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  1. 1. Curso de Reglas de Evidencia Derecho ProbatorioJosé Collazo González E. d. D (y) P. h. D. Derechos reservados de autor
  2. 2. El origen y conceptos básicos de EvidenciaEl término Evidencia proviene del latín indictum, que significa aparente y probable de queexiste alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación. Por lo tanto, estodo material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tienen relacióncon un hecho delictivo. En términos legales significa, una certeza clara y manifiesta tanperceptible de un hecho que nadie puede racionalmente dudar de ella. Se diferencia deltérmino Prueba, porque el significado de prueba, es el resultado de la evidencia cuando yaha sido admitida en el foro judicial. En castellano se dice que es toda razón, argumento,instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedadde algo. El Tribunal Supremo de P.R. resolvió y definió el término Prueba suficiente enderecho en el caso 117 D.P.R. 283 Pueblo V.S Ismael Rivera Rivera (1986) el Tribunalsostuvo que es la prueba que produce certeza o convicción moral en una conciencia depreocupación o en un ánimo no prevenido por parte del juzgador de los hechos encontroversia.
  3. 3. Desarrollo de las Reglas de Evidencia en Puerto RicoEn Puerto Rico según Resumil (2000) la jurisprudencia e interpretación de las Reglas deEvidencia se consideran fuentes del Derecho Procesal Penal y establecen la forma en queel proceso habrá de llevarse a cabo reglamentando las etapas y la forma y manera en quelos funcionarios del estado han de presentar la evidencia en contra de las personasimputadas de hechos delictivos. Además, la Constitución de Puerto Rico posee el poderde reglamentar los procedimientos judiciales. Sobre este particular el artículo V sección 6establece que el Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, las reglas de evidencia,procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechossustantivos de las partes. Las Reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativaal comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de laterminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cualtendra facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente para enmendar, derogar ocompletar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.
  4. 4. Disposiciones Generales Aplicabilidad de las Reglas en los TribunalesLas Reglas de Evidencia de P.R. de la Ley de Evidencia de P.R. antes del año 1979,posteriormente en ese mismo tiempo en octubre de 1979 surgen unas nuevas reglassufriendo enmiendas hasta el año 2010 donde reaparece una transformación y se adoptannuevos cambios que van a tono con los adelantos tecnológicos y el desarrollo socialmoderno. Las regla 101 (A) 1, y (A) (2) establecen que estas reglas se aplican a todos loscasos civiles y criminales en las salas del Tribunal de Primera Instancia, ante un Tribunal deApelaciones y ante el propio Tribunal Supremo, con arreglo a los límites establecidos en susrespectivos reglamentos. La Regla 103 (B) establece además que estas reglas no aplican encasos de desacato sumario. Bajo las reglas de evidencia de 1979, en los casosadministrativos no era obligatorio su aplicación, pero el Tribunal Supremo ordenó suaplicación de manera flexible en caso de aplicarlas, es decir si usa su discreción al utilizarlasel oficial examinador garantizará el derecho a todos por igual.
  5. 5. Continuación de aplicabilidadLa regla 103 (B) postula que en todas las acciones de índole civil y criminal (penal)así como en todas las etapas de estos procesos se deben aplicar y respetar loconcerniente a los privilegios de los testigos y lo relativo al medio de prueba conocidocomo conocimiento judicial. En palabras entendibles los jueces deben de aplicar estasreglas bajo el examen de información que puede ser considerada privilegiada o sea quesi se demuestra que es una información privilegiada el juez no puede obligar a esetestigo a que tenga que revelar tal información. Ejemplo conversaciones entre abogadocliente, médico paciente, negocios, secretos profesionales, trabajador social y cliente ytodas aquellas señaladas en estas reglas. Igualmente ocurre en la aplicación deintroducir el conocimiento judicial como medio de prueba, el juez debe admitirlaaplicando estas reglas si es legalmente aceptable.
  6. 6. Aplicabilidad en otros procedimientos criminalesLa regla 103 (D) (2) (a) expresamente excluye y descarta la aplicación de estasreglas de evidencia en la regla 23 de Procedimiento criminal conocida como laVista Preliminar. Debemos recordar que este es un proceso de presentación de unamera cintila de prueba de parte de la fiscalía es decir el fiscal no tiene que traertoda la prueba que tenga para probar el caso más allá de toda duda razonable,tampoco se trata de un minijuicio. El caso de Opio V.S. Opio (1975) 104 D.P.R.165 en su opinión el Tribunal Supremo afirmó que los procesos judicialesincluyendo la vista preliminar no son competencias en las cuales ha de prevalecerel más listo si no que más bien la meta final de todo proceso judicial es que siemprese haga justicia y que nosotros los seres humanos somos capaces de lograrlofundamentando esta aseveración en el esclarecimiento de la verdad.
  7. 7. Aplicación de las reglas en casos administrativosAmpliando un poco más acerca de la aplicación de las reglas en casos administrativosespecíficamente en cuanto a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la sección(3.13) adoptó las normas jurisprudenciales resueltas por el Tribunal Supremo de P.R. ydispuso que, en las vistas administrativas adjudicativas formales las reglas de evidenciano serían aplicables, pero los principios fundamentales de evidencia si podrían serutilizados. Todos los privilegios de los testigos contenidos en estas reglas si se aplican enlos procedimientos administrativos. Es decir un oficial examinador puede tomarconocimiento judicial igual que lo haría un juez del tribunal y también puede excluirevidencia que no sea pertinente o que constituya información privilegiada como ya reiteréanteriormente. El caso de J.R.T. V.S. Autoridad de Comunicaciones, 1981, 110 D.P.R.879 estableció como norma jurídica que estas reglas serán interpretadas más liberalmenteen casos administrativos y más aún en casos de arbitraje, para facilitar todo aquello quesea pertinente a una controversia.
  8. 8. Continuación de la aplicaciónOtro caso López V.S. Policía. 118 D.P.R. 219, reiteró en su fundamento jurídico quebajo la antigua regla (2) de evidencia hoy día la regla 103 (E) se explica que las reglasaplican en procedimientos establecidos por leyes especiales, salvo que expresamente sedisponga lo contrario o sean incompatibles con la naturaleza del procedimiento especialcontemplado en la ley. Por tanto, en los procedimientos administrativos regidos por laley la norma jurídica es la no aplicación automática de las reglas de evidencia, desdeluego queda a discreción del oficial examinador que presida la vista administrativaaplicar aquellas reglas que no sean incompatibles con la flexibilidad de losprocedimientos administrativos. En arroz y habichuela de aplicar cualquier otra regla noflexible que estén dentro de las discutidas antes o sea conocimiento judicial o privilegiode los testigos debe entonces darle oportunidad igual a las partes envueltas en lacontroversia, su aplicación sería de forma justa e imparcial para ambas partes.
  9. 9. Continuación de la aplicabilidadLa regla 103 (D) establece que tampoco aplican en los siguientes casos o situaciones:1. Las determinaciones preliminares a la admisibilidad de prueba, de conformidad con la regla 109 (A)2. Los procedimientos interlocutorios o post sentencia entre otros: a. Causas para arresto o acusar, vista preliminar, para expedir ordenes de registros y allanamientos. b. Fases de sentencias en procesos penales. c. Imposición de fianzas o condiciones en procedimientos criminales. d. Vistas de revocación de libertad a prueba o condicionada. e. Entredichos provisionales o Interdictos preliminares y los procedimientos ex parteen ninguno de los procedimientos o etapas procesales en los Tribunales de Puerto Ricoson de aplicabilidad estas reglas de evidencia según lo establece el Tribunal Supremo dePuerto Rico en sus interpretaciones judiciales.
  10. 10. Los medios de prueba bajo la antigua ley de Evidencia• Conocimiento judicial• Evidencia testifical• Evidencia documental• Evidencia real, científica o demostrativa• Las pruebas de referencia que son admisibles como excepciones a la regla de no admisibilidad• Confesiones Regla 109 ( C) se examina si fue voluntaria• Testimonios en peligro de muerte ( requiere corroboración para ser válida)• Testimonios de testigos no disponibles por muerte o enfermedad cuando hayan sido contrainterrogados previamente y cumplen con la admisibilidad del testimonio bajo el examen de la regla 109 el juez determina si se puede usar esa declaración jurada en ausencia del testigo que no está presente y declaró antes.
  11. 11. Las reglas apelativas y los efectos de errores en procesos apelativosUna cosa que muchos abogados aún no tienen claro es que un juez puedeequivocarse al admitir una evidencia o al rechazarla, y aún así, no se revocará lasentencia en apelación. El caso de Colón V.S. K-mart, 154 D.P.R. 510 (2001) implantóla norma jurídica que un tribunal de apelación solamente intervendrá con lasdeterminaciones de hechos y de creedibilidad del tribunal de instancia es decir el tribunalinferior de donde proviene la apelación cuando las determinaciones sean claramenteerróneas o atenten contra una política pública diseñada en un estatuto. Esto significa quelos tribunales apelativos no cambian las decisiones de los tribunales inferiores lo quesignifíca es que ellos examinan si existe algún error en derecho que pueda ser sub sanadoobviamente de existir algún derecho esto cambiará el curso de esa decisión entre los queestán una revocación, confirmación o modificación del caso que esta bajo revisión.
  12. 12. Examen de las reglas 104, 105 (y) 106 de evidenciaLas reglas 104, 105 (y) 106 examinadas conjuntamente, disponen que cuando un juez por error,admita durante el juicio una evidencia o una pregunta que no debió admitir o la rechace cuandodebió admitirla, ese error, por sí sólo, no ocasionaría que el tribunal apelativo revocará lasentencia en ese juicio. Para que pudiera revocarla, se necesitarían (2) dos requisitos.(1). Que el abogado contrario hubiese objetado a tiempo y por el fundamento legal correcto enderecho, lo establece y ordena la regla 104 (A). En el caso resuelto por el Tribunal Supremo dePuerto Rico Pueblo V.S. Rivero, 121 D.P.R. 454, se implantó y reiteró la norma jurídica queestablece si un abogado no puede solicitar en el proceso apelativo la revocación de un errorcometido por un Juez sin antes haber hecho esa objección antes de que el caso suba al tribunalapelativo y no puede entonces esperar que llegue al apelativo para entonces solicitar larevocación de esa admisión errónea de evidencia. En idioma español el Supremo sostiene querenuncia a la objección que tenía que haber hecho antes de subir el caso
  13. 13. Continuación del análisis de la regla 104 (A) Fundamento de la objecciónLa regla 104 (A) aclara que si el fundamento de la objeción surge claramente del contextodel ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento. Para entenderlo ilustrado esto lo explica el caso resuelto en Pueblo V.S. Chévere, 139 D.P.R. 1 (1995)una psicóloga opinó que una testigo estaba diciendo la verdad la defensa no objeto suopinión. En este caso no hubo objeción por el abogado pero debió haber objetado. El casode Pueblo V.S. Canino 134 D.P.R. 796 (1993) había establecido previamente que lo queuna psicóloga diga no era admisible porque un perito no puede determinar sobre si untestigo está diciendo la verdad o no. Esa función corresponde al juez . Por lo que eseabogado debió haber objetado en ese momento la opinión de la psicóloga y no esperar aplantearlo en la apelación ya que el alegó que el caso de Canino todavía no se habíaresuelto y el alegó no saber nada. El Supremo le dijo que eso no era una excusa para nopoder objetarlo debió hacerlo aunque hubiese sido la primera vez
  14. 14. Otro requisito esencial para la revocación de la decisión o sentenciaLa regla 105 (A) (2) establece además que esa evidencia especifica que se objeta de partedel abogado haya sido un factor decisivo o sustancial en la sentencia que se dictó. Loscasos del Supremo Pueblo V.S. Rodríguez 146 D.P.R. 860 (1998) y Pueblo V.S. RiveraNazario, 141 D.P.R. 865 (1996) aclararon que si fue una tontería, o era pruebaacumulativa, o no hubiera variado el resultado final del caso no se revocará la sentenciaen estos casos citados la admisión de unas fotografías por error no se consideraban erroressustanciales. Es decir si ese error no es sustancialmente parte de la decisión del caso y ennada afecta la decisión los tribunales apelativos no apreciarán esa evidencia como partedel proceso de una revocación de esa decisión o sentencia del caso que ha sido objeto derevisión en ese tribunal de apelaciones.
  15. 15. Errores extraordinarios (fracasos de la justicia) que conllevan revocación automáticaLa manera más sencilla y clara de entender que aunque los abogados que postulan ante untribunal no hayan podido objetar oportunamente y por el fundamento legal adecuado y/o enotros casos según la regla 104 (B) haciendo un ofrecimiento de la prueba que en castellano yen arroz y habichuela significa que que el abogado que postula le pueda indicar al tribunal(Juez) la naturaleza, pertinencia y propósito de esa evidencia que quiere introducir comoparte del proceso y el mismo Juez que ve la vista no le permite presentar, nada de lo antesdispuesto impedirá que un Tribunal Apelativo pueda considerar errores crasos y perjudicialesde admisión o exclusión de evidencia cuando sea un fracaso de la justicia. En el argotpueblerino se le ve la costura de que ese juez abusó de su poder discresionalmente comoJuez. Como por ejemplo validar un arresto ílegal como uno válido. El caso de Pueblo V. S.Rivera Nazario 141 D.P.R. 865 (1996) aclaró que aún cuando no se cumpla con lasobjeciones y ofrecimientos de prueba como parte de las exigencias para acudir en apelación yse incurrió en un error extraordinario es revisable en apelación ese caso y podría revocarse sudecisión.
  16. 16. Continuación de errores extraordinarios (revocación)En cuanto a los errores acumulativos el caso de Pueblo V.S. Echevarría, 128 D.P.R. 299(1991) resolvió que también se puede revocar una decisión cuando un error noextraordinario por si sólo, no ocasionará la revocación, pero el efecto acumulativo devarios de estos errores fueran sustanciales sobre esta excepción. Para entenderlo significaque por muchos errores que tengan sustancia y que se vayan acumulando, los tribunalesapelativos pueden también revisar los casos y hasta revocarlos por ser un fracaso de lajusticia aún cuando el abogado litigante no haya cumplido con su función de objetar laprueba en controversia, no obstante bajo esta situación se considera este método comouna excepción a estas reglas de evidencia. Lo importante es que esos alegados errores quese acumulan sean sustanciales para poder cambiar la apreciación de la prueba
  17. 17. Situaciones donde los fiscales deben plantean que no son errores sustancialesCuando los fiscales ofrecen evidencias que supuestamente afecten los derechos delacusado se deben guiar por la norma establecida en los casos Pueblo V.S. López 118D.P.R. 515, Pueblo V.S. Ruíz Bostch, 127 D.P.R. 762 (1991) aclaró el Supremo que elfiscal tiene la obligación de probar ante el tribunal apelativo que el error no fueperjudicial para el acusado y lo tiene que probar de tal forma que el tribunal apelativoquede convencido más allá de duda razonable. También se resuelve en el último casoaquí citado que no siempre se revocará la sentencia condenatoria aun cuando en este casose planteó que se obtuvo una confesión del acusado sin que el fiscal le hubiese hecho lasadvertencias legales antes de comenzar su confesión como parte de la investigación delcaso. En este caso lo que sucedió fue que el abogado defensor no objetó la confesiónhecha sin que el fiscal le hiciera las advertencias o sea el abogado se durmió en la zonade los (3) segundos y no objetó a tiempo y por el fundamento legal correcto,
  18. 18. Admisibilidad límitadaLa regla 107 postula que se puede ofrecer una pieza de evidencia o hacer una pregunta aun testigo que sería admisible para un propósito e inadmisible para otro. En el caso dejuicio por derecho donde el juez decide el caso entonces el abogado le pedirá al juez quele aclare cual es la parte que será admisible o inadmisible y para que propósito. Enjuicios por jurado el juez instruirá al jurado que está admitiendo la pregunta o laevidencia para un propósito límitada nada más. En forma entendible un emplo es cuandose presenta una declaración jurada de una persona el Juez puede aceptarla con elpropósito de establecer y conocer que esa persona sabía firmar aunque el mismo juez nohaya aceptado el contenido de esa declaración por no ser válida en derecho. Lo que sequiere conocer es si sabía firmar o no. No se quiere saber el contenido de la misma.
  19. 19. Regla de la totalidad de la evidenciaLa regla 108 nos dice que cuando parte de una declaración es ofrecida en evidencia, elabogado de la otra parte puede ofrecer el resto del escrito o cualquier escrito que lecomplemente. El propósito de esta regla de la totalidad es que el juzgador tenga laevidencia dentro de su contexto para que pueda comprenderla mejor lo que se pretendedemostrar al tribunal. Ejemplo (X) presenta una carta donde admite haberle tomadodinero prestado a (Y). La parte contraria puede presentar también la segunda carta dondedecía que (Y) le había pagado a (X) la mitad del dinero. En el caso normativo PuebloV.S. Echevarría, 128 D.P.R. 229 (1991), el Tribunal Supremo interpretó esta regla ydictaminó que la regla 108 no significa que si un abogado o fiscal presenta tan sólo una delas páginas no serían admisibles en evidencia. Lo que significa es que la parte adversano tendrá que esperar su turno para pedir que el tribunal admita la totalidad delexpediente en el turno en que están presentando esas páginas. Se puede hacer todoen ese momento.
  20. 20. Las determinaciones preliminares a la admisibilidad Regla (109)La regla 109 tiene el propósito de disponer la función del Juez y su responsabilidad paradeterminar las siguientes cosas: (1). Admitir cualquier evidencia. (2) Declarar que un testigotiene la capacidad, es decir está capacitado para ser testigo. (3). Si alguien puede reclamar unprivilegio. En ese caso el Juez puede oir prueba, o escuchar brevemente los argumentos delos abogados, o excusar al jurado de la sala, o celebrar una vista informal. Tenemos querecordar (2) dos cosas que se hacen en esta etapa, (1). Al hacer estas determinacionespreliminares el Juez no tiene que seguir las reglas de evidencia, excepto las de losprivilegios según lo establece la regla 109 (A). En los juicios por jurado, el jurado nuncaadmite evidencias sólo para juicio en asuntos del peso de la creedibilidad. Solamente esfunción del Juez admitir o rechazar las evidencias a ser utilizadas por los litigantes en laetapa del juicio en casos por jurado los miembros del jurado deben salir fuera de la sala hastatanto el Juez resuelva la admisión de las evidencias.
  21. 21. Juicios por juradoEn el caso de Pueblo V.S. Torres, 126 D.P.R. 724, el Tribunal Supremo sostiene quecuando la vista informal previa tiene el propósito de determinar si un testigo es o nocompetente para declarar, tan solo debe celebrarse en juicios donde hay jurado.Se excusatemporalmente al jurado. En los casos por tribunal de derecho, el tribunal puede oir altestigo y apreciar si está capacitado para declarar, dependiendo de la forma en quedeclare. Otra función del Juez en esta etapa es examinar si una identificación de unsospechoso fue confiable es decir dentro de los parámetros legales. Además determinar sila confesión fue voluntaria o fue coaccionada por funcionarios del estado. También si sedebe permitir al fiscal repreguntar al acusado que está declarando sobre si ha sidoconvícto previamente por mentir o si una prueba de referencia es admisible esta norma sereiteró en el caso de Pueblo V.S. Martínez, 126 D.P.R. 561.
  22. 22. Integración de la regla 109 de evidencia y la supresión de evidencia en procedimiento criminalCuando se presenta una supresión de evidencia bajo la regla 234 de P.C. en la regla 109de evidencia uno de los fundamentos para solicitarla es que lo afirmado bajo juramento enla declaración prestada por el agente que obtuvo la orden de allanamiento era falso total oparcialmente. En cuanto a esta aseveración en el caso de Pueblo V.S. Maldonado 135D.P.R. 563 (1994), se planteó si era o no obligatorio que el Juez celebrara una vistaevidenciaria cuando se radica esta moción de supresión de evidencia. En este caso elTribunal Supremo resolvió que el que presenta la moción de supresión de evidencia vieneobligado a alegar en la misma los hechos o razones específicas en que apoya sureclamación. Por tanto, si cumple con este requisito, el tribunal viene obligado acelebrar una vista evidenciaria y adjudicar los hechos en disputa. Si la moción nocumple con el requisito, o si no hay hechos en disputa, el tribunal puede resolver lamoción sin celebrar una vista. Esta última aseveración surge de la última enmienda a laregla 234 de P.C. Ley Num 44 de 2007.
  23. 23. Pertinencia de la evidencia ofrecidaCuando tenga que celebrarse una vista debe hacerse antes del juicio, para lograr la economíaprocesal. La regla 109 (B) por su parte dispone que cuando para determinar si es o nopertinente una evidencia ofrecida, se haga necesario que se satisfaga una condición de hecho,el tribunal admitirá la evidencia al presentarse evidencia suficiente para sostener la conclusiónde que la condición ha sido satisfecha. El tribunal puede también admitir evidencia, sujeto aque posteriormente se presente evidencia suficiente para sostener la conclusión de que lacondición ha sido satisfecha. Ejemplo de esto es cuando se presenta el resultado de unaprueba de alcohol para satisfacer la condición de que la prueba fue válida el fiscal debemostrar al Juez que fue autenticada y que fue confiable si no se satisface esa condición puedeser descartada por el tribunal. En el caso Pueblo V.S. Nazario 138 D.P.R. 760 (1995), elSupremo, expreso que se trataba de un caso de pertinencia condicionada, bajo la regla antigua9 (B) ahora 109 (B). Por tanto, no cometió error el juez al admitir la evidencia con lainstrucción al jurado sobre lo que dice esta regla. Corresponde entonces al jurado aquilatar elvalor probatorio de la prueba de alcohol, o descartarla, luego que escuche toda la evidencia dela defensa para impugnar la autenticidad de dicha prueba de alcohol.
  24. 24. Las confesiones voluntariasEl caso que mejor explica este proceso es Pueblo V.S, Rivera Nazario, 141 D.P.R, 865(1996) el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró en el mismo que en los casos porjurado, la regla 109 (C) que examina el procedimiento para ver si una confesión fueválida o no es decir voluntaria o coaccionada por los funcionarios de estado se tiene quepasar prueba en (2) ocasiones por los abogados litigantes en la determinaciónpreliminar. Primero ante el Juez, y si este la admite, se pasará ante el jurado para que eljurado resuelva sobre el peso de la creedibilidad de la confesión. Un dato importanteque no debemos olvidar nunca y que hemos examido en el curso de procedimientocriminal es que estas confesiones deben ser objeto de corroboración siempre por partede los investigadores, este proceso le da más peso y credibilidad a la prueba que lafiscalía va a utilizar en contra del declarante. Esto evitará que otras personas se echenculpas que pueden ser por proteger a otras personas.
  25. 25. El derecho del acusado que declara en la determinación preliminarLa regla 109 (D) establece que si el acusado declara en esta etapa, el fiscal no puedecontrainterrogar sobre otros aspectos del caso. En español boricua el acusado se le estápreguntando si lo obligaron a confesar o si fue voluntariamente, el fiscal no puedepreguntarle otras cosas de como lo asesinó etc. La regla 109 (D) no prohíbe a las partesque una vez que el juez ha determinado que una prueba es admisible o un testigo puededeclarar porque está apto, la otra parte litigante pueda presentar en el juicio evidenciapertinente para impugnar el valor probatorio o credibilidad de esa evidencia. Ejemplo deesta situación es que si el Juez resolviera en la determinación preliminar que una pruebade referencia es admisible, ello no le impide al otro abogado que pueda contradecir esaprueba de referencia admitida para restarle credibilidad, es decir impugnarla ante esetribunal que esta litigando esa prueba.
  26. 26. Continuación de la regla 109 (D) de evidencia Jurisprudencia aplicableEn cuanto a evidencias admisibles o peritos cualificados como testigos que pueden emitiropiniones ( Expert Opinion Evidence Witnesses) bajo la citada regla de evidencia el mejorcaso que explíca esta situación que no puede pasar por alto es el de Pueblo V.S. Bianchi,117 D.P.R. 484. El Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó que el Juez debe usar estaregla para recibir el testimonio de base (foundation testimony) necesario para determinar, enlos casos que se requiera, si se cumplió o no con la cadena de custodia ,evidencia científica odemostrativa. Explicado en forma sencilla el hecho de ser admitido como un testigo conunos conocimientos especializados en su área, no impide que el abogado defensor impugneel procedimiento llevado a cabo en el manejo de la custodia de evidencia, además estetestimonio del perito al sentar las bases le brinda una mejor oportunidad al Juez que cualificatestigo para poder apreciar cualquier irregularidad en el proceso del manejo y custodia de laevidencia. Obiamente el abogado contrario debe objetar cualquier irregularidad en elproceso de cualificación y presentación de esas evidencias científicas.
  27. 27. Evaluación y suficiencia de la pruebaLa regla 110 (A) lo que dice es que los abogados que litigan en un tribunal tienen quepresentar el peso de la prueba o de lo contrario resultarían vencidos en sus argumentos si nopresentan esa prueba, Un caso que ayuda a entender mejor esta aseveración es Colón V.S.Lotería de Puerto Rico, 2006 T.S.P.R 65. En forma sencilla explíca que un fiscal tiene elpeso de la prueba para probar un caso criminal con evidencias más allá de una dudarazonable o de lo contrario el acusado saldría absuelto. El inciso (B) de esta regla manifiestaque tiene primeramente la obligación de presentar evidencia quien sostiene la afirmativa enla controversia. En Puerto Rico el fiscal presenta primero sus testigos y pruebas ya que sonellos los que afirman que la culpabilidad del imputado es cierta a base de las pruebas queellos someten al tribunal. Un breve análisis de la regla 110 (C) la explíca el TribunalSupremo en Pueblo V.S. Torrers, 117 D.P.R. 56 (1994), la norma reitera que la ley norequiere certeza matemática para establecer un hecho, pero el Supremo resolvió que solo seexige que llegue al Juez la prueba que produzca convicción moral en un ánimo noprevenido.
  28. 28. Continuación del análisis de la regla 110 de evidenciaLa regla 110 (D) lo que establece es que cuando los Jueces tengan ante si una evidenciadirecta de un testigo si para ellos es creíble es decir tiene suficiente garantía de ser confiablelos propios jueces pueden establecer ese hecho por considerarla como suficiente. Ejemplo siun testigo dice que (X )fue el que le quitó la vida a (Y), y el Juez considera como creíble esadeclaración entonces el Juez puede establecer cualquier hecho como verdadero hasta tantono se demuestra prueba de lo contrario. Los casos que explícan mejor este concepto son:Rivera Figueroa V.S. Autoridad de Acueductos, 2009 TSPR 162, Pueblo V.S. SantiagoCollazo, 2009, TSPR 101, Ramírez Ferrer V.S. Conagra, 2009 TSPR 55. Una razón esque la evidencia directa por lo general muestra el hecho sin que medie una presunción o unainferencia a tales efectos, el Juez tiene la capacidad de analizar la prueba mejor.
  29. 29. Continuación de la regla 110 de evidenciaLa regla 110 (E) lo que significa es que no importa la cantidad o números de los testigosque los litigantes presenten en un caso. El Juez o el jurado son los que determinan y decidena quienes le van a creer, aquí se aplica el argot puertorriqueño no es la cantidad sino lacalidad del testimonio a evaluarse. La regla 110 (G) lo que postula es que cuando pareciereque uno de los abogados que litigan su caso, teniendo disponible unas pruebas máscontundentes y firmes que satisfagan los requisitos de buenas pruebas, ofrecen las másdebiles y menos satisfactorias la evidencia que ellos ofrecen debera ser considerada consospechas. La regla 110 (F) establece que en los casos civiles, la decisión del juzgador sehará mediante la preponderancia de la prueba. En casos criminales debe ser más allá de todaduda razonable. Es decir en casos civiles la prueba es más liviana para establecer un casopuede ser hasta de un 66% o más, en casos criminales un 98% o más por lo que el peso dela prueba es más contundente.
  30. 30. Definición de duda razonableEl caso que explíca el concepto de duda razonable es Pueblo V.S. Irizary Irizary, 156 D.P.R.780 (2002), el Supremo sostuvo que duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción dela conciencia del juzgador con la prueba presentada. Otros casos Pueblo V.S. SantiagoCollazo, 2009 TSPR 101, Pueblo V.S. Sánchez, 134 D.P.R. 577 (1993) (y) Pueblo V.S. DeLeón, 132 D.P.R. 746 afirmaron que no basta con que el fiscal presente prueba que seameramente suficiente. Se requiere que la prueba sea suficiente en derecho. Esto significa que laevidencia, además debe ser suficiente y tiene que ser satisfactoria. En buen castellano, esoquiere decir lo que reiteró la norma jurídica de Pueblo V.S. Torres, 137 D.P.R. 56 (1994) quequiere decir que produzca convicción moral o certeza en un ánimo no prevenido. Es decir quela prueba se analizó objetivamente y libre de prejuicios. Si los fiscales no prueban su caso másallá de una duda razonable los casos pueden ser desestimados por crear duda razonable en eljuzgador de los hechos que se están litigando ante ese tribunal. En casos civiles la norma depreponderancia es a base del criterio de probabilidades.
  31. 31. Evaluación de credibilidad por los tribunales apelativos en casos penalesEn relación a este análisis (2) casos importantes son Pueblo V.S. Viruet, 2008 TSPR 60(y) Pueblo V.S. Acevedo, 150 D.P.R. 84 (2000) estos casos reiteraron la norma jurídicaque establece que en los casos criminales el Tribunal Supremo de Puerto Rico nointervendría con la valoración de la prueba que haga el jurado o juez en ausencia depasión, prejuicio, parcialidad o que exista un error manifiesto. Los Jueces tienen quecreerle a los testigos que declaran en un juicio cuando no incurren en constantescontradicciones aunque el abogado contrario no le haya hecho preguntas en otras palabrasdebe merecerles crédito al juzgador. En el caso de Miranda V.S. Mena 109 D.P.R. 473, elTribunal Supremo aclaró que la única manera en que los Jueces no den crédito altestimonio en estos casos es que: 1. Lo que dijo sea físicamente imposible, ejemplo quevisitó la luna en media hora y regresó. 2. Sea totalmente inverosímil, son disparetes queparecen imposibles, ejemplo testigo manifestó que recibió (10) disparos y no sangró. 3.Contradicciones que sean increíbles.
  32. 32. Continuación de evaluación de credibilidad en casos criminalesEl Tribunal Supremo reiteró que bajo las situaciones antes explicadas los Jueces no gozan desu discresión absoluta para no creerle al testigo, razón por la cual se revocó la decisión delTribunal de Primera Instancia en el caso de Miranda V.S. Mena ya citado, ya que no sedieron los criterios de imposibilidad. Otro caso Pueblo V.S. Falcón, 126 D.P.R. 75, resolvióque aun cuando un testigo incurra en contradicciones, el Juez puede creerle. Pero si es elúnico testigo del fiscal, e incurre en contradicciones crasas sobre los asuntos esenciales delcaso, el Tribunal Supremo puede revocar porque no se establece la culpabilidad más allá deduda razonable. En el caso de Pueblo V.S. González, 138 D.P.R. 691 (1995) se implantó lanorma de que si un tribunal tiene duda razonable sobre la no legitíma defensa presentada porla prueba de la fiscalía entonces debe absolver al imputado.
  33. 33. Evaluación de la prueba en casos civilesEn casos civiles, la norma es que el tribunal apelativo tampoco revocará lasdeterminaciones de hecho del juez de instancia, basadas en testimonio oral. El caso deRivera Figueroa V.S. Autoridad de Acueductos, 2009 TSPR .Se establece que pararevocar esas determinaciones de hecho de un Juez de instancia deben ser declaraciones quesean claramente erróneas. Además lo exige la regla 43.2 de procedimiento civil. Otro casoColón V.S. Lotería de Puerto Rico, 2006 TSPR 65 afirma que por una apreciaciónerrónea de la prueba de parte del Tribunal de Instancia no significa o es producto de unainmunidad frente al deber ministerial de la función de revisar los casos por parte de lostribunales apelativos. Se establece también como una norma jurídica que el tribunalapelativo está en la libertad de adoptar su propio criterio al evaluar la prueba pericial ydocumental quedando así en igual condición el tribunal de ionstancia. Esta norma se reiteróademás en el caso de Municipio de Loíza V.S. Sucesiones Suárez, 154 D.P.R. 333 (2001).
  34. 34. Los testimonios estereotipados de los agentes de drogas que son inverosímilesLos casos de Pueblo V.S. Rivera, 128 D.P.R. 672 (1991), Pueblo V.S. Torres, 137 D.P.R.56 (1994), (y) Pueblo V.S. Acevedo, 150 D.P.R. 84. aclararon que aun cuando tan solo seresuelva una moción de supresión de evidencia, un tribunal no debe dar crédito a untestimonio estereotipado inverosímil. Pero el mero hecho de que sea estereotipado, no debedejar de creerle, el caso de Pueblo V.S. Torres ya citado antes aclaró que hoy día no cabehablar de que un testiminio es esteriotipado por el mero hecho de que se declare que seobservó una transacción delictiva a plena luz del día. El caso de Pueblo V.S. Acevedo citadoaclaró que el testimonio estereotipado de un agente encubierto debe ser escudrinado conespecial rigor y el Juez debe trasmitirle esa instrucción a los miembros del jurado en todoslos casos que se estén litigando que sean de índole criminal (penales). En estas situaciones loque se busca es determinar los testimonios que puedan ser reales de parte de los miembrosde la policía y no que sean selectivos a grupos o personas por su estilo de vida.
  35. 35. La corroboración del cuerpo del delito (courpus delictic) normas aplicablesEl caso más ideal que debemos analizar es Pueblo V.S. Fradera, 122 D.P.R. 67, en estadoctrina el Tribunal Supremo nos aclara que si lo único que existe es la confesión delacusado no lo pueden declarar culpable, por detallada que sea esa confesión. Se necesitaalguna prueba independiente que, conjuntamente con la confesión, establezca que elacusado fue el que causó el acto criminal. Es decir se necesita prueba independiente de laconfesión para establecer el courpus delictic o cuerpo del delito. Esto no tiene nada quever con el cuerpo del delito la corroboración lo que persigue es ver el resultado de esamuerte o acto criminal y que meramente no fue un caso accidental o una muerte natural.Ejemplo si el que confiesa dice que fue una muerte por arma blanca y el cádaver aparececon heridas de balas se conocerá entonces que no existe veracidad de ese testimonio.
  36. 36. Continuación de la corroboración del cuerpo del delitoUn caso más completo aún de este tema es el de Pueblo V.S. Delgado, 128 D.P.R. 721.El Tribunal Supremo aclara y explíca en su doctrina jurídica que la exigencia de otraprueba que demuestre que no fue accidental esa muerte sino que se cometió por unapersona con intención criminal es que sireve de base para corroborar de forma directaque lo que se dice por el que hace la confesión o admisión es cierto. Esa corroboracióndice el Tribunal Supremo al resolver esta norma que puede hacerse también medianteprueba independiente de que es veraz la confesión que presta la persona que acude a lasautoridades. En castellano lo que nos dice el Supremo es que la prueba del courpusdelictic como la prueba que establezca la veracidad de la admisión o confesión, puedenutilizarse para fines corroborativos. Obviamente esto le dará al fiscal una mayorherramienta para sostener su caso con más solidez ya que refuerza la confesion delimputado al pasar juicio el Juez en la determinación preliminar.
  37. 37. Análisis de la regla 110 (H) de evidencias directas o circunstanciales¿ Qué significa evidencia directa ? Es la que prueba directamente el hecho en controversia.¿ Qué es evidencia circunstancial ? Es aquella que tiende a demostrar el hecho en en controversia probando uno distinto, del cual, junto a otros ya establecidos puede razonablemente inferirse el hecho en controversia. El caso de Ruíz Bosch, 127 D.P.R. 127 762, establece que la regla 110 (H) permite que se pruebe cualquier hecho en controversia mediante evidencia directa o circunstancial y que esto aplica con el fin que pueda probarse cualquier tipo de hecho o elemento de un delito. Un caso que define bien el concepto de evidencia circunstancial es Colón V.S. Kmart, 154 D.P.R. 510 (2001) el Supremo aclaró que al considerar la evidencia circunstancial aducida para probar un hecho, el juzgador debe reconocer la distinción entre aquella que es una mera conjetura y la que es inferencia razonable.
  38. 38. Característica fundamental que debe poseer la prueba circunstancialEn el caso de Bacó V.S. Almacén, 151 D.P.R. 711 (2000) el Supremo dictaminó que lacaracterística fundamental de la prueba circunstancial es que la evidencia ofrecida,aunque fuera creída no es, de por si suficiente para probar el hecho que se pretende probarcon ella, sino que se requiere un proceso de inferencias en conjugación con otra evidenciaya admitida o por admitirse, o un razonamiento basado en la experiencia y las inferenciasque hace una persona razonable. La evidencia circunstancial obedece a que se trata de quelas circunstancias apuntan en dirección favorable a la inferencia pensada por el juzgadorde hechos. Ejemplo de esto es cuando se levanta una huella dactilar en una escena de undelito las circunstancias tienden a que una persona infiera que la persona identificadapudo haber estado en la escena, no obstante si existe un vídeo donde aparece esa personacometiendo el acto delictivo a esa misma hora y lugar ya esa aseveración tomaría máscerteza y se pudiese probar el caso con esa evidencia.
  39. 39. Las huellas digitales como evidencia circunstancial y el derecho a la intimidadEn Pueblo V.S. Sánchez, 99 D.P.R. 260, surgió que el Tribunal Supremo de P.R. nos dijo lacomparación de huellas digitales es la forma más precisa y confiable de identificar a unapersona como por ejemplo para ver si el acusado anunque vivía a considerable distancia dedonde aparecieron las huellas cerca de la víctima, es suficiente para probar mas alla de dudarazonable que el acusado estaba en el lugar en que se cometió el delito. La razón de laconfiabilidad y certeza de la huella dactilar es debido a que se considera como un tipo deevidencia de característica única es decir cada ser humano posee unas características en supatrones de huellas que son de cada persona original nadie en el mundo posee característicassimilares. Este requerimiento legal de parte del estado no se considera como que viola elderecho a la autoincriminación según se ha resuelto por la doctrina jurídica del TribunalSupremo de P.R. para estos casos según las reglas de procedimiento criminal de P.R.
  40. 40. Continuación de huellas dactilares como evidencia circunstancialEn cuanto al derecho a la intimidad en el caso de Pueblo V.S. Torres Albertorio, 115D.P.R. 128, el Tribunal Supremo explicó que la toma de fotografías y huellas dactilares a laspersonas detenidas para responder por delito es una práctica aceptable como parte de lalabor investigativa de la policía. Este proceso acarrea una intervención del Estado con laintimidad del individuo, que no debe tener consecuencia alguna si la persona resultainocente luego de un proceso judicial. Por tanto, una solicitud del imputado, tras suabsolución judicial, para que se le devuelvan las fotografías y huellas digitales incidentales asu detención, solo puede ser denegada por el tribunal mediante prueba convincente delpueblo que justifique que la policía retenga las fotografías y huellas tomadas. Aunque se ledeniegue la devolución la información retenida en los archivos de la policía comoconfidencial es para uso exclusivo de la policía y no puede divulgarse como parte delexpediente o récord del arrestado o en el certificado de conducta. La Ley # 45 de 1ro dejunio de 1983 establece el procedimiento para solicitar la devolución de las fotografías yhuellas digitales.
  41. 41. Competencia y Forma del Testimonio de los TestigosLa regla 601 señala que es apto para declarar como testigo toda persona. Por otro lado laregla 603 exige que todo testigo antes de declarar, exprese su propósito de decir laverdad, lo cual hará presentando juramento o afirmación, quedando sujeto a perjuicio odesacato sumario por perjuicio en caso contrario. La regla 601 sin embargo, descalificaa dos (2) grupos de testigos: (1). Los incapaces de expresarse sobre el asunto sobre el quevan a declarar en forma tal que pueda entenderse lo que declararían, bien por sí mismos opor medio de interprete. (2). Los incapaces de comprender la obligación de decir laverdad. Esta determinación se hará utilizando la Regla 109 (A). ¿ Quiénes son losincapaces de decir la verdad ? Un sordo mudo y ciego normalmente es incapaz deexpresarse, por lo general no puede ni con un interprete, pero si puede hacerlo con uninterprete entonces si puede declarar. ¿ Quiénes son los incapaces de decir la verdad ? Unniño de tan corta edad que no pueda comprender lo que significa declarar bajo juramento.Otro grupo son personas dementes que no sabe decir la verdad (sujeto a peritaje).
  42. 42. Continuación de descalificación de los testigosEn cuanto al proceso de examen de testigos para ver si están aptos el caso de Pueblo V. S.Rivera, 12 D.P.R. 411 describe el proceso como uno informal hecho en la etapa dedeterminación preliminar. Un ejemplo de la cualificación es preguntarle al niño quedescriba el color de una pared u objeto si sabe distinguirlo, pudiera ser aceptado comotestigo lo mismo ocurre con los dementes. Debemos recordar sin embargo el caso yadiscutido de Pueblo V.S. Torres, 126 D.P.R. 726, donde el Tribunal Supremo establecióque este procedimiento de la vista informal debía seguirse tan solamente en juicios porjurado. Un dato de importancia en el caso de los dementes es que pueden declarar si almomento de hacerlo se encuentran lúcidos de su mente es decir, tienen la mente clara, yaque la descalificación tiene que determinarse al momento de declarar esta aseveración sereiteró en la norma del caso Pueblo V.S. Ramos, 122 D.P.R. 287 (y) Pueblo V.S.Mendoza, 120 D.PR. 815. aclarando que si en ese momento está bien el declarante el juezdebe dejarlo declarar, claro está ese hecho va afectar su credibilidad, igual ocurre contestigos adíctos o bajo inmunidad.
  43. 43. Testigos recibiendo tratamiento psiquiátrico (testimonio)El caso de Pueblo V.S. Torres, 126 D.P.R. 724. aclaró que testigos que habían recibidotratamiento psiquiátrico y que fueron absueltos de delito por plantear la defensa de locuray la probaron y en adición los habían declarado incapacitados nombrándoles un tutor aveces pueden declarar y aveces no y esto va a depender de si comprende su obligación dedecir la verdad al momento de declarar. Estos son los casos ideales para hacer ladeterminación previa de capacidad testifical celebrando la vista bajo la regla 109 (A) deevidencia cuando sea un juicio por jurado. En casos por tribunal de derecho no hay quecelebrar una vista separada de capacidad porque se perdería tiempo en el proceso. Enestos casos los Jueces reciben el testimonio y aprecian la capacidad testifical por la formaen que el testigo declara, se utiliza en la última situación la regla 109 (C) también comoparte del proceso de cualificación.
  44. 44. Privilegios de los testigosEn cuanto a la jurisdicción federal las Reglas de Evidencia Federales no contienen nadade los privilegios en sus capítulos, pero existe la regla 501 federal que ordena y establece(2) dos normas aplicables que son esenciales: (1). Que en casos civiles que se ventilen olitiguen en la Corte Federal se aplicarán los capítulos existentes en ese estado quecontenga las reglas de evidencia acerca de los privilegios según dicho estado. (2). Tantoen los casos civiles como en los casos criminales en las cortes federales, se lereconocerán los privilegios a los testigos de acuerdo con el Common Law segúninterpretado por las cortes federales. El Common Law significa el derecho anglosajónamericano proveniente de Inglaterra, o sea el derecho ingles. En Puerto Rico es obvioentonces que apliquemos los conceptos contenidos en las reglas de evidencia aquíanalizadas para los casos anteriores mencionados.
  45. 45. Las diferencias existentes entre privilegios y la descalificación de testigosLa descalificación es un impedimento para declarar. Es decir si que cuando una personase encuentre en uno de los (2) dos grupos ya mencionados entonces, no podrá declarar. Enel asunto relativo a los privilegios de los testigos, la persona no está impedida de declarar,por lo que si hay una renuncia del privilegio por la persona a cuyo favor se estableció, eltestigo podrá declarar, en español el testigo puede renunciar voluntariamente al privilegioel cual le asiste en ese momento. En situaciones donde exista algún fraude o delitosenvueltos por parte de quien posee el privilegio, o en su efecto en casos donde lainformación de índole confindencial ha sido divulgada a terceras personas deja de existirese privilegio y ya no se considera como un derecho que le asiste a ese testigo, por lo quela ley lo obliga a declarar, obviamente una vez esto ha sido objeto de examen en ladeterminación preliminar para estos casos en los tribunales.
  46. 46. La interpretación restrictiva de los privilegios según la regla 518En el caso de Pueblo en interés de L.R.R, 125 D.P.R. 78 el más alto foro judicial sostuvoque el propósito de la Ley de Evidencia es buscar la verdad. Los privilegios por tanto,deben interpretarse restrictivamente para que no limiten mucho esa busqueda de laverdad, o en otras palabras no hay que hacer balance de intereses ya que lo que sepersigue es buscar la verdad en todo momento. Si la asamblea legislativa elimina unprivilegio o lo concede restrictivamente, con ello no viola ningún derecho constitucional.Ahora la ley no puede eliminarse cuando un acusado cometió los hechos cuando elprivilegio estaba en vigor todavía ya que esa ley estaría violando la claúsulaconstitucional contra la legislación exposfacto, signifíca que ya era un derecho adquiridoy no la podría aplicar retroactivamente.
  47. 47. Los privilegios reconocidos en Puerto RicoLa regla 501 de evidencia describe el privilegio del acusado esta regla consagra (3) tresmodalidades que son: (1). Todo acusado tiene el privilegio de no ser llamado como testigo.(2). De no declarar, si no quiere. (3). Que no se hagan comentarios de clase alguna sobre elporque no declaró. El caso de Pueblo V.S. Robles, 125 D.P.R. 750 resume la norma jurídicadel Tribunal Supremo y se simboliza de la siguiente manera. Quedarse mudo, es decir quetodo acusado tiene el privilegio de quedarse mudo en cualquier proceso criminal y el estadoo sea los funcionarios que lo representan no pueden comentar su silencio. Este privilegiocontra el acusado se puede reclamar desde el momento en que comienza la investigaciónjudicial y la investigacion se centraliza a esa persona como sospechosa. Significa que si elacusado había ya hablado (o) había dejado de hablar antes de iniciada la investigación, nopuede reclamar este privilegio, este es un privilegio solo del acusado no es para todas laspersonas según lo establecen las reglas de evidencia.
  48. 48. El privilegio contra la autoincriminación regla 502 de evidenciaEste privilegio lo garantiza la Constitución Federal, en la Enmienda V (y) la de PuertoRico en el artículo II sección (11) once y la regla 502 de evidencia. El caso de PuebloV.S. Meléndez, 135 D.P.R. 135 (1994) emitió una decisión que aclara esta normajurídica, cuando un fiscal que investiga un caso le pide al tribunal que cite al sospechosopara tomarle una prueba caligráfica, dictaminó el Supremo que un Juez que tenga unajustificación en los hechos examinados puede ordenarle a una persona bajo investigaciónque comparezca a someterse a la prueba caligráfica o de otra materia. Otra normaestablecida es que el derecho contra la autoincriminación excluye que se obligue a unapersona a hacer comunicaciones o prestar testimonios. Pero no impide que se obligue aproducir evidencia real o física derivada de su persona. Por tanto una inspección delas características físicas de la persona no está prohíbida por el privilegio deautoincrimación discutido en estas reglas de evidencia.
  49. 49. Diferencia entre el privilegio de autoincriminación y cuando se obliga a autoincriminarseUn fiscal o un Juez no podrían ordenar que una persona comparezca personalmente yproduzca un objeto que le incrimine, como por ejemplo un arma de fuego, en este ejemplose le estaría obligando a testificar en su contra, ya que estaría comprobando que esaevidencia constitutiva de delito, persé estaba en su posesión. Debemos recordar que estosolo aplica a aquellas situaciones que no estaban protegidas contra el derecho a laautoincriminación, huellas dactilares, caligrafía, cabello, gestos de voz y aquellasevidencias que son únicas de la persona porque no puede existir (2) dos iguales. Tambiénincluye listas de bolipul, sustancias controladas y toda aquella evidencia no comprendidaen la lista enumerada que no estaban protegidas contra el derecho a la autoincriminación.El caso federal U.S. V.S. Fisher, 96 S. Ct. 1569, amplía y aclara las normas existentesrelacionadas a la autoincriminación y que se utiliza como medio disuasivo en nuestrostribunales locales al evaluar estas normas procesales.
  50. 50. Otras situaciones y doctrinas referentes al privilegio de autoincriminaciónEl caso resuelto de Pueblo V.S. Sustache, 2006 TSPR 112, reiteró la norma de que el estadono viola el derecho contra la autoincriminación de un sospechoso del delito de falsificaciónde documentos, al obligarlo a proveer muestras caligráficas. Además, este privilegio en nadaimpide que se le tome una muestra de sangre, de la piel, del cabello o de las uñas. Tampocoprohíbe que a cualquier persona incluyendo a un menor que se le someta a pruebaspsiquiátricas. Se puede obligar a un imputado bajo la antigua Ley de Bolipul a que proveamuestras de caligrafía, unicamente a los efectos de identificación como autor de undocumento que obre en poder del fiscal. Lo que diferencia el privilegio del acusado alprivilegio a la no autoincriminación, es que el primero solo es para la persona acusada y elsegundo es para toda clase de testigo.
  51. 51. Privilegio de abogado y clienteEl privilegio está contenido en la regla 503 de evidencia y lo explica claramente el casofederal de Upjohn V.S. U.S. 101 S. Ct. 671. (y) en Puerto Rico Ades V.S. Zalman, 115D.P.R. 114. En el primer caso citado la norma resuelve que tiene (2) dos facetasimportantes (1). Proteger la comunicación privada que un cliente hace a su abogadodurante la conversación. (2). Permitir que haya amplia libertad para expresarse sin temory para que la investigación del abogado sea completa. La regla 503 (A) (1) define queexisten (3) grupos que están protegidos y considerados también como el mismo abogado,debido a su relación directa en la conversación. (1). Toda persona autorizada por elestado a ejercer la profesión de abogacía. (2). Toda persona que el clienterazonablemente creyó que estaba autorizada a ejercer la profesión en Puerto Rico ocualquier jurisdicción. (3). Todos los empleados de la oficina y los asociados y ayudantesdel abogado. En la norma jurídica de l caso Autopistas de P.R. V.S. Autoridad decarreteras, 2006 TSPR 41 también aplicó este privilegio de una comunicación hecha aun abogado fuera de P.R
  52. 52. Significado de comunicación confidencial según las reglas de evidenciaLa regla 503 (E) establece que es aquella que se hace en la confianza de que no serárevelada a una tercera persona, salvo a aquellas que sea necesario para llevar a efecto lospropósitos de la comunicación. Si la persona grita en una plaza pública su comunicaciónentonces no goza del privilegio. Además la regla 503 (B) establece quienes son laspersonas que pueden solicitar este privilegio son las siguientes: (1). El cliente. (2). Unapersona autorizada por el cliente. (3). El abogado si lo pide a nombre del cliente y parabeneficio de su cliente. Cuando el abogado presencia un acto delíctivo de su cliente, esto noes considerado como una comunicación confidencial entre abogado y cliente. Significa queel abogado de ese cliente se convierte en testigo ocular del estado y tiene que divulgar todoaquello que vio al momento que su cliente perpetraba el hecho delictivo.
  53. 53. Las corporaciones y el privilegio de confidencialidadUn caso federal que explica bien esta situación es el de Upjohn V.S. U.S. SCt, 677,aquí el Tribunal Supremo Federal resolvió y ratificó (3) tres cosas importantes queson las siguientes: (1). Que las corporaciones no pueden invocar el privilegio contrala autoincriminación. (2). Reiteró la norma jurídica que las corporaciones si puedeninvocar el privilegio de abogado y cliente. (3) Expresó que cualquier empleado dela corporación aunque no fuese del grupo control tiene el privilegio cuando hacecomunicaciones al abogado. No obstante este tribunal resolvió además que nadaimpide que se pueda citar al empleado corporativo para preguntarle, no lo que ledijo a su abogado confidencialmente sino todo aquello que el sepa sobre ese casoen particular. Son (2) dos cosas totalmente distintas que debemos diferenciar acercadel privilegio abogado y cliente.
  54. 54. En que consisten los privilegios según la regla 503 (B)La regla (503) establece que la persona puede rehusarse a revelar y además puedeimpedir que otro revele la información. Lo puede hacer tanto el cliente como surepresentante. Un ejemplo es cuando en un tribunal el abogado que está litigando el casoy conoce que setrata de una comunicación privilegiada de su cliente el Juez o el fiscal lepide y le solicita que diga y revele tal información, ese abogado tiene que rehusar dar lainformación ya que el puede hacerlo el mismo porque esta protegido por la regla 503 deevidencia. Lo mismo ocurre cuando se encuentre declarando ante el tribunal el propioabogado puede impedir que su cliente siga hablando de esa comunicación confidencial.Una vez más debemos recordar que esta situación se examina en la determinaciónpreliminar establecida en la regla 109 (A) de evidencia.
  55. 55. Ampliación de las situaciones en que no aplican los privilegiosLa regla 503 de evidencia senala las ocasiones en que no existe el privilegio por razón depolítica pública. La regla 503 (C) (1) establece que no aplica cuando el privilegio seutilizaría para ayudar a cometer un delito de fraude. La regla 503 (C) (2). Afirma quetampoco aplica cuando es una comunicación pertinente a una controversia entre herederosde un cliente ya fallecido. Un ejemplo es que el señor (X) le dijo a su abogadoconfidencialmente que tenía un hijo fuera del matrimonio y luego el señor (X) fallece yhay un pleito de filiación contra los herederos, aquí no existe el privilegio de abogado ycliente y el abogado tiene que declarar sobre el hijo del (X). La regla 503 (c) (3) Señala,que no aplica cuando la comunicación es pertinente a una controversia sobre la violaciónde los deberes mutuos que surjan de la relación abogado y cliente. Un ejemplo es cuandoel abogado contratado incumple un contrato con su cliente entonces para probar el casohacia una de las partes hay que saber que se dijo entre ellos.
  56. 56. Continuación de la no aplicación de los privilegiosTambién otra regla la 503 (C) (4) postula que no se da cuando la comunicación es pertinente auna controversia relativa a un documento en el que intervino en su carácter de notario.La regla 503 (C) (5) también dice que no se da el privilegio cuando la comunicación espertinente a una materia que es de interés común para (2) dos o más clientes del abogado.En este caso un cliente no puede invocar el privilegio contra los otros (2) dos. En adición laregla 503 (D) establece que cuando dos (2) o más personas se unen como clientes de un mismoabogado en cuanto a un asunto de interés común, entre ellas ninguna de ellas podrá renunciaral privilegio frente a terceros, sin el consentimiento de las otras. Se busca que la protección deambas personas frente a este privilegio sea una donde ambos contratantes sean los que encomún acuerdo brinden la autorización para renunciar este privilegio.
  57. 57. Documentos en poder del abogadoEl caso de Fisher V. S. U.S. 96 S. Ct. 1569, creo las siguientes normas jurídicas relativas adocumentos incriminatorios u objetos que incriminen los clientes de los abogados a saberson: (1). Todo documento u objeto incriminatorio que posea un abogado de su cliente quepueda culminar en una acusación de su cliente goza del privilegio contra laautoincriminación. Obviamente esto lo determina si esa transacción fue hecho enconfidencialidad bajo el privilegio de abogado y cliente, además el abogado también puederehusarse a comparecer para entregarlo. Esto se debe a que si lo entrega estaría el abogadoautenticando que su cliente estaba en posesión de los objetos incriminatorios. Debemosrecordar lo que ya se ha discutido que los abogados no están cubiertos por este privilegiocuando se trata de hechos delictivos que ellos observan de sus clientes.
  58. 58. Privilegio de médico y paciente según la regla 506 de evidenciaPara efectos de esta regla 506 (A) (1) se considera médico el que está autorizado apracticar la medicina. El que el paciente razonablemente cree que está autorizado a ejercerla medicina en el lugar en que se efectúa la consulta o el examen médico. De acuerdo a laregla 506 (A) (2) paciente es el que con el único fin de obtener tratamiento médico, o undiagnóstico preliminar a dicho tratamiento consulta a un médico o se somete a un examenmédico. La regla 506 (A) (3) define lo que es comunicación confidencial entre el médicoy el paciente y establece que es la comunicación que hace el paciente a un médico enrelación a alguna gestión profesional en la confianza de que no será divulgada a terceraspersonas, excepto a aquellas que sea necesario para el propósito de la comunicación. Estoincluye las enfermeras y las secretarias del médico.
  59. 59. Continuación del privilegio médico pacientePara que exista el privilegio lo importante es que ambos creyeran, médico y paciente, queera razonable hacer la comunicación para el diagnóstico y tratamiento. El privilegio puedeser invocado por el paciente, persona autorizada para invocarlo en beneficio del paciente.El médico si lo invoca a nombre del paciente y para el beneficio del paciente. Referente aevaluaciones hechas a menores por psicólogos para determinar quien tendrá la custodia delmenor el caso de Ortíz V.S. Meléndez, 2005 TSPR 19, resolvió a través del TribunalSupremo que en un procedimiento judicial para determinar la custodia de un menor, lapsicóloga del menor puede rehusarse a testificar, invocando el privilegio médico pacienteprescrito por la regla de evidencia según la regla 506 de evidencia antes conocida como laregla 26 de las viejas reglas. Bajo la nueva regla 508 de evidencia se codificaexpresamente el privilegio de psicoterapeuta y el cliente. Cuando el paciente divulga lainformación a otros pacientes que están presentes en la oficina deja de operar el privilegioya que se lo esta divulgando a terceras personas.
  60. 60. Continuación de privilegio médico pacienteEn cuanto a las excepciones en que no se da el privilegio médico paciente según la regla506 (C) existen (10) diez situaciones que impiden invocar el privilegio de médicopaciente. Estas son: (1). La regla 506 (C) (1) establece que cuando se disputa lacapacidad mental de un paciente, sea una acción para recluirlo en un hospital o paraponerlo bajo custodia por alegada incapacidad mental, o una acción en la que el pacientetrata de establecer su capacidad. (2). Regla 506 (C) (2) menciona cuando los serviciosdel médicos fueron solicitados u obtenidos con el fin de planear o cometer un delito ofraude. (3). La regla 506 (C) (3) sostiene que no se da el privilegio médico pacientecuando exista un caso criminal. (4). La regla 506 (C) (4) enumera que no aplican cuandose reclaman daños con motivo de la conducta del paciente y hay justa causa para revelarla información. (5). La 506 (C) (5) aduce también cuando surgen controversias sobre lavalidez del testamento del paciente tampoco existe el privilegio de confidencialidad entreel médico y el paciente.
  61. 61. Continuación de excepciones del privilegio médico paciente(6). La regla 506 (C) (6) menciona cuando haya controversias entre partes que derivensus derechos del paciente, bien por sucesión testada o intestada. Esto lo que quiere decires cuando existan pleitos por testamentos cuando el fallecido nombro al paciente en suherencia o cuando tampoco lo nombro como parte del testamento. (7). La 506 (C) (7)establece además que no existe el privilegio su surge un pleito entre el médico y elpaciente. (8). La 506 (C) (8) señala también en acciones donde la condición del pacientecomo un elemento de su reclamación de defensa, o la de cualquier persona que reclamecomo beneficiario del paciente en virtud de un contrato (póliza). (9). La 506 (C) (9)tampoco si el poseedor del privilegio hizo que el médico o un agente o empleado de esteya declara en cualquier acción sobre este asunto. (10). La 506 (C) (10) cuando lacomunicación es pertinente a una controversia relacionada a un examen médico ordenadopor un tribunal a un paciente.
  62. 62. El privilegio consejero y víctima del delitoLa regla 507 (A) (3) consagra como privilegiada cualquier comunicación habida entre lavíctima del delito y su consejero, ya en privado o frente a terceras personas que seencuentren al momento de recibir servicios, cuando se haga en el transcurso deltratamiento que ofrece el consejero para atender la condición emocional o psicológicaproducuda por la comisión del delito. La comunicación tiene que haber sido hecha en laconfianza de que no sería divulgada a terceras personas. Para efectos de las regla 507 (A)(1) define el término Consejero como una persona autorizada, certificada o licenciadapor el E.L.A. para realizar funciones de consejería, orientación, consultoría o laboresterapeúticas. Incluye también cualquier empleado voluntario supervisado de un centro deconsejería que ayude a víctimas de delito. La regla se crea con el propósito de guardarese tipo de confiabilidad que se da mucho en caso donde la víctima sufre traumasemocionales a consecuencia de esa acción delictiva.
  63. 63. Continuación del privilegio consejero y víctimaLa regla 507 (B) manifiesta que el privilegio se establece a favor de la víctima y puedeninvocarlo también, a favor de la víctima, una persona autorizada por esta, como su abogado oel propio consejero a quien la víctima le hizo la comunicación. La víctima de delito, sea o noparte en ese litigio tiene el privilegio de rehusar revelar e impedir que otro revele unacomunicación confidencial. En el caso de Rodríguez V.S. Corcelles, 135 D.P.R. 834 (1994),se interpretó que el Departamento de Justicia puede intervenir en cualquier pleito para exigirque la víctima se le reconozca este privilegio en los tribunales donde se litigue un caso en elque el sea parte del mismo. Esto es así porque debemos recordar que las víctimas de delito sonparte de los testigos que forman parte del Departamento de Justicia a través de las fiscalías yel programa de ayuda a víctimas del delito.
  64. 64. Renuncia al privilegioLa regla 507 (D) aclara que el hecho de que una víctima testifique en el tribunal acercadel delito esto no constituye una renuncia este privilegio. De otra parte la regla 507 (D)(1) establece que si como parte de este testimonio la víctima revela parte de lacomunicación confidencial, se considera que renuncia al privilegio en cuanto a esa partedel testimonio solamente y no al resto de la comunicación. Tambien la regla 507 (D) (2)manifiesta que cualquier renuncia al privilegio se extendera unicamente a aquello que seanecesario para responder a las preguntas que formule la abogada concernientes a lacomunicación confidencial y que sean relevantes a los hechos y circunstancias del caso.La regla 507 (E) estipula que la víctima no podra renunciar al privilegio por medio de suabogado (a) no obstante existe una excepción a esta regla según la 507 (E) si la víctimainsta una acción por impericia profesional contra el consejero o contra el centrodonde trabaja, el consejero puede testificar sin estar sujeto a respetar ese privilegio.
  65. 65. Nuevo privilegio de psicoterapeúta y paciente bajo la regla 508 de evidencia Según la regla 508 (A) (1) un psicoterapeúta es una persona autorizada a ejercer lamedicina o la psicología en Puerto Rico o cualquier otra jurisdicción. Es aquella persona aquien el paciente razonablemente cree que está autorizada a ejercer la medicina opsicología en Puerto Rico o cualquier otra jurisdicción para diagnosticar o tratar unacondición mental o emocional del paciente, incluyendo la droga adicción y elalcoholísmo. De otra parte la 508 (A) (2) define al paciente como la persona que consultao es examinado o entrevistado por un psicoterapeúta. La regla 508 (A) (3) define lacomunicación confidencial como la que se hace a un psicoterapeúta sin el propósito dedivulgarla a terceras personas, excepto a aquellas que sea necesario para el propósito deadelantar los intereses del paciente en la consulta, examen o entrevista. Incluye losempleados del médico que participen del diagnóstico y tratamiento y los familiares delpaciente que este bajo tratamiento médico con el terapeúta.
  66. 66. En que consiste el privilegioLa regla 508 (B) establece que el paciente tiene el privilegio de rehusar revela e impedirque otro revele una comunicación confidencial. Este privilegio lo puede invocar el paciente,su tutor, el defensor judicial (abogado (a) ) o quie represente a ese paciente si ya habíafallecido y/o el psicoterapeúta, cuando lo invoca a nombre del paciente. En las excepcionesla regla 508 (D) (1). Sostiene que no se puede invocar cuando es una controversia en unproceso para hospitalizar al paciente por razón de enfermedad mental, si el psicoterapeúta enel curso del diagnóstico o tratamiento ha determinado que el paciente requierehospitalización. La 508 (D) (2) lo descalifica cuando el tribunal ordena un examen de lacondición emocional o mental del paciente. La regla 508 (D) (3) no le da el privilegiocuando existe una controversia material sobre la condición mental o emocional del paciente,en cualquier procedimiento en el cual este invoca dicha condición como elemento de sureclamación o defensa. La excepción a la regla no aplica cuando el paciente es un menor deedad aquien el medico le brindó servicios de tratamiento o diagnóstico y el privilegio loinvoca una persona autorizada en benefcio del paciente.
  67. 67. Privilegios de los conyuges entre síLa regla 509 consagra el privilegio de los conyuges y tiene (2) dos modalidades que sonde aplicabilidad para ambos. El caso del Tribunal Supremo Pueblo en interés de L.R.R.125 D.P.R. 78. resolvió que para poder invocar este privilegio los conyuges deben estarlegalmente casados, aunque hayan convivido juntos por mucho tiempo y las relacionessean cordiales es necesario este requisito. La primera modalidad establece que ningúnconyuge podrá ser obligado a testificar sobre los hechos ni a favor ni en contra del otromientras estén casados. En esta modalidad si el conyuge es obligado entonces es ílegalporque le asiste el privilegio, pero si no es obligado y lo hace voluntario entonces eslegal el proceso. Cuando un conyuge conoce unos hechos anteriores privilegiados antesde contraer matrimonio en contra de su conyuge, el otro conyuge no tiene que declarar, sino quiere declarar, porque se toma en cuenta si son conyuges al momento del juicio y másimportante, se toma en cuenta si están en una buena relación matrimonial. No importa quese hayan casado para evitar que el conyuge evite declarar contra el otro.
  68. 68. Continuación de los privilegios de los conyugesLa segunda modalidad está contenida en la regla 510 (B) y consagra el privilegio a cadaconyuge de negarse a divulgar y de impedir que otro divulgue, durante o después delmatrimonio, una comunicación confidencial hecha mientras eran esposos. En otraspalabras este privilegio está presente, aun después que termine el matrimonio, aunque lapersona se divorcie o fallezca. La regla 510 (A) define la comunicación confidencial entrelos conguyes como las que un conguye hace al otro sin la intención de transmitirla a untercero, bajo la creencia de que la comunicación no seria divulgada. El conyuge sea o noparte en un pleito puede negarse a divulgar o impedir que otro divulgue la comunicación.La diferencia entre la regla 509 (y) 510 es que en la primera modalidad lo que no se puedees obligar a una persona a que declare, pero en la segunda modalidad el otro conyugepuede impedir que revele, la segunda modalidad es mucho más amplia que la primera.
  69. 69. Expectativa de privacidad significadoLa regla 510 (A) establece que lo importante para determinar si la comunicación eraconfidencial es si había una expectativa de privacidad cuando se hizo de un conyuge a otro.El caso resuelto de Pueblo en interés de L.R.R, 125 D.P.R. 78, aclara que vienenobligados hablar tanto el marido como la mujer en las (2) dos modalidades anteriores todolo que saben de personal conocimiento sobre los hechos como lo que saben sobrecomunicaciones que el otro conyuge le hubiese hecho. La regla 510 (6) (a) postula que lasexcepciones se extienden a los hechos y a las comunicaciones. También al igual que losdemás privilegios ya discutidos si se divulgan estas comunicaciones a terceras personas noson consideradas como comunicaciones con expectativa de intimidad.
  70. 70. Situaciones en que se puede obligar a los conyuges a declarar regla 509 (C)La regla 509 (C) señala que no se reconoce el privilegio y se les puede obligar a declararen las siguientes situaciones: (1). La 509 (C) (1) cuando se trata de un procedimientoinstado por un conyuge contra el otro. (2). En estos cuatro (4) tipos de casos criminales.(A). Regla 509 (C) (1) si es un delito cometido contra la persona o propiedad del otroconyuge, o de un hijo (a) de cualquiera de los dos conyuges. (B). Regla 509 (C) (5) (b) pordelito cometido contra la persona o propiedad de un tercero, mientras se cometía un delitocontra la persona, o propiedad del otro conyuge. Ejemplo Juan Pérez le tira a su esposa conun libro y le da a su vecina en la cara, en esta agresión no existe el privilegio entre losconyuges. (c). Regla 509 (c) (5). (C) cuando exista un adulterio o bigámia.(D). Regla 509(C) (5). (d) por incumplimiento de la obligación alimentaría de un hijo (a) de cualquiera delos conyuges. (E). Regla 509 (D) (1) también en cualquier caso criminal contra uno de losconyuges, si ese conyuge quiere revelar la comunicación. (F) regla 509 (C) (4) procesosbajo la Ley de Menores y/o en custodia de menores hijos (as) de ambos.
  71. 71. Advertencias legales sobre privilegios de conyuges en delitos cometidos por la conyuges uno contra el otro según la regla 509 (D) (1) de evidencia En el caso resuelto de Pueblo V.S. De Jesús Delgado, 155 D.P.R. 930 (2001), el Tribunal Supremo de P.R. explicó que el Estado, es decir los agentes de la policía o el ministerio público (fiscal) antes de que se le tome una declaración a una persona en la etapa investigativa de un delito alegadamente cometido por su conyuge, tienen la obligación de advertirle al conyuge que es testigo en contra del otro sobre su privilegio de no declarar el Tribunal Supremo resuelve esta norma amparándose en la regla 509 (D) (1) de evidencia. Para que se considere renunciado el privilegio de una persona de no declarar en contra de su conyuge, esa persona debió haber sido advertida previamente de su derecho a no declarar. En este caso citado el Tribunal Supremo resolvió que el privilegio conyugal aplicaba y que no le habían advertido a la esposa su derecho a renunciarlo. Por lo tanto, su testimonio fue suprimido.
  72. 72. Continuación de las excepciones en los privilegios conyugales(G). La regla 509 (C) (3) postula que en cualquier pleito en que un conyuge intereseestablecer su capacidad. (H). La regla 509 (C) (2) dice que en cualquier pleito pararecluir un conyuge, o de otra forma poner a su persona o propiedad bajo el control deotra, por razón de incapacidad mental o física. (I). Regla 509 (D) (2) en una acción civilinstada o defendida por una persona casada para el beneficio inmediato de su conyuge oambos. También se puede revelar la comunicación confidencial según la regla 510 (C)establece que no existe el privilegio de comunicación confidencial bajo las circunstanciasdescritas anteriormente en los incisos (a) y (h). En adición, la regla 510 (C) (1) estableceque también se podrá revelar la comunicación confidencial: 1. Si la comunicación fuehecha, total o parcialmente, con el propósito de cometer o planificar la comisión de undelito de fraude o acto torticero, signifíca caso de daños y prejuicios.
  73. 73. Continuación de excepciones para que se pueda declararLa regla 510 (C) (5) dice que cuando se ofrece en un procedimiento entre quien esconyuge sobreviviente y una persona que reclama a través del conyuge que falleció,independientemente de si se trata de una sucesión testada o intestada o de unatransacción entre vivos. La regla 510 (C) (8) postula que debe declarar cuando seofrece en una acción penal por la persona acusada, quien es uno de los conyuges entrelos cuales se hizo la comunicación. En todos estos casos los conyuges pueden revelarlas comunicaciones confidenciales ya que no están protegidos para las parejasconyugales. Se reitera que para que apliquen estos privilegios conyugales decomunicación privilegiada las parejas deben estar legalmente casadas con todas las dela ley.
  74. 74. Privilegio de relación entre religioso y creyente según la regla 511La regla 511 (A) (1) define este privilegio y además define el religioso como sacerdotes,pastora, pastor, ministra, ministro, rabino, precticante de una religión, funcionario (a)similar de una iglesia, secta o denominación religiosa o de cualquier organizaciónreligiosa. La regla 511 (A) (2) define creyente como la persona que hace unacomunicación penitencial o confidencial a una religiosa o religioso. La regla 503 (A) (3)define comunicación confidencial como la que se hace en confidencia, sin la presencia deuna tercera persona, a una religiosa (o) que está autorizada o acostumbrada en el curso dela disciplina de su iglesisias, secta, denominación u organización religiosa a oirlas y quebajo tal disciplina, tiene el deber de mantenerla en secreto. No tiene una secta religiosa enparticular las incluye a todas. No obstante existen iglesias que creen que sus pecadosdeben contarselos a todo el mundo como parte de sus creencias. La regla 511 (B) postulaque el privilegio es de ambos y pueden rehusarse a declara e impedir que el otro lo haga.
  75. 75. Privilegio de voto político según la regla 512La regla 512 sostiene que toda persona tiene el privilegio de no divulgar la forma en quevoto en una elección política, a menos que se logre probar que esa persona votó ílegalmente.El caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico de Granados V.S. Rodriguez, 127 D.P.R. 1,aclaro que aunque este privilegio se pierde cuando un tribunal determina que la persona votóílegalmente y no le asiste el privilegio de confidencialidad y debe revelar por quien votó, lapersona siempre conservará en todo momento su privilegio constitucional a noautoincriminarse con su propio testimonio. El privilegio lo implica es impedir que se sepacomo votó la persona. Lo que pretende está regla es que cuando se comete el fraude con elvoto ilegal cuando se brinda la información ese testimonio confidencial se convierte en partede la información necesaria que se necesita en la investigación penal para encausar la personaque alegadamente está incurriendo en ese acto delictivo.
  76. 76. Secretos de negocio según la regla 513La regla 513 protege a los dueños de ciertos negocios de revelar secretos comerciales delnegocio o de un secreto relacionado ese comercio e incluye el no divulgar e impedir queotro lo divulgue. Este privilegio lo puede pedir y solicitar el dueño, sus agentes o losempleados. No existe este privilegio (o) se hace una excepción de este cuando sea parapropiciar un fraude o causar una injusticia. La regla citada autoriza a los Tribunales dePuerto Rico a tomar todas las medidas que ellos entiendan que son necesarias para protegerlos intereses del dueño del negocio o comercio acerca de ese secreto comercial o de negociode todas las partes envueltas en ese lítigio así como para el buen funcionamiento de lajusticia al hacer la interpretación y análisis de esta regla en los tribunales como parte delprocedimiento establecido para la solución de estos casos en Puerto Rico.
  77. 77. Privilegio sobre información oficial según la regla 514 de evidenciaLa regla 514 (A) define información oficial como aquella adquirida en confidenciapor una persona que es funcionaria o funcionaria o empleado público en el desempeñode su deber y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta elmomento en que se invoca el privilegio. El caso de Santiago V.S. Bobb, 117 D.P.R.153 (1986), estableció como norma jurídica que no se puede obligar a un funcionariodel estado a divulgar información oficial en los siguientes casos: (1). Si hay una ley quehaga confidencial la información, ejemplo Ley Hipa. Debemos recordar que estassituaciones se dan en muchas ocasiones en casos de investigaciones criminales de partede los agentes encubiertos que los abogados y ciudadanos que son parte de la litigacióncriminal en casos de drogas (y) otros desean conocer para el desarrollo de estrategias,más adelante se explica cuando el estado está obligado a divulgar la información.
  78. 78. El derecho del pueblo a mantenerse informado doctrina jurídica del Tribunal SupremoEn el caso de Soto V.S. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). El Tribunal Supremo deP.R. expresó que toda legislación que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo elpretexto de confidencialidad debe interpretarse restrictivamente a favor del derecho del pueblo amantenerse informado. Una regulación gubernamental que limite el derecho de los ciudadanos aobtener información se justifica si están presentes estos criterios: (1). Cae dentro del poderconstitucional del gobierno. (2). Propulsa un interés gubernamental importante osustancial. (3). El interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libreexpresión. (4). La restricción concomitante de los alegados derechos bajo la libertad deexpresión no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés. La palabraConcomitante significa aquello que ocurre en el momento, Retrospectivo que ocurrió antes delhecho y Prospectivo que pasó luego o después.
  79. 79. Continuación de información confidencial oficialUn ejemplo de la legislación especial válida es el método más efectivo de salvaguardarinformación sensitiva recopilada por el Estado en su gestión oficial cuya divulgaciónpudiera afectar el interes público es la Ley de Menores y el Expediente del Fiscalconocido como Sumario Fiscal. Otras situaciones que están protegidas son:1. Comunicaciones protegidas por alguno de los privilegios de las reglas de evidencia.2. Cuando revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros.3. Cuando sea información bajo la regla 514 de evidencia. El propósito de esta regla es evitar que se lesione el interés público por indebida divulgación de lo que hasta entonceses información confidencial. Estas normas jurídicas fueron reiteradas en los casos AponteHernández V.S. Sánchez Ramos, 2008 TSPR 81 (opinión disidente deel Juez Rebollo (y) el Caso de Aponte Hernández V.S. Sánchez Ramos, 2008 TSPR 53opinión sostenida por la Juez Fiol Matta.
  80. 80. Doctrina jurídica de la totalidad de las circunstanciasEl caso resuelto de Santiago V.S. Bobb, 117 D.P.R. 153 (1986) ya citado antes explicaque el privilegio de información oficial pertenece al Estado y no cesa con la renuncia delfuncionario que recibe la información oficial confidencial por lo que un exfuncionariotiene capacidad para invocar el privilegio si recibió la información mientras ocupaba elcargo público. Además cuando se haga un reclamo de confidencialidad alegando que esinformación oficial bajo esta regla el tribunal hará su determinación mediante un análisisde la totalidad de las circunstancias que rodean la comunicación, así como de la propianaturaleza de la información y puede hacerse un análisis o examen en el tribunal de losdocumentos o información que el Estado alega que se considera información confidencialprivilegiada y que se niega a producir tal información por ser confidencial.
  81. 81. Continuación del privilegio de información oficialLa regla 514 y la norma jurídica del Tribunal Supremo de Puertto Rico en el caso deE.L.A. V.S. Casta Developers, 2004 TSPR 81 han reconocido que es confidencial lainformación de naturaleza militar o diplomática que tenga algún funcionario delgobierno. En los casos administrativos en Pueblo V.S. Policía de P.R, 118 D.P.R. 219,el Tribunal Supremo aclaró que tanto el privilegio de información oficial como en el dela identidad de un informante de la policía pueden ser invocados también por el Estadoen procedimientos administrativos . La reglas 514 (y) 515 dictaminan que aunque enlos procedimientos administrativos no se apliquen las reglas de evidencia de formaautomática por excepción a la regla se permitirá invocar los privilegios deinformación confidencial al Estado. No obstante el Estado tendrá que demostrar en eseprocedimiento que los requisitos están presentes.
  82. 82. Análisis de las doctrinas jurídicasEl caso de López V.S. Policía de P.R, 118 D.P.R. 219, se trata de un policía que fuedestituido por perder su arma de reglamento en la vista no se le dio copia del informe quehizo el supervisor al abogado invocando que era información confidencial. El TribunalSupremo revocó la decisión y su fundamento está sostenido en que el ciudadano tiene underecho de acceso a la información en poder del gobierno y que este no era un informesobre una investigación en proceso. En casos apropiados, el Juez o la agenciaadministrativa pueden examinar el informe en el lugar del lítigio y dictar las órdenesprotectoras necesarias para proteger la confidencialidad. Otro caso del Tribunal Supremoes el de Soto V.S. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 783 (1997), en este caso además seaclara y discute el peso de la prueba que se le dará a este privilegio sopesandolo con elderecho que tienen los ciudadanos a poder lograr acceso a la supuesta información que elestado posee y que no se puede divulgar.
  83. 83. El privilegio EjecutivoEl Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso de Pena V.S, Cartagena, 114D.P.R. 576, que la Constitución de P.R. en si artículo I sección 1 que adopta y habla sobrela separación de poderes, y en el artículo IV secciones 1 (y) 4 que imponen al ejecutivo laobligación de ejecutar las leyes, es decir velar porque esas leyes se cumplan o ejecutar lasleyes que es lo mismo que ponerlas en función, que esta rama de la Constitución provee ytiene suficiente base para adoptar la doctrina del privilegio ejecutivo. (2) dos aspectos deimportancia en esta decisión son: (1). La facultad de la rama ejecutiva de retenerinformación sobre la base de su alegada confidencialidad No es absoluta ya quedentro de nuestro ezquema constitucional la rama ejecutiva no es el únicoguardian de los secretos del estado. (2). Es necesario legislar para evitaralegaciones frivolas del privilegio. La legislación deberá delimitar el ambitodel privilegio, sujeto a la determinación final de los tribunales.
  84. 84. La confidencialidad y la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto RicoEl Tribunal Supremo de Puerto Rico crea una doctrina jurídica en el caso de RodríguezV.S. Scotiabank, 113 D.P.R. 210, sostiene el más alto foro local que las reglas deconfidencialidad establecidas en la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos no establecenprivilegios que inmunicen a los contribuyentes contra el descubrimiento de prueba deinformación pertinente, aunque tampoco lo exponen a persecución por parte del estado.Es decir, el Juez puede proteger la información de la planilla que no sea pertinente alpleito mediante una orden protectora. En palabras entendibles aquella información queno sea parte del proceso de descubrimiento puede ser protegida para que no se divulguesu contenido de la información escrita en la planilla de contribución sobre ingresos y elpropio Juez puede poner una orden protectora a tales efectos.
  85. 85. Privilegio sobre la identidad de un informante de la policía dos (2) modalidadesSegún la regla 515 de evidencia un informante de la policía se divide en dos (2) categoríasque son (1). El informante o confidente informante. (2). El informante participante. Elinformante participante es el que participa en la transacción y luego lo informa (un agenteencubierto) en el caso del informante o confidente es aquel ciudadano que comunicaacciones delictivas a la policía de dos maneras una identificándose a la policía y la otra esmediante confidencia o en el anonimato. En el último caso la policía garantiza que esapersona no se sepa su nombre o salga a la luz pública conociendo la misma policía suidentidad para todos los casos anteriores está diseñada esta regla del privilegio por lo queaplica a todos por igual a este tipo de comunicación que hacen estos informantes ante lasautoridades en relación a delitos cometidos y donde ellos poseen algún tipo de informaciónque se va a revelar a la policía para acusar al sospechoso.
  86. 86. Normas y doctrinas resueltas acerca del privilegio de identidad del informanteLos casos de Benítez V.S. Tribunal, 102 D.P.R. 601 (y) Pueblo V.S. Turner Godman,113 D.P.R. 243 así como la regla 515 de evidencia analizan lo relativo a los privilegios de laidentidad del informante. El primer caso citado estableció que cuando es un participante , si seprueba que la declaración del participante es esencial a la defensa del acusado, entonces noexiste el privilegio y el estado tendría que dar el nombre del particiante que informó. El casode Pueblo V.S. Torres, 137 D.P.R. (1994), reiteró que si se trata de un confidente de la policíaque participó en los hechos que se le imputan al acusado, su declaración es pertinente y elabogado defensor que litiga el caso tiene derecho a que se cite al confidente participante comotestigo de defensa cuando ya se conoce su identidad. La regla 515 reitera estas normas, yestablece que la evidencia sobre identidad de un informante no será admisible a menos que eltribunal determine que la identidad de la persona que dio la información ya ha sido divulgadaen alguna otra forma, o que la información sobre su identidad es esencial para una justadecisión de la controversia, cuando es esencial para la defensa del acusado (a).
  87. 87. Privilegio del contador público autorizado según la regla 504La regla 504 (A) (1) define al contador público autorizado como todo aquel que posealicencia para la práctica de la contabilidad pública en Puerto Rico o en Estados Unidos.regla 504 (A) (2) define al cliente como aquella persona natural o entidad jurídica queconsulta a un contador público autorizado con el propósito de contratarle u obtener susservicios en su capacidad profesional. La regla 504 (A) (3) define la comunicaciónconfidencial como la sostenida entre el contador público autorizado y el cliente,incluyendo a sus asociados, ayudantes y empleados de oficina en relación con algunagestión profesional. El privilegio consiste en rehusar revelar y de impedir que otrorevele una comunicación confidencial.
  88. 88. Cuando no existe el privilegio según la regla 504 (C) (1) (C) (6)1. Si los servicios del contador fueron obtenidos para ayudar en la comisión de un delito defraude. 2. Si la comunicación es pertinente a una controversia relativa a una violación por elcontador de un deber que surja de su relacion profesional con el cliente como parte delacuerdo 3. Si la comunicación es pertinente a una materia de común interés para dos o másde sus clientes, cuyo caso el cliente no puede invocar el privilegio contra los otros. 4. Si sele requiere que revele el contenido de una comunicación en el curso de un procedimientocivil o penal por delitos bajo la Ley de Armas, o la de Sustancias Controladas, o contra elcrimen organizado, o bajo las disposiciones del Código Penal. 5. Si las normas quereglamentan la profesión de contabilidad requieren que se divulgue la comunicación.6. Si existe un mandato de ley para que divulgue la comunicación o un interés públicoapremiante lo requiere. La regla 504 (D) dice que cuando dos o más personas se unancomo clientes de un mismo contador, en cuanto a un asunto de interés común para ellas,ninguna podrá renunciar al privilegio sin el consentimiento de las otras.
  89. 89. Privilegio del LegisladorEl artículo III, sección 14 de la Constitución de Puerto Rico y el artículo I, sección 6,claúsula 1 de la Constitución de Estados Unidos nos dicen que todo miembro de laAsamblea Legislativa tendrá el privilegio de no ser obligado a responder por cualquiermanifestación que haya hecho en el hemiciclo o en los comités de la legislatura. El caso deRomero V.S. Hernández, 115 D.P.R. 368, sostuvo que la doctrina de la inmunidadparlamentaria responde al objetivo de preservar la independencia legislativa dentro de unsistema de separación de poderes. En Puerto Rico no aplica la claúsula de inmunidadparlamentaria de la Constitución Federal. Pero el ámbito de nuestra claúsula constitucionales, al menos, tan amplio como el que la jurisprudencia le reconoce a la federal.
  90. 90. Doctrina legal del concepto inmunidad legislativa en Puerto RicoEl caso de Romero V.S. Hernández, 115 D.P.R. 368 resolvió cuatro (4) normas jurídicasimportantes que son las siguientes: (1). El ámbito de la inmunidad legislativa, indicó eltribunal que es extenso y que cubre toda actividad legislativa legítima e incluye al menos,las actividades que se desarrollan en el hemiciclo de las cámaras y gran parte de lascomisiones. (2). Las funciones de formular leyes, investigar y fiscalizar al gobierno, debatirasuntos de interes público y mantener informado al público sobre la marcha de la cosapública, incluyendo la práctica de televisar los procedimientos de las cámaras legislativas ysus comisiones, son actividades legislativas legítimas protegidas por la doctrina deinmunidad legislativa. (3). Esta doctrina de inmunidad parlamentaria exige que los motivosque inspiran acción legislativa no sean objeto de escrutinio juidicial. (4). Cuando la ramaejecutiva cuestiona la legítimidad de una transmición de procedimientos legislativos, lafunción de los tribunales se limitará a indagar si se trata de una práctica legislativa legítima.La evaluación de lo que se exprese o haga en el curso de los procedimientos legislativos lecorresponderá al electorado.
  91. 91. Doctrinas federales relacionadas al privilegio del legisladorEl caso federal de Gravel V.S. U.S. 408 606, el Tribunal Supremo federal expresó que porsu parte, los ayudantes de los legisladores solo gozarían de protección por actos ymanifestaciones que hubiesen sido privilegiados de haber sido realizados por el propiolegislador. Aclaró, además, que actos fuera de la esfera legislativa, no esenciales a lasdeliberaciones senatoriales, no gozan de la protección a favor del privilegio. Por tanto, ladisposición constitucional no protege ni al legislador ni a su ayudante que, preparándosepara su función legislativa, viola las leyes criminales. Estas normas jurídicas fueronreiteradas y confirmadas en los casos de U.S. V.S. Helstoski, 99 SCt. 2432 (y) KillbournV.S. Thompson, 103 U.S. 168. Existen (2) modalidades en donde no existe este privilegiodel legislador y es cuando el legislador mismo no tiene el privilegio tampoco su ayudante lotiene si es que ese legislador no goza de esa protección. Legisladores y sus ayudantes enpreparación para funcionar dentro de la Asamblea Legislativa que violen leyes penales.

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