1. Segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)
Esta segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez estuvo marcada por el intento de salir de
la profunda crisis económica y fiscal que venía desarrollándose desde años anteriores. Se
tomaron una serie de medidas políticas y económicas, conocidas como el paquete
económico del ministro de economía Miguel Rodríguez, los conflictos internos en el seno
de acción democrática impidieron que el presidente Pérez contando con el apoyo del
partido en las puestas en práctica de dicho paquete. La impopularidad de las medidas y su
manipulación por parte de grupos interesados en desestabilizar al régimen, trajo como
resultado el estallido social que se inicio en la ciudad de Guarenas el 27 de Febrero de
1989, y continuo en caracas y en algunas ciudades del exterior dando como un saldo un
número indeterminado de muertos violación de los derechos humanos y grandes pérdidas
materiales, dicho estallido se conoce con el nombre de Caracazo que había sido consagrado
con la primera gran señal de profundo agotamiento del modelo político y social.
Continuo manteniendo la misma política económica, que si bien produjo resultados macro
económicos positivos trajo como consecuencia la disminución del poder adquisitivo y
muchos venezolanos empezaron a vivir en un estado de pobreza lo cual no se había
experimentado en la Venezuela del siglo XX.
El 4 de febrero de 1982 ocurrió el alzamiento fallido encabezado por el teniente Coronel,
acompañado por Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta
Hernández y un buen numero de efectivos militares a raíz de este acontecimiento de
gobierno la gran mayoría de los venezolanos se designo un consejo consultivo que habría
asesorar al presidente de la republica el cual se pronuncio por el saneamiento del poder
judicial, lucha frontal contra la corrupción y mejora de las condiciones económicas.
El 27 de noviembre de ese mismo año se produjo un nuevo alzamiento ahora encabezado
por oficiales de alta graduación, el Gral. Francisco Visconti Osorio y los contraalmirantes
German Gruber y Luís Cabrera Aguirre.
Ramón J. Velásquez (1993-1994)
En 1993 Carlos Andrés Pérez fue suspendido para el ejercicio del cargo, acusado de
malversación de fondos públicos y sustituido por Ramón J. Velásquez, el cual fue
designado por el congreso nacional para culminar el periodo.
Durante este periodo continuo el proceso de descentralización y se llevaron a cabo nuevos
comicios para la elección de gobernadores y alcaldes. Con estas nuevas elecciones
comenzó un proceso regional que se caracterizo por la aparición de nuevos partidos
políticos con fuertes opciones de triunfo y el surgimiento de nuevos líderes regionales.
Durante el mes de diciembre de 1993 el pueblo venezolano, sumido en una profunda crisis
de credibilidad, acudió a las urnas electorales, para elegir un nuevo presidente.
2. En esta oportunidad se presento de nuevo como candidato junto a 17 ex candidatos mas,
Rafael Caldera, ahora separado del partido social Cristiano COPEI y apoyado por el
partido político convergencia que el mismo había fundado y otras organizaciones políticas
entre ellas el movimiento al socialismo, el partido comunista de Venezuela el movimiento
de integridad nacional entre otros.
Segunda presidencia de Rafael Caldera (1994-1999)
El 5 de diciembre de 1993 resultó electo como Presidente de la República
nuevamente el Dr. Rafael Caldera, además de ser elegido ese mismo día por el voto
popular, un nuevo Congreso de la República cuya integración varió sustancialmente con
respecto a la que había caracterizado a la institución parlamentaria en los últimos 4
períodos constitucionales. Caldera capitalizó el descontento existente en amplios sectores
del país y, acompañado de una coalición de pequeños partidos denominada "El Chiripero",
obtuvo la Presidencia de la República por segunda vez, aunque en esta ocasión sin el apoyo
del partido COPEY, del cual Caldera era miembro y fundador.
El año 1994 estuvo caracterizado por la crisis financiera. La quiebra del Banco Latino fue
seguida del desplome de una docena más de bancos, complicando el inicio del gobierno de
Caldera, gobierno cuyos primeros meses transcurrieron en la ejecución de planes
económicos poco exitosos, como el Plan Sosa, el Corrales, entre otros. La promesa
electoral de Caldera de establecer un gobierno con prioridad en los temas sociales no pudo
ser cumplida, y su Carta de Intención con el Pueblo fue sustituida por la denominada
Agenda Venezuela, plan económico éste que contó con el aval del Fondo Monetario
Internacional.
Culminó con la fuga de capital por concepto de auxilios financieros otorgados por el Estado
a la banca, miles de ahorristas afectados y un grave desequilibrio en la economía de
Venezuela, así como la merma en la confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros
en las instituciones.
También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos
catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo
aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación,
exploración y refinamiento del oro negro y del gas natural. La crisis mundial en los
mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.
Caldera quiso continuar con el plan de privatizaciones iniciado por Carlos Andrés Pérez,
plan que se había sido detenido por Ramón J. Velásquez en su corto mandato. Para ello,
Caldera planeó privatizar SIDOR y otras empresas básicas, aunque en la práctica pudo sólo
llevar adelante la venta de VENALUM, que fue adquirida por el consorcio empresarial
extranjero "Amazonia". En materia petrolera, PDVSA aceleró el proceso de apertura
petrolera, que tenía como objetivo primordial, la búsqueda de nuevos capitales para llevar a
cabo un vasto programa de inversiones. La apertura petrolera encontró grandes resistencias
en los sectores de izquierda, en especial, desde el partido "Patria para todos" (PPT), que
acusó al gobierno de querer desnacionalizar a la principal industria del país.
3. Al evaluar la segunda gestión del Dr. Caldera hay que señalar que durante ésta se aceleró la
crisis política del bipartidismo, pues ni AD ni COPEY tuvieron participación protagónica
en el gobierno. La crisis del modelo político Puntofijista alcanzará su máximo nivel en
1998, cuando ambos partidos fueron derrotados de manera aplastante por Hugo Chávez
Frías, quién ganó las Elecciones celebradas el 6 de diciembre de 199
egundo gobierno, 2.2.1989 - 20.5.1993
La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez corresponde al período constitucional
1989-1994. Es el séptimo gobierno del período democrático iniciado en 1958. Pérez ganó
en las elecciones nacionales del 4 de diciembre de 1988 con 3.879.024 votos, lo que
representó el 52,91% de la preferencia electoral. El contendor más cercano, Eduardo
Fernández, de COPEI obtuvo 2.963.015 votos, el 43,26%. En el congreso, el partido de
gobierno Acción Democrática, obtuvo 97 diputados, COPEI 67, Movimiento al Socialismo
(MAS), 18, Nueva Generación 6, La Causa R 3, ORA (movimiento evangelista) 2 y el
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Unión Republicana Democrática (URD), Fórmula
1, Opinión Nacional (OPINA) y el Partido Comunista Venezolano (PCV), un diputado cada
uno. En el Senado, Acción Democrática contaría con 23 senadores, más uno vitalicio (el ex
presidente Jaime Lusinchi), mientras COPEI con 22 y 2 vitalicios (los ex presidentes Rafael
Caldera y Luis Herrera Campins). El MAS obtuvo 3 senadores y Nueva Generación
Democrática uno. Estos resultados significaron que AD no contaría en las Cámaras con una
mayoría absoluta, como la había tenido en el período inmediato anterior, siendo necesario
por lo tanto hacer negociaciones con partidos minoritarios para la aprobación de las
políticas del gobierno. Esta segunda gestión de Carlos Andrés Pérez estuvo marcada por el
intento de salir de la profunda crisis económica y fiscal que venía desarrollándose desde
años anteriores, a través de un conjunto de políticas de libreración de la economía. Otros
rasgos destacados fueron la agudización de la crisis social cuya manifestación más
dramática ocurrió en febrero de 1989 y el desarrollo de una crisis política que produjo, en
1993, la suspensión en el ejercicio de su cargo del presidente de la República y su
sustitución por uno nombrado por el Congreso Nacional para culminar el período. Fue
también durante esta segunda presidencia que comenzó el proceso de descentralización
político-administrativa del país, gracias a la aprobación, en los últimos meses del gobierno
del presidente Lusinchi, de las primeras reformas del Estado por parte del Congreso
Nacional.
El programa de ajuste económico y el estallido social del 27 de febrero de 1989 y los días
siguientes: En su discurso inaugural del 2 de febrero, el presidente Pérez señaló algunas
líneas orientadoras de su nuevo gobierno, dándole una importancia especial a las relaciones
interamericanas e internacionales como parte de la estrategia para la construcción de una
salida de la crisis económica y fiscal que se padecía. Pérez definió el año 1989 como el
idóneo para ampliar el proceso de reformas políticas que con anterioridad se venía
desarrollando; así mismo, aseguró que su fórmula política para resolver de manera
permanente el problema de la deuda, se apoyaría en la solidaridad entre países deudores y
4. enfatizó que se buscaría estimular decisivamente la ciencia y la tecnología en el país, como
áreas estratégicas para retomar el crecimiento económico. El 16 de febrero, en medio de
gran expectativa, Pérez presentó su programa de ajuste económico, conocido de allí en
adelante como «el paquete», cuyas disposiciones de libre economía, en muchos aspectos
contrariaba el discurso de toma de posesión y las promesas electorales.
El programa contemplaba medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual
pero en plazos relativamente cortos. Las principales fueron:
a) acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someterse a su programa de ajustes,
con el fin de obtener un financiamiento de US $ 4.500.000.000 en 3 años;
b) liberar las tasas de interés activas y pasivas hasta un tope temporal fijado en alrededor
del 30%;
c) unificar la tasa cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial de divisas y
realización de todas las transacciones a la nueva tasa flotante. Esto significaba la
eliminación de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI);
d) liberar los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la «cesta
básica»;
e) aumentar las tarifas de los servicios públicos como luz, agua y teléfono;
f) aumentar anualmente durante 3 años los derivados del petróleo en el mercado nacional
con un primer aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en los precios del
transporte;
g) Aumentar los sueldos de la administración pública entre el 5 y el 30%, el salario mínimo
a Bs. 4.000 en la ciudad y Bs. 2.500 en el campo; racionalizar y eliminar progresivamente
de los aranceles de importación;
i) reducir el déficit fiscal a un máximo de 4% y congelar los cargos de la administración
pública.
Como compensación para la población más afectada por estas medidas, además del
aumento de los sueldos de la administración pública y el incremento del salario mínimo ya
mencionado, se anunciaron las siguientes políticas:
1) política de subsidios directos a los componentes de la canasta básica;
2) Programa de becas alimentarias;
3) Constitución de 42.000 hogares de cuidado diario;
5. 4) Reforzamiento de programas de control del lactante y del preescolar y combate de las
enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son prevenibles por vacunas;
5) Plan de consolidación de barrios;
6) Política de apoyo a microempresas;
7) Programa masivo de transferencias alimentarias dirigido a los niños hasta los 14 años, a
las madres embarazadas y a los lactantes;
8) Amplia acción dedicada a consolidar los ambulatorios de salud;
9) Programa destinado a la organización y estructuración de un sistema de seguridad social;
10) Creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Al día siguiente
el Banco Central de Venezuela liberó las tasas de interés, fijó las modalidades con que se
financiarían las cartas de crédito del sector privado y anunció que en 2 o 3 meses
comenzarían a recibirse los fondos de un crédito stand by por unos US $ 1.500.000.000
otorgado por el FMI.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, anunció los primeros aumentos de la gasolina
para el 26 de febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. El día 19 se informó de la visita
de representantes del Banco Mundial y del FMI a Caracas, así como de la estadía de Edgar
Leal, el nuevo negociador de la deuda en Washington. Para una población que había venido
sufriendo desde años anteriores un creciente deterioro de sus condiciones de vida, así como
un prolongada angustia por la escasez de productos básicos, en buena parte provocada por
el acaparamiento de algunos comerciantes inescrupulosos, este mensaje del presidente
significó el debilitamiento de las ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo gobierno
y del futuro en general.
También contribuyeron a eso las denuncias de corrupción durante la gestión del presidente
Lusinchi. Como consecuencia, el 27 de febrero y los días siguientes, tuvo lugar una
explosión social de históricas proporciones en Caracas y varias ciudades del país. Con ella
comenzaron las dificultades políticas del nuevo gobierno. El día 27 de febrero desde la
mañana se produjeron acciones de violencia colectiva en Guarenas, ciudad dormitorio de
Caracas, motivadas por el aumento desproporcionado del pasaje del transporte. Reacciones
similares se dieron poco después en áreas populares de Caracas como Caricuao, en
encrucijadas para el transporte de la ciudad, como el terminal del Nuevo Circo y Chacaíto,
y en otras zonas suburbanas de la capital, como La Guaira.
En la medida en que transcurrió el día y los hechos comenzaron a ser difundidos por los
medios audiovisuales y radiales, las acciones comenzaron a extenderse a otras ciudades del
país: Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Mérida. En la tarde muchedumbres
de habitantes de las barriadas citadinas salieron a las avenidas y zonas comerciales,
tomando por asalto los establecimientos, saqueando dichos lugares para hacerse de
productos de todo tipo. Igualmente, algunas vías centrales de las ciudades fueron tomadas
6. por turbas, construyéndose barricadas y quemándose autobuses de transporte colectivo,
vehículos privados y cauchos, en clara protesta contra los costos del servicio de transporte.
El día 28 de febrero los sucesos habían desbordado a los cuerpos policiales. El presidente y
sus ministros no aparecían por los medios de comunicación para calmar a la población y
dar las informaciones obligadas, con lo cual crecía la incertidumbre. En la tarde, bajo las
órdenes del presidente y de su ministro de la Defensa, quien adquirió protagonismo durante
esos días, los militares entraron a controlar la situación en los barrios, produciéndose toda
clase de excesos.
Una semana después, las cifras oficiales de muertos pasaban de 300 y las pérdidas
materiales eran incalculables. También el día 28 de febrero el Ejecutivo Nacional procedió
a suspender las garantías constitucionales en todo el país, las cuales sólo serían
restablecidas parcialmente 10 días después. Se implantó el toque de queda en Caracas y
otras ciudades que fue levantado gradualmente en los días siguientes. En sus casas, la
población vio por televisión al presidente Pérez haciendo este anuncio y a su gabinete
parado aplaudiendo.
A partir de entonces el gobierno no pudo recuperarse de su repentina impopularidad. No
obstante la magnitud de la protesta y del desacertado desempeño del gobierno, éste logró
sostenerse gracias a la lealtad de las Fuerzas Armadas al mando del ministro de la Defensa.
El presidente Pérez mantuvo inalterable el programa económico y el gabinete ejecutivo. El
7 de marzo en cumplimiento del cronograma de medidas, se decretó la liberación de
precios. Hasta 1992 el gobierno siguió la misma política económica y el pueblo continuó
dando señales de repudio, abonando el terreno para el desarrollo de una crisis política.
El desarrollo de la economía entre 1989 y 1992 y algunos indicadores sociales: Las
radicales medidas que el gobierno del presidente Pérez aplicó a los males económicos de la
sociedad venezolana, producirían a lo largo de los 3 primeros años de la gestión resultados
macroeconómicos satisfactorios, pero a un costo social y político exorbitante. En diciembre
de 1989 las cifras del gobierno revelaban una contracción económica general del orden de
8,1%, la mayor registrada por la historia moderna venezolana; en el sector de la
construcción llegó al 30% y en el de la manufactura al 12,4%. La tasa de inflación, según
datos de Agroplan C.A., alcanzó la cifra histórica de 84,5%. En términos sociales la
inflación reflejaba que una familia promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso
adquirir solamente el 40% de lo que hubiese podido comprar en 1968. La pobreza, según
cálculos de Agroplan, abarcaba al 62% de la población; 30% de la cual se encontraba en
pobreza absoluta.
En contraste, las reservas internacionales aumentaron para ubicarse en US $ 7.411.000.000;
el déficit en la balanza de pagos fue menor a los años anteriores y el déficit público se
redujo de 9,9% a 1,7% del Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era una cifra muy
por debajo de la estimación que se había hecho a inicios de año. Una mayor recepción de
ingresos corrientes, a consecuencia de la modificación del tipo de cambio y un mayor valor
de las exportaciones petroleras permitieron llegar a este nivel. Igualmente, se logró
concretar con el FMI un programa que contemplaba el otorgamiento de US $ 5.000.000.000
en 3 años. Con el Banco Mundial (BM) se acordaron créditos por un total de US $
7. 4.000.000.000, con el Interamericano de Desarrollo (BID) se consiguieron 400.000.000 por
año.
En el año 1990 la economía, según el Banco Central de Venezuela, creció en un 5,3%,
revirtiéndose la depresión del sector manufacturero y de la construcción. El sector de la
banca y los seguros sobrepasaron el 23% en su crecimiento, mientras la agricultura cayó en
un 1,3%. La tasa de desempleo se colocó en 10%, superior a la del año anterior, cuando
estuvo en 9,6%. Así mismo, la inflación sobrepasó los cálculos iniciales, situándose en
40,7% y la pobreza aumentó alcanzando el 66,9% de la población, 33% de los cuales eran
pobres absolutos. La balanza global de pagos registró un superávit aumentando las reservas
a US $ 11.700.000. Este año se firmó el acuerdo con la banca internacional, lográndose una
reducción de la deuda en alrededor del 20% y una reducción del 50% en el pago de los
intereses de la misma. El ministro de CORDIPLAN, Miguel Rodríguez, declaraba que con
el canje de la deuda vieja por nuevos instrumentos, realizada el 18 de diciembre, se ponía
punto final al problema de la deuda pública externa.
La economía en 1991, según el análisis hecho poco después por los economistas asociados
Purroy y Espinaza, experimentó un vigoroso crecimiento del 9,2% que aunado al de 1990
de 5,3%, compensó la contracción ocurrida en 1989. El sector petrolero tuvo alta incidencia
en el total de ese crecimiento, toda vez que su expansión, junto con sus efectos
multiplicadores, generaron cerca de la mitad del crecimiento de la economía ese año. La
gestión fiscal, por su parte, cerró con un importante superávit de unos Bs. 75.000.000.000,
fruto de las privatizaciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
(CANTV) y de Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA), las cuales
significaron una entrada de capital del orden de Bs. 122.000.000.000. En los ingresos
ordinarios, un 80% provino de la tributación petrolera. Purroy y Espinaza señalaron que en
los 3 primeros años del gobierno de Pérez, la reducción del déficit fiscal se logró por
factores no recurrentes y hasta fortuitos: en 1989 fue por la fuerte devaluación y la violenta
contracción del gasto; en 1990 el impacto de la guerra del Golfo Pérsico en la
comercialización internacional del petróleo y en 1991 el factor fue la privatización. En
1991 el precio del petróleo bajó de US $ 20 por barril, a un promedio de US $ 16,60. El
ingreso fiscal se vio compensado sin embargo, por el aumento de los volúmenes
exportados. Se produjo una reducción de exportaciones no petroleras, tanto de volumen
como de precios. La balanza de pagos fue superavitaria gracias a una combinación de
factores: tasas de interés positivas, lo que junto a una tasa de cambio revaluada estimuló el
ahorro. También concurrieron los préstamos del BID y BM y la inversión extranjera directa
(CANTV y VIASA). Estas fueron las cifras macroeconómicas. En relación a la traducción
de estas cifras en implicaciones sociales, los economistas ya mencionados pensaban a
inicios de 1992, que algunos indicadores mostraban cierta mejoría en las condiciones de
vida de la población: la tasa de desempleo abierto había descendido en el último año de
10% a 8,8%. La tasa de población empleada en el sector informal de 42,4% a 40,5%; hubo
una mejoría en los sueldos y salarios, el consumo de alimentos repuntó en cerca del 20%.
Sin embargo, en relación con la pobreza, ésta continuó creciendo: según datos de Agroplan
abarcaba un 67,2% de la población, 34,1% de la cual se hallaba en pobreza absoluta. Por
ello, pese a lo positivo de las cifras económicas, la población no percibía la mejoría, pues
las cargas estaban repartidas inequitativamente. Tampoco lograba conjurarse la extrema
dependencia de la actividad económica, y en particular de la gestión fiscal, al petróleo, pues
8. seguía paralizada, o con modificaciones contraproducentes, la reforma tributaria, limitando
seriamente la expansión del gasto interno neto.
Año 1992: el 4 de febrero y el 27 de noviembre: En enero de 1992, mientras el gobierno
mostraba con satisfacción los logros macroeconómicos expresados en las cifras señaladas,
en el país algunos sectores mostraban intranquilidad. En realidad, desde 1989 las
manifestaciones, huelgas y brotes de saqueos no habían cesado, debe mencionarse el paro
nacional de trabajadores convocado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) en
mayo de ese año para expresar el repudio al «paquete económico», o «la marcha de los
pendejos» realizada poco después para expresar el rechazo a los actos de corrupción. En
1990, ante la ola de disturbios que se generaron y el temor del gobierno a desembocar en un
nuevo «sacudón», hubo de posponerse hasta agosto el aumento de la gasolina previsto en la
Carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
En 1991, ante los anuncios de la modificación del sistema de prestaciones sociales se
acentuaron los disturbios y el gobierno se avino a congelar el proyecto de ley. Por otra
parte, se produjeron varias huelgas significativas, entre ellas la de los trabajadores de la
CANTV y VIASA. En el segundo semestre del año, las clases de educación básica y
diversificada fueron suspendidas durante varias semanas por el exacerbamiento de los
disturbios estudiantiles, que ocasionó la muerte de varios estudiantes. Sin embargo,
ninguna de las docenas de manifestaciones y actos de protesta lograron hacer mella en la
férrea voluntad del gobierno de cumplir con las medidas de ajuste que se había propuesto.
A fines del año 1991, Carlos Andrés Pérez informó que se habían cumplido las metas del
paquete y correspondería, de allí en adelante, el crecimiento económico y la puesta en
acción de un vigoroso programa social. Anunció un nuevo y ambicioso proyecto, conocido
como el «El Megaproyecto Social», consistente en la inversión de millones de dólares
concedidos en préstamo por los organismos internacionales, para profundizar programas de
ayuda y atención a la infancia, a las madres y a los jóvenes; repotenciación de los sectores
sociales más vulnerables a la crisis. Sin embargo, el proyecto social llegaba un poco tarde.
El mes de enero de 1992 se inició con una huelga de maestros, informaciones relativas a la
pronta aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual era percibido como una
amenaza por diversos sectores sociales, y la aprobación del decreto 1911, sobre registro
como venezolanos de niños de padres indocumentados, que despertó un desagrado general.
Con este panorama, el presidente Pérez viajó a la ciudad de Davos, Suiza, a inicios de
febrero. El objetivo era continuar con su política de promocionar directamente las
inversiones extranjeras en el país, concurriendo para ello a esta reunión anual. En la noche
entre el 3 y el 4 de febrero, regresando el presidente de este viaje, se produjo un
levantamiento militar encabezado por un grupo de oficiales del ejército, de mediana y baja
graduación (tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes) reunidos en una
agrupación llamada Comacate, y ejecutado con la participación de tropas de los cuarteles de
Maracay, Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron en la noche en La Casona,
residencia del presidente, donde intentaron apresarlo, pero éste, ya en cuenta de que algo
sucedía por información de su ministro de la Defensa, había hecho una breve escala allí y
salido para el palacio de Miraflores. Por consiguiente, las acciones se concentraron poco
después en el palacio presidencial.
9. El presidente, con el jefe de la Casa Militar, logró escapar y alcanzar una planta de
televisión, Venevisión, canal 4, desde donde se dirigió a la nación a las 2 a.m. Informó al
país de lo que sucedía, solicitó el apoyo popular y dio órdenes a los militares leales para
que controlaran la situación. La imagen del presidente Pérez por los medios, las maniobras,
tanto militares como persuasivas realizadas por el ministro de la Defensa, general Fernando
Ochoa Antich, y la equivocación del comandante Hugo Chávez Frías, jefe de la
insurrección, al no moverse de su centro de comando en el Museo Militar de La Planicie,
para personalmente lograr la captura del presidente en Miraflores, han sido esgrimidos
como los factores que obraron a favor de Pérez. En la mañana del 4 la ciudad de Caracas se
encontraba de manera mayoritaria controlada por fuerzas leales al gobierno.
El presidente pudo entonces volver a Miraflores y desde allí dirigirse al país. Los rebeldes
siguieron resistiendo unas horas más en algunos puntos estratégicos como el aeropuerto de
La Carlota, en el corazón de la capital; pero hacia principios de la tarde, el teniente coronel
Chávez se dirigió al país por televisión, para informar de su rendición y llamar a sus
compañeros a deponer las armas con miras a evitar un derramamiento de sangre. Pese a
fracasar, el golpe del 4 de febrero desencadenó un acelerado proceso de debilitamiento del
piso político del gobierno y el surgimiento de actores y acciones que impulsarían cambios
drásticos en el devenir político venezolano. El presidente Pérez, ante la precariedad con que
se encontró por el respaldo popular que obtuvieron los rebeldes y las precisiones que se
hicieron desde el Congreso contra el gobierno, en los días siguientes manifestó su voluntad
de rectificar la política de ajuste. Desde entonces también se vio obligado a negociar con
los partidos y las Fuerzas Armadas con el objeto de mantener el respaldo necesario para
seguir gobernando. Y aunque obtuvo poco éxito, algunas de las acciones que se dieron
entonces resultarían claves para lograr encauzar la crisis política de 1992 por canales
institucionales.
En este orden de ideas destacó la conformación, poco después del fallido golpe, de un
Consejo Consultivo con el fin de hacerle al Ejecutivo recomendaciones ante la situación
crítica. Dicho Consejo fue presidido por Ramón J. Velásquez e integrado por Pedro Pablo
Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A. Palma,
Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez, la mayoría de ellos independientes que
habían discrepado de algunas de las políticas del gobierno. A inicios de marzo esta
Comisión presentó un documento al Ejecutivo donde confirmaban que la crisis en
Venezuela era global, pero tenía especiales connotaciones en lo económico, social y ético.
El Consejo se pronunció por una reforma constitucional en los meses próximos que llenase
las expectativas de la población, hizo énfasis en la necesidad de extremar las medidas
contra la corrupción, se pronunció por el saneamiento del Poder Judicial y la continuidad
del proceso de descentralización. Hizo además un conjunto de recomendaciones puntuales,
entre las cuales destacaban importantes modificaciones al programa económico. Entre ellas:
la suspensión de los aumentos de gasolina hasta tanto no se estableciera un criterio racional
que tomara en consideración la condición de país energético que tiene Venezuela; la
estabilización de los precios de la «cesta básica» y de las medicinas, así como las tarifas de
los servicios públicos y la detención de la apertura comercial compulsiva para el sector
agropecuario hasta que fuese revisada por los productores y adecuada a las circunstancias y
especificidades del país.La debilidad del gobierno también obligó a Pérez a hacer
maniobras con la composición de su gabinete. Tres veces se dieron cambios en el mismo,
10. aunque de poca trascendencia, para expresar una voluntad real del gobierno de rectificar su
política de ajustes. Así las cosas, el 27 de noviembre se produjo la segunda asonada, esta
vez con oficiales de alto rango de las 3 fuerzas.
La conspiración tuvo su epicentro en las bases aéreas ubicadas en el estado Aragua:
Libertador y Sucre, de donde salieron temprano en la mañana varios aviones Bronco con
destino a Caracas. Allí bombardearon el palacio presidencial, el Capitolio y una de las
sedes de la policía política, la DISIP. Al mismo tiempo, grupos civiles tomaron una
estación de televisión, así como el centro que permitía la transmisión de 3 de los 4
principales canales televisivos de Venezuela. Se pasó varias veces una alocución del
comandante Chávez, el de la asonada anterior, llamando al pueblo a la subversión. Los
rebeldes fueron rechazados por las fuerzas leales al gobierno, quienes a media mañana,
manejando los aviones F-16, salieron en persecución de los Bronco y derribaron uno hacia
el mediodía. Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se entregaron y otros huyeron al
Perú. Además de las escaramuzas militares hubo saqueos esporádicos en Barinas, disturbios
callejeros en Maracay y Valencia, y se produjo una masacre en el retén de Catia en Caracas,
donde murieron más de 60 presos. Como dirigentes de la insurrección fueron señalados el
general Francisco Visconti Osorio, jefe de logística del Estado Mayor Conjunto, el
contralmirante Hernán Grüber Odremán de la Marina, el oficial de más alto rango y
antigüedad de los sublevados y el contralmirante Luis Cabrera Aguirre.
Año 1993: el 20 de mayo: Uno de los logros derivados de la sostenida presión para cambios
en el ordenamiento político por parte de algunos grupos de la sociedad fue la
recomposición de la Corte Suprema de Justicia en 1992. Entre los promotores de esta
iniciativa se encontraban personalidades reunidas en el llamado Grupo de los Notables;
pero también contó con el apoyo y la movilización de muchas otras personalidades. Con
una Corte recompuesta gracias al pase a retiro de algunos de sus miembros y su sustitución
por otros magistrados independientes de los partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de
la República, Ramón Escovar Salom, solicitó un antejuicio de mérito al presidente Carlos
Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en el orden de Bs. 250.000.000 de la
partida secreta. También consideró el fiscal que existía responsabilidad penal para los ex
ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. El Tribunal de Sustansación de la
Corte Suprema, admitió la petición y reabrió el caso que había sido declarado improcedente
en febrero tras una primera demanda intentada por el partido La Causa R. La ponencia fue
encomendada al presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos
diarios recogían el rumor de que la ponencia del magistrado Rodríguez Corro era
desfavorable al presidente Pérez y que éste, al conocer del posible fallo, habría dicho que
renunciaría. Es de destacar que por esos mismos días, una comisión especial del Congreso
estaba terminando su informe donde también encontraban responsabilidades de Pérez, junto
con otros altos funcionarios de su gobierno, por un fraude a la Nación de aproximadamente
US $ 10.000.000. Planteada la posibilidad de que el presidente de la República pudiese ser
sometido a juicio, la zozobra del país, adquirió ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena
parte de los venezolanos detuvieron sus actividades cotidianas para escuchar la anunciada
decisión de la Corte Suprema. A tempranas horas de la tarde, actuando como vocero de la
misma, el magistrado Rodríguez Corro declaró con lugar la solicitud de antejuicio intentada
el pasado 11 de marzo por el fiscal general contra el presidente y sus ex ministros Izaguirre
y Figueredo.
11. El Senado se reunió al día siguiente y por unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a
continuación la presidencia del país, de manera provisional, el presidente del Congreso,
Octavio Lepage. Poco después el Congreso eligió como sustituto definitivo del presidente a
Ramón J. Velásquez. El presidente Velásquez tomó posesión el 5 de junio siguiente.
Otros aspectos significativos: el proceso de descentralización: En los últimos meses del
gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros de la segunda presidencia de Carlos Andrés
Pérez fue aprobado un conjunto de reformas políticas que iniciaron el proceso de
descentralización político-administrativa del país. En diciembre de 1989 y en diciembre de
1992 tuvieron lugar los 2 primeros procesos electorales para la escogencia de gobernadores
de estado y alcaldes. La difícil situación social y política de estos años afectó los resultados
de ambos comicios, sobre todo a nivel regional, constituyéndose dichas elecciones en
instrumentos para expresar el repudio al gobierno del presidente Pérez. En 1989 el partido
de gobierno, Acción Democrática, perdió 9 de las 20 gobernaciones que controlaba; en
1992 perdió 14 de las 22 en disputa. También las primeras elecciones de gobernadores y
alcaldes comenzaron a expresar los nuevos desarrollos políticos regionales y locales: la
emergencia de un nuevo tipo de liderazgo de arraigo regional o local, el surgimiento de
organizaciones políticas alternativas a las tradicionales de AD y COPEI, y el ejercicio del
poder en manos distintas a las que venían gobernando el país desde 1958.
Muerte del Ex -Presidente Carlos Andrés Pérez
Cientos de personas rindieron homenaje al dos veces presidente de Venezuela (1974-1979 y
1989-1993), al desfilar ante el féretro con los restos mortales de Pérez, fallecido el 25 de
diciembre del 2010 de un ataque cardíaco,en la Ciudad de Miami,Estados Unidos.
El ex político fue velado en la funeraria Caballero Rivero Woodland, en el suroeste de
Miami, y algunos de sus antiguos compañeros del partido Acción Democrática (AD)
viajaron desde Venezuela para rendir un último tributo a Pérez
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perez-1989-1993/segunda-presidencia-carlos-andres-perez-1989-
1993.shtml#ixzz2X5XZgvft