©  Escuela Nacional de la Judicatura, 2011
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Concepto y Naturaleza Jurídica de la Acción de Amparo en el Ámbito Penal De las disposiciones de los artículos 72, 184 y 2...
La acción de amparo es un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades, y por tan...
Sujetos Legitimados para Instar La Acción de Amparo La Ley 137-011, dispone en su artículo 67 :  “ Toda persona física o m...
Plazos para la Interposición de la Acción de Amparo La Ley Núm. 437-06, no admitía la acción de amparo  “b) Cuando la recl...
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El procedimiento de Amparo ante la Jurisdicción Penal No existe un procedimiento particular a la jurisdicción penal para e...
La nueva regulación establece procedimientos diferenciados, en principio, para los proceso de amparo,  hábeas corpus ,  há...
Medidas Cautelares
En este sentido, la Ley reconoce poder al juez de amparo para ordenar en cualquier momento del proceso, de oficio o a peti...
Sentencias: Tipos y Efectos
Al crear el Tribunal Constitucional, el constituyente de 2010, previó en el artículo 184, respecto de los efectos de las d...
El citado texto constitucional no ofrece diferencia alguna en los efectos que atribuye a  las sentencias diversas que pued...
Procedimientos de Ejecución de las Sentencias
En torno a la resolución o sentencia que resuelve de modo definitivo, la LOTCPC prevé un procedimiento de ejecución, que p...
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ENJ-200 Presentación Amparo Penal

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ENJ-200 Presentación Amparo Penal

  1. 1. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2011
  2. 2. La Acción de Amparo ante la Jurisdicción Penal No existe un procedimiento específico en la jurisdicción penal para el trámite, conocimiento y resolución de las cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de amparo. Por tanto, como en cualquier otra jurisdicción, ante los órganos de la jurisdicción penal, el amparo es y será siempre bajo las normas vigentes, un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
  3. 3. <ul><li>En la República Dominicana, la Ley Núm. 437/06, que ha quedado derogada con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que organiza una acción de amparo que, por definición y por la legitimación procesal requerida para instar la acción, se corresponde con el contenido el artículo 72 de la Constitución dominicana. </li></ul>
  4. 4. Concepto y Naturaleza Jurídica de la Acción de Amparo en el Ámbito Penal De las disposiciones de los artículos 72, 184 y 277, se deduce que la acción de amparo es un derecho subjetivo público, porque constituye un interés jurídico personal de rango constitucional, protegido en forma inmediata por la Constitución y por la ley ante los demás individuos y el Estado. La acción de amparo es un arbitrio institucional irrenunciable, sin perjuicio que el agraviado pueda desistirse de ella o abandonarla después de haberla interpuesto.
  5. 5. La acción de amparo es un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades, y por tanto, como prescribe el artículo 25.1 de la CADH, es un procedimiento sencillo y breve; no tiene requisitos formales para su interposición, y puede ser formulada ante el juez competente que será, según la regulación dominicana, el juez con mayor afinidad con el ámbito de actuación y con la naturaleza del acto lesivo y del derecho vulnerado.
  6. 6. Sujetos Legitimados para Instar La Acción de Amparo La Ley 137-011, dispone en su artículo 67 : “ Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos individuales mediante la acción de amparo”.
  7. 7. Plazos para la Interposición de la Acción de Amparo La Ley Núm. 437-06, no admitía la acción de amparo “b) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (60) días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos”. La Ley 137-011, no la admite, cuando: El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el 1er proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible 1era acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:
  8. 8. <ul><li>Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener 1era protecci6n del derecho fundamental invocado; </li></ul><ul><li>Cuando 1era reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a 1a fecha en que e1 agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que Ie ha conculcado un derecho fundamental; </li></ul><ul><li>Cuando 1a petición de amparo resulte notoriamente improcedente. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Por lo general para el establecimiento de los plazos, se han seguido los criterios sentados en el CPP. De este modo, se aplican los siguientes principios y reglas a los plazos: </li></ul><ul><li>Son perentorios e improrrogables y vencen a las seis de la tarde del último día señalado. </li></ul><ul><li>Los plazos determinados por horas comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Los plazos determinados por días comienzan a correr al día siguiente de notificada la actuación que los causa. </li></ul><ul><li>Cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad del juez apoderado o funcionario competente. </li></ul><ul><li>No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación que no esté preceptuado expresamente por la ley como suspensivo. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se cuentan a partir de la recepción del acto que las motive, y para las actuaciones de las partes, desde la notificación del acto que las cause. </li></ul><ul><li>A estos efectos, sólo se computan los días hábiles, salvo que se refiera a medidas cautelares, anticipación de la tutela o amparos autosatisfactivos de efectividad inmediata. </li></ul><ul><li>Las partes pueden solicitar la reposición total o parcial del plazo, cuando por defecto de la notificación, por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, no hayan podido observarlo. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Cuando la ley permite la fijación de un plazo judicial, los jueces lo fijan conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se debe cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes. </li></ul><ul><li>Si los jueces no dictan la decisión correspondiente en los plazos establecidos en la presente ley, el interesado puede requerir su pronto despacho y si dentro de las veinticuatro horas no lo obtiene, puede presentar queja por retardo de justicia directamente ante la Corte de Apelación correspondiente. El tribunal que conoce de la queja resuelve directamente lo solicitado o emplaza a los jueces para que lo hagan dentro de las veinticuatro horas de devueltas las actuaciones. Si es necesario para resolver, el tribunal puede ordenar que se le envíen las actuaciones. Si los jueces insisten en no decidir, son reemplazados inmediatamente, sin perjuicio de su responsabilidad personal. </li></ul>
  13. 13. El procedimiento de Amparo ante la Jurisdicción Penal No existe un procedimiento particular a la jurisdicción penal para estos asuntos. Por tanto, aplica el mismo procedimiento que la ley indica para la substanciación de del amparo en otras jurisdicciones. Desde luego, los jueces penales en la República tienen como referente para el desarrollo de un procedimiento con las características de aquel que define el artículo 72 de la Constitución: un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
  14. 14. La nueva regulación establece procedimientos diferenciados, en principio, para los proceso de amparo, hábeas corpus , hábeas data y acción de cumplimiento, y, al mismo tiempo, desarrolla un procedimiento para algunas modalidades de amparo, como los que tienen que ver con los amparos colectivos y ante todo, del amparo ordinario. En todo caso, los diversos procesos responden a los criterios del texto constitucional.
  15. 15. Medidas Cautelares
  16. 16. En este sentido, la Ley reconoce poder al juez de amparo para ordenar en cualquier momento del proceso, de oficio o a petición del accionante, la adopción de cuantas medidas cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad del derecho fundamental cuya violación se alega.
  17. 17. Sentencias: Tipos y Efectos
  18. 18. Al crear el Tribunal Constitucional, el constituyente de 2010, previó en el artículo 184, respecto de los efectos de las decisiones del ese órgano jurisdiccional, al que atribuye la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, que “ sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado ” .
  19. 19. El citado texto constitucional no ofrece diferencia alguna en los efectos que atribuye a las sentencias diversas que pueda dar el Tribunal Constitucional. Tal parece que todas sus decisiones, además de tener el carácter de resoluciones definitivas e irrevocables, todas, sin distinción, constituyen, además, precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado .
  20. 20. Procedimientos de Ejecución de las Sentencias
  21. 21. En torno a la resolución o sentencia que resuelve de modo definitivo, la LOTCPC prevé un procedimiento de ejecución, que promete ser eficiente. Autoriza al juez o tribunal que conoce el amparo para disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. Propone un plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria, para que esta quede cumplida.
  22. 22. ¡Gracias!

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