Fundamentación de los Recursos II Módulo VII
Módulo VII El acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una posibilidad para la tutela de los derechos y garan...
Breve reseña del procedimiento contencioso establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a) Procedimiento a...
a) Procedimiento ante la Comisión <ul><li>El particular no puede someter el caso directamente ante la Corte. El artículo 4...
Facultades de la víctima <ul><li>Aún no se ha conferido a los individuos el  locus standi  a los peticionarios para que pu...
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Papel del Estado <ul><li>Será difícil que el Estado al que se denunció como presunto violador de derechos, sea quien tome ...
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Agotamiento de los recursos internos <ul><li>El artículo 37 del Estatuto de la Comisión, establece como requisito de admis...
Prueba <ul><li>En primer término, y en cuanto a la carga de la prueba, ha dicho la Corte que el Estado que alega el no ago...
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Procedimiento ante la Corte  <ul><li>De ser necesario se convoca a audiencia oral para recibir prueba sobre las excepcione...
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Recurso contra la sentencia <ul><li>Contra las sentencias de la Corte, no cabe recurso alguno (art 67 de la Convención), s...
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ENJ-300 Presentación Fundamentación II, Módulo VII

  1. 1. Fundamentación de los Recursos II Módulo VII
  2. 2. Módulo VII El acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una posibilidad para la tutela de los derechos y garantías de las personas sometidas al proceso penal. Casos concretos efectivos
  3. 3. Breve reseña del procedimiento contencioso establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a) Procedimiento ante la Comisión De conformidad con la Convención sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la Corte, para lo cual es necesario previamente que el particular que se sienta agraviado en los derechos consagrados en la Convención, por parte de un Estado parte en el Tratado, haya agotado los procedimientos establecidos en los artículos 48 y 49 de la Convención.
  4. 4. a) Procedimiento ante la Comisión <ul><li>El particular no puede someter el caso directamente ante la Corte. El artículo 44 de la Convención legitima a cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización para presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas por violación de la Convención por un Estado parte, a diferencia del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales que exige que quien formule la denuncia se considere víctima de la violación. [1] </li></ul>
  5. 5. Facultades de la víctima <ul><li>Aún no se ha conferido a los individuos el locus standi a los peticionarios para que puedan comparecer ante la Corte y esta situación ha forzado a la Comisión a actuar como el portador de sus intereses. En otras palabras, el peticionario no tiene derecho a defender su propio caso y depende de la intermediación de la Comisión. Cualquier sistema de protección se encuentra irremediablemente mitigado sin esta legitimación, dado que no resulta razonable concebir derechos sin laxidad procesal para reivindicarlos directamente. </li></ul>
  6. 6. Procedimiento ante la Comisión <ul><li>El peticionario debe entablar su denuncia ante la Comisión Interamericana, y si ésta reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará informes al Estado al cual pertenezca la autoridad que se denuncia ha violado los derechos consagrados en el pacto. Este informe viene siendo como la contestación de la demanda por parte del Estado. Ha sido muy criticado el proceso de admisibilidad de un caso ante la Comisión, especialmente por su larga duración, que en la práctica produce incertidumbre e inseguridad al peticionario y a los Estados partes. </li></ul>
  7. 7. Resumen del procedimiento ante la Comisión <ul><li>El procedimiento ante la Comisión cuenta con distintas fases que con un adecuado orden pasan por el análisis de la admisibilidad de la denuncia, a la tentativa de solución amistosa, que fracasada da lugar a la etapa de búsqueda y producción de prueba. La Comisión como conclusión del caso produce un primer informe con los hechos, sus conclusiones, proposiciones y recomendaciones. </li></ul>
  8. 8. Resumen del procedimiento ante la Comisión <ul><li>Si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. </li></ul>
  9. 9. Papel del Estado <ul><li>Será difícil que el Estado al que se denunció como presunto violador de derechos, sea quien tome la iniciativa de llevar el caso ante la Corte, por lo que en los casos presentados ante ese Tribunal, siempre ha sido la Comisión quien ha planteado la demanda. En ese sentido la Comisión no es nunca una parte sustancial, porque no es el titular de los derechos ni acreedora de su restablecimiento y eventual reparación, sino sólo una parte procesal sui generis , auxiliar de la justicia, al modo de un Ministerio Público del sistema de protección establecido por la Convención. </li></ul><ul><li>Como afirma el ex magistrado integrante de la Corte, Piza Escalante, debe entenderse como parte activa en sentido sustancial como titular de los derechos implicados y acreedora de su restablecimiento y eventual reparación y en sentido procesal como actora, al ser humano a favor de quien se alegan violados los derechos. </li></ul>
  10. 10. Agotamiento de los recursos internos <ul><li>No se debe dejar de lado la necesidad que tiene el peticionario de haber agotado todos los recursos legales disponibles en el Estado donde ha ocurrido la violación. Como ha expresado la propia Corte “la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta coadyuvante o complementaria de la interna” . </li></ul><ul><li>En el mismo sentido se pronuncia Rodríguez Carrión quien dice “desde un punto de vista de la sociología jurídica, esta condición para el ejercicio de la protección diplomática cumple una función pacificadora y conciliadora; obliga a la utilización de los mecanismos jurídicos internos para evitar una internalización innecesaria y no querida de conflictos que bien pudieran haber sido solucionados internamente”. Otros afirman por su parte, que es un argumento utilizado por los Estados para evadir su responsabilidad. </li></ul>
  11. 11. Agotamiento de los recursos internos <ul><li>El artículo 37 del Estatuto de la Comisión, establece como requisito de admisibilidad el agotamiento de los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocido. Sin embargo, no será necesario cumplir con el requisito del agotamiento de los recursos internos si se ha negado a la víctima acceso a los mismos, o se le ha impedido obtener desagravio, o si las leyes locales no aseguran el debido acceso a los procedimientos legales para la protección de los derechos. Tampoco es necesario agotar los recursos de la jurisdicción interna cuando el Estado se haya retrasado en pronunciar una decisión final sobre el caso, sin que exista razón valedera para ello, es decir cuando haya retardo injustificado. También se ha exonerado de ese requisito, cuando una persona no pueda recurrir a la justicia de su país, por falta de medios económicos o por temor general a la comunidad. [4] </li></ul>
  12. 12. Prueba <ul><li>En primer término, y en cuanto a la carga de la prueba, ha dicho la Corte que el Estado que alega el no agotamiento de los recursos internos tiene a su cargo el señalamiento de esos recursos y su efectividad. Ahora bien, esos recursos deben ser adecuados, es decir idóneos para proteger la situación infringida, y eficaces, es decir capaces de producir el resultado para el cual han sido concebidos y no cualquier tipo de recurso. Si el Estado prueba la existencia de esos recursos internos, corresponderá a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artículo 46.2 del Convenio o 37 del Estatuto de la Comisión. [1] (Caso Velásquez Rodríguez de 1988). </li></ul><ul><li>También resulta de trascendental importancia la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que por el principio del “estoppel”, la regla del agotamiento puede ser renunciada expresa o tácitamente por el Estado, entendiéndose que para ser oportuna debe ser invocada en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presumirá renunciada tácitamente. Precisamente esas primeras etapas del procedimiento han sido entendidas, como la etapa ante la Comisión, de manera que si no se opone en ese momento, ya no puede hacerse valer ante la Corte. </li></ul><ul><li>[1] Nieto Navia (1993). P. 216. </li></ul>
  13. 13. b) Procedimiento ante la Corte <ul><li>Presentada la demanda por la Comisión o por un Estado parte, la Secretaría de la Corte la notificará a la Comisión, sino ha sido ella la demandante, y a los Estados involucrados. También se notificará a la parte denunciante, y a la víctima o sus familiares, a efectos de que si a bien lo tienen ejerzan la facultad prevista en el artículo 23 del reglamento de la Corte, que estipula que las víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma. </li></ul>
  14. 14. Procedimiento ante la Corte <ul><li>Las víctimas tienen hasta dos meses para presentar su escrito. </li></ul><ul><li>Finalmente la demanda también se notifica al Presidente y demás jueces de la Corte. </li></ul><ul><li>El Estado demandado tiene cuatro meses para contestar la demanda, y en ella deberá ofrecer la prueba respectiva de descargo. También contestará en igual término el escrito de solicitudes y argumentos presentado por la víctima. [1] </li></ul><ul><li>Si se presentan excepciones preliminares, se dará traslado sobre las mismas a las demás partes, quienes tendrán treinta días para contestarlas y ofrecer la prueba. [2] </li></ul><ul><li>[1] Arts. 38 y 44 del Reglamento de la Corte. </li></ul><ul><li>[2] Art. 37 del Reglamento </li></ul>
  15. 15. Procedimiento ante la Corte <ul><li>De ser necesario se convoca a audiencia oral para recibir prueba sobre las excepciones preliminares, sin embargo, las mismas pueden ser resueltas por la Corte en sentencia. Se considera que la de competencia de la Corte para intervenir, si es de resolución preliminar. </li></ul><ul><li>El procedimiento de audiencias ante la Corte, es oral y público, salvo casos excepcionales que disponga la Corte. [1] </li></ul><ul><li>Existe la posibilidad de que el asunto termine por vías anormales, tales como el desistimiento de la demanda por parte del demandante o la solución amistosa. [2] </li></ul><ul><li>[1] Art. 40 del Reglamento. </li></ul><ul><li>[2] Arts 53 y 54 Reglamento </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Los peritos, quienes en realidad emiten opiniones jurídicas sobre el caso planteado, lo que resulta extraño a nuestros procesos internos, pueden ser recusados por las mismas causales que establece el artículo 19.1 del Estatuto de la Corte para los jueces. Los testigos pueden ser objetados, y quedará a juicio de la Corte su valoración. [1] . </li></ul><ul><li>Finalmente, la sentencia que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 55 del Reglamento, pueden contener votos concurrentes separados, y votos disidentes. Para Piza Escalante, la jurisdicción contenciosa de la Corte en la Convención Americana, tiene por objeto interpretar y aplicar el Derecho de la Convención, en relación con los Estados partes de la misma que hayan aceptado o acepten su competencia y en los casos que le sean sometidos por Estados partes o la Comisión. Finalmente concluye el ex juez de la Corte, que la jurisdicción contenciosa del Tribunal es de carácter sancionador o de condena, ya que su objeto no es simplemente declarar el derecho controvertido, sino restablecer el derecho violado, el Tribunal existe para sancionar violaciones de los derechos consagrados en la Convención. Dispondrá además de la reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y al pago de una justa indemnización a la parte lesionada (art. 63.1 Convención). </li></ul><ul><li>[1] Arts. 48 y 49 Reglamento. </li></ul>
  17. 17. Recurso contra la sentencia <ul><li>Contra las sentencias de la Corte, no cabe recurso alguno (art 67 de la Convención), sin embargo existe lo que se ha denominado “Demanda de interpretación”que por la redacción del numeral 58 del Reglamento, entendemos que es una especie de interpretación del fallo en algunos aspectos que a alguna de las partes no le haya quedado claro, demanda que no suspende la ejecución del fallo. La interpretación puede serlo tanto en cuanto al fondo, como en cuanto a las reparaciones. [1] </li></ul><ul><li>[1] Gros Espiell sostiene que contra las sentencias de la Corte Interamericana cabe el recurso de revisión, dado que aunque no está previsto en la Convención, se desprende de principios generales y de la jurisprudencia de otros Tribunales de Derechos Humanos, eso sí, estima que debe limitarse a casos muy específicos y limitados como los de la Corte Internacional de Justicia y condicionándolo a la ejecución previa del fallo. Ver. Gros Espiell (1985) p. 133. </li></ul>

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