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Declaración de Quito
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que actuamos en el campo de la
movilidad humana, en sus diversas formas, reunidos en Quito los días 26, 27 y 28 de junio del
año 2013, con ocasión del FORO SOBRE MIGRACIONES ANDINAS “La sociedad civil y la
consolidación de una Agenda Social Migratoria Andina”, convocado por la Red Andina de
Migraciones RAM, la Mesa Técnica de Migraciones de Bolivia, la Plataforma Social Migratoria
HERMES de Colombia, la Coalición por las Migraciones y el Refugio de Ecuador, la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Observalatrata Perú, y con el
apoyo organizativo de Fundación ESPERANZA, la Comisión Andina de Juristas de Perú, el
Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento CODHES, el Servicio Jesuita a Refugiados de Ecuador, y la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ; y con el apoyo coorganizador del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, del Parlamento Andino, de la Defensoría del
Pueblo de Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar; y con el apoyo financiero de la
Unión Europea y de la Cooperación Alemana; hemos propiciado un diálogo político y social
sobre las migraciones andinas, en el que confluyeron los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú; las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; el
Parlamento Andino, Academia, y organizaciones de migrantes, retornados y refugiados, entre
otras.
Considerando:
1. Que se requiere la participación articulada de la sociedad civil en la agenda migratoria
de los países de la región y en los procesos de diálogo estructurado con los Estados, a
nivel nacional, de la Comunidad Andina, e internacional.
2. Que la Agenda Social Migratoria Andina, discutida en este Foro, sintetiza los puntos
de vista de la sociedad civil andina sobre la situación de la movilidad humana en la
región y sus recomendaciones, cuyo propósito es convertirse en la base programática
del diálogo político-social con los Estados, el Sistema Andino de Integración, en
especial el Parlamento Andino y la Secretaria General de la CAN, entre otras.
3. Que es necesario un mecanismo de seguimiento a los acuerdos adoptados por la
sociedad civil y al proceso de diálogo con los Estados
4. Que los nodos de la Red Andina de Migraciones (RAM) y las demás organizaciones de
la sociedad civil se comprometen a fortalecer la articulación e implementación efectiva
de la Agenda Social Migratoria Andina.

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5. Que debe institucionalizarse en el marco de la política migratoria de la comunidad
andina, la participación de la sociedad civil y establecer procesos de diálogo político
con los Estados y con los órganos competentes de la Comunidad Andina, como el
Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM).
6. Que nos comprometemos a generar información, construir conocimientos y
perfeccionar mecanismos de comunicación sobre la movilidad humana, mediante
procesos de investigación en coordinación con la academia, redes sociales y
coaliciones, con el propósito de fortalecer el diseño e implementación efectiva de las
políticas públicas.
7. Que las encuestas nacionales sobre migraciones, remesas y retorno, y las
investigaciones sobre movilidad humana, constituyen una contribución de la sociedad
civil y la academia para evidenciar su magnitud y características en la región andina.
8. Que los defensores del pueblo han expresado su voluntad de trabajar conjuntamente
con las organizaciones de la sociedad civil a partir de la construcción de informes
regionales sobre movilidad humana y derechos humanos.
9. Que el Informe de Migraciones y DDHH y la propuesta de indicadores que lo
acompañan, son insumos valiosos para el proceso de articulación con las Defensorías y
la acción de la sociedad civil en la región andina.
1. Exhortamos a la Secretaria General de la CAN que, de conformidad con el mandato del
IV Foro Andino de Migraciones de los Gobiernos, realizado el 9 y 10 de mayo del 2013,
implemente el numeral 6 de la Declaración de Bogotá, que destaca la importancia de
la participación de la sociedad civil y le solicita “[…] a la Secretaría General de la
Comunidad Andina presentar una propuesta al Comité Andino de Autoridades de
Migración (CAAM) dirigida a promover e institucionalizar dicha participación”.
2. Requerimos de los gobiernos de la región andina que impulsen procesos de reforma
legislativa basados en principios y normas constitucionales y estándares
internacionales de derechos humanos en materia de emigración, inmigración, retorno,
refugio, trata y tráfico de personas.
3. Acogemos el compromiso de las Defensorías del Pueblo de la región andina de cumplir
un rol más activo en la promoción y protección de los derechos humanos de las
personas desplazadas, refugiadas, inmigrantes, retornadas, víctimas de trata y tráfico,
así como de los nacionales que se encuentren fuera de la región.

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4. Instamos a que los gobiernos de la región, en el marco de los procesos de integración,
desarrollen políticas públicas integrales sobre movilidad humana que incluyan el
enfoque basado en derechos humanos, con la participación de Instituciones
Nacionales de DDHH en la región y los aportes de organizaciones de la sociedad civil.
5. Proponemos un diálogo con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y
la cooperación internacional para consolidar acciones comunes, principalmente en las
zonas fronterizas y en los territorios con mayor concentración de población en
movilidad humana.
6. Manifestamos la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información
sobre migraciones andinas, que sea capaz de suministrar datos consistentes,
periódicos y contrastados sobre la movilidad humana, teniendo en cuenta, la Decisión
755 de la CAN sobre estadísticas migratorias, la cooperación de la sociedad civil y la
participación de los centros académicos de la región.
7. Asumimos el compromiso de llevar a cabo la II Conferencia Internacional Humanitaria
en 2014 en Colombia, como parte de la Agenda Social Migratoria Andina, nuestra
responsabilidad en la promoción y defensa de los derechos humanos y la búsqueda de
soluciones estructurales para las personas en movilidad humana, especialmente las
víctimas de desplazamiento forzado y refugio.
8. Acordamos avanzar en el fortalecimiento de la ciudadanía andina, proponiendo la
supresión de los sistemas de control migratorio para los ciudadanos y las ciudadanas
andinas, con base en la Decisión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
de la UNASUR/CJEG/Decisión/No. 8/2012, que dispone: “Iniciar la construcción de la
Ciudadanía Suramericana a partir de su dimensión migratoria […]”.
9. Destacamos la necesidad de trabajar hacia una convergencia entre las políticas
migratorias de la CAN, MERCOSUR y UNASUR, como un paso hacia la consolidación de
la ciudadanía sudamericana. En este sentido, saludamos la iniciativa de la Cumbre
Presidencial de Unasur (Lima 2012) de avanzar en la concreción del pasaporte
sudamericano.
10. Demandamos a los Estados impulsar procesos de regularización de los ciudadanos
andinos que no tienen definida su condición migratoria en los países miembros de la
CAN, en aplicación de la Decisión 545 (instrumento andino de migración laboral), del
Acuerdo de Residencia de Mercosur (al cual se han adherido países miembros de la
CAN), y el Estatuto Migratorio Andino en proceso de formulación.

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11. Recomendamos que se incluya en la política regional sobre movilidad humana las
contribuciones de la sociedad civil acordadas en este Foro, específicamente:
Sobre los esfuerzos hacia la integración migratoria andina y sudamericana:
- Superar el enfoque económico y comercial que ha prevalecido en el tratamiento que
los Estados han otorgado a las personas migrantes y empezar a asumirlos como
sujetos de derechos y actores claves dentro de verdaderos procesos de integración.
- Propiciar un sistema de integración en materia educativa que contemple la
homologación y convalidación de títulos profesionales y técnicos a nivel
intracomunitario y, como medida urgente, la disminución de trámites, requisitos y
costos de los procesos de homologación para los ciudadanos y las ciudadanas andinas.
- Exhortar al Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, en el ámbito de sus
competencias, a incidir en la aprobación de una Decisión andina que proteja los
derechos de los pueblos indígenas en el proceso de integración, especialmente el
derecho a la autonomía territorial de los pueblos indígenas transfronterizos.
Sobre la situación de los migrantes retornados andinos y sus familias en origen y
destino:
- Generar y fomentar la inserción laboral y económica. 1) empleo: incentivos al
empleador, bolsas de empleo, programas de inserción laboral, fondos de garantía; 2)
emprendimiento: creación de programas productivos pilotos donde participe el Estado
y organizaciones afines, aprovechando la experticia adquirida en el exterior; y, 3)
inversión: promoción de oportunidades de desarrollo económico en el país e
incentivos tributarios para personas retornadas.
- Generar y fomentar la inserción política. 1) fortalecimiento: capacitación e información
para la construcción de redes que permita a los colectivos de retornados organizarse
para la injerencia política; y, 2) canales de interlocución entre el Estado y las
organizaciones de retornados y agentes afines.
- Generar y fomentar la inserción social. 1) elaborar e implementar programas y
proyectos de prevención contra la xenofobia y cualquier tipo de discriminación; 2)
capital social: reconocimiento de la experiencia y cualificaciones profesionales,
laborales, académicas y culturales adquiridas durante el proceso migratorio; 3)

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difusión de instrumentos nacionales e internacionales de derechos ya reconocidos; y,
4) creación de propuestas de visualización de los migrantes retornados.
Sobre la trata de personas en la región andina
- Desarrollar una Estrategia Integral Andina de lucha contra la trata de personas, a
través de la promoción de una Directriz Presidencial Andina.
- Adoptar un Protocolo Andino de Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas en
diálogo con las redes nacionales de la sociedad civil contra la trata de personas, así
como con la Red Andina contra la Trata de Personas, en el marco de la Red Andina de
Migraciones (RAM).
- Reducir las condiciones de vulnerabilidad, en especial de los grupos de atención
prioritaria: niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población indígena, personas con
discapacidad y grupos con diversa orientación sexual.
- Incrementar las campañas de prevención, en particular las referidas al mercado laboral
andino.
- Crear sistemas interconectados de denuncia, investigación, registro y judicialización
de los casos para una plena protección de los derechos humanos de las víctimas de
trata de personas.
- Favorecer las alianzas público - privadas para disponer de casas de acogida y
protección especializada a víctimas y sobrevivientes de trata de personas.
- Promover condiciones seguras de movilidad humana y favorecer condiciones para una
cultura de paz.
Sobre migración, juventud, género e interculturalidad
- Considerar la identidad cultural andina con base en un enfoque diferencial, que
incluya de manera especial a la población indígena y afrodescendiente, con
perspectiva de género y generacional, para responder efectivamente a los desafíos de
la movilidad humana.
- Crear, fortalecer, promover e implementar políticas públicas y educativas que incluyan
en su enfoque la interculturalidad que es transversal en la movilidad humana.
- Fortalecer e implementar espacios incluyentes que favorezcan los liderazgos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Crear y fortalecer oportunidades laborales en espacios públicos y privados para todos
y todas.

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- Gestionar y difundir información sobre los derechos de los migrantes a través de
mecanismos de comunicación y otras estrategias divulgativas.
- Incorporar en las leyes y políticas migratorias el reconocimiento amplio de la
diversidad familiar existente en situaciones de movilidad.
- Recuperar la cosmovisión andina y la complementariedad de género con enfoque
intercultural y prevención de la discriminación racial y la xenofobia.
Sobre refugio y desplazamiento forzado.
- Construir sistemas de información interrelacionados sobre migración y movilidad
humana a nivel andino.
- Desarrollar una normativa de protección articulada entre los países andinos que
contemple alternativas de regularización de personas víctimas de despojo y revise
nuevos contextos de riesgo y conceptos de protección alternativos, sin invisibilizar
manifestaciones de movilidad humana que están fuera de la legislación internacional
actual.
- Demandar mayores niveles de corresponsabilidad internacional en la atención de
desplazados, migrantes y refugiados con base en una discusión democrática de la
agenda pública sobre migración, refugio y movilidad.
Agradecemos la presencia de los Defensores del Pueblo de Bolivia, Perú y Ecuador, y de los
delegados de los Defensores de Colombia y Venezuela. Compartimos, con el Consejo Andino
de Defensores del Pueblo, un propósito común: el goce efectivo y la protección de los
derechos humanos de las personas en situación de movilidad en la región andina.
Destacamos el interés y el compromiso del Parlamento Andino de trabajar con la sociedad civil
en la construcción de políticas públicas en la región, como se evidenció en la Cumbre Social
Andina celebrada en el año 2012 en Bogotá, en la que se incluyó y transversalizó el tema de la
Movilidad Humana en la nueva Carta Social Andina.
Consideramos que están dadas las condiciones para avanzar conjuntamente con el Parlamento
Andino en la formulación de Propuestas de Decisión en temas tales como trata de personas,
migración y retorno, la Agenda Social Migratoria, indicadores sobre Migración y Derechos
Humanos, entre otros.

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Las y los representantes presentes de redes y organizaciones de la sociedad civil, de las
Defensorías del Pueblo, del Parlamento Andino, de la Asamblea Nacional del Ecuador, de la
Secretaria General de la CAN y de organismos de cooperación internacional, se comprometen
a formar un grupo de trabajo interinstitucional e intersectorial de seguimiento, coordinado por
Fundación Esperanza como secretaria técnica; e informar sobre el cumplimiento de los
compromisos propuestos en esta Declaración en una reunión de trabajo a celebrar en la
segunda mitad del año 2014, y que socialice los avances en la implementación de la Agenda
Social Migratoria.
Quito, 28 de junio 2013