Prescripcion accion de cobro stcia

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Prescripcion accion de cobro stcia

  1. 1. PRESCRIPCIÓN EN IMPUESTO PREDIAL EN EL D.C.-Es de cinco años a partir dela fecha en que comenzó a regir el Decreto Distrital 807 de de1993%MANDAMIENTO DE PAGO-Al ser notificado un día después del término deprescripción, carece de eficacia%SUSPENSION DEL TERMINO DEPRESCRIPCIPON EN EL D.C.-No se aceptan causales distintas a las previstas enel artículo 818 del E.T.%INTERRUPCION DEL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN EN ELD.C.-No se aceptan causales distintas a las previstas en el artículo 818 delE.T.%SUSPENSION DE TERMINOS EN EL D.C.-Las previstas en los Decretos 807de 1993, 194 de 1994, 267 de 1995 y 405 de 1998 no afectan el plazo de 5 añospara la prescripción de la acción de cobroDe conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 y toda vez quela actora eligió el término fijado en el Decreto 807 de 1993, la prescripción se cuentadesde la fecha en que esta norma empezó a regir, esto es el 20 de diciembre de 1993.El artículo 817 del Estatuto Tributario dispone que la acción de cobro prescribe en eltérmino de cinco años, por lo que para el caso, ello ocurrió el 20 de diciembre de1998. Toda vez que el mandamiento de pago fue notificado personalmente el 21 dediciembre de ese año, la oportunidad de la Administración Distrital para realizar elcobro de las obligaciones del impuesto predial anteriores al año 1994 había concluido.Dentro de las causales de suspensión o interrupción de la prescripción no seencuentran situaciones diferentes, como la aplicación masiva de programas deformación o cultura ciudadana, que fueron los fundamentos de los decretos invocadospor la Administración. Así mismo, tampoco puede aceptarse que el Alcalde Mayor, através de un Decreto, modifique prescripciones de orden superior, como serían elDecreto con fuerza de Ley 1421 de 1993 o el Estatuto Tributario Nacional (D.E. 624 DE1989). Para la Sala, la suspensión de términos establecida en los Decretos Distritales807 de 1993, 196 de 1994, 267 de 1995 y 405 de 1998, no afecta el plazo de cincoaños que tenía la administración para iniciar la acción de cobro y por tanto nosuspendieron el término de prescripción para el cobro de las obligaciones. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejera Ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZBogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dos.Referencia:2500023270001999085001Actor: GABRIELA PARDO CÁRDENAS
  2. 2. Radicado: 12553EXCEPCIONES COBRO COACTIVOFALLODespués de haber sido negado el proyecto inicial presentado por el Consejeroconductor del proceso, Doctor Germán Ayala Mantilla, la Sala decide el recurso deapelación interpuesto por el Distrito Capital de Bogotá contra la Sentencia del 25 deabril de 2001, proferida por la Subsección “A” de la Sección Cuarta del TribunalAdministrativo de Cundinamarca, por la cual declaró la nulidad del acto administrativoque consideró no probadas las excepciones propuestas por la actora, por concepto delImpuesto Predial del inmueble de su propiedad, por los años 1989 a 1993. ANTECEDENTESLa Dirección de Impuestos Distritales de la Secretaría de Hacienda de la AlcaldíaMayor de Bogotá, D. C., profirió en contra de la señora GABRIELA PARDOCÁRDENAS el Mandamiento de Pago N° 127 del 31 de julio de 1998, notificadopersonalmente el 21 de diciembre de 1998, por concepto del impuesto predial unificadocorrespondiente al inmueble ubicado en la Transversal 66 N° 148-32 interior 14, por losperiodos gravables 1989 a 1993.La parte demandante, dentro del término establecido para el efecto, propuso lasexcepciones de pago y de prescripción, contra el Mandamiento de pago.Mediante Resolución N° 001583 del 11 de marzo de 1999, la Administración declaró noprobadas la excepciones propuestas.Contra la anterior actuación, el 19 de abril de 1999 se interpuso recurso de reposición,el cual fue desatado desfavorablemente mediante Resolución N° 311 del 18 de mayode 1999.
  3. 3. DEMANDALa señora GABRIELA PARDO CÁRDENAS actuando a través de apoderado judicial,en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demandacontra la Resolución N° 127 del 31 de julio de 1998 (Mandamiento de Pago), laResolución N° 001583 del 11 de marzo de 1999 que declaró no probadas lasexcepciones propuestas, y la Resolución N° 311 del 18 de mayo de 1999 confirmatoriade la anterior, con fundamento en los siguientes cargos:Excepción de Prescripción. Explicó que se solicitó en el memorial de excepciones, elreconocimiento de la prescripción, por haber transcurrido el término de cinco añosestablecido en el artículo 137 del Decreto 807 de 1993, que entró en vigencia el 20 dediciembre de ese año, así como en los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario.Añadió que el término de prescripción debía contarse a partir del 20 de diciembre de1993, por lo cual el plazo para el cobro de obligaciones anteriores a 1994 venció el 20de diciembre de 1998.Concluyó que el mandamiento de pago notificado el 21 de diciembre de 1998, resultóextemporáneo, sin que operara interrupción alguna.Excepción de Pago. Explicó el apoderado de la actora, que las obligacionesrelacionadas en el mandamiento de pago fueron canceladas oportunamente, sinembargo, no conserva los recibos, porque de acuerdo con el artículo 632 del EstatutoTributario, la obligación de conservar los soportes tributarios es por el término de 5años.
  4. 4. Agregó que solicitó a la Administración oficiar al Banco Unión Colombiano para queentregara toda la información relacionada con el pago de tales impuestos, como son lacopia de los cheques que se giraron para cancelarlos y la información microfilmada quepudiera tener, pero la entidad demandada negó la prueba, violando los artículos 742,743, 744 y 832 del Estatuto Tributario. CONTESTACIÓN A LA DEMANDAEl apoderado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., contestó la demanda,oponiéndose a las pretensiones de la misma y defendió la legalidad de los actosadministrativos demandados.En primer lugar, señaló que en el presente asunto no operó el fenómeno de laprescripción, teniendo en cuenta que el término de 5 años, señalado por el Decreto 807de 1993 fue suspendido por diversas normas: Artículo 166 del Decreto 807 de 1993, por un término de 14 días, entre el 20 de diciembre de 1993 y el 2 de enero de 1994. Decreto 196/94, el cual suspendió términos a partir del ocho (8) de abril de 1994 y hasta el ocho (8) de mayo del mismo año, para un total de 31 días. Decreto 267/95, el cual suspendió términos a partir del quince (15) de mayo de 1995 y hasta el siete (7) de julio del mismo año, para un total de 54 días. Decreto 405/98, el cual suspendió términos a partir del trece (13) de abril de 1998 y hasta el treinta (30) de abril del mismo año, para un total de 18 días.
  5. 5. En virtud de lo anterior, el término de 5 años se adicionó con 117 días y enconsecuencia el Mandamiento de Pago fue notificado oportunamente.En segundo lugar, indicó que la sola afirmación de la actora en el sentido de haberrealizado el pago que se cuestiona, no es suficiente para acreditarlo. SENTENCIA APELADALa Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,mediante Sentencia del 25 de abril de 2001, accedió a las súplicas de la demanda,declarando la nulidad de la actuación administrativa acusada.Citó la Sentencia del Consejo de Estado del 18 de septiembre de 1998, M. P. JulioEnrique Correa Restrepo, para concluir que se configuró la prescripción de laobligación, teniendo en cuenta que el Mandamiento de Pago fue notificado el 21 dediciembre de 1998, es decir, un (1) día después del término establecido en el Decreto807 de 1993.Agregó que no puede aceptarse que el término fue suspendido por los decretosdistritales citados, porque estos no pueden modificar normas superiores, como elEstatuto Tributario. RECURSO DE APELACIÓNEl apoderado del Distrito Capital de Bogotá interpuso oportunamente recurso deapelación contra la anterior providencia, para lo cual señaló que los Decretos citados,no pretenden modificar las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario
  6. 6. Nacional, sino suspender los plazos, para llevar a cabo las diferentes actuacionesadministrativas, incluyendo las de cobro porque en ese momento existían situacionesde apremio que impedían el desarrollo normal de sus funciones. ALEGATOS DE CONCLUSIÓNLa parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.La entidad demandada reiteró las explicaciones hechas con ocasión de lacontestación a la demanda y al recurso de apelación interpuesto.Agregó que los decretos que suspendieron el término de prescripción no han sidoanulados.El Ministerio Público se abstuvo en esta ocasión de emitir concepto. CONSIDERACIONES DE LA SECCIÓNCorresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderadodel Distrito Capital, en su condición de parte demandada, contra la Sentencia quedeclaró la nulidad de los actos que negaron las excepciones propuestas contra elmandamiento de pago del impuesto predial unificado a cargo de la actora, por elinmueble ubicado en la Transversal 66 N° 148-32 Interior 14, por los años gravables1989 a 1993.
  7. 7. El Decreto 807 de 1993, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá en uso de lasfacultades otorgadas por el Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico del Distrito),armonizó el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el EstatutoTributario Nacional, por lo cual el término de prescripción de obligaciones tributarias, deacuerdo con el artículo 137 del mencionado Decreto, “se regula por lo señalado en losartículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario”.De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 y toda vez quela actora eligió el término fijado en el Decreto 807 de 1993, la prescripción se cuentadesde la fecha en que esta norma empezó a regir, esto es el 20 de diciembre de 1993.El artículo 817 del Estatuto Tributario dispone que la acción de cobro prescribe en eltérmino de cinco años, por lo que para el caso, ello ocurrió el 20 de diciembre de1998. Toda vez que el mandamiento de pago fue notificado personalmente el 21 dediciembre de ese año, la oportunidad de la Administración Distrital para realizar elcobro de las obligaciones del impuesto predial anteriores al año 1994 había concluido.El argumento de la entidad apelante es que el término de prescripción fue suspendidopor 117 días, por los Decretos 807 de 1993, 196 de 1994, 267 de 1995 y 405 de 1998.Al respecto, el artículo 818 del Estatuto Tributario, aplicable por la remisión expresa delDecreto 807 de 1993, señala los eventos en lo cuales el término de prescripción puedeser interrumpido o suspendido: “Artículo 818.- Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de
  8. 8. pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: — La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. — La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del estatuto tributario. — El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del estatuto tributario.”Dentro de las causales de suspensión o interrupción de la prescripción no seencuentran situaciones diferentes, como la aplicación masiva de programas deformación o cultura ciudadana, que fueron los fundamentos de los decretos invocadospor la Administración.Así mismo, tampoco puede aceptarse que el Alcalde Mayor, a través de un Decreto,modifique prescripciones de orden superior, como serían el Decreto con fuerza de Ley1421 de 1993 o el Estatuto Tributario Nacional (D.E. 624 DE 1989).Para la Sala, la suspensión de términos establecida en los Decretos Distritales 807 de1993, 196 de 1994, 267 de 1995 y 405 de 1998, no afecta el plazo de cinco años quetenía la administración para iniciar la acción de cobro y por tanto no suspendieron eltérmino de prescripción para el cobro de las obligaciones.Las normas invocadas por el apelante tenían como finalidad facilitar el trámite deactuaciones que estaban surtiéndose en esos momentos, sin pretender otorgar unanueva oportunidad a la Administración para iniciar procesos de cobro que por lainactividad oficial, no se iniciaron oportunamente.
  9. 9. Toda vez que la actora presentó la excepción de prescripción de las obligaciones porhaber cumplido el término para iniciar la acción de cobro establecido en la ley, eraprocedente decretarla, como lo aceptó el Tribunal de primera instancia, por lo cual, laSala confirmará la Sentencia apelada.En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de laLey, FALLACONFÍRMASE la Sentencia del 25 de abril de 2001, proferida por la Subsección “A” dela Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Envíese copia al Tribunal de origen. Cúmplase.Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de lafecha.GERMÁN AYALA MANTILLA LIGIA LÓPEZ DÍAZ PRESIDENTE DE LA SECCIÓN -SALVO VOTO-MARIA INES ORTIZ BARBOSA JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ RAÚL GIRALDO LONDOÑO SECRETARIOReferencia:2500023270001999085001Actor: GABRIELA PARDO CÁRDENASRadicado: 12553
  10. 10. EXCEPCIONES COBRO COACTIVOFALLOEl proyecto inicial fue negado al doctor Ayala.PRESCRIPCIÓN – Impuestos DistritalesNo puede aceptarse que el Alcalde Mayor, a través de un Decreto, modifiqueprescripciones de orden superior, como serían el Decreto Ley 1421 de 1993 o elEstatuto Tributario.Para la Sala, la suspensión de términos establecida en los Decretos 807 de 1993, 196de 1994, 267 de 1995 y 405 de 1998, no incluye el plazo de cinco años que tenía laadministración para iniciar la acción de cobro y por tanto no suspendieron el término deprescripción de las obligaciones
  11. 11. Debido a las múltiples consultas que recibe nuestro consultorio virtual en materia de prescripción,hemo desarrollado este tema para socialización, debate y consulta en el Tema de la Semana.La prescripción y la incompetencia temporal en materia de liquidación, son modos de extinguir laobligación tributaria, que requieren para su operancia el transcurso del término de cinco añoscontados a partir de cada caso en particular, la inacción por parte de la administración territorial y larenuencia al pago por parte del contribuyente.La prescripción no se interrumpe por la notificación del acto de determinación oficial del tributo, todavez que existen causales expresas, tales como, el otorgamiento de facilidades de pago, la notificacióndel mandamiento de pago y el hecho de que el sujeto pasivo se vea incurso en un proceso concursal oen una liquidación forzosa administrativa.Concepto de Prescripción ExtintivaLas obligaciones tributarias están sujetas al paso del tiempo para su nacimiento, determinación de suvigencia y exigibilidad. Para la regulación de lo último, se prevé la prescripción extintiva.La prescripción extintiva de acuerdo con lo establecido en el Código Civil (artículo 2512) es un modode extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechosdurante cierto tiempo. En este orden de ideas, la prescripción extintiva se constituye en unapresunción del desinterés del acreedor –entidad territorial– para reclamar su derecho y destruye elvínculo entre éste y su deudor –sujeto pasivo o contribuyente–.¿Qué se requiere para que opere la prescripción?La prescripción extintiva o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:(i) El transcurso del tiempo requerido para suoperancia. Una vez determinada la obligación, ya sea porel contribuyente (a través de declaración) o por la administración departamental, distrital o municipal(a través de acto administrativo), comenzará a correr el término para que opere la prescripción.(ii) La inacción por parte de la entidad territorialacreedor de la obligación. La administracióndepartamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligaciónpecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser unadeclaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento lasactuaciones tendientes al cobro de la obligación.(iii) Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor. Es necesario que el sujetopasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y serehúse al pago de la obligación, a título de ejemplo se podríanutilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.Así las cosas, en los casos de solicitud de prescripción, siempre y cuando se verifique el transcurso deltiempo y los requisitos a que haya lugar, se recomienda a las administraciones tributarias ladeclaratoria de la prescripción, toda vez que de esta forma se evita acudir ante la jurisdicción de locontencioso administrativo y se agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de loscontribuyentes y deudores de la entidad territorial; además, se evitan posibles procesos de nulidad yrestablecimiento del derecho y de reparación directa por los daños que una renuencia injustificada,por parte de la administración en la declaratoria de la prescripción, pueda producir.En lo que respecta a la declaratoria de prescripción, esta será decretada, una vez comprobada suocurrencia, de oficio o a petición de parte, por el funcionario competente de acuerdo con la normainterna del departamento, distrito o municipio.
  12. 12. Contabilización del término de prescripción de la acción de cobroEl término de prescripción para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una entidadterritorial es de cinco años, con base en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de laLey 788 de 2002 que remiten al Estatuto Tributario Nacional.El término de cinco años se cuenta a partir de los siguientes casos señalados en el artículo 817 delEstatuto Tributario Nacional:Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligacionesfiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para lasdeclaraciones presentadas oportunamente.2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.Las circunstancias referidas a aquellos tributos de las entidades territoriales que imponen a los sujetospasivos la obligación formal de declarar (impuesto de industria y comercio, impuestos al consumo) seencuentran reguladas en la norma transcrita a efectosde la determinación del punto de inicio del término de prescripción.No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales la administración es quien determina laobligación tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro –cuando la liquidación larealiza la administración departamental–, contribución de valorización, etc.) surge la pregunta de, ¿apartir de qué momento se cuenta el término de prescripción de la obligación tributaria? Larespuesta es desde el momento en que el acto oficial de determinación del gravamen queda en firme;bajo estos parámetros, resulta imperioso que las entidades territoriales, en todos los casos en que lasnormas vigentes no exijan la declaración y liquidación privada del tributo, expidan dentro de lostérminos legales los actos administrativos respectivos (actos de determinación oficiales) los cuales,una vez ejecutoriados, servirán de título ejecutivo y de documento respecto del cual se contabiliza eltérmino de cinco años previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.En este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el título ejecutivo para que seinicie el conteo del término de prescripción, esto no implica que la administración tributaria territorialpara dicha expedición cuente con un plazo indefinido, pues la norma prevé este aspecto como seseñala a continuación.Competencia temporal para la determinación de las obligacionestributariasPor efecto de la aplicación del procedimiento del Estatuto Tributario, el término para determinar lasobligaciones tributarias es de cinco (5) años, el cual deberá contabilizarse a partir de:A. Cuando existe el deber formal de declarar y no se cumple con este deber formal, la administracióncuenta con 5 años contados a partir del vencimiento del término para declarar. Este caso supone laexistencia de un calendario tributario.B. Cuando corresponde a la administración liquidar el tributo, el término de los cinco años parahacerlo se cuenta a partir de: (i) si existe calendario tributario, a partir del vencimiento del plazo depago; (ii) si no existe calendario, desde el momento de causacióndel tributo que en el caso del impuesto predial será el primero de enero de cada año.
  13. 13. En cualquier caso, con la operancia de la prescripción o de la incompetencia de la administraciónterritorial para establecer el monto de la obligación tributaria, operaría el fenómeno de la extinción dela obligación, el cual debe ser manifestado a través de acto administrativo debidamente motivado.Actos que interrumpen el término de prescripción de la acción decobroEs generalizada la creencia en las administraciones territoriales, que la prescripción se interrumpe conla notificación del acto administrativo de determinación oficial del gravamen o la resolución en la quese impone una sanción.Lo anterior no tiene fundamento legal, motivo por el cual resulta forzoso tener como referente paraeste aparte el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional (modificado por el artículo 81 de la Ley 6de 1992) que establece:Artículo 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de laacción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento defacilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de laliquidación forzosa administrativa.Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desdeel día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato odesde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.Así lo que se interrumpe es la acción de cobro que impone la existencia de un título ejecutivo, motivopor el cual la expedición del mismo no puede interrumpirlo.Para precisar la idea resulta necesario advertir que tienen que presentarse los siguientes casos paraque se interrumpa el término de prescripción:(i) Notificación del mandamiento de pago. Una vez se inicia el proceso de cobro administrativocoactivo, al deudor se le notifica el mandamiento de pago en los términos establecidos en el EstatutoTributario Nacional y sólo hasta el momento en que se logre realizar la notificación se podrá hablar dela interrupción del término de prescripción que se encontraba corriendo.(ii) Otorgamiento de facilidades para el pago. Estas facilidades deben concederse en los términosseñalados en el mismo Estatuto Tributario Nacional, como quiera que esta es una norma deinterrupción especial dadas las especiales circunstancias previstas eneste texto normativo; motivo por el cual no resultan admisibles la concesión de plazos adicionales, lasamnistías, y otros instrumentos diferentes como formas de interrumpir la prescripción.(iii) Admisión del sujeto pasivo en procesos concursales y las liquidaciones forzosas administrativas.Lo que se pretende es que una vez se inicia un proceso concursal, respecto de la totalidad de lasacreencias se interrumpa el término de prescripción.Aunado a lo anterior, se considera relevante mencionar que la interrupción de la prescripción implicano sólo que se paralice la cuenta del término, sino que se prescinde del tiempo ya transcurrido y seelimina su efecto. La interrupción de la prescripción implica borrón y cuenta nueva. (basado en lascartillas de Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales)

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