los
derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo
presente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el
remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a
los derechos humanos”.
La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y
representa a cientos de ellas más, también pide a los Estados que
trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las
obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las
empresas transnacionales y otras firmas comerciales”.
Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica de
Amigos de la Tierra Internacional, Lucia Ortiz. Fuente: Amigos de la
Tierra Internacional.
La Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica,
de Amigos de la Tierra Internacional, Lucia Ortiz, explica en una
entrevista concedida a Tendencias 21, en qué consiste
este Movimiento Global por un Tratado Vinculante, y sus
implicaciones a nivel internacional y nacional.
¿Dónde y cómo nace la idea de este tratado que tiene como
objetivo sancionar a las empresas internacionales que violan
los derechos humanos?
Para Amigos de la Tierra Internacional, y para muchas otras
organizaciones y redes que están en movimiento por la Justicia
Económica, desmantelar el poder corporativo es clave para construir
poder popular y sociedades sostenibles.
Desde los 70, se exige a diversas instancias de la ONU que se
establezcan sistemas vinculantes para el control de las corporaciones,
del mismo modo que para poner fin a la captura corporativa de los
Estados de la propia institución, y para crear espacios
internacionales, como un tribunal que juzgue los crímenes de las

3. corporaciones contra los derechos humanos, el medio ambiente y
los/as trabajadores/as.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), es una instancia moral,
popular, que demuestra que ese sistema es posible y necesario,
frente a innumerables violaciones ya registradas en países donde el
acceso a la justicia por las comunidades afectadas contra una
empresa transnacional no existe o no es suficiente a nivel nacional o
regional. La base de los juicios del TPP son las convenciones de
Derechos Humanos, convenciones internacionales que se realizan sin
las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes mundiales, y
los poderes de los Estados; t que están por encima de las estructuras
judiciales de los países y representan de alguna manera la conciencia
ética de los pueblos, de la humanidad.
Después de la creación de nuevos superpoderes para las
trasnacionales, brindados por los Acuerdos Bilaterales de
Inversión desde los años 90, ese movimiento ha crecido mucho, con
apoyo de países que se ven afectados por demandas judiciales y
condenados a pagar a las corporaciones por supuestos prejuicios a
sus inversiones en Centros de Arbitraje como el CIADI del Banco
Mundial, conformados para deliberar los conflictos entre las empresas
y los Estados. Los reclamos que han podido hacer las transnacionales
en contra de los países gracias a estos acuerdos, les han permitido
pedir millones de dólares adicionales a los montos que ya obtienen
por su inversión, y la amenaza de ese tipo de demandas tiene un
efecto inhibitorio de las políticas públicas.
¿Cómo se consolida el Movimiento Global por un Tratado
Vinculante?
En 2013, una declaración firmada en Ecuador y apoyada por mas de
80 países ha resultado ser la propuesta que hoy está sobre la mesa, y
que consiste en la creación de un grupo de trabajo en el ámbito del
Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para el desarrollo y
implementación de un sistema internacional vinculante sobre
empresas transnacionales y derechos humanos, sobre el cual se va
decidir en la 26ª sesión del CDH del nueve al 27 de junio de este año
en Ginebra.
Esta es una oportunidad histórica que cuenta con el apoyo de
centenares de organizaciones sociales en todo el mundo, y
esperamos que nos ayude a avanzar para conseguir desmantelar al
poder corporativo
¿Hay alguna web o sitio para que las asociaciones y otros
organismos puedan unirse a este movimiento?

4. En esta web hay mucha información sobre la historia de esta
iniciativa y noticias recientes sobre el proceso de negociación en el
CDH de la ONU, que es justamente el punto en el que nos
encontramos. Cabe destacar sobre todo las múltiples herramientas
que hay para la acción de todos los grupos de la sociedad civil que
quieran sumarse a ese movimiento.
Para conocer más sobre la campaña se puede visitar este sitio web y,
por otro lado, están las informaciones sobre las sesiones anteriores
del Tribunal Permanente de los Pueblos; y el Programa de Justicia
Económica de Amigos de la Tierra Internacional se encuentra en
este link.
¿Qué tipo de empresas son las que más violan los derechos de
los trabajadores?
Muchas empresas y en muchos sectores violan los derechos
humanos, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
En la actualidad, las industrias extractivas han tenido los mayores
registros de violación, ya que es el sector que más rápido se expande
a nivel mundial e implica varios riesgos que van desde los laborales y
de salud, a los ambientales, aun más con el uso de tecnologías no
convencionales, como el fracking, la minería metálica o extracción
petrolera en aguas profundas.
El sector incluye casos de empresas petroleras como Shell y Chevron;
mineras, como Glenclore y PacifRim, y también responsables de
proyectos energéticos como de grandes represas que alimentan ese
sector, como el caso de las empresa Española Hidralia.
Todos estos casos mencionados serán presentados en Ginebra en el
mes de Junio en la sesión del TPP. Un caso en el sector de aguas que
se presentará en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos,
será el de Coca-Cola, como iniciativa del sector sindical, ya que está
vinculado directamente con violaciones a los derechos de los
trabajadores. Otro será el de la empresa Isralelli de aguas Mekorot, y
sus violaciones al derecho humano al agua reconocido por la ONU en
la Palestina Ocupada, y en otros países donde opera la corporación.
En el sector textil, el pasado 24 de abril se cumplió un año del
desastre en el Rana Plaza de Bangladesh que acabó con más de
1.100 personas, y dejó 2.000 heridos. La mayoría de las víctimas
fueron mujeres trabajadoras.
En el edificio Rana Plaza en el que se trabajaba en condiciones de
insalubridad se fabricaba ropa para marcas mundialmente conocidas

5. como Benneton, Carrefour, Gap e Walmart, entre otras. En total, más
de 100 marcas de ropa asumieron la responsabilidad por la
(in)seguridad en su cadena de producción, firmando el acuerdo sobre
Incendio y Seguridad de las Construcciones en Bangladesh.
Pero el gigante de la moda Gap, uno de los mayores compradores de
ropas fabricadas en Bangladesh rechazó firmar el acuerdo y Gap ha
sido premiada por el Jurado como la peor corporación por la campaña
Public Eye 2014.
En Brasil, el tema de la FIFA, cuya oficina central está en Ginebra, y
los megaeventos, es otro sector en el blanco de los movimientos por
las violaciones de derechos humanos asociadas a su implementación.
¿Estamos viviendo una nueva forma de esclavitud en el siglo
XXI? ¿En qué se fundamentaría?
El capitalismo y el neocolonialismo del Siglo XXI tienen como
características la reprimarizacion de las economías en el sur, el
avance del sector extractivo que incluye la minería, combustibles
fósiles y los agronegocios y que está asociado al avance de
megaproyectos de energía para alimentar el modelo extractivista y de
infra estructura, como puertos, carreteras, hidrovias, para su
exportación.
Por otra parte, también se caracteriza por la financiarización de la
naturaleza, que implica crear mercados financieros de títulos para la
compensación de los impactos ambientales causados por las
corporaciones, como mercados de carbono, títulos de biodiversidad o
servicios ambientales. También se puede entender como procesos de
esclavitud de la propia naturaleza, que en ese aspecto es considerada
a parte de los pueblos, de la gente y sus derechos sobre los
territorios.
Asimismo, existe la captura corporativa de los Estados: los
Gobiernos, aún siendo elegidos bajo sistemas democráticos no tienen
compromisos con el pueblo al que gobiernan, sino con las
corporaciones que financian sus campañas. Así, muchos países son
esclavos de los intereses corporativos.
Este Movimiento Global, ¿Podría verse frenado una vez más
por los intereses de las grandes corporaciones?
Claro que hay resistencia en algunos países, sobre todo en los
llamados desarrollados, países de origen de grandes empresas
transnacionales, que insisten en no avanzar más que en la aplicación
de normas voluntarias como son los Principios Rectores de Ruggie,

6. enmarcados en el marco del CDH de las Naciones Unidas desde hace
tres años.
En el contexto de las recientes crisis financieras y económicas de los
Estados Unidos y de Europa, estos países lanzan nuevos acuerdos
comerciales, de inversión y también de estrategias de "cooperación
para el desarrollo", que cada vez están más vinculadas a políticas de
comercio exterior y expansión de sus empresas a los países del sur.
Sin embargo, en muchos países de la UE, por ejemplo, hay iniciativas
de incidencia y movilización para presionar sus posiciones en el CDH.
En todo caso, nosotros entendemos que el establecimiento de normas
vinculantes no es contradictorio con la implementación de planes
nacionales de ejecución de los principios de la ONU sobre empresas y
derechos humanos (los principios de Ruggie), sino que complementa
y refuerza esas acciones.
Por otro lado, ¿se pretende crear más organismos para tratar
de blindar de algún modo estos abusos de los que se viene
hablando?
En América Latina ya hay un movimiento de países que se reconocen
como "afectados por las corporaciones transnacionales" y se avanza
en la creación de un observatorio de transnacionales por parte de El
Salvador, Honduras, Argentina, México, Guatemala, República
Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Ecuador lidera ese proceso, y espera que en junio se concrete la
creación del Observatorio del Sur para la asistencia en materia de
inversiones y soporte a los Estados frente a litigios que se libran con
las transnacionales. El Observatorio espera dar cuenta
periódicamente del estado de los litigios internacionales en materia
de inversiones, en instancias regionales y globales;
identificar procedimientos para monitorear la acción de los tribunales
internacionales de arbitraje en materia de inversiones; estudiar,
analizar y proponer mecanismos para la reforma de dichas instancias
arbitrales; estudiar y apoyar la creación de mecanismos alternativos
de intermediación para la resolución justa, razonable y definitiva de
las diferencias entre estados y transnacionales.
También el organismo deberá elaborar un compendio de legislación,
políticas y acuerdos comerciales y de inversión, relativo a los
procesos de negociación entre Estados y transnacionales, para
facilitar la adopción de estrategias conjuntas como parte de los
Estados; estudiar y proporcionar a los Estados elementos técnicos,
jurídicos y políticos para asegurar las plasmación efectiva de sus
intereses en los contratos comerciales y de inversiones con las

7. empresas transnacionales; y establecer mecanismos de interlocución
con movimientos sociales.
En otras regiones del planeta como Sudáfrica e Indonesia ya
tomaron la decisión de cancelar acuerdos bilaterales de inversión y
protegerse del poder abusivo de las trasnacionales.
¿Podría la educación, la comunicación y la sensibilización
cambiar el rumbo de esta situación?
Seguramente, y en esto estamos trabajando los diferentes
movimientos, redes y campañas para desmantelar el poder
corporativo. Las acciones son la organización de redes y acciones de
denuncia y solidaridad a las comunidades afectadas y de resistencia
contra los proyectos de estas empresas.
Las acciones de denuncia hacia las transnacionales, que impugnan
con sus demandas a los estados que se atreven a implementar
políticas públicas, que se alejan siquiera un poco de la ideología
neoliberal.
Lucia Ortiz
Coordinación Internacional Programa Justicia Económica Resistencia
al Neoliberalismo /
International Program Coordination Economic Justice Resisting
Neoliberalism
Amigos de la Tierra Internacional / Friends of the Earth International