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AREAS DE OPORTUNIDAD Y RIESGOS EN LA CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
Dr. Adrián S. Gimate-Welsh
La autoridad electoral en México ha evolucionado de acuerdo con el contexto histórico social y
político a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Lejos en el tiempo (1917) se encuentra la
Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electortales como
organismos encargados de organizar y calificar los procesos electorales para elegir al Presidente de
la República y los legisladores del Congreso de la Unión; y posteriormente la promulgación de la
Ley Federal Electoral y la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (1946). La
década de los años noventa deviene un momento pivote: se expide el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con la reforma constitucional de 1994 se
instituye la figura de Consejero Ciudadano y con la de 1996 se instituye el Instituto Federal
Electoral como institución autómoma.
Los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia con los que
fue creado el IFE, sus atribuciones y el conocimiento de sus miembros consejeros lo han convertido
en la columna del desarrollo democrático en México; ha sido el ícono del cambio de un Estado
autoritatio a uno democrático por el apego a los requisitos procedimentales y al estado de derecho.
En este contexto transicional, hay pluralidad de partidos en la representación nacional, alternancia
en el Poder Ejecutivo, gobiernos divididos a nivel nacional como en el ámbito local. La autoridad
electoral del primer periodo de existencia del IFE (1994-3003) ha sido elogiada a nivel nacional
como internacional.
Sin embargo, del año 2006 al 2013 se han manifestado serias inconformidades por los
resultados en las elecciones presidenciales, y por las estatales, y de manera específica las de 2013.
A nivel internacional, la imagen de la institucional electoral ha sido puesta en entredicho1
.
Ante la falta de certeza, imparcialidad y la falta de legitimidad en los resultados electorales,
uno se pregunta si es una problemática de mala administración de parte de las autoridades
electorales o si podemos atribuirlo al bajo apego a los principios de objetividad e imparcialidad; o
bien, si la autoridad electoral ha carecido de los instrumentos normativos necesarios para enfrentar
problemáticas electorales como el uso de los medios de parte de los partidos políticos y la falta de
transparencia en el uso de los recursos empleados en las elecciones. A todo esto, podemos
agregarle, me parece, la deficiencia en en desarrollo de la cultura democrática.
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“The Electoral Integrity Project. Why Elections Fail and What We Can Do About it” ,Workshop, junio 3 y
4, 2013, Harvard Kennedy School. www.electoralintegrityproject.com

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En este nuevo contexto de déficit de confianza en las autoridades electorales encargadas de
organizar y vigilar las elecciones, los partidos políticos han presentado un conjunto de reformas
políticas y electorales con el propósito dar certeza y legitimidad a los resultados de los procesos
electorales a nivel nacional como local; entre estas reformas se encuentra el nuevo diseño de la
autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral que sustituye al Instituto Federal Electoral, aún
vigente.
El proyecto de diseño de la nueva autoridad electoral, parte sustantiva del Pacto por
México, generó inconformidad a nivel nacional y local, sobre todo de parte de los consejos
electorales estatales. En su argumentación destacan que “la democracia en el país ha avanzado del
ámbito local al federal; y como muestra de ello se ha señalado la alternancia en los gobiernos
locales, la segunda vuelta en San Luis Potosí, las candidaturas independientes en Zacatecas y
Quintana Roo, el uso de sistemas electróncios en el D.F., Jalsico y Coahuila” (La Jornada, 14 de
octubre, 2013). No obstante, voces locales reconocen la fragilidad del principio de autonomía; y
para ello han solicitado el fortalecimiento mediante reformas constitucionales que les doté de una
“auténtica autonomía”. Con la aprobación del Instituto Electoral Nacional (INE) de parte del
Congreso de la Unión, y con el ánimo de contribuir a su fortalecimiento y de ofrecer elementos
adicionales de discusión respecto de la idoneidad del INE, pongo a consideración lo que he
denominado “nichos de oportunidad y riesgos del INE”.
Nichos de oportunidad con el INE
1. Reubicar las atribuciones de educación cívica que la Constitución y el Cofipe atribuyen al
Instituto y trasladarla hacia las universidades. No se conoce realmente su impacto en la
sociedad, aún no se comprueba que mejore la cultura política del país. El gasto de entre 80
y 100 millones de pesos puede trasladarse a las universidades y que éstas ofrezcan
programas de cultura política como parte de la extensión universitaria. En otros países,
como Alemania, esta función la desempeñan las universidades.
2. La función del INE debe enfocarse a la promoción de la participación ciudadana en las
elecciones, con promocionales más creativos y eficaces.
3. Eliminar del INE los Procedimientos Especiales Sancionadores y los Ordinarios y
trasladarlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Federal
actual dedica mucho tiempo y recursos en denuncias frívolas, pero además hay una
constante discrepancia de criterios entre el IFE y el Tribunal Electoral. Hay muchos casos
en los que el IFE ha resuelto en un sentido y el Tribunal en otro. Se ahorrarían tiempo y
recursos y sería más conveniente para las partes en conflicto.

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4. Los partidos políticos deberían realizar sus propias investigaciones sobre los asuntos que
denuncian y así se evitarían casos frívolos.
5. Trasladar los debates entre los candidatos al ámbito de los medios de comunicación y las
universidades de modo que éstos tengan un formato más abierto, menos rígido y pueda
participar la sociedad en los temas del debate como sucede en otros países.
6. Ligar la fórmula de asignación de recursos a los partidos con la participación ciudadana en
las elecciones federales, estatales y municipales, en lugar de asignarlos con base en el
padrón electoral. Esta normatividad impediría un crecimiento constante del financiamiento
y daría incentivos a los partidos para promover la participación ciudadana.
7. Transitar hacia los mecanismos de votación con urnas o boletas electrónicas, que son
mucho más eficientes y más rentables, disminuyen los peligros de violar la secrecía del
voto, evitando así el inmenso consumo de papel.
8. Permitir que el voto de los mexicanos en el extranjero sea para todas las elecciones:
federales y locales, y para todos los cargos de elección.
9. Crear un distrito o circunscripción para los mexicanos en el extranjero, como sucede en el
caso colombiano, o la propuesta peruana que se encuentra en curso.
10. Empatar todas las elecciones en una sola fecha cada tres años, daría congruencia a los ciclos
electorales.
11. Eliminar las restricciones a la libertad de expresión en las campañas electorales de modo
que la calumnia ni la denigración sean faltas perseguidas por la autoridad electoral, sino
juzgadas por la ciudadanía. Respetemos la soberanía ciudadana para juzgar y su libertad de
pensar y de actuar. En todo caso trasladar estos conflictos al Tribunal Electoral.
12. Emitir la ley reglamentaria del derecho de réplica.
13. Emitir la ley reglamentaria de los mecanismos de democracia directa.
14. Eliminar la Comisión Nacional de Vigilancia por anacrónica. La transparencia en el padrón
mediante sistemas electrónicos la hace obsoleta, además de que su costo es muy alto en
viajes del personal y asesores de partidos políticos.
15. La normatividad nacional homogénea para los procesos electorales federales, estatales y
locales fomentará el desarrollo homogéneo democrático de México de acuerdo con los
artículos 25 (fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático), 26 (“El Estado
organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional… para la
independencia y la democratización política”) constitucionales.
16. Nuevo diseño de la Contraloría Interna como existía antes en el IFE y como la que existe
actualmente en el TEPJF, y como el de muchas partes del mundo, Alemania, por ejemplo,

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cuya función es la de prevenir, capacitar estudiar los problemas para corregir antes de
sancionar, y mucho menos dar a conocer los problemas antes de que el Consejo General
los resuelva.
17. Dejar en libertad a los consejeros electorales para que acuerden la creación de comisiones
que consideren convenientes. Finalmente las comisiones son parte del Consejo General y
realizan un trabajo interno de seguimiento que no debería estar limitado por la ley electoral,
sino reglamentado al interior de la institución. En ese sentido, debe permitirse la creación
de una Comisión de Fiscalización que pueda dar seguimiento puntual a los trabajos de la
Unidad de Fiscalización, y pueda definir criterios con anticipación.
18. Si se mantiene la presencia de los representantes de los partidos en las comisiones, debe
regularse que sólo asistan los titulares o suplentes ante el Consejo General. En la realidad
sólo asisten asesores o asistentes que opinan y discuten los temas con los consejeros
electorales pero que no tienen la preparación debida. Eso dificulta el trabajo al interior de la
institución.
Riesgos previsibles a partir de la creación del INE
1. El diseño del nuevo Instituto Electoral es de gran calado, mayor que las reformas de 1996 y
las de 2007-2008; su aprobación ha generado la necesidad de aprobar reformas
institucionales sin precedentes al régimen electoral mexicano.
2. Las reformas de 2007-2008 generaron conflictos con los medios que aún no se resuelven
del todo, sobre todo si pensamos en la libertad de expresión y el derecho de réplica; la
administración de los tiempos de radio y televisión, esto es, el modelo de comunicación
política basado en 100 % en los tiempos del Estado. Desacatos, inejecuciones,
impugnaciones y desprestigio en los medios han si la constante.
3. La aplicación del modelo resulto complicado y desgastante para el IFE; el enfrentamiento
con los medios fue directo en contra del IFE no en contra del Estado. La apuesta de los
medios es que el modelo fracase y se regrese al status quo anterior.
4. Con el nuevo instituto electoral, los medios podrían volver a sus ataques, sobre todo en
condiciones de un reacomodo de la autoridad electoral a las nuevas atribuciones y
responsabilidades.
5. Además de los medios, la nueva autoridad electoral podrá tener en su contra a los
gobernadores, a los funcionarios electorales de los estados y a los diputados locales, sin

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soslayar los grupos delincuenciales que ahora se verían bajo la mira de la institución
electoral nacional.
6. Creado el INE y con las elecciones del 2015 en puerta, múltiples actores políticos y de
naturaleza diversa generarán condiciones adversas para la integridad electoral del nuevo
instituto, apostando a su fracaso, sin considerar la brevedad del tiempo con que se cuenta
para preparar las elecciones federales y locales2
.
7. La nueva institución electoral será mayor que la actual; requerirá de personal adicional que
puede provenir del personal ciudadano existente en los estados, ya capacitado de las
autoridades electorales locales.
8. Los conflictos no se reducen al orden político, también son de orden económico. ¿Cuál será
la solución para los funcionarios electorales locales? ¿Se liquidan o se re-incorporan a la
nueva institución electoral?
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Cf. Entrevista de la Consejera Presidenta María Marván con Carmen Aristegui en MVS