El documento resume los principales aspectos de la igualdad ante la ley y la igualdad ante la justicia consagrados en la Constitución Política de Chile de 1980. Explica que estos principios ya estaban presentes en constituciones anteriores y detalla el alcance y garantías de cada uno, como la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, el derecho a la defensa, la legalidad del tribunal y del juicio, y la exclusión de presunciones de derecho en materia penal.