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Ley estatutaria en salud. por mario hernández

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Ley estatutaria en salud. por mario hernández

  1. 1. Ley estatutaria en salud: otra vez gato por liebreMario Hernández Álvarez1Nuevamente el gobierno nacional y sus aliados presentan a la sociedad colombiana lanoticia de una ley que comienza a resolver los problemas del cuestionado sistema desalud colombiano. Otra vez, con toda suerte de imprecisiones, el presidente Santos salea decir que “se acaba el negocio de la salud”, mientras sus ministros y parlamentariosaliados hablan de una “reforma responsable” que por fin garantizará el derechofundamental a la salud. Pero no hay tal. Lo aprobado es una limitación del derecho a lasalud y claramente va en contra de las necesidades de la población, como demostraré acontinuación.A pesar de la inclusión de muchos textos tomados de otros proyectos bienintencionados, lo fundamental de la restricción del derecho se mantuvo. Esto es, ladefinición del “núcleo esencial” del derecho como “la prestación de servicios ytecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud”, como reza elartículo correspondiente. Aunque le pongan adornos como “promoción, prevención,tratamiento, rehabilitación y paliación”, lo exigible al Estado como derechofundamental será un paquete de “beneficios”, con dos caras: la negativa, con“exclusiones explícitas”, y la positiva con “prestaciones en salud cubiertas” definidaspor la ley ordinaria.Las exclusiones en apariencia son razonables, pues se dice que el Estado no cubriráservicios o intervenciones de tipo cosmético o suntuario, no autorizados por autoridadcompetente, en experimentación o prestados en el exterior. Pero también excluyeaquellos en los “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia [o] suefectividad clínica”. El alcance de estos criterios es bastante incierto en muchosprocedimientos, tecnologías, medicamentos, dispositivos y toda clase de medicinasalternativas. Estas exclusiones serán definidas cada cierto tiempo por el Ministerio deSalud con la participación de expertos y posibles afectados, como se intentó muchasveces con el anterior POS.Si desafortunadamente lo que Usted o su hijo necesita quedó excluido, le queda laopción de pedir “reposición” de esa decisión administrativa; si tampoco lo logra, puedeacudir a una acción de nulidad o a cualquier otro instrumento con primeras y segundasinstancias, “sin perjuicio de las acciones de tutelapresentadas para proteger directamenteel derecho a la salud”. Claro que los usuarios seguirán utilizando la tutela cada vez quelos “gestores de servicios” les rechacen el acceso a lo que necesitan. Pero en el caso delas exclusiones, la ley estatutaria dice que se podrá usar la tutela “contra lasprovidencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras accionescontencioso-administrativas”. Es decir, sólo le cabe la tutela una vez haya quemadotodas las etapas previas. En consecuencia, la flamante ley estatutaria sí desplaza oprolonga el uso de la tutela frente a las exclusiones definidas por el Ministerio. En talcaso, las familias tendrán que pagar por ellas. ¿No se parece esto a las “prestacionesexcepcionales en salud” de la emergencia social de Uribe?1Médico, bioeticista, doctor en Historia, Profesor Asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UniversidadNacional de Colombia, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema deSalud y Seguridad Social (CSR) y de la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud (ANSA)
  2. 2. Para complementar lo anterior, dos mecanismos de la estatutaria contribuyen a distribuirlas cargas económicas en las familias, según su capacidad de pago, para lograr lasostenibilidad fiscal y financiera del sistema:1. La insistencia en que el sistema acudirá al principio de “sostenibilidad […] deconformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Si bien elparágrafo del Acto legislativo correspondiente no permite aplicar este criterio “cuandose trate de un derecho fundamental”, si las exclusiones no hacen parte del derecho, no sepodrán exigir al Estado y, por lo tanto, las pagarán la familia.2. La inclusión del “deber” de las personas de “contribuir solidariamente al financiamientode los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, deacuerdo con su capacidad de pago”. Se legaliza así, por ley estatutaria, los regímenes,las cuotas moderadoras y, sobre todo, los copagos, según capacidad de pago. ¿Algunaduda de que las familias tendrán que pagar las exclusiones y mucho más?La tutela seguirá utilizándose, claro. Recuérdese que hoy en día el 75% de las tutelas sedeben a servicios ya incluidos y pagados en el POS a las EPS. Se supone que ya no sepresentará esta situación porque la ley estatutaria dice que “para acceder no se requeriráningún tipo de autorización administrativa”. Pero, a renglón seguido, afirma que estosólo será “cuando se trate de atención inicial de urgencia y en aquellas circunstanciasque determine el Ministerio de Salud y Protección Social”. En el actual sistema existe al“paseo de la muerte” aunque las EPS y las IPS están obligadas a prestar la “atencióninicial de urgencias” ¿Algo nuevo bajo el sol?Por el simple hecho de que la ley ordinaria que se aprobó en primer debate en laComisión Séptima de Senado impulsada por el gobierno sostiene el mecanismofundamental de la intermediación con ánimo de lucro entre el nuevo banco llamadoSalud Mía y los prestadores -léase hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios-, seseguirán presentando las barreras de acceso y la “tutelitis” por servicios incluidos en elplan de beneficios. El asunto no se corrige ordenándoles a los nuevos “gestores” que nolo hagan, porque éste no es un asunto de mal comportamiento. Las EPS de hoy y los“gestores de servicios de salud (GSS)” de mañana seguirán poniendo obstáculosmientras sus ganancias sean mayores entre menos servicios presten. Y esto no cambiaen la propuesta del gobierno, porque el gran banco Salud Mía tendrá para cada gestoruna cuenta con el valor de las UPC correspondientes al número de afiliados que puedancaptar. Aunque les paguen una parte por “resultados en salud”, lo más importante seráque no se gasten “su platica” autorizando el pago de los servicios prestados a susafiliados.Los médicos y demás profesionales de la salud creyeron haber rescatado su autonomíaprofesional a través de un artículo muy severo contra quienes pretendan constreñirla oponerle límites. Pero seguramente no han caído en la cuenta de que si una ley estatutariadice que no podrá ordenar o formular nada que no tenga evidencia científica sobreseguridad, eficacia y efectividad, serán las “guías y protocolos” de manejo las quedecidan, so pena de violar la ley e ir a la cárcel. ¿Queda algún espacio para la autonomíaprofesional en estas circunstancias?No seamos ingenuos. El gobierno juega a que todo cambie para que todo siga igual,porque defiende el gran negocio establecido en el mundo y en Colombia con los
  3. 3. servicios de salud y no quiere afectar la “seguridad jurídica” de los inversionistasnacionales y transnacionales, estimulados por los tratados de libre comercio (TLC). Noen vano se incluyó a la fuerza un artículo sobre política de medicamentos con lasiguiente advertencia: “[el gobierno] regulará los precios hasta la salida del proveedormayorista. El Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución ycomercialización cuando éste no refleje condiciones competitivas”. Ni más ni menos,únicamente allí donde no opere el mercado. En la selva amazónica, tal vez. El restoestará a cargo de las restricciones de los TLC.¿Algo qué hacer? Todavía queda el control constitucional previo de la Corte. Esnecesario que la sociedad toda se pronuncie frente a la Corte Constitucional, para salirleal paso a estos engaños, como lo hizo con la emergencia social del presidente Uribe enenero de 2010. Pero también es necesario no perder de vista el trámite de la leyordinaria actualmente en el congreso. Vuelven a vendernos gato por liebre en materia desalud. ¿Hasta cuándo? ¿No hay punto de saturación? ¿No cabe discutir el pactoconstitucional en salud más allá de un plan de beneficios costo-efectivo? ¿No cabediscutir sobre ambiente, agua, alimentación, vivienda o trabajo cuando hablamos desalud? Otras sociedades lo están logrando. No es un asunto de riqueza o de pobreza, nide escasez de recursos, sino de proyecto de sociedad compartido y de acción colectivasostenida.Bogotá, junio 20 de 2013.

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