Estructura del estado

Omaira
Omaira es una mujer afrodescendiente que ha vivido la mayor parte de su vida en una comunidad
del Chocó. De su primer matrimonio tuvo 3 hijas y un hijo con quienes vivía. Ni ella ni su familia
accedieron a educación formal. Toda la familia trabajaba en fincas cercanas con lo que se
mantenían. A la edad de 35 años conoció Fredy, a un hombre 9 años menor quien se convirtió en su
nuevo compañero.
Fredy empezó a llegar a la casa con mucho dinero. Le contó que había conocido a unas personas que
estaban dispuestas a pagarles mucha plata por trabajar con ellos. Omaira y Fredy se fueron a formar
parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y dejaron a las hijas e hijo de ella (De 18, 15, 12 y 10
años respectivamente) con su abuela materna. Allí permanecieron unos 6 años hasta que el Bloque
al que pertenecían se desmovilizó. Fredy logró escalar posiciones y ejerció algo de mando.

Omaira y Fredy empezaron el proceso de reintegración; en ese momento se veían como dos
personas interesadas en cambiar su vida en la capital; ella inició su proceso educativo y él continuó
con la primaria mientras se desempeñaba de manera fluctuante como albañil, Omaira se quedaba
en casa porque él no le permitía trabajar.
Meses después de la desmovilización Fredy golpeaba con frecuencia a Omaira y la humillaba
constantemente. Omaira siguió con su esposo por 3 años más porque siempre él le pedía perdón, le
prometía que no volvería a maltratarla y que conseguiría trabajo. Sin embargo nada de esto se
cumplía. Omaira decidió entonces regresar a Chocó, donde estaban sus hijas e hijo quienes la
recibieron con alegría.
Después de un año de estar con su familia, Omaira tuvo una trombosis que le afectó el habla y la
movilidad del lado derecho de su cuerpo. Recibió algunas terapias físicas con lo que logró volver a
caminar, sin embargo no fueron suficientes para recuperarse como hubiera podido y dejó de
estudiar.

A partir de la resolución de este caso, vamos a conocer la estructura del Estado Colombiano y
destacaremos algunas entidades involucradas para la atención integral de Omaira y su familia, al
tiempo que desarrollaremos los siguientes subtemas:
Enfoque Étnico con énfasis en población afrodescendiente:
Poblamiento y presencia de comunidades afro, negras, raizales y palenqueras
Formas organizativas y políticas
Derechos colectivos e individuales
Relacionamiento con el Estado
Enfoque de Género:
Violencia Basada en género y respuesta institucional
Responsabilidad de Servidoras y servidores públicos en la prestación de servicios públicos.

Enfoque en Capacidades Diferenciadas con énfasis en discapacidad y estados de salud:
El sistema nacional de discapacidad, instituciones del Estado relacionadas con ella y la contradicción
existente entre las EPS y los BAT, Bancos de Ayudas técnicas. Acercamiento a MINTIC
Las formas como se ha entendido la discapacidad: El modelo médico, el modelo mágico religioso, el
modelo social, el modelo dialéctico.
El concepto de inclusión social y su aplicación a través de los derechos.
Respuesta diferencial para Mandos Medios:
Enfoque diferencial VS respuesta diferencial.
El porqué de una intervención diferencial para la persona en proceso de reintegración que haya sido
mando medio
Vacío legal. Frente a la ausencia de visibilidad (Ley 1424 y 975) normativa y estatal para el mando
medio, instituciones representativas y de uso frecuente.

La Constitución Política (C.P.) establece en su Preámbulo el poder soberano del Pueblo de Colombia,
por lo que toda la Estructura del Estado se funda en aquél. Somos un Estado Social y Democrático de
Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general (Artículo 1), por lo que la dignidad de Omaira y
la de sus hijas e hijo, así como la de Fredy, deben orientar la respuesta institucional que se les
brindará.
Como toda organización, nuestro Estado también tiene unos fines esenciales entre los que se
encuentran: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todas
las personas en las decisiones que las afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Artículo 2).
Esto quiere decir que todo el personal en la ACR, así como en las demás entidades involucradas en la
Reintegración en Colombia, debe prestar su servicio público respetando y garantizando los Derechos
Humanos de todas las personas.
Para cumplir tales propósitos se estableció que las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de las
personas particulares (Artículo 2).

¿Cuáles son esas autoridades? En primer lugar tenemos tres Ramas de Poder Público: La Rama
Legislativa en la que se encuentra el Congreso de la República (Compuesto por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes), que reforma la Constitución, hace las leyes (como la Ley
975 de 2005, la Ley 1424 de 2010 y la Ley 1448 de 2011 cuyo conocimiento es indispensable para la
prestación de servicios en la Ruta de Reintegración) y ejerce control político sobre el Gobierno y la
Administración (Artículo 114 C.P), por eso allí también se dan debates sobre la Reintegración en
Colombia.
La Rama Ejecutiva está liderada por quien ejerza la Presidencia de la Republica, y por ende asume la
jefatura del Estado, la jefatura del Gobierno y funge como suprema autoridad administrativa. El
Gobierno Nacional lo integran las personas titulares de la Presidencia de la República, los Ministerios
y los Departamentos Administrativos. También forman parte de la Rama Ejecutiva las
Superintendencias, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
y las Gobernaciones y las Alcaldías (Artículo 115 C.P.).
Uno de esos Departamentos Administrativos es la Presidencia de la República al cual se encuentra
adscrita la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, que es una Unidad Administrativa
Especial.

La Rama Judicial tiene a su cargo la administración de justicia, y está integrada por la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Juzgados (Artículo 116 C.P.)
El Congreso de la República ejerce algunas funciones judiciales. La Justicia Penal Militar también
administra justicia. Otras autoridades administrativas ejercen facultades jurisdiccionales por
expreso mandato legal pero no pueden investigar ni sancionar delitos. Personas particulares pueden
ser investidas transitoriamente de las funciones de administración de justicia como jurados en
causas criminales, para conciliar o para arbitrar cuando se habilitan como tales por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos de la ley. (Artículo 116 C.P.)
La Constitución Política también consagra los Órganos de Control integrados por la Contraloría
General de la República y el Ministerio Público. La primera se encarga de vigilar la gestión fiscal de la
administración y de particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación (artículo 267
C.P.).

El Ministerio Público está compuesto por la Procuraduría General de la Nación, cuya función es
representar a la ciudadanía ante el Estado, velando por el cumplimiento de la Constitución y la ley
por parte de las servidoras y los servidores públicos a través del ejercicio de 3 funciones: Preventiva,
Intervención y Disciplinaria, y la Defensoría del Pueblo órgano de control especializado en Derechos
Humanos (DDHH) en el Estado Colombiano que se encarga, entre otras funciones, de promover,
velar por el ejercicio y divulgar los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), protegerlos,
defenderlos y prevenir sus vulneraciones, interponer mecanismos constitucionales de protección de
Derechos, prestar el Servicio de Defensoría Pública. En el orden Municipal las Personerías también
ejercen funciones de Ministerio Público.
Adicionalmente nuestra Constitución consagró la Organización Electoral compuesta por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes tienen a su cargo la
organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las
personas (Artículo 120 C.P.). También se consideran órganos autónomos el Banco de la República, la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Autoridad Nacional de Televisión.
Ahora conoceremos algunas entidades que se ubican dentro de la Estructura del Estado presentada
así como los subtemas relevantes para la resolución del caso.

Poblamiento afrodescendiente en Colombia
Omaira ha vivido toda su vida en una comunidad afrodescendiente en el Chocó. En este
departamento el 90% de la población es afrodescendiente y están asentadas el 40% de las
comunidades negras de todo el país. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que hay
12 millones de personas que se auto reconocen como afrodescendientes, pero para la organización
Movimiento Nacional Cimarrón asciende a 18 millones de personas, lo que representaría más del
40% de la Nación.
La población afrodescendiente en Colombia ha sido reconocida como parte de uno de los grupos
étnicos que perviven en el país, junto a los Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom. Este reconocimiento
se traduce en que las personas que pertenecen a esta población son sujetas de derechos
individuales como ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes y de derechos colectivos como
personas pertenecientes a un grupo étnico.
En el siguiente mapa puedes conocer la presencia de población afrodescendiente en Colombia:

Tomado de http://www.acnur.org/t3/a-
quien-ayuda/afrodescendientes/ y
consultado el 28/10/2015 a las 11:43
horas.

• Derecho a la
autodeterminación,
facultad de organizarse y
dirigir su desarrollo, de
acuerdo a su cultura,
usos y costumbres.
•Obligatoriedad de que las
comunidades participen en la toma
de decisiones sobre las medidas que
les afecten.
• Obligación del Estado de
salvaguardar y proteger
la integridad cultural de
las comunidades.
•Base fundamental para su
pervivencia, se refiere
materialmente a la propiedad
colectiva del territorio.
Territorio Identidad Cultural
Gobierno
Propio
Consulta Previa,
libre e informada

Conforme al gráfico anterior, la Ruta de Reintegración, en el caso de Omaira, debe contemplar a lo
largo de sus dimensiones los mecanismos para garantizar sus derechos colectivos, especialmente
por medio del fortalecimiento de:
Su identidad e integridad cultural.
La relación con su territorio y con su comunidad.
Su papel como parte de una comunidad con formas de gobierno propio.
Su participación en los diferentes escenarios de concertación y diálogo con el Estado.
El Ministerio Público, en especial la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
cuentan con áreas encargadas para velar por el respeto y garantía de los derechos colectivos e
individuales de las personas que pertenecen a un grupo étnico. Para ampliar información sobre
cómo contribuir en el ejercicio de los derechos de Omaira, sus hijas e hijo, la ACR puede activar
canales de comunicación sean escritos, telefónicos o presenciales con estas entidades, bien sea a
nivel central, ya a nivel territorial.

Identificación de pertenencia étnica
Para el abordaje del caso de Omaira, en el marco de la Política Pública de Reintegración, es
fundamental identificar a qué tipo de comunidad pertenece. Más allá de que una PPR se auto
reconozca o no como parte de un grupo étnico, es fundamental realizar un proceso de
reconstrucción de su historia de vida, buscando determinar la existencia de elementos de
consciencia de identidad cultural tribal asociados a la ancestralidad africana, al proceso de
colonización que esclavizó a sus ascendientes o, a usos y costumbres diferentes a la sociedad
mayoritaria colombiana.
Existen diferentes tipos de comunidades afrodescendientes, que tienen distintas tradiciones,
prácticas culturales y concepciones de la humanidad. En Colombia, el Ministerio de Interior ha
reconocido cuatro tipos de estas comunidades o poblaciones:
Afrocolombianas,
Negras,
Raizales,
Palenqueras.

Comunidades Negras: “Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la
relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de
otros grupos étnicos” (Ley 70 de 1993).
Comunidades Raizales: comunidades asentadas históricamente en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con raíces culturales africanas, anglosajonas y antillanas, en donde se
evidencian características socioculturales y lingüísticas diferentes a las demás comunidades
afrocolombianas.
Comunidades Palenqueras: son comunidades conformadas históricamente por población cimarrona
que logró huir de la estructura de la esclavitud y se asentaron colectivamente por medio de la
implementación y consolidación de un sistema social y cultural con fundamentos ancestrales
africanos.
Comunidades Afrocolombianas: Hace referencia a la ancestralidad africana, por lo cual se asume en
la mayoría de los casos como una categoría donde confluyen todos los tipos de comunidades
mencionados anteriormente. No obstante, en el marco de la implementación de las políticas
públicas, se alude a las comunidades, organizaciones y poblaciones asentadas en cascos urbanos.

Formas organizativas y políticas
Como Omaira hace parte de una comunidad afrodescendiente, es importante considerar la
organización social y política de ésta. De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, el Estado
Colombiano debe reconocer y proteger las diferentes formas organizativas sociales y políticas de los
grupos étnicos.
Teniendo en cuenta la reconstrucción de la historia de vida de Omaira es fundamental identificar, a
partir de su propia narración:
En qué tipo de comunidad nació:
Si se trata de una comunidad asentada en lo rural o urbano.
Si es una comunidad asentada en lo urbano, es fundamental determinar si se trata de una
comunidad que tuvo de desplazarse desde lo rural y cuál fue la causa de esa migración,
especialmente si fue forzada o no.
La historia de la comunidad: de dónde vienen, cómo llegaron a ese territorio, qué ocurrió durante el
proceso migratorio que se refiere y cómo fue vivido por las personas que integran la comunidad,
especialmente, mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, etc., los riesgos que
afrontaron, la respuesta institucional, entre otras.

2) La forma de organización social y política de la comunidad:
Quiénes hacen parte de la comunidad: varias familias con vínculos de parentesco entre sí o familias
que llegaron desplazadas de otras regiones, recomposiciones, etc.
Cómo es la estructura política: tienen jerarquías, quienes son los líderes o lideresas o las autoridades
propias, o los grupos encargados del control social y/o administración del territorio en el que
habitan.
Es necesario conocer si la comunidad y sus autoridades u órganos conocen de la participación de
Omaira en el GAOML y cómo responden usualmente ante tal hecho, en especial si hay algún tipo de
sanción comunitaria.
Si todavía mantiene vínculos con la comunidad y sobre todo si desearía retornar, en caso negativo
por qué no lo haría
3) ¿Cómo es la relación de la comunidad con el territorio o con el lugar que habitan?:
Existen zonas de uso colectivo o individual en la comunidad.
Se trata de un barrio en un poblado o ciudad.
¿Están asentados fuera de su territorio originario?, ¿Cuál ha sido el motivo: debido a un
desplazamiento forzado producto del conflicto armado o la presencia de proyectos agroindustriales,

La Ley 70 de 1993 establece que el Consejo Comunitario es la estructura administrativa de las tierras
ocupadas colectivamente por comunidades afrodescendientes, no obstante, aunque las
comunidades no registren jurídicamente su estructura organizativa ante el Estado, este debe
protegerlas.
Para revisar si la comunidad de Omaira hace parte de un “Consejo Comunitario”, la entidad
competente para certificarlo es el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – DACN.
Las estructuras administrativas de las comunidades afrodescendientes tienen autoridades y
representantes internamente y frente al Estado, que en el marco de la Ruta de Reintegración
deberían identificarse como factores clave en un posible evento de regreso por parte de Omaira.
De acuerdo con el Decreto 1745 de 1995, que reglamenta la Ley 70 de 1993, en los territorios
ocupados colectivamente por comunidades, el Consejo Comunitario está dirigido por la Asamblea
General, que es la máxima autoridad, conformada por todas las personas que hacen parte de la
comunidad y la Junta del Consejo Comunitario, que es un grupo de personas elegidas por la
comunidad y se encarga de la dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la
comunidad

Además de los Consejos Comunitarios, el Decreto Ley 4635 de 2011 establece que son autoridades
propias y representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras los
representantes de las comunidades ante las instancias de interlocución con el Estado, así no estén
conformadas como Consejos Comunitarios.
En un eventual retorno de Omaira a su comunidad, lo importante es evitar acciones con daño, en
muchos casos las comunidades no saben que son PPR, por lo cual debe tenerse un especial manejo
en esta situación, para evitar cualquier tipo discriminación o rechazo. De otro lado, si las
comunidades conocen su situación, se debe respetar la autonomía y el gobierno propio de las
comunidades para el desarrollo de cualquier proceso de retorno.
En este último escenario, es el Ministerio del Interior, la entidad que informa quiénes son las
autoridades oficiales del posible Consejo Comunitario al que pertenezca y es la entidad con la
capacidad para establecer los mecanismos de comunicación con este. No obstante, el Estado debe
reconocer las autoridades propias de las comunidades, aunque no estén conformadas como
Consejos Comunitarios.

VBG: Violencia basada en género y respuesta institucional:
Para analizar el caso de Omaira y definir la respuesta institucional que debe brindar la ACR debemos
considerar su situación como mujer en una sociedad determinada con unas prácticas culturales y
sociales concretas en un momento histórico específico. Ello supone, entre numerosas variables,
valorar las relaciones de poder que allí se dan entre los géneros, las exclusiones históricas que en
esa cultura afrontan las personas que no ostentan un poder hegemónico, las iniquidades en el
acceso a bienes y servicios y, especialmente, las limitaciones existentes para el goce efectivo de sus
Derechos Humanos, así como los riesgos que devienen en amenaza o vulneración de los mismos.
El caso de entrada nos presenta el ejercicio de una maternidad joven, separada, un número
significativo de hijas e hijo en un contexto en el que ni ella ni su grupo familiar han accedido a la
educación formal (lo que se suyo no implica necesariamente que sea analfabeta pues la educación
comunitaria y tradicional también constituyen formas de conocimiento), integrantes que trabajan en
fincas para “mantenerse”, situación que no es aislada en el contexto general en la región, y al
parecer el padre de sus hijas e hijo no participa de la obligación alimentaria.

En efecto, un departamento con niveles de pobreza extrema que son más de 3 veces superiores al
promedio nacional, con un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que prácticamente
duplica al promedio del país, una esperanza de vida 12 años menor al promedio nacional y el
indicador de calidad de vida más bajo del país según el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Un nuevo
Chocó para vivir”, dan cuenta de la preexistencia de causas estructurales que pueden compeler a
Omaira a la búsqueda de una pareja que cumpla un rol proveedor, en medio de la precariedad.
El dinero aparentemente “fácil” en la carencia es un factor determinante para quien ejerce labores
de cuidado y crianza de niñas y niños en la toma de decisión de vinculación a actividades ilegales, en
especial cuando en contextos patriarcales la voz masculina es sinónimo de autoridad y acatamiento,
condiciones que no siempre suponen efectivamente que una pareja masculina satisfaga plenamente
el rol de proveedor que culturalmente se espera de ella.
Hay que recordar que Fredy ejerció mando al interior del grupo y el desempeño de tal rol incidirá en
los marcadores que refuerzan la re-construcción de su masculinidad en un ámbito bélico y que bien
podrían potenciarse en su relación de pareja durante su pertenencia al grupo, ya en su permanencia
en la Ruta de Reintegración.

En la información suministrada el análisis debe considerar especialmente el ejercicio de poder de
Fredy al violentar a Omaira ejerciendo control sobre su ser y menoscabando su autonomía y libertad
al punto de prohibirle que trabaje, lo que constituye violencia psicológica y económica, así como las
agresiones físicas (violencia física) y las humillaciones (violencia psicológica). Esta última forma de
violencia debe interpretarse directamente conectada con las solicitudes de “perdón” que le hiciera
recurrentemente luego de las agresiones, pues forman parte de un mismo mecanismo en el que el
aislamiento, el rompimiento con redes de apoyo, el control y la pérdida de autonomía se refuerzan
como estrategia de dominio y control sobre las mujeres víctimas de violencia en una situación de
vulnerabilidad.
En el análisis no puede perderse de vista el hecho de que Omaira está en proceso de reintegración
en una sociedad patriarcal en la que se castiga socialmente a la mujer que rompe los estereotipos
ligados a marcadores de género femeninos, especialmente las labores de cuidado y crianza,
expresados principalmente en la separación de sus hijas e hijo.
Finalmente, un análisis integral obliga a considerar el cambio de sus capacidades luego de la
trombosis que pueden tornarse en una situación de discapacidad en el marco de una sociedad que
basa la “normalidad” en la funcionalidad tradicional o mayoritaria.

En esta oportunidad nos detendremos en dos subtemas importantes para la integración del enfoque
de género en la prestación del servicio público en la ACR. El primero el concepto de violencia basada
en género y la respuesta institucional y el segundo las responsabilidades de las servidoras y los
servidores, así como de contratistas, en la prestación de su servicio público.
Violencia Basa en Género (VbG):
Es importante re-conocer que la VbG es un concepto dinámico que en las últimas décadas ha tenido
un desarrollo significativo gracias a los aportes de diferentes corrientes feministas que posicionaron
en la agenda pública internacional la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes como
una grave violación de los Derechos Humanos, una problemática de salud pública y un escenario en
el que los Estados debían responder de manera efectiva a partir de la formulación, ejecución,
monitoreo y seguimiento de sus políticas públicas. (Para conocer la historia de este concepto puede
consultarse el “Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en
Colombia”).
La VbG es aquella que se dirige contra una persona o un grupo de personas como expresión de
rechazo o castigo por su identidad de género (femenina, masculina o transgénero) real o presunta.

En el contexto de una sociedad con prácticas patriarcales en la que se exalta la masculinidad, las
mujeres y la población transgénero sufren de una manera desproporcionada este tipo de violencia
en comparación con los hombres.
Son muchos los ejemplos al respecto, el caso de Omaira es diciente: Fredy la controla y ejerce
violencia psicológica y patrimonial sobre ella, cree que por ser mujer Omaira debe cumplir un rol
específico en la pareja y su lugar está únicamente en el hogar pues, a pesar de que va a estudiar, le
prohíbe trabajar. El ser mujer por lo tanto es penalizado mediante el control y por ello podemos
afirmar que Fredy ejerce violencia de género contra Omaira.
En el contexto del conflicto armado son muchas acciones, dentro y fuera de las operaciones
militares, que reproducen la VbG. El control de la sexualidad y la fertilidad de los cuerpos de las
mujeres es una clara muestra de ello. Desde el aborto y la planificación forzada de las mujeres
combatientes hasta los castigos y controles sociales de las mujeres civiles en entornos militarizados,
como por ejemplo el prohibir el uso de determinadas prendas o el castigo público de las mujeres por
romper las reglas impuestas por un actor armado.

La población LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales)
también padece VbG pues los actores armados consideran que todas las personas pertenecientes a
estos sectores poblacionales rompen los roles de género tradicionales (incluso confundiendo estas
vivencias no hegemónicas de la sexualidad), lo que ha motivado desplazamientos y ejecuciones
extrajudiciales, entre otras infracciones al DIH.
Un hombre también puede padecer VbG en contextos específicos asociados al conflicto armado,
como por ejemplo cuando es obligado a perpetrar actos crueles, inhumanos o degradantes como
requisito para la probar su masculinidad o virilidad, ya porque sea agredido sexualmente,
especialmente mediante la penetración anal (incluso con armas y otros objetos) con el propósito de
“degradarlo” en su identidad masculina.
No obstante, es importante considerar que la VbG también tiene una dimensión institucional por
acción u omisión (la tolerancia es una forma de ella). En el caso de Omaira tenemos que Fredy,
apenas meses después de la desmovilización y durante tres años, la golpeó y humilló
constantemente y le impidió trabajar, pero en la información que disponemos no sabemos qué pasó
con la respuesta institucional.

Visto ello, lo primero que debemos establecer es cuál fue la atención que recibió Omaira. ¿Sabía el
equipo reintegrador de tales actos de violencia?, ¿contaba con herramientas para identificar la VbG
que sufría Omaira en caso de que ella no lo hubiera manifestado?, si se dieron cuenta ¿qué se hizo?,
¿se dejó la trazabilidad de la gestión y se garantizaron procedimientos de referencia y contra
referencia para garantizar la atención integral y prever que no se interrumpiera ningún servicio?,
¿qué pasó con Fredy?, ¿se hicieron las gestiones pertinentes?, ¿hubo temor en el equipo si se
denunciaban tales actos por temor a represalias?
La Ley 1257 de 2008 adoptó normas para la sensibilización, prevención y sanción de las formas de
violencia y discriminación contra las mujeres (y entiéndase también las adolescentes y las niñas). Por
su contenido temático, la ACR también es una entidad destinataria de esta Ley y por ende debe
implementar en sus políticas, planes, programas y contratos todos principios y actividades
necesarios para dar cumplimiento a ella.
Dicha norma prevé que “por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado” y define la Violencia
Económica adoptando el estándar internacional (Artículo 2º).

La misma norma incluye una definición de daño contra la mujer (Artículo 3º):
a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.
b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.
c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una
persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación,
amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se
considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a
realizar alguno de estos actos con terceras personas.
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos
destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

La Ley 1257 de 2008 contempla acciones específicas que deben ser implementadas por la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, dependencia de la Unidad Administrativa de la Presidencia
de la República, así como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras
entidades.
No obstante, esa competencia no se restringe solamente al nivel nacional, en el ámbito
departamental y municipal, las entidades territoriales también deben adoptar acciones en la
formulación, ejecución y monitoreo de las políticas públicas, especialmente en los Planes de
Desarrollo en lo que debe incluirse un capítulo de prevención y atención a mujeres víctimas de la
violencia.
Para conocer la respuesta institucional integral en materia de género que debe adelantar el Estado
Colombiano, deben transversalizarse, además, los Lineamientos de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género para las Mujeres y el CONPES SOCIAL 161 de 2013. El primero contempla en la
estrategia de fortalecimiento a las iniciativas de construcción de paz y convivencia ciudadana el
“apoyo interinstitucional a las iniciativas de mujeres desmovilizadas y participantes del proceso de
Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR.

Responsabilidad en la prestación de servicios públicos a las mujeres, las niñas y las adolescentes:
Además del límite a las autoridades previsto en su Carta de Derechos (Capítulos 1, 2 y 3 del Título II),
la Constitución Política prevé en su Preámbulo y en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 83, 90, 91, 92, 93,
94, 95 y 123 y 124 un régimen de actuación para toda persona que preste un servicio público en
nombre del Estado o facultado por éste, por lo que es imperioso su conocimiento. Todo el personal
de la ACR, de planta y contratado, en todos los niveles, debe considerarlo en cualquier actuación
que adelante, especialmente respecto del llamado “Bloque de Constitucionalidad” previsto en el
artículo 94º pues a través del mismo se integra al Derecho Colombiano todo el estándar
internacional que vincula al Estado en virtud de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
que nuestro país ha aprobado y ratificado.
De esta manera tenemos dos regímenes internacionales, el primero el derivado del Sistema
Universal de Protección de DDHH, correspondiente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
el segundo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, emanado de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

En ellos encontramos Tratados Internacionales generales y específicos en diversos temas, como la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer,
conocida como la “Convención Belém do Pará”, respectivamente.
Para verificar el cumplimiento de la primera existe el “Comité para la eliminación de la
discriminación contra la Mujer” conocido como la CEDAW por sus siglas en inglés, el cual también
formula recomendaciones a los Estados para su aplicación.
Dicho Comité efectúa Recomendaciones Generales a los Estados, reconocidas como doctrina
vinculante, toda vez que fijan el alcance de la Convención. Entre ellas podemos destacar la No. 19
que reconoce la violencia contra la mujer como una forma de discriminación, advirtiendo la
responsabilidad de los Estados cuando quiera que obran sin la DEBIDA DILIGENCIA, incluso a pesar
de que las acciones hubieren sido perpetradas por particulares.
En el caso de Omaira, no basta con que se le informen sus Derechos y la manera de hacerlos
efectivos, actualmente en Colombia la Violencia Intrafamiliar (VIF) puede ser denunciada por
cualquier persona, por lo que debe acarrear consecuencias para Fredy en su paso por la Ruta de
Reintegración, aunado al hecho de que en tales contextos esas violencias también constituyen
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros tipos penales.

En el Sistema Interamericano se encuentra el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém
do Pará (MESECVI) y existen instancias temáticas técnicas que cumplen funciones de observancia
sobre la situación de las mujeres, las niñas y las adolescentes en el continente (Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres) y de la población LGBTTI
(Relatoría sobre los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), entre
otras.
En el Sistema Interamericano de Protección de DDHH también se ha desarrollado doctrina
vinculante en relación con el Deber de Debida Diligencia de los Estados en Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de María Da Penha Maia Fernández contra
Brasil y el de González y otras contra México, conocido como “Campo Algodonero” en el que se
aplica a la violencia contra las mujeres la doctrina del “Riesgo Previsible y Evitable” respecto de
personas determinadas, generada en otros casos colombianos relacionados con la violencia
paramilitar. Es importante en casos como el de Omaira que el personal de la ACR se asegure de que
las autoridades competentes respondan de manera efectiva, debiendo activar otros canales de
control judicial, disciplinario o administrativo para garantizar el cese de la violencia contra las
mujeres.

Persona o Personas con Discapacidad:
Existen diferentes maneras de referirse a la discapacidad y a las personas que viven esta condición.
En este documento, empleamos la expresión persona o personas con discapacidad, asumiendo el
término incorporado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según
dicho planteamiento, la intención de nombrar de este modo a quienes presentan una discapacidad,
consiste en dar cuenta en primer lugar del hecho de ser persona, con lo cual se reconoce el estatus
de ciudadanía y la posesión de derechos, y en una segunda instancia, señalar que esa persona posee
una discapacidad asociándola a un atributo que hace parte de las características de alguien, sin que
llegue a ser el factor que define a una persona determinada.
La definición de la Convención permite asumir un enfoque de derechos en el abordaje de esta
población, reconociendo la necesidad de adoptar medidas específicas destinadas a facilitar el acceso
y autonomía. El uso de la expresión persona o personas con discapacidad, permite el
esclarecimiento de las demandas que en materia de derechos y de respuestas técnicas presenta esta
población, señalando que son indispensables ajustes, mediaciones, apoyos y dispositivos, para hacer
de la inclusión social de las personas con discapacidad una realidad práctica y viable.

La respuesta integral ante la discapacidad:
Omaira, tras regresar a su lugar de origen sufrió una trombosis, accidente cerebro vascular que
ocasiona parálisis de las extremidades superiores, pérdida del habla y dificultades o imposibilidad
total para caminar.
El daño ocasionado por la trombosis se clasifica como una discapacidad física. Identificarla así
permite aclarar qué tipo de necesidades presenta y en consecuencia, cuáles deben ser los apoyos y
servicios que se le deben suministrar a Omaira para garantizarle sus derechos.
La falta de movimiento, habla y capacidad para caminar, no implica que la mente de Omaira deje de
estar activa, por lo que ella puede expresarse y aprender con ayuda de herramientas como tableros
de comunicación o métodos que transmiten información a través del movimiento de los ojos.
Omaira no ha dejado de ser una persona con dignidad que ejerce ciudadanía, por lo que sus
Derechos deben respetarse y garantizarse en su nueva situación.

Derecho a la Salud:
La respuesta ante esta situación por parte del Estado inicia con el Sistema General de Seguridad
Social en Salud que cubre bien sea a través del Régimen Subsidiado o del Régimen Contributivo, dos
tipos de terapia que deben aplicarse en estos casos: fisioterapia destinada a recuperar la capacidad
muscular, así como la motricidad fina y gruesa, y terapia ocupacional, dirigida hacia la recuperación
de habilidades para desarrollar la autonomía en la cotidianidad.
Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) deben suministrar las ayudas técnicas, es decir elementos
tales como sillas de ruedas, caminadores, audífonos, bastones, muletas o colchones antiescaras.
Adicionalmente, existen los Bancos de Ayudas Técnicas, administrados por las secretarías
departamentales y municipales de salud que ofrecen también estas ayudas aunque su cobertura se
limita a un promedio de doscientas ayudas anuales.
La terapia física puede arrojar resultados a muy largo plazo y con frecuencia, es insuficiente para
permitir la recuperación de la persona afectada. Una recuperación óptima se logra cuando la
cotidianidad vivida permite activar las habilidades perdidas. Así, la persona que inicia un proceso
educativo necesita fortalecer sus habilidades comunicativas y para desplazarse. En estos procesos las
ayudas técnicas son el apoyo requerido para promover la autonomía.

La persona con discapacidad debe experimentar un proceso de adaptación paulatina a su nueva
situación que le conduzca a ser parte activa de la sociedad, en este sentido, la atención en salud no
solo debe permitir una recuperación sino que debe fomentar la autonomía individual.
Derecho a la Información y la Comunicación:
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), cuenta con ConVertic
“proyecto de TIC Discapacidad que promoverá el acceso, uso y apropiación de un software lector de
pantalla, con descarga gratuita a nivel nacional, para la reducción de la brecha digital y la generación
de nuevas oportunidades de inclusión y de autonomía de más de 1.200.000 colombianos que
presentan discapacidad visual en Colombia” (Ver: http://micrositios.mintic.gov.co/convertic/
consultado el 4/11/2015 a las 5:13 am).
Cualquier PPR o sus familiares que presenten discapacidad visual pueden acceder a dicho software.
Es muy importante que en los Grupos Territoriales y Puntos de Atención de la ACR a nivel nacional
estén familiarizados con este software y conozcan cómo se accede a él.

El software lector de pantalla “Es un tipo de software que, mediante síntesis de voz, convierte a
sonido la información de los sistemas operativos y de las aplicaciones, permitiendo a las personas
ciegas o con deficiencia visual el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones… El software trabaja con las aplicaciones más utilizadas en el mercado, como
Microsoft Word, Microsoft Excel y PowerPoint, al igual que con documentos en PDF, diferentes
navegadores de Internet, correo, servicios de llamadas y mensajería instantánea como Skype, redes
sociales, y reproductores de video y audio como VLC Media Player o el reproductor de Windows
Media” (Ibídem).
Existen sistemas denominados de Comunicación Alternativa y Aumentativa, los cuales sirven para
que personas que no pueden hablar o moverse, expresen sus necesidades, pensamientos y
emociones.
Un ejemplo de estos sistemas es el tablero de comunicación: base generalmente hecha en madera
sobre la que se ubican fichas con letras o dibujos que la persona con discapacidad ordena de modo
que pueda configurar un mensaje.

Derecho a la Educación:
Una persona que se encuentra en la situación vivida por Omaira, puede educarse. Si bien la
responsabilidad de orientar y de suministrarle los apoyos necesarios depende de la institución
educativa en la que curse sus estudios, ésta puede contar con la asesoría de las secretarías
departamentales y municipales de educación y del Ministerio de Educación Nacional. En estas tres
instituciones, existen áreas o personas encargadas de abordar el tema de la inclusión educativa.
¿Se encuentran tales entidades y servidoras o servidores responsables del tema en el directorio del
Grupo Territorial o Punto de Atención de la ACR? ¿Se ha sostenido alguna reunión con dichas
autoridades para promover el acceso de las PPR y sus familias, que presenten algún tipo de
discapacidad para promover su acceso al Sistema Educativo?
La ley 115 de 1994 prevé que las personas con discapacidad se eduquen en el interior de las aulas
regulares, esto facilita su inclusión social y su desarrollo de habilidades.
El Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena cuenta con un programa especial para atención de
personas con discapacidad que ofrece múltiples alternativas de formación y cuenta con asesoría en
inclusión.

Derecho a la Movilidad:
Para acceder a educación, salud, recreación o participación, la posibilidad de movilizarse es
fundamental. Para permitir que el transporte público y los espacios transitables cumplan con los
estándares de accesibilidad, la Ley 1618 de 2013, en su artículo 14, dispone un conjunto de medidas
que buscan garantizar a las personas con discapacidad su derecho al transporte tanto en zonas
rurales como urbanas. En Colombia se ha trazado un plazo de ocho años, contados a partir de 2013,
para que el transporte público sea accesible. Para alcanzar esta meta, es fundamental que las
personas que demandan esta accesibilidad se manifiesten y exijan su derecho a la movilidad.
Las secretarías de tránsito o movilidad de los municipios deben atender estas solicitudes generando
respuestas que permitan el desplazamiento de las personas con discapacidad tanto en las zonas
urbanas como rurales. En la ciudad de Bogotá D.C. se cuenta con la tarifa diferencial para personas
con discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), a la cual es posible acceder si
la persona se encuentra incluida en el registro de población con discapacidad.
¿Conoce usted los programas de tarifa diferencial del transporte público para personas con
discapacidad en su ciudad?

Derecho a la Participación:
Tanto los departamentos como los municipios cuentan con los Comités Territoriales de Discapacidad.
A ellos asisten representantes de la gobernación o alcaldía, de las secretarías de salud, educación,
tránsito, desarrollo social y planeación, así como quien represente a las personas jurídicas que
trabajen en favor de las personas con discapacidad y cinco representantes de las diferentes
discapacidades: auditiva, cognitiva–mental, física, múltiple, y visual.
Cualquier persona con discapacidad puede desempeñarse como representante de su población.
También quien apoye a esta persona o un familiar suyo puede hacerlo. Cada departamento o
municipio determina cuál es el mecanismo para elegir representantes.
También se puede representar a una población de personas con discapacidad en el Consejo Nacional
de Discapacidad. En esta instancia, se requiere pertenecer a una organización constituida para
acceder al cargo.
Si puntuáramos el número de acciones de cada Grupo Territorial o Punto de Atención de la ACR para
que las PPR con discapacidad, o sus familias, participen de dichos espacios ¿en qué lugar quedaría
su oficina?

Derecho a la Recreación:
La recreación brinda opciones para que la persona potencie sus habilidades y se adapte con mayor
facilidad a la sociedad. Actividades deportivas, lúdicas e interacciones con el medio ambiente hacen
parte de las posibilidades que la oferta recreativa contiene en departamentos y municipios. Las
entidades encargadas del turismo, la recreación y el deporte suelen contar con una oferta específica
dirigida a las poblaciones con discapacidad.
Existen olimpiadas departamentales y nacionales paralímpicas (dirigidas a participantes de la
población con discapacidad). El Comité Paralímpico es un “ente que promueve la formulación e
implementación de la política pública del deporte, la recreación y rehabilitación deportiva dentro
del Sistema Paralímpico Colombiano. Además, coordina y ejecuta los distintos programas del
deporte Paralímpico y Sordolímpico en el territorio colombiano en conjunto con sus federaciones
nacionales y los entes competentes internacionales” (Ver:
http://comiteparalimpicocolombiano.org/mision-cpc/, consultado el 04/11/2015 a las 6:10 am)
La preparación para asistir a los juegos paralímpicos depende de clubes deportivos y espacios de
formación que permiten desarrollar las competencias necesarias para participar en tales escenarios.
Estos espacios son promovidos por iniciativas organizativas particulares que sin embargo, pueden
ser incluidas en la agenda pública y ser respaldadas por parte del Estado.

¿Cuántas PPR con discapacidad, o sus familiares, participan de espacios competitivos como eje
relevante de su proceso de Reintegración Comunitaria en su Grupo Territorial o Punto de Atención?
Derecho a la Cultura:
El Estado promueve la adaptación de escenarios culturales, la disponibilidad de herramientas de
comunicación adecuadas para las personas con discapacidad, la participación de estas en
convocatorias de estímulos culturales y la oferta de material adaptado en las bibliotecas públicas. El
Ministerio de Cultura cuenta con la Dirección de Poblaciones para garantizar acceso y respuestas
diferenciales en materia cultural.
Las Secretarías de Cultura de los departamentos y de los municipios así como el Ministerio de
Cultura ofrecen anualmente becas de formación, creación y difusión cultural para personas con
discapacidad, convocatorias que deben publicarse en sus páginas web.
Estas estrategias son muy pertinentes en procesos de reintegración comunitaria en las regiones.
¿Cuáles de estos espacios se han promovido en su región con PPR con discapacidad,
afrodescendientes, indígenas, LGBTTI, entre otras?

Derecho al Trabajo:
Es deber del Estado Colombiano promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Para ello ha dispuesto de exenciones tributarias para empresas que vinculen a su planta de personal
a población con discapacidad, (Artículo 24, Ley 361 de 1997). A nivel público, el artículo 13, numeral
octavo, de la Ley 1618 de 2013 dispone que “Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y
municipales, deberán fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los
contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad”.
Para la vinculación laboral de personas con discapacidad debe tenerse en cuenta la necesidad de
identificar su perfil para que este se adecúe a las vacantes disponibles y contar con las adaptaciones
espaciales, técnicas y tecnológicas para garantizar su óptimo desempeño. Es importante que la
persona con discapacidad cuente con la capacitación demandada por el cargo que va a desempeñar
y en este sentido existen entidades privadas e internacionales que brindan apoyos para permitir la
obtención de habilidades para el trabajo.
Ahora que la OIM ha transferido a la ACR las Cajas de Herramientas de las Rutas de Empleabilidad y
Planes de Negocio ¿cómo las han implementado con PPR con discapacidad?

Es importante advertir que las ofertas laborales no pueden de ninguna manera incluir en sus textos
contenidos estereotipados que propendan por la discriminación en el ámbito laboral bien sea
estableciendo sexo, raza, o que no apliquen personas con discapacidad, por citar sólo algunos
ejemplos, pues sólo las competencias específicas para desarrollar una tarea o función son las que se
pueden prever en los términos de referencia de las convocatorias.
Derecho al Acceso a la Justicia y Derecho a la Defensa Técnica:
A toda PPR con discapacidad que acuda a la Justicia (Para cumplir con sus obligaciones legales, ya
como usuaria de este servicio público) el Estado Colombiano debe garantizarle que cuente con los
recursos técnicos y humanos para que pueda comunicarse adecuadamente.
Para las PPR con discapacidad auditiva debe garantizarse una/un intérprete de lengua de señas
colombiana y en el caso de PPR sordociegas de una/un guía intérprete.

Para tener en cuenta:
Aunque los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las PPR correspondientes y sus
familias, se encuentran reconocidos de manera integral por un amplio conjunto de normatividad
vigente en Colombia, estos aún requieren de la exigencia y la movilización por parte de la ciudadanía
para hacerse efectivos en la realidad.
Difundir los derechos de las personas con discapacidad contribuye a su ejecución en la práctica de la
vida diaria y a la realización de otras poblaciones: una rampa no solo beneficia a una persona
usuaria de silla de ruedas, también a madres y padres que utilizan coches de bebé, a quienes
desplazan carritos de mercado, a personas adultas mayores u otras personas con movilidad
reducida.
El desconocimiento por parte de prestadoras y prestadores de servicios públicos y la falta de
dispositivos técnicos hacen que la responsabilidad internacional del Estado por violación de los
Derechos a las Personas con Discapacidad, pueda estar comprometida al generarse Acción con
Daño.
¿Las instalaciones de los Grupos Territoriales y los Puntos de Atención garantizan la accesibilidad de
PPR con discapacidad y sus familias?

Mandos Medios:
Al interior de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) se encuentra una
estructura jerárquica que debe ser tenida en cuenta en el proceso de reintegración y que se expresa
básicamente en dos niveles: comandantes (cúpula) y los soldados rasos (base), sin embargo, entre
ellos están los mandos medios.
Bien sea para considerar la atención de Fredy como persona en proceso de reintegración, ya para
comprender la dinámica familiar durante su unión con Omaira y brindar respuesta a la violencia que
profirió a su pareja, es necesario conocer su vinculación al GAOML y el rol que asumió.
Referirnos a los mandos medios no supone una categoría uniforme pues hay que considerar la
estructura de cada GAOML y el tipo de mando que ejerció una PPR, pues pudo ser militar, político,
financiero, etc. A continuación veremos la estructura jerárquica de las FARC-EP y las AUC.

Ubicación de mandos medios en las estructuras jerárquicas de la guerrilla de las FARC-EP.
NIVEL Rango
ALTO COMANDANTE DE ESTADO MAYOR CENTRAL.
ALTO COMANDANTE DE BLOQUE. Lidera más de cinco frentes.
ALTO COMANDANTE DE FRENTE. Lidera más de una columna.
MEDIO COMANDANTE DE COLUMNA. Lidera 110 integrantes.
MEDIO COMANDANTE DE COMPAÑÍA. Lidera 54 integrantes.
MEDIO COMANDANTE DE GUERRILLA. Lidera a 26 integrantes.
BAJO COMANDANTE DE ESCUADRA. Lidera a 12 integrantes.
[1] Para el caso de la guerrilla aplica que para cada rol DE COMANDANTE existe un reemplazante. TOMADO DE http://farc-ep.co/wp-content/uploads/2013/10/Estatutos.pdf

Ubicación de mandos medios en las estructuras jerárquicas de las AUC.
NIVEL Rango
ALTO ComandanteGeneral, “Jefe” o “Patrón‟
ALTO Comandante de Zona o Bloque
ALTO Comandante Militar
ALTO Comandante Político
ALTO Comandante de Frente
ALTO Comandante de Finanzas o Financiero
ALTO Traqueto
MEDIO Comandante de Urbanos o Comandante de Milicias Urbanas
MEDIO Escuadra de Seguridad
[1] Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Universidad Nacional de Colombia
Dinámicas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bogotá D.C., agosto de 2009

MEDIO Régimen Interno
MEDIO Estafeta
MEDIO Contador
MEDIO Comandante de Compañía
MEDIO Comandante de Contraguerrilla
MEDIO Comandante de Escuadra
BAJO Rurales
BAJO Urbanos
BAJO Ecónomo
BAJO Armero
BAJO Enfermero
BAJO Caletero
BAJO Explosivista
BAJO Campaneros o Zorros
BAJO Radio Operador o Radio Chispa

¿Enfoque Diferencial o encuadre y respuesta diferencial?
El Estado aplica Enfoques Diferenciales en la prestación sus servicios públicos para prevenir la
discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de personas y grupos en especial situación de
vulnerabilidad que históricamente han sido excluidos del goce efectivo de sus Derechos Humanos
y/o han enfrentado mayores barreras que otros sectores poblacionales para acceder a ellos, como es
el caso de los pueblos étnicos, las mujeres, la población LGBTTI, las personas con discapacidad,
niñas, niños y adolescentes, personas analfabetas, con origen rural, víctimas del conflicto armado,
personas en proceso de reintegración, etc.
En el caso de las PPR que ejercieron algún tipo de mando durante su permanencia al GAOML
tenemos que si bien se precisa una respuesta diferencial por parte de la ACR dado su perfil y el rol
que ejercieron en ellos, per se no se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada
únicamente de su anterior condición de mando que pueda devenir en algún tipo de amenaza o
vulneración de su derecho a la igualdad.

De esta manera, la respuesta diferencial que en este caso brinde la ACR obedece más a un encuadre
que a un Enfoque Diferencial propiamente dicho, pues los riesgos que ameritan ser contenidos están
relacionados principalmente con su seguridad y la posibilidad de reincidencia en los mismos grupos
o en nuevas estructuras (como las BACRIM), o bien porque se considere que algunos ejercicios de
liderazgo puedan orientarse de manera propositiva para otras PPR, ya porque justamente debido a
su rol en el GAOML haya un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de
contribución a la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición, entre
otras.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y El Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional coinciden en la importancia de no perder de vista la
intervención con mandos medios pues si bien se han desarrollado intentos, tanto en materia de
seguridad, como en inteligencia militar (colaboración con información a las fuerzas militares) y como
prevención del delito, no se reporta la existencia de una respuesta diferenciada para su ruta de
reintegración. Y como plantea la FIP los mandos medios son pilares de paz o de guerra, pueden
favorecer una reintegración exitosa y sostenible o el origen de grupos emergentes.
En esta capacitación nos centraremos en 3 ejes que deben sustentar el encuadre diferencial en la
Ruta de Reintegración con mandos medios:
Seguridad
Reincidencia y Garantías de no Repetición
Liderazgo

Seguridad:
Los mandos medios se encuentran expuestos a mayores riesgos derivados del profundo
conocimiento de la estructura del grupo y su accionar en diferentes órdenes (Militar, financiero,
administrativo, ideológico, etc.), así como su visibilidad durante la pertenencia al GAOML y la alta
posibilidad de que sus contendores e incluso integrantes de su propio grupo recurran a retaliaciones
o “ajustes de cuentas”, o busquen su eliminación con el propósito de recomponer la estructura de
poder en el grupo mismo, en nuevos que se hubieren creado o en la región de influencia.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de realizar la evaluación del Riesgo
de las PPR a solicitud de la ACR, cuando se encuentren a su cargo (Entiéndase en la Ruta de
Reintegración). Si el resultado es extraordinario o extremo, de manera excepcional la UNP
implementará medidas de protección, cuando la ACR haya otorgado los apoyos económicos para el
traslado, conforme al parágrafo 8 del artículo segundo del Decreto 1225 de 2012.
Recuérdese que las autoridades locales tienen corresponsabilidad en materia de protección y que
de igual manera se puede acudir a la Policía Nacional, cuando sea el caso.

Reincidencia y Garantías de No Repetición:
Una respuesta diferencial a mandos medios debe contemplar el alto riesgo de reincidencia pues
usualmente sus ingresos en el GAOML eran muy superiores a los que pueda obtener por beneficios
generales de la Ruta de Reintegración, ya por la oferta en las Rutas de Empleabilidad o Planes de
Negocio. Así mismo su trayectoria representada en conocimiento estratégico (militar, ideológico,
financiero, administrativo, etc.) y liderazgo se constituyen en un atractivo para otros grupos que
pueden reclutarlos con su consentimiento o mediante la coacción por amenazas contra ellas y ellos,
o sus familias. La pérdida del estatus debe analizarse detenidamente en conjunción con el
mantenimiento de contactos con estructuras criminales.
Debe recordarse que la reincidencia no es un hecho que deba apreciarse únicamente desde la
perspectiva del mando medio, sino, especialmente, desde las víctimas y su Derecho a que existan
garantías de no repetición, las cuales ameritan análisis contextuales por parte de los Equipos
Profesionales en Reintegración.

En el caso de Omaira tenemos que si bien no existe información de que hubiere sido víctima de
Fredy durante su pertenencia al GAOML (algo que de todas maneras sí en importante establecer en
los diferentes momentos de atención), ella es una víctima reciente de Fredy quien no ha cumplido
con su obligación de no repetir, la cual debe entenderse no sólo ligada a los hechos perpetrados que
se le imputan directamente, ya por cualquiera de los tipos de responsabilidad admitidos por el
Estatuto de Roma, sino que se refieren a la comisión de cualquier otro delito previsto en la
legislación penal.
Liderazgo:
El Documento CONPES 3454 “Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y
grupos armados ilegales” contiene disposiciones expresas orientadas a la reintegración de mandos
medios, cuando considera que el liderazgo debe orientarse hacia la “resignificación de habilidades
hacia la civilidad del debate y la resolución pacífica de conflictos” para:

“Ayudar en la consolidación de la Política de Reintegración”.
“Visibilizar sus intereses”.
“Reorienten la protesta y el debate destructivo hacia mecanismos de expresión pacífica”.
“Participen activamente en procesos de convivencia y reconciliación”.
Dicho documento establece un marco de actuación a partir del ejercicio de liderazgo de los mandos
medios, “formándoles para la equidad mediante la construcción de herramientas que
permitan el ejercicio de liderazgo social efectivo en las comunidades receptoras” (Ver Pág. 60).
No obstante, debe tenerse presente que el haber ejercido un mando medio no supone de facto que
se tengan habilidades para el ejercicio del liderazgo y además deben contemplarse acciones de
contención que propendan por no perpetuar formas tradicionales de liderazgo asociadas al GAOML
y por ende emergidas y consolidadas en la ilegalidad.

1 El DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva y forma parte del
Gobierno Nacional. Es una entidad que se encarga de orientar el diseño y evaluación de las políticas
públicas y el manejo y asignación de los recursos públicos en los planes, programas y proyectos de
las instituciones y las entidades territoriales. En este caso, la ACR puede fortalecer su gestión
articulándose con el DNP para la incorporación del enfoque étnico en cualquier acción que lleve a
cabo, pero especialmente en los procesos de planeación institucional. El área encargada en dicha
entidad es la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, que cuenta con un Grupo de Asuntos
Étnicos. A nivel territorial la ACR puede promover la articulación de los Municipios y Departamentos
con el DNP para cualificar las políticas territoriales que relevantes para la reintegración de las PPR.
2 La Corte Constitucional es la máxima instancia de la Jurisdicción Constitucional y se le confía la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Dentro de sus principales funciones
encontramos las de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de los actos reformatorios
de la Constitución, de las leyes, de los decretos con fuerza de ley, de referendos, consultas populares
y plebiscitos del orden nacional, de las convocatorias a un referendo o a una Asamblea
Constituyente, de la exequibilidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben y la
revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la Acción de Tutela.

3 La Procuraduría General de la Nación cuenta con un grupo de trabajo en Asuntos Étnicos adscrito a
la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. El
objetivo de este grupo es la promoción y protección de los derechos de los grupos étnicos, mediante
el ejercicio de la Función Preventiva ante autoridades públicas para que cumplan con las normas
constitucionales y legales que exigen la protección de los derechos de los grupos étnicos.
En algunos casos, cuando la ACR solicita el apoyo a otras entidades del nivel nacional,
departamental o local para la atención diferenciada de PPR pertenecientes a grupos étnicos y sus
familias y no se brinda respuesta alguna generando una violación a los Derechos Humanos, se puede
solicitar a la Procuraduría o a las Personerías Municipales, según sea el caso, que de manera integral
acompañen el uso de la función preventiva con la función disciplinaria.
4 La Defensoría del Pueblo cuenta con la Defensoría Delegada para los indígenas y las minorías
étnicas que desarrolla procesos de formación a comunidades, organizaciones y entidades públicas,
analiza la legislación étnica relacionada con la construcción e implementación de políticas públicas,
elabora informes de diagnóstico de la situación de Derechos Humanos y de las políticas públicas que
afectan a los grupos étnicos y formula las recomendaciones correspondientes, mediante los
informes y resoluciones defensoriales con el fin de hacer efectivos los Derechos Humanos de las
personas y comunidades pertenecientes a pueblos étnicos.

5 El Consejo Comunitario es una persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración
interna dentro del territorio colectivo de cada comunidad, que se rige a partir de su sistema de
derecho propio.
6 La DACN del Ministerio del Interior tiene entre sus principales funciones asesorar en la
formulación y apoyar el seguimiento de la política pública para el reconocimiento, protección y
desarrollo de la diversidad étnica y cultural para las comunidades afrocolombianas y promover en
las diferentes entidades la incorporación de un enfoque que reconozca positivamente las tales
diferencias.
Además tiene como función diseñar programas de asistencia técnica y social de apoyo a estas
comunidades, coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación,
apoyar en la realización de los procesos de consulta de previa que se realicen en terreno para
proyectos de desarrollo que afecten a las comunidades, llevar el registro único nacional de los
Consejos Comunitarios, organizaciones de base y representantes de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

7 Esta norma estipula disposiciones para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado que son integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras. La implementación de esta norma está en cabeza de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas –UARIV- en el marco de su coordinación del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – sistema del cual hace parte la ACR.
Para las comunidades afrodescendientes el reclutamiento forzado es un daño colectivo que requiere
medidas de reparación integral. Si bien no es el caso de Omaira, ante PPR afrodescendientes es
importante identificar si la vinculación al GAOML se debe a este tipo de hecho victimizante, lo que
implicaría la articulación de la ACR con la Unidad para las Víctimas, en el caso en que su comunidad
haga parte de un proceso de Reparación Colectiva. Para indagar si se trata de este tipo de casos, la
Unidad para las Víctimas tiene oficinas territoriales a lo largo del país, con enlaces encargados del
tema étnico.

8 “… de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y
Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso
económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por
razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las
relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas” (Artículo 2).
9 Los objetivos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer son:
Garantizar los Derechos Humanos Integrales e Interdependientes de las Mujeres y la Igualdad de
Género
Fortalecer el tema de mujer y género en las instituciones del Estado a nivel nacional y territorial.
Promover espacios de interlocución con las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.
Promover la transversalización del enfoque diferencial de género en las Políticas Públicas de
atención integral población desplazada por la Violencia.
(Ver: http://historico.equidadmujer.gov.co/Consejeria/Paginas/Objetivos-Metas-Funciones.aspx)

10 ¿En su Grupo Territorial o Punto de Atención se ha promovido la prevención y atención de las
mujeres en proceso de reintegración o familiares de PPR víctimas de violencia?, ¿Participan de
espacios de construcción, monitoreo y seguimiento de políticas sectoriales territoriales que puedan
incidir en las mujeres en proceso de reintegración y sus familias?, ¿Cómo se han articulado con las
Secretarías, Oficinas o Grupos de Género, de las mujeres, o sus equivalentes a nivel territorial para
brindar una respuesta integral a las mujeres en proceso de reintegración o mujeres, adolescentes y
niñas familiares de PPR?

11 PREÁMBULO
EL PUEBLO DE COLOMBIA,
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento,
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en

ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y
respetar y obedecer a las autoridades.
ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación.
12 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse
a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas.
ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de
alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la
aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades
públicas.
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001, con el siguiente texto: El Estado Colombiano puede
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de
Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido
en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos
exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.

ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la
independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de
justicia y equidad.
13 ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen
funciones públicas y regulará su ejercicio
ARTICULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de
hacerla efectiva.

14 Como la Relatoría sobre los Derechos de Personas Afro-descendientes, la Relatoría sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre derechos de la Niñez, la Relatoría sobre
Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por citar algunas. También existen Relatorías para cada uno de los países, por lo que hay
una Relatoría para Colombia.
15 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Alcántaro, M.
2008, p.96).
16 “En este contexto, la ACR con el apoyo de los recursos de cooperación internacional, diseñará y
aplicará una estrategia de capacitación para potenciar aptitudes de liderazgo. Esta estrategia estará
orientada a la construcción de lo público, al ejercicio de ciudadanía, la capacidad de convocatoria y
seguimiento de políticas, la participación en espacios de convivencia, entre otros. Además, la ACR
construirá un modelo de participación de estos líderes en las estrategias de reconciliación con las
comunidades.

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