Libro preliminar

BORRADOR DEL LIBRO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁMICO INTEGRAL PENAL
COMISIÓN DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL ESTADO | 17 de julio de 2013
LIBRO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
TÍTULO I
FINALIDAD
Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar la
intervención estatal para proteger la convivencia social frente a las
infracciones penales, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder
punitivo del Estado, a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:
Garantizar, dentro del ámbito penal, el respeto de los derechos1.
reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Esclarecer el hecho y proteger al inocente.2.
Juzgar a las personas con estricta observancia del debido proceso y3.
de ser el caso sancionarlas penalmente de forma proporcional.
Reparar integralmente a las víctimas por la violación de sus4.
derechos.
Promover la rehabilitación integral de las personas sentenciadas5.
penalmente para reinsertarlas en la sociedad, desarrollando sus
capacidades para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus responsabilidades al recuperar la libertad.
Promover el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad de las y6.
los ciudadanos y del orden social.
Potenciar las capacidades de las personas condenadas por7.
infracciones penales para ejercer derechos y responsabilidades.
Artículo 2.- Alcance normativo.- Las normas generales contenidas en
este Código orientan y condicionan la organización del sistema penal.
Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación.

TÍTULO II
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 3.- Principios generales.- En materia penal se aplicarán todos
los principios que emanan de la Constitución de la República, de los
Instrumentos Internacionales de derechos humanos y los siguientes
desarrollados en este Código:
El respeto de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos,1.
nacionalidades, comunas y colectivos.
Los sujetos procesales y todos quienes intervengan en el sistema2.
penal tratarán a todas las personas con igual consideración y no
discriminarán por motivo alguno.
No hay pena sin infracción penal.3.
No hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al4.
hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a
otras normas o disposiciones legales para integrarla.
No hay ley penal sin la necesidad de la pena.5.
No hay necesidad de la pena, sin acción u omisión dañosa, lesiva o6.
que ponga en peligro bienes jurídicos.
No hay acción u omisión punible sin culpabilidad.7.
No hay culpabilidad sin debido proceso.8.
No hay debido proceso sin respeto a la dignidad.9.
Artículo 4.- Principio de mínima intervención.- La intervención penal
estará legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la
protección de las personas, constituyendo el último recurso, cuando no
sean suficientes los mecanismos extrapenales.
CAPÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL
Artículo 5.- Tutela judicial.- Se garantiza a toda persona la tutela
judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con
sujeción a los principios de igualdad, inmediación y celeridad.
Artículo 6.- Dignidad humana y titularidad de derechos.- Los

intervinientes en el proceso penal son titulares de todos los derechos
humanos reconocidos por la Constitución de la República y los
instrumentos internacionales.
Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus
derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de
libertad. Serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos.
Artículo 7.- Principios procesales.- El proceso penal se regirá por los
siguientes principios, como parte de las garantías constitucionales del
debido proceso, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u
otras normas jurídicas:
Oficialidad: El proceso penal ordinario será impulsado por la o el1.
fiscal, sin perjuicio de gestión de parte.
Legalidad: Ninguna persona será sancionada por una acción u2.
omisión que, al momento de cometerse, no se encuentre tipificada en
la ley como infracción penal; ni se le aplicará una sanción no prevista
por la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juzgador
competente y con observancia del trámite propio de cada
procedimiento.
Favorabilidad: En caso de conflicto entre dos normas de la misma3.
materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho,
se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea
posterior a la infracción.
In dubio pro reo: La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria,4.
deberá tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la
persona procesada, más allá de toda duda razonable.
De inocencia: Toda persona mantiene su estatus jurídico de5.
inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no quede
ejecutoriada una resolución judicial definitiva que determine lo
contrario.
Oportunidad: La fiscalía podrá abstenerse de iniciar la investigación6.
penal o de desistir la ya iniciada, cuando la lesión al bien jurídico sea
mínima o irrelevante. La valoración para la aplicación de este
principio tendrá en cuenta la gravedad del daño ocasionado, la
importancia del bien jurídico protegido, el interés público y el de la
víctima.
Defensa: Ninguna persona podrá ser privada del derecho a la7.
defensa. En toda etapa o grado del proceso, contará con el tiempo y
los medios adecuados para su preparación y será escuchada en el
momento oportuno y en igualdad de condiciones.
Será asistida por una o un abogado de su elección o por una o un
defensor público. No se le podrá restringir el acceso ni la

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.
Ninguna persona podrá ser interrogada, ni siquiera con fines de
investigación, por la Fiscalía, una autoridad policial, o cualquier otra,
sin la asistencia de una o un abogado particular o una o un defensor
público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.
Será asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el
procedimiento. Las personas con discapacidad tendrán derecho al
uso de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación.
Igualdad: Se garantiza a la o el fiscal, a la persona procesada,8.
defensora, acusadora particular y sus representantes y a las víctimas
el ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución
de la República, los instrumentos internacionales de derechos
humanos y otras normas jurídicas.
Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación
procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su
condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de vulnerabilidad.
Doble conforme: Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo,9.
resolución o auto definitivo en todos los procesos en los que se
decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y este Código.
Prohibición de empeorar la situación del procesado: Al resolver la10.
impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la
persona que recurre cuando es la única recurrente.
Prohibición de obligación de incriminación: Ninguna persona podrá11.
ser obligada a declarar contra sí misma, ni podrá ser llamada a
declarar en juicio penal contra su cónyuge, conviviente, pareja o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, excepto en los casos de violencia intrafamiliar y delitos
contra la integridad sexual. Serán admisibles las declaraciones
voluntarias de las víctimas de una infracción o de los parientes de
éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas
podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.
Prohibición de doble juzgamiento: Ninguna persona podrá ser12.
juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los
casos resueltos por la jurisdicción indígena serán considerados para
este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles
derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y
sanción penal no constituye vulneración a este principio.
Comparecencia obligatoria: La persona que actuare como testigo o13.

perito estará obligada a comparecer ante la o el juzgador y a
responder al interrogatorio respectivo. En ningún caso la víctima será
obligada a comparecer.
Juzgador natural: Toda persona tiene derecho a ser procesada y14.
juzgada por una o un juzgador competente, independiente e
imparcial, determinado con anterioridad por la Ley y con observancia
del trámite propio de cada procedimiento. Nadie podrá ser juzgado
por tribunales de excepción ni por comisiones especiales creadas
para el efecto.
Intimidad: Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y15.
familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones
en su domicilio, residencia, o lugar de trabajo sino en virtud de orden
escrita de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades
y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción
previstos en este Código.
Oralidad: El proceso se llevará a efecto mediante el sistema oral y las16.
decisiones se tomarán en audiencia. Se utilizarán los medios
técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones
procesales. Los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en
los casos previstos en este Código.
Celeridad: El proceso será rápido y oportuno, tanto en la tramitación17.
y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Una
vez iniciado el proceso, los operadores de justicia están obligados a
proseguir el trámite dentro de los plazos legales y evitar dilaciones
innecesarias.
El trámite de los procesos penales y la práctica de los actos
procesales se llevarán a cabo en todos los días y horas, excepto en
lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos, en
cuyo caso correrán solo los días hábiles.
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a
las o los juzgadores y demás servidoras y servidores de la Función
Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad
con la ley.
Concentración: La o el juzgador deberá, reunir o concentrar y realizar18.
la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. Cada
tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la
información producida en la audiencia destinada para el efecto.
Contradicción: Los sujetos procesales deberán presentar, en forma19.
verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos;
replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar
pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra.
Seguridad jurídica y protección de derechos: La o el juzgador tienen20.
la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por
el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.
Corresponde a toda servidora o servidor judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de los sujetos
procesales.
Dirección judicial del proceso: La o el juzgador, de conformidad con21.
la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de
las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias.
En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las
partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las
demás acciones correctivas.
Impulso procesal: El impulso procesal corresponderá a las partes22.
procesales por el sistema dispositivo.
Publicidad: Todo proceso penal será público salvo los casos de23.
excepción previstos en este Código.
Inmediación: Las o los juzgadores celebrarán audiencia en conjunto24.
con los sujetos procesales; deberán estar presentes con las partes,
para la evacuación de la prueba, los medios de prueba y demás
actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso
penal.
Motivación: Las o los juzgadores deberán fundamentar25.
adecuadamente sus decisiones. En particular, deberán pronunciarse
en las sentencias o autos definitivos, sobre los argumentos y razones
relevantes expuestas por los sujetos procesales durante el proceso.
No habrá motivación si en la providencia no se enunciaren las
normas o principios jurídicos en los que se funda y no se explicare la
pertinencia de su aplicación. Los autos definitivos o sentencias que
no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.
Imparcialidad: Las o los juzgadores, en todos los procesos a su26.
cargo, deberán orientarse por el imperativo de administrar justicia de
conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la
igualdad ante la ley.
Gratuidad: El acceso y servicio a la administración de justicia penal27.
es gratuito, sin perjuicio de la condena al pago de costas procesales.
Cláusula de exclusión: Toda prueba obtenida con violación de las28.
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que
deberá excluirse de la actuación procesal.
Verdad procesal: Las o los juzgadores resolverán únicamente29.
atendiendo a los elementos aportados por las partes procesales. No
se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la o el

juzgador declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para
fundamentar su resolución.
Buena fe y lealtad procesal: En los procesos penales, las o los30.
juzgadores exigirán a las partes procesales y a las abogadas o
abogados que observen una conducta de respeto recíproco e
intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad.
Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de
abuso del derecho, el empleo de procedimientos de mala fe para
retardar indebidamente el proceso.
La parte procesal, su defensora o defensor y toda persona que
participe en el proceso penal, que indujere a engaño a la o el
juzgador serán sancionadas de conformidad con las normas
correspondientes.
Privacidad y confidencialidad: Las víctimas de delitos contra la31.
integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que
participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su
intimidad y la de su familia. Queda prohibido divulgar su identidad en
actuaciones judiciales, policiales o administrativas; así como también
toda referencia a documentación, nombres, sobrenombres, filiación,
parentesco, residencia, antecedentes penales, exhibición de
fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
Objetividad: En el ejercicio de su función, las y los fiscales adecuarán32.
sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta
aplicación de la ley y el respeto de los derechos de las personas. De
acuerdo con ese criterio, deberán investigar en igual medida no solo
los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad
de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o
extingan.
Moduladores de la actividad procesal: En el desarrollo de la33.
investigación y en el proceso penal, las y los servidores públicos y
judiciales se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad
y corrección en su comportamiento, a fin de evitar excesos contrarios
a la función pública, especialmente a la justicia.
Los principios previstos en los números 2, 3 y 7 de este artículo serán
aplicables, en lo pertinente, a la ejecución de penas.
Artículo 8.- Garantías en caso de privación de libertad.- En todo
proceso penal en que se hubiere privado de la libertad a una persona, se
observarán las siguientes garantías:
En delitos flagrantes, la persona deberá ser conducida de inmediato1.
ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se
deberá realizar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprehensión.

En el caso de contravenciones flagrantes la correspondiente
audiencia se realizará inmediatamente después de la aprehensión.
Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de2.
libertad sin una orden escrita emitida por la o el juzgador competente.
Las personas procesadas que se hallaren privadas de libertad
permanecerán en los centros de privación provisional de libertad
legalmente establecidos.
Se deberá verificar la edad de la persona procesada y, en caso de3.
duda, se aplicará la presunción de minoría de edad hasta que dicha
presunción sea desvirtuada por parte de la fiscalía dentro de la
investigación.
Al ser detenida, toda persona, tendrá derecho a conocer, en forma4.
clara y específica, las razones de su detención, la identidad de la o el
juzgador o autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a
cabo y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.
También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a
exigir la presencia de una abogada o abogado, o de una defensora o
defensor público en caso de que no lo hubiere designado, y a
comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.
Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la5.
detención informará inmediatamente al representante consular de su
país.
Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada6.
o sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios.
Sin excepción alguna, dictado auto de sobreseimiento o sentencia7.
absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su
libertad, aun cuando estuviere pendiente cualquier consulta o
recurso.
CAPÍTULO TERCERO
PRINCIPIOS RECTORES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y
LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Artículo 9.- Separación.- Las personas privadas de libertad serán
alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas
secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u
orientación sexual, edad, la razón de su privación de libertad, necesidad
de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad
o del personal o las necesidades especiales de atención, según las
disposiciones del Libro Tercero de este Código.
En ningún caso, la separación de las personas privadas de libertad será
utilizada para justificar la discriminación, imposición de torturas, tratos o

penas crueles, inhumanas o degradantes, o condiciones de privación de
libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de
personas.
Artículo 10.- Tratamiento.- En la rehabilitación de las personas privadas
de libertad se tendrán en consideración sus necesidades, capacidades y
habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme a la ley,
trabajar y respetar a los demás.
Artículo 11.- Participación y voluntariedad.- La participación de las
personas privadas de libertad en las actividades y programas optativos
implementados en los centros de privación de libertad será integral,
individual y voluntario.
Artículo 12.- Prohibición de privación de libertad en centros no
autorizados.- Se prohíbe cualquier forma de privación de la libertad en
instalaciones o lugares no autorizados legalmente, así como toda forma
de arresto, coerción o privación de la libertad derivada de procedimientos
disciplinarios administrativos.
TÍTULO III
DERECHOS
CAPÍTULO PRIMERO
DERECHOS DE LA VÍCTIMA
Artículo 13.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las
infracciones gozará de los siguientes derechos:
A proponer acusación particular de conformidad con las normas de1.
este Código; de igual modo, tendrá derecho a no participar en el
proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento.
A la adopción de mecanismos para una reparación integral de los2.
daños sufridos que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la
verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la
indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la
satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación
adicional que se justifique en cada caso especifico.
A que el Estado sea responsable de la reparación a las víctimas de3.
infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes,
sin serlo, hubieren contado con la autorización o aquiescencia de
agentes del Estado.
A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así4.

como la de sus familiares y los testigos que declaren a su favor.
A no ser revictimizadas, particularmente en la obtención y valoración5.
de las pruebas, incluida su versión. Se las protegerá de cualquier
amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán
utilizar los medios tecnológicos pertinentes.
A ser asistidas antes y durante la investigación, las etapas del6.
proceso y el incidente de reparación integral por una abogada o un
abogado particular o del Estado.
Ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el
procedimiento, así como recibir asistencia especializada.
A que se consideren sus intereses, al adoptar una decisión sobre7.
bienes jurídicos de su disposición en relación al ejercicio de la
persecución de la infracción penal.
A ingresar al sistema nacional de protección y asistencia efectiva a8.
víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo
con las disposiciones de este Código y la ley.
A recibir asistencia integral de profesionales adecuados a sus9.
necesidades durante el proceso penal.
A ser informada por la Fiscalía del estado de la investigación10.
preprocesal y de la instrucción.
A ser informada del resultado final del proceso, en su domicilio, si11.
fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él.
A ser tratadas en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar12.
medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación,
proceso y reparación, en relación a su dignidad humana.
En caso de tratarse de una víctima de nacionalidad distinta a la
ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del
territorio nacional, por razones humanitarias y personales de la víctima,
de acuerdo con las condiciones del programa nacional de protección y
asistencias de víctimas, testigos y demás participantes del proceso
penal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD
Artículo 14.- Derechos y garantías de las personas privadas de
libertad.- Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución de la República y los
Instrumentos Internacionales de derechos humanos:

Integridad: Toda persona privada de libertad tiene derecho a la1.
integridad física, psíquica, moral y sexual. Se respetará este derecho
durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad.
Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o
cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá
invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos.
Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas,
condición social, género u orientación sexual.
Libertad de expresión: Toda persona privada de libertad tiene2.
derecho a recibir información, dar opiniones y difundirlas por
cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación
de libertad. Excepcionalmente, por razones de seguridad
debidamente motivadas y por disposición de la o el juzgador, podrá
restringirse este derecho.
Libertad de conciencia y religión: Toda persona privada de libertad3.
tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y
se facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión
alguna. Se respetarán los objetos personales con estos fines,
siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del centro de
privación de libertad.
Trabajo, educación, cultura y recreación: El Estado reconoce el4.
derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas
privadas de libertad, y garantiza las condiciones para el ejercicio de
estos derechos. El derecho al trabajo podrá desarrollarse mediante
asociaciones con fines productivos y comerciales.
Privacidad personal y familiar: Toda persona privada de libertad tiene5.
derecho a que se respete su vida privada y la de su familia.
Protección de datos de carácter personal: La persona privada de6.
libertad tiene derecho a la protección de sus datos de carácter
personal, que incluye el acceso y uso de esta información.
Asociación: Las personas privadas de libertad tienen derecho a7.
asociarse con fines lícitos y a nombrar sus representantes, de
conformidad con la Constitución de la República y demás normas
jurídicas pertinentes.
Sufragio: Las personas privadas de libertad por medidas cautelares8.
personales tienen derecho al sufragio. Este derecho será suspendido
para aquellas personas que tengan sentencia condenatoria
ejecutoriada.
Quejas y peticiones: Las personas privadas de libertad y cualquier9.
otra persona con legitimo interés en ello, tendrán derecho a presentar
quejas o peticiones ante el director del establecimiento penitenciario,
al funcionario autorizado para representarle o la jueza o juez de

garantías penitenciarias y recibir respuestas claras y oportunas.
Información: Las personas privadas de libertad, en el momento de su10.
ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tienen derecho a
ser informadas en su propia lengua acerca de sus derechos, las
normas del establecimiento y los medios de que dispone para
formular peticiones y quejas. Esta información debe ser pública,
escrita y estar a disposición de las personas en todo momento.
Condiciones adecuadas: Toda persona privada de libertad tiene11.
derecho a las siguientes garantías básicas:
a) A contar con una celda que posea la superficie necesaria en
relación a las personas que habiten en ella, así como ventilación
e iluminación adecuada. Se prohíbe el hacinamiento.
b) A acceder a servicios sanitarios suficientes de manera que se
proteja su intimidad y privacidad. En todo caso, se tomarán en
cuenta las normas de seguridad de las personas y del centro de
privación de libertad.
Para hacer efectivo este derecho se deberán considerar las
condiciones y necesidades específicas de cada grupo de la población
privada de libertad. Ninguna sanción disciplinaria podrá restringir
estas condiciones mínimas durante la privación de libertad.
Salud: Toda persona privada de libertad tiene derecho a la salud12.
preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, que
será oportuna, especializada e integral. Se deberán considerar las
condiciones específicas de cada grupo de la población privada de
libertad para garantizar el ejercicio de este derecho.
En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento
médico contará con personal femenino especializado para atender
las necesidades de las mujeres privadas de libertad. Además del
examen de rutina, se realizarán exámenes ginecológicos.
Todos los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán
gratuitos.
En casos de adicciones a sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud
Pública brindará, en los centros de privación de libertad, tratamientos
de carácter terapéutico o de rehabilitación, mediante consultas o
sesiones, con el fin de lograr la deshabituación, dicha atención se
realizará por personal calificado para el efecto.
Alimentación: Toda persona privada de libertad tiene derecho a una13.
nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares
apropiados para el efecto, tres veces al día, en las horas normales y
con intervalos razonables. La persona privada de libertad tendrá
acceso a agua potable en todo momento.

En todos los casos, se tomarán en cuenta las normas de seguridad
de las personas y del centro de privación de libertad.
Relaciones familiares y sociales: Toda persona privada de libertad14.
tiene derecho a mantener su vínculo familiar y social; por lo tanto,
deben estar ubicadas en centros de privación de libertad situados
cerca de su familia, a menos que la persona manifieste su voluntad
contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas o
para evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un
centro de privación de libertad situado en distinto lugar al de su
familia, domicilio habitual y juez natural.
La administración penitenciaria procurará que la persona privada de
libertad, preserve, fortalezca o restablezca sus relaciones familiares y
sociales externas.
Comunicación y visita: Sin perjuicio de las restricciones propias de15.
los regímenes de seguridad, toda persona privada de libertad tiene
derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos,
abogadas o abogados y a la visita íntima de su pareja, en lugares y
condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las
personas y del centro de privación de libertad.
El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones,
sin importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de
género.
Las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera podrán
comunicarse con representantes diplomáticos o consulares de su
país.
Se tomará en cuenta la aceptación de la persona privada de libertad
para recibir visitas.
El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un
privilegio; y, no se utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo
en aquellos casos en que el contacto represente un riesgo para la
persona privada de libertad o para la o el visitante. El Director del
centro de privación de libertad reportará a la jueza o juez de
garantías penitenciarias los casos de riesgo.
Sin excepción, se prohíben las visitas durante la noche.
Traslado: Toda persona privada de libertad sentenciada tiene16.
derecho a solicitar a la o el juez de garantías penitenciarias su
traslado a un centro de privación de libertad distinto de aquel en que
se encuentre, justificando las razones de su solicitud. Cuando el
traslado no fuere solicitado por la persona privada de libertad, la
autoridad que lo disponga justificará las razones de dicha acción e
informará a su familia o representante legal acerca de las
circunstancias y lugar del traslado

Libertad inmediata: Las personas privadas de libertad, cuando17.
hubieren cumplido la condena, recibido amnistía o indulto, o se
hubiere revocado la medida cautelar, serán puestas en libertad
inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la
presentación de la orden de excarcelación emitida por la autoridad
competente. Las o los servidores públicos que, sin causa justificada,
demoraren el cumplimiento de esta disposición serán removidos de
sus cargos, previo sumario administrativo sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias:18.
Las sanciones disciplinarias que se impusieren a las personas
privadas de libertad por contravenir normas previamente establecidas
en la ley, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se
pueden imponer medidas sancionadoras indeterminadas ni que
contravengan los derechos humanos.
TÍTULO IV
INTERPRETACIÓN
Artículo 15.- Interpretación e integración.- Las normas de este Código
deberán interpretarse o integrarse de conformidad con las siguientes
reglas:
La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más1.
se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta esto2.
es respetando el sentido literal posible de la norma.
Queda prohibida la utilización de la analogía como forma de3.
integración del derecho para crear infracciones penales, ampliar los
límites de los presupuestos legales que permitan la aplicación de una
sanción o medida cautelar, o para establecer excepciones o
restricciones de derechos.
La jurisprudencia y los precedentes sentados por la Corte Nacional4.
de Justicia en materia penal que establezcan o precisen el contenido
de los derechos de las personas procesadas, serán vinculantes en
las actuaciones y decisiones de las o los juzgadores penales.
TÍTULO V
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Artículo 16.- Ámbito espacial de aplicación.- Las normas de este

Código se aplicarán a:
Toda infracción cometida dentro del territorio nacional, salvo las1.
excepciones consagradas por el derecho internacional.
Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, en los2.
siguientes casos:
a) Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los
lugares sometidos a su jurisdicción.
b) Cuando la infracción penal fuera cometida en el extranjero, contra
una o varias personas ecuatorianas y no hubiere sido juzgada en
el país donde se la cometió.
c) Cuando la infracción penal se hubiere cometido por servidoras o
servidores públicos mientras desempeñen sus funciones o
gestiones oficiales.
d) Cuando la infracción penal afectare bienes jurídicos protegidos
por el Derecho Internacional, a través de instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que no se
hubiere iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción.
e) Cuando las infracciones constituyeren graves violaciones a los
derechos humanos, de acuerdo a las reglas procesales
establecidas en este Código.
Las infracciones cometidas por las servidoras y servidores de las3.
Fuerzas Armadas dentro del territorio de la República o a bordo de
naves o aeronaves militares o mercantes movilizados para el
servicio.
Las infracciones cometidas por las servidoras y servidores de las4.
Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del principio de
reciprocidad.
Artículo 17.- Ámbito personal de aplicación.- Las normas de este
Código se aplicarán a todas las personas nacionales o extranjeras que
hubieren cometido infracciones penales, salvo las excepciones
consagradas por el derecho internacional
Artículo 18.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso
penal y las o los juzgadores deberán observar las siguientes reglas:
Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes1.
vigentes al momento de su comisión.
Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de2.
petición, y de preferencia ante la ley penal vigente al tiempo de ser
cometida la infracción o dictarse la sentencia.
El ejercicio de la acción y las penas prescribirán de conformidad con3.

este Código.
Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa4.
humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas,
peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones
legales por daños ambientales serán, imprescriptibles tanto en la
acción como en la pena.
Artículo 19.- Ámbito material de la ley penal.- Se consideran única y
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código.
Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales
previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna,
salvo en materia de niñez y adolescencia.

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