Autos: “Consejo QUOMPI -LQATAXAC NAM QOMPI con Provincia del Chacho”.Tribunal: Cámara Contencioso Administrativa, Chaco.Fe...
Registro - LISTA DE DESPACHO---------------------------------------------------------------------------la Provincia del Ch...
A fs. 152/157 consta dictamen fiscal.A fs. 164/165 obra resolutorio haciendo lugar al pedido de citación de tercero e inte...
La pretensión amparista promovida por el CONSEJO QOMPI-LQATAXAC NAM QOMPI, tiene porobjeto la habilitación de un Registro ...
notas que reseñan, en términos de instrumentación les falta la norma emanada del organismoprovincial pertinente.Que los ca...
materia de intereses difusos o colectivos postula la necesidad de un reconocimiento de legitimaciónprocedimental de base a...
En efecto, la relación entre el grupo de sujetos y un determinado bien perseguido (v.gr. la salud, etc.),refleja un interé...
Constitución es, por lo tanto el pueblo; pues -repito- ella nace de la fuerza y voluntad de éste y en sunombre se mueve el...
Del informe Nº 812 del 17/11/04 de la Dirección de Personas Jurídicas resguardado bajo Sobre8696/04 a), emerge que no se e...
hecho, surgido del reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos indígenas einstrumentado en forma expr...
Es relevante señalar que en el informe de fs. 96/97 de autos, suministrado por ENDEPA, refiere"que en la elaboración de la...
-públicos y privados-; y para ello están los Jueces como encargados de fiscalizar su cumplimiento,actuando el Poder Judici...
Así se encuentra expresamente reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la ConstituciónNacional y Provincial, de cuyos ...
protección cada vez que ellos le sean conculcados" (caso "Grupo Etnico Indígena Uwa", de la CorteConstitucional de Colombi...
25 y conc.de la ley arancelaria 2011 y su modif.2385).Todos los honorarios con   más I.V.A. sicorrespondiere.          IV)...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

C cont. adm., chaco, consejo quompi lqataxac nam qompi con provincia del chacho, 21-04-2006

419 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
419
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

C cont. adm., chaco, consejo quompi lqataxac nam qompi con provincia del chacho, 21-04-2006

  1. 1. Autos: “Consejo QUOMPI -LQATAXAC NAM QOMPI con Provincia del Chacho”.Tribunal: Cámara Contencioso Administrativa, Chaco.Fecha: 21/04/2006Tipo de resolución: sentencia de fondoS//- sistencia,21de abril de 2006.-AUTOS Y VISTOS:Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "CONSEJO QOMPI- LQATAXAC NAM QOMPIC/PROVINCIA DEL CHACO S/ACCION DE AMPARO", Expte Nº 8696/04, de los que, RESULTA:Que a fs. 2/12 y vta. se presenta LQATAXAC NAM QOMPI (CONSEJO QOMPI) con patrocinioletrado refiriendo que los firmantes son indígenas del pueblo QOM (toba) de la Provincia del Chaco,organizados en LQATAXAC NAM QOMPI (Consejo Qompi,muchos tobas) de las comunidadesindígenas de Pampa Grande, Campo Medina, Barrio Taygoyic, Lote 16, Campo Cacique, TresLagunas, 10 de Mayo, Pueblo Viejo, Lote 23 Pampa Chica, Lote 48 Pampa Chica, Lote Cuatro,Barrio Santa Teresita, Cuarta Legua, Santa Rita, Lote 47 Campo Medina, Lote 17 Pampa Grande,Lote 25 Pampa Grande, Ex Parque Provincial, y plantean la presente acción que tiene por objeto lahabilitación de un registro de comunidades y organizaciones indígenas en la Provincia del Chaco,con efecto declarativo, contra la Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable por la falta dehabilitación de dicho registro, conforme lo establecido en el art. 37 de la Constitución Provincial, elConvenio 169 de la OIT y el art. 75 inc.17 de la C.N. Refieren a la competencia del Tribunal y comoantecedentes del caso señalan que los pueblos indígenas poseen una organización propia de base,un soporte territorial y organización primaria, clanes, grupos de familia, comunidades que en otrostiempos se aglutinaban bajo el comando de un líder o líderes o un cacique para la defensa de susintereses o la búsqueda del bien común de un territorio o región lo que han seguido haciendo en susrelaciones con el entorno a través de organizaciones de sociedad civil o incluso de otros pueblosindígenas; que estas organizaciones pueden ser transitorias, eventuales o permanentes, este últimoes el caso de los recurrentes cuya traducción al castellano sería "muchos tobas" en clara alusión a larepresentación de más de 6000 personas que la integran. Que la organización fue tomando forma apartir del año 1994, animados por el nuevo aire que respiraba la sociedad y que se traslucía en elnuevo texto constitucional que en cuanto a los pueblos indígenas plasmó el art. 37 cuyo textotranscriben.Movidos por la necesidad de poner en práctica la educación bilingüe e intercultural yprovocar cambios en la educación formal que no los contiene y es altamente discriminatoria, seconvocaron para hacer realidad lo del Preámbulo de la Constitución Provincial del Chaco "Elrespecto al Pluralismo étnico", y comenzaron a generar una serie de emprendimientos y proyectosrelacionados con dichos temas que fueron instrumentándose en la provincia, como por ejemplo elBachillerato para adultos con orientación laboral en dos direcciones Auxiliar Docente y Promotor deSalud que funciona en un local anexo de una escuela secundaria de Pampa del Indio.A pesar de que para terceros siempre han tenido reconocimiento como organización, lo quedemuestran las notas que reseñan, en términos de instrumentación les falta la norma emanada delorganismo provincial pertinente.Que siempre fueron conscientes que los caminos para el reconocimiento de la personería jurídicason tres: el viejo régimen de Asociaciones Civiles que prevé la legislación del Chaco y en el cual sehallan inscriptas la mayoría de las comunidades con requisitos ajenos a sus costumbres y quedesnaturalizan el modo en que llegan a consensos y diseño de acciones; el de la Resol. Nº 4811/96de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación que no permite el reconocimiento de lasorganizaciones sino únicamente de las comunidadesindígenas en virtud de que la misma se basa en una legislación pre- como es la ley 23.302 que tienehabilitado el RENACI (Registro---------------------
  2. 2. Registro - LISTA DE DESPACHO---------------------------------------------------------------------------la Provincia del Chaco que carece de instrumentación y mantiene vigente el mecanismo pre-constitucional mediante la aplicación de las leyes 3258 y 4804.Manifiestan que a mediados del año 2002 se presentó la posibilidad de una donación para laconstrucción de una escuela indígena que efectuaría el Sr. Italo Garibaldi poniendo como única quese le imponga el nombre de la patrona del pueblo de donde el mismo es oriundo "Nuestra Señora dela Guardia" lo que les fue transmitido por el Arzobispo de Resistencia a través de ENDEPA,propuesta que aceptaron y para lo cual debían conseguir un terreno donde construir elestablecimiento indígena.Para ello, debían salvar dos obstáculos, uno era conseguir el terreno, cuestión que fue salvada con ladonación de inmueble efectuada por el Sr. Ignacio Cabañas a la organización indígena LQATAXACNAM QOMPI con el cargo que no se transfiera y que ahí se construya una escuela. El otro obstáculoa salvar es el reconocimiento de la organización indígena LQATAXAC NAM QOMPI, para lo cualiniciaron los trámites en octubre de 2003 ante la Dirección de Personas Jurídicas, quien dice que noes competente y les marca dos caminos: el régimen nacional (que saben que no es posible) y eltrámite anteel IDACH organismo que a la fecha no les ha contestado porque saben ellos que no hainstrumentado el registro y mantiene vigente la ley 3258.Refieren a la procedencia de la acción deamparo por la afectación de intereses colectivos, señalan la doctrina y legislación aplicable al caso,peticionan la declaración de inconstitucionalidad de la ley 4804, por haberse instrumentado de formainconsulta, sin participación libre e informada a las organizaciones indígenas. También solicita lainconstitucionalidad de la Ley Nº 3258 arts. 5 y 6, por tratarse de legislación preconstitucional quedesvirtúa las instituciones indígenas y lesiona los derechos reconocidos expresamente por laConstitución del Chaco y el art. 5 del Convenio 169 de la OIT.Ofrecen pruebas. Fundan el derecho que les asiste, formulan reserva y efectúan petitorio de estilo.Afs. 16 se imprime el trámite de ley al presente y se requiere a la Provincia del Chaco informecircunstanciado.A fs. 26/31 se presenta el estado provincial por intermedio de apoderada con el patrocinio del Fiscalde Estado y sostienen que la cuestión planteada es materia contencioso administrativa por lo querechazan la competencia del tribunal para entender en esta acción y alegan asimismo laimprocedencia de la presente vía, citando jurisprudencia.Señalan que es contradictorio y confuso el objeto expresado en la demanda pero que a raíz de lareforma constitucional de 1994 y la introducción del nuevo texto, específicamente el art. 37 se dictó laLey Nº 4804/00 que crea el Registro de Comunidades y Organizaciones Indígenas.Que la Ley Nº3258 crea el Instituto del Aborigen Chaqueño como una entidad autárquica con lafinalidad de atender a la promoción integral del aborigen chaqueño y que tiene como función actuarcomo autoridad de aplicación de esa ley y las que se dicten en consecuencia.Expresan que los accionantes nunca se han presentado ante el IDACH solicitando su reconocimientocomo organización indígena ni su inscripción en registro alguno, lo que hubiera sorteado el pretensodaño que manifiestan sufrir por falta de reconocimiento jurídico.Como lo señalan los accionantes la reglamentación de la ley 4804 debe hacerse con la consulta detodos los pueblos interesados, comunidades y organizaciones indígenas de la Provincia del Chacopero que nunca pudo reglamentarse la ley ya que los propios interesados no se pusieron de acuerdoy consensuaron el modo, requisitos y oportunidad de creación del registro pese a todas las consultasy reuniones que se efectuaron en el marco del Ministerio de Gobierno.Que la registración a la que se refieren no puede tener carácter declarativo ya que las organizacionesdeben cumplir con una serie de requisitos y adoptar formas jurídicas para su reconocimiento y suacceso a la personería jurídica por lo que esta acción resulta formal y sustancialmente improcedentey corresponde rechazarla.Ofrecen pruebas, hacen reserva del caso federal y formulan petitorio de estilo.A fs.38 se recibe la causa a pruebas disponiéndose la producción de las ofrecidas por las partes,clausurándose el período probatorio a fs. 110.
  3. 3. A fs. 152/157 consta dictamen fiscal.A fs. 164/165 obra resolutorio haciendo lugar al pedido de citación de tercero e integración de la litiscon el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).A fs. 193/194 el Sr. Orlando Charole en representación del IDACH, con el patrocinio letrado del Dr.Walter César Zanuttini, y contesta la acción de amparo, solicitando su rechazo, por los fundamentosque expone a los brevitatis causa me remito.A fs. 198 se llama autos para dictar sentencia, decreto que a la fecha se encuentra firme.CONSIDERANDO:I) En primer término, respecto al planteo de incompetencia incoado por la accionada a fs. 26 vta., sibien no corresponde su consideración en virtud de lo prescripto por el art. 17 de la Ley 4297, queestablece que en los procesos de amparo no pueden articularse cuestiones de competencia, comocuestión previa la analizaré en esta oportunidad de dictar sentencia.La competencia exclusiva de la Cámara Contencioso Administrativa para intervenir en la presentecausa, dada su naturaleza contencioso-administrativa aludida por la accionada al contestar el informedeviene improcedente.Ello en virtud de que el amparo constituye un proceso de naturaleza singular y constitucional cuyaregulación está expresamente prevista en los arts.43 de la Constitucion Nacional y art. 19 de laConstitución Provincial. La normativa provincial establece la competencia universal de los juecesletrados, sin distinción de fuero o instancia, para intervenir en ellos, con la sola limitación del lugar enque el acto tenga, deba o pueda tener efecto.En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de incompetencia deducido. Debe tenersepresente como pauta interpretativa básica del derecho constitucional que atendiendo la demanda deamparo la defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución, es atribución de todoslos jueces, en ejercicio del control de constitucionalidad, dentro de sus respectivas jurisdicciones, laaplicación de la Constitución en las causas sometidas a juzgamiento.-Una interpretación en contrario importaría una afectación a las garantías del juez natural einviolabilidad de la defensa en juicio, art.18 Constitución Nacional y 20 de la Constitución de laProvincia, derecho a la tutela judicial efectiva que es deber de los jueces asegurar.-José Luis Lazzarini sostiene que la materia del amparo es la Constitución argentina, de conocimientocomún e ineludible para todos los jueces; y paralelamente, el planteamiento de cuestiones decompetencia retrasaría el amparo,desvirtuándose así su naturaleza.(José Luis Lazzarini, "El Juicio deAmparo",pags.382/3383).-Las leyes procesales deben interpretarse con amplitud, pues el rechazo de la acción en virtud de unainterpretación restrictiva o ritualista es susceptible de causar una lesión al derecho a la tutela judicialefectiva.En definitiva, de lo que se trata, es del examen que debe hacer el juez respecto a su competenciapara entender en el caso, si su incompetencia resulta nítida y manifiesta está habilitado paradeclararse incompetente, cuidando de no incurrir en privación de justicia alrecurrente. De allí que cuando tuviera dudas razonables respecto a su competencia, aplicando elprincipio in dubio pro libertate, corresponde habilitar el amparo, máxime si la cuestión de fondo,vinculada a la existencia de ilegitimidad manifiesta lesiva de los derechos constitucionales de quiendemanda la tutela de la justicia resulte verificada.-La materia objeto del amparo es nada más y nada menos que la Constitución, la que como se haafirmado de manera recurrente, no puede tener vallas ni cortapisas, correspondiendo a los juecesgarantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, sin excepciones, en todo el ámbito delterritorio, respecto de todas las personas y en todas las materias.Debe tenerse presente como pauta interpretativa básica del derecho constitucional que atendiendo lademanda de amparo la defensa de los derechos humanos consagrados en laConstitución, es atribución de todos los jueces, en ejercicio del control de constitucionalidad, dentrode sus respectivas jurisdiciones, la aplicación de la Constitución en las causas sometidas ajuzgamiento.
  4. 4. La pretensión amparista promovida por el CONSEJO QOMPI-LQATAXAC NAM QOMPI, tiene porobjeto la habilitación de un Registro de Comunidades y Organizaciones Indígenas con efectoDeclarativo conforme expresan la Constitución Provincial en su art. 37, el Convenio 169 de OIT y elart. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. Asimismo, solicitan se declare la inconstitucionalidad de laLey Nº 4804 art. 2 inc. c) por haberse instrumentado en forma inconsulta, sin participación libre einformada de las organizaciones y comunidades indígenas; y de los art. 5 y 6 de la Ley Nº 3258 portratarse de legislación preconstitucional que desvirtúa las instituciones indígenas.Se basan en que se vulneran además de los preceptos mencionados, los derechos a la identidad,derechos culturales de las comunidades y organizaciones.Agregan que dado el carácter ilegal de la conducta asumida por el estado provincial se deberáhabilitar el registro para todas las comunidades y organizaciones indígenas del Chaco, conforme loestablece la Constitución Provincial, o sea, con la participación de los pueblos indígenas a través desus comunidades y organizaciones.Sin perjuicio de la singularidad propia de cada amparo a decidir por la judicatura existen ciertospresupuestos que de manera ineludible deben cumplimentarse en todos los casos y que hacen a laprocedencia de la garantía constitucional referida de conformidad a los arts. 43 de la ConstituciónNacional y 19 de la Constitución Provincial.Los recaudos que deben cumplirse y que hacen a la tipificación del instituto en examen son: laexistencia de ilegitimidad manifiesta derivada de un acto u omisión de los poderes públicos o de losparticulares, la afectación, actual o inminente, a derechos de rango constitucional, y la inexistencia deotra vía judicial pronta y eficaz para su tutela.Si bien, y conforme lo interpreta en el estado actual la doctrina y jurisprudencia, el amparo, luego dela reforma constitucional de 1.994, ya no debe ser interpretado como un remedio extraordinario,heroico ni supletorio, sino como una acción principal, tendiente a garantizar la operatividad de losderechos constitucionales, ello no importa negar su especificidad propia, en el sentido de reservar suprocedencia para los supuestos de antijuridicidad manifiesta lesiva del orden constitucional supremo.La ilegalidad para configurarse requiere de un acto u omisión contrarios a la ley, interpretando a estaúltima en sentido amplio o material, comprensiva de la normativa constitucional, los tratados, leyes,reglamentos, ordenanzas, etc. En tanto la arbitrariedad seconfigura cuando el agente del que emana el acto lesivo ha obrado de un modo injusto o irracional,no existiendo una relación adecuada entre los medios empleados y el fin o los fines perseguidos, esdecir cuando media un exceso en el ejercicio razonable de ciertas atribuciones, como ocurre en elcaso.(conf.Néstor Pedro Sagués "Ley de Amparo", Lazzarini"El Juicio de Amparo, pag.162, BidartCampos "Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo", pag.249, Rafael Bielsa "El Recurso deAmparo", páginas 203,234).Así se ha interpretado por nuestro máximo Tribunal que "El Amparo trata de salvar en el presente yen el futuro los derechos vulnerados".L.L.T.108- pag.777. Y "Siempre que aparezca de modo claro ymanifiesto la ilegitimidad de una restricción a algún derecho esencial de las personas y el daño gravee irreparable que se ocasionaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios,corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía delamparo".(E.D.T.113-pag.59).Debe tenerse presente que el fundamento, objetivo y fin de la jurisdicción en el juicio de amparoimporta la tutela irrestricta en su propio orden de derechos constitucionales presuntamenteagraviados. Este principio debe ser tenido como máxima en el curso de apreciación de laspretensiones y de las pruebas ofrecidas, el conocimiento debe ser hasta el punto en que laconvicción del juzgador entienda que la inspección de la causa aparece, necesariamente conexa enforma irrevocable a derechos constitucionales vulnerados.Aplicando estos principios a la singularidad del caso, resulta que se presenta LQATAXAC NAMQOMPI (CONSEJO QOMPI) refiriendo que los firmantes son indígenas del pueblo QOM (toba) de laProvincia del Chaco, organizados en LQATAXAC NAM QOMPI (Consejo Qompi, muchos tobas)solicitando la habilitación de un registro de comunidades y organizaciones indígenas en la Provinciadel Chaco, con efecto declarativo, ya que si bien para terceros siempre han tenido reconocimientocomo organización, tal lo demuestran las
  5. 5. notas que reseñan, en términos de instrumentación les falta la norma emanada del organismoprovincial pertinente.Que los caminos para el reconocimiento de la personería jurídica son tres: el viejo régimen deAsociaciones Civiles que prevé la legislación del Chaco y en el cual se hallan inscriptas la mayoría delas comunidades con requisitos ajenos a sus costumbres y que desnaturalizan el modo en que llegana consensos y diseño de acciones; el de la Resol. Nº 4811/96 de la Secretaría de Desarrollo Socialde la Nación que no permite el reconocimiento de las organizaciones sino únicamente de lascomunidades indígenas en virtud de que la misma se basa en una legislación pre-constitucionalcomo es la ley 23.302 que tiene habilitado el RENAC (Registro Nacional de Comunidades Indígenas)y el establecido en la Constitución de la Provincia del Chaco que carece de instrumentación ymantiene vigente el mecanismo pre-constitucional mediante la aplicación de las Leyes 3258 y 4804.A fin de contar con personería jurídica han iniciado los trámites en octubre de 2003 pero la Direcciónde Personas Jurídicas les dice que no es competente y les marca dos caminos:el régimen nacional (que saben que no es posible) y el trámite ante el IDACHorganismo que a la fecha no les ha contestado, por lo que solicitan ladeclaración de inconstitucionalidad de la Ley 4804.A su turno, el estado provincial señala que es contradictorio y confuso el objeto expresado en lademanda pero que a raíz de la reforma constitucional de 1994 y la introducción del nuevo texto,específicamente el art. 37 se dictó la ley 4804/00 que crea el Registro de Comunidades yOrganizaciones Indígenas.La ley 3258 crea el IDACH como una entidad autárquica con la finalidad de atender a la promociónintegral del aborigen chaqueño y que tiene como función actuar como autoridad de aplicación de esaley y las que se dicten en consecuencia.Manifiestan que los accionantes nunca se han presentado ante el Instituto solicitando sureconocimiento como organización indígena ni su inscripción en registro alguno.Que tal lo señalan los actores la reglamentación de la ley 4804 debe hacerse con la consulta detodos los pueblos interesados, comunidades y organizaciones indígenas de la Provincia del Chacopero que nunca pudo reglamentarse la ley ya que los propios interesados no se pusieron de acuerdoy consensuaron el modo, requisitos y oportunidad de creación del registro pese a todas las consultasy reuniones que se efectuaron en el marco del Ministerio de Gobierno de la Provincia.Sostienen que la registración a la que se refiere la Constitución Provincial no tiene carácterdeclarativo ya que las organizaciones deben cumplir con una serie de requisitos y adoptar formasjurídicas para su reconocimiento y su acceso a la personería jurídica por lo que esta acción resultaformal y sustancialmente improcedente y corresponde rechazarla.Estas son las cuestiones sometidas a juzgamiento, y cuya conducencia se merituarán en el acotadomarco cognitivo del amparo.Debe tenerse presente como pauta interpretativa básica que laoperatividad de los derechos y garantías constitucionales supone como presupuesto la oportunidadde acceder sin restricciones ni formalismos irritantes a la Justicia entendida como un servicio puestopor el constituyente a favor de la comunidad toda y el deber del Juez de privilegiar el principioconstitucional del favor actionis o pro actionis como aseguramiento del Estado de Derecho. Asistimos a un tiempo social que puede ser calificado, como tiempo social de la justicia, tiempo de latutela judicial efectiva para todas las personas, sin excepciones, como prescribe la Constitución, parael ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Del proceso justo, sin que nadie, peroabsolutamente nadie, sea persona física o jurídica, de derecho público o de derecho privado,nacional o extranjero, pueda quedar excluído del ejercicio de tal prerrogativa.Es tiempo de hacer del proceso una garantía para el hombre, una vía legítima de pacificación deconflictos que asegure la Paz Social. Por ello, los jueces debemos administrar justicia para todos,con valentía y activismo, pero también con prudencia y moderación, pues se necesita de una Justiciaconfiable para todos.El derecho procesal constitucional, dentro del cual uno de sus capítulos centrales son los llamadosprocesos constitucionales, entre ellos el amparo, para garantizar la promesa constitucional en
  6. 6. materia de intereses difusos o colectivos postula la necesidad de un reconocimiento de legitimaciónprocedimental de base ancha. Para cualquier titular de esosintereses, nuestra Constitución Provincial lo reconoce expresamente a toda persona física o jurídicapara que sin otro condicionamiento, pueda recurrir a la Justicia.Ello pone en crisis las categorías clásicas de interés legítimo y derecho subjetivo como posibilidadesde satisfacer individualmente las necesidades mediante la apropiación de objetos separables ysusceptibles de protección aislada, frente a la defensa de bienes que por su naturaleza no sonsusceptibles de apropiación exclusiva, requiriéndose en consecuencia encontrar nuevos tipos deprotección a través de las llamadas acciones colectivas, asignadas en cabeza de un grupo, clase oconjunto de personas y que pueden ser iniciadas, como en autos, por cualquiera de ellas. Enseña Osvaldo Gozaíni en Derecho Procesal Constitucional, tomo I, que la legitimación debe serentendida como un problema constitucional, y que el derecho de acceso a la Justicia supone tantoingresar sin restricciones como tramitar un proceso útil, así como en resolver la controversia en unproceso justo que no tenga repliegues estériles soportados en disposiciones rituales o en el queactúen las normas procesales sobre operatividades puramente formales.Expresa que hay aquí también un nuevo derecho: el de que la acción incoada no tenga solamenteefectos de movida inicial, sino que se traslade y proyecte a todas las instancias que lleven a lasentencia.Las vallas procesales (rituales) que se pongan a la entrada al proceso confirman la crisisfundamental que se aplica a la persona que quiere convertirse en parte y promover la actividadjurisdiccional. Se configura como derecho fundamental porque es una proyección del derecho deacceso irrestricto que tiene toda persona para perseguir la defensa de sus derechos.(pag. 169/170).El desafío que nos compete en el nuevo siglo a los operadores judiciales frente a una sociedadexpectante que requiere respuestas oportunas y convincentes es dar certeza en un tiempo razonabley de manera debidamente motivada y justa abriendo las compuertas de la jurisdicción y garantizandola tutela de las libertades fundamentales a todos los habitantes.Es oportuno también recordar como lo hiciera en otros fallos en procesos de tipo colectivo, lasenseñanzas del maestro Augusto M. Morello reproducidas en el Considerando Nº 20. del Voto del Dr.Leopoldo H. Schiffrin, in re fallado por la Cámara Federal de La Plata, Sala III, el 8/8/88., G.D. y otrov Gobierno Nacional publicado en J.A. 1988- III- pag. 96 y sgtes., cuando expresa que son interesesdifusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes degrupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte decada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento oporción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modoque la lesión a cada uno afecta simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.Anticipándonos a su distinción con los intereses colectivos, resta agregar que -pese a pertenecer aun mismo género- los intereses difusos se identifican con un estado subjetivo más fluído. En efecto,están caracterizados por una cierta imprecisión o indeterminación en la integración de la categoría.La mancomunidad subjetiva no se concreta a través de una vinculación jurídica de los varios titularesde la pluralidad de fragmentos del interés superindividual. Los sujetos particulares no se fusionan ounifican para la persecución de la finalidad común.En cambio los intereses colectivos, siempre desdeel ámbito de referencia a un amplio círculo de personas, encuentran un punto subjetivo de contactoque radica en las llamadas formaciones sociales o cuerpos intermedios.Se han definido como intereses colectivos, los que tienen como portavoz al ente exponencial de ungrupo no ocasional, es decir, una estructura organizativa no limitada a una duración efímera ocontingente, sino individualizable como componente sociológico concreto, dentro de la colectividadgeneral.En este sentido, los intereses difusos se traducen en colectivos, a través de un procedimiento desectorialización y especificación.Sin embargo, ni los intereses difusos, ni los colectivos, conforman una simple reunión cuantitativa deprerrogativas individuales. Ya hemos dicho que los sujetos son titulares de las distintas porciones deun mismo interés. Media un ligamen cualitativo, que permite categorizar al interés supraindividualdesde un plano objetivo.
  7. 7. En efecto, la relación entre el grupo de sujetos y un determinado bien perseguido (v.gr. la salud, etc.),refleja un interés al desarrollo de ciertas posiciones plurales, socioeconómicas, que chocan en lasociedad con fuerzas que les son contrapuestas. Ello da lugar a situaciones de conflictualidad, en lasque se busca participar grupalmente, razón por la cual la categoría de los intereses superindividualesrevela una conexión funcional, que le da fisonomía propia al margen de la existencia de las figurassubjetivas que puedan constituirse en exponentes del interés mismo ( Gabriel A. Stiglitz, " Laresponsabilidad civil- Nuevas formas y perspectivas", prólogo del Dr. Augusto Mario Morello,LLBs.As., 1984, ps. 24-25, n.13).II) En cuanto a la improcedencia de la vía articulada para la dilucidación de las cuestionesplanteadas, al alegarse en el informe circunstanciado que no se dan los presupuestos del amparoadelanto que no le asiste razón a la demandada, como paso a exponer.Bueno es tener presente el pensamiento de quien fué uno de los más grandes maestros del DerechoConstitucional, Germán Bidart Campos, cuando nos sugiere lo difícil que a muchos les vieneresultando admitir, pensar y reconocer que después de la reforma de 1994 la Constitución haincorporado muchas categorías nuevas, aunque a veces el vocabulario noaporte las palabras, sino solamente los conceptos. Para captarlos, es recomendable liberarse de losestreñimientos mentales y conceptuales, o como diríamos en italiano, asumir Aggiornamentos. Eneste sentido La Corte Suprema, en su histórico fallo en el caso: PROVINCIA DE SAN LUIS C/P.E.N.-LEY 25561, DTO. 1570/01 Y 214/02 S/ AMPARO, en fecha : 05/03/2003 en el Considerando12), del magistral voto del Dr. Nazareno, expresa:"Que si bien es cierto que la vía excepcional delamparo, en principio, no sustituye las instancias ordinarias judiciales para traer cualquier cuestiónlitigiosa a conocimiento de la Corte, no lo es menos que siempre que aparezca de un modo claro ymanifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a losprocedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan deinmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo (Fallos: 280:228; 294:152;299:417; 303:811; 307:444; 308: 155; 311:208, entre otros), a fin de que el curso de losprocedimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales(Fallos: 323:2519, considerando 5º), circunstancias que se configuran en el caso".Nuestro régimen jurídico provincial habilita dos procedimientos o vías para la defensa de losintereses difusos o derechos de incidencia colectiva, el amparo reglado por el art. 19 de laConstitución local, para cuya procedencia deben cumplimentarse con tres recaudos esenciales, laexistencia de ilegitimidad manifiesta (ilegalidad o arbitrariedad), derivada de un acto u omisión deautoridad pública o de un particular, que lesione o amenace derechos de rango constitucional, y lainexistencia de otra vía más pronta y eficaz para su tutela.Durante mucho tiempo nos enseñaron que las libertades no son absolutas y que los derechos decada uno terminan donde comienzan los derechos del otro, principio de relatividad de los derechos,contenido en el art. 14 de la Constitución Nacional, que fundamenta el poder de policía del Estado ode reglamentación.Si bien es éste un principio básico de convivencia, reconocido en todos los textos constitucionales, setrata en realidad de un principio derivado, que tiene como antecedente otro primigenio, la regla sonlas libertades, su excepción la limitación, de lo que se deduce que en caso de duda habrá que estarsiempre a favor de la regla, es decir del reconocimiento del derecho o libertad.Se trata de la primer regla básica de interpretación constitucional a partir de la cual se derivan lasrestantes, in dubio pro libertate, o indubio pro homine, expresamente consagrada en el art. 29 delPacto de San José de Costa Rica.De la defensa y más aún el compromiso que compete a cada uno de los miembros de un estadosocial democrático y por ende esencialmente participativo, para velar por la fuerza normativa de laConstitución dotándola de la operatividad necesaria para reglar el comportamiento global de lasociedad provocando la competencia jurisdiccional cada vez que se asista a una situación concretade afectación a las prerrogativas que ésta asigna. Enseñaba Edgardo Rossi en su obra "La acciónde Inconstitucionalidad en la Provincia del Chaco", pag.17, que ya es axioma decir que el titular de laConstitución es el pueblo, y ningún particular o autoridad puede disponer de ella, como no sea porlos medios que ella misma determina o que en su consecuencia se dicten. El auténtico guardián de la
  8. 8. Constitución es, por lo tanto el pueblo; pues -repito- ella nace de la fuerza y voluntad de éste y en sunombre se mueve el Poder Jurisdiccional frente a los otros poderes, políticos por naturaleza y portendencia dominantes y autoritarios.Y en su Manual de Derecho Constitucional del Chaco expresaba que si se descubre predominanciade alguno de los poderes en el sistema de gobierno que organiza la Constitución será a favor delPoder Judicial, con imperium suficiente, para afirmar y mantener su inviolabilidad funcional eindependiente frente a los otros poderes del Estado (ob.cit. p.183).En nuestro sistema constitucional, siguiendo el modelo norteamericano (sistema jurisdiccionaldifuso), se ha asignado al Poder Judicial, organizado como un poder fuerte e independiente, junto ala función de administrar justicia la de ejercer el control de constitucionalidad.La competencia estatuída somete a la revisión judicial la totalidad de las normas y actos emanadosde los poderes públicos y de los particulares a los efectos del contralor de su legitimidad a través dela declaración de inconstitucionalidad de las normas en todo tipo deprocesos.En el Considerando 42) del voto del Dr. Nazareno del caso de la Provincia de San Luis, la Corte hadicho: "que la Constitución Nacional organiza una república en la que los ciudadanos, que participande la formación del orden jurídico mediante la elección de quienes sancionarán las leyes, ostentanderechos de jerarquía supralegal. El reconocimiento que la Ley Fundamental efectúa de aquellosderechos, como preexistentes a su sanción, inclusive no enumerados, pero igualmente válidos -art.33 de la Constitución Nacional-, traduce la existencia de una zona de reserva de los habitantes de laNación en cuanto al ejercicio de sus derechos básicos, que se refleja en el sistema de control deconstitucionalidad.La pretendida inaplicabilidad de la norma en el caso concreto que el individuo somete a decisión deljuez, importa una manifestación genuina del principio de soberanía del pueblo. Los jueces seconstituyen en "guardianes de la Constitución" para reparar la lesión que un sujeto ha sufrido en susderechos individuales.Así, el ejercicio de la petición de inconstitucionalidad de un acto de gobierno ante los estradosjudiciales constituye la expresión máxima de autonomía del ciudadano, quien reclama la plenavigencia de sus derechos individuales, no delegados, frente a los excesos en que hubiesen podidoincurrir sus representantes".III) Zanjado el aspecto relativo a la procedencia y admisibilidad formal de la acción y entrando alanálisis de la cuestión de fondo corresponde ab initio poner de manifiesto las normas legalesvigentes en la materia y que rigen el caso. Ello teniendo en consideración que el análisis de losderechos y pretensiones en juego se encuentra ubicado en el ámbito de las garantíasconstitucionales.Sentado lo expuesto, tengo a la vista la instrumental aportada a la causa por los amparistas yreservada bajo Sobre Nº8696/04, donde obra informe Nº 800 de fecha 02/01/04 de la Dirección dePersonas Jurídicas, en el que se comunica a los actores en respuesta a su solicitud dereconocimiento de Organización e inscripción de fecha 20/10/03, que no es competencia de eseorganismo otorgar personería jurídica a una entidad bajo la figura jurídica de organización indígena, yen donde se indica la existencia de las dos vías legales para concretar su pedido, una conforme loestablecido en la Resolución Nº4811/96 en el orden nacional y la otra ante el IDACH de acuerdo a laLey 4804 arts. 1 y 2 inc.c) en el orden provincial.Respondiendo a dicho dictamen por nota de fecha 26/04/04, los amparistas manifiestan al citadoorganismo que no es cierto que se puedan optar por el régimen nacional ya que ese ordenamientolegal no reconoce a las organizaciones indígenas; y con respecto al otro camino sugerido degestionar el reconocimiento de personería jurídica ante el IDACH conforme Ley 4804, no es factiblepor no encontrarse reglamentada.También se encuentra reservada en el sobre mencionado nota presentada ante el IDACH en fecha20/10/03 a la que se adjuntó Acta de Constitución, Estatuto, Acta de Designación de Autoridades ydocumentación histórica del Consejo Qompi, de idéntico tenor a la dirigida a Personas Jurídicas,respecto de la cual sus presentantes no han obtenido repuesta, a pesar de haber instado prontodespacho en reiteradas oportunidades.
  9. 9. Del informe Nº 812 del 17/11/04 de la Dirección de Personas Jurídicas resguardado bajo Sobre8696/04 a), emerge que no se encuentra registrada en ese organismo ninguna entidad comoComunidad Indígena, por no ser el registro competente, ya que por la Ley 4804 se faculta a tal efectoal IDACH.Examinando las actuaciones luce a fs. 85 contestación de oficio del IDACH de fecha 26/11/04, en elque informa que no se registró a la Organización Qompi por la falta de reglamentación que señale losrequisitos mínimos necesarios para inscribir a las comunidades indígenas de la provincia. Yconsidera que es necesario una reglamentación que establezca pautas o requisitos mínimos quedeberán presentar las distintas Especial que señalan la Constitución y la Ley Nº 4804. A fs. 90 consta informe del Presidente de la Asociación Comunitaria Cacique Taigoyic del09/12/04, del que resulta que la misma nunca fue consultada para la sanción de la Ley Nº 4804 opara su reglamentación, que no se respeta la Constitución Nacional ni Provincial, ni el Convenio 169de la OIT. Que participaron en reclamos para que se habilite el Registro de Comunidades yorganizaciones indígenas, como asimismo los reclamos de tierras, pero a lafecha muy poco se ha hecho por parte de los gobiernos provinciales y nacionales. En similar sentidose expidieron a fs. 92 la Asoc. Com. Colonia Chaco y a fs. 96 Mesa de Coordinación Provincial "Dr.Ricardo Altabe".Para dilucidar el caso se impone tener presente el inc. 17 del art. 75 de la Constitución Nacional queincorporó "el criterio de integración participativa (no forzada ni coaccionada) de los indígenas a lavida nacional dentro de un marco de respeto de sus identidades étnicas y culturales cuyapreexistencia al Estado Nacional se admite explícitamente constituyendo el fundamento socio-histórico-político del reconocimiento de ciertos derechos que de otromodo podrían considerarse como privilegios con relación al resto de la población nacional". ("Statusconstitucional de los Pueblos Indígenas".Horacio Daniel Rosatti. conf. "La Reforma de la Constitución", pág. 200.)Los derechos que se le reconocen a los indígenas son los siguientes:-propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente habita.-arraigo, garantizado por la inajenabilidad, intransmisibilidad e inembargabilidad.-preservación de su identidad socio-cultural, que incluye el derecho a una educación bilingüe eintercultural y la vigencia de sus instituciones, en la medida que no contradigan las del Estado-expectativa cierta de acceder a otras tierras aptas y suficientes para su desarrollo-participación en lagestión de los intereses que les afectan, incluída la referida a sus recursos naturales y-reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades quienes quedan legitimadas pararequerir y accionar por la concreción de los derechos mencionados.Germán Bidart Campos expresa:"...Cuando analizamos las normas internacionales sobre lasminorías siempre creímos que en rigor están titularizando derechos en las personas individuales quela componen y que forman parte de ellas. Es cierto, y esto mismo cabe predicar de muchos de losderechos que surgen del inc. 17 de nuestro art. 75. Pero en el caso de la Constitución Argentina, hayque advertir además que, sin desmentir la titularidad individual de muchos derechos emergentes dela citada norma, el reconocimiento expreso de personalidad jurídica a las comunidades indígenas ensí mismas y en cuanto grupos étnico-culturales, conduce a postular la ambivalencia de los derechosen cuanto a su sujeto activo, que tanto pueden serlo las personas físicas como las personasjurídicas. El panorama es muy amplio y el que acá trazamos sólo se acerca a su eje visceral. Detodos modos, la cláusula que nos ocupa no puede ni debe -como ninguna otra de la Constitución-entumecerse en una declaración retórica y formalista. Necesita, por un lado, el desarrollo legislativoy, por el otro, mientras tal desarrollo se demora, exige escarbar cuál es el contenido esencial que, porlo menos, se hace siempre aplicable. Lo decimos acudiendo de nuevo a una pauta del TribunalConstitucional de España en su sentencia Nº 18 de 1981". (Voto del Dr. Sodero Nievas).STJRNCO:AU. <216/04> "CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO" (Expte. Nº19439/04 - STJ), (03-11-04). SODERO NIEVAS - LUTZ - BALLADINI - Nro. de sumario:24283.Referencias Normativas: con art. 75 CN..Sumarios relacionados:12618 - 12529 - 12355 -23824.También se ha dicho que la comunidad indígena entendida como unidad socio-política es unente con personalidad jurídica propia, suceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Este
  10. 10. hecho, surgido del reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos indígenas einstrumentado en forma expresa por el art. 75, inc.17, de la C.N., implica que el Estado puede tansólo reconocer esa Personalidad Jurídica y no otorgarla como en el caso de los otros cuerpos conestatutos societarios citados por el Código Civil. Este reconocimiento debe ser entendido enconsonancia con el mandato constitucional de respetar la identidad de los Pueblos, lo que significa elrespeto a sus mecanismos de representación y toma de decisiones, los que ciertamente no son losde la democracia representativa. (Derechos Indígenas en la Argentina, Ricardo Altabe , JoséBraunstein, Jorge Abel González, Cuadernos de ENDEPA.pág.25, Ed.Grafic Center,año 1997).Las prerrogativas reconocidas por el art.75 inc. 17 estaban virtualmente consagradas en el conveniosobre comunidades indígenas y tribales en países independientes Nro.169 de la OIT y en el art. 37de la Constitución Provincial.En el Convenio de la OIT, la participación se erige como un eje fundamental, correlativo delreconocimiento como pueblos indígenas. Asi en el art. 5, establece: "Al aplicar las disposiciones delpresente convenio: a)deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideraciónla índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) Deberárespetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) Deberánadoptarse, con la participación y cooperación delos pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichospueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo."A su vez se prescribe en el art. 6, ap. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, losgobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y enparticular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se preveen medidas legislativaso administrativas suceptibles de afectarles directamente; b) Establecer los medios a través de loscuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida queotros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en institucioneselectivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas queles conciernan...". Ap.2) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberánefectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar aun acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".En el marco del Seminario Nacional de Operadores Jurídicos "Derechos de los Pueblos Indígenas"realizado los días 23 y 24 de noviembre de 2005 en Buenos Aires, Hugo Chani, en su ponenciaexpresó: "Esta normativa, entonces, exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas en las quelos Pueblos Indígenas tengan el derecho a expresar su voluntad y tener influencia en el proceso detoma de decisiones. Por lo que los gobiernos están obligados a crear las condiciones que permitan anuestros pueblos contribuir activa y eficazmente en el proceso de desarrollo. Esto significa, quedeben dirigirse algunas acciones tendientes a permitir que los Pueblos adquieran el conocimiento ylas capacitaciones necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de desarrollo existentes,mediante su consentimiento previo, libre e informado...." Y,"...Esta consulta debe realizarsemediante procedimientos apropiados, con anticipación por medios conocidos por las comunidades yen su lengua. La consulta siempre debe ser una fase importante del proceso de participación. Laconsulta es una obligación de los Estados, es un principio indispensable e irrenunciable, no se debeagotar en una o dos reuniones de uno o dos días, debe ser un proceso de acción institucional. Esuna norma. Debe ser realizada de buena fe. Consulta y Participación van unidos..."IV) En forma concordante, el art. 37 de la Constitución Provincial en su primera parte expresa:"LaProvincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural; lapersonería jurídica de sus comunidades y organizaciones y promueve su protagonismo a través desus propias instituciones...." en el último párrafo:"...El Estado les asegurará: ... d) La Creación de unregistro especial de comunidades y organizaciones indígenas."Por la normativa por el art. 1º deberáninscribirse ....inc. c) Toda comunidad u organización que no se encuentre oficialmente reconocida yque reúnan las condiciones yrequisitos que establezca la autoridaddel Registro."
  11. 11. Es relevante señalar que en el informe de fs. 96/97 de autos, suministrado por ENDEPA, refiere"que en la elaboración de la Ley 4804/00 los pueblos indígenas no fueron consultados, como es unapráctica usual de la mayoría de los legisladores la falta de convocatoria a la hora de legislar paraindígenas, olvidándose de la obligatoriedad de la participación que impone la Constitución paradichos pueblos. La Participación a la que hacen referencia la Constitución Nacional y Provincial conrespecto a las comunidades se refiere a tomar parte en la elaboración decisión, ejecución y controlde cualquier acción que realice el Estado por sí o que delegue a un particular, a desarrollarse enterritorio indígena y/o zona de influencia, o que directamente o indirectamente se relaciones con elPueblo afectado, cosa que no se cumple en la práctica..."Todo ello me lleva a concluir que el inc. c) del art. 2 de la Ley Nº 4804, es inconstitucional porque seaprobó sin haber consultado previamente a los pueblos indígenas. Pese a que el Artículo 75 inciso17 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y elArtículo 37 de la Constitución del Chaco establecen la obligatoriedad de estas consultas, loslegisladores y el estado provincial nunca lo hicieron.La claridad del mandato constitucional que impone a los poderes públicos, y por ende a la suscripta,asegurar a todos los habitantes de la provincia el derecho inalienable.., equilibrado, sustentable yadecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas parapreservarlo, así como el deber a todos los habitantes deconservarlo y defenderlo, no resiste el menor análisis ni discusión atento al vasto material probatorioya aludido.El veto por omisión no puede seguir permitiéndose en el sistema constitucional argentino.La nueva letra constitucional abre la concreta posibilidad de que, frente a un supuesto de talnaturaleza, cualquier tribunal de justicia y, en última instancia, la Corte Suprema, puedan haceroperativa la ley.No puede ser pasado por alto que al momento del dictado de la Ley Nº 4804 no se confirióparticipación a las comunidades indígenas que habitan la Provincia del Chaco: los Wichi, los Tobas-Quom, los Mocoví y demás pueblos indígenas afectados, en desmedro de lo establecido en el inc. 17del art. 75 de la Constitución Nacional y art. 37 de la Constitución Provincial. Es así queespecíficamente en el inc. b) de esta última cláusula se dispone que el Estado les asegurará a lospueblos indígenas la participación en la protección, preservación,recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten, y en el desarrollosustentable, lo que no aconteció.Se ha omitido el real respeto de participación a las comunidadesindígenas, a los antiguos pobladores del Chaco y a las organizaciones acompañantes en todalegislación o medida que afecte sus derechos, situación que necesariamente debe revertirse sindemoras.A dicha conclusión arribo teniendo en cuenta las instrumentales agregadas a la causa,particularmente el informe remitido por el Coordinador Nacional de ENDEPA en fecha 4 de febrero de2005 citado en los párrafos que anteceden.Desde tal perspectiva resulta la existencia de un conflicto que es deber de esta jurisdicción dilucidar,(art. 31 de la Constitución Nacional), y en ejercicio del control de constitucionalidad declarar lainconstitucionalidad de la normativa impugnada.Es un presupuesto indispensable de juridicidad de todos los actos emanados de las magistraturaspúblicas la razonabilidad que debe orientar a los mismos como garantía del Estado de Derecho.Demanera que toda vez que en un caso concreto se verifique por la judicatura una lesión a tal principio,es imperativo dar operatividad a los derechos y garantías constitucionales haciendo cesar el estadode afectación que se denuncia.Asimismo y como ya lo señalara en el Expte. 15105/01 "Montiel Carlos Fernando S/ MedidasAutosatisfactivas" del registro de este tribunal, el problema del carácter normativo de la Constituciónno genera mayores conflictos doctrinarios en la actualidad y se ha ido consolidando a instancias deuna jurisprudencia constitucional crecientemente axiologizante. A este respecto, el constituyentenorteamericano tuvo conciencia de que sancionaba una norma plenamente operativa, mejor aún, lanorma fundamental del ordenamiento jurídico como lo declara en su artículo seis (6) "Supreme law ofthe land", y que, en consecuencia, toda la Constitución, tanto en su parte orgánica como en su partedogmática, y hasta en su Preámbulo, obliga a la totalidad de los sujetos y operadores jurídicos
  12. 12. -públicos y privados-; y para ello están los Jueces como encargados de fiscalizar su cumplimiento,actuando el Poder Judicial de manera similar al modo en que controla la vigencia del resto delordenamiento jurídico. (Conf. Alejandro Nieto "Peculiaridades Jurídicas de la Norma Constitucional"en Revista de Administración Pública, Nº 100/102, pág. 377 y sgtes.; cit. por Rodolfo Luis Vigo en "Interpretación constitucional", pág. 61/62 , Ed. Artes Gráficas, Candil S.R.L., Ed. 1993).Frente a la interpretación que debe darse a la realidad vital existente y que integra la verdad jurídicaobjetiva, a cuya ponderación los Jueces no pueden renunciar concientemente (Corte Suprema E.D.142/123 ; LL 1991/D - 518; J.A. 1991-535), se impone el deber que tengo como magistrada deoptimizar y priorizar la fuerza normativa de la Constitución.Como colofón de lo precedentemente dicho ratifico una vez más en este acto que es necesariocomprender que la Constitución es nuestro estatuto organizativo supremo contenedor de un pactosocial de convivencia, regulador de las relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y elejercicio de las libertades. La Constitución organiza y regula las relaciones conflictivas entre elejercicio de los poderes y el ejercicio de las libertades, y en este sentido es una garantía o seguridadque nos protege frente a los dos peligros extremos que pueden afectar a una sociedad, eldespotismo y la anarquía.Como instrumento tuitivo de la libertades tiende de manera eficaz a evitar el abuso de poder y comonorma suprema, está por encima de las demás normas y actos que de ella derivan y debe encontraren los ciudadanos, en las autoridades públicas y fundamentalmente en los tribunales de justiciafuerza normativa suficiente para no frustrar dicha supremacía. Cuando los argentinos, en todos loámbitos y niveles comprendamos las bondades del sistema constitucional y la necesidad imperiosade que todo el sistema legal se ajuste a los principios allí contenidos, habrá realmente voluntad deConstitución.Por eso es tiempo de una Justicia Constitucional en serio, de no adormecernos en la hipocrecía deun conjunto de derechos consagrados en los textos constitucionales, que no se cumplen,amparándonos en una estructura judicial burocrática que no está muchas veces a la altura de lascircunstancias.Reconocer en los textos constitucionales, un catálogo de derechos, formalmente declarados, peroque no se cumplen así como mecanismos de control ineficaces, traducen una realidad que deberevertirse sin demora.Las características singulares del caso me persuaden de acceder a la tutela judicial incoada por estavía en el entendimiento que en el marco examinado el inc. c) del art. 2 de la Ley Nro. 4804/00 resultainconstitucional, por haberse dictado omitiendo la participación específica y amplia de los pueblosindígenas interesados mediante procedimientos apropiados, consagrada en el inc. 17 del art. 75 de laConstitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y art. 37 de la Constitución Provincial.Las motivaciones y fundamentos expuestos, me llevan a apartarme parcialmente de lo dictaminadopor la Sra. Agente Fiscal Nº 8 a fs. 152/157. Si bien coincido con el dictamen en punto a que: ElEstado no instrumentó los actos jurídicamente válidos...tendientes al cumplimiento de la Habilitacióndel Registro de Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Provincia del Chaco y que enconsecuencia corresponde ordenar que se proceda a instrumentar los actos jurídicos válidos;entiendo que la normativa en cuestión es inconstitucional a tenor de todo lo dicho.V)Respecto al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 3258, por tratarse delegislación dictada con anterioridad a la reforma de constitucional del año 1994, corresponde declararsu inaplicabilidad por haber quedado de hecho tácitamente derogada a tenor del nuevo textoconstitucional.VI) En cuanto a la habilitación de un Registro de Comunidades y Organizaciones Indígenas en laProvincia del Chaco con efecto declarativo solicitado por los amparistas, debe accederse a ello, envirtud de que la personalidad jurídica de las Agrupaciones Indígenas es un hecho preexistente de larealidad y que impone al Estado su liso y llano reconocimiento sin otorgarle otro tipo de facultad ental sentido, por ello se declara lo que ya existe, es decir la preexistencia de la personalidad jurídicade las comunidades y organizaciones indígenas.
  13. 13. Así se encuentra expresamente reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la ConstituciónNacional y Provincial, de cuyos textos se desprende que la Comunidad Indígena es un ente conpersonalidad jurídica preexistente a la conformación del Estado suceptible de contraer derechos yobligaciones.Teniendo en cuenta que la personalidad jurídica es una herramienta para laOrganización y/o Comunidad, que al no estar inscriptas no pueden poseer títulos de propiedad a sunombre, gestionar proyectos productivos o de capacitación, etc.; es decir, se ven imposibilitadas arealizar todo tipo de actos que hacen asu desenvolvimiento y desarrollo como tales, impidiéndoles atender las necesidades presentes yfuturas de los pueblos indígenas respecto del abanico de derechos y obligaciones que les asisten. Enparticular, en el caso que nos convoca, se desprende de las constancias de la causa y pruebasaportadas, que la circunstancia de no poseer la actora personería jurídica le afecta gravementeteniendo en cuenta que se ve impedida de concretar emprendimientos y proyectos relacionados a laeducación bilingüe de suma importancia.Es de destacar también, a tenor de las constancias de fs. 4 y vta. y de la documental aportada por laactora, que en el año 2002 se presentó la posibilidad de una donación para la construcción de unaescuela indígena por parte del Sr.Italo Garibaldi y otra donación del predio por parte del Sr.IgnacioCabañas al Consejo Qompi a los fines de que allí se construya la escuela, las cuales a la fecha nohan podido ser efectivizadas atento no poseer el mismo personería jurídica, acasionándole de esemodo perjuicios irreparables.Asiste razón al recurrente al manifestar que la accionada incumplió con la instrumentación delregistro de comunidades y organizaciones indígenas, conforme lo establece el art. 37 de laConstitución Provincial, incurriéndose en inconstitucionalidad por omisión.Si bien por Ley4804/00 se crea el Registro Especial de Comunidades y Organizaciones Indígenas,no se hace atendiendo el espíritu de la norma constitucional, es decir con efecto declarativo. Comoasí también, es destacar que tampoco se cumplió con su reglamentación en el plazo establecido, yaque habiéndose dictado el texto legal citado en el año 2000, su reglamentación recién se efectivizóen el año 2004 por el IDACH, estableciendo una serie de requisitos a cumplimentar para acceder a lainscripción, contraviniendo los principios constitucionales.Al respecto a fs. 104/107 el Presidente del IDACH, informa que el Instituto a su cargo ha dictado laResolución Nº 255/04 en fecha 01/12/04, que pone en funcionamiento el Registro de Comunidades yOrganizaciones Indígenas y establece lo requisitos para la inscripción, adjuntándose fotocopias delinstrumento legal mencionado.Y, en su presentación de fs. 193/194 como tercero citado, expone que dicho Instituto se encuentraen condiciones del reconocimiento de la comunidad si se dan los requisitos que establezca laautoridad del Registro, ya que la registración a la que se refiere la Constitución no tiene caráctermeramente declarativo.Cabe tener presente que el reconocimiento legal de las Comunidades Indígenas, el Estado debelimitarse a constatar la existencia de las mismas, inscribiéndolas en un registro especial. Es decir, elEstado debe reconocerles su personería por el sólo hecho de existir, en forma declarativa y noconstitutiva, como ocurre con otras entidades y asociaciones previstas en el Código Civil.Para ello debe respetarse su cultura, su identidad, su formas de representación y de organización, yaque de no accederse a lo aquí peticionado e imponiéndoles exigencias que atenten contra el ordeninstitucional interno propio de la cultura que caracteriza a dichascomunidades, como por ejemplo practicar balances anuales, renovar autoridades en base aelecciones democráticas, etc., implicaría imponerles obstáculos insalvables para un funcionamientoeficiente en el marco de la práctica autóctona.Humberto QUIROGA LAVIE, Miguel Angel BENEDETTI y María de las Nieves CENICACELAYA, en"DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO" (Tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores) indican que La"personería jurídica de las comunidades": es un reconocimiento constitucional de carácterinstrumental. "No puede hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de sureconocimiento, si no se otorga personería a las diferentes comunidades indígenas. Ello es lo únicoque les confiere status para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su
  14. 14. protección cada vez que ellos le sean conculcados" (caso "Grupo Etnico Indígena Uwa", de la CorteConstitucional de Colombia - 1997 -,...). Que los pueblos indígenas o cumunidades sean personasimplica un reenvío al derecho consuetudinario de las propias comunidades tanto para definir suintegración como sus autoridades. ....Al dotarla de personería, se supone que las comunidadesindígenas "son partes legítimas para ingresar en juicio en defensa de sus derechos e intereses",como lo sostiene expresamente la Constitución de Brasil (art. 232) y el Convenio OIT Nº 169 (art. 12)y nuestra Constitución, al menos por vía del amparo colectivo (art. 43, párr. 2, CN.). Por ello essumamente grave y equivocado - sostienen - quela Corte, a tresaños de nuestra reforma constitucional, afirme en un lamentable obiter dictum que unatribu es una entidad carente de personalidad jurídica (c. 18 de la mayoría y c. 21 de Vázquez, caso"Terrabón c/ Prov. Buenos Aires" - 1997 -, F.: 320: 1571), máxime cuando para ello cita el tardío caso"Guari" de 1929 ya analizado, donde se desconoció hasta la existencia jurídica de las comunidadesindígenas y se negó personería para estar en juicio, pretextando que no lo fijaba el Código Civil ni laConstitución. (Voto del Dr. Sodero Nievas)STJRNCO: AU. <216/04> "CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIADE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO" (Expte. N* 19439/04 - STJ), (03-11-04). SODERONIEVAS -LUTZ - BALLADINI - Nro. de sumario:24276. Referencias Normativas: ley 23302 - conf. art. 12 - conf.art. 43 Sumarios relacionados:12618 - 12529 - 12355 - 23824.VII) A fin de no incurrir en incongruencia y evitar posibles nulidades, se deja constancia que tambiénha sido considerado lo solicitado como medida cautelar, respecto a la inscripción de la accionante enel registro a habilitarse conforme se dispone en la presente. VIII) Las motivaciones y fundamentos expuestos me persuaden en el sentido de hacer lugar ala acción de amparo incoada por CONSEJO QOMPI - LQATAXAC NAM QOMPI, ordenando a laProvincia del Chaco, adopte los recaudos legales necesarios a los fines de la Habilitación de unRegistro de Comunidades y Organizaciones Indígenas con efecto Declarativo, y proceda a inscribiral CONSEJO QOMPI - LQATAXAC NAM QOMPI en el mismo.Las costas, en aplicación del art.68 del C.P.C.C., y teniendo en cuenta el sentido de este decisorio,se imponen a la parte demandada, conforme (2) Dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles vigentes a lafecha en concordancia con las previsiones de los arts. 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 25 de la Ley 2011 t.o defacto y su modif.2385. Por todo lo dicho,FALLO: I)RECHAZAR el planteo de incompetencia planteado por la demandada, por los motivos vertidos enlos considerandos. II) HACIENDO LUGAR A LA ACCION DE AMPARO, incoada por CONSEJO QOMPI -LQATAXAC NAM QOMPI, declarando la inconstitucionalidad del inc. c) del art. 2 de la Ley Nº4804/00 e inaplicabilidad de los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 3258/87, envirtud de los fundamentos expuestos en los considerandos; y ordenando a la Provincia del Chaco,adopte los recaudos legales necesarios a los fines de la Habilitación de un Registro de Comunidadesy Organizaciones Indígenas con efecto Declarativo, procediendo a inscribir al CONSEJO QOMPI -LQATAXAC NAM QOMPI en el mismo, en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente, lo quedeberá ser informado a esta jurisdicción en elmismo plazo y bajo apercibimiento de ley. III)IMPONIENDO LAS COSTAS a la accionada, regulando los honorarios profesionales del Dr.JULIO CESAR GARCIA, como patrocinante la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA($1.260,00), los del Dr. OSVALDO JOSE SIMONI, como patrocinante en la suma de PESOSOCHOCIENTOS OCHENTA y DOS ($882,00); los de la Dra. CARMEN E. ARGARATE comoapoderada en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA y TRES ($353,00) y los del Dr.WALTER CESAR ZANUTTINI, como patrocinante en la suma PESOS CIENTO SETENTA y SEIS($176,00).(conf. dos (2) salarios mínimos vitales y móviles vigentes a la fecha, arts. 3, 4, 5, 6, 7, 10,
  15. 15. 25 y conc.de la ley arancelaria 2011 y su modif.2385).Todos los honorarios con más I.V.A. sicorrespondiere. IV) NOTIFIQUESE. REGISTRESE. PROTOCOLICESE.Dra. Iride I. M. GrilloJuezJuzg. Civil y Comercial Nº

×