Ciudadana
ADELINA GONZALEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO
Su Despacho.-
Yo, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano...
estructura bancaria nacional, causando un presunto daño a
los ahorristas.
3. CASO PLATAFORMA ABAN PEARL, FECHA DENUNCIA: 1...
5. CASO FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE
PDVSA, FECHA DENUNCIA: 17 de Febrero de Dos Mil Once
(2011), se insta a la c...
Público, mediante escrito contentivo de dos folios útiles, la
existencia de un audio que recoge la conversación del ciudad...
“Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los
principios...
La actividad configurada por la ciudadana LUISA ORTEGA
DIAZ, refleja de manera insoslayable, el ánimo absolutamente doloso...
El Artículo 207° del Código Penal estipula:
“Todo funcionario público que bajo
cualquier pretexto, aunque fuere el del
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El brazo sancionador del Estado, y en este caso el Consejo
Moral Republicano, debe recaer en la persona de LUISA ORTEGA
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Presidenta por períodos de un año,
pudiendo ser reelegido o reelegida.
El Poder Ciudadano es independiente y
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Juro no proceder falsa ni maliciosamente, así como también
preciso que no me unen vínculos de parentesco con la persona
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Denuncia poder moral revisado 1

  1. 1. Ciudadana ADELINA GONZALEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO Su Despacho.- Yo, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Numero: 3.831.002, en mi condición de Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, de conformidad con lo establecido en los Artículos 273, 274, 275, 55, 197 y 201 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 287 Ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, y los artículos 207 y 208 del Código Penal, acudo a esta instancia del Poder Ciudadano para DENUNCIAR como en efecto denuncio, la denegación de Justicia en el desempeño de sus funciones legales y constitucionales de la ciudadana LUISA ORTEGA DIAZ, en su condición de Fiscal General de la República y miembro del Consejo Moral Republicano, de la evaluación, tramitación e investigación OBLIGATORIA de un conjunto de denuncias interpuestas debida y oportunamente ante el Ministerio Publico por mi persona, y las cuales detallo a continuación: 1. CASO NOTAS ESTRUCTURADAS, FECHA DENUNCIA: 23 de Octubre de Dos Mil Nueve (2009), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata de la colocación de títulos valores, llamados Notas Estructuradas, los cuales fueron asignados a un conjunto de operadores financieros cercanos a las autoridades del Ministerio de Finanzas, bajo la dirección del ciudadano RAFAEL ISEA, de lo que resultó la obtención de jugosos beneficios. En el Petitorio se solicito entre otros, la designación de “Fiscal Especial”, para que practicara eficiente y oportunamente todas y cada una de las diligencias encaminadas a determinar los hechos detallados en la denuncia. 2. CASO ESTAFA BANCARIA, FECHA DENUNCIA: 25 de Octubre de Dos Mil Nueve (2009), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata de que identifiqué a cuatro grupos políticos y económicos que estarían protagonizando una lucha intestina para aumentar su poder en el seno del Chavismo: RICARDO FERNÁNDEZ BERRUECOS, ADÁN CHÁVEZ, DIOSDADO CABELLO, RAFAEL SARRÍA, JESSE CHACÓN ESCAMILLO, ARNÉ CHACÓN ESCAMILLO Y JOSÉ VICENTE RANGEL, presumiendo que utilizaban parte de la
  2. 2. estructura bancaria nacional, causando un presunto daño a los ahorristas. 3. CASO PLATAFORMA ABAN PEARL, FECHA DENUNCIA: 14 de Mayo de Dos Mil Diez (2010), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata de que esta Plataforma “La Reflotaron” en la vecina Isla de Trinidad y Tobago y gracias a una “negociación oscura, turbulenta, sin licitación y a dedo del Ministro del Poder Popular Para la Energía y Petróleo RAFAEL RAMÍREZ, también Presidente de la Estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la trajeron alquilada en 1.315 millones de dólares”, con un evidente sobreprecio, lo cual constituye presumiblemente un grave delito en detrimento de la República. 4. CASO WALID MAKLED, FECHA DENUNCIA: 04 de Noviembre de Dos Mil Diez (2010), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata de que pedí a la Fiscalía citar a declarar a varias personas, entre ellas algunos altos funcionarios del Gobierno, tales como: LUIS FELIPE ACOSTA CARLEZ, Ex Gobernador del estado Carabobo, Empresario Eduardo Batitistini, FIZAR EL AISSAMI Hermano del Ex Ministro del Poder Popular Para La Justicia, TARECK EL AISSAMI y actual Gobernador del estado Aragua, RAMON RODRIGUEZ CHACIN Ex Ministro del Poder Popular Para La Justicia y actual Gobernador del estado Guárico, NESTOR REVEROL Ex Director de la Oficina Nacional Anti – Drogas (ONA), con sede en Caracas y Actual Ministro del Poder Popular Para La Justicia, CLIVER ALCALA CORDONES, Ex – Jefe de la Guarnición Militar del estado Aragua, ORLANDO RODRIGUEZ, Militar Activo, Empresario NELSON RAMIZ, Ex – Propietario de AEROPOSTAL, FRANCISCO AMELIACH, Ex – Diputado a la Asamblea Nacional y actual Gobernador del estado Carabobo, SAUL AMELIACH, Presidente de PEQUIVEN, Periodista RAMON SALAZAR y a CARLOS FUNG, Miembro de Empresarios Socialistas. No sabemos por qué no se abrió oportunamente la investigación, ni siquiera se tomaron las declaraciones respectivas, luego que ocurre la captura del ciudadano Walid Makled en Colombia, por encontrarse mencionados de manera recurrente en las declaraciones del indiciado.
  3. 3. 5. CASO FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE PDVSA, FECHA DENUNCIA: 17 de Febrero de Dos Mil Once (2011), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata que denuncie y solicite una investigación ante la Contraloría General sobre el caso y ante la Fiscalía General por las actuaciones de FRANCISCO ILLARAMENDI, Administrador de alrededor de 590 millones de Dólares de PDVSA en EE.UU., 540 de ellos correspondientes al fondos de Pensiones, de la Empresa Petrolera Venezolana (PDVSA, los cuales fueron presuntamente desviados hacia instituciones bancarias norteamericanas, estando hoy bajo una medida de congelamiento por parte de las autoridades de ese país, causando daño patrimonial a los asociados. 6. CASO PLANTA ELECTRICA A CUBA, FECHA DENUNCIA: 23 de Abril de Dos Mil Once (2011), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata que denuncie la instalación de una PLANTA TERMOELÉCTRICA EN CUBA PARA GENERAR 175 MEGAVATIOS, suficientes, según expertos, para resolver los problemas de 6 millones de habitantes. De haber sido instalada en el país, no se tendría que imponer sacrificios y sanciones a los venezolanos. En el Petitorio solicite que se iniciara un Juicio Penal por “TRAICION A LA PATRIA”. Señale que de acuerdo a un contrato firmado en La Habana, el Presidente de la Republica, autorizó a los ciudadanos LUIS ARIAS Y ALEJANDRO ANDRADE PARA QUE SE ADQUIRIERA UNA PLANTA DE 99 MILLONES DE EUROS. (153 MILLONES DE DÓLARES). 7. CASO LECHE DESCOMPUESTA, FECHA DENUNCIA: 17 de Diciembre de Dos Mil Once (2011), se insta a la ciudadana Fiscal General de la República a que investigue los hechos que en esta fecha denunciaba, se trata que denuncié y solicité una investigación contra el Ministro del Poder Popular Para La Alimentación CARLOS OSORIO, por la supuesta DESCOMPOSICIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE LITROS DE LECHE EN LOS ALMACENES DE CASA Y LOGICASA, UBICADOS EN EL PUERTO DE LA GUAIRA, comprados por el gobierno nacional para el consumo de los venezolanos. 8. CASO DEL AUDIO DE MARIO SILVA, FECHA DENUNCIA: 23 de mayo de Dos Mil Trece (2013), se le informa al Ministerio
  4. 4. Público, mediante escrito contentivo de dos folios útiles, la existencia de un audio que recoge la conversación del ciudadano Mario Silva con el Teniente Coronel del Ejercito de la Fuerza Armada de Cuba, Aramís Palacios, en la que se ventila la situación que vive el país y un conjunto de casos tipificados en la legislación venezolana como delitos graves, que atentan contra la estabilidad de la nación y contra el patrimonio público. En fecha 13 de junio de Dos Mil Trece (2013), se consignó ante el Ministerio Público, un escrito constante de cinco (5) folios útiles, de un informe pericial que demuestra la autenticidad del referido audio. En fecha 03 de julio de Dos Mil Trece (2013), se consignó ante la vindicta pública escrito de denuncia constante de veintiséis (26) folios útiles, en el que se describe en forma detallada una serie de hechos que, presumiblemente, pudiesen constituir delitos de extrema gravedad, los cuales son de conocimiento público, abiertamente notorios y de expresa manifestación que el día 20 de mayo de dos mil trece, fue presentado a Venezuela y al concierto internacional, a través de los medios de comunicación, el audio al cual hemos hecho referencia y en el cual se abrían cometido, al menos doce delitos graves. I DE LA OBLIGACION IMPUESTA POR LA CONSTITUCION Y LA LEY A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONOZCAN DE LA POSIBLE COMISION DE UN DELITO DE ACCION PUBLICA El Ordenamiento Jurídico de Republica Bolivariana de Venezuela prevé la Garantía para los Ciudadanos que el Estado Venezolano y los Organismos que integran la Administración Pública le otorgan y se encuentren orientados a crear las condiciones que permitan el desarrollo pleno del Individuo dentro de la Sociedad, así como la defensa y valores en que se fundamenta la existencia de la Republica. En consecuencia, el ejercicio de los cargos públicos por su naturaleza, entre ellos, el cargo denominado: “Diputado a la Asamblea Nacional”, supone entre otras actividades, la representación de sus electores y ciudadanos así como el establecimiento de controles para el cumplimiento del objeto propio de la actividad desarrollada por la Administración Publica y sus Funcionarios a favor y en estricto cumplimiento de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
  5. 5. “Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. En este orden de ideas, en mi carácter de representante del Pueblo Venezolano (Artículos 168, 197 y 201 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela), quienes me atribuyeron el carácter de Alto Funcionario, me encuentro en la Obligación Constitucional y Legal de ratificar como en efecto lo hago en este acto, las denuncias antes referidas, toda vez que los hechos que las delinean pudieran constituir “delitos”, que afectan los Derechos e Intereses del Colectivo Venezolano. La Obligación de denunciar los hechos antijurídicos que pueden constituir delitos de Acción Publica, se encuentra establecida en el Articulo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal (COOP), que expresamente señala: “Artículo 287. Obligación de denunciar. La denuncia es obligatoria: … 2. En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública”. En consecuencia, solicite oportunamente al Órgano titular de la Acción Penal (MINISTERIO PUBLICO), para que el espíritu, propósito y razón de las denuncias presentadas fueren debidamente tramitadas en salvaguarda de los Derechos Constitucionales y Legales de los Ciudadanos Venezolanos y en tal sentido solicite que se iniciaran sin mayores dilaciones injustificadas, las correspondientes investigaciones por la presunta configuración de delitos de “Acción Publica” de extrema gravedad, que pudiesen atentar los mismos, contra el orden económico de Nación y la Salud Pública, que requerían la investigación por parte de este calificado Órgano, perteneciente al Sistema Constitucional de Justicia, bajo su única responsabilidad y mando. Es muy grave la evidente conducta de la ciudadana LUISA ORTEGA DIAZ, en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, la cual se vuelve típicamente antijurídica cuando OBVIA de manera groseramente flagrante su obligación legal y constitucional de investigación y trámite de las supra referidas denuncias. Es indudable que la denuncia que hoy interpongo ante este Consejo de Poder Moral se encuentra absolutamente consolidada en la estructuración del tipo penal señalado al inicio de la presente acción.
  6. 6. La actividad configurada por la ciudadana LUISA ORTEGA DIAZ, refleja de manera insoslayable, el ánimo absolutamente doloso, cuando, con sus actos insostenibles de consustanciación reprochable, obvia sus obligaciones legales y constitucionales, violentando principios de superlativa importancia y se subsume profunda y potencialmente su conducta, en el tipo penal nacido con su insostenible actuar. Tal entinema contextualiza la definición preservada por el ilustre jurista SERVIO TULIO RUIZ, en su obra intitulada TEORIA DEL HECHO PUNIBLE, cuando especifica el delito de la siguiente manera: “Es un hecho o comportamiento negativo o positivo (acción u omisión) del hombre que reproduce la hipótesis abstracta delineada en la ley penal (TIPICIDAD), contrario a una norma porque se presenta como una lesión o peligro de lesión, sin justa causa, de un interés jurídicamente tutelado (ANTIJURIDICIDAD) y porque ha sido realizado por su autor teniendo la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo a esa comprensión (IMPUTABILIDAD), bien porque conoce el hecho y quiere su realización o porque lo acepta previendo como posible (dolo), o bien porque lo realiza por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiendo previsto confió en poder evitarlo (culpa) o, finalmente, porque cuando el resultado que produce el agente siendo previsible excede a su intención (preterintencional) (CULPABILIDAD), lo cual le ocasiona una pena criminal (PUNIBILIDAD).” Tal situación comprende la esencia sistemática del tipo penal. Por ello, la abstracción concreta que sin valoración alguna a trazado el legislador, conocida como el tipo, y la adecuación de la conducta humana a éste, destacada como tipicidad, precisa que los comportamientos se apuntalen en un acto que causa un cambio en el mundo exterior, lo que origina, que al ser esto así la norma contentiva de la pena persiga al transgresor, como la sombra sigue al cuerpo.
  7. 7. El Artículo 207° del Código Penal estipula: “Todo funcionario público que bajo cualquier pretexto, aunque fuere el del silencio, oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley, omita o rehúse cumplir algún acto de su ministerio, será castigado con multa de cincuenta a mil quinientos bolívares. Si el delito se hubiere cometido por tres funcionarios públicos, por lo menos, y previa inteligencia para el efecto, la multa será de cien a dos mil bolívares. Si el funcionario público es del ramo judicial, se reputará culpable de la omisión o de la excusa, siempre que concurran las condiciones que requiere la ley para intentar contra el recurso de queja, a fin de hacer efectiva la responsabilidad civil.” Y el Artículo 208° señala: “Todo funcionario público que habiendo adquirido, en el ejercicio de sus funciones, conocimiento resultante de estas mismas funciones, de algún hecho punible por el cual ordena la ley proceder de oficio y omita retarde indebidamente dar parte de ello a la autoridad competente, será castigado con multa de cincuenta a mil bolívares.” Con visualización concreta y certera sobre los hechos narrados en el decurso de la presente denuncia, podemos concluir sin temor a equívocos, que la conducta desplegada por la ciudadana LUISA ORTEGA DIAZ, en el ejercicio de su cargo como FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, y responsable del cumplimiento de la acción penal, se subsume, a todas luces, en el delito invocado en el cuerpo estructural de la presente acción. En efecto, al momento de ignorar sin consideración alguna o justificación su deber de encaminar legal y constitucionalmente las denuncias sobre delitos extremadamente graves, se hace indudable el nacimiento impoluto de la figura típica invocada con antelación.
  8. 8. El brazo sancionador del Estado, y en este caso el Consejo Moral Republicano, debe recaer en la persona de LUISA ORTEGA DIAZ, FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, quien ineludiblemente deberá ser castigada por la entidad penológica estatuida en la norma suprareferida así como las sanciones constitucionales, legales y reglamentarias, aplicables en atención del cargo que la mencionada ciudadana detenta. II PETITORIO Denuncio como en efecto lo hago a la ciudadana LUISA ORTEGA DIAZ, en su carácter de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la comisión de DENEGACION DE JUSTICIA, actividad prevista y sancionada en los artículos 207 y 208 del Código Penal, así como el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en el ejercicio de su cargo, cometidos en las circunstancias de tiempo, lugar y modo narradas y detalladas oportunamente. A los fines de consolidar aun más, la verdad existente en autos, consigno copias fotostáticas de algunas de las denuncias más resaltantes, que oportunamente fueron consignadas por mi persona ante el Ministerio Publico para el conocimiento y tramitación inmediata de parte de la ciudadana FISCAL GENERAL. Me reservo el derecho de seguir aportando pruebas en la presente causa. En virtud de todo lo expuesto, respetuosamente le solicito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 273, 274 y 275 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que disponen: “Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República. Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas titulares será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o
  9. 9. Presidenta por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida. El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable. Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica. Artículo 274. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Artículo 275. Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano, podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público o la funcionaria pública, para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.”
  10. 10. Juro no proceder falsa ni maliciosamente, así como también preciso que no me unen vínculos de parentesco con la persona denunciada. Establezco como DOMICILIO PROCESAL la siguiente dirección: Avenida La Gloria, Quinta “Gloria”, Urbanización “Él Bosque”, Municipio Chacao, estado Bolivariano de Miranda, Distrito Capital. Teléfono: 0212-215-41-74. Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas a la fecha de su presentación.-

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