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  1. 1. INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU, PABLO DE GREIFF, SOBRE LA PROMOCION DE LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION A LAS VICTIMAS Y GARANTIAS DE NO REPETICION, EN EL ESTADO ESPAÑOL. INSTA AL ESTADO A:
  2. 2. QUITAR TODOS LOS SÍMBOLOS Y MONUMENTOS QUE ENSALCEN EL FRANQUISMO. El valle de los Caídos constituye en sí mismo la exaltación del franquismo.
  3. 3. EDUCACIÓN DEFICIENTE. Se está educando en la idea de que la Guerra Civil fue “un conflicto entre dos Españas”, y la política de “borrón y cuenta nueva”, en lugar de destacar la violencia y los abusos del Régimen Franquista.
  4. 4. POLICÍAS MILITARES Y JUECES. No son formados sobre las graves violaciones a los derechos humanos, ni sobre la responsabilidad de estos cuerpos en la comisión de estos delitos, ni en la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio y crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
  5. 5. FALTA DE INFORMACIÓN. No existen censos oficiales de víctimas, ni datos sobre el número total de víctimas de la guerra y la Dictadura. Insta al Gobierno a establecer una institución “independiente pero oficial” de búsqueda exhaustiva de información, como la “Comisión de la Verdad”.
  6. 6. FALTA DE INFORMACIÓN. No se permita el acceso libre a numerosos archivos “invocando riesgos a la seguridad nacional”. “La ley de Transparencia” del Gobierno Rajoy no ha abordado los vacíos legales que generan este problema.
  7. 7. EXHUMACIONES PRIVATIZADAS. Desde 2011, el Presupuesto para la Ley de la Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado. No existen registros oficiales sobre lo que encierran unas 2.382 fosas ilegales, que pueden contener los restos de 45.000 personas. Las autoridades no están participando en las exhumaciones.
  8. 8. EL OBSTÁCULO DE LA LEY DE AMNISTÍA. Los efectos de la Ley de Amnistía, son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. En cualquier caso siempre se requiere una investigación de los hechos.
  9. 9. JURISDICCIÓN UNIVERSAL. El Gobierno español tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa abierta contra los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura: sólo podrá denegarse la extradición de los acusados, si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables.
  10. 10. VÍCTIMAS “DE SEGUNDA”. El relator recomienda al Gobierno español que, aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima, como oportunidad para incluir “todas” la categorías de víctimas”.

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