1. Universidad De Guayaquil
Facultad De Filosofía Y Letra Y ciencias De La Educación
Comercio Exterior 2 A 1 Karem Belén Espinoza Méndez
SARAYAKU.
Quito, 21 abr (Andes).- El presidente del
Ecuador, Rafael Correa, rechazó
enérgicamente la influencia de
organizaciones no gubernamentales
foráneas (en su mayoría francesas) en el
reclamo del pueblo Sarayacu por la
afectación a su territorio. Entre las
organizaciones que están en una campaña
contra el Gobierno mencionó a Parole de
Nature y Movement D´actions à travers le
monde, Alter Voyages.
El conflicto se originó por la concesión a la Compañía General de Combustibles (CGC) para
la exploración y explotación del bloque petrolero 23, que abarca parte del territorio
Sarayaku. En 2002, la comunidad aborigen afirmó que no fue consultada ni informada
sobre el convenio y que la CGC entró a sus tierras con protección del Ejército para colocar
explosivos (pentolita).
Los Sarayaku, en un proceso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, reclaman la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de varios
derechos de los pueblos, que constan en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Durante su enlace radiotelevisado, el presidente Correa advirtió que pese a no tratarse de
una responsabilidad de su Gobierno, ha tratado de cumplir con la demanda de los
Sarayaku (comunidad asentada en la provincia amazónica de Pastaza) e incluso por
iniciativa del régimen se invitó a la Corte para que constate in situ el cumplimiento de las
medidas cautelares.
No obstante, lamentó que activistas ecológicos manipulen a dirigentes nativos es
establecer el consentimiento previo (que las comunidades otorguen el permiso para la
explotación), situación que impondría “la democracia de la unanimidad, del poder de
veto”.
Lo que buscan es parar la décimo primera ronda petrolera para explorar el suroriente
ecuatoriano donde -dijo- probablemente hay mucho más petróleo que en todo el norte y
centro de la Amazonía.
Correa precisó que el concepto de consulta previa significa socializar y tratar de llegar a un
acuerdo con la comunidad. “Si se logra todo eso, en buena hora, pero si no se logra –de
acuerdo a los instrumentos internacionales, a la Constitución de la República (del
Ecuador)- el Presidente puede tomar las decisiones para las cuales tiene atribuciones”.
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Citó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el que se precisa que los gobiernos pueden consultar a los pueblos, pero establece
que deben realizarse de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo, consenso o
consentimiento.
El Jefe de Estado refirió también que la Corte Constitucional del Ecuador (en marzo de
2010) estableció que el resultado de la consulta, referida en el Convenio de la OIT, no tiene
carácter vinculante y aunque la opinión de los pueblos tiene una connotación jurídica
especial esto no implica la imposición de su voluntad sobre el Estado.
Lamentó que en estos años no se ha buscado solucionar el conflicto sino perennizarlo,
primero para seguir victimizándose y, segundo, para –con asesoría de extranjeros- evitar
la explotación petrolera en el país.
“Qué indignación que vengan estos gringuitos con la panza bien llena a tratar de hacer
aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países”, deploró.
"Con respecto al reclamo, el Gobierno Nacional totalmente de acuerdo que se violaron sus
derechos, no por el gobierno de la Revolución Ciudadana sino por los gobiernos de
Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez", subrayó.
Denuncian Intervención En Territorio Sarayaku
Mediante un comunicado el pueblo de Sarayaku denunció ayer que fuerzas del ejército y la
policía “han iniciado una agresión y hostigamiento a los habitantes” en busca del ex
asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos
Figueroa.
En el escrito, aseguran que apenas se conoció el 24 de abril sobre la protección de sus tres
compañeros, la fuerza pública se movilizó al aeropuerto Río Amazonas de la parroquia
Shell para controlar y revisar a los habitantes de Sarayaku . Así también comunican sobre
la movilización de uniformados hacia la vía Canelos y el puerto del río Bobonaza.
Sobre los acontecimientos de la tarde del viernes, señalan que a partir de las 17:00
aterrizaron dos helicópteros en el río Sarayakillo. A las 19:00 otro helicóptero sobrevoló el
territorio Sarayaku, lo que generó pánico, entre sus habitantes.
José Gualinga, TAYAKAPU, (presidente), cataloga a estas acciones como violaciones a los
derechos de su pueblo.
También exigen respeto a sus decisiones soberanas y hacen un llamado a las
organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional y a las
nacionalidades indígenas del Ecuador para que se sumen a las causas justas de su pueblo.
Cléver Jiménez, exasambleísta de Pachakutik, quien fue sentenciado a un año y medio de
prisión por injuriar al presidente Rafael Correa, se encuentra oculto en un lugar de la selva
mientras se resuelve su situación legal.
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El presidente Rafael Correa ha negado que el proceso legal se trate de una persecución
política contra los tres, quienes acusaron al mandatario de haber ordenado una incursión
armada al Hospital de la Policía, para su rescate, durante la revuelta policial del 30 de
septiembre del 2010.
Sin embargo, el oficialismo no se ha pronunciado y no existe versión de su parte sobre las
denuncias emitidas por la Comunidad Sarayaku en el comunicado de este viernes.
Pueblo Sarayaku se mantiene en vigilancia ante ‘incursión’
En estado de emergencia, en alerta máxima, en una situación de vigilia. Así dicen
encontrase desde el pasado viernes los nativos del pueblo de Sarayaku, tras lo que
consideran como una “incursión” de fuerzas del Ejército y Policía que –a su criterio– “han
iniciado una agresión y hostigamiento a sus habitantes”.
El presidente de la comunidad, José Gualinga, y otros dirigentes afirmaron que la noche del
pasado viernes dos helicópteros sobrevolaron esta jurisdicción, durante varias ocasiones,
hecho que no había ocurrido hace varios años.
Gualinga califica este hecho como acciones de amedrentamiento por parte del Gobierno
nacional, por acoger en sus territorios al exasambleísta Cléver Jiménez y a sus asesores
Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, los dos primeros sentenciados a 18 meses y el
tercero a 6 meses de prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa.
Albergar a estas tres personas fue uno de los puntos que se aprobaron en el 7º congreso
del pueblo Sarayaku, que se inició el jueves y concluye hoy.
En el lugar, los aborígenes miembros del Grupo de Seguridad Interna Taysajaruta, o Wio,
redoblaron las medidas de seguridad en la pista, la plaza principal y la selva del territorio
Sarayaku.
Los Wio, que llevan ese nombre por las pequeñas hormigas que pululan en la selva, no
portan armas de fuego, pero sí lanzas, palos y otros implementos propios de las etnias
amazónicas. Ellos son quienes realizan las rondas de vigilancia.
“El Gobierno será responsable de cualquier situación que pase. Pedimos respeto a
nuestras decisiones soberanas”, manifestó Gualinga.
Agregó que los nativos de este pueblo son requisados antes de llegar al puerto Latasas,
puerto Amazonas y en Shell.
Justificó la decisión de tener a Jiménez y sus asesores en Sarayaku porque las medidas
cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo
amparan.
En tanto, Jiménez, afirma que es una persecución del Estado y que todo se inició porque no
se sometió a la presión del presidente Correa. Dice que no pedirá perdón. “Por qué
tenemos que pedirle perdón, cuál es la injuria, lo que hicimos fue pedir que investigue, la
sentencia es nula y no la aceptamos”.