Los terroristas

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UNA ECONOMÍA BAJO VIOLENCIA: PERÚ, 1980-1990
Efraín Gonzales de Olarte
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº40
IEP Instituto de Estudios Peruanos
Documento de trabajo Nº40 Serie economía Nº 14
Efraín Gonzales de Olarte
UNA ECONOMIA BAJO VIOLENCIA:
PERU, 1980-1990
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 40
IEP Instituto de Estudios Peruanos

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 5
61. LA ECONOMÍA PERUANA 1980-1990: CRISIS Y DEMOCRACIA
102. MACROECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN DE COCA
143. CAUSAS ECONÓMICAS DE LA VIOLENCIA EN EL PERÚ
194. EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA ECONOMÍA PERUANA
5. BALANCE: HIPÓTESIS SOBRE UNA ECONOMÍA BAJO VIOLENCIA
Y SUS POSIBILIDADES FUTURAS 24
BIBLIOGRAFÍA

Introducción *
A partir de 1980, el Perú se ha transformado en un país cuya vida social, política y
económica discurre, progresivamente marcada por el signo de la violencia. El
inicio y posterior desarrollo de las acciones subversivas y terroristas de Sendero
Luminoso primero, y posteriormente del MRTA, así como el creciente cultivo de
hoja de coca y la producción y tráfico de pasta básica de cocaína han convertido a
la economía peruana en una de altísimo riesgo e incertidumbre.1 Ello afecta todos
los procesos de decisión en las inversiones, la producción y la distribución,
dificultando el ajuste y la estabilización económica y haciendo poco claras las
opciones de desarrollo. El Perú es, hoy, un país de futuro incierto.
Frente a la gravedad de la situación, llama la atención que las políticas
económicas no hayan interiorizado aún el "efecto violencia", más allá de las
consideraciones acerca del gasto militar y policial. Es también remarcable que,
pese a la implacable actividad destructiva de la subversión y la corrupción
generada por el narcotráfico, la democracia siga vigente.
El objetivo de este trabajo es hacer una evaluación exploratoria de los
efectos de la violencia en la dotación de recursos, en el funcionamiento actual de
la economía y en las posibilidades futuras que tendría el Perú de encontrar
*Ponencia presentada en el seminario "Violencia y democracia en Colombia y
Perú", organizada por el Institute of Latin American and lberian Studies, Columbia
University y New York University. Nueva York, 30 noviembre-1º diciembre 1990.
Agradezco a Pilar Gavilano y Francisco Verdera por sus comentarios siempre
oportunos.
1. Actualmente el Perú es considerado en el 99º lugar de riesgo entre 130 países. El
último lugar es ocupado por Nicaragua.
[5]

6 Gonzales de Olarte
el camino de la reestructuración económica, la cual debería, naturalmente, incluir
la sustitución del sector coca. Ciertamente, nos interesa ver cómo son afectadas las
políticas económicas en una situación de violencia que incluye un conflicto
armado definido como de baja intensidad.
Es evidente que una economía bajo violencia limita o dificulta el
funcionamiento fluido de los mercados y obliga a ampliar y modificar el grado y
formas de la intervención del Estado. Esto significa que las políticas económicas
se hacen comparativamente más importantes que bajo condiciones de paz. Por
consiguiente, la afirmación del sistema democrático resulta de crucial importancia
para vencer políticamente a la subversión, y exige lograr consensos políticos
desde el Estado para poder replantear también el modelo de crecimiento
económico.
Hemos organizado este trabajo en cuatro partes. La primera presenta los
rasgos esenciales de la economía peruana y la naturaleza de la crisis. La segunda
parte es una aproximación preliminar a la macroeconomía de la coca, como parte
de una "nueva" economía peruana. Luego esbozamos algunas hipótesis sobre las
causas económicas de la violencia en el Perú. En la cuarta parte se evalúa los
efectos de la violencia en el funcionamiento de la economía en el corto plazo y sus
perniciosos efectos sobre el crecimiento de largo plazo. Finalmente presentamos
un balance exploratorio sobre el significado de una economía de alto riesgo y sus
implicaciones en las políticas económicas tanto de corto como de largo plazo.
Tenemos que advertir que la información sobre los aspectos de la violencia
y el narcotráfico es escasa y poco confiable, razón por la que estamos en
capacidad de plantear sólo hipótesis plausibles, mas no juicios definitivos.
1. La economía peruana 1980-1990: crisis y democracia
La violencia que hoy conoce el Perú se ha dado en un contexto de crisis
económica y de retorno a la democracia después de doce años de dictadura militar.
La crisis económica, que se inició en 1976 y aún no ha sido superada, tiene
orígenes que se remontan a los años sesenta y están vinculados al patrón de
crecimiento y a las políticas aplicadas (Gonzales, 1986). La democracia
recuperada en 1980 no ha logrado aún demostrar efectividad en materia de
estabilización y desarrollo económico, pese a que ya se han sucedido dos
gobiernos de distinta opción política y económica y acaba de iniciarse uno nuevo.
La economía peruana es, entre los países de América Latina, de tamaño
intermedio. El producto bruto interno por persona se redujo de US$ 938 en 1980 a
US$ 718 en 1989. Su funcionamiento se sustenta en dos ejes: 1) la exportación

7Una economía bajo violencia: Perú, 1980-1990
primaria de minerales, harina de pescado, petróleo y, desde los años ochenta, la de
pasta básica de cocaína; y 2) la industria manufacturera de tamaño intermedio y
básicamente productora de bienes salariales, cuyo funcionamiento depende de la
disponibilidad de divisas, esto es, del nivel de exportaciones y del flujo neto de
capitales. La combinación de producción primaria para afuera y de producción
industrial para adentro funcionó mientras hubo inversión continua en los sectores
exportadores, o sea hasta mediados de los años sesenta. Luego la inversión -
nacional y extranjera - se retrajo; sin embargo, el fácil endeudamiento externo de
inicios de los años setenta permitió al gobierno militar de Juan Velasco
reemplazar la menor inversión privada con inversión pública, aunque de manera
insuficiente y discontinua, sobre todo en la producción para exportación. De ahí
que en 1975-1976 se presentase una profunda crisis de balanza de pagos, la cual se
ha hecho recursiva y no ha podido ser superada.
Este patrón de crecimiento se dio en condiciones de una verdadera
explosión demográfica, haciendo insuficientes las tasas de inversión en relación al
crecimiento de la fuerza laboral. Además, la distribución del ingreso que emergió
de este patrón fue extremadamente desigual, como se observa en el cuadro 1. La
falta de inversión y la desigualdad distributiva son las razones fundamentales del
subdesarrollo económico del Perú (Gonzales, 1989).
Cuadro 1
Perú: distribución personal del ingreso
(participación %)
Deciles de 1961 1971 1985-1986
la población (Webb) (FitzGerald) (De Habich)
I y II 2.5 1.8 3.0
III y IV 5.5 5.5 6.8
V y VI 10.2 10.6 11.1
VII 7.6 8.1 8.0
VIII 9.8 11.4 10.8
IX 15.2 17.5 15.7
X 49.2 45.1 44.6
Coeficiente Gini 0.5717
Fuente: Webb y Figueroa (1975:29), FitzGerald (1981:80), De Habich (1989).

Por otro lado, un efecto importante del patrón de crecimiento ha sido la
marginación de los sectores de baja productividad, fundamentalmente de los
campesinos en el ámbito rural y de vastos sectores urbanos pobres, quienes han
participado muy poco del dinamismo económico de los sectores exportadores e
industriales y de los servicios públicos. Además, esta escasa articulación de
campesinos y pobres urbanos se focaliza geográficamente, de manera que más del
80% de los primeros vive en la región serrana a altitudes mayores a los 2,800
m.s.n.m. y los segundos habitan en los "pueblos jóvenes" creados en terrenos
eriazos alrededor de las ciudades.
La rápida urbanización, explicada por la expansión autónoma de la
población y por el patrón de crecimiento primario exportador y semiindustrial,
hizo crecer la demanda por alimentos y el tamaño del Estado. Como la demanda
por alimentos no pudo ser satisfecha por la oferta interna, hubo que recurrir a las
importaciones, lo que causó el estancamiento del sector agropecuario (Hopkins,
1990). La pobreza y la desigualdad distributiva, hicieron que quienes la padecían
presionaran sobre el Estado por servicios de salud, educación, agua y electricidad,
haciéndolo crecer en la forma de distinto tipo de populismo y corporativismo
desde 1963 (Gonzales y Samamé, 1990). La cada vez mayor intervención del
Estado y su crecimiento fueron posibles gracias a los recursos fiscales
proporcionados - con cierta facilidad y sin mucha relación con la productividad -
por la economía exportadora y semiindustrial. De ahí que cuando se desencadenó
la crisis, el primer afectado fue el Estado y los servicios públicos, perjudicando a
los sectores populares y, lo que es más importante, afectando la capacidad de
articulación de vastos sectores de la población con el aparato estatal. Por estas
razones, las políticas económicas han jugado un papel crucial en el crecimiento y
en la crisis.
Desde 1976 se han producido tres crisis de balanza de pagos (1976-1978,
1982-1984 Y 1988-1990). Todas forman parte de una crisis de largo plazo en-
gendrada por el endeudamiento externo, el cual no fue utilizado en proporciones
adecuadas para incrementar sustantivamente la oferta exportadora, de manera de
reducir la "restricción externa" (Herrera, 1989). Si a esto se añade que las políticas
de ajuste no han podido estabilizar la economía peruana durante quince años,
habiéndose experimentado ortodoxia y heterodoxia sin éxito, la crisis tiende a
profundizarse, porque las políticas de ajuste crean un efecto de "histéresis", es
decir, degradan las posibilidades futuras de inversión y de reducción de la
"restricción externa"; dicho de otra manera, hacen latente la crisis de balanza de
pagos. Por estas razones, la economía peruana no podrá estabilizarse, recuperarse
y volver a crecer a menos que se reestructure la deuda externa, de tal suerte que se
asegure un flujo neto de divisas. Aun

que, ciertamente, la economía de la coca se presenta como una posibilidad de
solucionar la restricción externa.
Las razones expuestas explican que la crisis económica se haya hecho aguda
y explosiva. La tasa de inflación es creciente desde 1976: entre dicho año y 1980
fue de dos dígitos; entre 1980 y 1985 aumentó a tres, y entre 1985 y 1990 alcanzó
los cuatro dígitos, lo que permite que se le tipifique como hiperinflación. La
oscilación del crecimiento económico, que se observa en la figura 1, se ha hecho
cada vez más grande. Por si fuera poco, el salario real se ha deteriorado en 60%
desde 1975.
Un punto no tomado en cuenta por los gobiernos es la "histéresis", lo que
quiere decir que cuanto más severos son el ajuste de los precios relativos, la
devaluación y la reducción de los salarios reales, menores son las posibilidades de
lograr la estabilidad futura y mayores las probabilidades que el siguiente ajuste sea
aún más drástico, tal como se ha observado en el Perú desde 1966 (Martinelli y
Chiney, 1991). Igualmente, en la medida en que cada vez se invierte menos, la
continuidad futura de la crisis está asegurada, así como la persistencia de la
desigualdad distributiva y de la pobreza.

Este es un contexto económico que ha facilitado y aumentado la violencia,
no sólo por la crisis de largo plazo, sino por la creciente inestabilidad provocada
por las crisis de corto plazo y las políticas de ajuste.
Para complicar el panorama económico, desde fines de los años setenta ha
surgido el sector de la coca, constituido por la producción de hoja de coca, pasta
básica y servicios complementarios. De esto nos ocupamos a continuación.
2. Macroeconomía de la producción de coca
En 1964 se cultivaban en el Perú, de manera legal, 16,360 hectáreas con hoja de
coca. Hasta entonces la coca formaba parte de los hábitos alimenticios del
campesinado andino. Es desde 1974, al parecer, que dicho cultivo empezó a
plantarse ilegalmente. En 1986 la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) estimó
en 132,000 hectáreas la expansión de las plantaciones ilegales, las que, sumadas a
18,000 hectáreas de cultivo legal, hacían una extensión total de 150,000 hectáreas,
es decir, diez veces más que en 1964. Pese a que no existe unanimidad sobre la
extensión cultivada,2 actualmente se estima en 200,000 hectáreas, sin contar las
17,255 que fueron erradicadas.
La producción de hoja de coca tiene variadas estimaciones. Laity (1989)
sugiere una producción de 1.3 toneladas métricas por hectárea al año, aunque otros
la estiman en 2.4 toneladas métricas por hectárea al año. En el cuadro 2 (Webb y
Fernández, 1990) se presenta un estimado conservador de la producción bruta de
coca. En él se puede observar que la producción agrícola para los tres últimos años
tiene un valor promedio de US$ 600 millones. Si a esto se añade la producción
agroindustrial, es decir la producción de pasta básica de cocaína, cuyo valor
agregado promedio es de US$ 1,200 millones para el mismo período, se tiene un
producto bruto total de US$ 1,800 millones en promedio para los tres últimos
años.
La importancia macroeconómica de la coca para el Perú se resume de la
siguiente manera: constituye aproximadamente el 5% del producto bruto interno,
el 20% del producto bruto agrícola; y aproximadamente el 25% del producto bruto
industrial para el año 1989. Además, se estima que las exportaciones del sector
son aproximadamente un tercio de las exportaciones totales (ver cuadro 2).
Estimados de Bedoya y Verdera (1987) para el Alto Huallaga indican que
por cada 1.5 hectáreas de cultivo de coca se crea un puesto de trabajo
2. Webb y Fernández (1990) proporcionan cifras más conservadoras (ver cuadro 2).

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directamente vinculado a su producción. Esto significa que en 1986, de acuerdo a
un estimado realista sobre las hectáreas sembradas con hoja de coca, se habría
empleado a unos 157,000 trabajadores de manera directa, es decir, más del 1 % de
la fuerza laboral total. En consecuencia, es probable que el empleo creado por
todo el sector coca - agricultura, manufactura y servidos - sea alrededor de
200,000 puestos de trabajo, con lo cual la productividad por hombre empleado al
año sería de unos US$ 9,000. Ciertamente, esta cifra resulta bastante alta en
relación a la obtenida para otros segmentos de la agricultura, la industria y los
servicios.
Es evidente que la economía de la coca ha adquirido tal importancia
macroeconómica en el Perú, que cualquier análisis económico debe tenerla
necesariamente en cuenta. El producto bruto total de la coca es similar a toda la
producción de la economía campesina, que emplea a más de un millón de
familias. Desde el punto de vista del sector industrial, la elaboración de la pasta
básica de cocaína representa el 20% del PBI. Sin embargo, su mayor efecto
macroeconómico lo encontramos en el sector externo.
A primera vista, pareciera que la exportación de pasta básica podría
solucionar los problemas de la restricción externa. Si se contabilizara
adecuadamente los ingresos de divisas por el narcotráfico, la balanza comercial
sectorial y total sería ampliamente superavitaria, al punto que la balanza de pagos
total (legal e ilegal) no habría tenido déficit durante los últimos diez años. Sin
embargo, el efecto real ha sido el inverso: los dólares del narcotráfico han servido
para la fuga de capitales. Esto cambia el problema de la restricción y el
endeudamiento externos. Si la actividad del narcotráfico se legalizara y los flujos
de exportación pasaran por el sistema bancario en su totalidad, la restricción de
divisas para la estabilización y el crecimiento se podría reducir
significativamente. En los últimos cuatro años se ha observado un fenómeno
atípico: alta inflación con revaluación del tipo de cambio. Esto es explicable
porque la tendencia a la baja del tipo de cambio ha provenido de los dólares
introducidos por el narcotráfico.
Por otra parte el flujo de divisas del tráfico de droga permitiría pagar la
deuda externa, al mismo tiempo que recuperar el nivel de actividad y,
eventualmente, crecer. Sin embargo, un análisis cuidadoso nos demostraría que
todas estas posibilidades son falaces.
Un primer punto fundamental es que la producción de coca y de pasta
básica es una actividad de alto riesgo por su ilegalidad y por su conexión con la
mafia del narcotráfico. En consecuencia, se trata de una actividad de horizonte
incierto, contraria al desarrollo económico, que es básicamente creador de
seguridad productiva, distributiva y de inversión.

Por otro lado, una actividad exportadora cuya rentabilidad es altísima3
constituye un problema muy importante para el resto de sectores exportadores, al
punto que puede crear la "enfermedad holandesa", es decir podría hacer inviable
la inversión en otros sectores exportadores menos rentables, aun en regiones
distantes de las zonas de producción de hoja de coca, como ya sucede en las
regiones cocaleras. Este es un serio problema para el programa de ajuste
estructural propuesto por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
La tendencia constante hacia un tipo de cambio bajo, sumada a la necesidad
de los narcotraficantes de "lavar" sus dólares, conduce a la expansión del
contrabando en todas las zonas fronterizas. El contrabando, por su parte, debilita la
capacidad del Estado de cobrar impuestos, pues el arancel a las importaciones será
pagado en el margen de ganancia al contrabandista, en lugar de llegar a la caja
fiscal. Todas estas consideraciones, que ameritan una investigación rigurosa, han
contribuido a crear condiciones de mayor incertidumbre para estabilizar la
economía y para plantear políticas de desarrollo no sólo en las zonas de producción
de coca, sino también en otras regiones del Perú. Todo esto sin considerar el
elemento siempre posible de una conexión entre el narcotráfico y la subversión.
Por estas razones, la lucha contra el narcotráfico se plantea como un alegato
por el desarrollo con un costo de oportunidad equivalente a la inversión y
producción en el sector coca. Y esto hace al Perú un caso especial para las políticas
de ajuste estructural del BM Y el FMI.
En relación a la posible conexión entre narcotraficantes y subversivos,
coincidimos con Verdera (1989) en su hipótesis básica, según la cual es muy poco
probable una alianza económica entre los narcotraficantes y Sendero Luminoso o
el MRTA, por la simple razón de que los narcotraficantes no pueden entregar
mucho dinero a los subversivos sin correr el riesgo de crear un enemigo potencial,
que eventualmente puede pedir mayores participaciones o "cupos" para financiar
sus actividades. Lo que parece existir es una suerte de alianza táctica favorable a
ambos.
Desde otro punto de vista, empero, esta aparente alianza crea condiciones de
mayor incertidumbre e inseguridad, sobre todo en las regiones productoras de
coca, y confunde la estrategia antisubversiva con la lucha contra el narcotráfico,
dando lugar a un verdadero callejón sin salida. Las posibilidades de impulsar el
desarrollo en las regiones del Alto Huallaga, el valle del Apurímac
3. DESCO (1988) estima que el rendimiento por hectárea de coca es de US$ 4,500,
vis-a-vis US$600 por hectárea de cacao.

y el de La Convención en el Cusco, la selva central y la del Cusco como parte de
una estrategia global para eliminar la subversión chocan con la alta rentabilidad
del cultivo de coca, que es la única alternativa de alto crecimiento con cierta
redistribución. En consecuencia, el desarrollo como estrategia antisubversiva no
sería una alternativa al narcotráfico, a menos que se pudiera sustituir la agricultura
y la agroindustria de la coca por las de otros productos igualmente rentables o
menos rentables pero más seguros. Esto significa que el costo económico de la
lucha antisubversiva será muy elevado y puede estar fuera del alcance de cualquier
gobierno que desee invertir para el desarrollo rural, a menos que se reciba ayuda
externa. De ahí que la lucha contra el narcotráfico es, simultáneamente, una
lucha contra la subversión. Por esto existen dificultades para plantear una
estrategia apoyada por países extranjeros, puesto que la lucha antisubversiva se
superpone a la lucha contra el narcotráfico. Más aun: mientras que la primera es de
carácter interno, la segunda se origina en una preocupación internacional
La crisis económica de corto y largo plazo y el desarrollo de la economía de
la coca han creado un contexto social proclive a la violencia, tal como veremos a
continuación.
3. Causas económicas de la violencia en el Perú
Entendemos por violencia social un estado en el cual el comportamiento de los
individuos y grupos sociales lleva al uso de la fuerza destructiva como solución
para los conflictos económicos, sociales y políticos. Esto implica que una
situación de violencia trae consigo el debilitamiento de las instituciones. Los
orígenes de la violencia son múltiples e incluyen procesos históricos, sociales,
políticos y culturales complejos. Entre ellos, el factor económico tiene una
importancia fundamental como condicionante, si bien no necesariamente
determinante: la pobreza y la desigualdad distributiva implican la insatisfacción de
necesidades presentes, absolutas y relativas, así como la frustración de los
proyectos de movilidad social ascendente. Esta situación puede ciertamente
conducir a comportamientos violentos. En ausencia de un sistema institucional o
ético que pueda controlar el desborde de violencia individual o colectiva, o en
ausencia de una autoridad capaz de neutralizarla sin limitarse a responder de la
misma forma, la violencia puede volverse crónica.
Para el caso del Perú, proponemos cuatro hipótesis que, a nuestro juicio,
podrían explicar el grado de violencia alcanzada, desde el punto de vista de la
economía.

Hipótesis I: pobreza más educación
En el Perú, los niveles económicos de la población se han deteriorado
progresivamente. En 1976 el 53% de la población se encontraba bajo la línea de
pobreza, y el 25% bajo la línea de indigencia.4 Diez años después, en 1986,
encontramos que estos porcentajes se han elevado a 60% y 30%, respectivamente
(CEPAL, 1990).
Semejante nivel de pobreza, uno de los más agudos de América Latina,
¿podría, por sí solo, explicar la violencia? Si así fuese, deberíamos encontrar
niveles similares de violencia en países como Bolivia o Ecuador; sin embargo, éste
no parece ser el caso. En el Perú, el crecimiento de la pobreza crítica ha venido,
acompañado, paradójicamente, de un creciente nivel educativo. Tal como se
observa en el cuadro 3, el analfabetismo se ha reducido drásticamente en los
últimos cincuenta años, especialmente entre la juventud. Esto quiere decir que en
el Perú la mayor parte de la población, sobre todo aquella en edad de trabajar, es
pobre y relativamente educada. Esta situación se traduce en el incremento de las
aspiraciones de los individuos y de los grupos para consumir un conjunto mayor
de bienes y servicios o para buscar empleo en función de sus mejores
calificaciones. Si estas nuevas aspiraciones son frustradas,
Fuente: Censos Nacionales de Población, 1940, 1961, 1972, 1981.
4. Están bajo la línea de pobreza aquellos hogares cuyo ingreso familiar no cubre la
canasta para satisfacer sus necesidades básicas; se encuentran bajo la línea de indigencia,
aquellos cuyos ingresos no cubren la canasta de alimentos básicos.

en una sociedad que concibe a la educación como instrumento fundamental de
movilidad social, la frustración se convierte en un campo abonado para la
aparición de violencia social, sobre todo cuando la pobreza con educación es un
fenómeno masivo. Aquí el detonante de la violencia se encuentra en el plano de la
ideología, y ya no en el de la economía. En el caso peruano es notoria la influencia
de la ideología marxista fundamentalista en todas sus variantes, difundidas a
través de las universidades nacionales que, ciertamente, ha contribuido a la
violencia política actualmente existente. Así, el movimiento Sendero Luminoso se
originó en la Universidad de Huamanga; captó a sus cuadros entre los profesores
del sistema educativo, y ha utilizado la escuela para diseminar sus ideas
(Degregori, 1990a, 1990b).
Hipótesis II: desigualdad y fragmentación distributiva
El Perú es uno de los países de América Latina con peor distribución del ingreso
(Webb, 1977; Figueroa, 1982). Tal como observamos en el cuadro 1, el 20% de la
población más pobre recibe apenas el 3% del ingreso, mientras que el 10% más
rico recibe el 45%. Entre 1961 y 1981 se ha dado una ligera redistribución: el 40%
más pobre que recibía el 8% del ingreso en 1961, recibe el 10% en 1981, mientras
que el 10% más rico ha pasado de 49.2% a 44.6%.
Según Figueroa (1975), las reformas del gobierno militar redistribuyeron,
entre 1969 y 1972, algo así como el 3% a 4% del ingreso, sólo que dicha
redistribución se dio en el cuartil superior de la distribución de ingresos. Esto
indica que en el Perú, además de desigualdad, existe fragmentación de ingresos, en
la medida que los mercados de trabajo y de bienes agrícolas están segmentados. Es
decir, que una variación en los ingresos en cualquier sector o grupo económico no
repercute necesariamente en las variaciones de ingresos de otros sectores
(Gonzales y Samamé, 1990).
Este patrón distributivo es una de las razones que explica tanto el lento
cambio en la desigualdad en el Perú como las dificultades para acceder a un mayor
ingreso si uno se queda en el mismo grupo económico, salvo que se esté en el
cuartil superior. Esta fragmentación no sería un problema capaz de crear
situaciones de frustración económica si el dinamismo en cada sector o grupo
económico fuera muy grande. El problema en el Perú es que ello no ocurre. Este
panorama ha empeorado desde 1976, cuando la economía peruana entró en una
crisis estructural que ha impedido la movilidad social a los sectores y regiones más
dinámicos, con la excepción del sector productor de coca, que, por encontrarse
fuera de la ley, es obviamente una actividad proclive a la violencia.

La desigualdad y la fragmentación distributiva en el Perú crean frustración de
las aspiraciones de movilidad social, sobre todo entre los jóvenes que buscan
ocupación y altos ingresos. En consecuencia, al no lograr satisfacer sus
aspiraciones, tienen tres caminos: a) irse del Perú; b) tener ocupaciones precarias,
entrar en actividades ilegales (como la producción de coca y sus derivados, o el
contrabando); o c) finalmente, como es el caso de muchos jóvenes frustrados,
pobres y educados5, ser captados por Sendero Luminoso o el MRTA.
Hipótesis III: inestabilidad macroeconómica y política
Tal como ha sido señalado (ver figura 1), la economía peruana ha tenido un
crecimiento fuertemente inestable. Las razones las hemos explicado en otro lugar
(Gonzales, 1989). La principal repercusión ha sido la aparición de un círculo
vicioso entre inestabilidad económica y disminución de las inversiones, sobre todo
del sector privado.
Parte de la inestabilidad económica del Perú se explica por el patrón de
crecimiento primario-exportador y semiindustrial, que crea un ciclo económico con
crisis periódicas de balanza de pagos, debidas en parte a factores exógenos. Sin
embargo, la política económica contribuye a la inestabilidad, dada la alternancia
entre políticas económicas liberales y populistas que se ha observado en los últimos
cuarenta años. Un gobierno populista que expande rápidamente el nivel de actividad
económica a través de políticas de ingreso con carácter redistributivo, provoca -
tarde o temprano - una crisis de balanza de pagos, de la siguiente manera: primero
el nivel de importaciones aumenta rápidamente, debido a la expansión industrial
empujada por las políticas de ingreso; por otro lado, provoca una reducción de parte
de la oferta exportadora, puesto que la demanda interna en expansión compite con
la demanda externa, precipitándose una crisis de balanza de pagos por exceso de
importaciones y falta de exportaciones. Enseguida se ponen en marcha políticas de
ajuste ortodoxo, lo cual lleva a una reducción de las brechas externa e interna,
provocando recesión y empobrecimiento. Y, al cabo de un tiempo, la población
reclama nuevamente un gobierno populista.
Es indudable que una inestabilidad de esta naturaleza también se debe a la
inestabilidad política e institucional de la nación. En consecuencia, la insatisfacción
de necesidades y los conflictos económicos que se agudizan no tienen una vía
institucional de solución o de arbitraje, lo que contribuye a la frustración
5. La mayor parte de condenados por terrorismo, 57.4%, son jóvenes menores de 25
años, de los cuales el 63.8% tiene secundaria completa y estudios universitarios incompletos.
(Chávez de Paz, 1989).

de la población de menores recursos y a la pérdida de "credibilidad" del gobierno
y del sistema económico y político. En estas circunstancias, una parte de la
población abandona parcialmente el sistema económico regulado por el Estado y
crea el denominado sector informal, que es una respuesta no violenta y creativa a
la frustración social; sin embargo, queda una parte de la población en condiciones
de insatisfacción crónica y cíclica.
Desde 1963 se observa la alternancia entre expansión populista y recesión,
cada vez más aguda. Finalmente desde octubre de 1988, se ha caído en la
depresión. Esto quiere decir que el contexto macroeconómico y político en el Perú
se hace cada vez más proclive a la frustración individual y social. El que ello hasta
ahora no haya ocurrido puede explicarse por dos razones básicas: 1) por la
fragmentación social del Perú; y 2) por el incremento de actividades productivas y
de servicios ilegales, como la informalidad y el narcotráfico.
Ninguna de estas hipótesis podría, por sí sola, explicar la violencia. En su
conjunto: pobreza con educación más desigualdad distributiva, más inestabilidad
macroeconómica y política, son una sumatoria que fácilmente llega a la violencia,
sobre todo si se involucran factores extraeconómicos (Mac Gregor,1990).
Hipótesis IV: crisis económica y crisis del Estado
La profunda crisis económica, que desde 1976 ha agravado los niveles de pobreza,
las desigualdades distributivas y ha hecho más inestable la economía, ha
contribuido a aumentar las condiciones económicas para el surgimiento y
desarrollo de la violencia en el Perú. El carácter estructural de esta crisis y el
efecto de "histéresis" de las políticas de ajuste hacen que la superación de la crisis
tenga un horizonte temporal muy largo, quizás quince a veinte años.
Además, la crisis económica ha llevado a la crisis del Estado, debilitando
progresivamente su autoridad, su capacidad de arbitrar conflictos y hasta sus
posibilidades de guardar un orden social mínimo. La economía fiscal se ha visto
afectada no sólo por el decaimiento del nivel de actividad económica, sino
también por el empobrecimiento de los contribuyentes. La inflación misma ha
reducido progresivamente los ingresos reales del Estado, lo que sumado al gasto
para pagar la deuda externa, ha disminuido drásticamente la capacidad de gasto e
inversión del Estado, De esta manera, la capacidad de articulación económica y
social del Estado se ha debilitado y está contribuyendo a la fragmentación social.
Este es, ciertamente, un factor muy importante para el aumento de la
violencia, pues un Estado económicamente débil es un Estado débil para imponer

su autoridad y para hacer respetar la ley. Además, un Estado pobre facilita el
desarrollo de la corrupción en la administración pública, con lo cual los
comportamientos sociales pierden referentes éticos mínimos.
Dadas estas circunstancias la violencia tiene posibilidades de larga vida, por
lo menos mientras no se recupere cierto dinamismo económico.
4. Efectos de la violencia en la economía peruana
A. En el corto plazo
La violencia política y social ha tenido repercusiones importantes sobre los
recursos productivos, el comportamiento económico de los agentes y el contexto
macroeconómico.
a. Efectos sobre los recursos productivos
La violencia subversiva es la principal causante de la destrucción de activos fijos,
y de la muerte de miles de trabajadores. A ella contribuye la violencia que se
ejerce desde el Estado para reprimir la insurgencia armada.
Durante el período 1980-1989 la destrucción de activos como vehículos
motorizados, maquinarias, instalaciones, infraestructura de riego, ganado,
plantaciones, torres de alta tensión, plantas eléctricas, minas, locales comerciales
y bancarios, puentes, casas-habitación, centros de extensión agrícola y de
investigación y otros, ha sido estimado en un costo de US$ 11,840 millones, lo
que equivale a un tercio de las inversiones en capital fijo efectuadas durante el
mismo período (ver cuadro 4). Es indudable que el stock de capital y recursos por
persona en el Perú se ha reducido notablemente, agudiza el desempleo y
subempleo de la fuerza laboral.
Además, durante el mismo período han muerto 12,402 personas solamente
por efecto del terrorismo y la subversión, de las cuales 4,802 son civiles, 831
integrantes de las fuerzas armadas y policiales y 6,769 subversivos, todos ellos
pertenecientes a la población económicamente activa (ver cuadro 4). Es decir,
además de lo injusto y doloroso de estas muertes, la violencia reduce la fuerza de
trabajo.
Por otro lado, la creciente violencia e incertidumbre social ha provocado
dos corrientes migratorias. En primer lugar, aquella procedente de los
departamentos y provincias en situación de emergencia por el accionar
subversivo, ya sea a ciudades cercanas, a Lima o a la ceja de selva. Pese a que no
existen cifras recientes, es evidente que las ciudades de Huancayo, Cusco, Juliaca,
Ica y Lima han visto acrecentado el flujo migratorio, sobre todo de campesinos

Cuadro 4
Perú: costos de la violencia, 1980-1988
CAPITAL Y RECURSOS (millones de US$)
Destrucción de infraestructura
Formación bruta de capital fijo
11,840
31,800
POBLACION Y FUERZA LABORAL
Muertes por violencia
- Fuerzas del orden
- Civiles
- Subversivos
Migración al extranjero
- Masculina
- emeninaF
- Ocupación
Profesionales
Técnicos
Estudiantes
Empleados
Empresas comerciales
Otros
12,402
831
4,802
6,769
151,639
71,970
79,669
23,300
4,887
36,870
24,937
4,800
56,845
Fuente: Comisión Especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de
pacificación en el Perú, Violencia y Participación, CAJ, DESCO, Lima,
1989.
expulsados de sus lugares de origen por amenaza de muerte o por temor. La otra
corriente migratoria importante producto de la violencia es la migración hacia
otros países. Entre 1985 y 1988 salieron del Perú y no regresaron 151,639
personas, de las cuales el 47% eran hombres y el 53% mujeres; 15% eran
profesionales, 3% técnicos, 24% estudiantes, 16% empleados, 3% empresarios y
el resto tenía otras ocupaciones. El 57% de estos migrantes tenía entre 19 y 45
años. Nuevamente nos encontramos frente a un problema de reducción de fuerza
de trabajo, en parte, muy calificada.
En resumen, los pobres migran dentro del país y los de mayores recursos se
van al extranjero. El impacto de la violencia es también desigual a este respecto.
b. Efectos sobre el comportamiento económico
La violencia provoca varios cambios en el comportamiento de los agentes
económicos, personas y empresas. De manera general, crea mayores condiciones
de riesgo e incertidumbre para las actividades económicas. Esto quiere decir

que los agentes se hacen renuentes a tomar decisiones de inversión o consumo que
se vinculen directa o indirectamente a situaciones amenazadas por la violencia.
Además, deben incorporar a los costos de producción y de subsistencia partidas
específicas para seguridad física y seguros de todo tipo, amén de que dicha
situación influye en las condiciones de inversión y cambio tecnológico. Esto
conduce, inevitablemente, al encarecimiento de los costos de producción.
En el sector empresarial los mayores costos por la violencia están
relacionados con varios aspectos. Así, las empresas de gran tamaño - así como
aquellas extranjeras identificadas con el "imperialismo" - son más vulnerables a la
acción terrorista. Las medianas y pequeñas empresas son afectadas por la violencia
provocada por la delincuencia común (son innumerables los secuestros de
pequeños y medianos empresarios, la extorsión y los robos a mano armada). La
violencia obliga a los empresarios a tomar medidas de seguridad y a comprar
seguros de gran cobertura, cuyo costo es transferido al producto, para poder
continuar produciendo. El caso más concreto y visible es la compra de grupos
electrógenos de todo tamaño, para reemplazar la falta de energía ocasionada por la
voladura de torres de alta tensión.
De esta manera la producción se hace menos fluida, se desorganiza, se
pierde intensidad en el trabajo y la productividad disminuye. Es sin embargo
remarcable la rápida adaptación y adopción de sistemas nuevos o modificados
para seguir produciendo.
Si bien las empresas tienen la posibilidad de tomar medidas de seguridad
que se pueden incluir en los costos, las personas -sobre todo los trabajadores y las
familias de bajos ingresos- están protegidas por la ley de los grandes números en
Lima y en algunas ciudades, mientras que en el campo están desprotegidas; de ahí
que los flujos migratorios campo-ciudad se hayan acrecentado. Sin embargo, el
comportamiento de las personas y familias también se ha modificado con la
violencia. Por un lado, las familias tratan, en lo posible, de mejorar la seguridad de
sus casas, por lo que parte importante de sus ahorros es utilizada en paredes, rejas,
puertas más seguras, etc. Por otro lado, se ha reducido el gasto en bienes y
servicios consumidos fuera del hogar, pues la gente está más tiempo en su casa
hoy que antes. Estos ejemplos permiten plantear la hipótesis según la cual la
violencia ocasiona variaciones en el comportamiento económico, variaciones que
redistribuyen los ingresos, pues el costo de seguridad contra la violencia, que es un
desahorro para las personas, se convierte en inversión para ciertos sectores
productores de bienes y servicios de seguridad. Es decir, es muy probable que se
haya dado una reestructuración hacia la producción de bienes y servicios
relacionados con la seguridad,

equipos de reemplazo y ciertas tecnologías, que bajo condiciones normales no son
necesarios.
c. Efectos sobre el contexto macroeconómico
La violencia afecta el contexto macroeconómico en dos direcciones: por un lado,
las acciones terroristas hacen más improbable la inversión, sobre todo aquella de
gran escala nacional y extranjera. Esto significa que la demanda efectiva tiende a
estancarse en el mediano plazo, lo cual influye en la demanda de empleo. En
consecuencia, la violencia es esencialmente recesiva. Por otro lado, el gasto fiscal
es afectado al establecerse una política antisubversiva que aumenta el gasto militar
y la inversión para el desarrollo en las zonas de emergencia. En los diez años de
violencia subversiva hay indicios de aumento en el gasto militar6; sin embargo, la
crisis económica, la hiperinflación y el efecto Oliverva- Tanzi han reducido el
ingreso global del Estado, lo que parece haber afectado la lucha antisubversiva en
el plano militar. Por esta misma razón, la inversión del Estado para el desarrollo
de las zonas de emergencia ha sido muy limitada, cuando no nula.
De adoptarse una política antisubversiva que aumente drásticamente el gasto
militar y el gasto de inversión del Estado, se afectaría la asignación de recursos
para otros sectores. En su conjunto, el nivel de actividad económica se vería
reducido.
Un aspecto que tiene que ver con el contexto macroeconómico, es la
producción de la coca, pasta básica de cocaína y el narcotráfico, en la medida que
repercute sobre la balanza comercial, el empleo y la rentabilidad del sector
exportador. De esto nos ocuparemos enseguida.
En el largo plazoB.
El impacto económico de la subversión: aumento del
riesgo para la inversión
Las acciones subversivas y terroristas tienen un impacto central, al aumentar el
grado de riesgo y ampliar la incertidumbre para el funcionamiento de la economía
peruana. Si nos atenemos a las estadísticas sobre la actividad económica, habría
que decir que la subversión ha, fracasado relativamente a este respecto. Pese a
toda la destrucción provocada, a la continua amenaza para quien invierta y al
aumento del riesgo, la inversión en el Perú no ha cesado
a.
6. El gasto de defensa en el Perú es considerado como un problema de seguridad
nacional. En consecuencia, no se conoce su cifra exacta.

durante los últimos diez años, aunque con sus características de baja tendencial
observada, desde los años sesenta (ver cuadro 5). En todo caso, las políticas
económicas y la crisis explicarían mejor las caídas de la inversión en algunos
años.
Lo que sí ha variado por el aumento del riesgo y la violencia es la
composición de la inversión. Así, mientras las inversiones en infraestructura
inmobiliaria aumentaron, disminuyó la inversión en equipo de transporte y
maquinaria industrial. Esto quiere decir, hipotéticamente, que el aumento de la
incertidumbre ha reducido la inversión productiva, que se ha compensado por la
inversión en bienes raíces, lo cual denotaría un comportamiento típicamente
antiriesgo.
b. Impacto del narcotráfico sobre la inversión
No existe aún una evaluación sobre la inversión en el sector de la coca. Se
presume que la inversión por hombre ocupado, tanto en el cultivo de coca como
en la producción de pasta básica, es bastante menor que en otros sectores. Siendo
básicamente una actividad con uso intensivo de mano de obra, la mayor parte
Cuadro 5
Perú: formación bruta de capital fijo
(índices)
FBKF
Total Privada Pública
1979 100 100 100
1980 122 120 129
1981 142 141 142
1982 139 130 166
1983 98 86 137
1984 92 84 119
1985 83 78 96
1986 99 98 101
1987 114 110 126
1988 99 102 89
Fuente: INE, Perú Compendio Estadístico 1988, División
General de indicadores económicos y sociales, Lima,
1989.

del capital requerido es para pagar salarios 7. El acelerado crecimiento de la
extensión cultivada indica que la inversión en este sector ha crecido también
rápidamente, lo que resulta natural si se tiene en cuenta que en una situación
económica y social de alto riesgo, los inversionistas buscarán los sectores de
mayor rentabilidad posible con el menor plazo de recuperación. Esto es, sectores
como recursos naturales de alta renta diferencial, el narcotráfico, la producción de
coca, el contrabando, la producción pirata o de bienes falsificados, etcétera.
c. Impacto en la escala de la inversión
Otro cambio en el patrón de inversión es la intensificación de las pequeñas
inversiones, que se hacen más usuales que las medianas y grandes, puesto que el
riesgo de perder, una pequeña cantidad de capital es más aceptable. Esto significa,
en consecuencia, que bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, se opta por
productos con tecnología bastante divisible y de pequeña escala. La micro y
pequeña empresa se presentan como la alternativa empresarial adecuada, lo cual
conduce fácilmente al aumento de la ilegalidad o informalidad como
comportamiento contra el riesgo. La legalidad tiene un costo fijo muy alto, difícil
de cubrir en condiciones de incertidumbre o alto riesgo.
Finalmente, se presenta una contradicción entre la subversión que destruye
capital y el narcotráfico que invierte. El efecto neto sobre la acumulación del
capital aún no ha sido evaluado. Sin embargo, los indicadores sobre el empleo
asalariado dan cuenta de un importante proceso de acumulación capitalista en el
sector de la coca, mientras que Sendero Luminoso ha descapitalizado el Perú y
eliminado puestos de trabajo en varios sectores productivos y regiones.
Balance: hipótesis sobre una economía bajo violencia y
sus posibilidades futuras
5.
Los orígenes económicos de la violencia en el Perú están en la confluencia de la
profunda crisis financiera, productiva y distributiva con el impacto del
narcotráfico y la subversión. Estos factores han desencadenado la violencia
porque aparecieron ciertos catalizadores. Por un lado, aquellos de tipo ideológico-
político en los grupos subversivos y en los partidos políticos y, por el otro, los de
tipo ético-institucional, traducidos en la pérdida de la autoridad y control
7. Laity (1989) estima que un asalariado que trabaja en la coca gana US$ 12 diarios,
o sea US$ 3,600 al año, lo que equivale a nueve veces el salario mínimo legal.

estatales sobre el orden existente. Finalmente, las frustraciones económicas, de
movilidad social y política se desencadenaron a partir de 1980, provocando un
creciente riesgo económico, social y político que, en algunos aspectos, desembocó
en situaciones de aguda incertidumbre. Con esta violencia es evidente que los
agentes económicos han cambiado su comportamiento, aumentando su aversión al
riesgo, lo cual ha incidido en la producción, consumo y circulación de bienes y
servicios e incidirá gravemente en el futuro, debido a la reducción de la inversión
y al efecto histéresis.
Una economía bajo violencia imposibilita el desarrollo. Pero al mismo
tiempo, y paradójicamente, se requiere de desarrollo - entendido como
crecimiento económico, redistribución y mayor bienestar- para reducir las causas
económicas de la violencia. En consecuencia, el Perú pareciera ser un país
bloqueado. De ahí que las soluciones deberían venir por el lado de la política y de
las instituciones. Sin embargo, el débil sistema democrático no proporciona
condiciones inmediatas para afrontar la lucha contra las causas de la violencia.
Además, se está aplicando un dramático ajuste económico, de pronóstico
reservado.
Al parecer, la única solución sería buscar consensos políticos y sociales
mínimos, además de efectuar cambios institucionales rápidos tanto en el Estado
como en los partidos políticos. Hoy la solución de la crisis económica tiene como
prerrequisito cambios en los estilos y actitudes políticas.
En condiciones de alto riesgo, la inversión legal se reduce, se da una
reasignación de recursos productivos, aumentan los costos de seguridad; el gasto
del gobierno se hace más improductivo por los costos de la lucha contrainsurgente
y contra el narcotráfico. En consecuencia, se crean nuevas presiones
inflacionarias, las cuales no sólo atizan los conflictos distributivos, sino que, al
mismo tiempo, hacen más difícil la estabilización necesaria para el crecimiento.
Bajo las condiciones de violencia, es imposible que el Perú pueda realizar el
"ajuste estructural" apoyado por el Banco Mundial y el FMI. Esto es así porque la
economía de la coca hace no competitivo cualquier otro sector que desee exportar,
y además tiende a deprimir el tipo de cambio. En consecuencia, el Perú debe ser
tratado como un caso especial, pues necesita más recursos financieros que los
necesarios para estabilizar su economía y para reinsertarla en la economía
internacional, al mismo tiempo que se reemplaza la economía de la coca.
La lucha contra la violencia es la lucha por el desarrollo con democracia, en
la medida en que es necesario eliminar simultáneamente el narcotráfico y la
subversión. No es posible luchar contra uno solo de ellos, pues al hacerlo se puede
favorecer al otro. Sin embargo, la lucha contra la subversión es

un problema interno, mientras que la lucha contra el narcotráfico es un problema
internacional, lo que compromete la soberanía nacional. Por esta razón, es
necesario que el gobierno peruano cuente con todo el apoyo financiero y político
nacional e internacional para lograr esta meta con un plan de desarrollo integral.
Existen sin embargo elementos endógenos que impiden la lucha contra la
subversión y el narcotráfico. La corrupción es probablemente uno de los mayores
problemas para vencer al narcotráfico, pues involucra a funcionarios estatales,
miembros de las fuerzas policiales y políticos. Sin embargo, aún es tiempo de
revertir esta situación, ya que el narcotráfico sólo tiene poder económico y aún no
se ha convertido en un actor político.
Una economía bajo violencia obliga a plantear modificaciones en las
políticas económicas, que asumen que los mercados funcionan fluidamente. En el
Perú los mercados se han reducido en los últimos diez años no sólo porque se hace
casi imposible la movilidad física de personas y mercancías, sino porque la crisis
económica y la violencia han reducido el stock de capital y la fuerza laboral.
En la lucha para eliminar el narcotráfico se requiere de más Estado y
planificación. Ciertamente, el desarrollo del sector coca es un ejemplo de lo que la
"libertad de mercados" y su mano invisible puede causar a la sociedad. Frente a
este flagelo se requiere un Estado fuerte, que disponga de un plan que de prioridad
a: 1) el desarrollo de las regiones del narcotráfico y de las regiones de emergencia;
2) el desarrollo de la agroindustria en ambas regiones como llave maestra para un
crecimiento articulador; y 3) en las zonas del narcotráfico no basta con la
sustitución de cultivos: es necesaria una acción global que integre el corto con el
largo plazo, sin lo cual es imposible terminar con el narcotráfico. En el corto plazo
es necesario reducir el abastecimiento de insumos para la producción de pasta
básica, luego sustituir el cultivo, enseguida industrializar los nuevos productos y
exportarlos, para lo cual se requiere abrir mercados internacionales y no sólo el
estadounidense. Si se logra aislar al campesino del narcotraficante también se
estará aislando a la subversión.
Finalmente, no habrá avances sustantivos en materia de lucha contra la
violencia si el Estado no es capaz de tener una respuesta en el terreno del
desarrollo y en el campo militar. Para ello es necesaria la erradicación de la
corrupción y el respeto de los derechos humanos, sobre todo por el Estado, que ha
conducido esta difícil lucha con un énfasis sesgadamente militar.

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Autonomía alimentaria o especialización según ventajas comparativas: ex-
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Sobre las políticas macroeconómicas en el Perú, 1970-1984, 3a. edición,
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5. Francisco VERDERA
La migración a Lima entre 1972 y 1981: anotaciones desde una perspectiva
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E6. fraín GONZALES DE OLARTE
Crisis y democracia: el Perú en busca de un nuevo paradigma de desarrollo,
3a. edición, 1989.
7. Andrew MORRISON
Incentivos tributarios y política de descentralización productiva. Perú 1968-
1986, 1988.
8. César HERRERA
Restricción de divisas: efectos macroeconómicos y alternativas de política.
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Problemas económicos de la regionalización en el Perú, 1989.
10. Raúl HOPKINS y Jorge FANO
La dimensión institucional de la política agraria. El caso de la Oficina Sec-
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11. Jorge TORRES
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13. César MARTINELLI y Jorge CHINEY
Efectos de largo plazo de las crisis de ajuste en el Perú, 1991.
"

La composición de Una economía bajo violencia:
Perú, 1980-1990 fue realizada en el Instituto de
Estudios Peruanos y estuvo a
cargo de Aída Nagata.
El texto se presenta en caracteres Times de 10 p. con
2 p. de interlínea; las notas de pie de página y
bibliografía en 8 p, con 1 p. de interlínea. La caja
mide 115 x 16.4 cm.
Se terminó de imprimir el mes de mayo de 1991 en el
taller de Asociación Gráfica Educativa TAREA.
Av. 6 de Agosto 425, Jesús María.
Telfs. 336815 - 336156.

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