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Claramente que, compartiendo el criterio expuesto por el ...
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336 inc. 3° del CPPN; haciendo expresa mención que la for...
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La Cámara Federal de Córdoba decidió por unanimidad confirmar la decisión del juez Bustos Fierro, que ya los había absuelto.

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  1. 1. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A //doba, 30 de octubre de dos mil catorce.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: “TOVFIGH RAFII, Ramín y otros sobre inf. art. 145 bis..” Expte. FCB 12002089/2009/ca4 venidos a conocimiento a esta Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones, en virtud los recursos de apelación interpuestos con fecha 25.10.2013 por el señor Fiscal Federal Nº 1 de Córdoba (fs. 2929/2931) y con fecha 6.11.2013 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – pretenso querellante particular- (fs. 2958/2961), en contra de la resolución dictada con fecha 22.10.2013 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba (2912/2928), en cuanto dispone “RESUELVO: I. ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de Tovfigh Rafii Ramin y Juan Manuel Nieto en carácter de coautores (art.45 del CP), Oscar Barrientos Pérez, Martín Gustavo Aldorino, Ludsela Garay Macchaa, José Andrés Calderón Ochoa, Ricardo Moyano, Alejandra Veronesi, Julia Hilda Guillén Bravo, Ramón Benigno Silva, Cintia Magalí Blancas Valero y Nancy Huaynalaya Camargo, ya individualizados, en carácter de partícipes necesarios (art. 45 del CP) del delito de facilitación de manera habitual la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objeto de obtener un beneficio económico encuadra en el art. 117, agravado por los arts. 119 y 120, inciso “a” de la ley 25.871, haciendo la expresa mención de que la formación de la presenta causa penal no ha afectado el buen nombre y honor del que pudieran haber gozado los imputados en cuestión (conf. art. 336 inc. 3º del CPPN). II. ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de Tovfigh Rafii Ramin, Juan Manuel Nieto, Martín Gustavo Aldorino, Néstor Emilio Uncini, Aquiles César Mugnaini, Oscar Manuel Barrientos Pérez, Ludsela Garay Macchaa, Julia Hilda Guillén Bravo, Ramón Benigno Silva, Nancy Huaynalaya Camargo, Cintia Magali Blancas Valero, Gustavo Javier Espinel Díaz y Maximiliano Auad –ya filiados- en orden a los delitos imputados por el sr. Fiscal Federal ante esta sede, calificados como trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada y por el número de víctimas (art. 145 bis incisos 2 y 3; art. 45, ambos del CP); haciéndose
  2. 2. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A expresa mención que la formación de la presente causa no ha afectado el buen nombre y honor que hubieren gozado las personas investigadas (conf. art. 336 inc. 3º del CPPN). III. ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de Tovfigh Rafii Ramin, Juan Manuel Nieto, Néstor Emilio Uncini, Aquiles César Mugnaini, Oscar Barrietos Pérez, Ludsela Garay Macchaa, y Maximiliano Auad en orden al delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación laboral, por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada y por el número de víctimas (art. 145 ter, incisos 1 y 3 y art. 45, ambos del art. 45 del CP), haciéndose expresa mención que la formación de la presente causa no ha afectado el buen nombre y honor que hubieren gozado las personas investigadas (conf. art. 336 inc. 3º del CPPN). IV. PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER” con sus ampliaciones de fecha 28.10.2013 (fs. 2934) y 31.10.2013 (fs. 2940). Y CONSIDERANDO: I. Se presenta ante esta Alzada la cuestión de resolver acerca de la procedencia del recurso de apelación deducido por el señor Fiscal Federal y el pretenso querellante particular, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en contra de la resolución dictada por el señor Juez Titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba con fecha 22.10.2014, la cual fue transcripta precedentemente. II. Mediante la resolución citada, el señor Juez Federal dispuso dictar el sobreseimiento de Ramin Tovfigh Rafii y Juan Manuel Nieto en carácter de co-autores; y de Oscar Barrientos Pérez, Martín Gustavo Aldorino, Ludsela Garay Macchaa, José Andrés Calderón Ochoa, Ricardo Moyano, Alejandra Veronesi, Julia Hilda Guillén Bravo, Ramón Benigno Silva, Cintia Magali Blancas Valero, Nancy Huaynalaya Camargo y Gustavo Javier Espinel Díaz, en carácter de partícipes necesarios, en orden al delito de facilitación de manera habitual la permanencia ilegal de extranjeros en el país con objeto de obtener un beneficio económico agravado por el art. 119 y 120 de la ley 25.871. Asimismo, dispuso el sobreseimiento de Ramin Tovfigh Rafii, Juan Manuel Nieto, Néstor Emilio Uncini, Aquiles Mugnaini, Oscar Manuel Barrientos Pérez, Ludsela Garay Macchaa, Julia Hilda Guillén Bravo, Ramón Benigno Silva, Nancy Huaynalaya Camargo, Cintia Magalí Blancas Valero, Gustavo Javier Espinel Díaz y
  3. 3. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Maximiliano Auad, en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Por último, el Magistrado dispuso el sobreseimiento de Ramin Tovfigh Rafii, Juan Manuel Nieto, Néstor Emilio Uncini, Aquiles Mugnaini, Ludsela Garay Macchaa, Maximiliano Auad y José Andrés Calderón Ochoa en orden al delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación laboral. Respecto de la facilitación de manera habitual la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objeto de obtener un rédito económico, el Magistrado sostuvo que, de acuerdo a las constancias de autos, no surgen elementos que permitan inferir que las personas imputadas facilitaban la permanencia habitual de extranjeros para obtener un rédito económico, sino que por el contrario, y de acuerdo a los testimonios de las supuestas víctimas, surge que ellas entraron y permanecieron en el país por propia decisión. Asimismo, en relación al delito de acogimiento de personas mayores y menores de 18 años mediante abuso de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación laboral cometido por tres o más personas contra tres o más víctimas, sostuvo el Magistrado que teniendo en cuenta los informes psicológicos y testimoniales de las supuestas víctimas de trata laboral, no se advierte que se haya configurado el delito imputado por el señor Fiscal Federal toda vez que los dictámenes de los facultativos designados para la contención primaria de la supuesta “trata laboral de personas” son contundentes y contestes en afirmar que en ninguno de los talleres textiles haya existido alguna situación de explotación laboral. A ello agrega que en el caso bajo examen no se han dado los requisitos e indicios requeridos para la configuración del delito imputado. Así, expresa el Juez que de la prueba colectada surge que todas las supuestas víctimas afirmaron desempeñarse en los talleres textiles por su propia voluntad y relataron que cumplían un horario de trabajo fijo, que contaban con días y horarios de descanso y que percibían un salario acorde al rubro realizado. Agrega que no se advierte usurpación de la voluntad de los trabajadores ni situación de trata desde el punto de vista jurídico. III.- En contra de tal decisorio, con fecha 25.10.2013, el señor Fiscal Federal Nº 1 interpuso recurso de
  4. 4. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A apelación (fs. 2929/2931), por considerar que se llega a tal conclusión porque los hechos investigados no se han comprobado con el material probatorio incorporado en la causa. Asimismo, expresa que no se han evaluado las pruebas incorporadas en autos y que el resolutorio se basó en citar jurisprudencia en vez de analizar la prueba en el caso concreto. A ello agrega que no se analizó la prueba detallada en la solicitud de procesamiento de fs. 2631-2645. IV.- Con fecha 6.11.2013, el pretenso querellante particular, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada (fs. 2958/2961) y expresó en aquella oportunidad que también apela todos los puntos de la resolución del Juez de primera instancia toda vez que lo sostenido por el Magistrado en cuanto a que los hechos no han sido probados materialmente es falaz. Asimismo, manifiesta que no se ha efectuado una valoración sistemática, completa y lógica de la totalidad de la prueba en la causa. V.- Con fecha 16.10.2014 se celebró audiencia oral y pública en los términos del art. 454 del CPPN a los fines de recibir los agravios que dan fundamento a los recursos de apelación interpuestos conforme lo dispuesto por el art. 454 del CPPN los cuales surgen del acta de fs. 3170/3175, a cuyo texto nos remitimos. En primer lugar el señor Fiscal General expresó que mantenía la apelación del Fiscal de primera instancia en contra de lo resuelto por el Juez Federal Nº 1 de Córdoba en la cual se decide sobreseer a todos los imputados de la causa en orden a los delitos de facilitación de manera habitual la permanencia ilegal de extranjeros en el país con objeto de obtener un beneficio económico agravado por el art. 119 y 120 de la ley 25.871, trata de personas con fines de explotación laboral y trata de personas menores de edad con fines de explotación laboral. La apelación del Ministerio Público Fiscal se trata de una cuestión procesal: primeramente considera que el sobreseimiento del Juez Instructor es apresurado por cuanto no se ha terminado la investigación instructoria en la causa. Por otro lado, manifestó el doctor Lozada que la resolución es nula por carecer de fundamentación en base a la
  5. 5. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A valoración de la prueba y violatoria del art. 123 CPPN por ser una decisión arbitraria. Respecto al delito de trata con fines de explotación laboral, manifestó que el Juez Federal a fs. 2921-2922, hace afirmaciones genéricas que no dice de donde las saca y después cita jurisprudencia y que el Magistrado no ha realizado ninguna valoración de toda la prueba existente de los hechos imputados que se le había señalado en el escrito del Fiscal cuando solicitó el procesamiento de todos los imputados Sostiene el doctor Lozada que en la resolución apelada no se ha valorado la prueba señalada por el fiscal en el escrito de solicitud de procesamiento, en el cual se hace una descripción de la prueba y respecto a cada uno de los talleres y los imputados. Hace reserva de casación y del caso federal. Seguidamente, el representante del pretenso querellante particular, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Claudio Orosz sostuvo que su participación ha sido atacada como querellantes en esta causa, lo cual se encuentra actualmente en casación, a los fines de que ese Tribunal revise lo resuelto por la Cámara. Dicho ello, el doctor Orosz expresó que viene a sostener la apelación interpuesta y que para dictar el sobreseimiento tiene que haber certeza negativa, lo que no se da en este caso. Adhirió a los dichos del señor Fiscal General y sostuvo que hay pruebas numerosas que realizarse. Por todo ello, adhiriendo a todos los dichos del señor Fiscal General, solicita que la resolución apelada sea revocada, como así también todos los sobreseimientos dispuestos en la misma. A continuación el doctor Biafore, corepresentante del pretenso querellante particular, manifestó que adhiere a lo dicho por el Fiscal General sobre el delito a la Ley de Migraciones en cuanto no hay fundamento respecto del mismo por parte del Juez. Con respecto al delito de trata, la convicción del juez ha estado basada en los testimonios de las víctimas. Agrega que tampoco se tuvo en cuenta el contexto y que los medios para lograr la vulnerabilidad son también la promesa de pago, el engaño sobre las condiciones de contratación y que en estos casos la víctima llega a prestar servicios en situaciones deshonrosas en Argentina porque antes estaba peor.
  6. 6. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Remarcó el doctor Biafore que la falta de apreciación de la prueba y tomar como estándar el testimonio de las victimas vician la fundamentación de la pieza resolutiva y por ello pide su nulidad. Por todo lo expuesto, los representantes del pretenso querellante solicitan la revocación de la resolución apelada por violación a la sana crítica racional y logicidad suficiente. Seguidamente, el defensor Sebastián López Peña defensor de Ramin Tovfigh Rafii, Juan Manuel Nieto, Aquiles Mugnaini y Maximiliano Auad solicitó se declare el desistimiento interpuesto por el Fiscal y el Querellante por la falta de fundamentación de los apelantes ya que han realizado una exposición general, sin analizar la causa en particular y que con ello no se reúnen los requisitos del art. 454 en cuanto establece que se deben fijar y exponer los agravios. Asimismo, solicitó se rechace la nulidad de los apelantes toda vez que considera que la resolución está sobradamente fundada sobre el sobreseimiento. Sostuvo luego que los imputados en esta causa son víctimas en lo particular porque se privó de la libertad a inocentes, se alteró su nombre y honor, se mancillo el patrimonio de la empresa y se afectó a su familia. Agregó que también son víctimas en general porque se ha mancillado la imagen del poder judicial y fiscal, que la actuación del Fiscal Senestrari se alejó de las normas básicas y del principio de objetividad y llevó adelante una instrucción irreal, llegando una conclusión con ausencia de premisas. Que en la causa hay remuneración de horas extras, posibilidad de renunciar, salir a merendar y que lo cierto y real es que de las decenas de víctimas ni una sola manifestó ninguna circunstancia del tipo objetivo que se asemeje a la trata. Por ello solicita el doctor López Peña que se declaren desistidos los recursos y subsidiariamente que se rechace la nulidad incoada toda vez que considera que la sentencia hace una acabada fundamentación. Seguidamente el doctor Roger Auad manifestó que en orden a la temeridad de la actuación de Senestrari sobre la imputación de su hermano Maximiliano Auad, ya que dice el Fiscal que conocía lo que hacia la empresa porque era el vicepresidente. Pero el defensor afirmó que eso no era así,
  7. 7. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A que su hermano era el director suplente. A ello agregó que él era asesor laboral de la empresa y que el Fiscal pidió informe sobre los juicios laborales de la misma todo lo cual consta en el expediente. Luego el doctor Ezequiel Mallía en ejercicio de la defensa de Emilio Uncini, Nancy Huaynalaya Camargo y Martín Aldorino, expresó que en orden a los recursos de apelación que impetraran el Fiscal de instrucción y el querellante particular, son formales y vacíos de contenido en virtud de que los fundamentos de la apelación en nada se repitieron en la audiencia. Sostuvo que en la audiencia sólo plantearon una nulidad de la resolución del sobreseimiento y en nada hicieron referencia a lo apelado en su oportunidad por lo que coincide con el doctor López Peña en que hay un desistimiento por parte de los recurrentes. Respecto de la nulidad, entendió que debe ser declarada inadmisible pues no se dan los fundamentos ni se dice cuáles son las normas vulneradas para entender que el resolutorio es nulo. Por todo lo expuesto, solicitó el desistimiento de los recursos impetrados y que se declare la nulidad incoada. A continuación el doctor Feliz López Amaya en representación de Ludsela Garay Maccha y José Andrés Calderón Ochoa sostuvo que sus defendidos son titulares del taller situado en calle Silvestre Remonda de barrio Alberdi. Expresó el defensor que debe rechazarse la apelación planteada por falta de fundamentación y que debe también rechazarse la nulidad impetrada. Por todo lo expuesto, el doctor López Amaya solicitó se rechace la apelación por carecer de fundamentación, que se rechace la nulidad incoada y hace reserva de caso federal y reserva de concurrir a tribunales internacionales. Seguidamente en su derecho a réplica, el doctor Pablo Landín, en ejercicio de la defensa de Carolina Veronesi se adhiere a los fundamentos de los abogados defensores que lo precedieron y solicitó se rechace la apelación y la nulidad articulada por el Fiscal por falta de fundamentación. Por otro lado, el doctor Luis Federico Suárez Quero en representación de Ramón Benigno Silva y Oscar Barrientos Pérez solicitó se rechace la apelación y la nulidad interpuestas.
  8. 8. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A VI.- Conforme al orden de votación, corresponde expedirse primero al doctor Ignacio María Vélez Funes, en segundo lugar al doctor José Vicente Muscará y en tercer lugar al doctor José María Pérez Villalobo. El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes dijo: Así expuesto brevemente el marco fáctico y jurídico de los agravios expuestos por los apelantes y réplicas escuchadas, corresponde introducirse específicamente a cada uno de ellos: I. Fundamentación del agravio que motiva la apelación Entrando a analizar la cuestión planteada en estos autos, corresponde en primer lugar referirse a la solicitud de los abogados defensores en esta causa, doctores Sebastián López Peña, Roger Agustín Auad, Ezequiel Mallía, Pablo Landín, Félix López Amaya y Federico Suárez Quero respecto del desistimiento de los recursos interpuestos por parte del Fiscal Federal y el pretenso querellante Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por considerar que los apelantes no han cumplido con lo establecido en el art. 454 del CPPN en su exposición realizada en la audiencia oral del día 16.10.2014. Sobre el punto cabe mencionar que tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como los representantes del pretenso querellante particular, en la audiencia prevista por el art. 454 del CPPN expusieron los agravios por los recursos de apelación respectivamente interpuestos, fundando aquellos aspectos que a su entender resultaban de relevancia para los intereses que representan, tanto el Ministerio Público como el Pretenso Querellante. Tal como surge del acta correspondiente a la audiencia del día 16.10.2014, el Fiscal General expresó que la investigación se encuentra incompleta toda vez que faltan medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía por realizarse y por ello entiende que el sobreseimiento dictado es apresurado. Asimismo, en aquella oportunidad expresó que el Juez instructor no valoró toda la prueba existente en la causa y que aquella que fue valorada lo fue erróneamente, como los testimonios dados por las supuestas víctimas.
  9. 9. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A En la misma oportunidad, los representantes del pretenso querellante particular Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se adhirieron a los dichos del Fiscal General y manifestaron que el Juez no tuvo en cuenta el estado de vulnerabilidad de las supuestas víctimas al declarar en estos autos, a la vez que manifestaron que resta numerosa prueba de ser valorada por el magistrado. Así las cosas, considero que ha sido cumplimentado al menos mínimamente, por las partes apelantes la obligación de motivar y fundar el recurso de apelación conforme lo requiere el artículo. 454 del CPPN, correspondiendo en consecuencia no hacer lugar al pedido de desistimiento de los abogados defensores respecto a los recursos interpuestos por el señor Fiscal Federal y los representantes del pretenso querellante particular Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin imposición de costas. II. Nulidad por falta de fundamentación de la sentencia Seguidamente, cabe adentrarse al agravio propiciado por el Fiscal Federal y el pretenso querellante respecto a la falta de fundamentación de la sentencia de fecha 22.10.2013 dictada por el señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba. Así, respecto a la alegada arbitrariedad por falta de fundamentación que presentaría la resolución cuestionada manifestada por los recurrentes, debe señalarse que no basta disentir con la interpretación hermenéutica efectuada por el Tribunal actuante, basándose en una opinión doctrinaria y mucho menos personal diferente, sino que debe demostrarse que la resolución atacada se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptar conclusiones que no resulten derivación razonada de los hechos y el derecho vigente. En el caso concreto, aunque la Fiscalía y los representantes del pretenso querellante particular no compartan las conclusiones arribadas por el Juez, considero que se han brindado suficientes argumentos para justificar la decisión de sobreseimientos, excluyendo de esta manera la ausencia o falta de logicidad de la resolución impugnada y,
  10. 10. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A por ende, de la tacha de arbitrariedad atribuida a la misma por los quejosos. Asimismo, debe mencionarse que el Juez Federal Nº 1 de Córdoba, a lo largo de toda la resolución cuestionada analizó la prueba obrante en estos autos –informes psicológicos, declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias de los imputados y actas de procedimiento, entre otras- y fundamentó acabadamente su resolutorio, en el cual agregó además doctrina y jurisprudencia resonante en la materia en cuestión. Corresponde poner de resalto que la razón por la cual el Juez no ha valorado prueba ni diligenciado ciertos medios, encuentra su explicación en las razones dadas para arribar al sobreseimiento. En este sentido el magistrado se ha circunscripto al análisis de la existencia del hecho, al entender que no hubo explotación, no avanzando en el examen de demás particularidades del caso que tienen que ver con la vinculación entre los imputado, empresas y talleres, pues al descartar desde el comienzo el trabajo forzoso o involuntario resultaba inoficioso avanzar en las demás elementos constitutivos del ilícito penal denunciado, pues resultaba atípico los supuestos delitos atribuidos. Así las cosas, por todo lo expresado anteriormente, soy de la opinión que se dan en la resolución atacada los requisitos de fundamentación suficientes establecidos en el art. 123 del CPPN debiendo en consecuencia no hacer lugar a la nulidad solicitada por el Fiscal General y los representantes del pretenso querellante particular, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto del decisorio apelado. III. Atribución del hecho de trata de personas por explotación laboral. Habiendo sorteado el planteo de nulidad por falta de fundamentación de la sentencia de sobreseimiento a favor la totalidad de los imputados en la presente causa, corresponde ahora abordar los demás planteos efectuados por el Ministerio Público Fiscal y el querellante – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, los que se circunscriben a sostener que en la especie el sobreseimiento es apresurado o prematuro pues existe prueba suficiente para demostrar la existencia de los hechos atribuidos y la participación
  11. 11. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A responsable de los imputados, propiciando incluso su procesamiento, como en su momento lo solicitó el Fiscal Federal nº 1 de Córdoba al Juez de Instrucción que interviene en la presente causa. A los fines de un adecuado tratamiento de la cuestión, el análisis debe comenzar por verificar sobre la existencia o no del hecho descripto en el requerimiento de instrucción que fue calificado a los efectos de receptar declaración indagatoria a los imputados como trata de personas por explotación laboral (art. 145 bis del Código Penal, conforme texto de la ley 26.364 30/4/2008). Básicamente se le atribuye a los encartados que “desde fecha no determinada con exactitud pero anterior al día 28 de marzo del 2011, los imputados Rafii Ramin Tovfigh y Juan Manuel Nieto, en calidad de dueño y gerente de producción respectivamente de la firma ANAVI S.A., a través de ésta y de la firma Industrialización MGA S.R.L., la primera dedicada a la producción y venta por catálogo de prendas deportivas con la marca comercial "Vitnik", y con la finalidad de obtener ganancias extraordinarias en el marco de la actividad comercial que desarrollaban, se habrían dedicado a la explotación laboral de personas de origen peruano en los talleres textiles ubicados en calle Pasaje Marcilla N° 651 de Barrio Ducasse; Maciel N° 235 de Barrio San Martín; Videla Castillo N° 245/247 de Barrio San Martín; Escolástico Magan 1267 de Barrio General Mosconi; Bradley N° 4853 de Barrio San Roque; Julio A. Roca N° 458 de Barrio Güemes y de Silvestre Remonda N° 85/86 de Barrio Alto Alberdi, para de esa manera abaratar los costos de producción que su actividad comercial les insumía. Para el control y administración de la actividad a desplegar en los talleres referidos supra, los imputados habrían contado con la participación de los dueños o encargados de dichos talleres, personas en su mayoría de similar origen al de sus víctimas, que administrando y regenteando los talleres bajo las estrictas condiciones de Nieto y Tovfigh en cuanto a tiempo de entrega y escaso costo de producción y mano de obra habrían actuado como contactos en la tarea de captación de trabajadores en su país para ser explotados en sus talleres. Estos dueños o encargados de talleres efectuaban el regenteo de los mismos cumpliendo las
  12. 12. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A instrucciones que Nieto y Tovfigh les impartían, sea en forma directa, o bien a través del coimputado Martín Gustavo Aldorino, con la imposición de tiempos de entrega y costos ínfimos de producción, condiciones sin las cuales no se mantenía la contratación de tales talleres con las empresa ANAVI S.A. y/o Industrialización Textil MGA, despreciando sus dueños, las condiciones inhumanas y de explotación laboral que acarreaba acceder a esos escasos costos de producción y tiempo de entrega. En ese contexto, los imputados habrían captado y acogido a gran cantidad de personas de nacionalidad peruana, muchas de ellas en condiciones migratorias ilegales (con visa turística, sin residencia o sin documentos), por lo menos dos de ellos menores de edad, alojándolos en inmuebles precarios, carentes de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, higiene y habilitación, donde les habrían impuesto jornadas laborales que excedían los horarios y condiciones reglamentarios. En algunos de esos casos habrían dispuesto de los inmuebles que funcionaban como talleres clandestinos, carentes de seguridad, salubridad, limpieza y habilitaciones, para que parte de las víctimas pernoctaran en colchones en muy mal estado de conservación e higiene esparcidos por el piso entre máquinas de coser, retazos, restos de material de costura y bolsas de grandes dimensiones que contenían en su mayoría cortes, prendas y accesorios para ropa de la marca Vitnik. En alguno de los talleres, además de dormir entre elementos de trabajo como se describió supra, poseían precarias instalaciones armadas con tabiques de madera que hacían las veces de dormitorios, siempre con instalaciones sanitarias (baños y cocinas) insalubres e insuficientes. Para llevar a cabo dichas conductas los imputados habrían contado con la participación de: Martín Gustavo Aldorino, quien además de las actividades que se describirán infra, siendo el titular de uno de los talleres textiles, ubicado en Pje. Marcilla N° 651 de Barrio Ducasse de la ciudad de Córdoba, denominado “Industrialización MGA S.R.L.”, recibía las instrucciones de Nieto y Tovfigh, sobre las condiciones de contratación de los demás talleres aludidos, haciéndoles éste cumplir condiciones de tiempo de entrega y costos de producción irrisorios, ejerciendo un importante control sobre ellos y condicionándolos a dichos requisitos para continuidad de la
  13. 13. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A contratación para la costura de las prendas marca Vitnik. -Aquiles Cesar Mugnaini, quien, con conocimiento de las maniobras que se hallaban desplegando, les habría facilitado a Nieto y Tovfigh su nombre para figurar como presidente de la firma ANAVI S.A., mientras que desempeñaba para ellos tareas como contador de "Industrialización MGA S.R.L." con entero conocimiento de la existencia de los talleres clandestinos. -Maximiliano Auad, quien, con conocimiento de las maniobras que se hallaban desplegando, les habría facilitado a Nieto y Tovfigh su nombre para figurar como vicepresidente de la firma ANAVI S.A., mientras que desempeñaba para ellos tareas como abogado brindando su asesoramiento legal a éstos no solo respecto a cuestiones atinentes a la firma sino relacionadas al fuero laboral con entero conocimiento de la existencia de los talleres clandestinos. -Néstor Emilio Unsini, quien habría desplegado el rol de distribuidor de cortes y accesorios para las prendas Vitnik y recolector de productos terminados hasta y desde los distintos talleres textiles utilizados por Aldorino, Nieto y Tovfigh a través de ANAVI S.A. e Industrialización MGA S.R.L. Además, habría estado a cargo del proceso de lavado de prendas manufacturadas en su domicilio sito en calle Fuencarral 686 de Barrio Bella Vista. -Cintia Magali Blancas Valero y Oscar Manuel Barrientos Pérez, de quienes se habría valido Aldorino -aprovechando su condición de ciudadanos peruanos- para la tarea de captar con la promesa de trabajo bien remunerado y digno a personas de la misma nacionalidad con la finalidad de explotarlas laboralmente en el taller clandestino ubicado en calle Bradley N° 4853 de Barrio San Roque de esta ciudad. -Ludsela Garay Maccha, de quien se habrían valido Nieto y Tovfigh -aprovechando su condición de ciudadana peruana- quien habría tenido a su cargo la tarea de captar con la promesa de ofrecer trabajo bien remunerado y digno, a personas de nacionalidad peruana, para explotarlas laboralmente en el taller clandestino ubicado en calle Silvestre Remonda N° 85/6 de Barrio Alto Alberdi de esta ciudad. - Nancy Huaynalaya Camargo de quien se habría valido Aldorino -aprovechando su condición de ciudadana peruana- quien habría tenido a su cargo la tarea de captar con la promesa de ofrecer trabajo bien remunerado y digno, a personas de nacionalidad peruana, para alojarlas y explotarlas
  14. 14. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A laboralmente en el taller clandestino ubicado en calle José Agüero N° 533 de Barrio Alto General Bustos de esta ciudad. - Y de Julia Ilda Guillén Bravo, Ramón Benigno Silva, Gustavo Espinel Díaz quienes siendo dueños o encargados de talleres textiles ubicados en la ciudad de Córdoba, donde Unsini llevaba los cortes para confeccionar las prendas de vestir, completando el circuito de fabricación de la ropa Vitnik en los talleres descriptos mediante la explotación de las personas que allí trabajaban, a quienes les pagaban sumas irrisorias por su producción”. Conforme a la plataforma fáctica fijada en la acusación fiscal, a los efectos de una correcta valoración de la prueba incorporada en autos resulta indispensable previamente desarrollar el marco normativo que rige la cuestión sometida a este pronunciamiento y por las cual han ejercido la defensa material y técnica los imputados. Las conductas atrapadas por el delito de trata de personas, en su redacción originaria (26.364) como así también en el texto actual (luego de la modificación efectuada por Ley 26.842), comprenden una serie de acciones tendientes al reclutamiento de personas con el objeto de ser explotadas. De esta forma, la modalidad delictiva aquí analizada se caracteriza por utilizar como sujeto primario y necesario al ser humano, valiéndose para su captación de distintos medios comisivos doblegantes de la voluntad, o aprovechándose de la particular situación de las víctimas, quienes en ocasiones no puedo prestar válidamente su consentimiento para las actividades abusivas en las que son utilizados, sea por su inmadurez o situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran, originada en su escasa cultura, falta de arraigo, cuestiones de género, de exclusión social o de bajos recursos, entre otras circunstancias que permiten su sometimiento. El legislador se ha ocupado de describir como conductas típicas los distintos eslabones que componen la larga cadena de acciones destinadas al reclutamiento de personas con la finalidad ilícita de explotación. De esta manera, se tipifica como delito la captación, que comprende la actividad tendiente a ganar la voluntad de la víctima. También el transporte, frecuente en este particular delito que se caracteriza por el traslado de las personas desde el lugar
  15. 15. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A donde residen originariamente –generalmente zonas pobres y de escasos recursos- hasta el lugar donde finalmente se va a llevar a cabo la explotación laboral -grandes urbes con concentración de capitales y requerimiento de mano de obra barata-. Y por último se comprende al acogimiento o receptación de las personas en estas condiciones, es decir quien da alojamiento, hospeda o esconde a la víctima del delito, para poder finalmente explotarla, en condiciones indignas y retribuciones escasas. Ahora bien, todas estas conductas para constituir el delito de trata de personas, conforme al lugar sistemático que ocupan en el ordenamiento jurídico penal dentro del Código Penal, deben afectar de alguna manera la libertad o autonomía personal, sea limitando de alguna forma su desplazamiento ambulatorio -no siendo necesario que sea de manera absoluta- y también la libertad psíquica de los individuos explotados, quienes muchas veces sin bien pueden trasladarse de un lugar a otro, son llevados a una situación de extremo sometimiento, que implica prácticamente el desconocimiento de su condición de ser humano. Sin embargo, lo que caracteriza a este delito que lo distingue de otras figuras delictivas que afectan la libertad es la finalidad que trasciende a las conductas típicas de captación, transporte y acogimiento. Lo que la doctrina especializada denomina como ultra intención. Es decir, la comisión del delito requiere que el autor proyecte sobre las personas a quienes tiene cautiva una finalidad específica, su explotación, no siendo necesario para la consumación del delito que esta se concrete. La figura solo exige que las acciones típicas tenga el propósito específico de llevarla a cabo. Las explotaciones típicas que sólo eran tenidas en cuenta como delictivas por la legislación vigente al momento de los hechos eran idénticas a las indicadas en el artículo 3 inciso a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de Palermo (Ley 25.632 BO 30.08.2002). Concretamente comprendía: a) la reducción a servidumbre y esclavitud, b) la explotación laboral, c) explotación sexual y d) el tráfico de órganos (art. 4 de ley 26.364), en la
  16. 16. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A actualidad se amplió a la pornografía infantil y matrimonios forzados (ley 26.842). Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta la forma en la cual se fijaron los hechos en la plataforma fáctica de la promoción de acción penal, debe establecerse en primer termino si existió por parte de los imputados la captación y acogimiento de personas con la finalidad de ser explotados laboralmente, para luego avanzar sobre el aspecto subjetivo y eventualmente sobre el grado de participación que tuvo cada uno de los intervinientes. Previo al desarrollo probatorio conviene precisar que la sola contraposición a las leyes laborales no significa por sí que estemos frente a trabajos o servicio forzados. Entiendo que no resulta una tarea simple en la casuística efectuar una distinción sin dificultad, sin embargo resulta un instrumento conceptual de suma utilidad la definición sobre trabajo forzado establecida en el artículo 2.1 del Convenio n° 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso de 1930 al decir que es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para la cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Claramente por la forma larvada en la cual se da este tipo de privación de la libertad, no se requieren medios coactivos e intimidatorios para concretarla, pues como lo indica el informe de la Asociación de la Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) sobre trata de personas con fines de explotación laboral del 2006 “en la mayoría de casos, se producen los dos tipos explotación a la vez, que la víctima sometida a explotación laboral trabaje bajo condiciones de explotación para pagar una deuda que no sabe cuándo se saldará y que también trabaje bajo amenazas, castigos (…), ya que son medios de mantener a la víctima sometida y realizando el trabajo pactado” (pag. 40). Conforme a tal entendimiento, debe ser valorado en primer término el resultado final de una investigación que se inició el 31.08.2009, materializada en los allanamientos que tuvieron por objeto constatar la existencia de personas que eran explotadas laboralmente en el marco de un emprendimiento textil de las sociedades comerciales titulares de la marca Vitnik y los talleres que eran subcontrados por esta firma.
  17. 17. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Conforme surge de las actas donde se dejó constancia del resultado de los procedimientos y las fotografías tomadas sobre los distintos espacios de los inmuebles (fojas 92/99; 190/231; 1193/1217; 1225/1227; 1240/1243; 1253/1255; 1259/1261; 1266/1268; 1273/1276; 1287/1288; 1302/1304; 1309/1313; 1322/1324 y 1335/1337), no se desprende datos objetivos de relevancia que permitan por sí mismo acreditar un situación de precariedad laboral de tal magnitud como para sostener la existencia de un trabajo forzado e inhumano.. Ciertamente, no se dejo constancia alguna ni se fotografió circunstancias que por sí mismas o valoradas en forma conjunta con otra prueba den cuenta de condiciones extremas en las que se desarrollaba el trabajo textil de los obreros. Al respecto cabe agregar, que si pudo llamar la atención la existencia de un colchón en uno de los talleres allanados, circunstancia que sin lugar a dudas denota un claro exceso en el trato laboral pues no hay distinción entre el lugar de trabajo y el descanso. Sin embargo como fue puesto de manifiesto en la audiencia del día 16 de octubre de 2014, ese colchón era utilizado por el señor Barrientos explicando su abogado defensor el motivo de su existencia expresando que su defendido dormía en el suelo ya que esa era su casa y dormía al lado de sus máquinas, toda vez que el taller de su cliente era al mismo tiempo su hogar y no existían divisiones dentro del inmueble. Ahora bien el nombrado resultó imputado en esta causa y no víctima de una explotación laboral. Otra circunstancia que es de suma relevancia para el esclarecimiento de la existencia del hecho, consiste en la registración que existía de los trabajadores que prestaban servicios en los talleres, algo que sin lugar a dudas tiene importancia pues nos indica al menos una falta de clandestinidad y el sometimiento a controles de los organismos destinados a velar por la seguridad y regularidad en el trato de los trabajadores. Sin lugar a dudas otro dato que no puede soslayarse en este tipo de delitos son los informes psicológicos efectuados por nueve profesionales distintos que incluso formaban parte de la fuerza de seguridad que llevó adelante
  18. 18. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A esta investigación, donde todos coincidieron en la inexistencia de la explotación. En primer lugar me referiré a los informes psicológicos realizados por la Lic. Carina Duarte a los fines de valorar la posible situación de vulnerabiliadad frente a la explotación laboral y/o delito de trata de personas que pudiera surgir en el ámbito de talleres de costura. En la entrevista mencionada, la señora Marixa Rojas (1360/1361) expresó que consiguió el trabajo por un aviso publicitario en el diario en el cual se solicitaban costureros, llamó por teléfono y la contrataron inmediatamente. También manifestó que se trabajaba de lunes a viernes 10 horas, y que tenía que tener sus papeles al día porque trabajaba en blanco. Con respecto a sus condiciones de trabajo destacó que se sentía cómoda y respetada por sus compañeros. En idéntico sentido se expresó la señora Gisela Mendoza (1362/1363) quien dijo que consiguió el trabajo por medio del diario y que se trabajaba de lunes a viernes 10 horas diarias, con una hora para almorzar. Destacó que el trabajo era en blanco, con aportes y obra social. Por último dijo con respecto a las condiciones de trabajo, que el lugar es amplio y siempre lo mantienen limpio entre ellos. El señor Nilo Pachecho (fs. 1364/1365) realiza la misma declaración sobre que se trabajaba de lunes a viernes 10 horas, con una hora diaria para comer y que iba a estar en blanco y con obra social y aportes. Por último, la señora Paola Leyra manifestó que encontró un avisó en el diario, llamo por teléfono y la contrataron inmediatamente y le ofrecieron trabajar 10 horas diarias, de lunes a viernes con un sueldo mensual de 2000 pesos. Seguidamente constan en el expediente los informes a cargo de las licenciadas en psicología Verónica Luciana Caradaghian y Griselda Conde a Mili Carolina Isla Candia, Antoniani Adrián Isla Candia, Sofía Lourdes Chupillon Muñoz, Olga Bolivar de la Rosa, Cristofer Jordán Cuevas Saez, Nancy Chaves Collantes, Helen Irene Castro Salvador. En ellas, sintéticamente, surge que tenían un horario de trabajo fijo (7:00hs. a 17:00hs. y de 8:00hs. a 15:00hs.) con descanso para
  19. 19. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A el desayuno y el almuerzo. En sintonía, todos manifestaron estar satisfechos con las condiciones de trabajo ya que están en blanco y tienen obra social y aportes. En el mismo sentido, a fs. 1377/1378 surge el informe realizado por la Lic. Andrea Arguello en el que a modo de conclusión expresa: “De las entrevistas realizadas puede inferirse que en general no habría personas víctimas de explotación laboral puesto que las mismas perciben un salario de pesos mil seiscientos, por jornadas de ocho horas de lunes a viernes y sábados medio día. Se encuentran a gusto con su trabajo y en sus tiempos libres disfrutan de distintas actividades que libremente deciden realizar”. Lo mismo surge de los informes de la Lic. María Guadalupe Sosa Tillard (fs. 1380/1383) en donde comunica que de las entrevistas realizadas no habría personas víctimas de explotación laboral puesto que le manifestaron haber convenido junto al dueño del taller las condiciones de trabajo. A fs. 1384/1388 glosan las entrevistas realizadas por la Lic. Griselda Conde surge que las personas trabajaban por su propia voluntad, en blanco, con un horario de 7:00hs. a 17:00hs, con una hora y media para el desayuno y el almuerzo. Por otro lado surgen los informes presentados por los Lic. José Ignacio Juárez Herrera (1389/1396) y del Lic. Damián Martínez (1397) constan que las personas entrevistadas no conciben a su trabajo como algo denigrante o indigno, sino por el contrario que los valoralizan y forma parte importante en el sentimiento de autorrealización personal. Por último, en el informe de la Lic. Mabel E. Yavarone (fs. 1401) se concluye que en las personas entrevistadas no se observan signos de victimación y muy conformes de trabajar en ese taller. Ahora si, con respecto a las declaraciones testimoniales (fs. 1403, 1404,1405,1406) no surge de sus manifestaciones situaciones que hagan inferir que existía explotación laboral en los lugares en donde trabajaban de costureros. Por el contrario, expresan que las condiciones de trabajo eran buenas y que se los trataba bien. De ninguno de ellos puede extraerse alguna circunstancia, comentario o referencia que indique el sometimiento a algún tipo de explotación o trabajo forzoso.
  20. 20. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A Claramente que, compartiendo el criterio expuesto por el querellante, no es de esperar que la víctima vulnerable pueda verse explotado o representar la situación que ella misma padece, sin embargo, más allá de la propia visión de su persona, lo cierto es que los testimonios recabados, tanto en los informes psicológicos y testimoniales receptadas a lo largo de la investigación, no han aportado datos objetivos a partir de los cuales pueda reconstruirse una situación de explotación. En otras palabras, más allá de la propia visión que pueda tener una persona sobre sí misma y la escasa valoración como ser humano, no hubo referencia alguna respecto a los salarios, jornadas laborales, condiciones climáticas, esfuerzos físicos, entre otros aspectos, a partir de los cuales se pueda acreditar una trabajo forzado obtenido en forma delictiva que lo distinga de una simple irregularidad laboral (en el caso que la hubiera). Más allá del estudio pormenorizado que se ha efectuado de las pruebas y datos que han sido incorporados a estas actuaciones a lo largo de más de cinco años de investigación policial y judicial, lo cierto es que durante la audiencia oral donde se receptó el informe al Fiscal General y querellante, no se ha indicado prueba concreta que indique en forma precisa cuáles fueron las condiciones extremas que llevan a considerar la existencia de explotación laboral. En efecto, salvo el testimonio prestado los día 31.08.2009 y 2.09.2014 por Isabel Angélica Fierro Valero (fojas 8 y 46/47) quien refirió a ciertas condiciones que eventualmente en caso de ser corroboradas con prueba independiente a esta declaración podrían constituir trabajo forzoso, lo concreto y real es que no se ha demostrado las circunstancias excepcionales en las cuales se llevaba a cabo la jornada laboral como lo indica la acusación desde el inicio de la investigación. La indicación genérica de las condiciones sobre las cuales se construiría la hipótesis de explotación laboral que utilizó el Fiscal General y la querella, generó en las defensas técnicas el pedido de falta de fundamentación, que si bien no fue acogido por el Tribunal por las razones expuestas al comienzo del presente pronunciamiento, por su generalidad
  21. 21. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A sin precisión expresa respecto de alguna de las víctimas o particularización sobre algún imputado, sin lugar a dudas ponen de manifiesto la imposibilidad material de indicar cuales fueron concretamente las circunstancias que pueden atribuirse a cada uno de los imputados en cuanto a la explotación laboral de seres humanos identificados en esta causa, estableciendo determinadas y concretas circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan al menos con probabilidad mantener a los imputados ligados a este proceso penal. Tampoco advierto que de la prueba colectada hasta al momento surjan nuevas medidas de prueba a realizar de modo tal que se pueda reconstruir la investigación en algún sentido como lo sostuvo el Fiscal General en la audiencia de exposición de agravios. Al respecto, habiendo transcurrido más de cinco años, no resulta razonable tiendo en cuenta los perjuicios que genera toda investigación penal sobre los sujetos que la padecen, convalidar mantener abierta una investigación penal que no ha avanzado en la recolección de prueba de cargo distinta a la calorada ahora. En efecto, más allá de la gravedad extrema del delito de trata de personas, ello no justifica en modo alguno su apertura sine die, pues el Estado se encuentra limitado su actividad de persecución y sanción de delitos por la razonabilidad republicana, que entre los principios que la integran, requiere la proporcionalidad, que en este caso claramente muestra una alta intensidad de la afectación de las personas sometidas al proceso frente al beneficio obtenido por el momento por el Estado en su actividad persecutoria. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 22.10.2013 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y sus aclaratorias de fechas 28.10.2013 y 31.10.2013 en cuanto se dispuso ordenar el sobreseimiento de Tovfigh Rafii Ramin, Juan Manuel Nieto, Oscar Barrientos Pérez, Martín Gustavo Aldorino, Ludsela Garay Maccha, José Andrés Calderón Ochoa, Ricardo Moyano, Alejandra Veronesi, Julia Hilda Guillen Bravo, Ramón Benigno Silva, Cintia Magalí Blancas Valero y Nancy Huaynalaya Camargo, Nestor Emilio Uncini, Aquiles César Mugnaini, Gustavo Javier Espinel Díaz, Maximiliano Auad de conformidad a lo establecido por el art.
  22. 22. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A 336 inc. 3° del CPPN; haciendo expresa mención que la formación de la presente causa penal no ha afectado el buen nombre y honor del que pudieran haber gozado los imputados en cuestión que han resultado sobreseídos. Respecto a las acusaciones formuladas al señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, doctor Enrique Senestrari, no corresponde a este Tribunal hacerlas suyas, por cuanto son valoraciones de la conducta funcional efectuadas por defensores en relación a los intereses de sus defendidos y en su caso, tendrán que ellos concurrir directamente ante la Procuración General de la Nación para enervar el procedimiento disciplinario que eventualmente pudiere corresponder. Sin Costas (art. 530 y 531 del CPPN). El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor José Vicente Muscara dijo: Adhiero a la solución brindada por el señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, en cuanto entiende que debe confirmarse el sobreseimiento de los imputados. Así voto. El señor Juez de Cámara Subrogante, doctor José María Pérez Villalobo dijo: Adhiero a la solución propiciada por los señores jueces preopinantes y por tal sentido me expido en idéntico sentido. Así voto. Por lo expuesto, SE RESUELVE: Por unanimidad I: NO HACER LUGAR al pedido de desistimiento de los abogados defensores respecto a los recursos interpuestos por el señor Fiscal Federal y los representantes del pretenso querellante particular Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación II.- NO HACER LUGAR a la nulidad solicitada por el Fiscal General y los representantes del pretenso querellante particular, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. III.- Confirmar la resolución n° 668/2013 dictada con fecha 22.10.2013 por el Juez Federal N° 1 de Córdoba y sus rectificatorias de fechas 28.10.2013 y 31.10.2013 en cuanto se dispuso ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de Tovfigh Rafii Ramin (DNI
  23. 23. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A 17.156.184), Juan Manuel Nieto (DNI 23.194.740), Oscar Barrientos Pérez (DNI 62.416.758), Martín Gustavo Aldorino (DNI/LE 18.402.634), Ludsela Garay Maccha (DNI 94.240.386), José Andrés Calderón Ochoa (DNI/LE 94.072.123), Ricardo Orlando Moyano (DNI/LE 14.629.213), Carolina Alejandra Veronesi (DNI/LE 28.113.954), Julia Hilda Guillen Bravo (DNI/LE 94.120.737), Ramón Benigno Silva (DNI/LE 14.655.586), Cintia Magalí Blancas Valero (pasaporte N° 41.954.182); Nancy Huaynalaya Camargo (DNI/LE 94.639.132), Nestor Emilio Uncini (DNI/LE 22.749.690), Aquiles César Mugnaini (DNI/LE 18.408.290), Gustavo Javier Espinal Díaz (DNI/LE 93.966.311) y Maximiliano Auad (DNI/LE 24.015.038) de conformidad a lo establecido por el art. 336 inciso 3) del Código Procesal Penal de la Nación, haciendo expresa mención que la formación de la presente causa penal no afecta el buen nombre y honor del que pudieran haber gozado los imputados en cuestión. IV.- Todo sin costas (art. 530 y 531 del CPPN). V.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen. IGNACIO MARIA VÉLEZ FUNES JOSÉ VICENTE MUSCARÁ JOSE MARÍA PEREZ VILLALOBO RODRIGO ALTAMIRA
  24. 24. Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

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