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Limitaciones de la propiedad y fraccionamiento de latifundios

  1. 1. La Reforma Agraria es un movimiento que surgió a raíz del discurso pronunciado por Luis Cabrera, en el que se propone la necesidad de reconstruir los ejidos de los Pueblos como medio de resolver el Problema Agrario. "... Es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean inalienables, tomando las tierras que se necesiten para ello de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compras, ya por medio de expropiaciones, por causa de utilidad pública por medio de indemnización, ya por medio de arrendamientos o aparcerías forzosas..." En estos puntos se encuentran expuestos como se ve, los puntos fundamentales de la ley del 6 de Enero de 1915, que a su vez lo son de toda nuestra legislación agraria.
  2. 2. Con estas ideas se formulo un proyecto de Ley que contaba con 5 artículos, el segundo de ellos, facultaba al ejecutivo de la Unión, para expropiar por causa de utilidad pública los terrenos necesarios para reconstruir los ejidos de los pueblos que los hayan perdido. Sin embargo el proyecto que Cabrera, sometió a la consideración de la Cámara de diputados en 1912, no fue aceptado, cabe hacer la aclaración, de que el artículo 27 de la Constitución de 1857, negaba a los poblados indígenas, la capacidad jurídica para obtener y administrar bienes raíces, y que por esa razón no pudieron defender sus derechos. Por esta razón, se dedujo la conveniencia de restituir por justicia y de dotar por necesidad, tierras a los pueblos desposeídos o carentes de ellas.
  3. 3. La ley de 6 de Enero de 1915 declara nulas las enajenaciones de las tierras comunales, si fueron hechas por las autoridades de los Estados en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de Junio de 1856. Declara igualmente nulas todas las composiciones, concesiones y ventas de esas tierras hechas por la autoridad federal ilegalmente y a partir del 1º de Diciembre de 1670 y las diligencias de apeo y deslinde practicadas por las compañías deslindadoras o por autoridades locales o federales, en el periodo de tiempo antes indicado, si con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias comunales de los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades indígenas.
  4. 4. Esta Ley establece un procedimiento provisional para dotar de tierras a los poblados carentes de ellas, que podían tomarse de las haciendas colindantes con los pueblos que las solicitaban, y los propietarios afectados, podían reclamar ante los tribunales judiciales, dentro del término de un año y en caso de obtener sentencia favorable, sólo tenían derecho a una indemnización expirados estos términos sin que hubiera reclamación alguna, los perjudicados quedaban sin derecho alguno.
  5. 5. La ley de 6 de Enero de 1915 se expidió en una época en que la actitud de los caudillos era propensa al abuso. Las pasiones políticas y el deseo de engrosar las filas revolucionarias, fueron circunstancias que hicieron a menudo, de las restituciones y dotaciones, verdaderos atentados en contra de la propiedad privada. Por decreto de 19 de Septiembre de 1916, se reformo la ley de 6 de Enero, en el sentido de que, las restituciones y dotaciones, no serian provisionales sino definitivas y finalmente el 5 de Febrero de 1917, el artículo 27 de la Constitución de la República expedida en Querétaro, elevo a la categoría de Ley Constitucional y estableció además innovaciones en materia de propiedad.
  6. 6. Para comprender el pensamiento social de los hombres que intervinieron en la Constitución de 1917, resultado de la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Querétaro, 5 de Febrero de 1917, es imprescindible una información, así sea sucinta, de los principales sucesos. Es sabido que todavía son muchos los que repiten que la Revolución Mexicana careció de ideología, que los protagonistas del movimiento revolucionario, carecían de ideas para fundar dicho movimiento, esto se debe seguramente a la falta de estudio de los antecedentes inmediatos, tanto del movimiento armado como de la asamblea constituyente.
  7. 7. Desde el punto de vista de sus ideas, el congreso constituyente tuvo la virtud de quedar integrado con individuos que procedían de los más diversos estratos sociales, con predominio de los grupos de menor fuerza económica, pero que de algún modo se habían distinguido por sus participaciones en las páginas literarias de la época.
  8. 8. A Pesar de que nuestro país aún estaba lejos de llegar a la etapa de la industrialización, las condiciones de los obreros eran extremadamente desfavorables, lo que provoco acerbas criticas al sistema porfirista. Los trabajadores del campo, no fueron olvidados, en virtud de que su explotación era todavía mayor. En más deplorable situación que el trabajador industrial se encuentra el jornalero del campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general estos trabajadores tienen asignado un jornal de 25 centavos o menos pero ni siquiera este menguado salario lo perciben en efectivo.
  9. 9. Como sus amos han tenido el cuidado de echar sobre sus peones una deuda más o menos nebulosa, recogen lo que ganan esos desdichados, a titulo de abono, y sólo para que no se mueran de hambre les proporcionan algo de maíz y de frijol y alguna otra cosa que les sirva de alimento.
  10. 10. Todos estos postulados del programa del partido liberal, precisan una de las fuentes fundamentales del pensamiento progresista y avanzado mexicano, sostenido por los diversos grupos revolucionarios, que afloraron el Congreso Constituyente de Querétaro y que se hicieron Ley. El artículo 27 Constitucional establece como principio central, que la propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio Nacional, corresponde originariamente a la Nación "la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada”.
  11. 11. Este Principio se apoya en la teoría patrimonialista, según la cual, si los Reyes Católicos, adquirieron durante la época de la Colonia, todos los Territorios de las Indias en propiedad privada y con este carácter los conservaron hasta la Independencia, por virtud de la cual el Nuevo Estado libre y soberano que paso a ser la República Mexicana, sucedió a los Reyes Católicos en sus derechos. Para Mendieta y Núñez, es una simple declaración de dominio eminente del Estado sobre el territorio. Sobre este particular, debemos remitirnos a estas teorías en derecho Constitucional, donde se hace una relación de las diversas teorías sobre este tema.
  12. 12. El Estado tiene acción constante para regular el aprovechamiento y la distribución de la Propiedad y para imponer a esta las modalidades que dicte el interés publico. Surge así un nuevo concepto dinámico de propiedad, con una función social, como garantía individual para el pequeño propietario y como garantía social en favor de los núcleos de población que no tuvieran tierras o que no las tuvieran en cantidad suficiente: el concepto de justicia se modifica al establecerse legalmente la posibilidad de expropiar los latifundios gratuitamente entre los campesinos, apareciendo el moderno concepto de justicia social distributiva.
  13. 13. Con todo ello los conceptos jurídicos tradicionales de propiedad, garantías, justicia, ramas fundamentales del derecho y sub ramas del mismo, se verán modificados, pues el nuevo concepto de propiedad con sentido y dinamismo social, supera al concepto romanista, la justicia y las garantías individuales se ven forzadas a hacerle un lugar a las garantías sociales, equilibrándose con estas la justicia social y junto con las tradicionales ramas del Derecho Publico y Privado se coloca el Derecho Social, amparando a los grupos o clases desvalidas, apareciendo así mismo la nueva sub rama del Derecho Agrario.
  14. 14. El nuevo concepto de propiedad tiene muchos antecedentes de la propiedad de la antigua forma azteca, en donde el Calpulli se otorgaba solamente al vecino de un barrio, jefe de familia, para que lo trabajara en forma personal ininterrumpidamente, pues de lo contrario se le privaba de la posesión y se adjudicaba a otro campesino con necesidad de tierra, es una forma mediante la cual se mantiene la propiedad con una función social en favor del campesino, de la familia, de la producción nacional, concepto que lógicamente implica el dominio originario de la Nación y la facultad para vigilar, cuidar y distribuir equitativamente los elementos naturales susceptibles de apropiación.
  15. 15. El Estado tiene acción para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, con este objeto se dictaran las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la Sociedad.
  16. 16. Esta disposición causo alarma y dio motivo a acres censuras por parte de los juristas más conspicuos, que consideraban intocables determinados conceptos del Derecho. Sin embargo era preciso establecer este principio para evitar que, como en el pasado volviera a concentrarse la propiedad de la tierra en unas cuantas manos, haciendo de ella un instrumento de opresión y explotación; como vemos, la proverbial conseja que nos remite a la historia para no repetir los mismos errores, nos vuelve 70 años atrás con las modificaciones al artículo 27 de la Constitución, que dieron origen a la nueva Ley Agraria.
  17. 17. A partir del artículo 27 de la Constitución Política de 1917, se establece todo un nuevo régimen agrario, el cual facilita y da los lineamientos de la Reforma Agraria Mexicana. Conforme al artículo 27 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, se inicia la regulación de la propiedad rural, señalando que esta pertenece originariamente a la nación, la cual transmite el dominio de ellas a los particulares. En virtud de este criterio, la nación puede imponer, e impone, a la propiedad privada, las modalidades que dicta el interés social y puede regular el aprovechamiento de los recursos que de ella pueden resultar.
  18. 18. A partir de este momento se establecen las obligaciones de fraccionar los latifundios, permitir únicamente a los mexicanos y sociedades mexicanas el derecho para adquirir el dominio de las tierras, e impedir a las Iglesias, cualquiera que sea su credo, adquirir tierras e impedir a las sociedades mercantiles por acciones adquirir la propiedad de la tierra.
  19. 19. Un primer e importante principio que resulta característico de la propiedad rural, es el obligado cumplimiento de su función social, que consiste en que por su propia naturaleza de bienes productivos deben ser adecuadamente explotados. En virtud de este principio, la propiedad pasa a definirse como activa y la producción o productividad de la tierra se impulsan mediante los siguientes requisitos: el deber de cultivar todas aquellas fincas rusticas con capacidad productiva, el deber de cultivar directamente la tierra y la prioridad del uso agrícola de la tierra cultivable.
  20. 20. Con estos principios se busca superar la idea de la propiedad privada concebida como mercancía, productora de renta, objeto de mera especulación, para tomar una nueva concepción.
  21. 21. Este principio como se sabe, fue introducido por primera vez en el mundo a partir del artículo 27 de la Constitución Política de México, firmada en Querétaro el 5 de Febrero de 1917, apartándose considerablemente del criterio individualista, para impulsar la posibilidad del Estado de imponer a la propiedad las modalidades que dicta el interés público y social, así como regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza Pública. Se impone el deber de cultivar la tierra, lo que implica que un ordenamiento secundario, impondrá sanciones a todos aquellos propietarios que tengan sus tierras incultas u ociosas, abandonadas o deficientemente explotadas.
  22. 22. “Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones hechas hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de Enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados se considerara de utilidad pública."
  23. 23. En este párrafo nace un nuevo concepto de utilidad pública, pues antes sólo se admitía esta, cuando se trataba de una obra de indudable beneficio general, como la construcción de un Ferrocarril o de una carretera, pero de ninguna manera, que se privase a un particular de su propiedad para entregársela a otro particular. Desde luego se trataba de expropiar el latifundio, que lejos de prestar una función social, resultaba nocivo.
  24. 24. De nada serviría las restituciones de las tierras y las dotaciones, si no se dictaran medidas encaminadas a limitar la extensión de la pequeña propiedad y evitar la concentración; el artículo 27 de la Constitución de 1917 considera todos estos puntos y manda se señale por los Estados, la máxima extensión que dentro sus respectivas jurisdicciones, pueda poseer una sola persona o sociedad mexicana. Los excedentes de los límites de la pequeña propiedad podrán ser puestos a la venta en condiciones fáciles para el adquirente, plazos hasta de 20 años e interés de 3% anual.
  25. 25. La pequeña propiedad existente en el momento que entró en vigor el artículo 27 y la que surja por aplicación de ese artículo, es objeto de especial protección. Es el respeto a la Pequeña propiedad el único límite que se opone a la acción restitutoria y la acción dotatoria, de tal forma que la vida de la pequeña propiedad, es tan importante o más que la distribución de tierras entre los núcleos de población necesitados.
  26. 26. En el artículo constitucional en comentario no sólo se manda el respeto absoluto de la pequeña propiedad, sino que se ordena expresamente que el Estado procure el desarrollo de la misma.
  27. 27. Así queda completo el plan de Reforma Agraria que contiene el artículo 27 Constitucional, según lo cual, sólo Será posible la coexistencia de la propiedad ejidal y de la pequeña propiedad, pues las otras propiedades, (medianas) que se deriven de las legislaciones de los Estados, sólo tendrá existencia transitoria: existirá mientras no sea necesario dotar a algún núcleo de población colindante, entonces tendría que reducirse a los limites de la pequeña propiedad.

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